REPRESIÓN DEL DERECHO A TECHO El 4 de julio de 2014, la policía se presentó sin orden judicial en una las corralas de la Dignidad de Sanlúcar, la Corrala de Los Ángeles para intentar desalojar a las 19 familias allí refugiadas en legítimo ejercicio del derecho a techo. Ese desalojo fue impedido por la decidida actitud de, entre otros ciudadanos solidarios, el abogado Hugo Gómez. Según testigos, “la policía entró en el edificio muy bruscamente, dando palmas y pidiendo a las familias que abandonaran el inmueble. Varios agentes se dirigieron a los apartamentos ocupados, en algunos hogares dio patadas en las puertas y llegó incluso a partirlas, a otra mujer, víctima de malos tratos, le enrollaba el colchón y le invitaba a salir del apartamento con el colchón en la mano. Había muchos niños llorando, argumentan las familias”. “Cuando llegó Hugo, abogado de las Corralas, la policía se cachondeaba de él. Decía que Hugo no las representaba, que sólo quería dinero. Hugo procedió a identificarse como letrado y abogado de las familias, le exigió el número de placa al agente, se encararon en una discusión en la que la policía argumentaba que Hugo no era abogado y por otro lado Hugo pedía notificación a los agentes para saber si traían auto de un juez o alguna denuncia". No había tal denuncia ni mandato judicial, pues la corrala de Los Ángeles se encuentra actualmente en concurso de acreedores. Por eso durante la discusión con la policía Hugo les dijo “Les voy a empapelar y a denunciar”, por entrar en el edificio sin orden judicial y sin denuncia de ningún propietario atropellando a 19 familias en exclusión social, que cuenta con 2 embarazadas y 13 niños. A finales de marzo ha sido condenado por un delito de falta de respeto a la autoridad. ¿Que autoridad, si no estaban autorizados para desalojar a nadie?. Autoridad moral le sobra a Hugo (en la foto, a la derecha), injustamente condenado a multa de 150 €.
DEL COMITÉ DE EMPRESA, A JEFE DE PERSONAL DE ASTILLEROS El nombramiento como nuevo responsable de Recursos Humanos de Navantia en la Bahía de Cádiz de José Antonio Oliva, que hasta hace un año ocupó el cargo de portavoz sindical de los tres comités de los astilleros gaditanos y del comité intercentros de la empresa, ha dejado en evidencia el papel de CCOO en todo el proceso de negociación del IV convenio colectivo. No obstante, desde CCOO en San Fernando, tras la "sorpresa" que les ha causado el nombramiento insisten en que Oliva "es una persona razonable, válida para el cargo que le han brindado". Será que les debe favores por haberlo amparado, y es que el mismo José Antonio Oliva ha declarado a la prensa; "ya me debo a lo que me debo; no voy a caer en provocaciones". Este escándalo ha provocado la dimisión del presidente del comité de empresa de Navantia Puerto Real, Ramón Linares, y del resto de delegados sindicales de CCOO en la factoría puertorrealeña, por el papel que jugaron en la firma del convenio colectivo. Pese a ello, la Federación de Industria de CCOO les pidió unos días para que pensaran en su decisión. Todos ellos habían seguido la pauta que marcaba Oliva, pese a la desautorización de la Federación Nacional de Industria de CCOO, que denunció el documento junto a sindicatos gallegos. Recientemente, la Audiencia Nacional les daba la razón y, pese al anuncio de la empresa de recurrir al Tribunal Supremo, la realidad es que el texto quedó anulado y la plantilla se rige ahora por el convenio anterior.