BOLETÍN CODHES INFORMA #44: Destierro y Repoblamiento. 2003 by CODHES

Codhes Informa Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Número 44, Bogotá, Colombia, 28 de abril de 2003 www.codhes.org.co

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La otra guerra:

Destierro y repoblamiento1 Informe sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos en el 2002

Pueblos fantasmas habitan la geografía de la violencia. Entre el destierro obligado y el repoblamiento forzado se asoman formas de retorno como política oficial sin garantías ni sostenibilidad por la realidad de la guerra. Hoy el desplazamiento ya no es sólo un efecto colateral del conflicto armado: es una de las estrategias centrales de las partes enfrentadas, y de quienes auspician y se lucran con la confrontación. El año 2002 fue el de mayor desplazamiento forzado en Colombia desde 1985. Pero también registró un crecimiento importante de las zonas de expulsión, cambios severos en la configuración social y demográfica de la cuarta parte de los municipios del país, una alarmante desintegración de grupos étnicos, y la intensificación de formas de presión y control de los actores del conflicto armado sobre la población civil. Esta es la otra guerra detrás de la guerra. El país sigue huyendo y cada año que pasa sin resolver el conflicto armado representa un incremento del desplazamiento forzado con relación al anterior. Esta diáspora permanente afectó en el 2002 a una población estimada en 412.553 personas, es decir, un promedio de 1.144 por día, 20% más que el año inmediatamente anterior.

Este boletín contiene un resumen del informe de monitoreo del Observatorio de CODHES sobre conflicto armado, desplazamiento y derechos humanos correspondiente al año 2002 que incluye, además: Datos estimados sobre población desplazada por municipio, departamento y regiones; estimaciones sobre población desplazada y su relación con el total de habitantes en las zonas de expulsión y de llegada; cifras sobre refugio y desplazamiento en zonas de frontera; datos aproximados sobre desplazamiento y fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito; elementos que configuran una crisis humanitaria en Colombia; análisis del conflicto en las nuevas circunstancias de guerra declarada; impacto del desplazamiento forzado en grupos étnicos (pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas); una lectura inicial de la política del nuevo gobierno para enfrentar la crisis humanitaria del desplazamiento; y propuestas desde la sociedad y de la comunidad internacional para enfrentar la crisis. Este informe se realizó con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, Lutheran World Relief, Secours Catholique Consejería en Proyectos y Servicios, y Oxfam GB. La responsabilidad por el contenido de este informe es de CODHES y, por consiguiente, no involucra a las agencias donantes.

Son alrededor de 82.511 hogares que se vieron obligados a abandonar territorios y espacios socioculturales, porque sus derechos fundamentales no fueron respetados ni protegidos. Así, año tras año, el país ha contemplado desde 1985 el éxodo de 2 millones 900 mil colombianos y colombianas dentro de su propio territorio, sin que el Estado haya evitado su destierro, ni aclarado la verdad de los hechos, impartido justicia a los responsables y, menos aún, reparado a las víctimas. Pero el desplazamiento no responde sólo a lógicas de guerra, también esta asociado a intereses económicos que son menos visibles a medida que se intensifica el conflicto armado. Hay conexiones entre el desplazamiento y desarrollo de mega proyectos casi siempre relacionados con el uso intensivo de recursos naturales. En efecto, la mayor parte de las personas son desplazadas de regiones en las que hay iniciativas agro industriales, macroproyectos, obras de infraestructura, riquezas naturales y no propiamente de las zonas más deprimidas desde el punto de vista económico. De tal manera, que no sólo hay desplazamiento porque hay guerra, sino que hay más guerra para desplazar más gente, porque los intereses económicos, que van más allá de la simple tenencia de la tierra, así lo determinan y porque el conflicto armado es un escenario favorable para afirmar este tipo de relaciones de poder. En 2002, el 90% del total de los municipios, es decir 923, expulsó población, lo que constituye una ampliación de los lugares en los cuales ya es evidente la guerra y su degradación. De estos municipios expulsores, al menos 152 registraron una significativa disminución de población, mientras que 124 fueron sometidos a un crecimiento atípico como consecuencia de la llegada intempestiva de nuevos habitantes. En suma, 276 municipios, que constituyen el 25% del total del país, están inmersos en un proceso de reordenamiento social y demográfico forzado por las circunstancias de la guerra. En el caso de los municipios expulsores, se presentaron situaciones dramáticas como en Bojayá, (departamento del Chocó), que vio salir en un sólo evento de desplazamiento el 68% del total de su población. En el caso de los municipios de llegada, Convención (departamento de Norte de Santander) recibió en un corto período, el equivalente al 48.5% de la totalidad de su población. ¿Libertad para huir o miedo a quedarse? Hoy ya no es sólo el desplazamiento forzado. Miles de habitantes están confinados, sin garantías para movilizarse en sus regiones, porque quedaron atrapados en medio de las estrategias militares que buscan controlar territorios y someter por la fuerza a la gente. En estas circunstancias, salir o permanecer se convirtió en una elección dramática entre la libertad para huir y el miedo a quedarse. Huyen quienes pueden salir en busca de refugio porque su territorio, o bien es objetivo de un actor armado, o es todavía escenario de disputa. En cambio, cuando una de las partes asume el control y ejerce modelos de sometimiento similares al de una fuerza de ocupación, se impide la libre movilidad de sus habitantes y se limita la acción humanitaria.

Quienes lograron huir de las zonas de conflicto en el 2002, enfrentan ahora el drama de la exclusión, la estigmatización y el desarraigo. Se acomodan en espacios cada vez más reducidos dentro de la geografía del éxodo, porque son menos los lugares dentro del territorio nacional que ofrecen reales condiciones de seguridad y protección. En cambio, quienes se quedaron o fueron obligados a permanecer, viven hoy el drama del sometimiento, del emplazamiento, del sitio en su territorio y el control a la población por parte del actor armado dominante, que usa esta estrategia para evitar la “infiltración del enemigo”, y posicionarse en la zona sin importarle la suerte de una población civil atrapada y sin salida. Así ocurre en sectores y comunidades de Norte de Santander (en especial Alto Bobalí), en la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de Perijá, Chocó (en los ríos Jiguamiandó y las comunidades de paz de Cacarica), y Cauca (región del alto Naya), entre otros. Esta situación, sostenida en algunos casos durante meses, incrementa las condiciones de crisis humanitaria a las que son sometidas personas, familias y comunidades, quienes deben enfrentar la adversidad del confinamiento, sin posibilidad de apoyos externos o una respuesta estatal pronta y efectiva. Las lógicas de dicho confinamiento pasan por el bloqueo que realizan los actores armados a la circulación de personas, mensajes, alimentos, medicinas e insumos; es decir, por el confinamiento territorial. En el caso de los pueblos indígenas, sus organizaciones estiman que en 2002 fueron sometidas a este tipo de confinamiento forzado más de 21.720 personas: 5500 Kankuamos en la Sierra Nevada de Santa Marta (25%); 4300 Nasas (Paeces) de la Cuenca Alta del río Naya (20%); 4000 Barís de la Serranía de los Motilones, en la Cuenca del Catatumbo (18%); 2760 Emberas del medio Atrato, en el departamento del Chocó (13%); 2500 Yukpas de la Serranía del Perijá (12%); 1.850 Emberas en Dabeiba, Antioquia (9%); y 800 Emberas de Carmen de Atrato, en la Subregión andina del Chocó (4%). 2002: Año trágico para los grupos étnicos El 2002 representó para la población afrocolombiana el año más trágico en cuanto a desplazamiento, violencia, desintegración de comunidades, y pérdida de territorio y cultura. Al menos el 33% del total de la población expulsada en Colombia, es decir, 83.650 personas, corresponden a este grupo étnico, sobre el cual se han ensañado los actores armados. La tasa de expulsión de las comunidades afrodescendientes es un 20% mayor que la del resto del país: mientras el nivel nacional registra 586 personas expulsadas por cada cien mil habitantes, la de comunidades afrocolombianas alcanza 736 por cada cien mil. En este orden de ideas, en 2002 el Chocó —con el 73.4% de su población compuesta por comunidades afrocolombianas—, es el primer departamento expulsor (4.498/100.000 habitantes) y receptor de población (3.678/100.000 habitantes). El Atrato, con una tasa de expulsión superior a la departamental (6.648/ 100.000 habitantes), es la segunda región del país con mayor tasa de expulsión, luego del Catatumbo (14.007/100.000 habitantes).

Los pueblos indígenas son otro de los sectores significativamente afectados por el desplazamiento forzado en el país. Los intereses de los actores armados y de otros sectores violentos apuntan a invadir y despojarlos de sus territorios, desestructurar sus comunidades y organizaciones, imponer lógicas de confrontación distintas a su cultura, y trasformar su relación con la tierra y la naturaleza. Durante el 2002 aproximadamente 12.649 indígenas tuvieron que abandonar sus territorios ancestrales por presión de los grupos armados. Esta cifra representa el 1.75% del total de la población indígena del país, y corresponde al 5% del total de desplazados en Colombia. La situación más crítica la vivieron los pueblos Embera, en los departamentos del Chocó y Córdoba; los pueblos Kamtzá, Huitoto, Siona, Inga, Embera, Awá y Pasto, en los departamentos de Caquetá y Putumayo; y los pueblos Kankuamos, Wiwa, Kogui, Arhuacos y Yukpas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de Perijá. La situación de las comunidades afrocolombianas e indígenas en las zonas de llegada es especialmente difícil en razón a los profundos procesos de transformación del entorno geográfico, social y cultural, y del acceso a los ecosistemas tradicionales de subsistencia. Así mismo, las posibilidades de retorno a los lugares de origen de los grupos étnicos desplazados, están atravesadas por serios inconvenientes relacionados con la expansión y profundización del conflicto armado. ¿Regionalización transfronteriza del conflicto? La sensibilidad internacional del conflicto se expresa en las fronteras. Epicentros de intereses geoestratégicos en el campo militar y escenarios de economías ilegales que alimentan la confrontación, hoy las fronteras están en el centro del debate público en la región. Los territorios fronterizos que Colombia comparte con Venezuela, Ecuador y Panamá han visto incrementar la guerra y con ésta, la crisis humanitaria a la que contribuye el desplazamiento y la búsqueda de refugio. Durante el 2002, alrededor de 21.800 colombianos cruzaron estas fronteras para resguardarse de ataques, amenazas o acciones armadas dirigidas contra la población civil: al menos 12.000 en Ecuador, 9.500 en Venezuela y 300 en Panamá. Desde el año 2000, la cifra acumulada de colombianos que cruzaron estas fronteras asciende a 49.545, y se mantiene una tendencia creciente, especialmente en Ecuador y Venezuela. En los últimos tres años alrededor de 1.200 colombianos recibieron el status de refugiados en Ecuador, en tanto que en Panamá 859 compatriotas recibieron el reconocimiento de “protección humanitaria temporal” (49 de ellos durante el año 2002), en razón de una norma extraña a la Convención y al Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas. Los solicitantes de refugio que esperan de los gobiernos vecinos una respuesta a su petición se estiman en 7.444 (6.244 en Ecuador y 1.200 en Venezuela). Venezuela recién anunció su decisión de crear una Comisión Legal que estudie las solicitudes de refugio. Ecuador, en cambio, ha sido más claro en su acatamiento a las normas del derecho internacional de los refugiados, aun cuando hay muchas limitaciones, prevenciones y dificultades para fortalecer una política en esta dirección.

A los flujos de solicitantes de refugio se suman los desplazados que no cruzan las fronteras y se asientan en los municipios limítrofes, y que en 2002 ascendieron a 47.375 personas. De otra parte, el gobierno colombiano puso en marcha la Sexta División del Ejército en Leticia (Amazonas) para enfrentar el desafío de la insurgencia en la frontera con Brasil y Perú, en lo que podría representar una expansión del conflicto que afectaría a la población civil, con las consiguientes situaciones de desplazamiento y refugio. Campos minados: otra razón para huir de la guerra2 La instalación de minas antipersonales como artefactos de guerra de uso y efectos indiscriminados se convirtió en otro factor que intensifica la dinámica del desplazamiento forzado en Colombia. Al menos 57.898 personas salieron forzadamente en 2002 de regiones en las que, además de las formas tradicionales de degradación de la guerra, fueron denunciadas la existencia de campos minados. Se calcula que 28 de los 31 departamentos están afectados por el uso de estas minas reportadas en por lo menos 256 de los 1.115 municipios del país. Antioquia, Bolívar, Santander, Arauca, Cesar, Putumayo, Norte de Santander y Cundinamarca, están señalados como los ocho departamentos que tienen mayor presencia de minas antipersonales3. Municipios como Convención, Teorema, Tibú y San Calixto (Norte de Santander), así como San Carlos y San Luis (Antioquia) presentan la doble condición de ser zonas minadas y tener una de las más altas tasas de desplazamiento en el 2002. El uso de estas minas o el rumor de su existencia convierten las regiones en teatros de guerra y constituyen actos de intimidación y riesgo real a los pobladores. Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos hacen referencia a la protección especial de ataque u otros actos de violencia, en particular, ataques directos e indiscriminados, la privación de alimentos como medio de combate, su utilización como escudos de ataques contra objetivos militares o ser víctimas de las minas antipersonal (Principio 10.2.e.) El principio 28 es claro en señalar las responsabilidades del Estado de establecer, coordinar y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otro lugar del país. Por lo anterior, se debe acelerar el proceso de desminado humanitario certificado, para que las comunidades que han sido 2

El análisis de CODHES presentado en esta, retoma Información y textos base suministrados por CORPOJURÍDICA, en el marco del convenio interinstitucional de investigación, monitoreo, seguimiento y formulación de propuestas de prevención y acompañamiento de comunidades en riesgo o en situación de desplazamiento por la Acción de Minas Antipersonales y objetos explosivos abandonados (MAP/UXO). 3 CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS. Reporte Monitor Minas Terrestres. Medellín, 2002. P. 55.

objeto de desplazamiento forzado a causa de la presencia o sospecha de campos minados, puedan retornar en condiciones de seguridad, protección, la posibilidad cierta de permanencia y de no repetición de los eventos desencadenantes del desplazamiento. Guerra y fumigaciones: Desplazados sin status Las fumigaciones mediante aspersión aérea de cultivos de uso ilícito en zonas de conflicto armado, desplazaron alrededor de 39.397 personas durante el año 2002, que representan el 15% del total de la población expulsada en el país. Los departamentos más afectados por expulsión en zonas de cultivo de coca y/o amapola fueron Norte de Santander (13.571 personas), Caquetá (10.956), Putumayo (10.813), Guaviare (1.528) Nariño (1.476) y Meta (1.053). Según fuentes de la Policía Nacional, en 2002 fueron fumigadas 129.125 hectáreas con cultivos de coca y 3.342 hectáreas con cultivos de amapola en estos departamentos. En 2000, cuando se inicio el Plan Colombia, el Departamento de Estado afirmó que alrededor de 150 mil personas estaban vinculadas a los cultivos de uso ilícito, pero que las fumigaciones podían desplazar a 15 mil personas. Sin embargo, si sumamos los desplazados en zonas de fumigación de 2001 y 2002, alrededor de 75.597 han sido afectados por esta política. El agravante es que estas personas no son consideradas desplazadas por el gobierno colombiano, que las califica como “migrantes voluntarios”, desconociendo el contexto de guerra en el que se producen estas fumigaciones. Guerras locales y regionales Con el propósito de lograr una mayor comprensión de las dinámicas del conflicto armado interno y del desplazamiento forzado, CODHES propone en este boletín un ejercicio de regionalización de los municipios expulsores y receptores en 2002. La agrupación en regiones intenta caracterizar las diversas configuraciones que adopta el conflicto armado interno y otras formas de violencia, respecto de la situación de desplazamiento forzado. Debido a la complejidad de la guerra en Colombia y a la magnitud de sus consecuencias, es preciso revisar las “presentaciones locales” y regionales de la confrontación armada. A la tradicional lectura del ámbito municipal resulta indispensable afianzar una mirada que de cuenta de las dinámicas regionales. Es por esta razón que recurrimos a una aproximación basada en el impacto diferencial comparado del desplazamiento, por medio de la construcción de tasas tanto de expulsión y recepción municipal y regional. Las tasas antes mencionadas relacionan el número de personas expulsadas o que llegaron a un municipio ó región respecto del total estimado por el Departamento Nacional de Estadística (DANE). De esta forma, es posible comprender el impacto del desplazamiento en un municipio o una región, en función de su población estimada, y no en cifras absolutas que dejan de

lado los contextos y dimensiones poblacionales en los cuales ocurren los eventos de migración forzada. En el caso colombiano, el conflicto armado y en general los conflictos políticos, sociales y culturales, tienen una dimensión regional cuyas condiciones históricas configuran especificidades de la guerra y de la crisis humanitaria por la que atraviesa el país. A estas tendencias de tipo estructural se superponen los dispositivos espaciales de la nueva política de seguridad del Estado y del accionar de los grupos armados irregulares, además de las disputas asociadas a intereses económicos legales e ilegales. La delimitación de regiones para la paz como las zonas de distensión; la creación de las Zonas de Rehabilitación, de nuevas unidades militares o la focalización de las acciones de fumigación; las estrategias de los actores insurgentes, de la contrainsurgencia ilegal, las acciones de grupos de delincuencia organizada, y las respuestas de las organizaciones y comunidades, redefinen las características del conflicto y generan nuevas formas de movilidad humana dentro y fuera del país. Así mismo, estos cambios en las dinámicas del conflicto producen impactos diferenciados de acuerdo con las características geográficas, sociales, culturales y políticas de las distintas regiones. Las regiones del país que más recibieron el impacto de la guerra, a través de la expulsión y/o la llegada de población, evidencian la confluencia de factores, causas e intereses en disputa, concentrados en áreas y poblaciones específicas. A su vez, sus pobladores son las principales víctimas del desplazamiento forzado, donde convergen sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos y graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario. Si bien es cierto, que la catástrofe humanitaria más visible en 2002 aconteció en el municipio de Bojayá (Chocó) –región del Atrato- con un saldo de 119 víctimas y la expulsión del 67% de su población, la crisis humanitaria de la región del Catatumbo (Norte de Santander) reporta indicadores no menos preocupantes. La tasa de expulsión de la región del Catatumbo (14.007 personas por cada 100.000 habitantes) es, con creces, la más alta del país. Cinco de sus municipios presentan las tasas de expulsión más altas del país: El Tarra (25.953), Convención (25.542), Teorama (24.603), San Calixto (10.639) y Tibú (9.080) sobrepasan la tasa nacional de expulsión hasta en seis veces la tasa nacional de desplazamiento (586 personas). Otras de las regiones intensamente afectadas hacen parte de las zonas de mayor disputa entre los actores armados o de los procesos de reacomodamiento hegemónico de los actores de la guerra. En el año 2000, el mapa de afectación regional señala al menos tres corredores de intensa confrontación: Un eje, con dirección Norte-Sur con puntos especialmente críticos en la disputa por el pacífico y el Sur del País; otro, con dirección Oriente-Occidente que va desde Urabá hasta el Catatumbo (Norte de Santander), ambas zonas de frontera; y un tercer eje de desplazamiento que va desde la antigua zona de distensión hacia el centro del país. Una segunda presentación del conflicto supone nuevos procesos de espacialización que obedece a lógicas de afianzamiento de propuestas estratégicas como las zonas de rehabilitación o en su momento, la recuperación de la antigua zona de distensión.

Rupturas y cambios El fracaso de los procesos de paz y la elección de un gobierno de mano dura constituyeron cambios significativos en el panorama nacional, cuyas consecuencias plantean una reestructuración de la guerra interna, la modificación del régimen político y la profundización de la crisis humanitaria. Como si volviera sobre sus propios pasos, Colombia insiste otra vez en la vía militar para resolver un conflicto armado que se prolonga por casi cuarenta años y que no se ha resuelto en el terreno militar pero tampoco se ha superado en el campo de la política. Esta decisión de insistir, de manera casi que exclusiva, en la fuerza y en las armas, hace parte del ascenso al poder de un proyecto político que gira alrededor de la militarización de la sociedad como base para la autoridad y el orden. Una elección presidencial signada por el fracaso del proceso de paz que, sin resultados, adelantó el anterior gobierno, toda vez que el electorado respaldó un experimento basado en el escepticismo crítico frente a estos infructuosos esfuerzos, antes que intentar otros caminos para resolver la crisis colombiana. Es un lugar común afirmar que los procesos de paz perdieron la confianza de la sociedad porque, independientemente de las razones, no ofrecieron resultados frente a la profunda crisis social y económica, no lograron reducir la intensidad del conflicto, ni permitieron la participación democrática del país en su diseño, seguimiento y evaluación. Pero muchos sacaron la conclusión equivocada y, en lugar de plantearse el problema de repensar los procesos de paz, optaron por la confianza en las armas que hoy invade importantes sectores de la ciudadanía, sin que se alcancen a avizorar sus consecuencias y, menos aun, sin que se asuman las responsabilidades que de allí se desprenden. Desde la perspectiva de la crisis humanitaria, se configura cada vez más el peor de los horizontes: el de la ausencia de escenarios de reconciliación con incremento de las dinámicas de confrontación. El mayor poder de fuego del Estado tiene capacidad para obligar cambios en los planes estratégicos de las guerrillas y bloquear sus pretensiones de guerra convencional y de posiciones en las regiones donde tienen mayor influencia. Pero tiene muy pocas posibilidades para enfrentar el poder desestabilizador de una guerra de guerrillas repotenciada. Es evidente que en este contexto, se avecina una crisis humanitaria aun más profunda y que la vigencia plena del Estado Social de Derecho, el DIH y las libertades ciudadanas están seriamente comprometidos y con ello, los principales objetivos formalmente expresados en la política de “seguridad democrática y Estado comunitario”. Por eso es necesario proponer otros caminos. La sociedad colombiana no puede estar condenada a renunciar a la solución política de sus conflictos de manera indefinida hasta que se resuelva este pulso militar en favor de alguno de los contendientes. Tampoco puede aceptar que sea el deterioro de los indicadores de la tragedia humanitaria el camino para cambiar el estado de la opinión pública y las fuerzas políticas. La paz es un

problema nacional y su suerte no puede ser hipotecada al juego indefinido de acciones y reacciones entre los actores armados. La sociedad colombiana tiene el compromiso ético de la solidaridad con los miles de colombianos(as) afectados(as) por la guerra. Es necesario insistir en la realización de acuerdos humanitarios con el potencial suficiente para proteger la población civil y reconstruir las confianzas en los caminos de la paz. Una sociedad dispuesta a reclamar del gobierno y la insurgencia una actitud de mayor confianza en el diálogo, y a desarrollar múltiples formas de movilización por la paz, los derechos humanos y la transformación democrática del país. ¿Hay política para desplazados? La política pública del Estado colombiano sobre desplazamiento forzado en el año 2002 está marcada por la transición de gobierno y por ello es necesario examinar tanto el balance de la administración Pastrana como las directrices del gobierno Uribe. El balance general realizado por ACNUR, para el período 1999-2002, establece una serie de conclusiones que muestran la continuidad de los problemas estructurales de la política, pese a los avances en materia institucional y de inversión, especialmente asociados al incremento de la cooperación internacional. En efecto, dicho informe reconoce que en esta materia el Estado ha avanzado en la formulación de una política pública más integral, en el desarrollo de normas y jurisprudencia, la coordinación interinstitucional, la asignación y la puesta en marcha de sistemas de información mejor diseñados, más no en la ejecución de recursos y en la cobertura de los programas4. Precisamente una de las principales conclusiones en materia de resultados, señala que en lo fundamental la política del gobierno se mantuvo concentrada en la atención humanitaria de emergencia aunque en este componente la cobertura sigue siendo muy baja, pues sólo llega al 33.18%. En los demás componentes la situación es más grave en un contexto en que la brecha entre la oferta y la demanda tiende a crecer aceleradamente. Se trata entonces de una política pública que prácticamente no otorga prioridad a la prevención y que no tiene la capacidad o la voluntad de resolver los problemas de retorno, ni la estabilización económica y social. Por ello, no ha logrado que estas poblaciones salgan del estado de vulnerabilidad y exclusión social en el que se encuentran. En materia de retornos, por ejemplo, el país pasó de un índice del 37% en el año 2000, a sólo 2% en el primer semestre del 2002, en una tendencia que corre paralela con la ruptura de los procesos de diálogo y la entrada a una nueva etapa de confrontación bélica. Por su parte, el gobierno del presidente Uribe ha planteado una política en materia de derechos humanos y desplazamiento forzado, subordinada al enfoque de seguridad. De allí la formulación en el sentido de que “una solución de fondo al desplazamiento forzado 4

Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados- Oficina para Colombia –ACNUR-. “Balance de la Política de Atención al desplazamiento Forzado en Colombia 1999-2002. Pagina 158

requiere de la obtención de condiciones de convivencia pacífica mediante el ejercicio legítimo de la autoridad, el cumplimiento de las funciones estatales de seguridad, defensa y justicia, que implican una solución definitiva al conflicto armado interno” (Plan de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario). En el marco de este criterio, el gobierno mantiene los ejes básicos de la política construida en el período anterior; es decir: Se mantiene la Red de Solidaridad Social como eje de la acción institucional y prevalecen en el discurso los conceptos de prevención, atención humanitaria de emergencia y restablecimiento. En este último campo el programa bandera es el retorno de 30 mil familias campesinas que se hayan visto obligadas a abandonar sus tierras. En este contexto es probable que se mantenga el patrón de desarrollo institucional, pero existen fuertes restricciones que van a impedir avances significativos frente a los problemas estructurales ya señalados. El primero de ellos es la propia política del gobierno, mucho más modesta en sus alcances y cada vez más dependiente de la cooperación internacional, dado que sus prioridades son el ajuste fiscal pactado con el FMI y la financiación de la guerra. El segundo es el propio despliegue de las nuevas políticas de seguridad, las cuales en ausencia de procesos de diálogo y negociación, contribuyen inexorablemente al escalamiento de la guerra. Esta intensificación amplía el radio de acción de la guerra sobre el territorio y sobre la población civil, toda vez que la restricción de garantías, así como las redes de informantes, los soldados rurales y el pago de recompensas, tienden a deteriorar las condiciones de confianza en la propia sociedad y a propiciar nuevos factores de desplazamiento y violación de derechos humanos. ¿Es posible en este nuevo escenario garantizar las condiciones sociales, económicas y de seguridad necesarias para realizar efectivamente procesos de prevención, asistencia humanitaria, retorno y consolidación? ¿Cómo enfrentar la creciente brecha entre demanda de garantías y derechos, y la precariedad del Estado para resolver estos problemas? Hasta el momento son preguntas sin respuestas. No hay una política de concertación entre el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional, y se mantiene la intencionalidad oficial de limitar todas sus acciones en el campo del desplazamiento a la seguridad democrática. Recomendaciones Garantías Demandar del gobierno nacional plenas garantías para el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, agentes humanitarios y, en general, de las organizaciones sociales en Colombia, cada vez más afectadas por los allanamientos, la censura de prensa etc.

Las nuevas condiciones están cerrando los espacios y las garantías para el desarrollo de los movimientos democráticos, y los procesos sociales de construcción de la paz y la lucha por los derechos humanos. A las restricciones propias de la guerra se suma la estigmatización y el hostigamiento tanto por actores armados irregulares como por las propias autoridades del gobierno y del Estado que, de una parte promulgan el concepto de la seguridad democrática y por otro señalan a quienes ejercen sus derechos como potenciales enemigos del Estado. Este panorama aconseja el acompañamiento internacional de estos movimientos y organizaciones sociales, la exigencia de garantías al Estado colombiano y la exigencia de respeto al derecho internacional humanitario a todos los actores armados. En este sentido las propuestas gubernamentales de eliminar la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales van en contravía de la necesidad de construir una presencia del Estado para garantizar los derechos y no solamente para hacer la guerra. Fronteras Convocar una Conferencia Andina sobre la crisis humanitaria como mecanismo que permita construir un enfoque y una estrategia para garantizar los derechos de desplazados y refugiados protegidos por las legislaciones nacionales y las convenciones internacionales. Este mecanismo debe integrar gobiernos, sociedades locales y comunidad internacional. El impacto transfronterizo de los conflictos internos se proyecta en función de la expansión territorial interna del conflicto y en cierto modo se torna inevitable en la agenda de los países vecinos por lo cual es preciso adoptar una estrategia común de respuesta a sus consecuencias. Regiones Promover nuevas formas de acción humanitaria desde las regiones a partir de acompañamiento nacional e internacional y propuestas de acuerdos regionales que contribuyan a disminuir la intensidad del conflicto. La reorganización del conflicto tiene nuevos impactos territoriales a partir del año 2002 por ser este un año de transición. Se trata de nuevas configuraciones que responden a la especificidad de cada región y que demandan nuevas formas de acción en las regiones frente a la crisis humanitaria que revelan diferentes informes de derechos humanos. Uno de los casos mas dramáticos lo viven los habitantes de la antigua Zona de Distensión en el sur del país, pues allí el desplazamiento esta precedido de enfrentamientos recurrentes, estigmatización de la población, el asesinato de muchos de los miembros de la guardia cívica creada para mantener la convivencia en a Zona en tiempos del proceso de paz y la creciente presencia de fuerzas paramilitares. Lo lamentable es que esta zona ya no reviste el mismo interés para los medios masivos de comunicación y para las instituciones encargadas de velar por los derechos ciudadanos. Algo similar empieza a ocurrir tras el anuncio de las zonas de rehabilitación pues al convertirse en el paradigma de a política de seguridad del gobierno, se convierten en un laboratorio de guerra para todos los bandos en conflicto, con el telón de fondo de la crisis social la tradicional precariedad de la presencia estatal y la denuncia de la población en el sentido de que protegen as los intereses petroleros que as libertades ciudadanas.

Conflicto Armado y expansión de la crisis humanitaria Respaldar todos los esfuerzos que conduzcan al desarrollo progresivo de acuerdos humanitarios, que permitan excluir la población civil de la guerra y ante todo que permitan reconstruir la confianza de la sociedad y de las partes en conflicto para crear nuevas experiencias de dialogo y reconciliación nacional. La sociedad colombiana no puede estar sometida indefinidamente a una situación de escalamiento de la guerra en la que las dinámicas militares se reestructuran indefinidamente, a costa del crecimiento de la tragedia humanitaria y el retroceso de las garantías democráticas y sociales. Grupos étnicos Diseñar políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de estas comunidades desde una perspectiva de ciudadanía democrática cultural. Los cambios en la espacialidad del conflicto armado, así como el desarrollo de proyectos económicos estratégicos, presiona cada vez mas los territorios indígenas, amenazando la tradicional autonomía cultural de las comunidades y en general sus derechos. Estas comunidades han mostrado una mayor resistencia al desplazamiento precisamente por el profundo arraigo cultural y territorial que los caracteriza; sin embargo, esta resistencia empieza a ceder en la medida en que los grupos armados irregulares y el Estado despliegan sus acciones reclamando compromisos que vulneran los principios de distinción entre población civil y población combatiente propio del DIH. Política pública Crear un mecanismo de evaluación de la política del Estado sobre desplazamiento forzado con la participación del gobierno, entidades del estado, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de desplazados, organizaciones sociales y el sistema de Naciones Unidas. El gobierno debe cumplir el compromiso de designar un Oficial de Enlace con la sociedad civil y la comunidad internacional para concertar políticas de Estado frente al desplazamiento forzado. La política pública para desplazados reproduce las limitaciones estructurales que impiden tanto la prevención como la atención humanitaria y el retorno de los desplazados. Con mayor razón se muestra incapaz de resolver los problemas de la justicia y reparación en relación con los derechos conculcados a estas comunidades. La política del Presidente Uribe en materia de desplazamiento forzado es mucho mas conservadora que la del anterior gobierno pues su formulación fundamental es el aplazamiento del problema hasta que se logren condiciones de terminación del conflicto y en términos de inversión, el programa bandera es el retorno de 30 mil familias. LA propuesta social de fondo es la financiación del esfuerzo militar y el ajuste fiscal. Por eso la suerte de los desplazados sigue sujeta a la cooperación internacional antes que a esfuerzos propios del Estado colombiano.

Principales municipios expulsores 2002 Personas por cada 100.000 habitantes Municipio Bojaya (Bellavista) Mapiripan El Tarra Convención Teorama Granada Samana El Peñon San Luis San Carlos Curillo Riosucio Argelia Solita La Palma Pensilvania Vigía Del Fuerte Lloró Colosó Chameza San Calixto Cunday Valparaiso San Jose De Fragua Tibú San Benito Abad Valencia Tado Ataco Hato

Departamento Chocó Meta Norte de Santander Norte de Santander Norte de Santander Antioquia Caldas Cundinamarca Antioquia Antioquia Caquetá Chocó Antioquia Caquetá Cundinamarca Caldas Chocó Chocó Sucre Casanare Norte de Santander Cundinamarca Caquetá Caquetá Norte de Santander Sucre Córdoba Chocó Tolima Santander

Población Expulsada DANE 2002 Tasa Expulsión 7571 11.187,0 67677 5346 10.584,0 50510 3295 12.696,0 25953 6534 25.581,0 25542 3036 12.340,0 24603 3881 17.326,0 22400 7689 35.531,0 21640 1173 5.742,0 20428 2786 16.445,0 16941 3760 22.678,0 16580 2342 14.700,0 15932 3973 26.176,0 15178 1714 12.100,0 14165 1391 9.874,0 14088 2847 21.817,0 13049 3284 26.517,0 12385 1435 12.156,0 11805 1153 10.142,0 11369 918 8.452,0 10861 330 3.043,0 10845 1378 12.952,0 10639 1065 10.100,0 10545 2010 20.000,0 10050 1437 14.913,0 9636 3630 39.977,0 9080 2136 23.577,0 9060 2393 26.974,0 8872 1335 15.141,0 8817 1705 19.343,0 8815 225 2.559,0 8792

El Charco

Prado

Valle del Guamuez (La Hormiga)

Cantagallo

Puerto Caicedo

Chalan

Hato

Ataco

Tado

Valencia

San Benito Abad

Tibu

San Jose De Fragua

Cunday

San Calixto

Chameza

Coloso

Lloro

Vigia Del Fuerte

Pensilvania

La Palma

Solita

Curillo

El PeĂąon

Samana

Teorama

Convencion

El Tarra

Mapiripan

Bojaya (Bellavista)

70.000

60.000

Principales municipios expulsores 2002 Personas desplazadas por cada 100.000 habitantes

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

Principales municipios receptores 2002 Personas por cada 100.000 habitantes Municipio Convención Mapiripán El Tarra Marquetalia La Palma Valencia Quibdó Granada San Diego Mocoa Cantagallo Hato Lloró Manaure Balcon del Cesar Argelia Sacama Samana Pailitas Santa Marta Florencia Los Cordobas La Apartada Puerto Nare (La Magdalena) Agustin Codazzi Pelaya Rio Quito Ricaurte (Nar) Tierralta Becerril Toribío

Departamento Personas Recibidas DANE 2002 Tasa recepción Norte de Santander 12.412 25.581 48524 Meta 3.769 10.584 35610 Norte de Santander 3.519 12.696 27717 Caldas 3.000 16.601 18071 Cundinamarca 2.979 21.817 13654 Córdoba 3.383 26.974 12542 Chocó 12.201 98.310 12411 Antioquia 2.136 17.326 12328 Cesar 1.927 16.431 11728 Putumayo 3.626 34.382 10546 Bolívar 740 7.149 10351 Santander 250 2.559 9769 Chocó 981 10.142 9673 Cesar 972 11.175 8698 Antioquia 1.025 12.100 8471 Casanare 135 1.624 8313 Caldas 2.923 35.531 8227 Cesar 1.296 15.800 8203 Magdalena 31.817 410.309 7754 Caquetá 9.968 138.500 7197 Córdoba 691 9.840 7022 Córdoba 1.022 14.669 6967 Antioquia 870 12.774 6811 Cesar 5.191 77.541 6695 Cesar 1.190 20.073 5928 Chocó 418 7.573 5520 Nariño 716 13.009 5504 Córdoba 3.364 63.041 5336 Cesar 792 14.934 5303 Cauca 1.501 29.722 5050

Toribio

Becerril

Tierralta

Ricaurte (Nar)

Rio Quito

Pelaya

Agustin Codazzi

Puerto Nare (La Magdalena)

La Apartada

Los Cordovas

Florencia (Caq)

Santa Marta

Pailitas

Samana

Sacama

Argelia (Ant)

Manaure Balcon del Cesar

Lloro

Hato

Cantagallo

Mocoa

San Diego

Granada (Ant)

Quibdo

Valencia

La Palma

Marquetalia

El Tarra

Mapiripan

Convencion

Principales municipios receptores 2002 50.000

Personas desplazadas por cada 100.000 habitantes

45.000

35.000

40.000

25.000

30.000

20.000

10.000

15.000

5.000

Departamento Chocó 1 Caquetá 2 3 Putumayo 4 Norte de Santander 5 Arauca 6 Guaviare 7 Meta 8 Cesar 9 Magdalena 10 Caldas 11 Sucre 12 Córdoba 13 La Guajira 14 Tolima 15 Casanare 16 Cauca 17 Bolívar 18 Antioquia 19 Vichada 20 Nariño 21 Guainía 22 Cundinamarca 23 Huila 24 Santander 25 Vaupés 26 Risaralda 27 Quindío 28 Boyacá 29 Valle 30 Amazonas 31 Atlántico 32 San Andrés 33 Bogotá DC Total general

Personas Exp (2) 20.497 18.260 13.516 22.618 3.778 1.798 10.530 14.196 17.530 13.078 9.283 10.639 3.930 10.049 2.151 8.762 13.664 31.007 478 7.382 170 7.792 3.133 5.656 56 1.611 492 1.162 3.159 18 135 4 72 256.606

Población DANE 410.116 436.860 350.705 1.405.297 256.664 123.560 729.023 997.577 1.332.516 1.133.791 824.668 1.352.279 500.029 1.304.950 301.387 1.299.256 2.090.322 5.531.893 88.899 1.690.354 39.577 2.226.236 953.426 2.014.590 31.234 976.964 582.966 1.385.184 4.318.191 74.403 2.223.229 77.446 6.712.247 43.775.839

Tasa Expulsión 4.998 4.180 3.854 1.609 1.472 1.455 1.444 1.423 1.316 1.153 1.126 787 786 770 714 674 654 561 538 437 430 350 329 281 179 165 84 84 73 24 6 5 1 586

Vaupés

San Andrés

Amazonas

Boyacá

Valle

Guainía

Vichada

Cundinamarca

Atlántico

Santander

Risaralda

Bolívar

Antioquia

Quindío

Guaviare

Bogotá DC

Nariño

Casanare

Tolima

Cauca

Huila

La Guajira

Caldas

Arauca