Voces asediadas y resistencias intactas

Voces asediadas y resistencias intactas

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Voces asediadas y resistencias intactas Agresiones contra el liderazgo social y la defensa de los derechos humanos en Colombia en 2021-I sisdhes

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

Voces asediadas y resistencias intactas Agresiones contra el liderazgo social y la defensa de los derechos humanos en Colombia en 2021-I

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (codhes) Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento (sisdhes)

Diciembre de 2021

Voces asediadas y resistencias intactas: Agresiones contra el liderazgo social y la defensa de los derechos humanos en Colombia en 2021-I

Esta publicación se realiza en el marco de las acciones adelantadas por el Programada de Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas, implementado por CODHES en cooperación con USAID.

© Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) © Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento (SISDHES) © Autoras/es, Martín Emilio González Correa, Daniel Esteban Albarracín Garavito, Sofía Meléndez Jiménez, Linda Yulieth Correa Grisales, Natalia Colmenares Rincón (investigadores del SISDHES).

Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado y no ref lejan necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

ISBN: 978-958-8881-54-6 Diciembre de 2021 Preparación editorial Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) Carrera 6 n.° 34-62 Tel.: (+601) 232 5666 Bogotá, Colombia, Suramérica www.codhes.org Dirección Marco Romero Silva Subdirección Jorge Durán Pinzón Coordinación Administrativa Fabián Dicelis Bulla Paola Saavedra Coordinación del SISDHES Natalia Colmenares Rincón Coordinación de Comunicaciones Francy Barbosa Coordinación editorial y corrección de texto Juan Sebastián Solano Ramírez Cartografía y georreferenciación Leonardo Monroy Pineda, Alejandro Ojeda Mieles Asistentes de investigación Julián Andrés Álvarez Latorre Diseño y diagramación la central de diseno.com La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) es una organización no gubernamental de carácter internacional que promueve la realización y vigencia integral de los derechos humanos de las personas desplazadas, refugiadas y migrantes, teniendo como referente, en casos específicos, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los refugiados y los principios rectores sobre los desplazamientos internos. Desde los derechos humanos, CODHES asume como mandato la construcción democrática de la paz, la justicia y equidad social, como vía segura para prevenir el desarraigo, el destierro y el despojo.

Contenido Lista de gráficas

Lista de mapas Lista de tablas

Lista de siglas y acrónimos Introducción

Las agresiones contra los liderazgos sociales durante el primer semestre del 2021 Defender la vida con la vida misma: los homicidios Resistir al silencio: las amenazas

5 7 8 9 11

21 21 26

Liderar en medio de las adversidades: las otras agresiones

30

Los presuntos responsables

35

Entre el riesgo y la desprotección: análisis de las agresiones

38

Un Acuerdo de Paz incumplido

38

Los riesgos del liderazgo social en entornos urbanos

44

Una ruralidad en veremos

41

Disputas y control territorial

46

Las afectaciones contra las mujeres y los grupos étnicos

50

Conclusiones

54

Recomendaciones

57

Referencias

60

Lista de gráficas

Gráfica n.° 1. Homicidios contra liderazgos sociales y comunitarios por departamentos (2021-I)

22

Gráfica n.° 2. Homicidios contra liderazgos sociales y comunitarios a nivel subregional de pdet (2021-I)

23

Gráfica n.° 3. Entorno de ocurrencia de homicidios contra líderes, lideresas y defensores en Colombia (2021-I)

24

Gráfica n.° 4. Homicidios desagregados por sexo de las víctimas a nivel nacional (2021-I)

24

Gráfica n.° 5. Homicidios desagregados por grupo étnico de las víctimas a nivel nacional (2021-I)

25

Gráfica n.° 6. Homicidios desagregados por perfil de liderazgo social y comunitario en Colombia (2021-I)

25

Gráfica n.° 7. Amenazas contra liderazgos sociales y comunitarios por departamento (2021-I)

26

Gráfica n.° 8. Amenazas contra liderazgos sociales y comunitarios a nivel subregional de pdet (2021-I)

27

Gráfica n.° 9. Entorno de ocurrencia de las amenazas en Colombia (2021-I)

28

Gráfica n.° 10. Amenazas desagregadas por sexo de las víctimas a nivel nacional (2021-I)

28

Gráfica n.° 11. Amenazas desagregadas por grupo étnico de las víctimas a nivel nacional (2021-I)

29

Gráfica n.° 12. Amenazas individuales y colectivas desagregadas por perfil de liderazgo social y comunitario a nivel nacional (2021-I)

30

Gráfica n.° 13. Otras agresiones contra liderazgos sociales y comunitarios a nivel nacional (2021-I)

31

Gráfica n.° 14. Otras agresiones contra liderazgos sociales y comunitarios a nivel departamental (2021-I)

31

–5–

Gráfica n.° 15. Otras agresiones contra liderazgos sociales y comunitarios en subregiones pdet (2021-I)

32

Gráfica n.° 16. Entorno de ocurrencia otras agresiones contra liderazgos sociales y comunitarios (2021-I)

32

Gráfica n.° 17. Otras agresiones desagregadas por sexo de las víctimas a nivel nacional (2021-I)

33

Gráfica n.° 18. Otras agresiones desagregadas por grupo étnico de las víctimas a nivel nacional (2021-I)

34

Gráfica n.° 19. Otras agresiones desagregadas por perfil de liderazgo social y comunitario (2021-I)

34

Gráfica n.° 20. Presuntos responsables de las agresiones contra liderazgos sociales y comunitarios (2021-I)

35

Gráfica n.° 21. Presuntos responsables desagregados por tipo de agresión a nivel nacional (2021-I)

36

Gráfica n.° 22. Nivel de ejecución del Plan Marco de Implementación (pmi)

39

Gráfica n.° 23. Entorno de la pobreza monetaria según autorreconocimiento étnico del jefe de hogar (2019)

43

Gráfica n.° 24. Tipo de agresión contra liderazgos sociales y comunitarios por distribución territorial (2021-I)

48

–6–

Lista de mapas

Mapa 1. Agresiones contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y/o comunitaria a nivel nacional 2021-I.

14

Mapa 2. Homicidios de líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y/o comunitaria a nivel departamental en 2021-I.

15

Mapa 3. Amenazas individuales y colectivas contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y/o comunitaria a nivel departamental 2021-I.

16

Mapa 4. Otras agresiones contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y/o comunitaria a nivel departamental 2021-I.

17

–7–

Lista de tablas

Tabla n.° 1. Tipos de agresiones perpetradas contra liderazgos sociales y comunitarios (2021-I)

41

Tabla n.° 2. Tipos de agresiones según el entorno de ocurrencia (2021-I)

43

Tabla n.° 3. Tipos de agresiones según entorno de ocurrencia y tipo de liderazgo (2021-I)

45

Tabla n.° 4. Tipos de agresiones según el sexo de las víctimas (2021-I)

51

Tabla n.° 5. Tipos de agresiones según la pertenencia étnica de las víctimas (2021-I)

52

–8–

Lista de siglas y acrónimos

acnudh acsn

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

agc

Autodefensas Gaitanistas de Colombia

art

Agencia de Renovación del Territorio

asmues

Asociación de Mujeres del Escobal

aump

Autodefensas Unidas por Medellín

capaz

Instituto Colombo-Alemán para la Paz

ccj

Comisión Colombiana de Juristas

cepdipo

Centro de Pensamiento y Diálogo Político

cerrem

Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas

cev

Comisión de Esclarecimiento de la Verdad

cidh

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

ciprat

Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas

codhes

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

cric

Consejo Regional Indígena del Cauca

dane

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

dnp

Departamento Nacional de Planeación

eln

Ejército de Liberación Nacional

farc-ep

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo

fip

Fundación Ideas para la Paz

fgn

Fiscalía General de la Nación

hrw

Human Rights Watch

jac

Junta de Acción Comunal

jep

Jurisdicción Especial para la Paz

mais

Movimiento Alternativo Indígena y Social

moe

Misión de Observación Electoral

movice

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

ocha

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

onic

Organización Nacional Indígena de Colombia

oxfam part

Oxford Committee for Famine Relief Planes de Acción para la Transformación Regional

–9–

Voces asediadas y resistencias intactas

pares

Fundación Paz y Reconciliación

pdd

Planes de Desarrollo Departamental

pdet

Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial

pdm

Planes de Desarrollo Municipal

pgn

Procuraduría General de la Nación

pnud

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

prio

Peace Research Institute Oslo

rcn

Radio Cadena Nacional

sat

Sistema de Alertas Tempranas

siipo

Sistema Integrado de Información para el Posconflicto

sisdhes

Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento

sivjrnr

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

ubpd uia unvmc unp usaid

Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas Unidad de Investigación y Acusación United Nations Verification Mission in Colombia Unidad Nacional de Protección United States Agency for International Development

– 10 –

codhes

Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

Introducción

E

n los últimos 30 años, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (codhes) ha monitoreado y caracterizado la situación de los derechos humanos en el país a través del Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento (sisdhes).

Para ello, ha ajustado sus instrumentos de recolección, clasificación y sistematización de la información, procurando ampliar la comprensión y el análisis de los factores que sustentan la economía política del conf licto, la reconfiguración de los actores armados, los patrones de afectación en los territorios y las comunidades, la emergencia de nuevas conf lictividades sociales, así como otras problemáticas que configuran escenarios de alta complejidad y que requieren de un abordaje desde una perspectiva multidimensional.

En ese contexto, las agresiones contra líderes y lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria han cobrado relevancia ante la transformación del conf licto social y armado. Estos hechos han puesto en evidencia las múltiples situaciones de desprotección y riesgo que enfrentan estas personas al desempeñar acciones de representación comunitaria, participación política y movilización social en beneficio de las comunidades y los territorios.

En efecto, las condiciones estructurales para la defensa y exigibilidad de derechos, sumadas a las tensiones y disputas alrededor de los procesos de alternatividad política, económica, social, cultural y ambiental, han conducido a dos fenómenos. Por un lado, la sociedad civil ha expresado su indignación, ha acompañado, denunciado y visibilizado la persecución sistemática. Por el otro lado, se ha ampliado la discusión sobre las medidas de protección y propuestas de ajuste normativo de la política pública por parte de la institucionalidad.

– 11 –

Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

En tal sentido, este informe ofrece un análisis cuantitativo y cualitativo de las agresiones contra los liderazgos sociales en Colombia durante el primer semestre del 2021, en medio de una serie de condiciones coyunturales asociadas a la agudización de la violencia en diferentes partes del país, el desarrollo de múltiples movilizaciones ciudadanas y de organización social, así como del déficit en las acciones gubernamentales frente a los compromisos institucionales para la garantía de la construcción de una paz estable y duradera.

Según el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (uia), de la Jurisdicción Especial para la Paz (jep), desde la firma del Acuerdo Final de Paz 1180 líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas (jep, 2021)1.

A lo anterior se suman las reiteradas exhortaciones que ha realizado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, quien afirmó que “la defensa de los derechos humanos en Colombia continúa siendo una actividad de alto riesgo” (acnudh, 2021, p. 5).

Asimismo, durante el primer semestre de 2021, el sisdhes monitoreó 221 eventos de agresiones relacionadas con homicidios, amenazas, atentados, secuestros, lesiones, estigmatizaciones y señalamientos, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y desapariciones forzadas contra líderes y lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria (mapa 1). Del conjunto de estas agresiones, 74 eventos fueron homicidios contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria durante el primer semestre del año 2021 (mapa 2).

1

La jep informó al país que hasta el 28 de febrero de 2021 al menos 904 líderes y lideresas sociales y 276 firmantes de paz habían sido asesinados en el periodo de posacuerdo.

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Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

En efecto, la vulneración al derecho a la vida no cesa en el país, y, tal como lo ha señalado la organización internacional Human Rights Watch, “a menos que el gobierno tome medidas serias, es probable que muchos más defensores de derechos humanos sean asesinados en Colombia y, en consecuencia, que cientos de comunidades queden indefensas” (hrw, 2021, p. 7). Por otro lado, las amenazas (individuales y colectivas) continúan amedrentando los procesos de liderazgo social y resquebrajando las diferentes acciones en beneficio de las comunidades. Para el primer semestre del año 2021, el sisdhes registró 103 amenazas contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria, distribuidas a nivel departamental (mapa 3).

Otro aspecto que revela el alto riesgo que enfrentan la exigencia y la defensa de los derechos humanos en Colombia está relacionado con los atentados, secuestros, lesiones personales, estigmatizaciones, señalamientos, detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y desapariciones forzadas. Sobre el particular, el sisdhes reportó al menos 44 eventos durante el primer semestre del año 2021 (mapa 4).

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Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

Mapa 1. Agresiones contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y/o comunitaria a nivel nacional 2021-I.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina La Guajira Atlántico Magdalena Sucre Córdoba

Antioquia

Chocó

Bolívar

Norte de Santander

Santander

Arauca

Boyacá Cundinamarca Risaralda Quindio

Valle del Cauca Cauca

Cesar

Tolima

Casanare Vichada

Bogotá D.C. Meta

Huila

Guainia Guaviare

Nariño Putumayo

Vaupés

Caquetá

Convenciones Límite departamental

Agresiones

Amazonas

N° eventos 0-5 0-9 9 - 15 15 - 28 28 - 35

Datos geográficos: MGN 2020 DANE Periodo (Año): 2021 Cartógrafo: Leonardo Monroy y Alejandro Ojeda SISDHES / CODHES 2021

Fuente: sisdhes-codhes (2021).

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Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

Mapa 2. Homicidios de líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y/o comunitaria a nivel departamental en 2021-I.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina La Guajira Atlántico Magdalena Sucre

Cesar Bolívar

1

1

1

Chocó

Santander

1

Boyacá Cundinamarca Risaralda

Casanare

Quindio 2

3

Tolima

Vichada

Bogotá D.C. Meta

Huila

Guainia Guaviare

Nariño Putumayo

Caquetá

Vaupés

Convenciones Límite departamental

Amazonas

Agresiones N° eventos 0-5 0-9 9 - 15 15 - 28 28 - 35 Personas con visibilidad política y comunitaria N° de eventos

1-3

Datos geográficos: MGN 2020 DANE

0-1

Periodo (Año): 2021 Cartógrafo: Leonardo Monroy y Alejandro Ojeda SISDHES / CODHES 2021

Fuente: sisdhes-codhes (2021).

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Voces asediadas y resistencias intactas

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Mapa 3. Amenazas individuales y colectivas contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y/o comunitaria a nivel departamental 2021-I.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina La Guajira Atlántico Magdalena Sucre Cordoba 1

Cesar Bolívar 1

1

5 Antioquia Chocó

Santander

1 Boyacá 1 Risaralda Cundinamarca

Quindio 4 Valle del Tolima Cauca Cauca

Casanare Vichada

4 Bogotá D.C. Meta

4

Huila

Guainia Guaviare

Nariño 1

Vaupés

Caquetá 3

Convenciones Límite departamental

Amazonas

Agresiones N° eventos 0-5 0-9 9 - 15 15 - 28 28 - 35 Personas con visibilidad política y comunitaria N° de eventos

4-5 3-4 1-3 0-1

Datos geográficos: MGN 2020 DANE Periodo (Año): 2021 Cartógrafo: Leonardo Monroy y Alejandro Ojeda SISDHES / CODHES 2021

Fuente: sisdhes-codhes (2021).

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Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

Mapa 4. Otras agresiones contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y/o comunitaria a nivel departamental 2021-I.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina

La Guajira Atlántico Magdalena Sucre Cordoba 1 1

Cesar Bolívar

Norte de Santander 3

1

2 Antioquia

1 Santander

1 Boyacá Chocó Risaralda Cundinamarca Quindio 1 Valle del Tolima Cauca Cauca

1

Casanare Vichada

1 Bogotá D.C. 3

Meta

Huila

Guainia

1

Guaviare

Nariño

Convenciones

Putumayo

Caquetá

Vaupés

Límite departamental

Agresiones Amazonas

N° eventos 0-5 0-9 9 - 15 15 - 28 28 - 35 Personas con visibilidad política y comunitaria N° de eventos

*Atentados, secuestros como estimaciones de señalamientos, lesiones, detenciones arbitrarias, allanamientos y desapariciones forzadas

1-3 0-1

Datos geográficos: MGN 2020 DANE Periodo (Año): 2021 Cartógrafo: Leonardo Monroy y Alejandro Ojeda SISDHES / CODHES 2021

Fuente: sisdhes-codhes (2021).

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Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

En ese contexto, este informe analiza las vulneraciones y violaciones al derecho a la vida, la integridad física y la seguridad personal y colectiva de líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria durante el primer semestre de 2021. Para este propósito, se han planteado al menos cinco hipótesis para comprender las dinámicas de agresión.

En primer lugar, la deficiente implementación del Acuerdo Final de Paz —en particular de los puntos2 relacionados con los derechos para el ejercicio de la oposición política y las garantías de seguridad para el desmantelamiento de organizaciones sucesoras del paramilitarismo— ha conllevado a la persistencia de las agresiones contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria en los municipios priorizados para la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (pdet).

En segundo lugar, la débil presencia de la institucionalidad civil en los entornos rurales, la falta de avances en los procesos de investigación penal y judicialización de los hechos victimizantes, sumados a la precaria implementación de los enfoques diferencial y territorial en la protección de liderazgos, genera contextos de mayor vulnerabilidad para los líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria en la ruralidad.

En tercer lugar, las agresiones en entornos urbanos están asociadas a la persecución de la exigencia de derechos, de la garantía de los procesos sociales y de la promoción de los derechos para líderes, lideresas y personas con visibilidad política y comunitaria.

2

Los puntos específicos del Acuerdo Final corresponden a: los derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política, en general, y, en particular, para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final (especialmente el subpunto 2.1.2.2), así como el acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (especialmente los subpuntos 3.4.7.1 y 3.4.8).

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Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

En cuarto lugar, las disputas territoriales y confrontaciones entre actores armados ilegales crean riesgos contra la vida, mientras que el dominio o control territorial de un actor armado ilegal amenaza la libertad, la seguridad y la integridad de los líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria.

Por último, se considera que los repertorios de violencia ejercidos por los actores armados ilegales tienen un impacto diferencial étnico y de género.

Por un lado, en las agresiones contra las lideresas conf luyen múltiples formas de violencia sobre sus cuerpos, asimilados como “botín de guerra”, y, por el otro, las agresiones contra los liderazgos étnicos rompen los procesos de reivindicación de la vida y la defensa de sus territorios y la pérdida de costumbres y usos ancestrales.

Ahora bien, es necesario aclarar que para la elaboración de este informe se consideraron dos grupos de liderazgo: 1) comunales, sindicales, comunitarios, ambientales, campesinos, étnicos, estudiantiles, restitución de tierras y representantes de víctimas y 2) personas con visibilidad política y comunitaria asociadas a la defensa de los derechos humanos, familiares de líderes/as, funcionarios/as públicos, gestores culturales, reclamantes de tierras y otros.

Asimismo, las definiciones y tipologías de agresiones están recogidas en el Marco Conceptual del sisdhes, y corresponden a homicidios, amenazas (individuales y colectivas) y otras agresiones3. Por último, la recolección de información, la sistematización de fuentes, la codificación y validación de los eventos se realizaron a partir del contraste de fuentes4, la verificación de reportes con las Oficinas Regionales de codhes y la implementación de protocolos para asegurar la confidencialidad y calidad de los datos.

3

Las otras agresiones corresponden a atentados, secuestros, torturas, detenciones arbitrarias, lesiones, allanamientos, agresiones sexuales, desapariciones forzadas y estigmatizaciones y señalamientos.

4

Las fuentes consultadas se dividen en tres: a) la información suministrada por las oficinas regionales de codhes, b) la revisión y contraste de medios de prensa local, regional y nacional, y c) los comunicados, denuncias y pronunciamientos públicos realizados por organizaciones sociales, comunitarias y territoriales.

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Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

En este orden de ideas, el documento está integrado por cinco partes.

La primera describe las tipologías de agresión, desagregando los datos de acuerdo con los territorios de ocurrencia, las afectaciones diferenciales y los perfiles agredidos. La segunda ahonda en los presuntos responsables y sus dinámicas de agresión durante los primeros seis meses del año 2021.

La tercera aborda un análisis situacional de las agresiones, con base en las hipótesis planteadas previamente y la respuesta institucional. En la cuarta, se establecen algunas conclusiones sobre los datos y el análisis expuesto en el documento. Por último, se presentan algunas recomendaciones de política pública encaminadas a la prevención y protección de líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria.

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Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

Las agresiones contra los liderazgos sociales durante el primer semestre del 2021

L

as agresiones contra los liderazgos sociales presentan unas particularidades en las tipologías, la persistencia territorial, los enfoques diferenciales y los perfiles afectados, configurando diversos escenarios de riesgo y desprotección para el ejercicio de defensa de los derechos humanos en país. En esta sección se describen las dinámicas de agresión a partir de una desagregación de los datos monitoreados por el sisdhes entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021.

Defender la vida con la vida misma: los homicidios

“A mí me van a matar, pero ustedes no se rindan” Sandra Liliana Peña Chocué Gobernadora indígena asesinada en abril de 2021 Durante el periodo analizado, el sisdhes ha registrado un total de 74 homicidios contra personas que ejercen algún papel de liderazgo, lo que representa un 33,5 % sobre el total de las agresiones. Los homicidios se registraron en 23 departamentos, aunque el 52,7 % se concentró en los departamentos de Antioquia, con 13 eventos (17,5 %); Valle del Cauca, con 11 eventos (14,8 %); Cauca, con 8 eventos (10,8 %); y Nariño, con 7 eventos (9,5 %).

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Voces asediadas y resistencias intactas 13

12

11

10

8

8

7

6

1

1

1

1

1

1

1 Sucre

1

Santander

1

Magdalena

2

Casanare

2

La Guajira

2

Caquetá

2

Caldas

2

Bolívar

2

Atlántico

Chocó

Putumayo

Cesar

Huila

Nariño

Cauca

Valle del Cauca

0

Antioquia

2

Tolima

3

Risaralda

3

Meta

3

Norte de Santander

4

Córdoba

5

Arauca

14

codhes

Gráfica n.° 1. Homicidios contra liderazgos sociales y comunitarios por departamentos (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

En ese sentido, los homicidios se reportaron en al menos 59 municipios, donde Cali (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño) son los mayores afectados, con 4 eventos cada uno; seguidos por Cáceres (Antioquia), con 3 homicidios; Aipe (Huila), Corinto (Cauca), Dabeiba (Antioquia), Nuquí (Chocó), Río de Oro (Cesar), Santander de Quilichao (Cauca) y Tuluá (Valle del Cauca), con 2 eventos cada uno. En los 49 municipios restantes se reportó al menos un caso.

En ese contexto, del total de los homicidios monitoreados para el periodo, 39 eventos fueron perpetrados en municipios pdet, correspondientes al 52,7 %. Las subregiones más afectadas son Alto Patía-Norte del Cauca con 10 eventos (25,6 %) y Bajo Cauca-Nordeste antioqueño con 8 eventos (20,5 %), seguida por la subregión de Pacífico-Frontera nariñense con 6 eventos (15,4 %), seguida por la subregión de Pacífico-Frontera nariñense con 5 eventos (12,8 %), respectivamente. Las demás subregiones se distribuyen de la siguiente manera:

– 22 –

codhes

10

Alto Patía y Norte del Cauca

6

Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

5

Pacífico y Frontera Nariñense

3

Putumayo

2

Urabá Antioqueño Sierra Nevada y Perijá

2

Montes de María

2 2

Sucre

Santander

Magdalena

La Guajira

Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño

Casanare

Caquetá

Voces asediadas y resistencias intactas

Sur de Tolima

1

Sur de Córdoba

1

Sur de Bolívar

1

Pacífico Medio

1

Macarena Guaviare

1

Catatumbo

1

Arauca

1 0

2

4

6

8

10

12

Gráfica n.° 2. Homicidios contra liderazgos sociales y comunitarios a nivel subregional de pdet (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

En relación con los municipios priorizados por el Programa de Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas del Conf licto, implementado por codhes bajo el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional5 (en adelante, Programa usaid), de los 74 eventos de homicidios, al menos el 10,8 % de los eventos se registraron en 5 de los 16 municipios, distribuidos así: Tumaco con 4 eventos, Santander de Quilichao con 2 eventos, y Buenaventura y Chaparral con 1 evento en cada territorio.

En cuanto al entorno de ocurrencia de los homicidios contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria perpetrados durante el primer semestre del año 2021, el sisdhes registró que 52 eventos tuvieron lugar en entornos rurales, mientras que 22 eventos ocurrieron en entornos urbanos. Lo anterior evidencia el alto riesgo para el ejercicio de reivindicación y defensa de derechos humanos en contextos donde conf luyen una débil presencia estatal y un déficit en las garantías de prevención y protección.

5

El programa está focalizado en los municipios de San Jacinto, El Carmen de Bolívar y Cartagena (Bolívar); Chibolo y Santa Marta (Magdalena); Ovejas (Sucre); Chaparral, Ataco y Planadas (Tolima); Quibdó y Bojayá (Chocó); Buenaventura (Valle del Cauca); Buenos Aires y Santander de Quilichao (Cauca); Pasto y Tumaco (Nariño).

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Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

29,7% RURAL

70,3% URBANO

Gráfica n.° 3. Entorno de ocurrencia de homicidios contra líderes, lideresas y defensores en Colombia (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

Durante el primer semestre de 2021, el 82,4 % de los homicidios estuvieron dirigidos contra hombres, mientras que el 17,6 % de las víctimas fueron mujeres. No obstante, en el 38,4 % de los homicidios contra mujeres lideresas o con visibilidad política y comunitaria se presentaron agresiones adicionales, donde se materializaron otras expresiones de violencia como atentados, desapariciones forzadas, secuestros, tortura y violencia sexual.

80 61 60 40 13

20 0

Mujer

Hombre

Gráfica n.° 4. Homicidios desagregados por sexo de las víctimas a nivel nacional (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

Frente a las afectaciones étnicas, el sisdhes identificó al menos 28 víctimas pertenecientes a comunidades étnicamente diferenciadas.

A saber, el 25,7 % a comunidades indígenas (19 personas) y 12,2 % a comunidades afrodescendientes o negras (9 personas). En ese sentido, los homicidios se constituyen como la agresión más recurrente en contra de los liderazgos étnicos, toda vez que el 47,5 % de las agresiones contra autoridades propias, representantes legales y/o líderes y lideresas étnicas fueron homicidios.

– 24 –

Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

12,2% AFRO

25,7%

INDÍGENA

62,2% NINGUNO

Gráfica n.° 5. Homicidios desagregados por grupo étnico de las víctimas a nivel nacional (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

Ahora bien, 56 homicidios (75,7 %) se concentraron en tres tipos de perfil de liderazgo: 1) líderes y lideresas comunitarias, con 26 eventos (35,1 %); 2) autoridades propias de comunidades étnicas, con 19 eventos (25,7 %) y líderes y lideresas de Juntas de Acción Comunal o Juntas Administradoras Locales con 11 eventos (14,9 %). Tal concentración es significativa al considerar que el monitoreo en el que se basa el presente informe está agrupado por 13 perfiles diferenciados de liderazgo. En la siguiente gráfica se presentan las afectaciones porcentuales de acuerdo con los perfiles indicados.

Líder/esa comunitario/a

26

Líder/esa comunidades étnicas

19

Líder/esa JAC/JAL

11

Líder/esa campesino/a

4

Líder/esa sindical

3

Funcionario/a público/a

3

Defensor/a DDHH

2

Representante de víctimas

1

Periodista

1

Otro

1

Líder/esa ambiental

1

Gestor/a cultural

1

Familiar líder/esa étnico

1 0

5

10

15

20

25

30

Gráfica n.° 6. Homicidios desagregados por perfil de liderazgo social y comunitario en Colombia (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

– 25 –

Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

Resistir al silencio: las amenazas

Durante el primer semestre de 2021, el sisdhes reportó al menos 103 amenazas (individuales y colectivas), que representaron el 46,6 % de las agresiones monitoreadas en el periodo. De acuerdo con los datos disponibles, las amenazas individuales representan el 58,2 % de los eventos de amenazas, con 60 reportes, mientras que el 41,8 % corresponden a amenazas colectivas (43 reportes). Ahora bien, este tipo de agresión se registró en 14 departamentos, aunque el 56,2 % de las agresiones se concentraron en Antioquia con 14 eventos (13,6 %); Magdalena y Sucre con 11 eventos cada departamento (10,7 %), Bolívar con 8 eventos (7,7 %) y Bogotá y Valle del Cauca con 7 eventos cada territorio (6,8 %).

Amenazas individuales 9

8 8

1

2 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Córdoba

2

Atlántico

2 1

La Guajira

2

Nariño

2

2

3 3

3

Chocó

3

3

3

5

Casanare

4

5

Quindío

5

5

5

6

6

6

Arauca

6

6

Putumayo

6

Norte de Santander

8 7

Amenazas colectivas

Risaralda

Santander

Cundinamarca

Cesar

Cauca

Meta

Caquetá

Boyacá

Bogotá D.C.

Valle del Cauca

Bolívar

Sucre

Antioquia

Magdalena

0

Gráfica n.° 7. Amenazas contra liderazgos sociales y comunitarios por departamento (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

En cuanto al patrón territorial, el sisdhes identificó que las amenazas individuales se presentaron principalmente en Magdalena con 8 eventos (13,3 %), Valle del Cauca y Antioquia con 6 eventos cada uno (10 %), y Sucre, Cauca y Meta con 5 eventos en cada territorio (8,3 %); mientras que el 60,4 % de las amenazas colectivas se concentraron en Antioquia con 8 eventos (18,6 %), y en Sucre, Bolívar y Boyacá con 6 eventos cada uno (13,9 %).

– 26 –

Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

A nivel municipal, el 34,9 % de las amenazas (individuales y colectivas) se concentraron en Santa Marta, donde se presentaron 9 eventos (6 individuales y 3 colectivas); Medellín con 9 eventos (1 individual y 8 colectivos); Bogotá con 7 eventos (2 individuales y 5 colectivos) Puerto Boyacá con 6 eventos (todos correspondientes a amenazas colectivas) y Cartagena con 5 eventos (2 individuales y 3 colectivos).

Asimismo, se resalta que el 36,2 % de los municipios donde se reportaron amenazas (individuales y colectivas) corresponden a territorios pdet.

En tal sentido, las subregiones más afectadas fueron Sierra Nevada-Perijá con 11 eventos que representan el 29,7 % de las amenazas (8 individuales y 3 colectivas) y Montes de María con 8 eventos que corresponden al 21,6 % de estas agresiones (1 individual y 7 colectivas). Las demás subregiones se distribuyen de la siguiente manera: Amenazas individuales

Amenazas colectivas

Sierra Nevada-Perijá

8

3

4

Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño Alto Patía-Norte del Cauca

3

Pacífico Medio

3 2

Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño Montes de María

1

Chocó

1

Putumayo

1

Sur de Córdoba

1

0

1

3 7

2

3

4

5

6

7

8

9

Gráfica n.° 8. Amenazas contra liderazgos sociales y comunitarios a nivel subregional de pdet (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

En relación con los municipios priorizados por el Programa usaid, se identificaron al menos 9 amenazas que representan el 8,7 % del total de agresiones, distribuidas de la siguiente forma: Ovejas con 4 amenazas colectivas, Buenaventura con 3 amenazas individuales, y Santander de Quilichao y Bojayá con una amenaza individual, respectivamente.

En cuanto al entorno de ocurrencia de las 103 amenazas individuales y colectivas, cabe destacar que el 77,6 % de estas se registraron en entornos urbanos (80 eventos), mientras que el 22,3 % tuvieron lugar en entornos – 27 –

Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

rurales (23 eventos), es decir que, 4 de cada 5 amenazas se reporta en ciudades (grandes, intermedias o pequeñas).

En materia de amenazas colectivas, el sisdhes identificó que el 78,3 % de estas agresiones (47 eventos) ocurrieron en entornos urbanos, mientras el 21,7 % de las amenazas (13 eventos) se produjo en entornos rurales.

Las amenazas colectivas registraron un comportamiento similar, puesto que el 76,7 % de estas (33 eventos) tuvieron lugar en entornos urbanos y el 23,3 % (10 eventos) acaecieron en entornos rurales.

22,3% RURAL

77,7%

URBANO

Gráfica n.° 9. Entorno de ocurrencia de las amenazas en Colombia (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

De otra parte, durante el primer semestre de 2021, el 75,7 % de las amenazas registradas por el sisdhes estuvieron dirigidas contra líderes sociales y/o hombres con visibilidad política y comunitaria, en contraste con el 24,3 % de las amenazas contra lideresas sociales y/o mujeres con visibilidad política y comunitaria.

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

78

25

Hombre

Mujer

Gráfica n.° 10. Amenazas desagregadas por sexo de las víctimas a nivel nacional (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

– 28 –

Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

En cuanto a las afectaciones étnicas, durante el primer semestre del 2021, el sisdhes identificó al menos 18 víctimas pertenecientes a comunidades étnicamente diferenciadas (17,4 %). En ese sentido, el 12,6 % corresponde a comunidades indígenas (13 personas) y el 4,9 % a comunidades afrodescendientes o negras (5 personas). Uno de los eventos que evidencia la gravedad de este tipo de agresión en contra de los pueblos étnicamente diferenciados está relacionado con la lideresa wayuu, Aura Esther García Peñalver, asesinada el 31 de marzo del 2021 en Uribia (La Guajira). Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (onic), la lideresa había sido amenazada 15 días antes de su asesinato, a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, que la “llevaron a denunciar y solicitar ante las autoridades competentes medidas de protección para resguardar su seguridad y de las mujeres wayuu de su comunidad, sin embargo, esta solicitud no fue atendida” (onic, 2021).

4,9% AFRO 12,6%

INDÍGENA

82,5%

NINGUNO

Gráfica n.° 11. Amenazas desagregadas por grupo étnico de las víctimas a nivel nacional (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

Ahora bien, el 20,3 % de las amenazas individuales y colectivas se dirigió contra líderes y lideresas comunitarias (21 eventos); seguidos por funcionarios/ as públicos/as que concentraron el 19,4 % de estas agresiones (20 eventos); y los líderes y lideresas de comunidades étnicas, contra quienes se reportó el 13,5 % de las amenazas (14 casos). De modo que estos 3 perfiles agruparon el 53,3 % del total de estas agresiones. Adicionalmente, el primer y tercer grupo fueron los más afectados por los eventos de homicidios registrados durante el mismo periodo. En la siguiente gráfica se presentan los números de las afectaciones de acuerdo con los perfiles identificados:

– 29 –

Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

Líder/esa comunitario/a

21

Funcionario/a público/a

20

Líder/esa comunidades étnicas

14

Representante de víctimas

10

Líder/esa sindical

9

Líder/esa estudiantil

8

Líder/esa JAC/JAL

6

Defensor/a DD. HH.

4

Periodista

3

Líder/esa ambiental

3

Líder/esa reclamante de tierras

2

Otro

1

Gestor/a cultural

1

Líder/esa campesino/a

1 0

5

10

15

20

25

Gráfica n.° 12. Amenazas individuales y colectivas desagregadas por perfil de liderazgo social y comunitario a nivel nacional (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

Liderar en medio de las adversidades: las otras agresiones En el periodo analizado se reportaron 44 agresiones diferentes a homicidios y amenazas, lo que representa el 19,9 % de los eventos reportados durante el primer semestre de 2021. En efecto, el monitoreo del sisdhes da cuenta de 23 eventos asociados a atentados; 6 eventos de secuestro; 4 de lesiones personales; 4 eventos de estigmatizaciones y señalamientos; 2 eventos de detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial; y 2 eventos de desaparición forzada.

– 30 –

Voces asediadas y resistencias intactas

4,5%

codhes

13,6%

Allanamiento

9,1%

Secuestro

Estigmatizaciones y señalamientos

9,1%

Lesiones

6,8%

Detención arbitraria

52,3%

4,5%

Atentado

Desaparición forzada

Gráfica n.° 13. Otras agresiones contra liderazgos sociales y comunitarios a nivel nacional (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

Ahora bien, el conjunto de otras agresiones se presentó en 19 departamentos, concentrándose el 41,8 % en 3 departamentos: 9 eventos en Cauca (20,4 % del conjunto de otras agresiones), 5 eventos en Norte de Santander (11,1 %) y 4 eventos en Antioquia (8,8 %).

9

4 2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Putumayo

Huila

Sucre

Quindío

Bolívar

Arauca

Córdoba

Nariño

Bogotá D.C.

Atlántico

Chocó

3

Santander

3

Magdalena

3

Cesar

Valle del Cauca

Antioquia

Norte de Santander

3

Meta

5

Cauca

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Gráfica n.° 14. Otras agresiones contra liderazgos sociales y comunitarios a nivel departamental (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

A nivel municipal, el 26,6 % de los eventos se concentraron en 5 municipios.

En Popayán se registraron 3 eventos (todos vinculados a estigmatizaciones y señalamientos); en Cali se reportaron 2 atentados y un allanamiento; y en Valledupar, Mesetas y Villagarzón hubo 2 atentados en cada territorio.

Por su parte, de los 38 municipios en los que se registraron otras agresiones, al menos el 39,4 % ocurrió en municipios pdet (15 eventos). Las subregiones más afectadas fueron Sierra Nevada-Perijá con 4 eventos, Catatumbo con 4 eventos y Alto Patía-Norte del Cauca con 3 eventos. En las demás subregiones se reportaron estas agresiones: – 31 –

Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

Sur de Córdoba Sierra Nevada-Perijá Putumayo Montes de María Macarena-Guaviare Chocó Catatumbo Alto Patía-Norte del Cauca 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Secuestro

Lesiones

Detención arbitraria

Desaparición forzada

Atentado

Allanamiento

4,5

Gráfica n.° 15. Otras agresiones contra liderazgos sociales y comunitarios en subregiones pdet (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

En relación con los municipios priorizados por el Programa usaid, de los 44 eventos relacionados con otras agresiones, estas se presentaron solo en 3 municipios: Santander de Quilichao y Santa Marta, con un atentando, y Carmen de Bolívar, con una detención arbitraria.

En cuanto al entorno de ocurrencia de las 44 agresiones relacionadas con atentados, secuestros, lesiones, detenciones arbitrarias, allanamientos, desapariciones forzadas y estigmatizaciones y señalamientos contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria, se registraron 25 eventos en entornos urbanos, mientras que 19 eventos en entornos rurales.

43,2% RURAL

56,8% URBANO

Gráfica n.° 16. Entorno de ocurrencia otras agresiones contra liderazgos sociales y comunitarios (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

– 32 –

Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

Los eventos ocurridos en entornos urbanos se distribuyen de la siguiente forma: 15,4 % atentados, 11,5 % estigmatizaciones y señalamientos; 7,7 % lesiones, 7,7 % detenciones arbitrarias y 3,8 % secuestros. Por su parte, los 19 eventos ocurridos en entornos rurales se distribuyen de la siguiente manera: 47,4 % atentados, 26,3 % secuestros, 10,5 % lesiones, 10,5 % desapariciones forzadas y 5,3 % detenciones arbitrarias.

En cuando a la desagregación por sexo, el 81,8 % de las otras agresiones estuvo dirigido contra líderes sociales y/o con visibilidad política y comunitaria, desagregadas por los siguientes eventos: 19 atentados, 6 secuestros, 4 lesiones, 4 estigmatizaciones y señalamientos, 2 detenciones arbitrarias y 1 allanamiento. En contraste, el 18,2 % de las otras agresiones fue perpetrado contra lideresas sociales y/o con visibilidad política y comunitaria, desagregadas por los siguientes eventos: 4 atentados, 2 allanamientos, 2 desapariciones forzadas y 1 detención arbitraria.

40 35 30 25 20 15 10 5 0

35

9

Hombre

Mujer

Gráfica n.° 17. Otras agresiones desagregadas por sexo de las víctimas a nivel nacional (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

En materia de afectaciones étnicas, al menos 13 personas pertenecientes a comunidades étnicamente diferenciadas fueron víctimas de otras agresiones. El 24,4 % de comunidades indígenas (11 personas) y 4,4 % de comunidades afrodescendientes o negras (2 personas). Las agresiones contra los liderazgos indígenas incluyeron el siguiente repertorio: 7 atentados, 2 secuestros, 1 lesión personal y 1 estigmatización y señalamiento, mientras que las agresiones contra los liderazgos afrodescendientes implicaron un evento de lesiones personales y un evento de secuestro.

– 33 –

Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

4,5%

AFRO

25,0% INDÍGENA

70,5% NINGUNO

Gráfica n.° 18. Otras agresiones desagregadas por grupo étnico de las víctimas a nivel nacional (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

Ahora bien, los perfiles más afectados de este grupo de otras agresiones fueron los líderes y las lideresas de comunidades étnicas con 11 eventos (24,4 %), seguidos por los/as funcionarios/as públicos/as con 7 eventos (15,5 %); y las personas defensoras de derechos humanos con 4 eventos (8,8 %).

En la siguiente gráfica se evidencian las afectaciones porcentajes de acuerdo con los perfiles identificados.

Líder/esa comunidades étnicas

11

Funcionario/a público/a

7

Defensor/a DDHH

4

Periodista

3

Líder/esa JAC/JAL

3

Líder/esa ambiental

3

Líder/esa comunitario/a

3

Líder/esa campesino/a

2

Líder/esa sindical

2

Reclamante de tierras

2

Firmante Acuerdo de Paz

1

Representante de víctimas

1

Líder/esa estudiantil

1

Familiar líder/esa comunitario/a

1

Gestor/a cultural

1 0

2

4

6

8

10

Gráfica n.° 19. Otras agresiones desagregadas por perfil de liderazgo social y comunitario (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

– 34 –

12

Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

Los presuntos responsables

E

n materia de agresiones contra líderes y lideresas sociales y personas con visibilidad política y/o comunitaria, el sisdhes identificó 6 grupos de presuntos responsables. En primer lugar, se identificó a los grupos herederos del paramilitarismo, vinculados a 44 eventos; seguidos por la Fuerza Pública, que estuvo presuntamente vinculada a 13 eventos; los grupos guerrilleros, a 9 eventos; y los grupos disidentes de guerrillas, en 7 eventos.

No obstante, en el 66,5 % de las agresiones perpetradas durante el periodo (147 eventos) se desconoce al presunto responsable. Esto evidencia las falencias de las instituciones públicas relacionadas con la identificación de los autores materiales e intelectuales de estos delitos, la investigación de las causas e intersecciones con la reivindicación de derechos a nivel territorial y la reparación e implementación de medidas para la prevención y protección de los liderazgos sociales.

19,9%

0,5%

Grupo heredero del paramilitarismo

Otro

4,1%

Grupo guerrillero

3,2%

Grupo disidente de guerrillas

66,5%

5,9%

Desconocido

Fuerza Pública

Gráfica n.° 20. Presuntos responsables de las agresiones contra liderazgos sociales y comunitarios (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

Ahora bien, la desagregación de los presuntos responsables a partir del tipo de agresión perpetrada (homicidio, amenazas [individuales y colectivas] y otras agresiones) contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria se representa en la siguiente gráfica:

– 35 –

Voces asediadas y resistencias intactas

Otro

codhes

1 5

Grupo heredero del paramilitarismo

37

2 3 3 3

Grupo guerrillero Grupo disidente de guerrillas

1

Fuerza Pública

6

1

12

Desconocido

26 0

Homicidios

55

10

20

30

Amenazas (individuales y colectivas)

40

50

66

60

70

Otras agresiones

Gráfica n.° 21. Presuntos responsables desagregados por tipo de agresión a nivel nacional (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

En materia de homicidios, el 89,2 % de los eventos corresponden a autores desconocidos, seguido por el 6,8 % presuntamente relacionados con grupos herederos del paramilitarismo, particularmente con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (agc), los Caparrapos y los Pachelly. Por su parte, el 4,1 % de los homicidios está relacionado con grupos guerrilleros, específicamente al Ejército de Liberación Nacional (eln). En cuanto a las amenazas (individuales y colectivas), el 53,4 % de los eventos está asociado a autores desconocidos, mientras que el 35,9 % a grupos herederos del paramilitarismo y el 5,8 % a grupos disidentes de guerrillas. Finalmente, en el 59 % de los eventos tipificados como otras agresiones se desconoce al presunto responsable.

Por consiguiente, el sisdhes ha identificado que de los 66 eventos de homicidios monitoreados, el 66,7 % fue cometido por autores desconocidos en entornos rurales, mientras que el 36,3 % de las amenazas (individuales y colectivas) en entornos urbanos fue realizado presuntamente por grupos herederos del paramilitarismo, específicamente las Águilas Negras (20 eventos), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (6 eventos), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (acsn), las Autodefensas Unidas Por Medellín (aump) y los Caparrapos (1 evento cada uno).

– 36 –

Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

Asimismo, la Fuerza Pública fue presuntamente responsable del 27,2 % de las agresiones relacionadas a estigmatizaciones y señalamientos (4 eventos), lesiones (3 eventos), detenciones arbitrarias (3 eventos) y allanamientos sin orden judicial (2 eventos) durante el primer semestre del año.

Respecto a las agresiones presuntamente hechas por las disidencias de grupos guerrilleros, de los 8 eventos perpetrados por estos grupos todos corresponden a liderazgos sociales víctimas que se encontraban desarrollando labores de defensa y reivindicación de derechos en municipios pdet, específicamente en los departamentos de Caquetá (5 eventos), Cauca (2 eventos) y Putumayo (1 evento).

Adicionalmente, el sisdhes identificó que el 74,6 % del total de agresiones perpetradas contra los liderazgos de comunidades étnicamente diferenciadas estuvieron perpetradas por autores desconocidos, mientras que el 17,9 % de las agresiones fueron cometidas presuntamente por grupos herederos del paramilitarismo, específicamente las Águilas Negras (9 eventos), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (2 eventos) y los Caparrapos (1 evento). Vale resaltar que los principales presuntos responsables de las agresiones contra las mujeres lideresas sociales y/o con visibilidad política o comunitaria fueron los actores desconocidos, con el 75,5 %, seguido por los grupos herederos del paramilitarismo, con el 10,2 %, y los agentes de la Fuerza Pública, con el 6,1 %.

De modo que la prevalencia de agresiones sin una identificación de los presuntos responsables se relaciona con la reconfiguración de las estructuras armadas, pero también con los riesgos subyacentes a la denuncia e investigación en las zonas de mayor conf lictividad. En este contexto, es fundamental que las autoridades y la sociedad civil puedan actuar en dos frentes: por un lado, en la adopción de medidas de autoprotección tanto individuales como colectivas, lo cual debe estar acompañado por el cumplimiento de las responsabilidades estatales (Acuerdo Final de Paz, mesas de negociación sectorial, normas internacionales, entre otras), y, por el otro, la debida diligencia frente a las investigaciones judiciales y la desarticulación de los diferentes grupos armados ilegales.

– 37 –

Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

Entre el riesgo y la desprotección: análisis de las agresiones

E

sta sección analiza las vulneraciones, desprotecciones y escenarios de riesgo que enfrentan líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria en el país, tomando como referente las investigaciones adelantadas por diferentes instituciones, organizaciones u organismos a través de documentos especializados.

Un Acuerdo de Paz incumplido El 14 de junio del 2021, el país conoció de un nuevo asesinato contra un líder social. La víctima fue José William Mayoral Castillo, presidente de la Junta de Acción Comunal (jac) del barrio La Esmeralda, en el municipio de Valle del Guamuéz, Putumayo. Este líder comunal, gestor cultural y miembro activo del Movimiento Alternativo Indígena y Social (mais) desempeñaba labores de liderazgo en un municipio pdet (Contagio Radio, 2021).

Según el Sistema Integrado de Información para el Posconf licto (siipo), a cargo del Departamento Nacional de Planeación (dnp), el Acuerdo Final de Paz cuenta con un avance de implementación de la siguiente manera:

– 38 –

Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

47,05%

30,69%

64,5%

Punto 1. Reforma Rural Integral (10 pilares - 219 indicadores)

Punto 2. Participación Poliica (3 pilares - 86 indicadores)

Punto 3. Fin del con�licto (3 pilares - 51 indicadores)

49,61%

41,48%

58,51%

Punto 4. Solución a las drogas ilicitas (3 pilares - 74 indicadores)

Punto 5. Victimas (3 pilares - 38 indicadores)

Punto 5. Verificación (6 pilares - 38 indicadores)

Gráfica n.° 22. Nivel de ejecución del Plan Marco de Implementación (pmi) Fuente: siipo (2021).

Respecto a los temas de interés de este informe, el siipo reporta un avance del 26,6 % en el punto 2.1 y del 47,5 % en el punto 3.4. Los aspectos pendientes por ejecutar en el punto 2.1, entre otros, son el fortalecimiento de las capacidades de investigación y judicialización (sin porcentaje de avance ni ficha técnica), los programas de protección individual y colectiva a líderes/ as sociales (sin porcentaje de avance ni ficha técnica), la disminución significativa del asesinato a líderes/as sociales (sin porcentaje de avance ni ficha técnica) y la disminución significativa de violaciones de derechos humanos en medio de manifestaciones públicas (sin porcentaje de avance ni ficha técnica) (siipo, 2021).

Por otro lado, entre los temas pendientes por ejecutar en el punto 3.4, están los programas integrales de protección para las comunidades, líderes, dirigentes, representantes y activistas (sin porcentaje de avance ni ficha técnica) (siipo, 2021). En efecto, las fichas técnicas sin porcentaje de avance de implementación en los puntos anteriormente referidos evidencian la falta de garantías de protección por parte del Estado colombiano (encabezado por el Gobierno nacional) a los/as líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos.

Asimismo, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (unvmc, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional Human – 39 –

Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

Rights Watch (hrw) han expresado su preocupación por los lentos avances para determinar los autores intelectuales de las agresiones, a cargo de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación, creada a partir del Decreto Ley 898 de 2017 (unvmc, 2020; hrw, 2021). Dicha situación evidencia las deficiencias institucionales para la puesta en marcha de procesos de investigación judicial y de esclarecimiento de los responsables, conllevando a altos niveles de impunidad y a la persistencia de las agresiones en las subregiones pdet.

Por su parte, el Kroc Institute for International Peace Studies, en su último informe sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, concluye que de las 578 disposiciones tan solo el 28 % ha sido implementado completamente y el 19 % no ha iniciado. Los puntos con mayor avance son el punto sexto y tercero, con el 55 % y 49 % de las disposiciones completadas, respectivamente (Instituto Kroc, 2021). Sin embargo, cabe resaltar que los avances referentes al tercer punto del Acuerdo Final de Paz no han estado concentrados en las garantías de seguridad y protección para la participación política y la movilización social de líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, sino en los procesos de dejación de armas y reincorporación a la vida civil de excombatientes.

Esta perspectiva la comparte el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (cepdipo), en sus análisis trimestrales del año 2021 (cepdipo, 2021a; 2021b), respecto al accionar desarticulado, lento y con baja participación de las comunidades y los componentes del Acuerdo Final. Esta situación impide una transformación real de las condiciones territoriales para la superación de los contextos de violencia y de conf lictividad social, especialmente en los municipios pdet.

Asimismo, este contexto de violencia contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria se ref leja en el monitoreo que el sisdhes ha realizado durante el primer semestre, en tanto el 42,5 % de las agresiones reportadas ocurrió en municipios pdet (94 registros).

Este conjunto de agresiones en los municipios pdet se ha concentrado en homicidios (52,7 %) contra líderes y lideresas sociales.

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codhes

Tabla n.° 1. Tipos de agresiones perpetradas contra liderazgos sociales y comunitarios (2021-I) Tipo de liderazgo Tipo de agresión

Total

Líderes/esas sociales

Personas con visibilidad política y comunitaria

Amenazas (individuales y colectivas)

64

39

103

Homicidios

64

10

74

Otras agresiones

25

19

45

Total

153

68

221

Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

A partir del informe conjunto del Instituto de Investigaciones de Paz de Oslo (prio, por sus siglas en ingles) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), así como de los datos semestrales del sisdhes, es posible inferir que los eventos de homicidios tienen una concentración en las subregiones pdet del Alto Patía-Norte del Cauca y Bajo Cauca-Nordeste antioqueño (10 y 6 eventos, respectivamente), siendo los mismos territorios con una alta insatisfacción (mayor al 60 %) con el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz a nivel local (prio y pnud, 2020). Esta situación se suma a los retrasos que ha indicado la Procuraduría General de la Nación en el Segundo Informe al Congreso acerca de los tiempos de implementación para las disposiciones acordadas por el Gobierno nacional y las extintas farc-ep (Procuraduría General de la Nación, 2020).

Una ruralidad en veremos Las dinámicas y disputas sobre la tierra han sido ampliamente analizadas por la academia, la sociedad civil y las instituciones gubernamentales.

De ahí que la relevancia de superar las condiciones de desigualdad y violencia en las zonas rurales se recogió en el primer punto del Acuerdo Final de Paz. Tres de los subpuntos contenidos en el acápite “Hacia un Nuevo – 41 –

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codhes

Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” incluyen el acceso y uso de la tierra (1.1), los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (pdet) (1.2) y la Reforma Rural Integral (1.3). Según el siipo el avance respecto a este punto es del 46,5 %6, frente a un cumplimiento intermedio del 18 % por parte del Instituto Kroc.

Para Land Coalition y oxfam (2020) la desigualdad en el acceso a la tierra está vinculada a otras formas de desigualdad política, económica, social, espacial y ambiental. En esa misma línea, uno de los hallazgos del más reciente Censo Nacional Agropecuario, analizado por oxfam Colombia, es que la estructura agraria de Colombia se caracteriza por un incremento del coeficiente de gini sobre la distribución de la propiedad rural (1960-2014), reportando una cifra récord de 0,98 (siendo 1 desigualdad total). Según el informe, “en Colombia el 1 % de las explotaciones de gran tamaño manejan más del 80 % de la tierra, mientras que el 99 % restante se reparte menos del 20 % de la tierra” (oxfam, 2017, p. 13).

Esta estructura bipolar caracterizada por muchos propietarios con pequeñas áreas y pocos propietarios con grandes áreas7 genera conflictos con el uso del suelo, además de presiones sobre las zonas de conservación y dificultades para cerrar la frontera agrícola. Así pues, la ganadería tiene un sobreuso del 229 % sobre el área apta para esta actividad, frente a la agricultura con un uso del 38,6 % sobre el área con vocación agrícola.

Tal desigualdad es fuente de pobreza, en especial monetaria que, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (dane) para 2019, afecta en mayor medida a las comunidades que se reconocen como indígenas y afrodescendientes en los centros poblados y rurales dispersos.

6

El siipo organiza la implementación de este punto en 10 pilares, con una diversidad en el nivel de cumplimiento: Reforma Rural Integral (34,4%), Ordenamiento Social de la propiedad rural (30,3%), Infraestructura y adecuación de tierras (58,5%), Salud (18,4%), Educación (59,9%), Vivienda y Agua potable (17,2%), Producción agropecuaria (68,5%), Garantía al derecho a la alimentación (39,7%) y patr-pdet (47%).

7

Esto se representa en qué 704 explotaciones (49 mil hectáreas en promedio) controlan la mitad de la tierra del país, y algo más de 2 millones de explotaciones (17 hectáreas en promedio) se reparte la otra mitad de la tierra.

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Porcentaje (%)

Voces asediadas y resistencias intactas 80 70 60 50 40 30 20 10 0

codhes

72,8 59,6

54,6 43,9

35,7 33,9

Total Nacional Indígena

43,6 39,7

47,5 43,7

32,3 31,4

Cabeceras Afrodescendiente

Ninguno

Centros poblados y rural disperso Total

Gráfica n.° 23. Entorno de la pobreza monetaria según autorreconocimiento étnico del jefe de hogar (2019) Fuente: sisdhes (2021) con base en datos del dane (2020)

Tal contexto de desigualdad y pobreza converge con una débil presencia institucional de carácter civil y una diversidad de expresiones violentas asociadas a múltiples factores contextuales, ref lejándose de manera significativa en la prevalencia de los homicidios contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria en entornos rurales, puesto que representan el 75 % del total de los homicidios ocurridos en el periodo y el 64 % del total de las agresiones, de acuerdo con el monitoreo realizado por el sisdhes.

Tabla n.° 2. Tipos de agresiones según el entorno de ocurrencia (2021-I)

Entorno de agresión

Tipo de agresión Total

Homicidios

Amenazas (individuales y colectivas)

Otras agresiones

Rural

52

23

19

94

Urbano

22

80

25

127

Total

174

103

44

221

Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

En efecto, los entornos rurales han estado permeados por una respuesta militar reactiva de la Fuerza Pública y de medidas desarticuladas de la unp respecto a la desprotección que enfrentan las comunidades y las personas con un rol de liderazgo o visibilidad. Asimismo, la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (sat), ha realizado diferentes llamados a las instituciones encargadas para articular una eficiente respuesta institucional, como se evidencia en los diferentes informes de seguimiento de riesgo.

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codhes

En ese sentido, algunas de las agresiones perpetradas en los entornos rurales evidencian una superposición de factores contextuales, económicos e identitarios que agravan la situación para los liderazgos sociales y su ejercicio de defensa de los derechos humanos. Uno de los eventos que refleja la gravedad de la situación fue la doble agresión perpetrada contra el líder de comunidades afrodescendientes, Danilo Torres, a finales del mes de junio del 2021 (El Tiempo, 2021b). El líder, quien era reconocido por sus labores como representante legal del Consejo Comunitario Manos Unidas, ubicado en Magüí Payán, Nariño (El Espectador, 2021c), fue secuestrado presuntamente por las agc, y posteriormente asesinado.

Los riesgos del liderazgo social en entornos urbanos Una de las agresiones más recurrentes en los entornos urbanos durante el primer semestre del 2021 corresponde a eventos relacionados con amenazas e intimidaciones contra funcionarios o funcionarias públicas. En algunas ocasiones, las amenazas se producen de manera reiterada en el tiempo, restringiendo las labores de defensa, promoción y garantía de los derechos humanos de sus comunidades.

El alcalde encargado del municipio de Tarazá (Antioquia) fue una de las víctimas. Jerly Ferney Álvarez Ortiz denunció desde el 20 de enero amenazas de muerte a través de WhatsApp y correos electrónicos, en medio de los enfrentamientos armados y la disputa territorial entre grupos armados ilegales que se presentan en la subregión del bajo Cauca antioqueño (Teleantioquia, 2021).

Por esta razón, a comienzos del mes de febrero, Jerly Ferney Álvarez Ortiz se desplazó a la ciudad de Medellín para asumir sus labores desde allí (Minuto 30, 2021). No obstante, las amenazas no cesaron contra los funcionarios públicos de Tarazá. El día 15 de marzo se conoció de una nueva amenaza contra el secretario de Gobierno municipal, Deivinson Montero, a quien dieron unos días para salir del municipio (Cablenoticias, 2021).

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Ahora bien, según el monitoreo realizado por el sisdhes, los eventos en entornos urbanos están concentrados en las amenazas con 80 eventos, que representan el 77,7 % del total de amenazas y el 57,5 % del total de agresiones en entornos urbanos. En cuanto a los perfiles más agredidos en los entornos urbanos se encuentran los/as funcionarios/as públicas (20 eventos), seguido por los líderes comunitarios (16 eventos) y los representantes de víctimas (9 reportes).

Tabla n.° 3. Tipos de agresiones según entorno de ocurrencia y tipo de liderazgo (2021-I) Entorno de agresión/ Tipo de liderazgo

Tipos de agresión Homicidios

Amenazas (individuales y colectivas)

Otras agresiones

Subtotal rural

52

23

19

Líderes/esas sociales

48

20

14

Personas con visibilidad política y comunitaria

4

3

5

Subtotal urbano

22

80

25

Líderes/esas sociales

6

36

14

Personas con visibilidad política y comunitaria

16

44

11

74 homicidios

103 amenazas

44 agresiones

Total Fuente: sisdhes - codhes, 2021.

Así las cosas, los contextos urbanos monitoreados en el primer semestre del 2021 evidencian un escenario de riesgo especialmente para las personas que desempeñan ejercicios de exigencia o promoción y garantía de los derechos para líderes, lideresas y personas con visibilidad política y comunitaria. Lo anterior evidencia la persistencia de las situaciones de desprotección presentadas por diferentes organizaciones sociales, incluyendo a codhes, en el año 2019 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) (ccj, 2019).

Por otra parte, la Misión de Observación Electoral (moe) en un documento del año 2020 plantea que:

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codhes

las diferencias entre los tipos de agresiones entre los distintos liderazgos evidencian patrones distintos, pues mientras con los líderes políticos en entornos urbanos la tendencia es a disuadir y controlar su labor por medio de las amenazas, en el caso de los líderes sociales y comunales [en entornos rurales], en la medida que en escenarios de apropiación del territorio por las comunidades que allí habitan no es fácil de destruir con una amenaza, los actores que ejercen esta violencia buscan silenciar las voces como primera opción. (moe, 2020, p. 2) (cursivas fuera del texto original)

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (fip), las amenazas en los entornos urbanos suelen estar dirigidas contra liderazgos sociales relacionados con ejercicios de oposición política, quienes abanderan reivindicaciones frente al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y el control político a nivel local, ya que la movilización social es uno de los aspectos que se concentra en los entornos urbanos (fip, 2017).

En ese contexto, la fip resalta que en las capitales de departamento es donde se presentan las mayores movilizaciones sociales, siendo grupos amplios los que más se movilizan por razones amplias frente a sectores o reivindicaciones gremiales (fip, 2017). De ahí que, Ángel, Nieto y Giraldo (2020) consideren que en el ejercicio de la oposición política desde finales del año 2016 han prevalecido las prácticas “antioposición” que generan escenarios de riesgo para los liderazgos sociales.

Disputas y control territorial La presencia de grupos armados ilegales en el territorio nacional ha sido una constante desde mediados del siglo pasado, y, a pesar de los diferentes procesos de negociación política, aún hoy persiste un número significativo de grupos armados ilegales. Tanto la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (ocha, por sus siglas en inglés), como la Misión de Verificación de Naciones Unidas (unvmc), resaltan que la persistencia e incremento de los índices de violencia armada está vinculada a la disputa por controlar los territorios dejados por la extinta farc-ep (unvmc, 2021; ocha, 2021).

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codhes

En ese sentido, ocha estima que aproximadamente 4,9 millones de personas están bajo el inf lujo de algún grupo armado ilegal. Por su parte, la Misión de Verificación resalta que la violencia está concentrada en 25 municipios de los departamentos de Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca (unvmc, 2021; ocha, 2021).

Respecto a estas disputas territoriales, cabe recordar el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) sobre la presencia de grupos armados, donde se destaca 2 conjuntos de actores armados.

Por un lado, las actividades del complejo narcoparamilitar (registrando al menos 16 estructuras) y, por el otro, aquellas estructuras vinculadas a la desmovilización y desintegración de las farc-ep (entre disidencias y grupos residuales) (Indepaz, 2020).

Por su parte, Juan Carlos Garzón, de la fip, plantea que la reducción de los homicidios en los territorios fue relativamente positiva y está asociada más a las restricciones de movilidad y el control territorial de ciertos grupos armados que a las políticas de seguridad o al pie de fuerza dispuesto.

En palabras del investigador, “aun cuando la estrategia militar está focalizada en ‘objetivos de alto valor’, no se evidencia una transformación de las condiciones locales o una adecuada presencia institucional” (fip, 2021).

Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo emitió 12 alertas tempranas para el primer semestre de 2021, de las cuales 7 son estructurales y 5 de inminencia, evidenciando la grave situación de conf lictividad de ciertas regiones del país y el predominio de ciertos actores armados. En ese sentido, es importante mencionar que durante el año 2020 se emitieron 54 alertas tempranas. De estas alertas tempranas se infieren dos contextos según los datos sistematizados por el sisdhes durante el primer semestre del 2021: las amenazas están concentradas en los departamentos de la Costa Caribe (39 % de las amenazas), Magdalena (11 eventos), Sucre (11 eventos), Bolívar (8 eventos) y Cesar (5 eventos); mientras que los eventos de homicidio se concentran en los departamentos ligados al posacuerdo (51 % de los homicidios), Antioquia (13 eventos), Valle del Cauca (11 eventos), Cauca (8 eventos) y Nariño (7 eventos).

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codhes

Respecto a la Costa Caribe, es necesario tener en cuenta el informe del Centro de Pensamiento UNCaribe y la Universidad del Norte, donde se destaca el amplio control social de los grupos armados ilegales sobre las poblaciones del Norte del país. Así las cosas, la Pax Mafiosa se plantea como un escenario de no agresión entre las estructuras criminales y el “respeto” de los corredores y actividades de cada estructura (Centro de Pensamiento UNCaribe y Universidad del Norte, 2021). La siguiente gráfica evidencia la recurrencia de amenazas perpetradas en la región Costa Caribe durante el primer semestre del 2021.

60

48 35

40 20 0

17

29 12

Municipios PDET Amenazas

38 22

Municipios resto del país Homicidios

10

10

Región Costa Caribe

Otras Agresiones

Gráfica n.° 24. Tipo de agresión contra liderazgos sociales y comunitarios por distribución territorial (2021-I) Fuente: sisdhes - codhes, 2021

Según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (movice), en los territorios donde prevalece un posicionamiento y control territorial asociado a un grupo armado ilegal, los tipos de agresión están dirigidos a vulneración de la libertad, la seguridad y la integridad física.

En efecto, una situación de amenaza colectiva se presentó a finales del mes de febrero contra cinco líderes sociales del movice en la región Costa Caribe. Las intimidaciones se produjeron a través de un panf leto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (agc) en el municipio de Ovejas, Sucre. En la amenaza los declaran objetivo militar y los obligan a salir del territorio (El Tiempo, 2021a). Cabe mencionar que las personas intimidadas y amenazadas son líderes promotores de acciones para la contribución de las víctimas del conf licto armado en las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (sivjrnr), adelantando procesos de pedagogía y organización de las víctimas alrededor de la jep, la cev y la ubpd (movice, 2021).

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Una situación contraria se presenta en los departamentos donde existe una evidente confrontación entre los actores armados, tal como lo plantea la Fundación Paz y Reconciliación (pares), debido a que “el control territorial y las rentas de economías ilegales como la cadena de producción y comercialización de la cocaína, la minería criminal de gran escala, el contrabando y el tráfico e instrumentalización de migrantes de Venezuela, incrementa la acción violenta” (pares, 2020, p. 13).

En tanto avanzan las investigaciones sobre los presuntos responsables, es importante traer a colación el llamado realizado por la cidh a principios del año 2021, donde manifiesta que si bien el Estado colombiano ha realizado investigaciones sobre los autores materiales y el perfilamiento de los grupos criminales, no se conocen resultados sobre los autores intelectuales. [...] Las investigaciones realizadas desestiman las hipótesis sobre la posible relación entre el delito y la actividad como persona defensora de derechos humanos. (cidh, 2021)

De ahí que los escenarios de riesgo relacionados con las disputas territoriales y las confrontaciones entre grupos armados ilegales aumenten las vulneraciones al derecho a la vida de líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria. Dichas situaciones, exponen y desprotegen a las comunidades. Tal fue el caso del líder comunitario y concejal Fermiliano Meneses, quien el día 15 de enero de 2021 acudió a la vereda El Piche, en Argelia (Cauca) para verificar un llamado de emergencia de las comunidades por un enfrentamiento armado. Tras llegar al lugar, fue retenido presuntamente por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (eln) y trasladado al corregimiento de El Plateado, donde fue asesinado (Infobae, 2021). Según la cadena radial rcn, el cuerpo de Fermiliano solo pudo recuperarse 11 días después al homicidio, debido a fuertes enfrentamientos entre el eln y el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las farc-ep (rcn Radio, 2021).

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Las afectaciones contra las mujeres y los grupos étnicos Justamente, las agresiones ocurridas durante el primer semestre de 2021 contra mujeres y grupos étnicos (pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes o negras, específicamente) evidencian contextos reiterados de violencia, pese a que se trata de grupos de especial protección constitucional. En cuanto a la violencia contra las mujeres, es importante retomar los informes realizados por codhes, por la Comisión Colombiana de Juristas (ccj), así como por otras organizaciones que abordan las afectaciones diferenciales contra las lideresas sociales. Estos informes destacan que las mujeres, tanto lideresas como defensoras de derechos humanos en el ámbito comunitario, enfrentan desigualdades en su ejercicio político (estereotipos, estigmatización, prácticas y contextos machistas), además de ser víctimas de una violencia de género que busca “castigar, sancionar y limitar el ejercicio político de liderazgo” (codhes, 2019; ccj et. al., 2020).

Asimismo, para sisma Mujer (2019) y el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (capaz), el liderazgo ejercido por las mujeres tiene serias dificultades en contextos como la pandemia, puesto que conlleva a restricciones de la movilidad, la afectación de las actividades económicas informales y a la brecha en el acceso a espacios de virtualidad. Adicionalmente, cuando se presentan agresiones contra las lideresas y/o defensoras de derechos humanos son frecuentes las situaciones de revictimización, la falta de apoyo y la fractura de los procesos sociales y de las relaciones familiares (capaz, 2019).

Una de las lideresas víctimas durante el primer semestre del 2021 fue Celia Valderrama. Según la información de prensa, el 11 de mayo de 2021, la lideresa social recibió una llamada donde se le decía que debía ir a la cabecera municipal de Chaparral (Tolima) a recoger una encomienda que estaba esperando. La lideresa comunitaria, defensora de derechos humanos, integrante de la Asociación de Mujeres del Escobal (asmues) e impulsora de proyectos productivos en la región, se encontraba en su vivienda en la vereda El Escobal, ubicada en el mismo municipio. Nunca volvió a su casa.

Tras una noche desaparecida y un amplio esfuerzo de búsqueda por parte – 50 –

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codhes

de la comunidad, el cadáver fue hallado al día siguiente, el cual presentaba varios disparos y signos de violencia sexual (El Nuevo Día, 2021).

En cuanto a los datos sobre agresiones perpetrados contra mujeres lideresas con visibilidad política y comunitaria, el sisdhes identificó que el 21,2 % del total de las agresiones monitoreadas en el periodo están asociadas a este sexo. Es importante señalar que en el 38,4 % de los homicidios se presentó agresiones adicionales, donde se materializaron otras expresiones de violencia como atentados (13,3 %), desapariciones forzadas (6,7 %), secuestros (6,7 %), tortura (6,7 %) y violencia sexual (6,7 %).

Tabla n.° 4. Tipos de agresiones según el sexo de las víctimas (2021-I) Sexo de las víctimas

Tipo de agresión Homicidios

Amenazas (individuales y colectivas)

Otras agresiones

Total

Hombre

61

78

35

174

Mujer

13

25

9

47

Total

74

103

44

221

Fuente: sisdhes - codhes, 2021

Ahora bien, respecto a las afectaciones diferenciales contra los grupos étnicos, los diferentes informes de codhes en la última década han identificado que el conjunto de agresiones dirigidas contra los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes equivalen a un etnocidio, el cual afecta los territorios, destruye los modos de vida y quebranta las prácticas ancestrales y espirituales. A esto se suma la falta de implementación de enfoques diferenciales en los mecanismos de protección y en los procesos de investigación de las entidades del Estado, la presencia de grupos armados ilegales en las territorialidades étnicas, por razones de explotación de recursos naturales o el control de corredores estratégicos, y los marcos de discriminación estructural de carácter histórico en el país.

Como ref lejo de esta situación de desprotección y vulneración en contra de los grupos étnicos, el sisdhes identificó que al menos el 26 % del total de las agresiones ocurridas durante el primer semestre del 2021 se produjo contra liderazgos sociales asociados a alguna comunidad étnicamente diferenciada.

Asimismo, cabe resaltar que, de los 74 homicidios monitoreados, el 41 % está relacionado con este conjunto de personas.

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Tabla n.° 5. Tipos de agresiones según la pertenencia étnica de las víctimas (2021-I) Tipo de agresión Pertenencia étnica-racial

Homicidios

Amenazas (individuales y colectivas)

Otras agresiones

Total

Ninguna

46

85

31

162

Indígena

19

13

11

43

Afrodescendiente

9

5

2

16

Total

74

103

44

221

Fuente: sisdhes - codhes, 2021

La vida de Sandra Liliana Peña Chocué fue defender el territorio y la paz. Esta gobernadora indígena Nasa del resguardo La Laguna-Siberia en el municipio de Caldono, Cauca, fue asesinada el día 20 de abril de 2021, cuando se movilizaba por la vereda Porvenir junto a un guardia indígena del resguardo. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (cric), Sandra Liliana fue interceptada por personas armadas en una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte (cric, 2021).

Para la hermana de la gobernadora indígena, Olga Lucía Peña, “ella todo lo que luchaba, todo el sueño de ella era para la comunidad” (cric, 2021).

Era una autoridad propia que llevaba más de 15 años ejerciendo labores de defensa del territorio y las prácticas ancestrales. Era reconocida por ser una de las voces más persistentes en el rechazo de los cultivos de uso ilícito en la región (Revista Semana, 2021). Y aunque ya había recibido varias amenazas y no contaba con un esquema de protección, Sandra Liliana Peña Chocué nunca optó por el silencio (El Espectador, 2021a).

Desde esa perspectiva, los escenarios de riesgos y agresiones contra liderazgos comunitarios y sociales en el país develan un patrón de persecución sistemática que impide la superación de las dinámicas de conf lictividad sociopolítica y violencia armada. Esta realidad está lejos de superarse, debido al desconocimiento gubernamental del papel que desempeñan los líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos para el mejoramiento de las problemáticas sociales, la superación de las disputas territoriales, el reconocimiento de las luchas de las mujeres y grupos étnicos y la defensa del Acuerdo Final de Paz. Pese a este panorama, resulta alentadora – 52 –

Voces asediadas y resistencias intactas

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la persistencia de los procesos de defensa territorial, el relevo generacional en las organizaciones y comunidades, así como la ampliación del repertorio de luchas y propuestas desde las zonas relegadas por el Estado central.

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Voces asediadas y resistencias intactas

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Conclusiones

D

urante el 1 de enero y el 30 de junio del 2021, el sisdhes monitoreó al menos 221 agresiones contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria a nivel nacional, evidenciando la grave situación de desprotección, riesgo y vulneración que enfrentan estas personas para la defensa de los derechos humanos en el país.

Los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Cauca concentraron el mayor número de agresiones. En estos territorios se configuran escenarios de alta complejidad para las labores de liderazgo social al interior de las comunidades debido a la agudización de diversos factores asociados a la economía política del conf licto, la presencia de actores armados ilegales, las diversas expresiones de violencia a nivel local, el impacto y las afectaciones comunitarias y la emergencia de nuevas conf lictividades sociales.

En cuanto a los homicidios, el sisdhes identificó que las personas con un papel de líder o lideresa social al interior de las comunidades o los territorios siguen siendo el grupo con mayor afectación, seguido por las personas con algún tipo de visibilidad política o comunitaria. Respecto a las amenazas (individuales y colectivas), la mayoría de estas se presentó contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política o comunitaria.

Finalmente, del conjunto de otras agresiones se destacan los atentados y los secuestros como las dos modalidades más reiteradas en contra de líderes, lideresas sociales y personas con alguna visibilidad política o comunitaria.

Por otra parte, el análisis realizado por el sisdhes constató una diferenciación en el tipo de agresión según el entorno de ocurrencia.

En los entornos rurales prevalecieron los homicidios como la principal agresión, evidenciando la débil presencia de la institucionalidad civil y los obstáculos en los procesos de investigación penal y judicialización de los responsables. En los entornos urbanos prevalecieron las amenazas, tanto individuales como colectivas, lo cual ref leja la persecución sistemática en contra de la exigencia de derechos, la garantía de procesos sociales

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Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

y la promoción comunitaria desarrollada por líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria.

Asimismo, se logró identificar que cerca de la mitad de los eventos monitoreados por el sisdhes durante el periodo de análisis habría sucedido en municipios pdet (destacando las subregiones de Alto PatíaNorte del Cauca y Sierra Nevada-Perijá). En esa misma línea, uno de los principales hallazgos fue la relación entre las vulneraciones al derecho a la vida y el entorno de ocurrencia, pues la mayoría de los homicidios y amenazas (individuales o colectivas) contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria ocurrió en municipios pdet.

Este aspecto es relevante frente al compromiso estatal con la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y las diferentes acciones gubernamentales para dar respuesta a las situaciones de riesgo y desprotección. Por ende, el análisis del sisdhes identificó que la existencia de disputas territoriales y confrontaciones entre actores armados genera escenarios de riesgo contra la vida, mientras que el dominio o control territorial de un actor armado ilegal configura un escenario de desprotección asociado a la libertad, la seguridad y la integridad de líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria.

De igual manera, el sisdhes observó que las agresiones perpetradas durante el primer semestre de 2021 guardan un patrón de afectación diferencial. Por un lado, una de cada cuatro agresiones reportadas fue cometida contra personas reconocidas o autoreconocidas bajo algún tipo de pertenencia étnica racial, constituyéndose como el perfil con el mayor número de eventos de todo el conjunto de agresiones monitoreadas (homicidios, amenazas [individuales y colectivas] y otras agresiones).

Lo anterior rompió diversos procesos de reivindicación asociados a la vida, la defensa del territorio y las prácticas ancestrales de las comunidades étnicamente diferenciadas. En un sentido similar, se identificó que una de cada cinco agresiones reportadas fue perpetrada contra lideresas sociales o mujeres con visibilidad política y comunitaria, generando una revictimización al conf luir múltiples formas y manifestaciones de la violencia sobre sus cuerpos, sus actividades de liderazgo y sus familias.

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Voces asediadas y resistencias intactas

codhes

Finalmente, el monitoreo realizado por el sisdhes evidencia la limitación estructural para identificar a los responsables materiales y los autores intelectuales en la mayoría de los eventos de agresión contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria durante el primer semestre del año 2021. Esto se debe a la falta de una implementación integral de las disposiciones del Acuerdo Final de Paz que establecen derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política, además de las acciones de seguridad enfocadas al desmantelamiento de organizaciones sucesoras del paramilitarismo, la protección institucional y el esclarecimiento de los hechos. Se advierte, además, la desatención significativa de los enfoques diferenciales y territoriales para la protección individual o colectiva, lo cual ha generado contextos de mayor vulnerabilidad para los procesos de liderazgo social y comunitario.

– 56 –

Voces asediadas y resistencias intactas

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Recomendaciones

E

n el marco de este informe, el sisdhes realiza las siguientes recomendaciones dirigidas al Estado colombiano, al Gobierno nacional y a las instituciones públicas encargadas de respetar, proteger y garantizar la implementación de mecanismos y acciones dirigidas a la prevención y protección de líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política o comunitaria, específicamente a la Agencia de Renovación del Territorio (art), la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, la Unidad Nacional de Protección (unp), la Procuraduría General de la Nación (pgn), la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación (fgn):

▶ Urge cumplir e implementar inmediatamente los puntos relacionados

con la Participación Política y el Fin del Conf licto pactados en el Acuerdo Final para la Terminación del Conf licto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. El Gobierno nacional debe garantizar la puesta en marcha de los mecanismos acordados para la protección integral de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos. ▶ Es necesario crear estrategias locales y territoriales para el respeto

del derecho a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal y colectiva. Por lo tanto, es indispensable avanzar en los diferentes diálogos con líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria para articular los procesos colectivos de autoprotección y los mecanismos institucionales de protección, a través de los Planes de Acción para la Transformación Regional (patr) y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (pdet). ▶ Las instancias e instituciones públicas, específicamente la Fiscalía General

de la Nación y las jurisdicciones de justicia a nivel municipal, departamental y regional deben fortalecer sus aparatos de investigación judicial, esclarecimiento de la verdad y medidas de reparación para garantizar

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el acceso a la justicia en los casos de denuncia de agresiones contra líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. ▶ Se requiere una mayor celeridad por parte de la Unidad Especial

de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, adscrita a la Fiscalía General de la Nación, para mostrar resultados eficientes acerca de las investigaciones, judicializaciones y sentencias frente a las agresiones contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria perpetuados en el primer semestre del año 2021. ▶ Es necesario atender de manera oportuna las respuestas de la Comisión

Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (ciprat), ante las alertas emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas (sat) de la Defensoría del Pueblo en el marco de las advertencias de desprotección y de escenarios de riesgo a nivel territorial que enfrentan líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política o comunitaria. ▶ Urge priorizar la Directiva 002 de 2017, emitida por la Procuraduría

General de la Nación (pgn), sobre los Lineamientos para la protección efectiva de los derechos de los defensores y las defensoras de derechos humanos con el objetivo de medir y evaluar el cumplimiento de las garantías institucionales para el ejercicio del liderazgo social en el país. ▶ Es importante que la Unidad Nacional de Protección (unp) y el Comité

de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (cerrem) avancen en la integración de los enfoques diferenciales territorial, étnico-racial y de género en la valoración de los casos y solicitudes para otorgar algún tipo de protección institucional de carácter individual o colectivo. ▶ Se requiere abordar los impactos diferenciales de las agresiones contra

líderes étnicos y las lideresas, en virtud de las competencias asignadas a la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (Decreto 1396 de 1996) y la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos (Decreto 1314 de 2016). ▶ Avanzar en la implementación eficaz de la “Política pública de prevención

de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad – 58 –

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de personas, grupos y comunidades”, reglamentada por el Decreto 1581 de 2017, especialmente en lo relativo al deber de prevención que tiene el Estado y sus diferentes entidades bajo los principios de complementariedad o subsidiaridad; y en la divulgación de la oferta institucional para proteger y promover dichos derechos. ▶ El diseño, planeación e implementación de los mecanismos de política

pública asociados a los Planes de Desarrollo Municipal (pdm) y los Planes de Desarrollo Departamental (pdd) —que en la actualidad se encuentran en ejecución (periodo 2020-2023)— deben contener las disposiciones, las partidas presupuestarias y los recursos necesarios ref lejados y materializados en el Plan Operativo Anual 2022 para la implementación de los Decretos 2252 de 2017 y 660 de 2018 de la Presidencia de la República acerca de la prevención y protección de defensores de derechos humanos por parte de gobernadores y alcaldes y la puesta en marcha del programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios. ▶ Implementar el Programa Integral de Seguridad y Protección para

Comunidades y Organizaciones en los Territorios creado y reglamentado en virtud del Decreto 660 de 2018, haciendo énfasis en lo relativo al deber de prevención con las medidas integrales de prevención, seguridad y protección de los y las promotores comunitarios de paz y convivencia, así como el Protocolo de protección para territorios rurales y el apoyo a la denuncia. ▶ Desde codhes se exhorta a la creación de una política nacional enfocada

a la prevención y protección de líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria. En ese sentido, se rechazan todas las afirmaciones encaminadas a la estigmatización, persecución y criminalización de la defensa de los derechos humanos en el país. ▶ Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional para

continuar acompañando, visibilizando, denunciando e instando a todos los organismos del sistema internacional de derechos humanos para atender la grave situación que afrontan los líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria en el país.

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E

ste informe ofrece un análisis de las agresiones contra los liderazgos sociales en Colombia durante el primer semestre del 2021, teniendo en cuenta la reconfiguración del conf licto y los actores armados en el último año; los patrones de agudización de la violencia en diferentes regiones del país; el desarrollo de múltiples movilizaciones ciudadanas durante el periodo; así como el déficit en las acciones gubernamentales para construir una paz estable y duradera, y brindar medidas de protección a los liderazgos territoriales.

En ese escenario, el SISDHES documentó 221 agresiones contra líderes, lideresas y personas con visibilidad política y comunitaria, de los cuales 74 eventos corresponden a homicidios, 103 eventos corresponden a amenazas y al menos 44 eventos están asociados a otras agresiones. Estos eventos se analizaron a la luz de cinco hipótesis, relacionadas con 1) la deficiente implementación del Acuerdo Final de Paz como factor de persistencia de las agresiones (especialmente en los municipios PDET); 2) la débil presencia de la institucionalidad civil en los entornos rurales; 3) la ausencia de resultados en los procesos de investigación penal de los hechos victimizantes; 4) la precaria implementación de los enfoques diferenciales en la protección de liderazgos (étnico, de género y territorial); y 5) la correlación entre el dominio territorial y los repertorios de violencia que ejercen los actores armados.

Este documento está integrado por cinco partes. La primera describe las tipologías de agresión, desagregando los datos de acuerdo con los territorios de ocurrencia, las afectaciones diferenciales y los perfiles agredidos. La segunda ahonda en los presuntos responsables y sus dinámicas de agresión durante los primeros seis meses del año 2021. La tercera aborda un análisis situacional de las agresiones, con base en las hipótesis planteadas previamente y la respuesta institucional. En la cuarta, se establecen algunas conclusiones sobre los datos y el análisis expuesto en el documento.

Por último, se presentan algunas recomendaciones de política pública encaminadas a la prevención y protección de líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política y comunitaria.