Codhes informa
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Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento . Bogotá, Colombia. Número 40 , 15 de febrero de 2002 Correo electrónico codhes@codhes.org.co Página electrónica www.codhes.org.co
Guerra o paz
Desplazados en la encrucijada En Colombia el desplazamiento forzado, pese al crecimiento del problema, tiende a invisibilizarse en sus aspectos socio-económicos y políticos, a medida que crece el entusiasmo por la solución militar del conflicto en medio de presiones para terminar el diálogo y romper los procesos de paz. Del mismo modo los balances sobre la democracia y las elecciones desconocen la realidad de las poblaciones desplazadas de más de 400 municipios del país a las que se les niega el derecho a elegir y ser elegidos o a las poblaciones confinadas y cercadas por las partes del conflicto a las que se les imponen preferencias electorales bajo amenaza de muerte o destierro. Paz o guerra, primera encrucijada El gobierno y las Farc-Ep son responsables del modelo de diálogo y negociación en medio de la guerra que, además, decidieron de manera exclusiva y excluyente bajo el supuesto de ejercer la legitimidad del Estado o la representación popular. Los pocos resultados del proceso (intercambio humanitario, definición de agenda, aceptación de la facilitación internacional y suscripción de acuerdos en los Pozos y San Francisco de la Sombra), los fracasos del modelo de diálogo y negociación (incumplimiento de los acuerdos firmados, ataques contra la población indefensa, incremento de la confrontación armada y su degradación, violación de derechos humanos, infracciones a las normas del derecho internacional humanitario, ausencia de credibilidad en el proceso, exclusión de la sociedad civil, armamentismo y reclutamiento, incremento de los recursos legales e ilegales para la guerra) y los obstáculos para avanzar (ejecución del Plan Colombia y expansión del paramilitarismo) deben ser atribuidos a las partes en el conflicto y a su capacidad o incapacidad para responder a la exigencia nacional e internacional de avanzar hacia un escenario de convivencia pacífica como premisa para resolver la grave crisis nacional. La sociedad colombiana en todas sus expresiones tiene ahora la responsabilidad de exigir un replanteamiento a fondo del modelo de diálogo y negociación, en el marco de una política de Estado para la paz que evite un manejo electoral y coyuntural del tema, con facilitación internacional y mayor participación social para que se cumplan los acuerdos y disposición política de las partes apara asumir con seriedad la negociación.
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Este informe se realizó gracias al invaluable apoyo de la Embajada de los Países Bajos, Embajada Británica, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, la Consejería en Proyectos (Project Counselling Service) y OXFAM.
El proceso entre el gobierno y el Eln, sujeto a inconsistencias o vacilaciones e inscrito en el mismo modelo de hablar mientras se dispara, debe encausarse por la vía de los acuerdos verificables fortaleciendo la participación de las diversas expresiones de la sociedad colombiana. La incorporación del tema de las poblaciones desplazadas por la guerra en la reunión de la Habana es un buen comienzo para asumir el reto de resarcir desde la justicia y la reparación a las víctimas de este prolongado conflicto. Elecciones, segunda encrucijada Elegir y ser elegido es el principio de la democracia. Sin embargo, en Colombia cerca del 40 por ciento de su territorio no ofrece condiciones para este ejercicio electoral cuando el país se apresta a conformar el Congreso Nacional y a definir el relevo presidencial. La estrategia contrainsurgente de los grupos paramilitares, mantienen una ofensiva que se extiende desde el sur del departamento de la Guajira hasta las costas del pacífico en el municipio de Tumaco pasando por los centros urbanos y las zonas agroindustriales de Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba Urabá, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Paralelamente, se consolida presencia paramilitar en Arauca, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta y Caquetá y es cada vez más evidente la preparación de incursiones en algunas zonas del eje cafetero. La modalidad de ocupación y control territorial y de poblaciones se repite como un sino trágico por toda la nación: masacres indiscriminadas para generar terror, asesinatos selectivos para silenciar cualquier expresión de protesta social, destierros individuales, familiares o colectivos de poblaciones estigmatizadas bajo la acusación de base social de la insurgencia e imposición de formas autoritarias, arbitrarias y antidemocráticas de acción política. Es en este contexto en el que se imponen candidatos presidenciales o al congreso, se controlan administraciones municipales y se incide en la aplicación o no aplicación de la justicia, sin que haya resultados reales de la acción de la Fuerza Pública contra esta forma de violencia. Más que cifras de bajas y capturas de presuntos paramilitares, el país y el mundo exigen una disminución real de las masacres, los asesinatos y los desplazamientos, así como garantías para la población y protección de sus derechos. La situación no es menos crítica en las zonas de control y ocupación de las guerrillas que imponen un modelo autoritario en el que son comunes las ejecuciones de civiles indefensos, el destierro de personas, el reclutamiento forzado o voluntario de niños, niñas y jóvenes, las amenazas y los secuestros indiscriminados y la ejecución de miembros de las Fuerza Pública en estado de indefensión. En el sur y el oriente del país, así como en las zonas de occidente que se disputan con los paramilitares, la guerrilla ejerce un modelo de autoritarismo militar que excluye la democracia. El secuestro de líderes políticos para enjuiciarlos y el control sobre las ideas políticas de la población en su zonas de influencia, bajo criterios subjetivos de evitar la presencia paramilitar, no garantiza el ejercicio de la democracia.
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Los grupos armados deben definir si van a permitir las elecciones y a asumir sus resultados sin interferir en la decisión de los votantes y en las campañas de los candidatos. En todo caso es el gobierno, que proclama ante el mundo la democracia colombiana, el responsable de garantizar las elecciones libres y sin presiones para todas los movimientos políticos y los derechos fundamentales para los ciudadanos y ciudadanas, incluidos los desplazados. Estados Unidos, la tercera encrucijada El gobierno de Estados Unidos ha decidido incrementar la asistencia militar a Colombia, más allá del fracasado Plan Colombia y en la lógica absurda de incentivar la guerra y finiquitar los esfuerzos de paz de los colombianos. Hace dos años, cuando habían alrededor de 140 mil hectáreas sembradas de cultivos de uso ilícito advertíamos que el Plan Colombia no resolvería este problema y, por el contrario, se ampliaría la zona cultivada con un grave problema ambiental y en el marco de un agravamiento del conflicto. Desde entonces se han fumigado más de 100 mil hectáreas, mientras tanto los reportes de Naciones Unidas dan cuenta de un área sembrada de 165 mil hectáreas que tienden a crecer en diversas zonas del territorio nacional. Cuando se discutía el paquete de “ayuda” de Estados Unidos hace dos años advertimos que el Plan Colombia iba a generar una nueva categoría de desplazados en el marco de las inútiles fumigaciones. Hoy podemos decir que alrededor de 36 mil personas que huyeron de los venenos químicos arrojados desde el aire y de los operativos militares y paramilitares que preceden estas fumigaciones, se incorporaron en el último año al inmenso contingente de desplazados en el país. Las advertencias realizadas también abarcaron la problemática de los derechos humanos y el paramilitarismo y hoy podemos decir que la crisis en este campo no sólo no se resuelve sino que se agrava en medio de una impunidad no superada y de un crecimiento importante de los grupos de “autodefensas” en las zonas en las que se hacen la mayor inversión de los recursos del Plan Colombia. Tampoco se fortaleció la democracia y el estado social de derecho, porque nunca se tuvo en cuenta a las autoridades locales para definir las estrategias del Plan Colombia y a las comunidades sólo se les convocó a última hora para suscribir unos pactos sociales que finalmente son precarios, irreales e insuficientes para la supuesta sustitución de cultivos y que no responden a procesos de concertación sino a la amenaza de la fumigación y la acción militar. Los llamados “aportes sociales” se dirigieron a algunas ONG empresariales que hoy manejan en el Putumayo recursos tres veces mayores que el presupuesto público del departamento, en un desequilibrio que poco fortalece el Estado social de derecho y las administraciones regionales. El Plan Colombia, como también lo advertimos, creó una situación de desconfianza en los comienzos del proceso de paz e impuso la lógica perversa de más dinero para la guerra que fue respondida por las Farc con sus impuestos ilegales y el incremento del secuestro, de las extorsiones y de los recursos procedentes del narcotráfico. 3
Una última advertencia formulada hace dos años se refería a que el Plan Colombia era el comienzo de una intervención militar creciente que se incrementaría en medio de su propio fracaso. Pues bien, el gobierno de Estados Unidos se propone ahora aumentar la asistencia militar en más de 490 millones de dólares para el próximo año, dirigidos a la guerra contrainsurgente, ya sin condicionamientos y sin reparar la situación de derechos humanos o el crecimiento del paramilitarismo. Esta ayuda sólo servirá para incrementar la guerra, contribuir a un eventual escenario de rompimiento del diálogo y multiplicar la crisis humanitaria en Colombia, además mantiene la dinámica de más intervención. La lógica del gobierno de Estados Unidos de “proteger sus intereses” en Colombia pareciera que nos llevará a situaciones más complejas de injerencia en nuestros asuntos internos sin ninguna garantía de resolver nuestros problemas. Es común en los funcionarios del Departamento de Estado afirmaciones según las cuales “si hay más cultivos ilícitos hay que fumigar más, durante más tiempo y en más lugares”, “si hay más guerra hay que mandar más ayuda militar”, que son ajenas a la realidad de nuestra problemática socio económica y a la naturaleza del conflicto social y armado en Colombia. La soberanía sobre nuestros recursos y sobre la forma de resolver nuestros problemas es cada vez más precaria y limitada porque depende de los intereses de Estados Unidos a los que se someten nuestros funcionarios públicos sin ningún control por parte del Congreso y del país. Por eso vamos a pasar de 1 millón de dólares diarios en ayuda Militar a 1.450.000 dólares diarios para una guerra inútil que sólo beneficia a los vendedores de armas y que llevará al país a una situación de destrucción y desolación con una sociedad más fragmentada y menos democrática. LOS DESPLAZADOS EN LA ENCRUCIJADA 341.925 personas fueron desplazadas durante el año 2001 porque las partes del conflicto (contrainsurgencia legal e ilegal y guerrillas) no respetaron los derechos humanos o violaron las normas de la guerra que excluyen a los civiles de la confrontación armada. Codhes reporta 586 municipios receptores de población en situación de desplazamiento en 2001, cifra que de alguna manera refleja las dimensiones de esta crisis humanitaria. El año 2001 muestra un balance dramático en cuanto a la intensificación del conflicto armado, la violación sistemática de los DH y las infracciones del DIH. En el período analizado los distintos actores armados no cesaron de realizar bloqueos, amenazas, reclutamientos, secuestros, asesinatos selectivos, masacres y provocar el desplazamiento individual, familiar y en forma de éxodos masivos y múltiples. Estas acciones fueron mucho más funestas y visibles en zonas rurales, particularmente en los territorios de propiedad colectiva de comunidades afrocolombianas e indígenas. Dichos hechos violentos produjeron el desplazamiento forzado de 68.385 familias aproximadamente, con la consecuente ruptura de redes familiares y comunitarias. Esta cifra corresponde a un estimativo global de 341. 925 personas, un equivalente a 39 personas por hora o 937 personas por día; quienes arribaron al área urbana de 586 4
municipios ubicados en 32 departamentos del país (94% de los departamentos —tan sólo Vaupés y San Andrés y Providencia no reportan información sobre el fenómeno—). El estimativo del último trimestre es de 64.052 personas lo que implica una tasa de decrecimiento del desplazamiento de 25.47% (21.893 personas) con respecto del estimativo global del (tercer) trimestre anterior (85.945 personas). Los siete principales departamentos receptores de población desplazada según cantidad de personas son los siguientes: DEPARTAMENTOS ANTIOQUIA
PERSONASPORCENTAJE 55921 16.3%
CAUCA
31392
9.1 %
BOLÍVAR
23334
6.8%
NARIÑO CESAR MAGDALENA
19176 17908 16196
5.6% 5.2% 4.7%
16829 180756 341.925
4.9% 52.6% 100%
VALLE DEL CAUCA TOTAL DEPTOS PORCENTAJE DEL ESTIMADO GLOBAL
El 18.1% del total nacional estimado por CODHES, cifra equivalente a 62.043 personas, es producto de la llegada de 98 éxodos masivos a 67 municipios del país; 46 de ellos con un solo éxodo durante el periodo, para un total de 33.517 personas, y 21 municipios con 2 o más éxodos durante el año, cuyo estimativo global es de 28.835 personas. Los seis (6) principales departamentos (Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar, Chocó y Magdalena) receptores de éxodos de población desplazada representan el 90.3 % del total estimado de éxodos de población 16.3% del estimativo global de personas desplazadas correspondiente a un total de 55.862 seres humanos. 64 Municipios presentaron expulsión de población en forma de éxodo masivo con un estimativo global de 69.959 personas durante el periodo, cifras que corresponden a 7 personas por hora, 188 personas expulsadas por día, y 940 personas expulsadas semanalmente. Los departamentos más afectados por este fenómeno fueron Antioquia, Bolívar, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, con una cifra global de 54.074 personas expulsadas, diferenciadas así: DEPARTAMENTOS ANTIOQUIA
PERSONAS PORCENTAJE 5.2% 18081
CAUCA BOLÍVAR
15411 6682
4.5% 1.9%
CHOCÓ
7555
2.2%
VALLE DEL CAUCA
6345
1.8%
Subtotal
54074
15.8%
ESTIMATIVO GLOBAL
341925
100%
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LA LEY DEL SILENCIO Y LA TRISTEZA1 EL DESPLAZAMIENTO DE MINORÍAS ÉTNICAS EN COLOMBIA* La degradación y expansión espasmódica de la guerra en Colombia descrita de alguna manera bajo la expresión “crisis humanitaria” encuentra en la situación de los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y otras minorías étnicas tal vez una de sus muestras más identificables. La tendencia creciente a la urbanización del conflicto se manifiesta no sólo en las bombas, el minado de solares y zonas de tránsito urbano (Medellín y Barrancabermeja) ataques a la infraestructura eléctrica, a las redes de distribución de agua potable. Una mirada sensible y atenta —cada vez con mayor frecuencia— nos muestra a mujeres y niños indígenas solicitando apoyo a los transeúntes de ciudades como Medellín, Bogotá, Cali o Pasto para citar solamente algunos casos. En similar situación se encuentran familias afrocolombianas que provienen del Chocó, Cauca, Nariño, Sur de Bolívar y Cesar (entre otras zonas del país) que intentan reiniciar sus proyectos de vida luego de sobrevivir a masacres, amenazas, desapariciones forzadas y un extenso listado de violaciones de los Derechos Humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario. El lado obscuro y desconocido de esta cada vez más cruenta guerra lo constituyen las comunidades sitiadas, confinadas por los actores armados; huir para salvaguardar la vida, la dignidad y la integridad está prohibido y castigado por la ley del más fuerte. La Situación de desplazamiento y/o confinamiento forzado resulta especialmente crítica para pueblos indígenas como los Kankuamos y Yukpas en la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de Perijá respectivamente, Algunas poblaciones Paeces en el Cauca, los Emberá en Antioquia, Chocó y Risaralda, comunidades Awas y Kofanes en el Putumayo (entre otros). Las zonas tradicionales de refugio en las cuales las comunidades han resistido los efectos de la guerra son cada vez más escasas. La intensidad de las acciones armadas y la ampliación de los escenarios de disputa o de control estratégico conllevan el copamiento de los territorios ancestrales y el control exhaustivo sobre las personas, bienes e incluso apoyos humanitarios que ingresan a las comunidades. El control sobre alimentos, medicinas e insumos agrava aún más la situación de aislamiento e histórico abandono estatal al que han sido sometidos pueblos enteros, el reclutamiento de sus integrantes cuando no los ataques a las autoridades tradicionales hacen aún más problemática la vida de miles de indígenas, afrocolombianos y gitanos. El desplazamiento forzado de minorías étnicas implica en la práctica la inmersión de pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, Gitanos y raizales en muy profundos procesos de transformación socioeconómica, sociopolítica y cultural que en casos extremos puede conllevar a su extinción física y/o cultural (Genocodio). Los múltiples ataques a la población civil (en este caso las minorías étnicas) y las acciones de los actores armados estrangulan las redes de aprovisionamiento, sostenimiento alimentario e ingresos; erosionan las formas e instancias de autogobierno y los 1
Esta lacónica frase de un Líder Indígena intenta resumir lo que significa el desplazamiento forzado para su comunidad. Las ideas sugeridas en este segmento del informa anual de CODHES son producto de dos procesos paralelos de investigación de los efectos de la migración forzada (Desplazamiento y Refugio) en Minorías Étnicas realizados en 2001. El primero de ellos financiado por la Embajada Británica (caracterización e Impacto del desplazamiento forzado en Pueblos Indígenas. Estudio de caso “Los Eyabidá, la Gente de Montaña de Mutatá Noroccidente de Antioquia) y un segundo proceso de apoyo teórico, de diseño metodológico y acompañamiento en terreno a la Organización Indígena de Colombia ONIC en el proyecto “Caracterización del Desplazamiento Indígena en Colombia” financiado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y la Red de Solidaridad Social. *
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mecanismos de resolución de conflictos intra e inter-étnicos; debilitan, eliminan o suplantan los dispositivos de control social interno; transforman las pautas de inculturación y socialización; y rompen los circuitos de intercambio económico, cultural y político colocando en condiciones de extrema vulnerabilidad a las familias y comunidades. Urge del Estado Colombiano como garante de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos la protección a las minorías étnicas que se encuentran en riesgo o ya fueron desplazadas a través de políticas diferenciales y no discriminatorias tendentes a la atención integral, a la seguridad en la propiedad de la tierra y a la presencia de una institucionalidad estatal con claro perfil social (entidades de salud, docentes, crédito etc). La vigencia de los Derechos Humanos y el respeto irrestricto de la normatividad humanitaria por parte de todos y cada uno de los participes de la guerra bien pueden ser el principio del camino en donde la afirmación cotidiana de la diferencia haga parte del país incluyente que todos y todas deseamos y merecemos. DESPLAZAMIENTO Y CONFLICTO EN LAS ZONAS DE FRONTERA El conflicto armado y el desplazamiento como consecuencia directa, adquieren dinámicas regionales específicas. Así, las zonas de frontera, tienen una presencia de instituciones estatales mínima, están en puntos estratégicos que facilitan el flujo de intercambio económico, las actividades relacionadas con la guerra y el desplazamiento de grupos poblacionales que huyen de la violencia. El desplazamiento no solo ocurre desde las zonas de frontera hacia los países vecinos: Panamá, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, sino que ocurre también al interior de las zonas fronterizas, desde otros departamentos en donde se recrudece el conflicto y muchas veces de una zona de frontera a otra, pasando por los territorios de países vecinos. La dinámica del desplazamiento, depende de diversos factores: las estrategias utilizadas por los actores armados en la zona, la disponibilidad de recursos naturales o económicos, la disputa entre las partes en conflicto por el control territorial (militar y político-social), los efectos de la política internacional de Estados Unidos y la política de los gobiernos de países vecinos en materia de refugiados/as o asilados/as. La zona fronteriza se compone de 57 municipios que se ubican en los departamentos de Nariño, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Cesar y La Guajira. En ellos el desplazamiento es consecuencia de las fumigaciones que afectan cultivos de consumo y la seguridad de la población civil por la presencia de actores armados, la respuesta de militarización por parte de gobiernos de países vecinos. A estos hechos se suman eventos como ataques a poblaciones, combates, voladuras a oleoductos, uso de armas con efecto indiscriminado, masacres, amenazas, entre otros. Por ejemplo, los alcaldes de Barbacoas y Olaya Herrera, Nariño, tuvieron que salir de los municipios entre julio y octubre del año pasado para despachar desde Pasto, debido a un retén de las FARC en el primero y a amenazas de las AUC, en el segundo. En ese mismo departamento de 4.350 habitantes de Iscuandé, quedaron solo 100 luego de las incursiones de las auotodefensas y el paro armado del ELN que aisló a 33 municipios de víveres y abastecimiento. Entre enero y diciembre del 2001, hubo aproximadamente 7 éxodos o desplazamientos masivos de 10.828 personas desde los departamentos de Putumayo, Nariño y Norte de Santander. De otro lado, para el mismo periodo se registraron 7 éxodos de 874 personas hacia los departamentos de Boyacá, Norte de Santander y Nariño. En total, se registran 11.702 personas desplazadas en éxodos masivos al interior de esta zona de frontera. Así, los departamentos más afectados son los del sur de Colombia, 7
Putumayo y Nariño y el Norte de Santander. De estos lugares la población se desplaza hacia Ecuador siendo el principal país receptor de refugiados, efecto de la disputa entre las partes por el territorio de Nariño y Putumayo en donde se siembra la mayoría de la coca del país y donde se han concentrado las fumigaciones. TRIMESTRE Primero Segundo Tercero Total
Consolidado enero septiembre de 2001 ECUADOR VENEZUELA PANAMA 6.000 1.400 157 1.400 1.200 120 1.600 1.500 150 9.000 4.100 427
TOTAL 7.557 2.720 3.250 13.527
Panorama de refugio en Panamá, Venezuela y Ecuador: Las dinámicas internas en las fronteras dan cuenta de militarización, violación sistemática de derechos humanos e infracciones graves al DIH, disputa territorial y migraciones forzadas que no han desbordado a la población que habita las zonas fronterizas hacia los países vecinos en los volúmenes estimados. Sin embargo cada frontera complejiza sus escenarios por las relaciones sociales existentes entre las comunidades colombianas, sus relaciones de vecindad y las políticas de refugio de los países vecinos. Panamá: Repatriaciones, praxis en revisión Reconocemos como un hecho relevante para la protección de los y las colombianas en calidad de solicitantes de refugio en Panamá, la suspensión de las repatriaciones. Este hecho, mantuvo la atención de múltiples organismos no gubernamentales colombianos, panameños, agencias del sistema de Naciones Unidas- ACNUR, especialmente, por los cuestionamientos producidos por el factor de voluntariedad requerido en el proceso de repatriación. La presencia de los colombianos, es interpretada como una amenaza para la seguridad de las poblaciones panameñas en las que permanecen desde noviembre de 1996. Según estimaciones de CODHES alrededor de 1400 colombianos y colombianas buscaron protección en la zona fronteriza del Darién panameño durante el año 2000 y entre enero y septiembre de 2001 la cifra se aproxima a 427 personas. Venezuela: Expectativas por Ley de Asilo y Refugio La valoración de condición de refugio de los colombianos es incierta mientras se implementa la recién aprobada Ley Orgánica para Refugiados o refugiadas y Asilados o Asiladas, que categoriza la condición de refugiado por causas ajenas al conflicto armado interno. Según ACNUR 1’500.000 colombianos viven en Venezuela (Estados del Zulia, Táchira, Apure y Amazonas), un tercio como residentes legales y sólo 27 reconocidos en condición de refugiados. Sólo en San Antonio se presentaron 800 deportaciones de colombianos. La zona fronteriza con Arauca presenta una dinámica agravada por la ayuda militar estadounidense como parte del Plan Colombia para proteger la infraestructura petrolera (el gobierno de Estados Unidos afirmó que podía destinar 98 millones de dólares en entrenamiento y equipamiento militar para proteger el oleoducto Caño Limón Coveñas de los ataques guerrilleros) y la llegada de autodefensas. Este departamento, que ha estado controlado históricamente por la guerrilla (FARC y ELN), ahora muestra acciones dirigidas a la intimidación y expulsión de pobladores por parte de las Autodefensas. Esto puede ser reflejo del traslado de 8
1000 paramilitares desde los departamentos de Boyacá, Casanare y Meta hacia Hato Corozal, Vereda Puerto Colombia, El Carajo, Las Cruces, sobre el Río Casanare. La Ley Orgánica para refugiados/as se plantea en un momento en que aumenta la presión de las partes en conflicto por el desalojo de la región del Catatumbo, zona en disputa territorial por parte de las FARC, ELN, EPL en contra de los paramilitares que controlan la zona de cultivos ilícitos en esa región. Ecuador: En las fronteras del Plan Colombia Las condiciones de los colombianos en busca de refugio en Ecuador, tienen como característica la estigmatización generada por el lugar de origen, si llegan de Putumayo, su opción de refugio se agrava por ser considerados “cocaleros” y sus oportunidades para ser calificados como refugiados se restringen. Es también preocupante la comprensión parcial del conflicto armado interno en Colombia, pues se interpreta al desplazamiento interno como una alternativa al refugio en Ecuador. Con un número aproximado de 12.000 personas, se inició el año 2001 en términos de movimientos transfronterizos hacia Ecuador, en este caso producido por el paro armado de las FARC en Putumayo. Se estimó el retorno voluntario de 9.000 quienes entraron nuevamente a Colombia por el Departamento de Nariño. En el período de enero a agosto del 2001, 3639 colombianos solicitaron status de refugio y se otorgaron de manera positiva 1500 solicitudes. El gobierno del Ecuador ha reconocido el 42% de las solicitudes de refugiado. La dinámica del conflicto armado en esta zona está influida por el escenario del Plan Colombia (ahora con el plan de “empuje al Putumayo” que busca desalojar a los actores armados), las fumigaciones en Nariño y Putumayo, la militarización y la expresión regional del Plan Colombia en Ecuador con las acciones militares ecuatorianas en Sucumbíos y la base militar de Manta, componentes fundamentales de la Iniciativa Regional Andina. MÁS ESCENARIOS DE GUERRA QUE DE PAZ Si se mantiene el diálogo sin negociación y sin tregua se prolongaría la crisis humanitaria del desplazamiento forzado porque ninguna de las partes en conflicto han acatado o han manifestado de manera creíble su decisión de respetar los derechos humanos y las normas de Humanitarias que excluyen a los civiles de la confrontación. Si se avanza hacia un diálogo sin negociación pero con tregua, se lograría detener el crecimiento desbordado del desplazamiento forzado mientras se consolidan programas de atención y protección integral a las poblaciones afectadas. Esto es posible si la tregua está acompañada de acatamiento real del derecho internacional humanitario, es decir, cumplir con la norma que prohíbe atacar bienes y población civil, el uso de armas de efectos indiscriminados (cilindros y minas), el reclutamiento forzado, la retención de civiles con fines económicos o políticos, las masacres y las ejecuciones de combatientes en estado de indefensión, entre otras. Si las partes escucharan al país y concretaran un diálogo con negociación y tregua, sería posible incorporar en la Mesa el tema del desplazamiento, del retorno voluntario, sostenible y en condiciones de seguridad y protección; de una distribución equitativa de las tierras productivas, de alternativas viables y sostenibles a los cultivos de uso ilícito, de protección de la población civil, de aplicación de justicia, de inversión social en las zonas marginadas de la guerra; de subsidios de la producción agropecuaria, de reforma política y cambios sociales y económicos. 9
Si las partes no tienen la capacidad de reestructurar y fortalecer el proceso y optan unilateral o bilateralmente por la ruptura del diálogo y la generalización de la guerra, se desbordaría el desplazamiento forzado en una multiplicación de la crisis humanitaria y de sus consecuencias sociales y demográficas. Una confrontación de tal magnitud afectaría de manera considerable y sostenida las zonas de fronteras con los países vecinos ante un eventual éxodo de refugiados, agravaría la crisis del campo y las migraciones hacia los centros urbanos, profundizaría la fragmentación de la sociedad, limitaría aún más el ejercicio de la democracia y llevaría al país a un aislamiento internacional por la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Alejarse de la solución política y negociada del conflicto armado en medio de la actual polarización nos acercaría a la guerra civil, a una mayor intervención de Estados Unidos en el conflicto y volveríamos al circulo vicioso de una confrontación sin victoria militares en la que la población más pobre seguirá siendo la principal afectada.
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