BOLETÍN CODHES INFORMA #30: Guerra, Desplazamiento y Pobreza. 2000

Codhes informa __________________________________________________________ Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento número 30 Bogotá, Colombia 27 de julio de 2000 E. Mail: codhes@codhes.org.co Página Web: www.codhes.org.co

GUERRA, DESPLAZAMIENTO Y POBREZA1 La guerra irregular y cruenta que se mantiene en Colombia en medio de los esfuerzos de paz está modificando la composición social y demográfica en zonas rurales y urbanas, sigue incidiendo en la crisis del campo, afecta la tasa de desempleo y plantea serios problemas de marginalidad, pobreza y exclusión económica, política y social de cada vez más colombianos.

El conflicto armado no sólo no se detiene sino que tiende a afectar más regiones y más sectores sociales del país y a degradarse porque ninguno de los actores armados involucrados aplica en la práctica las normas del derecho internacional humanitario que permitirían, ante todo, excluir a la población civil de la confrontación mientras ésta se resuelve por la vía de la negociación y el diálogo.

El desplazamiento forzado es el problema humanitario más grave que enfrenta el país no solo por la magnitud que reviste (cerca de dos millones de personas en 15 años) sino por el tipo de rupturas sociales, políticas y culturales que genera; por los interrogantes profundos que plantea sobre el sentido histórico y futuro de la nación colombiana y por la tendencia a la fragmentación social que conlleva. La persistencia de este fenómeno migratorio está planteando serios desafíos en la medida en que modifica por la vía de la fuerza la estructura sociodemográfica en las zonas de expulsión, mayoritariamente rurales, e incide en el crecimiento acelerado, espontáneo y caótico de grandes y pequeñas ciudades que multiplican por esta vía su propia problemática social.

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Para la realización de este informe CODHES contó con el apoyo de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea ECHO en convenio con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, la Embajada Real de los Países Bajos y Christian Aid. CODHES reconoce y valora la labor de múltiples actores sociales, de la Iglesia Católica, y de autoridades locales que contribuyeron a la aplicación de la Encuesta y a la información que hace posible este seguimiento al fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia.

El abandono de más 3.000.000 de hectáreas de tierra por parte de aproximadamente 90 .000 hogares con vínculos rurales entre 1996 y 1999 implica un drama para estas familias despojadas de sus pequeñas propiedades, plantea un desafío en torno a la recomposición violenta de la tenencia de la tierra y se constituye en otra de las causas de la profunda crisis que afecta al sector agrario.

Es cada vez más evidente que los índices de desempleo, que superan el 20%, tienen relación con el desplazamiento forzado de miles de colombianos que no sólo perdieron su núcleo básico de supervivencia en el campo sino que fueron obligados a incorporarse a las filas de los desocupados o a la economía informal.

Se configura así una forma de exclusión que tiene implicaciones en los derechos fundamentales de las poblaciones afectadas toda vez que fueron sometidas a la expropiación por la vía de la fuerza, a la pérdida de sus fuentes de sostenimiento, a la degradación de su calidad de vida, a la ruptura de sus referentes socio espaciales y culturales y a la negación de su identidad política.

Este boletín de CODHES Informa contiene resultados de la quinta encuesta nacional de hogares en situación de desplazamiento forzado2 que reafirma el grave problema social y político que implica esta modalidad de migraciones en un país cuyo modelo económico, precaria democracia, ausencia de justicia y altos niveles de confrontación armada ofrecen un sombrío panorama para el pleno ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Con esta información se pretende aportar elementos analíticos que permitan una mayor comprensión de la critica realidad de la población desplazada en la perspectiva de contribuir a la construcción de las soluciones sociales e institucionales que demanda la dimensión y naturaleza del desplazamiento forzado.

Sin Dios ni ley El desplazamiento forzado sigue siendo la mayor expresión de la crisis de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que afronta el país en el marco de una guerra irregular que convirtió a la población civil en objetivo militar en medio de una agudización de la lucha por el dominio territorial. Reflejo de esta situación son alrededor de 288.127 personas de aproximadamente 57.625 hogares que se vieron forzados a huir como consecuencia de las acciones desplegadas por los actores armados durante 1999.

Por eso el conflicto armado continua siendo la mayor causa por la cual los hogares están siendo forzados a abandonar sus regiones de origen. El 82% de los hogares encuestados señalan como causa de su huida las acciones violentas desarrolladas por los distintos actores armados.

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La encuesta fue aplicada entre enero y junio del año 2.000 y cubrió una muestra de 4.406 personas integrantes de 971 hogares desplazados durante 1.999. La muestra tiene un margen de error del 5% y un nivel de confiabilidad del 95%.

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El hecho más relevante es el incremento de desconocidos como presuntos responsables de desplazamiento forzado, que indica la intencionalidad de algunos actores armados de ocultar su identidad o negarse a reivindicar los hechos de violencia que provocan desplazamiento. En general los paramilitares mantienen la principal responsabilidad del fenómeno, en una constante que se mantiene desde 1995 y que cuestiona el papel de la Fuerza Pública como garante de los derechos de todos los ciudadanos.

Presuntos responsables del desplazamiento 1.999 Paramilitares Guerrillas Desconocidos Fuerzas Militares Policía Nacional Otros

49% 28% 16% 5% 1% 1%

Desplazados en medio de las negociaciones?

La gran contradicción que plantea este escalamiento de la guerra contra la población civil es la continuidad de un modelo ya agotado de negociación en medio de un conflicto armado que no tiene referentes humanitarios y que se mantiene en el marco de una profunda crisis de derechos humanos auspiciada por la impunidad En cumplimiento de los planes de paz y guerra de los actores armados se combinan la negociación política con el desarrollo de las capacidades estratégicas (militares, económicas, políticas) que las dinámicas de la guerra y la negociación imponen. Aquí se inscriben el control territorial y de poblaciones, el incremento de las formas de financiación y el fortalecimiento de las estructuras armadas, sin que se tenga en cuenta la existencia como sujeto de derechos a la población civil no combatiente inmersa en las zonas de conflicto.

Son evidentes dos preocupantes en el marco de esta situación de recrudecimiento del conflicto armado en medio de la negociación: de un lado, el hecho de que no hay cambios en el comportamiento de los actores armados frente a la población civil y de otro lado, la incapacidad del estado para prevenir las causas del desplazamiento forzado.

Responsabilidades compartidas Si bien es cierto las fuerzas militares disminuyeron su responsabilidad como actor responsable del desplazamiento forzado en 1.999 con respecto al año 1.998 (de un 8% se paso a un 5%) continua siendo muy precaria la capacidad del estado para garantizar la protección de la población civil si se tiene en cuenta que: 3

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No se contrarrestó la actuación de los paramilitares contra la población civil, que según los jefes incrementó su responsabilidad frente al desplazamiento forzado de un 47% del año 1.998 a un 49% en 1.999.

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Los desconocidos aumentan su participación de una manera importante, durante los años 1.997 y 1998 se habían mantenido entre el 8% y 7% respectivamente, en cambio para 1.999 esta cifra se duplica. Además de la intencionalidad de ocultar la identidad, se impone la intimidación sobre las víctimas de desplazamiento para que no identifiquen a los responsables, lo que consolida la impunidad.

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Aunque la Policía Nacional aparece en 1.999 con apenas un 1% como presunto actor armado causante del desplazamiento forzado, es importante resaltar es que desde 1.997 no lo hacía, por lo que inquieta este aparente retroceso.

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La guerrilla como presunto actor responsable del desplazamiento pasa de un 35% en 1.998 a un 29% en 1.999, que si bien implica una leve reducción, en términos generales significa una infracción continua y sistemática del derecho humanitario.

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Las amenazas con un 34% y el miedo con un 18% constituyen los principales hechos que ocasionan el mayor número de desplazamientos.

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Las masacres y los asesinatos continúan en su tendencia al aumento si se tiene en cuenta que por estos hechos huyeron en 1.997 el 11%, en 1998 el 20% y en 1999 el 23%. La desaparición forzada mantiene el 5% del año 1.998 índice que, sin embargo, sigue siendo el más alto de los últimos cuatro años.

La transición del conflicto armado hacia lógicas de asentamiento y legitimación de los actores armados en territorios definidos como objetivo puede ser la causa de esta tendencia en el aumento de las masacres, los asesinatos y las desapariciones forzadas.

Y la tierra en manos de quién?

Los datos de esta encuesta son contundentes frente a los innegables intereses que subyacen al conflicto armado con respecto al desarrollo de un proceso de recomposición violenta de la tenencia de la tierra. El desplazamiento de hogares con posesión de tierras va en aumento. De un 42% en 1.997, se incrementó a un 46% en 1.998, para alcanzar en 1.999 un 59%.

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ESTIMACIÓN DEL TOTAL DE HECTÁREAS ABANDONADAS POR LA POBLACIÓN DESPLAZADA

TOTAL HOGARES

AÑO

EXPULSADO S

1996 1997 1998 1999 total

36200 57500 48466 54385 196551

POSEIAN TIERRAS Hogares

32,0% 47,0% 54,2% 58,8% 94343

ABANDONARON TIERRA

hectáreas

319644 691899 711287 1640343 3363173

Hogares

32,0% 40,3% 52,2% 52,2% 86799

hectáreas

278604 656910 641787 1480493 3057795

En 1999, del total aproximado de 54.385 hogares expulsados, 32.087 poseían tierras, en su mayoría de uso agropecuario, y de éstos, alrededor de 16.685 abandonaron estas propiedades, calculadas en 1.480.493 hectáreas.

Los más afectados en 1999 siguen siendo los pequeños y medianos propietarios, toda vez que la extensión de las tierras (en un 88% abandonada) era la siguiente:

Número de hectáreas Menos de una hectárea De 2 a 10 hectáreas De 11 a 20 hectáreas De 51 a 100 hectáreas Más de 100 hectáreas Sin información

Porcentaje 4% 34% 14% 13% 13% 5%

La geografía del desplazamiento El comportamiento de los municipios de expulsión de población indica que hay un núcleo de regiones que mantiene una dinámica sostenida de desplazamiento por violencia, mientras que cada año aparecen nuevas localidades que se suman a las zonas de salidas forzadas de civiles indefensos. En 1999 un total de 243 municipios expulsaron población mientras que en 1998 el número de localidades municipales llegó a 295 y en 1997 fue de 259. Las regiones relevantes de expulsión en 1999 fueron Antioquia, Bolívar, Meta, Córdoba, Chocó, Santander y Norte de Santander.

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Entre tanto, el número de municipios de llegada de desplazados se incrementó significativamente en 1999 con relación al año inmediatamente anterior. El año pasado 400 municipios de 28 departamentos fueron afectados por llegada de poblaciones desplazadas, es decir más del 30% del total de los municipios de Colombia, en tanto que en 1998 se registró la llegada de desplazados a 210 municipios de 26 departamentos del país.

Esto indica que a las ciudades grandes e intermedias, que han sido tradicionales sitios de recepción de población desplazada, se suman ahora cabeceras municipales como sitios de llegada, con la consecuente reconfiguración en las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales de estos espacios locales que causa la recomposición sociodemográfica originada por la llegada de desplazados.

Exclusión y pobreza El desplazamiento forzado constituye una negación de los derechos económicos, sociales y culturales. La encuesta nacional de hogares permite resumir información alrededor de los principales indicadores sociales y demográficos que implica el desplazamiento: •

La población campesina continua siendo la más afectada en 1.999 toda vez que el 81% de los hogares provenían de zonas rurales.

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El 56% de los desplazados son mujeres y niñas. Las mujeres jefes de hogar representan el 22%, índice que disminuyo con respecto a su comportamiento histórico ya que este indicador se había mantenido por arriba del 30%.

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Continúo en 1.999 teniendo el mayor peso la salida forzada en forma individual y unifamiliar, con un 73%. No obstante la huida en forma colectiva dispersa que representó el 14%, y el éxodo organizado, que alcanzó un 10%, constituyen un porcentaje importante en las modalidades y formas de salida de la población desplazada.

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Los resultados de esta quinta encuesta de hogares continúan constatando la forma en que se violan derechos fundamentales como los de vivienda, educación y trabajo. Así, antes del desplazamiento el 77% de hogares vivía en casa, de los cuales eran propietarios el 64% de las familias, después del desplazamiento sólo un 34% tiene esta oportunidad pero como arrendatarios, mientras que sólo un 11% mantienen la condición de propietarios en el sitio de llegada.

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PROPIETARIOS DE VIVIENDAANTES Y DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO

11%

Propietario antes

64%

Propietario después

El hacinamiento se convierte en un elemento característico en las condiciones de habitabilidad para los hogares en situación de desplazamiento, teniendo en cuenta que el promedio de personas por hogar es de 4.54, antes del desplazamiento un 59% de los hogares disponía de más de un cuarto para dormir, después del desplazamiento esta posibilidad es tan solo de un 24%.

Frente al derecho a la educación cabe decir que es la población infantil la más afectada si se toma en consideración que el 57% de los niños que estudiaban antes del desplazamiento son obligados a desertar del ciclo escolar como consecuencia de los cambios dramáticos que impone la salida forzada para las familias, especialmente por las dificultades económicas, pero también por la estigmatización, la falta de cupos y la necesidad de la vinculación temprana de los niños, niñas y jóvenes a la economía informal y, en menor proporción, al mercado laboral.

El desconocimiento del derecho al empleo de los hogares que son obligados a abandonar sus fuentes de sustento pone a estas familias ante una crítica situación, por cuanto, es el trabajo el medio que permite garantizar el acceso a bienes y servicios indispensables para alcanzar una vida digna (alimentación, vivienda, etc.).

Antes del desplazamiento solo un 2% de los jefes de hogar reportan no haber tenido ninguna ocupación, cifra que se eleva a un 48% después de ocurrida la salida forzada. Además de las causas estructurales que están atadas al comportamiento de la macroeconomía hay que sumar las limitadas 7

competencias productivas que para la economía urbana tienen las personas que provienen de una economía agraria: antes del desplazamiento el 61% de los jefes de hogar realizaba su labor en actividades agrícolas como pequeño propiet6ario o como asalariado.

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El acceso al Sistema general de seguridad social en salud de los hogares desplazados durante 1.999 esta dado de la siguiente forma: 3% por el régimen contributivo, 1% por el régimen especial, 19 por el régimen subsidiado, 19% a través de los convenios suscritos por el ministerio de salud en cumplimiento a lo estipulado por la ley 387 y un 58% como vinculados al sistema, recuérdese que se definen como verdaderos vinculados al sistema aquellas personas que no tienen acceso a ningún tipo de servicio en salud. No es de extrañas que ante este precario acceso al sistema los hogares desplazados señalen como una de las necesidades más importantes en lo concerniente a la salud el servicio médico 70%, mientras la atención psicológica se demanda en un 13%.

ACCESO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POBLACION DESPLAZ A M IENTO 1999

V in c u l a c ió n S is t e m a 58%

C o n v e n io s M in is t e r io

19%

R é g im e n s u b s id ia d o R é g im e n e s p e c ia l R è g im e n c o n t rib u itivo

19% 1% 3%

N E C E S IDADES M A S I M P O R T A N T E S E N S A L U D 1999

70% 13%

Servicio m è d ic o

P s icológica

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Con respecto a la ayuda recibida es importante resaltar que en comparación con años anteriores no solo bajo el índice de ayuda recibida (el 81% del año 1.998 disminuyo a un 78% de 1.999) sino que además se ha venido modificado el comportamiento de las fuentes de la misma: la iglesia, por ejemplo, de un 35% en 1.997, paso en el 1.998 a un 28% para llegar en 1.999 a un 16% la explicación a este hecho puede hallarse en las limitadas posibilidades de aumentar la ayuda que se ofrece en la misma proporción en que crece la población desplazada y por ende sus demandas de ayuda. Las organizaciones gubernamentales también muestran un descenso en sus índices: de un 23% en 1.997, se paso a un 21% en 1.998 para llegar al 16% de 1.999, en un claro indicador de su cada vez mayor incapacidad para dar respuesta a los desplazados. Caso contrario ocurre con los familiares y amigos y las organizaciones no gubernamentales.

El comportamiento de los primeros ha sido el siguiente: en 1.997 esta era del orden del 16%, en 1.998 del 20% y para 1.999 del 32%, esto debido a que la lógica del flujo migratorio parece estar definida por la búsqueda de sitios próximos que ofrecen una menor incertidumbre de la que pueden presentar las ciudades, de acuerdo a la información recibida por otros que salieron antes. Para el caso de las organizaciones no gubernamentales, en 1.997 la cobertura de ayuda a desplazados fue del 19%, en 1.998 del 20% y en 1.999 del 24%, este aumento puede deberse a la mayor presencia y apoyo de organismos internacionales y también al aumento en el país de entidades para la atención de desplazados. Lo importante aquí, es la necesidad de articular esfuerzos si se quiere salir al paso de un problema que crece, cualitativa y cuantitativamente, de manera tan acelerada.

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La ayuda sigue estando en el nivel de la emergencia sin llegar a garantizarse las mínimas condiciones de subsistencia a estas familias: alimentación 37%, salud 18%, alojamiento 16%, educación 6%, dinero 6%,vivienda 5%, apoyo moral 4%, asistencia legal 3%,pasajes 3% y otra 2%.

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Los jefes de hogar manifiestan frente a la generación de ingresos: apoyo para la conformación de microempresa en un 33%, trabajo asalariado 28%, tierra para agricultura 27%, otra 1%. De otro lado, solicitan en un 69% apoyo para la adquisición de vivienda, en un 13% para mejoramiento y en un 5% para titulación.

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Los jefes de hogar manifiestan su deseo de permanecer en el sitio de asentamiento en un 53%, lo que indica una considerable disminución frente a 66% de 1998. La inmensa mayoría aduce como principal razón de esta intención la inseguridad aún existente en los lugares de origen. El 26% está 9

dispuesto a un reasentamietno y el 19% a un retorno en condiciones de justicia y dignidad.

Este informe se realizó con el apoyo del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea ECHO-UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Embajada Real de los Países Bajos y Christian Aid al proyecto SISDES (Sistema de Información sobre Desplazamiento y Derechos Humanos).

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