BOLETÍN CODHES INFORMA #47: Ni Seguridad ni Democracia. 2004

Codhes Informa Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 47. Bogotá, 1 de abril de 2004 codhes @codhes.org.co www.codhes.org.co

Desplazados:

NI SEGURIDAD NI DEMOCRACIA1 A 20 meses de su puesta en marcha, la política de seguridad democrática del gobierno nacional no ha contribuido a resolver el problema del desplazamiento forzado en Colombia. Por el contrario, genera condiciones que agravan, expanden y prolongan la crisis humanitaria en el país.

1. No ha contribuido a resolver el problema porque está concebida como una estrategia de militarización del territorio y de la sociedad, en función de una eventual solución militar al conflicto que, por esta vía, tiende a prolongarse involucrando a la población civil en las hostilidades. Esta militarización ocurre en medio de: • •

1

Una situación estructural, crítica y no resuelta de derechos humanos.

El intento de legitimación del Estado a partir el uso de la fuerza sin un componente significativo de inversión social.

El informe “Desplazados. Ni seguridad, ni democracia” fue realizado con el apoyo de Lutherans World Relief, Consejería en Proyectos y Servicios PCS, ACNUR, Secours Catholique, Programa Mundial de Alimentos, Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI/ Embajada de Suecia) y DIAL. Su realización fue posible mediante la aplicación de la Encuesta Nacional de Desplazamiento, las visitas de campo en zonas de conflicto y el análisis permanente realizado en el Observatorio sobre conflicto armado, derechos humanos y despl azamiento forzado de CODHES. Al presentar este informe CODHES expresa su reconocimiento y agradecimiento a las organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos a las asociaciones de desplazados que contribuyeron en el levantamiento de la información que hizo posible este informe. Agradecemos también a las instituciones del Estado que contribuyeron a la realización de este informe. Las afirmaciones y el contenido de este informe es responsabilidad exclusiva de CODHES y no compromete a las agencias donantes.

2

•

Un escenario político que minimiza el rol de los órganos de control del Estado en el marco de una estrategia de contrarreforma a la constitución del 91.

2. Agrava la crisis humanitaria porque involucra de manera creciente a la población civil en el conflicto armado interno con la vinculación de soldados campesinos y ciudadanos a las redes de informantes que, además, están provocando nuevos desplazamientos en el marco de las detenciones arbitrarias en varias regiones del país.

3. Expande la crisis porque incorpora al mapa del desplazamiento municipios que en 2002 no recibieron ni expulsaron población, amplía el desplazamiento a las personas que huyen de las zonas de cultivo de uso ilícito y adiciona a las personas obligadas a retornar en medio del conflicto sin garantías ni condiciones de seguridad.

4. Prolonga la crisis humanitaria porque sigue sumando desplazados, confinados y refugiados en medio del conflicto, porque no contribuye a generar acuerdos humanitarios ni garantiza la aplicación del derecho internacional humanitario (concebido para situaciones de conflictos armados de carácte r no internacional), porque aleja la posibilidad de la solución política y negociada del conflicto y porque crea un espacio adverso para la acción humanitaria y de derechos humanos en el país.

Política de seguridad democrática no es igual a política de derechos humanos y el marco político y jurídico en el cual se desarrolla esta estrategia constituye en si mismo una negación de derechos democráticos. ¿Disminuye el desplazamiento y sigue la guerra? ¿Es posible garantizar que la disminución de la cifra responde a una nueva situación de seguridad en el país y que, en consecuencia, esa es la tendencia hacia el futuro? ¿Es una contracción coyuntural en medio de la reestructuración del conflicto y el re-acomodamiento de actores armados o es una disminución estructural que da cuenta de nuevos escenarios de paz, democracia y realización de derechos?

La mejor noticia para la sociedad colombiana es una disminución real de los índices de violencia que resultan de la degradación del conflicto. En el caso específico del desplazamiento, cuya constante ha sido de incremento, es saludable que se reduzca el número de personas que huyen dentro del territorio nacional pero que esa reducción responda a un ejercicio de restitución de derechos y garantías de seguridad para un eventual reestablecimiento.

Sin embargo, podemos constatar que no es precisamente este el escenario. La reducción de la cifra de desplazamiento en medio del conflicto es tan frágil como el

3

retorno en medio de la guerra. Esta contracción no representa un alivio a las condiciones de vida de la población desplazada y, por el contrario, pone de manifiesto que las estrategias de control de territorios, poblaciones y recursos en función de la guerra siguen vigentes.

Esto se expresa en el confinamiento de poblaciones convertidas en verdaderos rehenes de los actores del conflicto, el crecimiento de las solicitudes de refugio en otros países que aumenta la diáspora de compatriotas hacia el exterior y el desplazamiento no reconocido que ocurre en medio de las fumigaciones de cultivos de uso ilícito.

En 2003, un total aproximado de 13 mil personas solicitaron oficialmente refugio en Ecuador (10.086) y Venezuela (2.386), de los cuales fueron reconocidos 1.151.

En el caso de Ecuador, esta cifra es 36 veces mayor a los datos del año 2002.

Mientras todos los registros de 2003 dan cuenta de una reducción en el nivel nacional de la cifra de desplazamiento, CODHES constató que en departamentos como Caquetá, Putumayo, Guaviare, Cundinamarca, Guainía, Valle del Cauca, Amazonas y Vaupés se incrementó el número de personas desplazadas, ¿Qué implican estos cambios en la geo-politica del conflicto armado interno y qué pueden esperar las poblaciones de estos departamentos en el futuro inmediato en términos de prevención, protección y atención humanitaria?

Entre tanto la principal reducción se presentó en Chocó, Cesar, Norte de Santander, Magdalena, Córdoba y Sucre, donde no obstante hoy sobreviven por lo menos 200 mil personas desplazadas en los últimos dos años sin una adecuada atención por parte del Estado.

Desde 1985 han sido desplazadas más de 3 millones 100 mil personas que en su gran mayoría enfrentan una situación de precariedad evidente en la que ven con asombro e impotencia cómo cada día se deteriora su calidad de vida, mientras que el Estado, principal obligado a su atención, empieza a considerarlos como pobres, en una salida facilista que desconoce sus derechos como población desplazada.

La guerrilla desplaza más civiles El año pasado, por primera vez desde que se estudia el desplazamiento forzado en Colombia, la guerrilla encabezó el listado de presuntos responsables armados que generaron desplazamiento por sus amenazas, asesinatos, masacres y reclutamiento forzado. Estas acciones se siguen registrando de manera sistemática y deliberada contra la población civil, lo que constituye una clara infracción del derecho internacional humanitario.

4

En el nuevo contexto de la guerra interna y en desarrollo de dinámicas de recuperación de territorios y control de poblaciones y recursos, en muchos casos los grupos guerrilleros han optado por métodos tipificados como crímenes de guerra y lesa humanidad que cuestionan su legitimidad y ponen en tela de juicio su discurso político.

Paramilitares sin tregua Entre tanto, los grupos paramilitares plegados a un cuestionado proceso de negociación, también diversifican sus estrategias de tal manera que producen menos masacres y desplazamiento masivo, pero violan la tregua (exigida para el diálogo) profiriendo amenazas, ordenando asesinatos selectivos, provocando desplazamientos individuales y unifamiliares y emplazando comunidades y pueblos para mantener su control ilegal con el uso desbordado de la fuerza. ¿Desplazados sin conflicto?

El gobierno sigue desconociendo la existencia de un conflicto armado interno lo que además de negar la complejidad de la crisis estructural e histórica que rodea la confrontación armada en el país, constituye un peligroso mensaje de desconocimiento del principio de distinción entre combatientes y no combatientes y, en particular, de las normas del derecho internacional humanitario que protegen a la población civil, de la cual hacen parte las personas desplazadas y que son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado Colombiano.

Hasta la lucha contra el terrorismo tiene límites La lucha contra el terrorismo, que comparte el mundo democrático, también tiene límites en un Estado que se proclama como tal. El apoyo popular a un ejercicio de autoridad del estado no es un cheque en blanco para instaurar un estado autoritario Las tierras del olvido El conflicto armado está en el centro de la preocupación nacional y el problema de la tierra está en el centro del conflicto armado. La recomposición de la tenencia de la tierra en el marco de acciones de fuerza de grupos irregulares y la ausencia crónica de una política que supere la profunda inequidad de esa tenencia, es una de las formas críticas de la crisis humanitaria en el país.

En Colombia hay 15 millones de personas excluidas del sector rural y de esta población hacen parte comunidades campesinas y de colonos en riesgo y/o en situación de desplazamiento forzado que resulta especialmente afectada por la

5

pérdida de los vínculos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales con la tierra.

Una de las preocupaciones centrales de la población en situación de desplazamiento es el restablecer el vínculo con sus tierras, volver a los lugares de expulsión y recuperar sus propiedades rurales. De no ser posibles los retornos a los territorios ancestrales, a las parcelas y chagras para disponer de un control básico sobre un espacio físico y simbólico significativo, las expectativas de reubicación en zonas rurales son denominador común en las reclamaciones de la población en diáspora interna. n Los departamentos con mayor número de hogares con predios abandonados por personas desplazadas son Tolima, Putumayo, Chocó, Antioquia, Caquetá, Cauca, Norte de Santander, Guaviare Cesar y Bolívar. n El 74%) de los predios abandonados corresponden a inmuebles rurales. El 69% contenían casa y parcela, y el 5% sólo los terrenos n El 24% de los predios abandonados estaban ubicados en ámbitos urbanos n El 76% de los hogares eran propietarios de predios. El 4.8% arrendatarios. n El 5.6% fueron expulsados de propiedades colectivas (resguardos o territorios afrocolombianos) n El 5.1% eran ocupantes.

Las zonas de mayor presión por el control y uso de tierras a través de la expulsión de pobladores ancestrales corresponden a los territorios colectivos de pueblos indígenas y afrocolombianos. Las zonas de colonización y de aplicación de políticas de fumigación presentan igualmente elevados índices de expulsión referidos a conflictos por el uso y dominio de la tierra.

La desprotección y la inseguridad en la tenencia de la tierra, así como la restitución de los predios objeto de despojo en el proceso de desplazamiento son temas centrales en la agenda política actual.

Fumigar, fumigar y fumigar…

Un total aproximado de 27.044 personas fueron desplazadas durante 2003 de zonas en las cuale s se registró fumigaciones de cultivos de uso ilícito. La pregunta es ¿cuáles son los resultados de la lucha contra las drogas en Colombia?: Efectos nefastos en la salud, el medio ambiente y las condiciones socioeconómicas de los habitantes de zonas más afectadas, así como la ausencia de alternativas económicas viables al cultivo de la hoja de coca, lo cual pone en peligro la seguridad alimentaria de estas comunidades, toda vez que la tierra afectada por aspersión necesita dos años para volver a producir Durante el 2003 el desplazamiento forzado se incrementó en las regiones donde se concentraron las fumigaciones. Los departamentos que registraron un incremento del desplazamiento durante el 2003 frente al 2002 fueron Caquetá con

6

una tasa de 3.165 personas desplazadas por cada 100 mil habitantes, Putumayo con una tasa de 2.330, Guaviare con 2.302, Cundinamarca con 588, Guainía con 395, Valle con 260, Amazonas con 78, Vaupés con 82, mientras la tasa nacional fue de 466 por cada 100 mil habitantes. De otro lado, los 20 municipios con mayor área fumigada en todo el país están ubicados en los departamentos de Putumayo (los municipios de Orito, La Hormiga, San Miguel, Puerto Asís), Guaviare (Calamar, Miraflores, el Retorno), Nariño (Roberto Payán, Barbacoas, Tumaco y El Tablón) y Caquetá (Cartagena del Chairá).

El suroriente concentra las estrategias del Plan Colombia, específicamente la zona límite entre Caquetá y Putumayo. La reducción de los cultivos en esta región ha resultado en el traslado hacia Nariño y Amazonas, departamentos vecinos de Putumayo y hacia Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada, departamentos vecinos de Caquetá. En estas zonas con una presencia estatal precaria se traslada la violencia asociada al negocio de las drogas, se incrementa la apropiación violenta de terrenos y explotación forzada de mano de obra que permiten mantener el cultivo y procesamiento de la coca. De otro lado, son escenarios donde se prevé la confrontación armada y donde ya se observan indicios de la crisis humanitaria con el desplazamiento forzado como su principal expresión. ¿Cuánto se gasta en la guerra?

Con recursos propios y ayuda externa, con recursos ilegales provenientes de la creciente economía del conflicto, el gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos y los grupos armados irregulares “invirtieron” en promedio cada día de 2003, 11.559.981 millones de dólares en gastos orientados a la confrontación armada, prolongando nuestra tragedia de vivir en un país que gira alrededor de una guerra que no se gana en términos militares pero que tampoco se resuelve en términos políticos.

Sin paz ni ley En resumen, frente al conflicto armado y el desplazamiento forzado interno, el año 2003 estuvo marcado por • • • • • • •

La ofensiva de la Fuerza Pública contra los grupos guerrilleros La implementación del Plan Colombia y su estrategia de fumigaciones de cultivos de uso ilícito Las acciones de las guerrillas, los paramilitares y el estado contra la población civil Las conversaciones entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia La violación de la tregua por parte de los paramilitares El repliegue (¿táctico o derrota estratégica?) de las guerrillas, El retroceso en la aceptación y aplicación del derecho internacional humanitario

7

• • • •

La continuidad de la crisis de derechos humanos El incumplimiento del gobierno frente a las recomendaciones y compromisos con la comunidad internacional, Los niveles no superados de impunidad y los escándalos que rodean a la Fiscalía General de la Nación Las manifestaciones de autoritarismo y arbitrariedad y el trámite de reformas constitucionales y legales que tienden a desmontar el estado social y democrático de derecho.

Las víctimas siempre son inocentes Las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes y la gente de la tercera edad siguen siendo las personas más afectadas por el desarraigo y la violencia, toda vez que enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad frente a los derechos desconocidos y violados, además de las rupturas de núcleos familiares y los impactos psicosociales y socioculturales que se desprenden de estas migraciones forzadas.

En esta concurrencia de hechos que inciden en la fragmentación crítica de la sociedad en medio del conflicto, tiene especial significado el desplazamiento de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que, además de ser un crimen de lesa humanidad, constituye un atentado contra la identidad, la historia y la cultura.

Hay pueblos indígenas que están siendo exterminados sistemáticamente como los Kankuamos en la Sierra Nevada de Santa Marta y comunidades negras confinadas y sometidas al designio de grupos armados en la boca del río Opogadó y en la comunidad de Puerto Antioquia en el departamento del Chocó.

Bogotá: ciudad región de desplazados En Bogotá, el desplazamiento forzado tiene ahora una proyección que trasciende la ciudad y se prolonga en los municipios aledaños con nueva población que se suma a comunidades y sectores marginados, reproduciendo el modelo de exclusión que caracterizó las migraciones económicas del siglo pasado.

La urbanización de las consecuencias del conflicto y la degradación del conflicto en las ciudades conducen a nuevos escenarios de confrontación y nuevas formas de desplazamiento intraurbano e interurbano que plantea otros retos para la acción del Estado.

En 31 ciudades capitales de Colombia se asienta el 46.8% de la población en situación de desplazamiento y en 640 municipios intermedios se ubica el 53.2% restante; en estos escenarios las respuestas locales reproducen el modelo de respuesta nacional, sin que se logre una coordinación de esfuerzos para

8

garantizar la atención y la protección integral afectadas.

que requieren las personas

¿Y el Estado?

La respuesta del Estado, principal obligado a prevenir las causas del desplazamiento, proteger, atender y reparar los derechos conculcados a las víctimas, sigue siendo precaria, limitada e insuficiente.

El gobierno actúa bajo presión internacional o de sentencias de la Corte Constitucional que considera el desplazamiento un “estado inconstitucional de cosas” que compromete la responsabilidad oficial y conmina al ejecutivo a presentar soluciones reales y creíbles.

Los retornos de población desplazada en medio del conflicto armado promovidos por el gobierno no responde a criterios claros de seguridad, multiplicidad de opciones, garantías y reestablecimiento y, más bien, están operando de tal manera que prolongan la migración en ciclos repetitivos en los que siguen ausentes la restitución de sus derechos.

De hecho, el 91.2% del total de jefes de hogares desplazados en los últimos dos años, manifestaron su intención de no retornar aduciendo problemas de seguridad, lo que deja muchas dudas sobre la política oficial de retornos en medio de la guerra.

Justamente, el gobierno ha diseñado un programa de retorno para 150 mil personas desplazadas en cuatro años (entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2006). Si el mismo gobierno admite que sólo en 2003 se desplazaron 182 mil personas, cabe preguntar: ¿cuál es el impacto efectivo de esta política frente a los volúmenes de migración forzada que sigue registrando el país?

En términos globales la política pública de atención a la población en situación de desplazamiento no logra niveles básicos de prevención, sostenibilidad ni restablecimiento. Los enfoques de prestación de bienes y servicios bajo enfoques asistencialistas, con énfasis en la ayuda humanitaria de emergencia bajo limitaciones de temporalidad legal (3 meses, y 6 excepcionalmente) no logra niveles de satisfacción de necesidades básicas ni la realización de derechos fundamentales. ¿Cuánto destina el gobierno para cada persona desplazada? El retroceso de la política gubernamental Pero no sólo se reduce el número de personas desplazadas también se redujo la inversión presupuestal que el gobierno destina para prevenir, atender e implementar proyectos de cooperación con contrapartida nacional.

9

Tomando como referencia el presupuesto de la Red de Solidaridad Social en el año 2001, la apropiación definitiva destinada para la atención al desplazamiento fue de $ 57’225.000.000.oo, mientras que para el 2002 el presupuesto alcanzó la suma de $41.373.545.201 y para 2003 sólo fueron asignados $7.514.322.715, es decir, se produjo una disminución del 28% respecto del valor asignado el año inmediatamente anterior, y de un 87% en relación con la cifra de 2001.

Estas asignaciones, confrontadas con la cifra de población desplazada reportada por CODHES dan como resultado que el Estado invirtió, en promedio $ 167.361 por persona desplazada en el año 2001; $100.286 en 2002 y $36.194 en 2003.

En la práctica, el Estado descarga cada vez más la responsabilidad en atención sobre organizaciones sociales y agentes humanitarios y comunidad receptora (más de la mitad de las familias afirmaron reciben ayuda de agentes humanitarios y grupos y sectores sociales).

El Plan de Acción Humanitaria El gobierno colombiano en concertación con organismos de Naciones Unidas y países amigos, está promoviendo un Plan de Acción Humanitaria para hacer frente a la difícil situación de las poblaciones desplazadas, en riesgo de desplazamiento, confinada y receptora.

Desde las organizaciones de sociedad civil que integran la Alianza que monitorea la cooperación internacional y la Declaración de Londres se han fijado seis criterios para la acción humanitaria: •

El Plan de Acción Humanitaria (PAH) debe ser complementario de la responsabilidad principal del Estado frente al desplazamiento forzado y demás expresiones de la crisis. El papel de la cooperación internacional es subsidiario y, en ning ún caso, reemplaza la responsabilidad del Estado

•

El PAH debe tener como referencia el cumplimiento de las recomendaciones del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos

•

El PAH requiere de garantías efectivas para las comunidades beneficiarias, los operadores humanitarios nacionales e internacionales, las organizaciones no gubernamentales y sociales y agencias de cooperación.

La acción humanitaria es un derecho que no debe ser obstaculizado ni por el gobierno ni por los grupos armados irregulares

•

El PAH debe permitir la participación de las comunidades beneficiarias en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos, para que respondan realmente a sus necesidades

10

•

El PAH no debe ser un mecanismo de asistencialismo humanitarista que sólo percibe las necesidades diarias de una población vulnerada en sus derechos y debe perfilarse como un mecanismo que contribuya al reestablecimiento de derechos.

•

El PAH debe concebirse parte de un programa de apoyo internacional a la solución política y negociada del conflicto armado interno, porque se trata de resolver el conflicto y no de prolongar indefinidamente la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país.

Desde la Alianza, CODHES propone la creación de una veeduría al Plan de Acción Humanitaria y demás escenarios de cooperación internacional. Esta veeduría, puede contribuir, desde el análisis y los aportes constructivos, a desarrollar un modelo de atención, protección y prevención para aliviar la situación de las personas en situación de desplazamiento. Una veeduría independiente y autónoma que vigile el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno de Colombia en el marco de la Declaración de Londres y las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Una veeduría que ayude a encauzar la cooperación internacional en las lógicas de la paz, la democracia y el pleno respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

412.553 Año 2002

Comportamiento del desplazamiento 1985-2003 De 1985 al 31 de diciembre 2003 Total estimativo nacional 3.122.460 personas

308.000 Año 1998

257.000 Año 1997

317.375 Año 2000

341.925 Año 2001

288.000 Año 1999

207.607 Año 2003 181.000 Año 1996

105.000 Año 1988

59.000 Año 1987 36.000 27.000 Año 1986 Año 1985 Fuente: Codhes, Sisdhes Elaborado:Codhes, Sisdhes Fecha: 31 de marzo de 2004 www.codhes.org.co sisdes@codhes.org.co

119.000 Año 1989

110.000 Año 1991

77.000 Año 1990

64.000 Año 1992

78.000 Año 1994

45.000 Año 1993

89.000 Año 1995