BOLETÍN CODHES INFORMA #67: Guerra, narcotrafico y crisis humanitaria en las fronteras. 2006

Codhes informa Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 67. Bogotá, 28 de febrero de 2006 codhes@codhes.org www.codhes.org

“GUERRA, NARCOTRAFICO y CRISIS HUMANITARIA EN LAS FRONTERAS”.

DINAMICAS DEL CONFLICTO ARMADO Y MANIFESTACIONES DE LA CRISIS HUMANITARIA EN LAS ZONAS DE FRONTERA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2005.

Resumen ejecutivo Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2005, el conflicto armado se intensifico en el sur del país (Putumayo Nariño) y Chocó debido a la cruenta lucha contra el narcotráfico adelantada por medio de operativos de la fuerza pública, además de la disputa entre los diversos actores armados irregulares por el control del negocio de las drogas. En el norte del país (Guajira y Cesar), la presencia y consolidación de grupos paramilitares estuvo acompañada de asesinatos selectivos y masacres de civiles, cuyas denuncias implican hoy día un mayor riesgo para victimas y defensores de derechos humanos que trabajan en esa región. Paralelo a esto, las guerrillas imponen paros armados en el nororiente (Norte de Santander y Arauca) y en el sur (Putumayo) mediante los cuales mantienen el bloqueo de territorios en disputa donde se adelantan o se planifican desmovilizaciones de grupos paramilitares, continúan con ataques a poblaciones y bienes protegidos de civiles no combatientes, e incrementan la siembra de minas en caminos veredales y vías principales de comunicación. Estas estrategias ponen en riesgo permanente a los y las habitantes de zonas como el piedemonte nariñense.

En consecuencia, la degradación del conflicto fue una constante durante el trimestre, siendo el desplazamiento forzado y específicamente los desplazamientos masivos internos y transfronterizos, un indicador de esto. Entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre, de un total de 9 desplazamientos masivos y multifamiliares en el país que afectaron a 4.376 personas, 5 desplazamientos masivos ocurrieron en zonas de frontera y afectaron a 1.846 personas, casi la mitad del total nacional. En los países vecinos de Panamá, Venezuela y Ecuador, 10.548 personas solicitaron asilo entre el 1 de julio y el 30 de octubre. Esto significa que en promedio diario 82 personas salieron del país a buscar protección en los países vecinos durante los últimos seis meses y 20 personas cada día tuvieron que desplazarse dentro de las regiones de frontera durante los últimos tres meses. Esta proporción nos permite decir que son más las personas que deciden salir del país que aquellas que deciden quedarse y que las condiciones de seguridad son entonces más precarias.

A pesar de la gravedad de los hechos se impone un manto de silencio ante la opinión pública para minimizar la crisis de derechos humanos, las alertas tempranas no

2 funcionan, la ayuda no llega a las victimas y las misiones de acompañamiento a la población en riesgo son tardías y limitadas. Peor aún, los grupos paramilitares comprometidos en las violaciones terminan acusando a las organizaciones de derechos humanos por sus denuncias y el Estado no garantiza la aplicación de la justicia para el esclarecimiento de los hechos.

El gobierno nacional mantiene una respuesta basada principalmente en la atención humanitaria de emergencia para la población desplazada que sigue siendo tardía y según indicadores de organismos de control del Estado, es insuficiente1. No obstante, la sentencia T-025 de la Corte Constitucional ha tenido un impacto positivo en la medida que ha permitido aliviar el acumulado histórico del estado en este campo, siendo posible para muchas familias desplazadas hace más de un año, recibir un mínimo de atención.

De otro lado, enfoca la política de prevención en las estrategias de la seguridad democrática sin que se fortalezcan mecanismos de verificación al cese del fuego por parte de los paramilitares y sin que se hayan podido cumplir los mínimos exigidos por la Corte Constitucional en materia de protección, restablecimiento y reparación. La desatención de población desplazada es una situación que no solo ocurre en Colombia sino que desborda la capacidad institucional de los gobiernos de países vecinos, quienes insisten en la corresponsabilidad del gobierno colombiano sobre todo en materia de prevención a las causas estructurales.

Finalmente, en la etapa de estabilización económica, los temas críticos como son restitución de bienes arrebatados a la población desplazada, garantías para el derecho al acceso a la tierra, así como vivienda y generación de ingresos, no ha habido avances claros en el campo normativo ni en la aplicación de programas o medidas especificas que cobijen a la población en situación de desplazamiento. Los esfuerzos hasta el momento se han dirigido a capacitación y formación técnica-vocacional, sin que se proporcionen condiciones reales para propuestas a largo plazo.

I. TENDENCIAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Las principales tendencias del conflicto armado en el último trimestre muestran que: • Al finalizar el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la primera fase del Plan Colombia, después de una ayuda militar para Colombia de 600 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para Colombia en el 2005, representando Colombia el país que mayor cantidad de fondos recibe en el mundo en asistencia militar fuera del Medio Oriente, los niveles de asistencia se han mantenido estables entre el 2003 y lo que se anticipa para el 20062. la situación de orden publico en zonas objeto de esta ayuda sigue siendo critica.

• Es cada vez mas evidente la articulación entre el reacomodamiento de los grupos armados al margen de la ley en el territorio y la reestructuración del negocio del narcotráfico.

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REPUBLICA DE COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. AUTO N° 176 de 2005. Ref.: Sentencia T-025 de 2004. Ordenes relativas al esfuerzo presupuestal necesario para implementar las políticas de atención de la población desplazada, de acuerdo a la sentencia T-025 de 2004, proferida por la Sala Tercera de Revisión. Magistrado Ponente: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA. Bogotá, DC., agosto veintinueve (29) de dos mil cinco (2005) 2 ISAACSON Adam. HAUGAARD Lisa, OLSON Joey CIPONLINE. BORRANDO LAS DIVISIONES TENDENCIAS DE LOS PROGRAMAS MILITARES ESTADOUNIDENSES EN AMÉRICA LATINA. Disponible en: http://ciponline.org/facts/0512erasesp.pdf

3 • El impacto de la desmovilización en este reacomodamiento de los grupos paramilitares es mayor en regiones estratégicas que se disputan los distintos grupos armados (guerrillas y paramilitares) con mafias del narcotráfico, en una nueva lógica de la guerra.

• La arremetida de las guerrillas de las FARC y del ELN en territorios objeto de desmovilización afecta cada vez más a la población civil y se manifiesta en la imposición de paros armados prolongados, ataques a poblaciones y a bienes protegidos de la población civil, siembra de minas en zonas que comunican cascos urbanos con veredas y áreas rurales y creando un cerco que aísla a las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes.

A continuación se presentan las principales tendencias en las regiones de frontera.

I.1. Desmovilización, Conflicto armado interno y narcotráfico en el corredor Pacifico y al sur del país.

Los principales elementos que configuran el conflicto en la región del Sur del país y el andén Pacífico son: • La parcial desmovilización de grupos de autodefensas en Chocó, Nariño y Putumayo.

• La movilización de tropa de fuerzas armadas en la región.

• La simbiosis entre grupos paramilitares y de narcotráfico.

• La unión entre las guerrillas ELN y FARC para disputar regiones estratégicas con paramilitares y narcotráfico.

Durante el último trimestre se ha acentuado la crisis humanitaria por el corredor del Pacífico Colombiano y la confrontación armada al sur del país en la frontera con Ecuador, ha sido cada día más intensa. El escalamiento del conflicto armado en el Pacífico -desde el municipio de Tumaco en Nariño, fronterizo con Ecuador, hasta el municipio de Juradó en Chocó en la frontera con Panamá- tiene su origen en una lucha cada vez más cruenta entre facciones de grupos de autodefensa articulados con redes de narcotraficantes, y entre estos grupos irregulares y la guerrilla de las FARC, por ganar el control del tráfico de drogas sobre la costa. Sobre este corredor se han consolidado múltiples puertos para el comercio de estupefacientes por vía marítima desde y hacia destinos internacionales como México, América Central, Norte y Suramérica3.

El control sobre estos puertos garantiza a los grupos armados ilegales las ganancias del negocio de la droga y explica por qué durante los últimos meses el departamento de Nariño -específicamente el corredor vial Pasto-Tumaco- se ha convertido en escenario de confrontación permanente, con consecuencias graves para la población civil. La disputa por el control de ese corredor vial es la misma que afecta al municipio de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca, con una de las tasas de homicidio más altas del país, 64 por encima de la nacional que para el 2005 es de 38.

Esta dinámica se replica en el municipio de San José del Palmar en el departamento de Chocó, donde la lucha por nuevos territorios de siembra de coca y de centros de procesamiento de cocaína han generado combates entre el frente 47 de las FARC y 3

Los principales puertos están ubicados en los municipios de Turbo sobre el Golfo de Urabá en el departamento de Antioquia; Juradó en el departamento de Chocó sobre el océano Pacífico desde donde salen múltiples caminos al interior de la selva que conectan con el Darién Panameño y que se han convertido en rutas manejadas por el “coyotaje” para el transporte de drogas; Francisco Pizarro en el departamento de Chocó; Buenaventura sobre el Océano Pacífico en el departamento del Valle del Cauca; Tumaco en el departamento de Nariño desde donde se comercializan grandes cargamentos hacia Ecuador.

4 las autodefensas del Helmér Cárdenas, aliadas con mafias del narcotráfico del Cartel del Norte del Valle.

Según el informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) de junio de 2005, la del Pacífico es la principal ruta del narcotráfico del país y significó en 2004 el 60% de las incautaciones en alta mar4. Esto muestra que las fumigaciones en Putumayo sólo lograron desplazar los cultivos de coca y empeorar el conflicto armado interno en el departamento de Nariño. Aun a pesar de que el 48% de las fumigaciones aéreas realizadas en el país durante el 2005 ocurrieron en este departamento acompañadas del programa de erradicación manual de cultivos de coca.

Después de la desmovilización de aproximadamente 670 hombres del Bloque Libertadores del Sur que operaba en Nariño el 30 de julio (entregaron de 590 armas) y de 150 hombres del Frente Héroes del Chocó en el municipio de Istmina en ese departamento el 23 de Agosto (entregaron 144 armas), el Ejército Nacional no ha podido estabilizar la situación de orden público en la región. Algunas comunidades en el río San Juan en el departamento de Chocó mencionan haber visto un grupo de paramilitares que están cuidando zonas de cultivos de coca al servicio de los narcotraficantes5 El negocio del narcotráfico tampoco ha sido desmantelado y sus redes se mantienen a pesar de las operaciones antinarcóticos que adelanta la DEA (Agencia Norteamericana Antinarcóticos) en el municipio de Tumaco en el pacífico nariñense. Al contrario, se puede decir que la desmovilización ha “traspasado” el manejo del narcotráfico a grupos y mafias regionales, fraccionando el control sobre el mismo y generando una disputa armada en la cual se involucran cada vez más grupos en alianzas múltiples.

Hoy en día es un secreto a voces la compra de franquicias de las AUC por parte de grupos de narcotraficantes, especialmente del Cartel del Norte del Valle, con el fin de negociar su extradición y lograr un status político que les permita acceder a los beneficios de la ley de Justicia y Paz. Desde octubre del año pasado, los ‘Machos’, grupo al servicio de Diego Montoya Sánchez (alias ‘Don Diego’), se hacen llamar ‘Autodefensas Campesinas del Valle’. Y los ‘Rastrojos’, brazo armado de Wílber Varela (alias ‘Jabón’), son las ‘Rondas Campesinas del Valle’. Estos se disputan entre sí y con las FARC el área rural de San José del Palmar (departamento de Chocó). Los testimonios de algunos pobladores de la zona rural del municipio señalan que allí anteriormente se producía chontaduro, borojó, frutales y cacao, pero recientemente se ha convertido en una zona de producción de cultivos de uso ilícito a donde llegaron raspachines, compradores de pasta pero sobre todo, autodefensas y guerrilla, que empezaron a disputarse el control territorial de la zona6.

En el departamento de Chocó, se reporta un reagrupamiento paramilitar en zonas donde se avecina una intensa confrontación armada con las guerrillas. En el municipio de Sipí, de acuerdo con declaraciones de habitantes del río San Juan, las FARC y ELN están a la espera de los grupos paramilitares para una ofensiva, por lo que se 4

Diario el colombiano. “MUERTE EN EL CAÑON DE GARRAPATAS” 31 de octubre de 2005 8A. 5 Información recogida durante la misión “Expedición por la vida y los derechos humanos de las Comunidades indígenas y afrodecendientes del río San Juan” entre el 28 noviembre y 2 diciembre de 2005. En el área había cerca de 600 hombres que pertenecían al Bloque Pacifico, la pregunta de la comunidad es ¿donde están y a quien obedecen los que no se desmovilizaron?

6 El defensor del Pueblo de Chocó Víctor Mosquera, explicó que el territorio en disputa es el mismo que controlaba el Bloque Pacífico de las Autodefensas, al mando de Luis Eduardo Echavarría Alias "Giovanny", desmovilizado el pasado 23 de agosto.

5 prevén intensos enfrentamientos. Además, el 18 de diciembre de 2005 guerrilleros de las FARC y ELN atacaron al corregimiento de San Marino de Bagado en el municipio de Bagadó, durante el cual se reportaron 8 policías muertos, 4 civiles heridos y 30 uniformados desaparecidos. La población atemorizada esta huyendo de la vereda porque los combates apenas comienzan con la llegada de 600 militares en un operativo de búsqueda. Por ultimo, según informes del Sistema de Alertas Tempranas de la región, se tuvo conocimiento del ingreso a la comunidad Embera Dodiba de Mamey Dipurdú en el medio San Juan, de aproximadamente 2000 integrantes del Bloque Helmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

El municipio de Buenaventura en el Valle del Cauca es un puerto también en disputa entre las Autodefensas del Norte del Valle, bajo el mando del conocido capo de la Droga Diego León Montoya Sánchez alias “Don Diego” y el grupo de narcotraficantes conocido como “Los Rastrojos”, entre estos y las FARC. Entre tanto, la guerrilla ha reaccionado a los operativos del Ejército en el sur – la más reciente es la operación antinarcóticos “El Nevado” iniciada el 17 de noviembre en la vereda el Mataje del municipio de Tumaco, en departamento de Nariño- aplicando bloqueos prolongados mediante paros armados en el departamento de Norte de Santander, Arauca y de Putumayo7; minando campos que comunican veredas con centros urbanos y corredores viales. La confrontación entre guerrillas, grupos paramilitares y Ejército, está causando la muerte de civiles inocentes sin que haya habido una respuesta humanitaria clara por parte del Estado colombiano ni un pronunciamiento del gobierno nacional8. Sólo en Nariño durante el 2005 se han reportado 20 victimas de minas.

Según un comunicado oficial de las Fuerzas Militares (Tercera División), emitido por la oficina de prensa de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) de la Policía Nacional de Ipiales (Nariño), el Piedemonte nariñense los caminos y zonas pobladas de varias veredas del municipio de Barbacoas se encuentran totalmente minadas como respuesta del grupo guerrillero ELN a la operación militar antinarcóticos el “Nevado” que allí se desarrolla y tras la aparente salida de las AUC de ese municipio, una vez desmovilizados9.

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El paro armado de Putumayo duró 21 días el 24 de julio 2005 hasta la tercera semana del mes de agosto de 2005 y afectó a todos los municipios del departamento. En seguida, las FARC adelantaron un paro armado en Arauca que duro 23 de octubre 2 a octubre 27, afectando a los departamentos de Casanare y Boyacá. Paros Armados decretados durante el 19 y 20 de octubre y desde el 15 de diciembre de 2005.

7 En el departamento de Nariño, el 9 de diciembre se produjeron combates en el municipio de Los Andes Soto Mayor entre la guerrilla (FARC y ELN en una alianza militar) y paramilitares en la vereda La Planada de este municipio a 30 metros del Colegio. Durante estos hechos murió la niña Lucero Jazmín Figueroa Álvarez de 7 meses, por impacto de bala en el pecho. Su madre Esneida Figueroa Rosales está herida y se encuentran heridas las niñas Magali Álvarez de 12 años y Edilma Pantoja. Durante la primera semana de diciembre se reportó el asesinato de cinco personas en el Consejo Comunitario de ACAPA el cual está ubicado en los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro.

8 En el departamento de Nariño, el 9 de diciembre se produjeron combates en el municipio de Los Andes Soto Mayor entre la guerrilla (FARC y ELN en una alianza militar) y paramilitares en la vereda La Planada de este municipio a 30 metros del Colegio. Durante estos hechos murió la niña Lucero Jazmín Figueroa Álvarez de 7 meses, por impacto de bala en el pecho. Su madre Esneida Figueroa Rosales está herida y se encuentran heridas las niñas Magali Álvarez de 12 años y Edilma Pantoja. Durante la primera semana de diciembre se reportó el asesinato de cinco personas en el Consejo Comunitario de ACAPA el cual está ubicado en los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro.

9 De acuerdo con informe de la personería municipal de los Andes Sotomayor, el sábado 10 de diciembre en zona rural del municipio de Los Andes Soto Mayor se reportó en la Vereda Palacio la muerte de Jorge Pascual Mora de 72 años, víctima de una mina. El informe menciona también la desactivación de un artefacto explosivo que fue hallado a pocos metros de la escuela “Esmeralda” y la explosión de otro, poniendo en riesgo la vida de los y las alumnas del centro educativo. El 12 de diciembre, el Consejo

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Las violaciones de Derechos Humanos al sur del país persisten. Continúan los asesinatos selectivos, que no se reportan en un gran número porque ocurren en sectores rurales, en donde ni siquiera los familiares pueden recoger los cuerpos por amenazas de los grupos al margen de la ley, produciendo el desplazamiento de las familias y su silencio. Esta situación se presenta en los municipios de Policarpa, Leiva, Cumbitara y San Pablo en el departamento de Nariño. En otras ocasiones nadie reclama los cuerpos porque no son del lugar, como ocurre en Tumaco, en el sector de Llorente y la vía al mar, municipios de Ipiales y Pasto. Continúan las masacres y las cifras para Tumaco son de 140 muertes violentas en lo corrido de este año10.

Los grupos paramilitares siguen operando en las zonas a pesar de las anunciadas desmovilizaciones. En Nariño para este año y durante su permanencia en la región, las AUC, pertenecientes al Bloque Central Bolívar, Libertadores del Sur, un grupo denominado Mártires de Tumaco y en algunos lugares algunos se denominaban pertenecientes a las ACCU, alcanzaron un número aproximado de 6.000 efectivos, los cuales se posicionaron en lugares estratégicos para su lucha contrainsurgente ilegal.

Así rezaba en sus camisas y distintivos “BLOQUE CONTRAGUERRILLA LIBERTADORES DEL SUR” en municipios como Policarpa, Cumbitara, Leiva, Remolino (Taminango), Samaniego, Guachavés, La Llanada, San Pablo, La Unión, Colón, Tablón de Gómez, Buesaco, Pasto, Túquerres, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto y Magüí Payan, y los municipios de la Costa Pacífica (Tumaco, Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera, El Charco, Olaya Herrera, Santa Bárbara Iscuandé). En los demás municipios tenían presencia manejando la situación de los municipios antes mencionados, haciendo presencia con retenes, mensajes directos para extorsionar al comercio, el transporte y para todo aquel que tuviera la mínima posibilidad de significarles un ingreso.

A la Comisión de la OEA llegó información sobre el accionar de las AUC, de cómo a través de una emisora de su propiedad, dieron a conocer la creación de un partido político “El partido Blanco”, su permanencia en la región y de los nuevos bloques que dominarían la región “Las Aguilas”, “Mano Negra”, “Nueva Generación Colombia”, sin olvidar el gran número de grupos que conformaron aquellos que desde antes plantearon que no se desmovilizarían y que actúan en carreteras y en la misma ciudad capital11.

Con la implementación de la estrategia de erradicación manual para estos cultivos han llegado al departamento varios grupos “erradicadores”, de 200 a 500 hombres, acompañados por 2 anillos de seguridad de las Fuerzas Militares. La situación ha generado zozobra y malestar entre la población de estos territorios ya que no han sido consultados, no ha habido concertación alguna para la puesta en marcha de la erradicación manual ni de proyectos alternativos.

académico de la Institución Educativa La Paz, el Carrizal del municipio Los Andes Sotomayor, decidió suspender las clases hasta el día 16 de diciembre por motivos de seguridad asociados a la siembra de minas en todos los caminos de servidumbre y vías que comunican el centro educativo con las veredas Quebradahonda, Esmeralda, Palacio, Paraíso y Aurora Alto.

10 En circunstancias no esclarecidas aún, el 24 de noviembre en el municipio de Llorente fueron masacradas 4 personas que de acuerdo con información suministrada por los concejos comunitarios de Tumaco, eran colonos recientemente allegados a la zona. Probablemente se trata de peleas entre mafias por el control del tráfico de drogas en la zona.

11 Su accionar delincuencial se manifiesta en extorsiones, amenazas, secuestros, desapariciones forzadas, como el caso sucedido hace aproximadamente cuatro meses, en donde reclutaron alrededor de 200 jóvenes en Pasto y sus alrededores

7 Durante la primera semana de diciembre murieron 18 soldados del Batallón Grupo Cabal de Ipiales en el sector rural de Tumaco cerca al corredor vial que comunica con Pasto. Siguen desaparecidos 3 policías antinarcóticos dedicados a la erradicación manual y se habla de 10 policías antinarcóticos muertos, las autoridades hasta la fecha no han informado de estos hechos.

En Putumayo, además de los fuertes enfrentamientos entre los grupos armados irregulares por el control de zonas estratégicas para la exploración petrolera y comunicación con la frontera, se presentan asesinatos selectivos. El caso mas relevante fue el asesinato del líder de la asociación campesina del Putumayo en Teteyé (asociación que agrupa 57 caseríos en el municipio de Puerto Asís), Luis Melo Bastidas el 1 de diciembre cometido por paramilitares del Bloque Sur. Adicionalmente, en el Empalme, vereda próxima al corregimiento Jardín de Sucumbíos, el desplazamiento de comunidades indígenas tiene que ver con amenazas de la guerrilla a ECOPETROL, quien suspendió la exploración de crudo en la zona.

Según las comunidades campesinas e indígenas de la zona, la incursión paramilitar que genero el desplazamiento desde el Resguardo indígena San Marcelino hacia Ecuador, está relacionada con la exploración de un nuevo pozo petrolero, en concesión a la compañía canadiense Petrominas...

Según información proporcionada por la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Putumayo, 40 mil hectáreas de coca se han reportado de resiembra en el departamento, y se consolidan puertos cercanos a Orito sobre el río Putumayo, en la frontera con Ecuador, donde guerrillas, paramilitares y mafias se disputan el tráfico de coca, pasta básica e insumos.

En una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario, las FARC en el departamento de Putumayo y los paramilitares llevan a cabo acciones que afectan las escuelas. En municipios como Puerto Guzmán, aproximadamente 156 docentes se encuentran confinados en la zona rural por la guerrilla de las FARC, ya que si salen son acusados de informantes de las Fuerzas Armadas. Ni si quiera pueden salir a cobrar el sueldo. Hasta la fecha han sido asesinados 30 docentes desde el 2002.

I.2. Desmovilización, paros armados y megaproyectos en el norte y nororiente del país.

Las tendencias del conflicto en la zona son: • Reagrupamiento y mimetización de las AUC asociadas a desmovilización.

• Ofensivas y bloqueos de la insurgencia guerrillera.

• Dinámicas del conflicto armado que se trasladan al otro lado de la frontera.

• Confrontación armada entre guerrillas y Ejército.

En el norte del país se registró una situación similar a la del Pacífico, de disputa por el control de rutas utilizadas para el tráfico de armas y de estupefacientes en la frontera con Venezuela (en los departamentos de Guajira y Cesar principalmente). Esto se evidencia en la arremetida guerrillera ocurrida en los municipios guajiros y cesarenses aledaños a la Serranía del Perijá, como estrategia de recuperación por parte de la guerrilla, del control de corredores arrebatados por las autodefensas, y en los delitos perpetrados contra la población civil señalada como colaboradora de algún bando. Al respecto los hechos más recientes son la quema de un bus en la carretera Valledupar – Villanueva ocurrida el 30 de noviembre y la masacre ocurrida en las veredas La Más Verde y Nuevo Horizonte de Curumaní entre el 4 y 7 de diciembre, cuyo saldo de 25 civiles muertos aún está por confirmarse.

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Concejales y alcaldes siguen operando sin unas garantías efectivas y reales en cuanto a su seguridad. Ejemplo de ello es el asesinato del exconcejal cesarense Edgar Armesto Ospino Daza y la precandidata a la alcaldía de Curumaní (Cesar) Ladys Daza de Ospino ocurridos el 14 de diciembre, del concejal de Riohacha Rogelio Pimienta Varela ocurrido el 13 de octubre, el atentado perpetrado contra el alcalde de San Alberto (Cesar) Dairo Méndez Muñoz el 11 de octubre y el secuestro de Mauricio Vives Lacouture, hermano del congresista Luis Vives y el jurista José William Martínez ocurrido la primera semana de octubre. A su vez Bibián Pastor Sierra Márquez, concejal del municipio de La Paz (Cesar) continúa después de 10 meses en Bogotá por no contar con las suficientes garantías de seguridad que le permitan ejercer su oficio desde su pueblo.

En el nororiente (Arauca y Norte de Santander), las guerrillas incrementan su ofensiva militar y las estrategias bélicas de control territorial. Además, algunas organizaciones sociales afirman que como producto de la desmovilización paramilitar la guerrilla ha entrado a recuperar el dominio de sus antiguas zonas y que incluso está haciendo presencia en regiones donde nunca había operado. Dicho fortalecimiento se refleja en los ataques perpetrados contra instalaciones eléctricas, vías de acceso y población civil de Catatumbo12, Norte de Santander, y en el Paro Armado que decretaron las FARC durante el 19 y 20 de octubre y el más reciente a partir del 15 de diciembre de 2005. Estos paros han afectado de manera especial al Catatumbo, manteniendo aisladas del resto del departamento zonas como Tibú. Corregimientos como Pachelly permanecieron confinados durante el primer paro.

Por otra parte, la guerrilla también viene incentivando a las comunidades a que continúen con la siembra de hoja de coca y ya anunciaron a algunos cultivadores de palma que les cobrarán vacuna por la producción. Los campesinos, como siempre, en medio del conflicto, pues también reciben presiones por parte del gobierno para que se comprometan a mantener libres sus tierras de cultivos de uso ilícito13.

Ante esta disputa por los corredores y la reciente arremetida guerrillera, la población civil está reaccionando tomando justicia por mano propia y armando nuevos grupos privados de autodefensa. Este surgimiento de “nuevas autodefensas” ya empieza a manifestarse dentro del panorama del conflicto. El 7 de diciembre fueron asesinados en Maicao tres indígenas Wayúu por parte de paramilitares: los hermanos Pana y Reinaldo Ramírez. Parece ser que este crimen es parte de una retaliación que las autodefensas realizaron en contra del grupo insurgente Wayúu “Los Culicheros”, quienes asesinaron en el pasado a tres de sus miembros como parte de la defensa de 12

Al respecto se registran varios hechos: El 12 de octubre la guerrilla voló 2 torres de energía en las veredas Miramontes y La Soledad dejando sin luz a los habitantes de todo Tibú y parte del Catatumbo durante 24 horas. EL TIEMPO “Sin luz en el Catatumbo”. Octubre 13 de 2005. www.eltiempo.com.co.

Para bloquear la movilización del ejército volaron un puente en la vía Cúcuta-Tibú, en la vereda Ambato.

El 15 de octubre un vehículo detonó en la vía Tibú - El Tarra cuando la Policía y el Ejército intentaban desactivarlo, dejando herido al conductor Jairo Morantes. Al día siguiente lograron con éxito desactivar otros dos carros bomba dejados por las FARC. EL TIEMPO “Desactivan carros bomba” 18 de octubre de 2005. Pp. 1-4. En diciembre se registra nuevamente una arremetida: varios retenes ilegales, un secuestro masivo, la quema de buses y vehículos y la voladura de dos torres de energía. CARACOL “Las FARC arremeten en Norte de Santander por activación de brigada del Ejército” 16 de diciembre de 2005. EL TIEMPO “Ofensiva de las FARC en el Catatumbo” 16 de diciembre de 2005.

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“289 familias de 9 veredas del corregimiento de Pachelly (Tibú), representadas en los presidentes de junta de acción comunal, firmaron el contrato colectivo en el cual se comprometieron con el Gobierno nacional a tener las veredas libres de cultivos ilícitos”. OPINIÓN “Pacto para erradicar los cultivos ilícitos” 21 de octubre de 2005.

9 su territorio e intereses particulares. La pugna entre paramilitares y Culicheros viene gestándose de tiempo atrás, aunque parece estar recrudeciéndose en los últimos meses. Según fuentes no oficiales Los Culicheros están ofrecido a las comunidades indígenas locales la entrega de armas para combatir abiertamente a los paramilitares de la zona.

A esta aparición de nuevos grupos de defensa privada se suma el reagrupamiento de bloques de autodefensas desmovilizados en redes de inteligencia civil, compañías de vigilancia, o en bandas de crimen organizado, característica que se ha presentado en el departamento de Norte de Santander. Grupos de autodefensa tienen filtrada toda la economía legal e ilegal, controlando el comercio de víveres, gasolina, drogas, armas, etc. También se sabe que en esta zona realizan exportaciones ficticias de ganado para lograr así lavar dólares. También mantienen una estrategia de inteligencia y seguimiento a las asociaciones y organizaciones sociales de base14.

La desmovilización del bloque Catatumbo aunque representó una disminución en el número de masacres y desplazamientos masivos, no representó una disminución o anulación de la presencia paramilitar en el departamento. Todo lo contrario, pareciera que el número de hombres paramilitares ha aumentado. Su presencia es visible y clara en zonas rurales de Puerto Santander, Zulia, Sardinata y Tibú. Esto obedece a que están ocurriendo procesos paralelos de desmovilización y movilización de diferentes células de las AUC. Un ejemplo emblemático de ello es lo que ocurrió en el Catatumbo, donde la desmovilización del Bloque Catatumbo estuvo sucedida por la aparición de un nuevo grupo paramilitar llamado “Águilas Negras”, conformado por desmovilizados del Bloque Central Bolívar. Parece ser que estos nuevos núcleos operan en función del narcotráfico y de asegurar los corredores estratégicos de la droga.

También ha sido reconocida y visible la influencia paramilitar en la política regional. Su participación es clara en la definición de las listas al Congreso. De acuerdo a algunas organizaciones sociales, los paramilitares tienen cobijados a 10 parlamentarios en Norte de Santander.

Por otro lado, informes confidenciales recientemente publicados por el Gobierno de Estados Unidos aseguran que en Norte de Santander los paramilitares recibieron apoyo por parte del ejército colombiano, quienes incluso llegaron a portar brazaletes de las AUC y participaron activamente en varias masacres perpetradas en el Catatumbo, Tibú y La Gabarra15.

Todo este panorama se alinea al desarrollo de megaproyectos para la explotación de recursos auríferos y gasíferos en la zona de la Alta Guajira; y de nuevos pozos petroleros y proyectos agroindustriales en el departamento de Norte de Santander16.

Mediante estos proyectos el gobierno quiere garantizar la reinserción económica de 14

Parece ser que los desmovilizados solo tiene dos opciones: o seguir delinquiendo o hacer parte de compañías de vigilancia. Conforman cooperativas de vigilancia que registran en Cámara de Comercio.

Así es como han logrado el control de algunas zonas de Cúcuta como la zona arrocera, aeropuerto, Porvenir y Caño Limón. Son las mismas zonas donde antes operaban de manera ilegal y ahora operan bajo el amparo de la ley.

15 REVISTA SEMANA “Los archivos secretos” 18 de octubre de 2005. Pp. 38 y 39.

16 . La distribución de los grupos armados obedece a los megaproyectos de carbón, petróleo, palma, cacao y ganado que se vienen impulsando en la región. La exploración del proyecto petrolero Álamo I ya obtuvo la licencia ambiental para un área de 2 hectáreas. También avanza la siembra de palma africana y la de cacao. La palma que de un primer momento de siembra de 15.000 hectáreas pasará a una segunda fase con un número de hectáreas similar. Entre tanto, el control de la economía local por parte de estos grupos desmovilizados se mantiene.

10 excombatientes de autodefensa desmovilizados, pero busca también la legalización de tierras adquiridas por estos bloques17; mientras queda congelada la política de reparación a víctimas que habría dado origen a la Comisión Nacional de Reparación.

Si bien Arauca es un departamento totalmente militarizado (hace también presencia un comando elite de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que asesora el Ejército Colombiano en lucha antiguerrilla y protección del oleoducto), la presencia de distintos actores armados ilegales, entre ellos ELN, FARC y grupos paramilitares sigue siendo bastante fuerte.

Contradictoriamente, a pesar de que Arauca ha sido uno de los departamentos en donde más contundentemente se han implementado las políticas de seguridad democrática durante el gobierno Uribe para disminuir la crisis, y a pesar de que las autoridades nacionales han presentado a este departamento como una “zona recuperada”, altamente militarizada, la realidad que a diario vive la población del departamento, es muestra de lo contrario.

Continúa la disputa territorial entre los distintos actores armados, los hechos violencia sobre la población civil, la criminalización de la protesta social expresada detenciones arbitrarias a líderes sociales y sindicales, las amenazas por parte grupos de guerrilla y paramilitares, las desapariciones forzadas y los asesinatos población civil. Los municipios más afectados han sido Fortul y Arauquita.

de en de de

El hecho más relevante y decisivo ocurrió el mes de octubre: el paro armado decretado el 6 de octubre por los frentes 10 y 48 de las FARC en una estrategia de demostración de fuerza y control territorial allí donde se concentra el pie de fuerza militar y la ayuda del gobierno norteamericano para la lucha contra el terrorismo.

Además, mediante comunicado las FARC hicieron público el propósito de esta acción: desestabilizar el proceso de desmovilización paramilitar, obstaculizar las negociaciones del gobierno de Colombia para la firma del Tratado de Libre Comercio y contra la aprobación de la reelección.

Este paro que duró 23 días representó grandes pérdidas económicas para el departamento y afectó a otros departamentos vecinos (Casanare, Boyacá, Norte de Santander), además de los ataques de las FARC a la infraestructura, los asesinatos a población civil, a concejales, periodistas y las denuncias de judicialización de líderes sindicales y sociales y defensores de derechos humanos.

Las autodefensas, por su parte, como estrategia para mostrar que mantienen su presencia e influencia en el departamento, reaccionaron al paro armado con amenazas a transportadores y otros sectores de la población para que no acataran las amenazas proferidas por las FARC. El gobierno departamental y nacional, a través del Ministro de Transporte, presiono para que el gremio de transportadores laborara normalmente durante esos días ya que lo contrario ocasionaría la perdida de la

17

El PROYECTO DE LEY Nº 38 / 05. SENADO “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONOCIMIENTO TRADICIONAL Y ACCESO A LOS RECURSOS BIOLOGICOS A LOS CUALES ESTAN ASOCIADOS” El CONGRESO DE COLOMBIA aprobada por el Congreso en fecha el 13 de diciembre de 2005 el Proyecto de Ley 319 de La Cámara cuyo ponente es el representante por el Putumayo EDUARDO ENRIQUEZ, HERNANDO TORRES, JUAN HURTADO CANO, ROBERTO CAMACHO, JOSE LUIS ARCILA, PEDRO JIMENEZ, ALBERTO ZULUAGA, JAIRO MARTINEZ, GERMAN VARON Y EL H.S. CARLOS HOLGUIN en proceso de aprobación, busca para el saneamiento de la falsa tradición de los bienes adquiridos 5 años atrás.

11 licencia de conducción18, Esta situación puso en riesgo a este sector y afectó a la población civil en sus derechos a la vida, a la seguridad alimentaría, a la educación y a la libre circulación, entre otros.

El décimo frente de las FARC mantiene aún dominio en el departamento, evidenciado con el decreto de paro armado en el departamento. El Alto Comisionado para la Paz, visito el corregimiento de Gaitán del municipio de TAME para explorar la posibilidad de una desmovilización total del Bloque vencedores de Arauca. De acuerdo con el alcalde de TAME (Arauca), Alfredo Guzmán Tafur, en el sector donde se proyectaba la entrega se han intensificado los enfrentamientos entre las FARC y el ELN por el control territorial19. Días después de la visitas las FARC atacaron la población, durante esta acción murió una enfermera del puesto de salud. Hasta ahora, la desmovilización fue aplazada Los combates entre las Fuerzas Armadas y las FARC se desarrollaron en el mes de octubre en puntos fronterizos del departamento como en el municipio de Fortul, en el marco del paro armado decretado desde el 6 de octubre en el departamento20. A continuación se presentarán los hechos más significativos en el marco del paro armado en el departamento21: •

• • • • • •

18

Amenazas de las FARC a transportadores públicos impidiendo la circulación dentro y fuera del departamento. Tras obligar a descender a los conductores y pasajeros de dos buses en el corregimiento de Pueblo Nuevo en TAME, miembros del frente 10 de las FARC atravesaron los automotores para bloquear la carretera troncal del llano que une a la región con Villavicencio y Bogotá22.

Ataques a la infraestructura energética que dejaron sin luz a 5 municipios del departamento por más de 5 días23.

Asesinato del vigilante del hospital de Saravena, y del secretario privado del alcalde del municipio de Arauquita Ataques a la alcaldía de Fortul con explosivos24.

Bloqueo en la circulación de alimentos dentro del departamento, lo que generó una crisis alimentaría y de otros productos básicos que no circulaban ni desde Colombia ni desde Venezuela25 Amenazas de las FARC para intimidar a los medios de comunicación Amenazas por parte de las autodefensas presionando a los transportadores para retornar a las carreteras26

Testimonios recogidos durante trabajo de campo en la ciudad de Arauca el 28 y 29 de noviembre de 2005.

19 Diario EL Tiempo “APLAZAN DESMOVILIZACIÓN” 19 de diciembre 2005. Noticias breves del oriente.

20 NEW HERALD. “MUEREN DOS POLICÍAS Y UN REBELDE EN NORESTE DE COLOMBIA” 9 de octubre.

21 Fuentes: Información recogida durante trabajo de campo por CODHES EL TIEMPO “ARAUCA COMPLETÓ 8 DÍAS DE BLOQUEO POR AMENAZAS DE LAS FARC” 11 de Octubre de 2005; EL TIEMPO “ULTIMÁTUM DEL GOBIERNO A TRANSPORTADORES DE ARAUCA PARA QUE PRESTEN EL SERVICIO” 21 de octubre de 2005.

22 EL TIEMPO “ARAUCA, INCOMUNICADA POR "PARO ARMADO" desde ayer” 7 de octubre.

23 Ibidem.

24 RCN “POR ATENTADOS Y AMENAZAS, PARTE DEL ARAUCA PERMANECE SIN LUZ NI TRANSPORTE” 5 de octubre de 2005.

25 RCN “GUERRILLA MANTIENE "PARO ARMADO" EN ARAUCA” 6 de octubre de 2005.

26 Diario el Tiempo“Arauca, sin energía por atentados de las FARC contra cuatro torres eléctricas” 3 de octubre de 2005

12 • • • • • •

Prohibición de movilización de personas y vehículos por parte de las alcaldías de Arauquita y Fortul por cuestiones de seguridad.

Crisis de desabastecimiento en el lado venezolano (Estado de apure) que colinda con el departamento de Arauca- Estado Aplazamiento de las pruebas estudiantiles de estado en el departamento debido al impedimento para desplazarse de los estudiantes de grado once que viven en el campo Aplazamiento del censo de población que se adelantaba en el resto del país Cierre de locales comerciales en Saravena y Arauquita Aumento exponencial en los precios de los alimentos en el departamento

CRISIS HUMANITARIA ARAUCA La militarización del departamento de Arauca, la disputa entre los actores armados, la existencia de cultivos de uso ilícito y la presión que se está ejerciendo sobre la población civil a través de intimidación y judicialización de líderes comunitarios, el asesinato de pobladores, amenazas a concejales y en general a autoridades del departamento, evidencian la situación crítica que vive la población del departamento en la actualidad. Entre los principales hechos en términos de crisis humanitaria en el departamento se pueden resaltar los siguientes: •

El gobernador del departamento afirmó que todos los funcionarios de Arauca se encuentran amenazados por las FARC. Congresistas de Arauca, Putumayo y otros departamentos se reunieron en el mes de octubre con el presidente Uribe para informarle que están amenazados de muerte por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y no pueden desarrollar normalmente la campaña para las elecciones de legisladores de marzo de 2006. Al concluir la reunión, los congresistas informaron que Uribe ordenó a las fuerzas militares y la policía a revisar los esquemas de seguridad de los legisladores para otorgarles la mayor protección posible27.

•

Detenciones masivas en Arauquita y otros municipios del departamento y procesos de judicialización sustentados en testimonios de reinsertados, han privado de la libertad a varias personas, muchas de ellas líderes de comunidades y asociaciones de la región. De acuerdo con la mesa de organizaciones por Arauca estos procesos judiciales han estado viciados de irregularidades que rompen con las garantías judiciales del debido proceso 28.

La mayoría de denuncias que se han presentado por parte de distintos organismos nacionales e internacionales que hacen presencia en la región se refieren a las irregularidades en los procesos a través de los cuales están siendo juzgados más de 50 líderes sindicales y sociales. “Sus abogados señalan que los procesos judiciales presentan toda clase de irregularidades: los fiscales que adelantan la investigación reciben dineros de la empresa petrolera Occidental, a los detenidos se les acusa de “promover paros y denunciar violaciones a los derechos humanos”, los testigos son “desmovilizados” que

27

Diario El Tiempo Octubre 27 de 2005 “LAS FARC ANUNCIARON LA TERMINACIÓN DEL ‘PARO ARMADO’ EN ARAUCA” 28 Comunicado SOLIDARIDAD CON ARAUCA. MESA POR ARAUCA 6 de octubre www.dhcolombia.org

13 han vivido por meses en guarniciones militares, se han falsificado las actas en las que consta la producción de las pruebas, etc.”29 •

Confinamiento y bloqueo de varias comunidades a raíz del paro armado. Esto incluyó prohibiciones expresas a la libre movilización y desabastecimiento que ocasionó una grave crisis alimentaría y un aumento en el precio de los mismos.

Los municipios más afectados por el confinamiento fueron Cravo Norte, Puerto Rondón, TAME y Fortul.

•

Asesinato de una mujer en el municipio de Arauquita, de una joven en Pueblo Nuevo y de un miembro de una misión médica en Saravena30

•

Amenazas a familia de un líder sindical que se encuentra en prisión en Arauca

•

Amenazas de muerte y destierro de varios docentes de la zona31

•

Presencia de individuos encapuchados y armados presuntos paramilitares que aplican retenes a los transeúntes.

•

Continuos casos de reclutamiento forzado de menores de edad entre 10 y 14 años, especialmente en las zonas rurales. Al respecto el SAT (Sistema de Alertas tempranas) de Arauca emite una alerta temprana en abril de 2005.

•

Como respuesta a la militarización y presencia paramilitar, la guerrilla ha aumentado drásticamente la siembra de minas antipersona en las zonas rurales de TAME, Arauquita y Fortul. Al respecto se registran 5 víctimas en lo que va corrido de 2005.

•

Amenazas a las autoridades del gobierno regional y medios de comunicación.

El gobernador, Julio Acosta Bernal, ha sufrido siete atentados. Los 12 periodistas de la ciudad sólo pueden hacer su trabajo custodiados por la Policía.

II.3. Conflicto por tierras y zonas humanitarias en la frontera con Panamá32 Quizás sea este el tema más crítico en la región, pues en la situación actual que viven las comunidades de paz y las comunidades afro descendientes propietarias de tierras colectivas se entremezclan dinámicas de presencia y acciones paramilitares, denuncias de agresiones y persecución a las comunidades por parte de las fuerzas militares, procesos agroindustriales que no parecen haber sido francamente concertados con las comunidades, amenazas colectivas e individuales por parte de grupos de guerrilla, entre otras. En el mes de noviembre fueron intimidados afro descendientes del Cacarica por supuestos desmovilizados, en los últimos ocho

29

EL ESPECTADOR “ARBITRARIEDAD DEMOCRÁTICA” 22 de octubre de 2005.

COMITÉ PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS “ ASESINATOS Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN ARAUQUITA” 30 de septiembre de 2005. por sept 30 en www.cpdh.org/) y COMITE DERECHOS HUMANOS 'JOEL SIERRA' “Continúan los asesinatos en Arauca” 7 de octubre de 2005. . en www.colombia.indymedia.org 31 ASAMBLEA PERMANENTE POR LA PAZ “SIGUE LA CRISIS EN DERECHOS HUMANOS Y LA TRAGEDIA HUMANITARIA EN ARAUCA” 24 de octubre de 2005.

32 Cabe recordar que la propuesta de Zona Humanitaria es un mecanismo de concreción del Derecho Internacional Humanitario, que posibilita la distinción de pobladores civiles de los combatientes y que previene violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Humanitario 30

14 meses, la base paramilitar de La Balsa fue desmontada, fortaleciendo la comandancia y las bases paramilitares en el río Truandó, Salaquí y Domingodó.

Es importante señalar que, según información divulgada por la Comisión Ínter eclesial Justicia y Paz, desde las bases paramilitares, se realiza un control de los recursos forestales. Los pobladores están obligados a entregar a los grupos de empresarios que explotan la madera, un porcentaje de este recurso.

Esta situación no es nueva, si bien desde el mes de septiembre se ha tornado más crítica y sistemática. En el bajo y medio Atrato desde hace dos años se han presentado 111 asesinatos y desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad, 13 desplazamientos forzados y más de 7000 hectáreas de los Territorios Colectivos de los pueblos afro descendientes sembrados con palma de aceite de manera ilegal e Ilegitima, con las consecuentes afecciones al medio ambiente con millares de especies vivas destruidas33.

Desde finales de septiembre la organización Cocomacia que agrupa a 120 comunidades negras (45 mil personas), propietarias de 800 mil hectáreas de tierras tituladas colectivamente en la zona del Medio Atrato34, venían exigiendo al gobierno el establecimiento de zonas de concentración del Bloque Elmér Cárdenas (que se encuentra en proceso de desmovilización) en territorios que sean propiedad del Estado y no en territorios que sean propiedad de las comunidades. Hasta el momento no ha habido respuesta por parte del estado35. De la misma manera, las comunidades indígenas Emberá del Chocó hicieron presencia en la Minga Embera del 10-12 de octubre que se realizó en el departamento de Caldas para protestar por la ocupación de sus territorios, el despojo de los recursos naturales, las desapariciones y el asesinato de líderes, el desplazamiento de las comunidades, la estigmatización, etc.36.

Las comunidades más afectadas por amenaza, presión y hostigamiento han sido las pertenecientes a las zonas humanitarias de Jiguamiandó y Curvaradó, que venían denunciando ya desde el mes de septiembre amenazas directas contra miembros de las comunidades, para que se vincularan al proyecto agroindustrial de palma aceitera.

Las denuncian se han hecho en contra de la Brigada 17 y grupos paramilitares que hacen presencia en la zona37 .

De acuerdo con denuncias de líderes comunitarios y representantes de ONG que trabajan en la región, son los grupos paramilitares los que hoy impulsan este proyecto agroindustrial a través de acciones en contra de las comunidades que habitan estos territorios. El proceso, según Ventura Díaz, consejero de Paz del Chocó, transcurre así: "Grupos armados matan a un líder negro, después amenazan a la comunidad y se quedan con sus tierras para sembrar palma aceitera"38.

El megaproyecto de palma aceitera agrupa a 12 empresas de la asociación de Palmicultores del Darién, a quienes se les habían suspendido los créditos a raíz de las 33

INFORME 64: Consejo Comunitario del Jiguamiandó y familias del Curvaradó: Noviembre 02/2005

34

El Consejo Comunitario Mayor agrupa la totalidad del territorio que mediante Resolución 04566 del 29 de diciembre de 1997 el INCORA, le adjudicó a las comunidades negras del Medio Atrato, bajo el nombre Título Colectivo de Tierras de Comunidades Negras para la Asociación Campesina Integral del Atrato "ACIA") en: www.cocomacia.org.co

35

www.cocomacia.org 8 de octubre EL TIEMPO “Minga Emberá” 37 colombia.indymedia.org. 25 de septiembre Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 38 el tiempo 23 de octubre TIERRAS / COMUNIDADES DE CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ, LAS AFECTADAS 36

15 denuncias. La cuestión que hoy resulta altamente problemática en términos de titulación de tierras colectivas es que de las hectáreas que habían sido adjudicadas a las comunidades de la ACIA, el gobierno asegura hoy que 10.162 hectáreas son de propiedad privada y "deben descontarse de los títulos colectivos adjudicados a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó"39. El Gobierno dice que pudo equivocarse al adjudicar las 101 mil hectáreas a las comunidades, pues asegura que encontró legales algunos títulos privados en la zona entregada.

El reconocimiento oficial del derecho de las comunidades a las tierras donde hoy se quiere sembrar palma, está amparado por el primer informe del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) que en el mes de marzo había afirmado que El Incora tituló 101 mil 57 hectáreas a 1.125 familias en Curvaradó y Jiguamiandó como ‘inembargables e inajenables’. En cuanto al cultivo de palma, el informe señala que el 93 por ciento, 3.834 hectáreas del total de 4.183 cultivadas con palma, estaban en territorios colectivos adjudicados por el Incora a las comunidades negras.

Sin embargo, en el mes de octubre afirmaría que 10.162 hectáreas tienen 39 predios cuyo carácter privado ya fue reconocido por el Incoder y serían descontadas del territorio colectivo y que el 51 por ciento, es decir 1.978 hectáreas de 3.841 sembradas de palma en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, estarían en predios privados40.

Mientras tanto las agresiones por parte de grupos armados en contra de las comunidades de la zona siguen presentándose, cabe destacar los siguientes hechos denunciados por la Comisión Intereclesial Justicia y Paz: •

• • • •

La detención arbitraria y desaparición de un poblador del consejo comunitario del Curvaradó, cobijado con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, En el municipio de Belén de Bajirá, quien posteriormente fue asesinado41.

Anuncio de incursiones paramilitares en zona humanitaria “Nueva Esperanza” y acoso de Fuerzas Armadas a la población a través de destrucción de lazos y signos de visibilización de la zona y amenazas a miembros de la comunidad42.

Amenaza a miembro de comunidad de paz de San José de Apartadó por parte del Ejército Nacional, presionándolo para entregarse al plan de reinserción, mediante acusaciones de pertenecer a la guerrilla43.

Asesinato de un poblador del medio Atrato en Punta de Aciado (Río Arquía) por parte de las FARC quienes lo acusaron de ser soldado campesino44.

Expansión de los cultivos de palma aceitera en la comunidad de Llano Rico, apropiadas bajo presión paramilitar y en la vía a Riosucio en terrenos que los paramilitares reclaman como su propiedad45.

Otras situaciones de derechos humanos y poblaciones en riesgo 39

Ibíd.

Ibíd.

41 INFORMES EJECUTIVOS COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ. INFORME 62: Jiguamiandó y Curvaradó: Octubre 15 de 2005 42 INFORME 61: URGENTE: Consejo Comunitario del Jiguamiandó y familias de Curvaradó: Octubre 11 de 2005 Justicia y paz 43 Miércoles, 5 octubre 2005 por: dhcolombia.org 40

44 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. OTRA VIDA INOCENTE SEGADA EN EL MEDIO ATRATO. OCTUBRE 15 2005 45

INFORME 64: Consejo Comunitario del Jiguamiandó y familias del Curvaradó: Noviembre 02/2005

16 La Procuraduría general de la Nación solicitó al gobierno en el mes de octubre la entrega de un informe acerca de las medidas concretas de protección a las poblaciones del alto, medio y bajo Atrato. Según el procurador las cifras oficiales señalan que entre mayo y junio de 2005 se desplazaron 151 familias (759 personas), y añadió que la comunidad denunció la presencia de las Auc cerca al corregimiento de Carrillo (Chocó), lo que impide su retorno a la cabecera de Bojayá, además de que se comprobó que aun persisten los retenes y campamentos de paramilitares en las cercanías del resguardo indígena de Unión Baquiaza. El procurador advirtió que el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas no está formalmente consolidado ni genera información confiable que permita a las autoridades garantizar la seguridad en esas zonas, tampoco para impedir el desplazamiento forzado46.

I.

Desplazamientos internos y transfronterizos

Entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre, de un total de 9 desplazamientos masivos y multifamiliares en el país que afectaron a 4.376 personas, 5 desplazamientos masivos ocurrieron en zonas de frontera y afectaron a 1.846 personas, casi la mitad del total nacional (Ver cuadro 1). En los países vecinos de Panamá, Venezuela y Ecuador, 10.548 personas solicitaron asilo entre el 1 de julio y el 30 de octubre de 2005. Esto significa que en promedio diario 82 personas salieron del país a buscar protección en los países vecinos durante los últimos seis meses y 20 personas cada día tuvieron que desplazarse dentro de las regiones de frontera durante los últimos tres meses, según información del cuadro 2... Esta proporción nos permite decir que son más las personas que deciden salir del país que aquellas que deciden quedarse y que las condiciones de seguridad son entonces más precarias.

II.1. Causas Las principales causas son escalamiento del conflicto en regiones estratégicas, arremetida guerrillera en zonas objeto de ayuda militar y de desmovilizaciones, y mecanismos violentos de regulación de la economía y la vida política local por parte de grupos armados irregulares en regiones de exploración petrolera, así como escenarios de despliegue de megaproyectos.

Los frecuentes combates entre fuerza pública y AUC contra la presencia guerrillera, han propiciado desplazamientos forzados interveredales, de los que se tiene noticia, pero no son registrados porque las personas permanecen fuera pocos días, como una medida transitoria.

En Nariño, solo entre el 13 de noviembre y el 3 de diciembre, 622 personas tuvieron que desplazarse de ocho veredas de la Costa pacífica nariñense como resultado de los combates subsiguientes a las operaciones antinarcóticos iniciadas en la zona desde el 10 de noviembre. El desplazamiento forzado interno se produjo en las veredas de Brisas de la Hondita (12 personas), Brisas del Mataje (25 personas), El Dorado (14 personas), Mateplatano (149 personas), Montañita (107 personas), Puerto Rico (305 personas) y Vayanviendo (10 personas) del municipio de Tumaco. Algunas de estas personas han decidido retornar voluntariamente a sus veredas con la expectativa en que la situación va a estabilizarse. De la vereda el Huilque del municipio de Soto Mayor se desplazaron 10 personas hacia el casco urbano el día 13 de diciembre.

46

25 de octubre El Colombiano 10 A “'SIETE MUERTOS EN ATAQUE DE LAS FARC EN PUTUMAYO”

17 En Putumayo, el 6 de diciembre se desplazaron 55 familias colonas de las veredas de Jardines de Sucumbíos y el Empalme en el municipio de Orito que huyen de los enfrentamientos entre Ejército y guerrillas y de las amenazas de grupos paramilitares que los acusan de colaboradores de la guerrilla. Estas personas están temporalmente ubicadas en la escuela de la inspección de Siberia esperando poder retornar pronto, hasta el momento han sido atendidas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por la Secretaria de gobierno del municipio.

En Guajira y Cesar, entre septiembre y noviembre se presentaron dos desplazamientos masivos de indígenas Wayuú provenientes del Alto San Jorge de la Sierra Nevada de Santa Marta. El primero ocurrió el 25 de septiembre, cuando se desplazaron 14 familias por el atentado ocurrido contra el esposo de la profesora de la comunidad. Luego, el 12 de noviembre se desplazaron 40 familias que bajaron después de la desaparición del líder comunitario Eleuterio Jarariyú, quien no volvió luego de emprender camino a denunciar los maltratos de los que había sido víctima por los paramilitares. De las 54 familias desplazadas en los dos eventos, 216 son niños, niñas y jóvenes menores de 7 años y 155 son ancianos. Acción Social solo reconoció a 22 familias que ingresaron al SUR, lo que significa un subregistro de casi el 50%. Estas 40 familias se encuentran a 800 metros después de Mingueo (Dibulla).

Cerca de 90 familias indígenas Wiwa que abandonaron la Sierra Nevada de Santa Marta hace más de tres años huyendo del conflicto armado, han solicitado el retorno.

Para ello se realizó durante la primera semana de octubre una primera visita de verificación que permitiera evaluar las condiciones de tales zonas para el retorno. En la lista de quienes desean volver a casa, se encuentran 37 familias de Potrerito, 31 de El Limón y 21 de La Laguna.

Desplazamiento en Arauca Durante el cuarto trimestre se reportan desplazamientos gota a gota de campesinos que salen y llegan principalmente a Arauca, TAME, Saravena, Arauquita, Puerto Rondón, Cravo Norte y Fortul. Dentro de esta problemática se observa un importante subregistro de familias que por temor a ser identificadas por los actores armados y por no levantar sospechas al revelar su lugar de procedencia, no se registran en el SUR. En materia de reclutamiento forzado se sabe que hay casos, especialmente en las zonas rurales, en todo el departamento. EL Sistema de Alertas tempranas de La Defensoría del Pueblo registro este año una alerta temprana por el reclutamiento de menores de edad, entre diez y trece años principalmente Se han registrado cinco víctimas de minas antipersonas en éste año, aunque no existe la cifra exacta. Especialmente ubicadas en las zonas rurales de TAME, Arauquita y Fortul47.

Para los analistas el experimento de seguridad democrática en Arauca deja un enorme sinsabor. Si el objetivo era proteger el bombeo de petróleo el gobierno y las Fuerzas Militares salen bien librado. (Solo mientras hay militarización en el oleoducto y las torres de energía).

Si la guerrilla en Arauca es, como dicen los militares, un fenómeno político, los helicópteros y el inmenso pie de fuerza parecen adecuados para el petróleo, pero

47

Información suministrada por Pastoral Social Arauca.

18 ineficaces para penetrar en una población que aún no confía plenamente en las Fuerzas Militares. Así, el experimento en Arauca está muy lejos de ser exitoso48.

Entre julio y noviembre del 2005 se reportaron 6.143 solicitudes de asilo en los países de Panamá, Venezuela y Ecuador. De estas, 2.288 fueron aceptadas y 2.296 negadas, lo que significa que la tasa de reconocimiento es inferior a la de rechazo y que la política de en materia de asilo de los gobiernos vecinos muestra una tendencia al cierre de sus fronteras no solo por la incapacidad de atender a la cantidad de refugiados colombianos y colombianas refugiadas, sino porque las medidas adoptadas suelen ser de otro tipo, como la cedulación en Venezuela que se reanudo durante el mes de diciembre49.

Esto también explica que las solicitudes de asilo en número también han disminuido durante el último trimestre del año, comparadas con las registradas en los trimestres anteriores, ya que hay cada vez menos opciones de integración local y protección por esta vía. Ecuador sigue siendo el que mas solicitudes de asilo de colombianos recibe en al región andina. No obstante, al examinar el total de solicitudes de asilo de colombianos en el mundo, el 2004 reporto un aumento respecto del 2003, según información de los gráficos 1 y 2.

Grafico 1.

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

GRAFICO COMPARATIVO SOLICITUDES DE REFUGIO POR TRIMESTRES EN EL AÑO 2005 EN ECUADOR, PANAMA Y VENEZUELA 1694

1276 1543

1107

604

36

Ecuador I Semestre

129

88

165

318

0

Panamá II Semestre

214

III Semestre

Venezuela IV Semestre

Fuente: Cuadro Elaborado por CODHES con información suministrada por ACNUR. Panamá IV trimestre no hay Información.

Venezuela III Trimestre información Julio y Agosto.

Ecuador IV Trimestre información Octubre-Noviembre.

Los datos son sólo de personas que han solicitado refugio ante ACNUR, aproximadamente un 30% de la población que ha cruzado la frontera no se registra ante ningún organismo.

48

Revista Semana, “ SALDO ROJO” edición de 12 de noviembre de 2005 Se nacionalizaron 22.664 extranjeros residentes en el país, 95 por ciento de los cuales son colombianos según datos de la Oficina Nacional de identificación y Extranjería.

49

19 Grafico 2 25000

Principales Paises Receptores de Solicitantes de asilo de colombianos 2004.

21536 21527

20000 17687 18411

15000

Número de solicitudes de asilo de colombianos en el mundo 9782

10000

5000

4060

0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: Cuadro Elaborado por CODHES con información suministrada por ACNUR – Infografia cifras 2003-2004-2005 Hacia los países vecinos este trimestre no registro afluencias masivas de personas solicitando refugio o huyendo del conflicto en la frontera con Venezuela ni en la frontera con Panamá, probablemente porque en el lado venezolano estuvo bloqueado el paso como efecto de los paros armados en Arauca y Norte de Santander. En Ecuador, de acuerdo con información de ACNUR, desde el 19 de octubre por lo menos dos mil colombianos entre hombres, mujeres y niños han abandonado sus hogares debido al recrudecimiento de la violencia en la zona fronteriza con Ecuador. EN el departamento de Nariño, 850 personas cruzaron la frontera con Ecuador como consecuencia de los combates entre unidades Antinarcóticos de las Fuerzas Armadas de Colombia y guerrilla de las FARC. Entre estas, 600 se encuentran en el cantón fronterizo de San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas sobre el océano Pacífico, ubicado al frente del municipio de Tumaco, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. Así mismo, más de 200 personas del departamento de Putumayo, han solicitado asilo en el cantón fronterizo de Lago Agrio desde finales de octubre, provincia de Sucumbíos en la capital de Lago Agrio.

De acuerdo con ACNUR, este grupo de personas en su mayoría pertenecen a la etnia Kechwa y provienen del resguardo indígena San Marcelino ubicado en las riberas del río San Miguel, desde donde han sido forzados a salir por enfrentamientos entre guerrilla de las FARC y Ejército, con interés manifiesto de controlar la zona.

20

Caso

Frontera ColomboEcuatoriana

Mes

Tipo de desplazamiento

Lugar de llegada

No. Personas

Octubre

No definido

Ecuador

538 personas

Situación Según la Oficina de ACNUR en Ecuador, en el mes de octubre cruzaron la frontera ecuatoriana 538 colombianos provenientes de la comunidad indígena de San Marcelino en Teteyé como efecto de una incursión paramilitar del 19 de octubre, según información proporcionada por las comunidades indígenas

Fuente de Información

Oficina de ACNUR, Ecuador Según una fuente no oficial en las primeas semanas de noviembre, al municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, llegaron 40 familias Wayuú, aproximadamente 200 indígenas, provenientes de la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, departamento de Magdalena.

Las familias indígenas se desplazaron luego de la desaparición de uno de sus miembros el 19 de octubre, quien había bajado a Riohacha días antes a denunciar los maltratos recibidos por un grupo paramilitar. De igual manera, las familias indígenas denunciaron que el 16 de noviembre miembros del mismo grupo irregular quemaron 2 ranchos en la misma zona de donde fueron expulsados.

Ta Veredas Brisas de la Hondita, Brisas del Mataje, El Dorado, Mateplatano, Montañita, Puerto Rico y Vayanviendo, municipio de Tumaco Nariño

Noviembre

Masivo

Riohacha, La Guajira

Información recogida, durante el trabajo de campo de Codhes

220 indigenas 40 familias Según la Oficina de ACNUR en Ecuador, el fin de semana del 12 al 14 de noviembre llegaron a la población de San Lorenzo 800 personas provenientes de las veredas Brisas de la Hondita, Brisas del Mataje, El Dorado, Mateplatano, Montañita, Puerto Rico y Vayanviendo del municipio de Tumaco, departamento de Nariño.

Este desplazamiento ocurrió después del operativo antinarcóticos “El Nevado” adelantado por las Fuerzas Armadas colombianas y los combates entre las FARC y el Ejército en zona aledaña a la vereda Brisas del Mataje.

Noviembre

Migración transfronteriza

Poblado de San Lorenzo, Ecuador

800 personas

Oficina de ACNUR, Ecuador

21

Caso

Vereda Jardín de Sucumbios, Municipio de Orito, Putumayo

Mes

Diciembre

Veredas La Más Verde y Nuevo Horizonte, Jurisdicción del municipio de Curumaní Cesar Diciembre

Tipo de desplazamiento

Masivo

Multifamiliar

Lugar de llegada

No. Personas

Orito, inspección de Iberia

55 familias, aproximadamente 275 personas

Curumaní

4 familias, 13 personas

Situación Según fuentes oficiales 55 familias, aproximadamente 275 personas, de la vereda Los Jardines de Sucumbíos, jurisdicción del municipio de Orito, se desplazaron desde el pasado 6 de diciembre a la inspección de Liberia donde se encuentran albergados en la institución educativa Francisco José de Caldas. Los pobladores se vieron obligados a desplazarse de sus lugares de origen por amenazas y enfrentamientos entre Ejército y FARC.

Fuente de Información

Pastoral Social Según autoridades locales, al municipio de Curumaní llegaron 13 personas, 4 familias, provenientes de las veredas La Más Verde y Nuevo Horizonte. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, seccional Cesar, el desplazamiento se produjo luego de la masacre de 25 personas a manos de presuntos paramilitares. Sin embrago, la Organización Mundial contra la Tortura Defensoria de Pueblo(OMCT) señaló que las víctimas ascienden a 22.

Regional Cesar Asociación para la promoción alternativa(Minga), Personeria

22

SOLICITUDES DE COLOMBIA EN PAISES VECINOS.

Panamá. Hasta el 31/03/05 hay 1778 personas con el estatus de refugiado en este país.

Ecuador. En el período 2000-2005 se han presentado 36.665 solicitudes de refugio.

Venezuela. El total acumulado desde el año 2000 ACNUR ha procesado 5956 Solicitudes hasta el 3 de noviembre de 05.

Perú

Solicitudes año 2005

Aceptadas 2005

Negadas 2005

Solicitudes abandonadas 2005

298 personas

22 personas Primer trimestre del 2005

66 personas Primer trimestre del 2005

SI

En trámite o pendiente al 2005 694 personas acumulado Total de personas: en el total de personas en trámite o pendiente se incluyeron los individuos que han sido rechazados por la Comisión de Elegibilidad (C.E.) y están presentando reconsideración y aquellos casos que la C.E. ha decidido revisar nuevamente porque tienen inquietudes que no son satisfechas por el expediente del caso.

5737 personas

2453 personas

2669 personas

1107 personas

Desde el año 2000 hasta el 2005 han sido 11 492 refugiados en colombianos en Ecuador.

1087 personas

146 personas

176 persoans

173 personas

45 personas

23 personas

Fuente: Tabla consolidada por Codhes con información de la oficina de ACNUR de los países vecinos.

4.282 Decisiones pendientes. 45 personas en espera de reconsideración de sus solicitud (fue negada una primera vez).

Se tuvo una información de la Jefatura de Migraciones de Tumbes sobre ingreso y/o salida de territorio nacional de ciudadanos de nacionalidad colombiano con Tarjeta Andina de migración.

23

III. Impacto del conflicto armado en la frontera y respuesta internacional ECUADOR El gobierno colombiano responde con una intensa militarización en esta frontera. El Presidente Uribe durante el consejo de seguridad en Ipiales del 3 de noviembre anuncia la conformación de un Frente de seguridad en la frontera de Nariño con provincias ecuatorianas de Carchi y Esmeraldas. Tras este Consejo, quedo prohibido el ingreso de gasolina a los poblados de Llorente, La Victoria y Chiles, entre otros cinco corregimientos y municipios.

Las relaciones binacionales entre los gobiernos colombiano y ecuatoriano siguen centradas en los temas de fumigaciones y refugiados. A raíz de las denuncias interpuestas por la Defensoria del Pueblo de Ecuador por daños en su territorio causados por las fumigaciones, el gobierno colombiano anuncio suspender la erradicación forzada por este método a partir de enero de 2006; pero la Canciller Carolina Barco aseguro que no habrá una franja de 10 kilómetros sin control a la siembra de coca.

De otro lado, se observa que el desbordamiento del conflicto continua, no solo porque el gobierno ecuatoriano denuncio violación del espacio aéreo por parte de las fuerzas armadas colombianas durante le operativo antinarcóticos de “El nevado”. También porque durante el ataque de las FARC a Puerto Colon el 26 de octubre en el municipio de San Miguel, departamento de Putumayo, cuyo saldo dejo 12 muertos, las fuerzas armadas colombianas reportaron que los tubos y cilindros utilizados por este grupo, provenían de Ecuador. Esta es una dinámica transnacional de la guerra que involucra cada vez más al país vecino en la confrontación armada.

De otro lado, la presencia de grupos armados irregulares al otro lado de la frontera se mantiene. Los habitantes de la parroquia de General Farfán en Ecuador, reportaron amenazas de las AUC quienes podrían atacar a la parroquia e incluso aseguran que los policías y militares de la frontera fueron alertados50.

El gobierno ecuatoriano insiste en militarizar la frontera y ya cuenta con 11.500 militares y el Ejercito anuncio que instalara temporalmente puestos de control en las provincias de Carchi y Sucumbíos para “incrementar la seguridad, combatir el trafico de armas y drogas, además de la migración ilegal”51 en una política que concibe cada vez mas las migraciones como un asunto de seguridad y no como un asunto humanitario.

VENEZUELA La frontera venezolana se convirtió en un agujero negro por donde se han ido perdiendo los esfuerzos de seguridad que se hacen de este lado del río.

De acuerdo a información suministrada por publicación de la Revista Semana, Las guerrillas están a todo lo largo de los 408 kilómetros de frontera fluvial, del lado de Venezuela. En El Amparo, frente a la capital; en La Victoria, frente a Arauquita; en todo el río Nula, en las selvas de San Camilo. "Por la isla del Charo entran los insumos hasta cristalizaderos en alrededores de Saravena. “Por allí mismo sale en promedio una tonelada de coca cada mes", dice un oficial.

50

Diario La Hora, “RECRUDECE VIOLENCIA EN LA FRONTERA”, 26 de octubre de 2005.

Versión electrónica.

51 Diario La Hora “EJERCITO IMPONDRA RETENES EN FRONTERA”, 14 de octubre de 2005, versión electrónica.

24 A pesar de las presiones y amenazas a que se han visto enfrentados los araucanos es casi imposible conseguir información concreta sobre los autores de las mismas. La gente esta intimidada y prefiere el silencio a ser silenciado por hablar. "No tengo ninguna denuncia de extorsión este año", le dijo a SEMANA el mayor Dayro Hernán Puentes, comandante de la Policía de Arauquita.

La población ha recibido castigo por parte de todos los actores armados, los informantes señalan a diestra y siniestra falsos miembros de las guerrillas, estas por su parte los acusan de ser informantes y los organismos del Estado los detienen sin escuchar defensa.

El 80 por ciento de las personas que fueron detenidas en las capturas masivas están en libertad. Muchos eran inocentes señalados por informantes sin escrúpulos.

En la segunda semana de diciembre se han enfrentado las guerrillas de las FARC y el ELN en una guerra frontal en los alrededores de Saravena por el control territorial52.

Según datos de Medicina Legal en lo corrido de este año van aproximadamente 160 homicidios sólo en Tame y otros 110 se registran en Arauca capital.

Las autoridades han respondido con reuniones de tipo binacional que involucran autoridades fronterizas, ya que es este el cordón que representa la prioridad en materia de seguridad para los dos gobiernos. En Guasdualito (Venezuela) se celebró un encuentro binacional, presidido por los gobernadores de Arauca, Julio Acosta, y del estado Apure, Jesús Aguijarte, para avanzar en el diseño de programas de integración fronteriza 53.

Por su parte la canciller Carolina Barco se reunió a mediados de octubre con gobernadores de zonas fronterizas para buscar estrategias de seguridad con los países limítrofes, en momentos en que las autoridades de Arauca denunciaban la situación del paro armado54. La principal respuesta del gobierno ha sido más presencia militar. Se calcula en 15.000 el número de efectivos militares presentes en el departamento. Esto quiere decir que por cada 16 habitantes civiles hay un militar.

Adicionalmente se calcula en 4.500 el número de guerrilleros y en 600 el número de paramilitares.

El gobierno de Uribe responde con una Plataforma de aseguramiento del Catatumbo: Es claro que después de la desmovilización del Bloque Catatumbo, sobrevino como estrategia de Estado un drástico aumento en la militarización presente en el departamento. Recientemente se anunció la creación de la Brigada No. 30 con sede en Cúcuta y la Brigada Móvil No. 15 para el Catatumbo. Dichos escuadrones aumentarán en 1.200 el número de activos antes de diciembre de 2005. De hecho, la brigada 30 entró en rigor durante la primera semana de diciembre, realizando el 12 del mes en curso una detención masiva de 12 personas. Se ha anunciado que la Armada también hará presencia permanente en el Río Catatumbo y Río de Oro. Con ello se calcula que el pie de fuerza para el Catatumbo será de más de 4500 militares. El General Saavedra ha hablado del clon del plan patriota en Norte de Santander y Arauca con las operaciones “Fortaleza” y “Escudo”. Toda esta militarización busca asegurar las zonas antiguamente controladas por los paramilitares y debilitar el corredor estratégico que tienen las FARC y el ELN en la frontera con Venezuela. Dicho 52

Diario EL Colombiano “PERSISTEN CHOQUES ENTRE FARC Y ELN” 17 de diciembre de 2005. página 10ª.

53 ENCUENTRO BINACIONAL 29 de octubre de 2005.

54 MIAMI HERALD “COLOMBIA PIDE MAYOR SEGURIDAD EN LA FRONTERA” 19 de octubre de 2005.

25 aseguramiento permitirá la puesta en marcha de los megaproyectos planteados para la región.

Reinicio de las fumigaciones: A partir del 16 de septiembre inició nuevamente la erradicación aérea de cultivos de uso ilícito por parte del grupo antinarcóticos de la policía en la operación llamada “Diamante III”. Se pretende erradicar alrededor de unas 3000 a 3500 hectáreas de coca y amapola en los municipios de Ábrego, Convención, Cúcuta, El Carmen, El Tarra, Zulia, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorema y Tibú. En esta labor fue derribada 1 avioneta en El Tarra dejando como saldo un piloto muerto. También se han presentado denuncias por parte de las comunidades del municipio de San Calixto, quienes aseguran que los químicos utilizados han acabado con los cultivos de pan coger y han envenenado el medio ambiente. Esto ha hecho que veredas como La Fortuna, Playitas de San José, La Primavera y El Perdido hayan quedado como un desierto. Según Luis Daniel Durán, funcionario de la alcaldía de San Calixto, las fumigaciones generaron importantes desplazamientos de campesinos a veredas aledañas, quedando en grave estado de pobreza e indefensión.

RELACIONES INTERNACIONALES PANAMA En cuanto a la situación del lado panameño de la frontera y del país vecino se pueden identificar tres temas importantes: el gubernamental frente a las relaciones con Colombia (proceso de paz y mediación) y la relación con Estados Unidos. El tema regional de frontera (conflictos entre indígenas y pobladores en las zonas fronterizas del Darién que podrían estar afectando también a poblaciones refugiadas) y finalmente el tema del refugio que nuevamente se puso sobre el tapete.

Frente al primer tema, el canciller de Panamá confirmó que su país se ha ofrecido como mediador de un proceso de paz en Colombia. Indicó que el presidente Torrijos le ha dado mucho seguimiento a los diálogos de paz en Colombia. "La pacificación de Colombia tendría una incidencia importante e la estabilidad política de todo el continente”.

En el segundo punto, Los dirigentes indígenas de la etnia wounaan, residentes en la zona de frontera en la comunidad de Boca de Lara amenazaron con invadir por la fuerza más de 400 hectáreas de tierras, que le fueron expropiadas ilegalmente por campesinos y productores foráneos. Los indígenas aseguraron que en los últimos años los campesinos se han apoderado de gran parte de sus territorios y que a pesar de sus denuncias las autoridades no han cumplido con la expulsión de los invasores55.

De acuerdo con denuncias de las comunidades indígenas de Kuna Yala se han concedido permisos ilegales de exportación de maderas de puntos fronterizos como La Miel y Puerto Obaldía hacia Urabá en Colombia, contraviniendo las normas existentes para tales fines y sin conocimiento de las autoridades comárcales56. Esta situación alerta sobre la posible relación entre explotación ilegal de recursos naturales en Choco por parte de grupos paramilitares, y grupos económicos en la región fronteriza en Panamá.

Frente al tema de refugio, las comunidades del río Tuira, entre ellas: El Real, Pinogana, Yape, Boca de Cupe, Balsal, Boca de Paya, Sobiaquirú y Matugantí en Panamá se enfrentan a los retos para la inserción de población refugiada colombiana porque viven en una difícil situación económica.

55 56

Diario Panamá América, Indígenas usarán la fuerza para recuperar sus tierras, 12 de octubre.

21 de octubre 2005 El siglo Descubren exportación ilegal de madera

26 A continuación se hace alusión a aspectos específicos de la provincia de Darién, a la cual se refiere el informe de INFORME DE MONITOREO DE FRONTERA REFUGIADOS/AS EN EL RÍO TUIRA, de SJR del mes de octubre de 2005, se divide administrativamente en 2 distritos: Chepigana, Pinogana. En tanto, la Comarca Indígena Emberá-Wounaan está conformada por los distritos de Cémaco y Sambú.

Estas comunidades viven del plátano, del cultivo del arroz como del ñame. La venta de estos productos genera importantes ingresos y avivan el movimiento cotidiano de personas, del dinero y hasta de las cantinas en algunos pueblos, como Pinogana, Unión Chocó, Yape y Boca de Cupe.

En estas condiciones viven muchos colombianos refugiados desde el año 1999, que han ido formando sus hogares con personas de origen panameño y por esa vía han logrado legalizar su situación en este país.

El 19 de julio de 2005 ocurren deslaves y deslizamiento de tierra en la cabecera del río Tuira, provocando la mortandad de fauna del río y estados de insalubridad afectando la seguridad alimentaría de esta comunidad.

En esta difícil situación se encuentran los distintos y distintas protegidos/as humanitarios temporales de las comunidades sobre el río Tuira. En El Real, Yape, Boca de Cupe, Balsal, Boca de Paya, Sobiaquirú y Matugantí. Sin embargo mencionan que el trato por parte de las autoridades panameñas ha mejorado: “Por el lado de la autoridad, ha cambiado como el noventa y cinco por ciento a favor, ahora últimamente ni siquiera el nombre me preguntan”.

“Los de migración ya están bien [y] a veces cuando los cambian uno ni siquiera se da cuenta. Los del DIIP [Departamento de Investigación Policial] se comportan bien”, decía un protegido humanitario temporal residente en Boca de Cupe.

A pesar de esto hay algunos aspectos que aun no han mejorado. Aún hoy, se continúa coartando el derecho a la libre movilización. En ocasiones, ni siquiera en caso de enfermedad se han otorgado permisos para recibir atención médica. “Ni cuando ‘toy enferma me quieren dar permiso, ni porque tengo marido policía”, recalcaba una mujer con una sonrisa de cierta resignación.

Lo que subsiste es el favoritismo por parte de miembros de la policía. Los permisos son otorgados si el solicitante de refugio les cae bien o con la intención de que en el futuro esta persona pueda “cooperar” con ellos. Incluso, a personas que ya tienen el status de refugiado les restringen las salidas del pueblo, tratándolos con palabras y gestos muy groseros e intimidatorios.

Las personas protegidas humanitarias entrevistadas en general aspiran tener una mayor movilidad. Definitivamente supeditar la producción y el trabajo a las acciones de los intermediarios sin poder hacer nada al respecto, repercute económica, social y psicológicamente en la gente sus esperanzas están puestas en la regularización y en la libertad prometida a través del gobierno panameño. “Para mi, que se mejore el estatus legal para trabajar de otra manera, no trabajar en el monte”.

En la misión realizada por miembros de SJR de Venezuela, fueron entrevistadas varias personas que aun no tenían carné que los identificara como protegidos humanitarios temporales. Algunos de ellos llegaron en 1999 y otros este año.

Inclusive, varios no tienen ni el carné ni documentos que los acrediten como ciudadanos colombianos.

27 En cuanto a la integración en las comunidades receptoras, los protegidos humanitarios temporales, en general se han fusionado a ellas. “Ya no se sabe si hay refugiados porque eso ni se oye”, comentaba un residente de Boca de Cupe con respecto a la integración. No obstante, aun persisten algunas actitudes individuales de rechazo.

Por otro lado, se denunciaron casos de discriminación hacia los hijos de colombianos, centroamericanos y asiáticos en Panamá, ya que no fue posible para estas personas acceder al derecho a la identidad a pesar de haber nacido en Panamá, por tener uno de los padres de nacionalidad colombiana, situación que se presenta principalmente en el Darién57.

57

Diario crítica libre 5 de octubre Discriminan extranjeros

28 ANEXO 1.

CRONOLOGIA PRINCIPALES HECHOS DE VIOLENCIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA Municipio Fortul

Acciones Octubre 2: Dinamitadas 5 torres de energía dejando 7 municipios sin electricidad. En el municipio de Fortul se detona un artefacto explosivo.

Octubre 9: Asesinados 3 agentes de la policía en Fortul en la zona urbana mientras realizaban labores de patrullaje.

Octubre 23: Asesinado el conductor de la ambulancia de Fortul cuando trasladaba en la ambulancia un herido hacia el municipio de Arauca

Tame, Rondon y Saravena

Octubre 3: Las empresas transportadoras del municipio recibieron amenazas telefónicas para que cesen actividades dentro y fuera del departamento argumentando el inicio de un paro armado. Se tuvo información de un vehículo atravesado en las vías Arauca ame, TAME-Rondon, Tame-Saravena.

Octubre 8: En la vía Arauca-TAME fue incinerada una camioneta que transitaba por las calles vendiendo agua comercial.

Octubre 14: Se presenta un nuevo atentado contra la infraestructura eléctrica dejando sin energía a TAME y Puerto Rondon.

Octubre 17: 'Tropas del Ejército activaron de manera controlada un vehículo cargado con explosivos por presuntos guerrilleros de las FARC cerca al municipio de TAME, Arauca. Fuentes oficiales precisaron que el vehículo contenía unos 100 kilos de Anfo y fue abandonado en la carretera. De acuerdo con uno de los oficiales que participó en el operativo, el propósito de los insurgentes era destruir un puente.

Octubre 17: Se presenta un nuevo atentado contra la infraestructura eléctrica (Saravena) dejando sin energía a todo el departamento, Octubre 15: Asesinado el señor JOSE ANDRES BOADA CONTRERAS, taxista quien venia haciendo caso omiso al cese de actividades en Arauca.

Octubre 22: quemada en la vía Arauca – Cravo Norte una buseta de la empresa CONTRANSTEFLUARAUCA que hacia

TAME

Saravena

Arauca

29

Arauquita

Puerto Rondon

TODO EL DEPARTAMENTO

caso omiso al paro.

Octubre 18: Asesinado en Arauquita el señor ELDER YESID RAMIREZ RINCON secretario ejecutivo de la alcaldía.

Durante la tercera semana del mes de octubre los alcaldes de Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondon, informaron del desabastecimiento de víveres por falta de transporte.

El 26 de octubre las FARC han anunciado el final del paro armado.

TODO EL DEPARTAMENTO

TODO EL DEPARTAMENTO

Octubre 10: El soldado campesino José Úsuaga se convirtió en la quinta víctima que dejan los atentados de las FARC en Arauca con minas antipersonal.

Octubre 26: Tropas del ejército destruyeron en TAME (Arauca), 19 minas antipersonal, sembradas por guerrilleros del frente 10 de las FARC Asesinatos Selectivos: El 14 de Diciembre de 2005, fue asesinado en la vereda El Oasis, del municipio de Arauquita, el docente ANGEL MANUEL PEREZ TOBAR. El día 10 de Diciembre, fue asesinado el comerciante de ganado, GONZALO OCHOA CASTRO, en el centro del casco urbano de Saravena.

El día 9 de diciembre, fue asesinada la enfermera DERLY CECILIA GOYENECHE GARCÍA, en la vereda Puerto Gaitán del municipio de TAME, en hechos atribuidos inicialmente a los grupos armados de oposición, y donde resultaron además, heridas 10 personas de la población civil. Con este acto nuevamente la Misión Médica vuelve a ser víctima del conflicto armado interno.

4. El día 8 de diciembre, en la vereda la Reinera del municipio de Arauquita, fue asesinado el señor PABLO ELIAS ESTRADA. En el municipio de Fortúl, en el caserío de Nuevo Caranal, fue asesinada la señora MARIA MAGDALENA FLOREZ.

El 30 de noviembre, fue asesinado en la vereda el Salivón, del municipio de Fortúl, el señor ADOLFO SOCHA MONZALBE. Localidad del Amparo (Arauca) a orillas Durante el 2005 han ocurrido 17

30 del río Arauca FRONTERA

secuestros en esta pequeña localidad Primera semana de Octubre: Reunión de los gobernadores de Apure (Venezuela) y Arauca para adelantar una propuesta binacional para coordinar las acciones policiales, de inteligencia y militares, en la frontera Octubre 29: Se registró un combate con las FARC en La Palma, Venezuela, que aunque no trascendió en los medios, dejó varios muertos de la guardia del vecino país, incluido un teniente.

MILITARIZACION DEL Arauquita: presencia de décimo octava DEPARTAMENTO brigada, en zona rural brigada móvil 5.

SEGURIDAD-MILITARIZACION INFORMES DE RIESGO ARAUCA SAT SARAVENA – FORTUL – ARAUQUITA – (Sin respuesta del CIAT) PUERTO RONDON: 2 Informes de riesgo para el 2005 (Julio y Octubre) TAME – CRAVO NORTE- ARAUCA: 1 INFORME DE RIESGO para julio de 2005.

Este informe fue elaborado gracias al apoyo de: Consejo Noruego para Refugiados, Proyect Counselling Service (PCS) – Interpares y Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI). Los conceptos y afirmaciones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva de Codhes y no comprometen a las instituciones donantes. La información publicada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes puede reproducirse total o parcialmente citando la fuente e incluyendo nuestra dirección electrónica www.codhes.org.co