PASCUAL NOS HACE LA PASCUA
LA JUEZ DEL ‘CASO QUALITY FOOD’ LLAMA A OTRO EXCONCEJAL DE TEÓFILA
Pascual Gestión Hospitalaria, la mayor entidad sanitaria privada de la región, ha declarado una guerra abierta a la Junta para conservar las condiciones económicas del concierto más importante de la sanidad pública andaluza. Los más de 2.000 trabajadores de Pascual, tensionados por los mensajes de la dirección, han iniciado movilizaciones por el temor a perder sus empleos si la Junta deja de derivar pacientes a sus seis clínicas. Las seis empresas (16 centros hospitalarios) que prestan asistencia sanitaria concertada al SAS tienen una prórroga de dos meses en el concierto mientras se negocian las nuevas condiciones. Pascual, está obligado a mantener este servicio de primera necesidad que además no se puede cubrir con otros centros sanitarios. Pero el órdago de Pascual continúa y, en una reunión celebrada el miércoles, informó a su comité de empresa que desde el 31 de enero "no existe convenio entre el SAS y la empresa", por lo que todos los servicios que el SAS derive a estos centros se cobrarán a la Administración con la "tabla de tarifas convencional". La dependencia de los servicios concertados en la provincia de Cádiz, con alrededor de un millar de camas, es extraordinaria. Más del 50% del total de ingresos, intervenciones quirúrgicas y consultas que se realizan cada año en centros concertados en Andalucía corresponden a la provincia gaditana. Y la mayoría son facturados por Pascual, propietario de cuatro de los cinco hospitales concertados de la provincia. Pascual teme que se impulse la actividad del Hospital de San Carlos, en San Fernando, cuya cesión por parte del Ministerio de Defensa al Servicio Andaluz de Salud ya ha sido rubricada y se hará efectiva en junio de este año. El año pasado, en plena negociación entre Defensa y la Junta sobre el traspaso de la titularidad de este hospital, Pascual propuso a las partes hacerse cargo de San Carlos y de su plantilla (350 empleados) y construir, más adelante, un nuevo hospital de referencia en San Fernando. A cambio de este supuesto favor a Defensa, el empresario reclamó de forma innegociable la cesión gratuita de los terrenos para construir ese nuevo centro además de cuatro hoteles con un total de 1.800 habitaciones repartidos en fabulosas ubicaciones en San Fernando y en Cádiz. La idea fue rechazada por las administraciones, que la tacharon de rocambolesca.
La instrucción del caso Quality Food, sobre una presunta estafa cometida contra la Zona Franca de Cádiz, se reanuda esta semana con la declaración como testigo de Francisco Villarreal, exconcejal de Teófila Martínez en la alcaldía de Cádiz hasta que dimitió por verse salpicado en un escándalo económico. Villarreal ejerció de comercial y gerente de la compañía alimenticia. Con él, ya son cinco los exediles del Ayuntamiento de Cádiz del PP que han sido citados por la juez en esta causa que acumula una década en el juzgado. Villarreal vuelve a la actualidad informativa 15 años después de ser denunciado en el conocido como caso Afanas, cuando fue acusado de utilizar fondos de la asociación del mismo nombre, dedicada a la formación e integración de discapacitados psíquicos, para comprarse muebles. Fue en 1999. Villarreal no tardó en encontrar acomodo en Quality Food, una incipiente empresa de alimentación que, por entonces, se situaba como ejemplo de “emprendimiento”. Empezó como comercial y llegó a ser gerente de una de sus divisiones. La instructora quiere saber qué papel tuvo Villarreal en la relación entre Quality Food y el PP gaditano y reclama a Unicaja que desvele la identidad del cobrador de los fondos desviados UN JUEZ INVESTIGA LA ADJUDICACIÓN MUNICIPAL DEL ALUMBRADO DE CÁDIZ El magistrado ve indicios de que el concurso se alteró a conciencia. El Ayuntamiento eligió una empresa sancionada anteriormente y en el momento de la adjudicación se cambió el modo de puntuar utilizado hasta ese momento, motivo por el que la empresa Indra llegó a amagar con impugnar el concurso. Con el anterior sistema de puntuación, Indra habría sido la ganadora. El juez ha imputado al exdirector de alumbrado eléctrico tras acceder a unas grabaciones en las que hay indicios para considerar que este cargo municipal alteró a conciencia aquel concurso para beneficiar a la empresa que resultó ganadora, una unión temporal de empresas del grupo ETRA. La denuncia la había presentado el apoderado de la anterior concesionaria, que aportó documentación y una grabación en la que trataba de demostrar que el entonces responsable del área de alumbrado había maniobrado para que ganara la empresa que él quería. PP Blas Fernández está al frente del área donde se pudo cometer este “tráfico de influencias”.