Codhes informa __________________________________________________________________ Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Número 39 Bogotá, Colombia 26 de Noviembre de 2001
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Guerra y diáspora1 El conflicto armado persiste en Colombia en medio de crisis más o menos identificadas de democracia, gobernabilidad, derechos humanos, impunidad y corrupción, pero también en medio de una menos visible crisis social que se manifiesta en la pobreza y en el desplazamiento forzado de poblaciones que están contribuyendo a otra forma de desintegración de la nación. El país insiste en el diálogo y la negociación como vía para superar el conflicto y esta perspectiva sigue siendo la única posible. Sin embargo, mientras se logra avanzar en este esfuerzo, crece peligrosamente una diáspora de población desde las zonas de la guerra que destruye a su paso referentes de identidad, territorio, cultura y democracia, en medio de una impresionante disminución de la calidad de vida de las personas sometidas a este reacomodamiento demográfico mediado por el uso de la violencia. ¿A quién o a quiénes interesa este desastre humanitario? ¿Qué intereses subyacen al desplazamiento forzado? ¿Quién o quiénes se están quedando con las tierras y los bienes abandonados en medio de la guerra? ¿Es posible reconstruir un país en medio de semejante fragmentación de su sociedad? ¿Qué repercusiones tendrá la crisis del campo provocada por la guerra y la apertura económica en el futuro del país? ¿Porqué se traslada el conflicto, el desplazamiento y el refugio hacia las zonas de frontera? El desplazamiento forzado, como lo demuestran las alarmantes cifras de este informe, es ya un problema nacional que atraviesa la agenda pública, pero que sigue tratándose como un problema marginal y coyuntural por parte del estado y la sociedad. Pareciera que asistimos a una cierta parálisis colectiva en la que contemplamos casi pasivamente los árboles y no alzamos la mirada sobre el bosque en llamas. CODHES insiste en el análisis del desplazamiento desde los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, desde la construcción democrática de la paz y desde la apuesta de un modelo de desarrollo social y económico equitativo y justo. En este orden de ideas presentamos aproximaciones estadísticas y lecturas críticas que dan cuenta de la continuidad del problema en casi todo el territorio nacional, incluidas las fronteras con Ecuador, Venezuela y Panamá, además de las zonas de fumigación de cultivos de uso ilícito y ejecución del Plan Colombia, y regiones que se están incorporando o se pueden sumar al mapa de la guerra y el desplazamiento forzado.
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Este informe se realizó con el apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados ACNUR y Project Counselling Service-PCS. Los conceptos y afirmaciones aquí expresadas son de responsabilidad exclusiva de CODHES.
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2001: año más crítico del desplazamiento forzado El desplazamiento forzado se desbordó en Colombia durante el presente año. Entre enero y septiembre alrededor de 277.927 personas fueron expulsadas de sus lugares de vivienda y trabajo por grupos paramilitares y de guerrilla, sin que el Estado haya evitado esta sistemática y masiva violación de los derechos humanos y sin que los grupos irregulares hayan respondido a la exigencia nacional e internacional de respetar a la población civil en el marco del derecho humanitario. Son aproximadamente 55.585 hogares expulsados, especialmente provenientes de sectores rurales, aun cuando se advierte un crecimiento de los desplazamientos entre ciudades —urbano-urbano— o dentro de algunas ciudades —intraurbano— como ocurre en Barrancabermeja, Medellín y Cali. Es decir, cada día transcurrido de los primeros nueve meses del año alrededor de 1.025 colombianos y colombianas huyeron debido a las presiones, amenazas, masacres, asesinatos y ataques armados que ya caracterizan la degradada guerra irregular en Colombia. Son algo más de ocho hogares desplazados por hora durante este año crítico para la población civil que sigue siendo la primera víctima de la confrontación armada. Esta es la cifra más alta registrada para el mismo período de las últimas dos décadas y, de mantenerse esta tendencia en noviembre y diciembre, el año 2001 será el más grave en materia de desplazamiento forzado en Colombia desde 1985, confirmando la advertencia reiterada sobre la configuración de una catástrofe humanitaria que pareciera generar más preocupaciones en el campo internacional que en el propio país. Desplazamiento y autoritarismo El desplazamiento forzado está unido a la expansión de la guerra irregular y al establecimiento de modelos autoritarios, militaristas, excluyentes y antidemocráticos, que con masacres, asesinatos selectivos y amenazas se ha ido consolidando desde el sur de la Guajira y la Serranía del Perijá, pasando por Sucre, Córdoba, Chocó, Urabá, Oriente de Antioquia, Sur de Bolívar, Magdalena Medio y se extiende hoy hacia el sur occidente del país (Valle del Cauca, Cauca, Narño y Putumayo). Este proyecto se basa en un modelo de control paramilitar de cualquier expresión política y social disidente, se apoya en recursos del narcotráfico y se sustenta en la conservación de los privilegios de sectores premodernos de la economía y clientelistas de la política, aun cuando también estaría relacionado con grandes proyectos económicos que requieren de “orden y seguridad” para su desarrollo. Este modelo autoritario y antidemocrático de control de poblaciones y territorios con fines geoestratégicos de diverso orden, también involucra a los grupos guerrilleros que siguen provocando desplazamientos forzados de población, secuestros, amenazas, asesinatos de civiles y ejecuciones de militares en estado de indefensión, uso de armas de efectos indiscriminado (cilindros de gas) y reclutamiento voluntario o forzado de niños, niñas y jóvenes. Así ocurre en zonas de control de las FARC en el sur del país y en zonas de disputa entre las partes en conflicto o de “recuperación” de la insurgencia que, en algunas ocasiones, acude a métodos de intimidación y amenazas. Deslegitimación de la guerra
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Esta presión de guerrilla y paramilitares en algunas regiones ha provocado acciones de resistencia civil no armada de pueblos indígenas, comunidades negras y organizaciones campesinas que reivindican su autonomía y desarrollan formas novedosas de confrontación a la guerra y de búsqueda de alternativas pacifistas de resolución de los conflictos sociales. Así mismo, se fortalecen procesos de articulación de mandatarios municipales y departamentales alrededor de exigencias de aplicación del derecho internacional humanitario y de respeto a los derechos humanos, que tienen amplio apoyo nacional e internacional y que debería ser considerado como un esfuerzo válido en la construcción democrática de la paz. Estas manifestaciones del movimiento social están acompañadas de procesos de fortalecimiento local y regional de sectores caracterizados por persistir con sus propuestas en las zonas de conflicto, a pesar de las acciones armadas y amenazas en su contra, de convocatorias unitarias de grupos sociales específicos y de movilizaciones crecientes que dan cuenta del agotamiento y fatiga que impone el crónico y prolongado conflicto armado en Colombia. Estas expresiones deben entenderse como una opción frente a la polarización que impone la confrontación armada y una respuesta civil a la degradación del conflicto a partir de la deslegitimación de la guerra como método de acción política. Geografía de guerra El conflicto armado se intensifica y expande hacia departamentos que constituyen zonas estratégicas para el desenvolvimiento de las operaciones insurgentes o contrainsurgentes, en una dinámica que, paradójicamente, se acentúa en medio de un desgastado proceso de diálogo y negociación. Tal es la situación del departamento del Arauca2, que podría concentrar hoy el mayor número de hombres armados de las partes en conflicto por número de habitantes y que están listos para una lucha en la que, pareciera, todo vale menos la vida y la dignidad humana. Así está ocurriendo en el departamento de Cundinamarca3, asediado por frentes de las FARC que intentan cercar a Bogotá y mantener corredores estratégicos de movilidad entre el sur y el centro del país y, más
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Este departamento que hoy cuenta con 300 mil habitantes se ha convertido en una zona de violación constante a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Según el Gobernador, Federico Gallardo, el departamento es hoy por hoy el más armado del país y la respuesta del gobierno no es otra que la de aumentar el pie de fuerza. En los últimos siete meses Arauca ha soportado 20 atentados terroristas con cilindros de gas, 120 hostigamientos a puestos de militares y de Policía, 133 voladuras al oleoducto Caño Limón Coveñas y el asesinato de varios líderes sociales.Guerrilleros del ELN dinamitan constantemente tramos del oleoducto Caño Limón Coveñas y en agosto realizó un paro armado. Pero a esto se suma que en los últimos meses las Farc han perpetrado otros atentados terroristas tales como las tomas a los municipios de Fortul en Julio y Tame en Septiembre, sumados a nuevas voladuras del oleoducto y a la instalación de una carga explosiva en el municipio de Tame. Por estos hechos, el 30 de Julio, las Fuerzas de Despliegue Rápido del Ejército iniciaron la operación Arawac con el fin de despojar a la guerrilla de su control sobre la zona. Sin embargo, esto recrudeció las acciones guerrilleras. Ambos grupos (las Farc y el ELN han declarado paro armado indefinido en el departamento, el primero del ELN en Agosto y actualmente de las Farc. A su vez, el comandante Boris de las Autodefensas declaró objetivo militar a cualquier colaborador de la guerrilla en el departamento. Allí operan actualmente el frente Domingo Laín del ELN y los frentes 10 y 45 de las Farc. Así como las Autodefensas Unidas de Colombia, provenientes del Casanare. Para mediados de septiembre se hizo evidente la llegada de este grupo que ha sostenido combates con las Farc principalmente en cercanías a Tame. Y de acuerdo con el Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra desde el 29 de septiembre vienen perpetrando asesinatos (entre ellos el del congresista liberal Octavio Sarmiento), extendiendo amenazas y adelantando falsos retenes. De acuerdo con la firma petrolera Occidental de Colombia, hasta noviembre las pérdidas económicas por atentados a los oleoductos serían del orden de los 430 millones de dólares, y según Ecopetrol de 254 millones de dólares, hecho que agrava en gran medida la situación de pobreza que enfrentan los habitantes de este departamento. 3 Ante la amenaza de una posible incursión de la guerrilla en la capital, en el mes de julio, el Gobierno dispuso la implementación de dos estrategias operativas. El Plan Capital, que suma esfuerzos de la Policía, el Ejército, el Das, la Fiscalía, la Alcaldía y la Gobernación, busca combatir el
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recientemente, por grupos paramilitares que siguen consolidando su presencia en esta región. Las Fuerzas Militares adelantan un intenso operativo en la región del Sumapaz, en el sur oriente y en el occidente de este territorio que, en medio de este reacomodamiento de actores armados, tiende a convertirse en un escenario de escalamiento y ampliación de la guerra irregular con todas sus consecuencias. Otro eje territorial de preocupación por la agudización de la confrontación armada y sus efectos sobre la población no combatiente, se está registrando en los departamentos de Huila y Caquetá como consecuencia de la decisión de las partes enfrentadas de controlar territorios limítrofes con la zona de distensión y en el departamento del Tolima que ha sido escenario de cruentos ataques de la guerrilla a poblaciones del sur en desarrollo de aparentes operaciones de control ante una eventual presencia paramilitar. Por último, este mapa de alertas tempranas que surge de las tendencias del desplazamiento forzado en medio del conflicto, se amplía hasta el eje cafetero, en especial la región de noroccidente del departamento de Caldas4 y la zona limítrofe de Risaralda y Chocó y el sur del departamento del Quindío. Conflicto, desplazamiento y refugio en las fronteras Países Ecuador Venezuela Panamá Total
1er trimestre 6.000 1.400 157 7.557
2do trimestre 1.400 1.200 120 2.720
3er trimestre 1.600 1.500 150 3.250
Total 9.000 4.100 427 13.527
Fuente: Monitoreo CODHES/ Año 2001
secuestro y la extorsión en el área urbana. El Plan Candado se basa en la presencia constante de uniformados en puntos estratégicos de municipios aledaños con el fin de patrullar y vigilar las vías de acceso a la capital. De igual manera, ante informes de inteligencia que señalan el avance de grupos paramilitares de autodefensa en el departamento y hacia Bogotá, tropas de la Quinta Brigada del Ejército y la Policía intensificaron los patrullajes en las diferentes vías. Desde el 5 de agosto, en cercanías al municipio de Caparrapí se registraron combates entre guerrilleros de los frentes 22 y 43 de las Farc y las autodefensas. El 5 de septiembre miembros de las Farc incursionaron en el municipio de Cambao y en el municipio de San Juan de Río Seco. De igual manera se enfrentaron con el Ejército en la zona del Guavio y en los municipios de Guayabetal y Guaduas.Estos hechos son una prueba clara de que la guerra ha venido trasladándose al interior del país. Recientemente un grupo armado asesinó a cuatro personas en el municipio de Chipaque y en el municpio de Ubaque, vecino de Choachí, zona suroriental de Cundinamarca y Gachalá zona oriental, se vienen presentando fuertes enfrentamientos entre el Ejército y las Farc. De igual manera en el municipio de La Palma, acciones de las Farc, y las AUC han ocasionado en el último mes el desplazamiento de casi 500 personas hacia los corregimientos de Isamá y Garrapatal.El Ejército por su parte inició desde hace quince días un cordón de seguridad para proteger de incursiones armadas a los municipios de Pulí, Beltrán, Quipile, Jerusalén, San Juan de Rioseco, Vianí, Chaguaní entre otros, donde se sabe que la guerrilla venía cobrando extorsiones, asesinando y amenazando a funcionarios públicos y población civil. 4
Desde julio de 2001 la violencia en la zona cafetera se intensificó básicamente por el accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Estos hechos sumados a la presencia de miembros de las Farc, quienes en el tercer trimestre del año se han enfrentado con las Fuerzas Militares en ese departamento y del ELN que en agosto realizó un retén ilegal en una de las vías más importantes. La llegada de las autodefensas ha afectado básicamente a los municipios de Anserma, Riosucio, Manzanares, Filadelfia y Pensilvania donde han sembrado el terror. En el mes de agosto, las autodefensas masacraron a seis personas en el municipio de Anserma, en septiembre cuatro personas murieron en zona rural de Manzanares y Pensilvania. Pero los hechos más críticos se han presentado este mes, El 7 de noviembre las Autodefensas acorralaron el corregimiento de San Daniel del municipio de Pensilvania y asesinaron a cuatro personas, el 18 de noviembre otras nueve personas murieron a manos de los paramilitares en zona rural del municipio de Samaná donde también hacen presencia las Farc y de gran importancia los hechos ocurridos el 24 de noviembre con la masacre de 6 indígenas, entre ellos uno de los fundadores de la ONIC, y el secuestro de dos más en el municipio Risaralda al oriente del departamento, también a manos de las autodefensas, quienes arribaron a Iberia y anunciaron una próxima ejecución de más indígenas El desplazamiento ha comenzado a ser evidente en el municipio de Pensilvania, Habitantes de las zonas rurales están saliendo de sus parcelas para ubicarse en el casco urbano. Algunos sólo pernoctan allí y en la mañana regresan a sus cultivos. De igual manera en el municipio de Samaná se conoce el desplazamiento de por lo menos 20 familias. A esto se suman los constantes secuestros por parte de la guerrilla en el último mes en esa zona (Oriente de Caldas).
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CODHES ha identificado 57 municipios de zonas de frontera o de influencia sobre las fronteras que Colombia comparte en 6.335 kilómetros con Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá. En estos cordones fronterizos hay un incremento de zonas de cultivo de uso ilícito, ejecución del componente militar del Plan Colombia y militarización por parte de los gobiernos de países vecinos que han expresado preocupación por la influencia del conflicto colombiano en sus territorios. El desplazamiento forzado desde y entre zonas de frontera y la búsqueda de refugio más allá de los limites nacionales, es un indicador del deterioro de la situación de estas regiones como consecuencia de la ampliación de la guerra irregular hacia estos territorios. Entre enero y septiembre de 2001, alrededor de 22.773 personas se desplazaron forzadamente en las zonas de frontera, mientras que se calcula en 13.527 los colombianos y colombianas que huyeron hacia territorio de países vecinos en busca de protección.
Fumigaciones, conflicto y desplazamiento La gente que huye de zonas de cultivos de uso ilícito por fumigaciones indiscriminadas y en medio de las acciones de guerra que acompañan los operativos de aspersión aérea son desplazados por el conflicto armado, el plan Colombia y la pobreza. De un total aproximado de 50 mil familias dedicadas a los cultivos de uso ilícito, se calcula que 36200 personas, que integran alrededor de 7.200 familias huyeron entre enero y septiembre de zonas de producción cocalera como consecuencia de la fumigación, de la presencia de diversos actores armados que convierten a la población civil en objetivo militar, de los impactos de la fumigación sobre cultivos de autoabastecimiento campesino, de la ausencia de alternativas de subsistencia o de los fracasos de los pactos sociales de erradicación voluntaria. En su mayoría son personas que se han movilizado dentro y fuera de los departamentos del Putumayo (10000), Caquetá (3500), Guaviare (600), Cauca (6000), Nariño (7600), Norte de Santander (6500), Arauca (2000). Los departamentos de Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia, así como territorios fronterizos de Ecuador y Venezuela son epicentro de llegada de algunas de las familias que se desplazan como consecuencia del problema social que plantea las fumigaciones aéreas indiscriminadas, sin soluciones alternativas y en el marco del conflicto armado. Otro gobierno incapaz frente al problema El gobierno no actúa para prevenir las causas de estos desplazamientos y reduce su política a una limitada e insuficiente atención humanitaria. En estas circunstancias de angustia y desespero la población afectada ha realizado protestas frente a las cuales el gobierno responde con la fuerza y la represión como ocurrió recientemente en Medellín y Bucaramanga. Es muy grave para el país que siga creciendo de manera incontrolada un problema social y demográfico de estas características, sin que haya una convocatoria nacional humanitaria que permita, en primer lugar,
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garantizar preventivamente los derechos de la población civil en las zonas de conflicto, en segundo lugar, atender a las víctimas del desplazamiento no sólo en la emergencia, sino también en el período de la posemergencia y, en tercer lugar, desarrollar una política de derechos humanos que garantice la verdad, la justicia y la reparación integral de los daños causados a las víctimas. No es compatible con la democracia que se proclama, que miles de compatriotas no puedan permanecer en sus lugares de vivienda o trabajo, que pierdan sus derechos civiles y políticos (desde el derecho a la vida y a la libertad hasta el derecho a elegir y ser elegido) y que sean sometidos a un vertiginoso deterioro de su calidad de vida, en medio de la estigmatización, el señalamiento y la insolidaridad nacional. La reanudación de los diálogos con el ELN y la urgente y necesaria reanudación del proceso entre el gobierno y las FARC deberían asumir en serio este tema, porque un país que contempla pasivamente la fragmentación de su sociedad de manera violenta, no podrá construir una paz sostenible y duradera hacia el futuro. Se impone desde la conciencia humanitaria nacional una respuesta de las partes enfrentadas militarmente para excluir a los civiles de la guerra y cesar el desplazamiento forzado. Esta en juego la legitimidad de quienes reclaman motivos políticos para el levantamiento armado, de quienes ostentan la representación del Estado de derecho y de quienes argumentan la defensa armada ilegal del establecimiento.Políticas públicas Las políticas públicas referidas a la necesaria atención integral a la población en situación de desplazamiento, continúan aferradas a dos contradicciones estructurales que en la práctica implican la vulneración compleja de derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; y colectivos, y del medio ambiente. La primera contradicción se establece cuando la dinámica de desarraigo y despojo crece geométricamente, mientras la respuesta de la institucionalidad gubernamental se reduce, concentra y focaliza, al punto que cada vez más personas quedan por fuera de los mecanismos de registro, que se convierte en el principal filtro para una atención realmente incluyente que haga efectivos los derechos vulnerados a la población desplazada. La segunda contradicción de la política pública tiene que ver con el imperativo legal (Ley 387 de 1997) de construir un verdadero sistema de atención que integre y comprometa a las diversas instituciones estatales obligadas de la prevención, atención humanitaria en situaciones de urgencia y de emergencia, en las fases de transición, restablecimiento y eventual retorno. Frente a la incapacidad gubernamental para ello, la puesta en obra del esquema operativo de administración delegada a ONG, desmonta la responsabilidad de las entidades gubernamentales o estatales encargadas de esta problemática. Esquema éste que por lo demás ha demostrado su precariedad e insuficiencia cuando los techos presupuestales efectivos destinados a las ONG operadoras son insuficientes, la respuesta limitada, minimalista y con un marcado carácter asistencialista. La aplicación irreflexiva de modelos estándares de atención a la población desplazada, no consulta, desconoce y vulnera los derechos de poblaciones substancialmente diferenciadas, en términos socioeconómicos, sociopolíticos y culturales. Las problemáticas de sectores campesinos, pueblos indígenas, afrocolombianos, colonos, sindicalistas, estudiantes, docentes, mujeres, niñas y niños, adultos, entre otros, no son las mismas; sus exigencias y aportes son sometidas a un rasero común que más que
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optimizar recursos, ha desembocado en una política caótica, incluso contraproductiva y que en algunos casos, más que mitigar o proponer transformaciones estructurales, agrava la situación de quienes están sometidos a planes y estrategias inconsultas y con muy bajos grados de recuperación del tejido social desgarrado por la guerra y otras formas de violencia. Surge entonces una profunda preocupación frente a la política pública que asumirá el nuevo gobierno, la continuidad o ruptura con los avances logrados a la fecha, y el peso específico que tendrá la problemática del desplazamiento forzado, tanto en la agenda de negociación política del conflicto armado, como la implementación de una verdadera atención integral a las y los agentes sociales en situación de desplazamiento desde una mirada prospectiva hacia el posconflicto armado en un marco de aplicación de estrategias sociales de verdad, justicia y reparación.
Colombianos y colombianas en las fronteras: non status Contexto La valoración actual del concepto de fronteras, en el contexto del conflicto armado interno colombiano, trasciende las implicaciones de integración cultural, social y económica existentes, concentrándose en la dimensión política y de seguridad nacional en nuestro caso particular. Esta dimensión/ interpretación regional de las fronteras se expresa en la creciente militarización fronteriza sustentada en la Iniciativa Regional Andina- IRA- ampliada a la generalizada opinión pública que supera las históricas dimensiones de encuentro cultural e integración social entre los territorios colombianos y los vecinos espacios fronterizos de la región andina y Panamá. Las relaciones de familiaridad cultural, superan los vínculos formales y las limitaciones de diferencias y restricciones nacionales, ampliando el ámbito de las zonas fronterizas a espacios de permanente interacción y vecindad. El conflicto armado en Colombia ha asumido dinámicas de expansión territorial en desarrollo de lógicas de control estratégico y geopolítico que imponen en las fronteras, escenarios de tensiones y confrontación en los que se hace más grave la crisis humanitaria y social que subyace a la prolongada guerra interna del país. Son las zonas de fronteras, escenarios de la dinámica expansiva del conflicto, toda vez que la aplicación del Plan Colombia, el incremento de la presencia y acción de grupos paramilitares, los paros armados y otras formas de presión de las guerrillas, han agudizado el conflicto y agravado su intensidad regional con la población civil en medio del conflicto y como objetivo militar de grupos combatientes que continúan desconociendo las normas humanitarias que regulan los conflictos armados de carácter no internacional. Las dimensiones de regionalización del conflicto colombiano, están mediadas por la necesidad estratégica de control territorial de corredores para las partes en conflicto, lugares de protección y constitución de zonas apropiadas por la vía de la expulsión y desalojo masivo de comunidades. En estas condiciones se incrementa la vulnerabilidad estructural del Estado colombiano (institucional y social) en las zonas de fronteras para proveer protección a los colombianos y colombianas integrantes de las comunidades y familias localizadas en dichas áreas, haciendo más complejas las oportunidades para prevenir los movimientos transfronterizos hacia los países de la región andina y Panamá. En el marco internacional se ha difundido una creciente vulnerabilidad en los temas de protección, consistente en el endurecimiento de las políticas de seguridad nacional de los países y las medidas que restringen el otorgamiento de la condición de status de refugio a los y las solicitantes: cierre de fronteras, aproximaciones e implementación legal desarticulada de los contextos de conflictos armados internos,
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respuesta militarista, precaria atención humanitaria y estigmatización de la condición de la población vulnerada como potencial parte en conflicto, por ser base social, soporte estratégico y/o político. El escalamiento del conflicto colombiano y sus formas de degradación son, entre otras, las principales causas del desplazamiento en las zonas de fronteras y de movimientos transfronterizos que generan preocupaciones y tensiones en los países que limitan con Colombia, quienes perciben tal afluencia como potencial amenaza a su seguridad nacional.
Panamá. Repatriaciones: praxis para revisar
Con repatriaciones cuestionadas públicamente por ONGs panameñas y colombianas, organismos gubernamentales colombianos y ACNUR en Colombia, se vulnera la voluntariedad de dicho proceso y se cuestiona la salida de colombianos de Panamá. La presencia de los colombianos, es interpretada como una amenaza para la seguridad de las poblaciones panameñas en las que permanecen desde noviembre de 1996. Según estimaciones de CODHES alrededor de 1400 colombianos y colombianas buscaron protección en la zona fronteriza del Darién panameño durante el año 2000 y entre enero y septiembre de 2001 la cifra se aproxima a 427 personas.
Colombia y Panamá comparten El Darién como zona fronteriza, que para Colombia implica la región conocida como Urabá e incluye el Parque Nacional los Katíos; es una zona de extracción maderera, aurífera, bananera entre otras riquezas. Para Panamá, es la zona de frontera con Colombia que abarca la Provincia que lleva su nombre y la zona Kuna Yala. En ambos países la riqueza de la zona compartida está también en la diversidad étnica, en el potencial de comunicación, a pesar de las condiciones de accesibilidad y provisión de agua, acceso histórico a tierra fértil por colonización y convivencia de población kuna, emberá y waunán, afrodescendientes, colonos paisas y costeños (llamados “chilapos” por los chocoanos). Situación de refugio Durante el año en curso y en el contexto del conflicto, la frontera panameña, ha registrado paso fronterizo de157 personas que llegaron a Jaqué en la fronteriza provincia del Darién panameño. Pero el proceso que más ha motivado la atención en esta frontera, es la repatriación de colombianos. El total de colombianas y colombianos repatriados es de 181 y 401 deportados a 15 de Octubre de 2001. Condición de refugio, repatriación y deportación de colombianos y colombianas- Panamá Repatriaciones Refugiados Deportados 181 26 401 Se plantea una consideración generalizada en la opinión pública local acerca de la necesidad de salida de los colombianos del Darién panameño, manifiesta en solicitudes expresas de repatriación al gobierno
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colombiano5, con quien se estableció un acuerdo de coordinación bilateral de protección de población víctima del conflicto armado. Los problemas de protección son frecuentemente señalados por los colombianos y colombianas en Jaqué, Puerto Obaldía, Tuira, poblaciones que concentran principalmente a los connacionales que han buscado protección en Panamá. Se cuestiona en este caso la voluntariedad de las repatriaciones, que se inscriben en un contexto de excesivo control a las personas colombianas por parte de la fuerza pública local, restricciones en actividades sociales, imposición de multas, que presiona la necesidad de regresar a Colombia, en donde la ocurrencia de hechos de violencia en Juradó- frontera sobre el pacífico colombiano- demuestra la ausencia de garantías de seguridad para los y las repatriadas. A estos hechos, se suman las presiones y limitaciones de subsistencia e información para fundamentar su repatriación, el establecimiento de un cronograma de repatriaciones que condiciona a la población, denuncias de tortura, detenciones injustificadas y acoso de las autoridades fronterizas. Es importante reconocer los esfuerzos de ambos gobiernos por atender el tema fronterizo, pero se hace necesaria la presencia activa y permanente de ACNUR en Panamá, como garante de acuerdos y veedora de los derechos y voluntad de retorno de los colombianos desde Panamá. Potencialmente los desplazamientos transfronterizos a Panamá siguen latentes, como lo demuestra la nueva salida de 12 familias del proceso de Cacarica al Darién panameño, lugar en el que residían antes del desplazamiento de 1996. Este proceso expresa la necesidad permanente de verificación y acompañamiento a las comunidades del Urabá chocoano especialmente, colonos, afrodescendientes e indígenas, quienes enfrentan las presiones de las partes en conflicto, las operaciones militares, los secuestros6, quemas de caseríos, los desplazamientos internos, individuales y silenciosos por ríos y zonas de difícil acceso, las limitaciones de acciones humanitarias a organizaciones presentes en la región y las frecuentes amenazas y algunas muertes selectivas a miembros de las Comunidades de Paz del Atrato.
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“Congreso (panameño) pide a Colombia repatriar desplazados” Nuevo siglo- 11 junio de 2001. Diario El Tiempo- abril 16 de 2001
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República Bolivariana Venezuela
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Expectativas por Ley de Asilo y Refugio
La valoración de la condición de refugio de los colombianos en la República Bolivariana de Venezuela, es incierta mientras se implementa la recién aprobada Ley Orgánica para Refugiados o refugiadas y Asilados o Asiladas, que categoriza la condición de refugiado por causas ajenas al conflicto armado interno. Se mantienen las diferencias en cifras reales, basadas preponderantemente en el temor a iniciar acciones tendientes a solicitar refugio, situación que genera subregistro de la dimensión real del fenómeno migratorio por causa del conflicto colombiano. Según cifras del ACNUR se estima que 1’500.000 colombianos y colombianas viven en Venezuela, un tercio como residentes legales, sin embargo sólo 27 de ellos están reconocidos en su condición de refugiados7. Sólo en San Antonio- se promedian 800 deportaciones mensuales de colombianos.
El imaginario de la “patria común” referido a la vecindad y hermanamiento con Venezuela, ha trascendido al antecedente histórico, a las interdependencias que la globalización imprime a las relaciones internacionales. Compartimos fronteras, en las que la ocurrencia de hechos de violencia o de integración social repercuten en las dinámicas particulares de cada país. El imaginario también evoca las connotaciones de distancia social entre “nosotros” y “ellos” promovida por la permanente migración de colombianos y colombianas a Venezuela en búsqueda de oportunidades laborales, que principalmente se concentraron en labores de baja calificación. Hoy se comparten preocupaciones pertinentes al conflicto armado interno, proceso de Paz, relaciones comerciales globales y evidentes divergencias en las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos. Situación de refugio La integración fronteriza con la República Bolivariana de Venezuela, se ha caracterizado por relaciones migratorias de colombianos en búsqueda de oportunidades laborales y establecimiento en el vecino país. El conflicto interno colombiano, ha ampliado el volumen de colombianos que buscan protección en Venezuela8 a lo largo de la frontera y desde la Serranía del Perijá, El Catatumbo, La Pista, La Gabarra, Arauca y recientemente el Vichada.
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Diario El Colombiano, septiembre 3 de 2001 Estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, zonas espejo de las regiones colombianas mencionadas.
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Entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, se considera la seguridad fronteriza desde la dimensión típicamente militar, estableciéndose una importante red de relaciones entre fuerzas armadas, para evitar la “exportación de ingobernabilidad”9 colombiana hacia Venezuela. Así, el principal escenario de los movimientos transfronterizos hacia Venezuela, está constituido por la militarización en la zona, con Teatros de Operaciones que controlan el acceso y deportación de colombianos y colombianas, sin el concurso de organizaciones civiles de apoyo y protección y el ACNUR. La promulgación de la Ley Orgánica para Refugiados o refugiadas y Asilados o Asiladas, se plantea en un momento en que se está incentivando la presión de las partes en conflicto por el desalojo de la región del Catatumbo, zona en disputa territorial por parte de las FARC, ELN, EPL en contra de los paramilitares, quienes ahora controlan las zonas de cultivos ilíctos en dicha región. Esta amenaza latente contra las comunidades hace necesaria la alerta a movimientos transfronterizos en esta zona. En la zona fronteriza con Arauca, las condiciones del conflicto se plantean en términos de la disputa de las partes en conflicto por la zona petrolera araucana. La llegada de los grupos de Autodefensa, han marcado desplazamientos de zonas rurales a los cascos urbanos del Departamento de Arauca, el asesinato de líderes cívicos, políticos y la salida de ciudadanos de ese departamento. Estas acciones forman parte de la estrategia del proyecto militarista de derecha consistente en el fortalecimiento de su presencia regional y control territorial del nor-oriente colombiano, zona del Catatumbo, extendiéndose hacia Arauca y adicionalmente hacia los ejes de Cundinamarca- Tolima- Huila y Caldas- Risaralda- Quindío. El Departamento de Arauca, se ha constituido en el eje central de la concentración de fuerzas regulares e irregulares que compiten por el control local; las FARC ha dispuesto un considerable refuerzo de guerrilleros, orientados a coordinar acciones bélicas con el Frente Domingo Laín del ELN o a combatirlo en caso que no haya acuerdos para combatir la fuerza pública y controlar /impedir la expansión del proyecto paramilitar en la región. Las Autodefensas anunciaron durante el primer semestre del año en curso, su entrada a Arauca, con el propósito de expulsar a la guerrilla y sus auxiliadores, situación que ha redundado en asesinatos10, desapariciones en los municipios de Arauca, Tame, Saravena11.
Recientemente se avanzaron movimientos transfronterizos en el Vichada de corta duración y se plantea la necesidad de promover acciones de alerta temprana por la región del Cataumbo, motivada por la presión de desalojo por parte de las FARC, el ELN y el EPL para impedir el raspado de la coca para la cosecha que se avecina.
República del Ecuador En las fronteras del Plan Colombia
Las condiciones de los colombianos en busca de refugio en Ecuador, tienen como característica la estigmatización generada por el lugar de origen, si llegan de Putumayo, su opción de refugio se agrava por ser considerados “cocaleros” y sus oportunidades para ser calificados como refugiados se restringen. Es también preocupante la comprensión parcial del conflicto armado interno en Colombia, pues se interpreta al desplazamiento interno como una alternativa al refugio en Ecuador
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Héctor Charry Samper, citado en Colombia y Venezuela- Agenda común para el siglo XXI- SECAB, CAF, TM editores El Departamento de Arauca, ocupa el segundo lugar en el país de mortalidad por asuntos políticos con relación a su población. 11 Según informes de prensa, alrededor de 1000 paramilitares fueron trasladados desde los departamentos de Boyacá, Casanare y Meta, ubicándose en Hato Corozal, Vereda Puerto Colombia, El Carajo, Las Cruces, sobre el río Casanare. 10
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Ecuador es segundo socio comercial de Colombia en América Latina, esta favorable condición de beneficio mutuo, amplía los escenarios de integración culturales, académicos y localizados de la frontera. La dimensión comercial ha prevalecido hasta hace algunos años sobre la fuerte presencia militar en ambas caras de la fronteras. Se comparten también marginalidades y exclusiones sociales de las comunidades indígenas, afros, mestizos, quienes acceden precariamente a servicios de salud, concentración de analfabetismo, desempleo, desnutrición, ampliación de la agricultura en detrimento de los bosques y débil presencia estatal en ambos territorios. Situación de refugio Con un número aproximado de 12.000 personas, se inició el año 2001 en términos de movimientos transfronterizos hacia Ecuador, en este caso producido por el paro armado de las FARC en Putumayo. Se estimó el retorno voluntario de 9.000 quienes entraron nuevamente a Colombia por el Departamento de Nariño. En el período de enero a agosto del 2001, 3639 colombianos solicitaron status de refugio y se otorgaron de manera positiva 1500 solicitudes. Lugar Sucumbíos Imbabura Esmeraldas Quito
No solicitudes 1543 1277 126 693
Fuente: Cancillería Ecuatoriana
El escenario del Plan Colombia, las fumigaciones en Nariño y Putumayo, la implementación de los Pactos Sociales en Putumayo, la militarizción12 del Putumayo, las acciones militares ecuatorianas en Sucumbíos, la Base de Manta, son factores de necesaria recurrencia cuando se mira hacia el sur de Colombia y al norte ecuatoriano. La situación de Putumayo y Nariño, tiende a agravarse por la degradación del conflicto armado, pero no provocaría un éxodo a Ecuador, la tendencia continua siendo el desplazamiento interno, escalonado y sucesivo entre estos departamentos más Cauca, Valle y Huila, especialmente los centros urbanos de Pasto, Popayán, Neiva. Alternativamente los desplazamientos se dirigirán a zonas selváticas como opción para cultivos de uso ilícito. En el caso de Putumayo, las comunidades firmantes de los Pactos Sociales, reciben con asombro la reanudación de las fumigaciones en el Valle del Guamuez, justificada por el pretendido incumplimiento de la comunidad para erradicar, ante el lento e incompleto avance de los acuerdos por parte del gobierno nacional. Los firmantes de los pactos argumentan el incumplimiento del estado y de las ONGs operadoras de los pactos. Las comunidades tomaron registros fotográficos de los cultivos de pancoger13, las organizaciones de salud realizaron seguimiento a vectores y las organizaciones sociales alertaron las 12 La militarización no significa control de movimientos transfronterizos, pues el río San Miguel y el Putumayo, son puertas de entrada y salida que trasntornan los registros de estimación de cifras de colombianos y colombianas cruzando fronteras para buscar protección en Ecuador. 13 Cultivos de hortalizas y tubérculos que se encuentran en los patios de las casas de los campesinos. Algunos han separado de las zonas de cultivos de coca, los cultivos de pancoger, como medida de precaución ante las fumigaciones.
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fumigaciones que iniciaron el 14 de noviembre, aunque se esperaban para el mes de Diciembre. Las demoras estatales no han sido debidamente justificadas, salvo las argumentadas por el asesinato de dos técnicos de las ONGs operadoras y las amenazas de las FARC de no garantizar la integridad de los funcionarios que dichas organizaciones destacaran para el trabajo de asistencia técnica. La reacción de la comunidad ha sido de rechazo y de reiteración del compromiso de erradicar, sobre la base del cumplimiento del Gobierno central. A este juego entre confianzas/ desconfianzas entre el Gobierno colombiano y las comunidades firmantes de los Pactos Sociales, se suman 36 muertes no denunciadas, impedimentos para la sepultura digna de cadáveres, muertes a civiles en retenes y frente a los pasajeros de los vehículos, amenazas y persecución a líderes, son buena parte de las condiciones de deterioro del conflicto en la región. Adicionalmente los señalamientos y denuncias acerca de la reciente presencia de las AUC en la región, han provocado rumores que señalan a ciudadanos y ciudadanos como auxiliadores de una o de otra parte en conflicto, incrementándose las muertes y huidas de pobladores de veredas, cascos urbanos y ciudades intermedias putumayenses.
VAW- Violencia contra la mujer en fronteras: mujeres y niñas refugiadas/ solicitantes de refugio Las mujeres experimentan violencia en formas variadas dependiendo de factores como edad y condición social. Para el caso de las colombianas14, niñas y mujeres en países vecinos en condición de refugiadas y/o solicitantes de refugio, los principales issues de VAW (Violencia contra las mujeres) son: - Violación al Derecho a la seguridad e integridad personales: La seguridad de las refugiadas y solicitantes de refugio se ve deteriorada por los señalamientos y rumores de los que son víctimas por su condición de desplazamiento (se piensa que la condición de mujere en situación de desplazamiento, significa connivencia con alguna de las partes en conflicto). - Violación al Derecho a no ser discriminadas (por la condición de refugiadas /solicitantes de refugio): Las principales manifestaciones de la discriminación, tienen que ver con la marginación de servicios, acceso a entidades públicas y privadas, espacios de toma de decisión y participación en actividades ocupacionales. - Contradicciones en la Voluntariedad de las repatriaciones: Se plantean presiones sociales, políticas y gubernamentales que vulneran la voluntariedad, la dignidad y la seguridad necesarias para la repatriación. Específicamente las presiones se ejercen sobre los jóvenes, cuyas madres (mayoritariamente cabezas de familia) deciden repatriarse.
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Población que compone el 65% del total
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