BOLETÍN CODHES INFORMA #48: Las mujeres en la guerra. 2004

Codhes informa _______________________________________________________________ Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.

Número 48, Bogotá, Colombia, 24 de abril de 2004 E. Mail: codhes@codhes.org.co Página Web: www.codhes.org.co

Las mujeres en la guerra: De la desigualdad a la autonomía política El hecho de que la guerra sea usualmente realizada por hombres no es una prueba de que ellos sean inherentemente violentos. La guerra es iniciada por aquéllos que tienen poder, y los hombres suelen encontrarse en las posiciones más poderosas. Ha habido también casos de lideresas en el poder, como Margaret Thatcher e Indira Gandhi, que han involucrado en conflictos a sus países (El Jack, 2002).

Contenido Introducción......................................................................................................................................... 2 Género y conflicto armado .................................................................................................................. 2 Sectores especialmente vulnerables................................................................................................... 4 La exclusión: una vía de interpretación............................................................................................... 6 2003: reestreucturación del conflicto armado interno.......................................................................... 7 Equidad de género: incorporación y gobernabilidad ........................................................................... 8 Activismo e investigación: agenda sobre desarrollo, género, conflicto y paz...................................... 9 El Estado colombiano y los intereses de las mujeres ....................................................................... 11 Violaciones de los DDHH y el DIH de las mujeres colombianas ....................................................... 15 Las mujeres colombianas frente a los DESC .................................................................................... 19 Las mujeres colombianas en situación de desplazamiento .............................................................. 20 Encuentro Nacional “Saberes De Mujeres”....................................................................................... 27 Recomendaciones ............................................................................................................................ 38 Conclusiones generales.................................................................................................................... 39 Anexo 1: Tipo de la muestra: ............................................................................................................ 40 Anexo 2: Metodología de encuentro ................................................................................................ 41 Bibliografía ........................................................................................................................................ 43

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Introducción Este informe recoge el trabajo de investigación, interlocución e incidencia desarrollado por Codhes durante el último año, aunque el proyecto que permitió acopiar y potenciar los resultados se refiera al último semestre (Septiembre de 2003-Febrero de 2004). Reune los elementos conceptuales así como las experiencias de las mujeres afectadas por el conflicto armado interno, especialmente por el desplazamiento forzado, y de las lideres sociales y comunitarias que nos brindaron parte de su valioso tiempo para dialogar durante el proceso de investigación como durante el evento: “Encuentro Nacional Saberes de Mujeres”, realizado el jueves 4 de Marzo de 2004, en la ciudad de Bogotá. Evento en el que se presentaron los primeros resultados de la Encuesta Nacional de Desplazamiento (ENADE) sobre la caracterización de la situación que están viviendo las mujeres desplazadas en el país. En este sentido recoge la desagregación cualificada de dichos datos. En un primer momento se expone el esquema interpretativo utilizado en el documento, es decir, se presenta la relación entre el contexto del conflicto armado y las diferentes formas en que se expresan sus impactos según la construcción social del género en hombres y mujeres. En un segundo momento se ofrece una caracterización de las circunstancias en las cuales se ha adelantado la lucha de las mujeres en contra de la discriminación, la exclusión y el racismo, en el marco del discurso del desarrollo, mediante el impulso de agendas políticas orientadas a la exigibilidad de sus derechos en diferentes escala, e involucrando a Estados, organismos intergubernamentales y sociedad civil. En un tercer momento, se presenta una síntesis sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres, sus efectos y los crecientes niveles de vulnerabilidad que están afrontando. Por último, se expone una parte de los resultados del monitoreo, los datos arrojados por la encuesta nacional de desplazamiento ENADE, así como los principales debates adelantados durante el “Encuentro Nacional Saberes de Mujeres”.

Género y conflicto armado A través de la historia en muchas sociedades del planeta la masculinidad estuvo o ha estado asociada al mundo de los guerreros; muy corrientemente los hombres son reclutados, preparados para este mundo cuando alcanzan la edad suficiente para combatir, y por ello son heridos, mutilados, desaparecidos, tomados como prisioneros o “dados de baja”, con mayor frecuencia durante las “hostilidades”. No obstante, durante los dos últimos siglos muchas mujeres han hecho parte activa de las guerras que se han llevado a cabo, en algunos casos como combatientes, en otros como aliadas y retaguardia o defensa estratégica. Sin embargo, siguen constituyendo una de las principales víctimas de la guerra por la afectación directa debido a las “bajas”, o bien colateralmente y de manera desproporcionada por medio de la desarticulación del sistema de relaciones sociales del que hacen parte, a través del 1 resquebrajamiento de las unidades familiares y las redes comunitarias.

Ahora bien, pese a que las mujeres constituyen una de las principales víctimas, los niños y los hombres con frecuencia son violados y agredidos sexualmente, en muchos casos después de haber sido tomados como prisioneros, en tanto que estrategia para destruir el poder masculino del “bando contrario”.

Situación que es retroalimentada por el silencio implícito, la invisibilización y la restricción psicológica continúa. Dentro de los imaginarios actuales una mujer puede ser una víctima, pero un hombre nunca, 2 situación que implica “la negación de una de las principales realidades de género del conflicto armado”.

La mayor parte de los prisioneros de guerra en los conflictos armados actuales son hombres; y ya sea como soldados o como personas que se resisten a las normas de género (homosexuales, pacifistas, etc.)

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(Henao y Suárez:1997) (El Jack:2003:2)

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también son afectados directamente. La creciente cantidad de hogares encabezados por mujeres en 3 zonas de conflicto es también una ilustración de la vulnerabilidad específica de los hombres.

Antes de continuar es necesario dejar en claro los conceptos principales de nuestro esquema de interpretación y por lo tanto de nuestro trabajo. El concepto de género se refiere a las creencias, actitudes y conductas que afectan a cualquier sociedad y que apoyan las diferenciaciones culturales de lo que significa ser hombre y mujer. El género penetra profundamente todos los aspectos y niveles de la sociedad y se manifiesta en las múltiples dimensiones de las relaciones económicas, políticas y 4 culturales. Las relaciones de género se caracterizan generalmente por un acceso o distribución desigual del poder. La discriminación de género es una constante histórica que influye de diversas formas en las dinámicas del conflicto armado debido a la reproducción social (extensión, difusión y permanencia) de dichas prácticas de exclusión, por lo general institucionalizadas. Desde esta perspectiva el análisis del conflicto armado permite dimensionar las diferencias entre mujeres y hombres según sus actividades de género, sus necesidades, su adquisición y control de recursos, y el acceso a procesos de toma de 5 decisiones, entre otros.

Del mismo modo, consideramos que la paridad o equidad entre los sexos y la transformación de género son dos asuntos diferentes, puesto que la paridad se limita sólo a la igualdad numérica (mayor acceso a la educación de las niñas y mujeres, mayor cantidad de mujeres como representantes políticas, una mayor participación de las mujeres en posiciones directivas del estado, etc.) y no a la creación de nuevas 6 expectativas, cambios de mentalidades, y/o nuevas normas sociales.

En línea con lo anterior, se reconoce (con mucha frecuencia) que dentro de los conflictos armados los hombres son asesinados en mayor proporción bajo la lógica de que la guerra es una labor exclusiva “de varones”, olvidando también que dicha práctica es un producto histórico del cual las mujeres han hecho parte, en sus causas, dinámicas y consecuencias. Según Bocchetti la relación conceptual entre las mujeres y la guerra ha sido signada por la elaboración de discursos e imaginarios que afirman que la cuestión de la paz pertenece a las mujeres, no obstante que dentro de los conflictos armados los 7 hombres y las mujeres experimenten la violencia de distinta manera en tanto víctimas o agresores/as.

Actualmente encontramos mujeres en situación de desplazamiento, mujeres combatientes, mujeres auxiliadoras, mujeres líderes, mujeres viudas, mujeres militantes y mujeres militares, entre otras. Se trata de la participación de las mujeres en la guerra, la mayoría de las veces invisibilizada, actuación que no se limita exclusivamente al papel de víctima, al sujeto en el cual recae una acción violenta.

En esta misma dirección, hoy se citan experiencias e iniciativas de mujeres para alcanzar la paz, en tanto evidencias emblemáticas de que son naturalmente pacíficas en comparación con los hombres, caracterizados como innatamente agresivos y guerreros. Sin embargo, muchas investigaciones realizadas desde una perspectiva feminista han desafiado la supuesta naturaleza pacífica de las mujeres

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Ibíd.

4 (Stromquist;2004) 5 (El Jack; 2003).

6 (Stromquist;2004) 7 (Bocchetti:1995:73)

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al examinar su involucramiento en las luchas de liberación nacional, su apoyo directo y/o indirecto a los 8 conflictos armados y sus contribuciones a la guerra y al militarismo en general.

Dicho de otra forma, la guerra continúa siendo vista como una tarea exclusiva de hombres y la paz una labor natural de las mujeres, reproduciendo series de relaciones dicotómicas mutuamente excluyentes (hombre-mujer, guerra-paz, activo-pasivo, racional-emocional, miedo-valentía, público-privado) y jerarquías entre los elementos que componen estas relaciones, en una lógica de dominio. Dichas jerarquías se sustentan en valoraciones asimétricas que sobreponen la potencia, la fuerza, la razón sobre lo emocional y lo intuitivo (entre otros) en tanto que sinónimos de debilidad. Fruto de ello, la participación de las mujeres en la guerra y los efectos que esta acarrea individualmente en cada mujer son invisibilizados. Se trata de una obliteración que funge como superficie de continuidad para las estructuras desiguales de poder que determinan la marginación de las mujeres de los asuntos políticos y la 9 consecuente asignación de las mujeres al ámbito de lo doméstico.

Dicha tendencia a situar a la mujer en la esfera de lo doméstico asignándole sólo los valores ligados a su rol materno, ha impedido el reconocimiento de su papel activo dentro de las causas, las dinámicas y las consecuencias de la guerra. Esto refuerza la reproducción social del estereotipo, la naturalización de los 10 comportamientos y fija “lo femenino” en un ámbito de inferioridad social carente de acción política.

Este informe constituye un aporte en la lucha y reivindicación por los derechos de las mujeres y los hombres, por la justicia social. Para la realización de esta investigación sobre el impacto del conflicto armado interno en las mujeres colombianas, partimos del reconocimiento del papel que las mujeres han cumplido en la historia de las guerras y violencias que nos han aquejado, aunque todavía se persista en concebirlas como “elementos accesorios” u “obstaculizantes, para los que nunca ha alcanzado la tinta 11 con que se ha escrito la historia”. Se trata de mirar los impactos, las experiencias y las vivencias diferenciadas que deja la guerra en virtud de las diferencias de género que vive la sociedad colombiana, en este caso desde las mujeres, bajo la consideración de que directa o indirectamente constituyen víctimas del conflicto armado interno que estamos viviendo. Esto no obstante su participación (por lo general de manera subordinada) en distintos ámbitos de la guerra, advirtiendo que la construcción social de género es también un producto histórico que cambia constantemente, y que la guerra no es ajena a este proceso. En este sentido hay que anotar que los cambios pueden ser acelerados o retardados por la guerra y que además no es posible pensar una correlación de estos entre hombres y mujeres en términos de espacios y comportamientos. Del mismo modo, hay que recordar que “las mujeres continúan experimentando discriminación, debido a las desiguales estructuras de poder que rigen sus relaciones 12 con los hombres”.

Sectores especialmente vulnerables Informes nacionales e internacionales sobre la situación de derechos humanos en Colombia (2004) señalan reiteradamente una de las principales características del conflicto armado interno: el

8 Babiker, 1999; Byrne, 1996; Cockburn, 2002; El-Bushra, 2000; Moser y Clark, 2001; Kelly, 2000; citados por (El Jack 2003).

9 (Henao y Cabezas; 2003).

10 Ibíd.

11 (Jaramillo;1995).

12 Ibíd. (El Jack:2003:2)

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escalamiento social, es decir, la vinculación (voluntaria e involuntaria) de la población civil al conflicto sin importar el rol, la edad, el estrato socioeconómico, la procedencia, la pertenencia étnica 13 (Afrocolombianos, Indígenas, Mestizos, Raizales, Rom) la discapacidad, ni el género.

De acuerdo con el Informe 2003 de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la situación de crisis humanitaria de los “grupos particularmente vulnerables”: defensores de derechos humanos, grupos étnicos, mujeres, niños, etc., es cada vez más grave. Esto debido a que las condiciones estructurales de la población no mejoraron y en el mejor de los casos continuaron siendo similares: formas sexistas de discriminación, exclusión social; violencia política; violencia selectiva; inequidad económica y social; pobreza extrema; violencia intrafamiliar; violencia sexual; explotación laboral; es decir, violación de los Derechos Civiles y Políticos consagrados en la constitución y los pactos internacionales suscritos por el estado colombiano: violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales; de los derechos Colectivos y del Medio Ambiente, e infracciones del Derecho internacional Humanitario. Muy por el contrario dichas condiciones se vieron exacerbadas por el conflicto armado pese a la aparente disminución de algunos de los indicadores de violaciones de los derechos humanos (desplazamiento forzado interno, homicidios de sindicalistas).

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De acuerdo con su último Informe Anual Codhes afirma que en el centro de debate público nacional está el conflicto armado y dentro de este el enorme impacto que ha producido en las comunidades indígenas y afrocolombianas. Dicho informe señala con especial énfasis la gravedad de las consecuencias para la niñez y las mujeres en situación de desplazamiento, debido a la intensificación, degradación, expansión y reestructuración del conflicto armado durante los dos últimos años, situación que ha incrementado la vulnerabilidad de sectores cada vez más amplios de la población colombiana.

En este sentido, cada vez es más claro que el conflicto armado (1) constituye un proceso sistémico que cambia constantemente y por tanto un producto histórico, 2. en principio, involucra indistintamente a hombres y mujeres por igual, aunque los impactos en cada uno de estos grupos son distintos; 3. Se produce por diferentes dinámicas de violación de los derechos humanos, y 4. Se erige en un proceso autoorganizado que reproduce, incrementa y genera a su vez las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales en las que se registran nuevas y reiteradas violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH. Dicho de otro modo, las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del DIH de hombres y mujeres en Colombia, fruto de la violencia sociopolítica, están orientadas por percepciones sociales, comportamientos históricos y pautas de acción política, arraigadas y diferenciadas culturalmente. Mismas que se refuerzan con prácticas políticas corruptas, en correlato con el incremento de la injusticia social y crecientes niveles de impunidad, además de la reproducción de imaginarios violentos por parte de quienes operan los medios masivos de difusión.

En contextos de conflicto armado interno como el nuestro, los grupos humanos son afectados por la violencia política de diversas formas y por motivaciones diferentes, según los intereses de los actores armados en confrontación y de los individuos y comunidades involucradas forzosamente. Las violaciones

13 Es decir, todas aquellas creencias, actitudes y conductas que afectan a cualquier sociedad y que apoyan las concepciones de lo que significa ser hombre y mujer, en todas sus relaciones sociales, económicas, políticas y culturales. (Stromquist;2004:205-218).

14 (Codhes Informa. No. 47;2004).

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mayormente visibilizadas, por lo general referidas a los derechos civiles y políticos, han sido las masacres, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, muertes en combates, desplazamiento forzado individual, familiar y de comunidades; tomas de pueblos, especialmente, sin tener en cuenta la simultaneidad de dichas violaciones con las que van en contravía de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente, y las infracciones del Derecho Internacional Humanitario, y menos aún, los diferenciales impactos según el género de las personas afectadas.

En esta dirección la plataforma desde la cual Codhes adelanta su misión institucional no es la de establecer si son los hombres o las mujeres quienes reciben los mayores efectos de poder generados por la guerra, sino por el contrario, identificar la forma diferencial en que las prácticas violentas afectan a las personas, el modo en que se inscriben en sus cuerpos, como modifican sus comportamientos individuales y colectivos, y la manera en que la guerra transforma sus relaciones con el entorno. Creemos que esto es necesario porque ninguna sociedad o conjunto humano es comprensible sino se consideran las relaciones entre grupos y culturas (contacto, alianza, sometimiento, conflicto, exterminio, etc.) debido a que dichos agrupamientos y definiciones dependen de la relación con otras u otros “que perciben, 15 sienten y definen como diferentes”.

La exclusión: una vía de interpretación “Es que nosotras seguimos en esta lucha, es por el derecho a tener derecho en este país”.

La premisa fundamental que guía este ejercicio analítico es que el conflicto armado interno colombiano como el desplazamiento forzado interno, son productos históricos generados por la exclusión social manifiesta en la violación continua, sistemática y múltiple de los derechos fundamentales en cabeza del Estado (por acción u omisión en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y pactos internacionales, y/o a través de particulares con su apoyo o aquiescencia) y no a la inversa, como se ha tratado de presentar durante los últimos años: la violación de los derechos humanos por la preexistencia de la guerra. Sin embargo, es de anotar que esta dinámica no debe ser interpretada de modo purista puesto que la violencia no es connatural a nuestra cultura e identidad social, porque es un proceso que tiende a reproducir, incrementar y generar las diferencias sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, de igual forma que los impactos diferenciales que genera. Es decir, se vuelve una cadena, en donde la guerra intensifica y diversifica las violaciones de los DDHH. En otras palabras, se trata de una compleja dinámica fundada en la exclusión social, económica, política y cultural de la mayor parte de la población. Esta lectura del conflicto y por tanto de la migración forzada, desde la memoria colectiva de quienes han sido afectados, diferenciada por género, plantea una reflexión más profunda, holística y contextualizada, que permite reconocer en su origen y desarrollo, un conjunto de prácticas coactivas e institucionalizadas orientadas a la homogenización y asimilación cultural por vía de la mercantilización de la naturaleza y la cultura. En este marco de ideas, las reivindicaciones de género por el derecho a la identidad, a la autonomía política, al desarrollo propio y al territorio son producto de la pervivencia ecológica, económica y cultural en un sistema de relaciones de subordinación, al cual han resistido durante décadas, y siglos en el caso de quienes pertenecen a minorías étnicas.

Es necesario resaltar que la negación del conflicto armado en Colombia por parte del gobierno durante las últimas décadas ha dado lugar a que los grupos insurgentes e ilegales se rehúsen a reconocer,

15 (Grimson;2001:14)

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respetar y acatar los principios de distinción, limitación y proporcionalidad, necesarios para regular las acciones bélicas en favor de la población civil, plasmados en el marco del Derecho Internacional Humanitario —DIH—. Dicha negación y falta de reconocimiento han contribuido enormemente al incremento, expansión geográfica, intensificación, degradación y escalamiento social del conflicto armado interno colombiano.

En esta dirección, la permanencia y exacerbación del conflicto armado interno de los últimos años ha gravitado sobre estas causas estructurales que cada vez son más determinantes. En palabras de Salamanca, dichas formas de exclusión se manifiestan en las diferentes tensiones y rupturas a las que hemos venido asistiendo durante las últimas décadas: 1. La crisis del modelo económico basado en los discursos y prácticas del desarrollo: inequidad social, crisis económica, altos índices de pobreza e indigencia.

2. La crisis del sistema político: en términos de gobernabilidad, representación política y crisis de los partidos y movimientos políticos.

3. La crisis de institucionalidad del Estado colombiano: en cuanto al monopolio de la justicia, el aumento de la impunidad y la corrupción, y la crisis del modelo fiscal.

4. Crisis sociocultural: del proyecto de nación y país en términos identitarios, en las formas de organización y participación social, y en la ausencia de reconocimiento de las múltiples identidades: étnicas, culturales, 16 de género, generacionales y regionales.

2003: reestructuración del conflicto armado interno Entre el año 2002 y 2003 CODHES registró la reestructuración de la dinámica del conflicto armado interno, situación que se hizo visible por el reacomodamiento de los actores armados en el país y el 17 concomitante cambio de sus formas de control territorial, poblacional y de recursos. Esta transformación se presenta en un contexto que integra siete escenarios diferentes: 1. El comportamiento del sistema político en contraste con las alternativas políticas desarrolladas por la sociedad civil en pro de una democracia radical a partir de la negociación política de conflicto armado (Elecciones presidenciales, Cambio de gobierno, caída del referendum propuesto por el nuevo gobierno; elecciones regionales, emergencia de movimientos sociales y políticos regionales y locales) 2. La interacción estratégica entre el Gobierno y los actores armados a través de las mesas de conciliación, procesos de paz y distanciamientos con procesos de negociación regional 3. las estrategias bélicas utilizados por los actores armados (Confinamiento, desplazamiento forzado selectivo –individual y familiar o “gota a gota”–, repliegue de los grupos insurgentes, avance de los grupos paramilitares y la FF Pública, estabilidad del control territorial en regiones estratégicas) 4. Aumento de estrategias de resistencia, procesos de denuncia nacional e internacional y emergencia de nuevas formas organizativas de la población afectada por el conflicto armado

16 Salamanca, en (Moser y Fiona; 2001:12-13) 17 Ibíd. (Codhes Informa. No. 47;2004).

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5. Disminución de los éxodos masivos y aumento del subregistro, y por tanto de la cifra de población desplazada en el país. Esta situación que concuerda con estrategias políticas caracterizadas por la puesta en marcha de una Política de retornos sin garantías en medio del conflicto, el incremento de la impunidad y la corrupción en contraste con la disminución de los incentivos institucionales para la exigibilidad de los derechos fundamentales: restricción de derechos y libertades que han tratado de legitimar mediante la reformas institucionales, presupuéstales, normativas y políticas que incluyen la modificación del mecanismo de tutela y la desaparición o “neutralización” de los órganos de control tales como la Defensoría del Pueblo; la Procuraduría y Personerías.

6. Un escenario de saturación espacial y demográfica asociado a las estrategias de copamiento territorial desarrolladas por cada uno de los actores armados en las principales cuencas y ecosistemas del país.

Esta situación generó mayores impactos para la población indígena, campesina y afrocolombiana ubicada en territorios selváticos, zonas de colonización y zonas agroindustriales, ubicados en distintos ecosistemas y vastas regiones del país: a. Las cuencas de los Ríos Putumayo, Caqueta, Cauca, Magdalena y Patía que nacen en el Macizo Colombiano; b. Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá –Cesar–; c.

Serranía de los Motilones y La Cuenca del Catatumbo –Norte de Santander–; d. Montes de María; e.

Cuencas del Atrato, Baudó y San Juán –Chocó–; f. Cuencas del Zabaleta, Cajambre, Bajo Naya, Garrapatas –Valle del Cauca–; g. Cuenca del Río Ranchería –La Guajira–; h. Cuenca de los Ríos Verde, Esmeralda y Sinú –Córdoba–; i. La cuenca del Río Guaviare; j. La Costa Nariñense; k. Los Llanos de Arauca.

7. Y por último un escenario de globalización del discurso antiterrorista norteamericano, post 11 de septiembre, que enfatiza en negar la presencia del conflicto armado interno y por tanto de fuerzas beligerantes reconocidas por el DIH. Muy por el contrario abogan por el aumento del pie de fuerza y el incremento de acciones bélicas, mediante estrategias de persuasión cultural y política que intentan justificar la combinación de soluciones militaristas y ecopolíticas (fumigaciones) del Plan Colombia (estrategias contrainsurgente y antinarcóticos).

Equidad de género: incorporación y gobernabilidad “La resistencia la demuestran las mujeres siendo productivas, trabajando por sus familias y por su entorno 18 comunitario”

Los discursos globales sobre la equidad de género desarrollados durante las tres últimas décadas del siglo XX, constituyen estrategias políticas globales que atraviesan diversas dimensiones (mundiales, nacionales, regionales y locales) hasta el punto de convertirse en mecanismos institucionales (políticas y programas públicos) para encaminar las demandas de las mujeres. Se trata de enfoques que intentan fortalecer la Gobernabilidad (governance), en diversas escalas, mediante la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas de los “países en vías de desarrollo”, con múltiples repercusiones en la vida local de las poblaciones a las que fueron dirigidos dichos programas. En estricto sentido, mecanismos institucionales para la incorporación de las mujeres al proceso de desarrollo.

Según Vizcarra “la incorporación de las mujeres a los procesos de desarrollo social, económico, cultural, humano y en la vida política de distintas sociedades ha tenido injerencia directa en el diseño de las 19 políticas públicas”. A ello se debe, anota, “la creación de Institutos, Secretarías, Ministerios, Direcciones y demás formas orgánicas destinados a promover la incorporación de las mujeres a estas estructuras” (Ibíd.), especialmente durante los últimos diez años, en respuesta a la demanda social de las mujeres y a 1 una nueva estrategia política de gobernabilidad.

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Entrevista a una mujer líder de una Asociación de Desplazados, Bogotá. febrero de 2004.

19 (Vizcarra;2003:1)

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Dichas estrategias políticas de gobernabilidad están enmarcadas en los modelos, discursos y prácticas del Desarrollo, que muy frecuentemente se centran en la construcción de grandes obras de infraestructura, en la inversión y flujos de capital, en el ingreso y el empleo, bajo una óptica economicista, drásticamente reducida y parcial de lo que es el ser humano, y lo que significa su bienestar y su 20 dignidad.

Son modelos que han funcionado como regímenes de visibilidad al mismo tiempo que “coordenadas de control”, con carácter modernizante, a través de políticas públicas trazadas sobre una agenda global, que ha sido objeto de crítica y reflexión permanente, por parte de mujeres y hombres, durante los últimos 21 años.

Estos estudios cobran mayor sentido cuando se enfoca el impacto del conflicto armado y particularmente del desplazamiento forzado de las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas, toda vez que muchas de ellas, principalmente las campesinas, han sido objeto de dichas estrategias desarrollistas, a través de programas de salud, nutrición e higiene; programas que regularon sus vidas y racionalizaron la división sexual del trabajo existente en sus hogares (en Colombia Plan Nacional de Alimentación y 22 Nutrición —PAN— y el programa Desarrollo Rural Integrado —DRI. En síntesis, son investigaciones que señalan las consecuencias, resistencias y posibilidades de la visibilización preferente del rol productivo masculino orientado hacia la modernización agrícola en contraste con la feminización de la fuerza de trabajo industrial, así como la concomitante invisibilización y radicalización negativa del rol reproductivo femenino, produciendo efectos profundamente colonialistas.

Como lo anota Escobar (1998:355) “La participación de la mujer en la producción es necesaria pero no suficiente para superar su subordinación”. La autonomía y la conciencia de género, dentro y fuera de las organizaciones de mujeres, constituyen el objetivo integral para cualquier avance en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas desplazadas, y no desplazadas.

Activismo e investigación: agenda sobre desarrollo, género, conflicto y paz “Se fortalecen las redes de desplazadas, se buscan, se animan, se ayudan y se acompañan en el dolor.

Los trabajo de jabón de hiervas naturales, los dulces, los tejidos, el liderazgo, son pertenencias, haberes culturales que la violencia, ni ningún grupo armado nos los puede quitar.”

El interés de la investigación por relacionar el discurso del desarrollo y las cuestiones de género arranca con la organización del Año Internacional de la Mujer en 1975, suceso que le abrió paso a la Década de la Mujer impulsada por el sistema ONU (1976-1985) y a la adopción de importantes normas internacionales establecidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 23 contra la mujer (CEDAW) en 1979. El creciente avance de las normas fue conducido especialmente por

20 (Pineda; 1999:34) 21 (Escobar;1998:324) 22 Mediante la creación de la Oficina de la Mujer Rural, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Fondo de Desarrollo del programa en 1992.

23 CEDAW establecía la discriminación ante la ley y en la sociedad, particularmente en las áreas de derechos políticos, nacionalidad, educación, empleo, salud y matrimonio.

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la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU (1994), con el nombramiento del Relator Especial 24 sobre Violencia Contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias (Rojas y Caro;2001: vii). Posteriormente, durante la década de los 90, emergió con fuerza un gran cúmulo de organizaciones de mujeres que eficientemente cabildearon (advocacing) por los derechos y necesidades de la mujer mediante la 25 implementación de una agenda global sobre justicia social que culminó con la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (1995).

Allí confluyeron mujeres de todo el planeta para plantear un amplio espectro de preocupaciones y reivindicaciones que dio como resultado la adopción de una Plataforma de Acción de 12 puntos, que incluye la formulación de objetivos, y el diseño de acciones estratégicas a emprender por parte de los gobiernos participantes, así como de los organismos internacionales y organizaciones de la sociedad 26 civil.

En este contexto, constituye el primer documento de carácter político que relacionó asuntos de género, conflicto y construcción de paz, y que asoció el avance de la mujer con el logro de la paz y viceversa; propuesta reforzada con la Conferencia del llamamiento de la Haya por la Paz (1999), organizada por agrupaciones de la sociedad civil, escenario en el que se reunieron mujeres activistas por la paz de todo el planeta para construir una agenda de las mujeres por la paz. Esta agenda identificó y priorizó tres áreas principales: Mujer y construcción de paz, Mujer y toma de decisiones y Mujer y conflicto armado, áreas que luego fueron integradas por medio de la resolución No. 1325 del Consejo de Seguridad de las 27 Naciones Unidas (Octubre/2000).

Durante el año 2001 la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Sra. Radhika Coomaraswamy realizó una Misión en Colombia, (1-7 de noviembre de 2001). En el informe 28 presentado en marzo del 2002 se entregaron una serie de recomendaciones que han sido objeto de seguimiento por parte de las mujeres colombianas, debido a que en dichas recomendaciones se exhorta al Estado para que cumpla con sus funciones constitucionales y los pactos internacionales sobre la 29 realización, exigibilidad y protección de los derechos humanos de las Mujeres en el país.

Durante el año 2003 (Junio 16-20) se realizó el Foro Social Mundial Temático de Cartagena, en el cual las algunas organizaciones de mujeres colombianas plantearon las principales problemáticas que están 24

(Rojas y Caro; 2001) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro (1992); Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos Humanos (1993); Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo (1994); Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Copenhague (1995).

26 Dicha plataforma trata de la pobreza de la mujer, educación y salud de la mujer, la desigualdad en las estructuras y políticas económicas, la desigualdad en las estructuras de poder y toma de decisiones, los mecanismos para el avance de la mujer, los derechos de la mujer, los estereotipos en los medios de comunicación y el acceso de la mujer a estos medios, las desigualdades de acceso a la gestión de los recursos naturales, la violencia contra la mujer, la violación de los derechos de las niñas y el impacto de los conflictos armados en las mujeres.

27 Esta resolución estipula una mayor participación de la mujer en la toma de decisiones en las instituciones nacionales e internacionales para la prevención, manejo y resolución de conflictos, y en las operaciones de apoyo y mantenimientote la paz en terreno, e incluye un estudio sobre el papel de la mujer en la construcción de paz, las dimensiones de género de los procesos de paz y el impacto del conflicto armado en las mujeres y las niñas. Ibíd.

Rojas y Caro (2001:viii) 28 (E/CN.4/2002/83/Add.3) 29 (Mesa Mujer y conflicto armado;2002)

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afrontando en el marco de talleres y mesas de trabajo. La Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC) realizó un taller en el que se debatió sobre el “Mandato Agrario”, nacido en el marco del Congreso Nacional Agrario, llevado a cabo con meses de anterioridad en la capital 30 del país, orientado al reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales del país. La Corporación Sisma Mujer y la Confluencia de Redes de Mujeres propusieron un debate crítico en la Mesa: “Efectos del Desplazamiento en los Derechos Humanos de las Mujeres”. Allí se llamó la atención sobre la situación de riesgo de las poblaciones que han sido “retornadas”, y de las comunidades que habitan el Medio Atrato (Bojayá), el Nordeste antioqueño, la cuenca del Naya en el departamento del Cauca y del departamento 31 del Cesar, particularmente de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Durante el último año se consolidó El Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia, denominado: “En situaciones de conflicto armado las mujeres también tienen derechos”, iniciativa de la Confluencia Nacional de Redes de Mujeres, que reúne a más de 150 grupos y trabaja por 32 la incidencia política a favor de los derechos de las mujeres. Al finalizar el 2003 la Corporación Casa de la Mujer convocó a más de 3500 mujeres para llevar a cabo la Marcha de Mujeres por la Paz en el departamento del Putumayo, evento en el que fue asesinada una de sus principales líderes.

Una característica sobresaliente del proceso descrito en párrafos anteriores es el desarrollo paralelo de la agenda política de las mujeres y la agenda de investigación sobre el mismo proceso, no obstante la separación inicial de los asuntos de conflicto y paz con la investigación de género, especialmente centradas en los efectos más inmediatos del conflicto sobre la vida de las mujeres: la mujer como víctima de guerra, la aplicación de la ley humanitaria y las necesidades de las mujeres víctimas de la migración 33 forzada (desplazadas, refugiadas, asiladas).

El Estado colombiano y los intereses de las mujeres En materia de políticas públicas, enfocadas desde la equidad de género en beneficio de la mujer, la acción pública se configuró en un campo de intervención inestable, aunque en proceso de estabilización, que ha tendido a cambiar el grado de visibilización y posicionamiento de las mujeres en la agenda pública según las prioridades del gobierno de turno. Los logros han sido producto de la presión de organismos internacionales, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la agenda global descrita en líneas anteriores.

Con la administración Samper, el tema de la equidad de género logró cierto nivel de visibilidad y posibilitó la creación de la Dirección Nacional de la Mujer, como un organismo encargado de posicionar el tema en el conjunto de las entidades gubernamentales. Posteriormente en el gobierno de Pastrana, la Dirección Nacional fue eliminada, en su reemplazo fue creada la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, es decir, se transformó una entidad relativamente autónoma en un órgano asesor, dependiente financiera y administrativamente.

30

7 y 8 de abril de 2003.

(Plata;2003) 32 Amplia expresión del movimiento colombiano de mujeres, conformada por diversas redes de carácter nacional e internacional,; el Observatorio cuenta con el apoyo de IEPALA Y ATELIER (ONG españolas) y la coordinación técnica y administrativa de la Corporación Sisma Mujer.

33 (Rojas y Caro;2001:IX) 31

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La creación de la Consejería Presidencial para la Política Social en 1994, adscrita a la Presidencia de la República, constituyó una instancia orientada a la vigilancia sobre el respeto de los Derechos Civiles y Políticos así como de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), establecidos en la Constitución Nacional y en el mandato de Gobierno (1994-1996). Dentro de dicha Consejería se estableció “una línea de acción en relación con los derechos de las mujeres, especialmente en el marco 34 del conflicto armado y el desplazamiento forzoso”.

El mayor problema que ha presentado está dinámica institucional (de dos décadas aproximadamente) es el condicionamiento de la infraestructura institucional y el monto de los recursos disponibles a la coyuntura política y fiscal del país. Dicha inestabilidad institucional se expresa principalmente en tres sentidos: 1. los cambios periódicos e irregulares en el marco normativo formal, 2. La débil inserción del enfoque de género dentro de la acción pública y, 3. La realización de cambios en la estructura organizativa del Estado que impiden la consolidación de un esquema de organización que soporte la 35 política.

Esto ha sucedido con los programas y líneas de acción gubernamental creados en las dos últimas 36 décadas. En esta misma dirección se han suprimido instancias gubernamentales como la Comisión Asesora para la Equidad y la Participación de la Mujer, “creada con el propósito de institucionalizar la 37 política pública para las mujeres”.

38 Durante el año 2002, la Mesa de trabajo “mujer y conflicto armado”, un espacio de convergencia y discusión de organizaciones sociales interesadas en esta problemática, presentó un informe de seguimiento a 6 de estas recomendaciones, en particular aquellas relacionadas con la protección de la 39 mujer contra la violencia: 1. El escalamiento social de la guerra y el desvanecimiento del principio de distinción mediante la vinculación voluntaria e involuntaria de la población civil al conflicto armado a través de programas gubernamentales como la Red de informantes, Soldados campesinos, entre otros; 2.

El incremento de la impunidad dentro de los funcionarios del gobierno; 3. Las reformas antidemocráticas del Estado; 4. La falta de garantías y protección de las organizaciones políticas de las mujeres; 5. El

34

(PCDHDD;2001:82) En el tiempo que va de 1996 a 2003, se han adelantado dos reformas administrativas importantes en las que se han creado y eliminado entidades del gobierno responsables del tema.

36 “Política de la Mujer Campesina (1984); “Política Integral para las Mujeres”, “Salud para las Mujeres, Mujeres para la Salud”, “Oficina de la Mujer Rural (1992), “Equidad y Participación para las Mujeres” –EPAM– (1994); “Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer” (Ley 188/95) –transformado posteriormente en la “Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer” (Decreto 1182/99)–, “Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres” (1999) y “Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo” (2003).

37 (PCDHDD;2001:82) 38 Asociación Juana de Arco; Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Afrocolombianas de Colombia (ANMUCIC); Colectivo de Mujeres Excombatientes; Colectivo María María; Comisión Colombiana de Juristas; Confluencia de Redes de Mujeres/Observatorio de Derechos Humanos de Mujeres Desplazadas; Corporación Casa de la Mujer; Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP); Fundación Educación y Desarrollo (FEDES); Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA); Liga de Mujeres Desplazadas por la Violencia de Bolívar; Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL); Organización Femenina Popular de Barrancabermeja (OFP); Red Nacional de Mujeres Bogotá; Red Popular de Mujeres (REPEM); Ruta Pacífica de Mujeres por la Solución Negociada del Conflicto.

39 (ONU, E/CN.4/2002/83/Add.3, párrafo 112).

35

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incumplimiento estatal de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos 40 41 Humanos sobre la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

En este informe se manifiesta que el gobierno de Andrés Pastrana no dio ningún paso significativo tendente a cumplir con esta recomendación, en él exponen la enorme preocupación por las posibles reformas constitucionales que el Gobierno actual (2002-2006), intenta llevar a cabo. Cambios que significarían la pérdida de importantes conquistas de las mujeres en materia constitucional. Anotan que el desarrollo de la política de “Defensa y Seguridad Democrática”, tiende a fortalecer un Estado autoritario y no a dar efectividad a los principios constitucionales de un Estado social y democrático de derecho. Es decir, es una política que no respeta los tratados internacionales en materia de derechos humanos ni busca cumplir con las recomendaciones hechas por la Relatora Especial y por otras instancias de protección a los derechos humanos.

En esta dirección en el mismo informe, se presentan las palabras escritas por el entonces Ministro del Interior y de Justicia, en septiembre de 2001, con respecto del Estado Social de Derecho y la Constitución 42 Política del 91, que muestran el camino del gobierno de Álvaro Uribe Vélez; el preludio de lo que hasta hoy se ha tratado de imponer mediante reformas políticas, presupuéstales, institucionales y legislativas, 43 que en sus palabras denominan “contrarreforma a la Carta Política”. Según este informe, entre las reformas que afectarían los derechos de las mujeres hay tres que son especialmente negativas: 1. La 44 supresión o limitación de las facultades de la Corte Constitucional , 2. La modificación o supresión de la Acción de Tutela, 3. La supresión de la Defensoría del Pueblo.

La Corte ha señalado que se justifican diferenciaciones en aras de terminar con la histórica discriminación que han sufrido las mujeres. […] La jurisprudencia de la Corte Constitucional [mediante la acción de tutela] ha jugado un papel determinante al precisar los alcances de los derechos reconocidos a las mujeres en la Constitución Política y ha abierto camino hacia el pleno reconocimiento y ejercicio práctico de tales derechos. […] La acción de tutela ha constituido un medio apto para brindar protección inmediata a las 45 mujeres y niñas víctimas de esta forma de violencia [intrafamiliar] y de otras violaciones a sus derechos . […] La Defensoría del Pueblo, desde hace casi diez años, juega un papel muy importante en la promoción de los derechos humanos de la población colombiana. La Defensoría atiende y tramita las solicitudes, 46 consultas y quejas presentadas en casos de vulneración de los derechos humanos ; ha dado pasos muy importantes en la identificación de los obstáculos para el disfrute de los derechos humanos y hace esfuerzos permanentes por incidir positivamente en las políticas públicas con el propósito de vencer dichos

40

(CIDH OAS/Ser.L/V/II.102, Doc.9 Rev.1, cap. XII, E, párr. 3. 5 y 7).

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. (ONU, E/CN.4/2002/83/Add.3, párrafo 118) 42 (Londoño;2001).

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43 “El Estado social de derecho, esa entelequia que preside toda la Constitución de 1991, condena este país a la disolución”. […] “En efecto, al gasto de funcionamiento del Estado le colgaron la carga insoportable de los derechos de la gente, con todo su cortejo de horrores”. “Preparan un revolcón en la justicia”, El Espectador, 15 de julio de 2002, www.elespectador.com 44 La Corte Constitucional tiene bajo su responsabilidad la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.

Constitución Política, artículo 24.

45 Ver al respecto sentencias T-382 de 1994, T-529 de 1992, T-487 de 1994 y T-552 de 1994.

46 La Defensoría atendió 54.500 peticiones en todo el país durante el año 2001. De ese número, 22.932 fueron asesorías y consultas, 15.654 solicitudes y 15.914 quejas. Defensoría del Pueblo, Noveno informe del defensor del pueblo al Congreso de Colombia, enero a diciembre de 2001, Bogotá, Defensoría del Pueblo, Pág. 58.

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obstáculos. La Defensoría ha realizado importantes actuaciones judiciales y administrativas encaminadas a la defensa de los derechos de las mujeres.

Las conclusiones de dicho informe no son menos desgarradoras que premonitorias, señalan 6 aspectos sobre la política de seguridad del Gobierno actual, que profundizan cada vez más la crisis humanitaria de los hombres y mujeres del país: 1. Propicia la creación de nuevas formas de paramilitarismo; 2. Aumenta los obstáculos a la superación de la situación de impunidad; 3. Involucra a la población civil en el conflicto armado; 4. Fortalece el poder militar en detrimento de las instituciones civiles; 5. Busca reducir aquellas instituciones que han hecho esfuerzos para superar la crisis de derechos humanos (Pp. 21).

El “Informe de derechos humanos de mujeres –2004”, presentado ante la CIDH, en la Audiencia temática: 47 Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia, constata como en la actualidad se registra el incumplimiento de los pactos internacionales suscritos por el Estado Colombiano en materia de 48 Protección de las mujeres en contra de la violencia, la no discriminación y la exclusión social.

Así mismo, los informes desarrollados por la Corporación Sisma Mujer y la Confluencia Nacional de Redes de Mujeres, el Informe de Desarrollo Humano: callejón con salida, el informe de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; denominado “El embrujo autoritario”, así como los debates que se realizan en centros de investigación de las principales universidades públicas y privadas, a través de cátedras y seminarios, manifiestan reiteradamente que dadas las circunstancias de incumplmiento estatal, y las condiciones de vulnerabilidad que genera el conflicto armado y la violencia sociopolítica, se espera un incremento en la crisis humanitaria y un aumento particular de los niveles de riesgo de las mujeres y las niñas, debido a que la política de Seguridad Democrática es absolutamente incompatible con la normatividad internacional de los derechos humanos.

49 En este sentido, insisten en que el Estado colombiano debe ser urgido a enfrentar la crisis humanitaria que estamos viviendo, y a fortalecer el Estado Social de Derecho y la democracia, en vez de afianzar el autoritarismo progresivo y la confrontación militar que ha caracterizado el mandato del actual gobierno.

47 Elaborado por 13 organizaciones colombianas de mujeres y presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 119º período de sesiones. 2 de marzo de 2004: ellas son Red Nacional De Mujeres, Organización Femenina Popular, ANMUCIC, Confluencia Nacional De Redes De Mujeres, Iniciativa De Mujeres Colombianas Por La Paz, Mesa De Trabajo “Mujer Y Conflicto Armado”, Grupo Mujer Y Sociedad, Colectivo María María, Corporación Casa De La Mujer, Corporación Sisma Mujer, Mesa Mujer Y Economía, Comisión Colombiana De Juristas y Planeta Paz. 48 La Consejería Presidencial para la Equidad de Género en Colombia, como responsable gubernamental de motivar las correspondientes políticas públicas, no tiene en marcha ningún programa específico para las mujeres víctimas de la guerra y de hecho, las necesidades particulares de las mujeres no hacen parte en forma transversal de ninguno de los programas nacionales de atención al desplazamiento, contra el secuestro y las desapariciones forzadas, de protección a las personas amenazadas o para las víctimas de ataques terroristas. […] El gobierno tampoco ha hecho esfuerzos significativos para el nombramiento de asesoras en materia de género, igual que otros entes públicos, como la Fiscalía General de la Nación, según recomendó la Relatora Especial sobre Violencia contra la mujer, en su visita al país (Pp. 6).

49 por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer y por todas las instancias internacionales de protección a los derechos humanos.

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Violaciones de los DDHH y el DIH de las mujeres colombianas Las diferencias de género están presentes en el ejercicio de la violencia, en la forma en que impactan dichas acciones, en la manera como se afrontan los retos que impone el conflicto armado o la situación traumática del desarraigo, y están cruzadas por las características propias de cada grupo poblacional (necesidades, riesgos, oportunidades de reconstrucción de identidad, etc.). En el caso de las mujeres la preexistencia y funcionamiento posterior de estereotipos sociales históricamente arraigados, las ubican en el espacio de lo privado y establecen la distribución de roles asignándole quehaceres domésticos y de 50 crianza , no obstante su participación en labores de producción.

De acuerdo con el último Informe de Desarrollo Humano 2003 –El conflicto, callejón con salida– las mujeres sufren el rigor de la guerra por obra de cuatro clases de violencia política: 1. Como blanco directo de las acciones violentas; 2. Como víctima incidental de formas de agresión sexual previas o simultáneas a tales acciones; 3. Como integrante (en tanto madre, compañera, hija, hermana, amiga) de una red de relaciones familiares y afectivas que resulta desmembrada por esos actos, y; 4. Como objeto de actos de violencia sexual o de menoscabo de su libertad (acceso carnal violento, acoso sexual, prohibición de relaciones afectivas o sexuales o del embarazo, aborto impuesto), dentro de los propios grupos armados.

Pese a los esfuerzos legislativos de gobierno y de la firma del Acuerdo Nacional por la Equidad de Género, persistieron las formas sexistas de discriminación, exclusión y violencia contra las mujeres, en 51 particular en el marco del conflicto armado interno.

De acuerdo con el “Informe de derechos humanos de mujeres –2004”, presentado ante la CIDH, por el movimiento colombiano de mujeres a comienzos de este año, la situación de las mujeres rurales colombianas (de las selvas, la frontera agrícola y/o zonas agroindustriales) es cada vez más dramática, en particular de aquellas que provienen de grupos étnicos, principales víctimas de las arbitrariedades cometidas por los actores armados. La política gubernamental actual no establece medidas concretas y diferenciales de protección y atención integral dirigida a las mujeres colombianas, pues no se orienta hacia la desvinculación de las mujeres del conflicto armado interno; muy por el contrario está destinada a 52 fomentar un mayor escalamiento social del conflicto ; es decir, se centra en el progresivo involucramiento –voluntario e involuntario– de la población civil en el conflicto.

Este informe además señala la necesidad de reconocer los nuevos riesgos que genera la política estatal de “defensa y seguridad democrática”, a través de la manipulación de los imaginarios sociales tradicionales sobre el rol femenino en el contexto de la seguridad y la confrontación armada, realizada por medio de rituales y procedimientos propios de períodos de guerra y de regímenes autoritarios:

50

Según el Grupo Temático de Desplazamiento “La mayoría de las mujeres desplazadas han sido educadas en un esquema de rígidos roles, de separación de la esfera masculina y femenina y con bastante frecuencia su relación con el mercado, las instituciones formales, las organizaciones comunitarias y cívicas estaban mediatizadas por los hombres”.

51 (ACNUDH;2003:4).

52 La protección de la población; la promoción y logro efectivo de condiciones de seguridad y, por último, la efectiva y plena cooperación de la ciudadanía.

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1. Ceremonias de graduación y entregas de armas asociadas al juramento de las madres de ‘entrega del hijo a la patria’; 2. Permanencia de los soldados campesinos en el hogar con su esposa e hijos en zonas conflicto, desdibujando el principio de distinción del DIH; 3. Uso de imágenes publicitarias en zonas de conflicto que ponen en riesgo la vida y la seguridad sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas.

4. Formulación y promoción de proyectos de ley que facultan al gobierno para llamar a las mujeres, e inclusive a la población indígena y desplazada, a prestar el servicio militar de carácter obligatorio cuando lo 53 crea necesario. (Ibíd. Pp. 5).

En otras palabras, continúan las acciones y omisiones gubernamentales que perpetúan el patriarcalismo, que refuerzan estereotipos tradicionales y prácticas guerreras de los distintos actores armados con las mujeres y las niñas, que desembocan en violencia sexual y reproductiva, reclutamiento forzado y servidumbre sexual.

Los grupos étnicos son víctimas de desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, ejecuciones extrajudiciales,54 masacres, bombardeos, fumigaciones con glifosato, reclutamiento forzado, confinamiento y frecuentemente son usados como escudos humanos durante los enfrentamientos entre los actores armados.55 A las mujeres indígenas y afrocolombianas en particular se les ha restringido el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, el empleo, la 56 participación política y el ejercicio de su autonomía cultural.

En esta misma dirección, la situación de las líderes comunitarias, de las mujeres sindicalistas, de las maestras y de las defensoras de derechos humanos, y de las organizaciones de mujeres en general, no 57 es menos alarmante. Los casos más sobresalientes en los últimos años han sido los de la Organización Femenina Popular (OFP), la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Afrocolombianas de Colombia (ANMUCIC)58, la Liga de Mujeres Desplazadas por la violencia del departamento de Bolívar,

53 Proyecto de ley Nº 19 de 2003 del Senado de la República. Gaceta del Congreso Año XII, Nº 350. Pág. 21 a 24.

54 Garantías en creciente ausencia. Situación de Derechos humanos y derecho humanitario en Colombia 1997-2003.

(CCJ;2003).

55 (Codhes Informa, No. 45;2003).

56 “La mujer, y en particular la mujer afrocolombiana e indígena, tiene un acceso limitado al sistema general de salud, y la calidad de los servicios que se prestan a las que provienen de comunidades minoritarias es pésima.

[Particularmente en salud reproductiva, desnutrición y salud mental]. El Estado está haciendo muy poco para prestar servicios de asesoramiento a la mujer que ha padecido los efectos del conflicto (...) las mujeres y las niñas se ven desproporcionadamente afectadas y desplazadas por el conflicto, esta asistencia humanitaria no basta para atender sus necesidades concretas” (Coomaraswamy, E/CN.4/2002/83/Add.3 párrafo 90) 57 La Relatora Especial fue enfática en su informe “las organizaciones de la mujer, sobre todo campesinas, indígenas y afrocolombianas, y sus dirigentes, han sido objeto de intimidación sistemática y se han visto perseguidas por la labor que realizan en defensa de la mujer y en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades” (Coomaraswamy, E/CN.4/2002/83/Add.3 párrafo 90).

58 La persecución de esta organización continúa. En el año 2001 la junta directiva abandonó el país. En marzo de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas cautelares a favor de ANMUCIC y su

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y la Corporación Casa de Mujer. Esta última, organización feminista colombiana, que en diciembre de 2003 “sufrió el saqueo armado de sus equipos de cómputo y de bases de datos de información, por 59 actores aún sin identificar”.

Entre julio de 1996 y junio de 2003, “la violencia sociopolítica dejó en Colombia 37.759 personas muertas o desaparecidas, de las cuales 1.073 eran mujeres adultas que perdieron la vida entre julio de 1996 y junio de 2001. Entre 2000-2002 el número de mujeres víctimas de homicidios fuera de combate se 60 incrementó en un en un 20% y en 114% dentro de él.

Según la oficina de ACNUDH, de forma paralela a la estrategia militar y de lucha contra la violencia y terrorismo, el Gobierno incentivó una política de desmovilización de miembros de los grupos armados 61 margen de la ley. Desde el 1º de enero hasta el 19 de noviembre de 2003 el Gobierno contabilizó desmovilización de 2.136 miembros de grupos al margen de la ley, de éstos, el 15% son menores y 62 14% son mujeres.

el al la el

De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, entre enero y septiembre de 2003, una mujer murió diariamente por causa de ejecuciones extrajudiciales y homicidios políticos; cada 15 días más de una mujer fue víctima de desaparición forzada; cada mes una mujer fue víctima de homicidios contra 63 personas socialmente marginadas, y cada 5 días una mujer murió en combate.

Lo anterior significa que, en los primeros 9 meses de 2003, 297 mujeres perdieron la vida por la violencia sociopolítica, aumentando en 27 el número de víctimas registradas para el mismo período en 2002 (270), lo que se explica principalmente por el incremento en el número de mujeres muertas en combate, que 64 aumentó de 29 en el período 2002 a 55 durante el período 2003.

Dicho de otro modo, en este período, 297 mujeres perdieron la vida por la violencia sociopolítica, de éstas, 242 murieron fuera de combate (en la calle, en su casa, o en su trabajo), 214 de las cuales fueron objeto de ejecución extrajudicial u homicidio político; 20 de desaparición forzada; y 8 de homicidio contra personas socialmente marginadas. “Sobre las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en las cuales se conoce el autor genérico, el 31.41% de las muertes de mujeres se atribuyó a agentes estatales: por perpetración directa, el 4.96% (12 víctimas); por omisión, tolerancia,

presidenta Sra. Leonora Castaño. Las mujeres que han permanecido en Bogotá, han recibido nuevas amenazas contra su vida y la de sus familias. (IDHM;2004:10) 59 (IDHM;2004) 60

(CCJ;2003)

61

El 22 de enero de 2003 se aprobó el Decreto Nº 128 que establece una serie de beneficios jurídicos (entre ellos la concesión de indultos) administrativos y asistenciales para los miembros de grupos armados que sean responsables de delitos políticos o conexos y se desmovilicen voluntariamente. (IDH;2003).

62 De los cuales 1.139 pertenecían a las FARC-EP, 350 al ELN y 647 a grupos paramilitares. La oficina en Colombia del Alto Comisionado recibió información sobre varias dificultades en la implementación de la asistencia a los reinsertados, ocasionando que algunos decidieran regresar a las armas, incorporándose a los grupos contrarios, en particular miembros de las FARC-EP que se habrían insertado en las filas de los paramilitares. (IDH 2003).

63

(CCJ;2003)

64 (CCJ;2003)

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aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 26.45% (64 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría del 16.12% de los casos (39 víctimas)”.65 Las mujeres fueron víctimas del 6% de los homicidios en combate, fuera de combate y desapariciones forzadas, del 10% de las torturas, del 11% de las lesiones por explosión de minas antipersonal y UXO’s, del 18% de los secuestros. El 17% de los defensores de derechos humanos asesinados o desaparecidos eran mujeres, 16% de los sindicalistas y 16% de los indígenas muertos. Si se toman los 400 casos de homicidios fuera de combate y desapariciones forzadas cuyo carácter político no ofrece duda, se obtiene la siguiente distribución de responsabilidades: 46% le corresponde a los paramilitares, 32% a la guerrilla y 4% a los agentes del Estado. Los “grupos armados sin identificar” cometieron el restante 18% de los homicidios y desapariciones contra mujeres.66 De otra parte, con la puesta en marcha de las normas expedidas dentro del “estado de conmoción interior”,67 y la creación de las ‘zonas de rehabilitación y consolidación’ en Arauca, Sucre y Bolívar,68 asociadas a figuras de retención arbitraria o capturas preventivas sin orden judicial, el gobierno generó una dinámica de detenciones masivas y allanamientos a gran escala. En estos contextos se incrementaron las restricciones a los derechos y libertades fundamentales de las personas, que ha 69 afectado profundamente a las mujeres. Esta dinámica ha continuado pese a que el 29 de abril de 2003, la Corte Constitucional puso fin al estado de excepción al declarar su segunda prórroga incompatible con 70 la Constitución. En este sentido hay estudios que han puesto en evidencia el irrespeto de las garantías judiciales y derechos de las mujeres detenidas.

De acuerdo a una investigación realizada por el ‘Proyecto Pasos’71, la violencia y la tortura son métodos utilizados por los agentes de seguridad del Estado para obtener confesiones y ubicar implicados en los delitos. Dentro de éstas prácticas se encuentran los golpes, amenazas de realizar daños a familiares, maltrato psicológico, y el uso de técnicas de tortura como colgarlas de los brazos, asfixiarlas, privarlas del alimento y mantenerlas esposadas durante largos períodos de tiempo72. También afirma el estudio que las mujeres son frecuentemente sometidas a interrogatorios sin posibilidad de asesoría jurídica, son incomunicadas por varios días y, algunas veces, se les confina en espacios reducidos, mezcladas

65 (IDHM;2004) 66 Gómez Buendía citado en (IDHM;2004) 67 El 11 de agosto de 2002, el Gobierno declaró el estado de conmoción interior, no obstante la inconveniencia del uso reiterado de esta figura en Colombia y en contravía de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (ONU CCPR/C/79/Add.75, 59º período/9/abril/1997) 68 Decreto 2002 de 2002. Son zonas para la realización del plan piloto de recuperación y control del territorio nacional, según su valor estratégico y económico para el país. Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional. “Política de defensa y seguridad democrática”. República de Colombia, 2003. Párrafos 57 y ss.

69 Se estableció por ejemplo, la posibilidad de realizar capturas sin orden judicial cuando se transitara sin autorización o no se portara documento de identificación, también de quien tuviera un teléfono en su casa y no hubiera dado aviso de ello a las autoridades, y para quien transportara alimentos u otro tipo de carga, si existiera indicio que permitiese -a cualquier policía o soldado- inferir que con esa carga se pretendía auxiliar a alguna organización delictiva o a sus miembros (Artículos 15, 16, 18, 20 y 21). (IDHM;2004:7-8).

70 E/CN.4/2004/13. 17/feb/2004/Párrafo 9.

71 Organización de Mujeres que investiga la situación carcelaria de la población femenina.

72 Proyecto Pasos. “Informe sobre la violación de los derechos humanos de las mujeres detenidas por razones relacionadas del conflicto armado”. Con el apoyo de UNIFEM, Bogotá, 2002.

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indiscriminadamente con varones detenidos. (Ibíd. Informe de derechos humanos de mujeres – 2004. P. 78.)

Las mujeres colombianas frente a los Derechos Económicos Sociales y Culturales “Los maridos no quieren hacer nada y cuando uno lleva algo de comida antes lo reciben a uno a palo… nosotras ahí dialogando les decimos que no se dejen golpear, la más boba se deja y la que ha tenido 73 unos tallercitos más o menos ya hace un palo a no dejarse”.

Hace poco tiempo el “Informe alterno al 4° (sic) informe del estado colombiano ante el comité del pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales”, afirmaba que la situación de las mujeres frente a la realización de los DESC durante los últimos tres años mostraba el relativo deterioro de la mayor parte de ellos y un escaso avance en algunos.

En esta dirección el informe precitado, enfatiza en la inequidad y desprotección de las mujeres, en la heterogeneidad de las desigualdades que sufren según las diferencias étnicas, el origen regional (rural/urbano) o la procedencia de clase y llamaban la atención sobre la dificultad para documentar esta situación. Se menciona también el desinterés e incumplimiento de los compromisos por parte de los gobiernos para generar estadísticas nacionales que permitan estudios comparativos, el seguimiento y la evaluación de las condiciones de vida de las mujeres y su posición ante la sociedad.

El contexto que allí se presentó no dista mucho del actual toda vez que las causas estructurales de dichos problemas no han sido resueltas, y por el contrario se han agudizado. Colombia continúa presentando uno de los índices más altos de desigualdad en América Latina en términos de concentración del ingreso y de la riqueza. Las mujeres representan más del 54% de la población pobre del país y hasta el año 2000 el 25% eran jefas de hogar.

La tasa global de desempleo para las mujeres fue del 23% (frente al 12% de los hombres). El 78% de la mujeres ocupadas devengaban menos de 2 salarios mínimos, cuando en Colombia una familia de estrato bajo necesita 2.4 salarios mínimos legales para poder pagar su casta básica familiar. Según la CEPAL para 1999 el ingreso per capita nacional por mujer es el 44.8% del ingreso per capita nacional por hombre. A nivel nacional, la tasa de desempleo masculina subió del 5% en 1992 al 12% en 2001, mientras la femenina paso del 12% al 19%. El 40% de la población femenina está afiliada a un sistema de salud (seguridad social) frente a un 43.2% de la población masculina. Las mujeres representan, en el 74 sistema de afiliación a fondo de pensiones el 39%.

De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado 75 colombiano está obligado a mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos a través de medidas que sean deliberadas, concretas y orientadas hacia la plena efectividad de los derechos

73

Entrevista a líder comunitaria desplazada de Norte de Santander, “Encuentro de Saberes”. Bogotá, marzo 4 de 2004.

74 Departamento de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores. Citado en Informe 2004: los derechos civiles y políticos de las mujeres colombianas a la luz de la observación general 28. Martes 2 de marzo del 2004. http://www.mujeresporlapaz.org 75 Colombia aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales mediante la Ley 74 de 1978.

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reconocidos. Como bien lo ha declarado la Comisión Colombiana de Juristas, el Estado no puede adoptar políticas, medidas, o normas jurídicas que, empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales, tal como lo pretende el Plan Nacional de Desarrollo en su política de “racionalización del servicio de justicia”, en relación con la modificación de la acción de tutela para 77 impedir el acceso a los DESC: Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es claro que cuando un derecho reconocido en el Pacto no se puede ejercer plenamente sin una intervención del poder judicial, es 78 necesario establecer recursos judiciales en dirección a la satisfacción del derecho . En este sentido, modificar la acción de tutela para impedir su acceso en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales es un retroceso en el reconocimiento y garantía de estos derechos y una muestra de la intención de desmantelar el Estado social de derecho.

En esta dirección concluye la Comisión Colombiana de Juristas que orientar un propósito gubernamental, en este caso la seguridad, en materia de orden público como económica y social, no puede hacerse mediante el debilitamiento del Estado social de derecho, es decir, cerrando las vías para la resolución institucional de los conflictos sociales y políticos, especialmente de aquellos relacionados con la discriminación y desigualdad social. El estado está obligado a solucionar y prevenir el origen o repetición de las causas estructurales como coyunturales de las crisis sociales. En consecuencia, el Estado colombiano está obligado a tomar medidas para el desempeño de mecanismos de protección de derechos humanos, el fomento a la igualdad, la tolerancia y el respeto y para el cabal cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos.

En este orden de ideas, el Estado, está obligado a recoger los compromisos asumidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, que exige que “los Estados concedan igual importancia a todos los derechos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. En ese marco recuerda también que la extrema pobreza sigue siendo una de las más graves causas de la inseguridad humana, 79 como lo reiteró la Asamblea General de Naciones Unidas en la Declaración del Milenio”.

Las mujeres colombianas en situación de desplazamiento “Que le hacemos… y se quedan en su pena, no salen de ahí, y entonces yo le digo: ¡Mamita! hágame el favor y mañana al desayuno me le da una porción de pena al niño, y al almuerzo le da otra, y a la comida 80 me le da otra, y después viene y me cuenta cómo fue que quedaron los niños alimentados”.

De la Fragmentación a la reconstrucción social Las personas que se han visto forzadas a huir de su tierra por medios violentos, también se ven obligadas a cambiar, a adoptar estrategias de adaptación o reconstrucción sociocultural, económica y política, debido a que las redes sociales se fragmentan y por lo general, tienden a desintegrar las relaciones más próximas, el “mapa mínimo” (familiares, vecinales, comunales, etc.) en virtud de la vulnerabilidad social, inseguridad y precariedad económica adquirida. En este contexto de fragmentación,

76

Artículo 2 del PIDESC. (CCJ;2003b) en: El embrujo autoritario. Pp. 30.

78 ONU/ECOSOC/CDESC/Obs. Gen./No.9/Párr.9.

79 (CCJ;2003b).

80 Entrevista líder comunitaria desplazada del Caquetá, “Encuentro de Saberes”. Bogotá, marzo 4 de 2004 77

20

desintegración y precariedad, los comportamientos tradicionales de la mujer y el hombre también cambian.

La mujer tiende a asumir el eje fundamental de la familia al activar redes de ingresos y apoyo. El hombre tiende también asumir un papel secundario por la pérdida de relaciones, autonomía, autoridad y poder; los niños, niñas y jóvenes soportan cargas emocionales y huellas cognitivas inmensas que se ven aumentadas por dichos cambios y por la falta de inserción en el sistema educativo (Henao y Suárez: 1997).

Parte de las estrategias que suelen desarrollar las mujeres y hombres cabeza de familia se refieren a las diversas actividades adelantadas dentro del sector formal e informal de la economía, destinadas exclusivamente a la supervivencia familiar, y en algunos casos a aquellas formas organizativas comunitarias o sociales enfocadas a la construcción o recuperación de su identidad personal y política, como líderes y promotores dentro de las comunidades de recepción. Esta dinámica se debe principalmente a que los conocimientos rurales formales e informales de la población en situación de desplazamiento, no tienen el reconocimiento suficiente en el ámbito urbano, lo que los pone en desventaja frente a la población que sí ha tenido acceso a una educación formal orientada hacia la vida urbana.

En el marco del conflicto armado, las mujeres tienen que desplazarse por habitar un lugar determinado, por tener vínculos afectivos con un actor armado, por hacer parte de alguna organización social o comunitaria, por el asesinato de personas cercanas, por la amenaza contra algún familiar, por evitar el reclutamiento forzado de sus hijos o hijas, o por la violencia sexual que ejercen los actores armados mediante la prostitución forzada y la esclavitud sexual.

La violencia física y simbólica ejecutada contra las mujeres, trae consigo un ejercicio de poder que generalmente se convierte en un estado de dominación, basado en la supremacía de la fuerza del hombre y el estatus que socialmente se le asigna como sujeto activo, racional y dominante.

Para las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas el cambio que experimentan a raíz del desplazamiento es muy significativo; debido a que generalmente, la movilidad que tuvieron en un pasado respondía a la movilidad de su padre o su esposo, su ambiente social se limitaba debido al desarrollo de las actividades del hogar y de producción en un mismo espacio, además de que su relación con las organizaciones e instituciones era mediatizada por los hombres.

Esta situación ha determinado la formación de representaciones sobre si mismas y sobre el entorno que entran en conflicto con las lógicas propias del espacio urbano al momento de llegar a la ciudad. En este contexto se evidencian las complejas pérdidas culturales, afectivas, materiales y espaciales que han sufrido; particularmente, cuando intentan reafirmar simbólica y materialmente el rol materno que han cumplido dentro de la cultura, en tanto generadoras de vida y preservadoras de la estabilidad familiar: 1. El aplazamiento de los duelos que dichas pérdidas implican, 2. La sobrecarga de responsabilidades en la reconstrucción del tejido social, 3. El bloqueo emocional ante la impotencia que produce la irreversibilidad de la situación,

21

4. la frustración generada por no poder proteger a sus hijos de las negativas consecuencias que dichos cambios acarrean.

En el momento en que las mujeres huyen de sus lugares de origen y llegan a entornos urbanos, sus referentes espacio temporales se modifican, ya que deben salir del ámbito familiar en la búsqueda de un empleo que les genere ingresos para la manutención (mediante la búsqueda de nuevas relaciones), por lo general, a través de la activación de redes informales que les permita una transformación adecuada de su propia identidad.

El proceso de investigación adelantado con organizaciones de mujeres desplazadas y no desplazadas afectadas por el conflicto armado, permitió construir un diagnóstico situacional en el que sobresale la recurrente manifestación de las mujeres sobre su “déficit político”, alrededor de los siguientes puntos: La discriminación o exclusión de la que hacen parte en tanto 1. Mujeres, 2. habitantes rurales (Campesinas, Indígenas y/o Afrocolombianas), y 3. Desplazadas La precaria organización de las mujeres afectadas por el conflicto armado y especialmente por el desplazamiento forzado interno La falta de oportunidades dentro de las organizaciones y movimientos sociales de las que hacen parte (sectoriales, de afirmación étnica, etc.) debido que la mayor parte de dichas organizaciones son mixtas y se caracterizan por la ausencia de una perspectiva de equidad de género en sus integrantes.

La deficiente formación en liderazgo para la participación, la organización y la movilización con perspectiva de género, paritaria y equitativa.

La falta de programas y proyectos de política pública, de oferta institucional y de servicios para las mujeres afectadas por el conflicto armado y especialmente para quienes se encuentran en situación de desplazamiento, desde un enfoque de realización integral de los Derechos Humanos.

Magnitudes del desplazamiento durante el 2003 A raíz de la contracción coyuntural de las cifras de violaciones de los derechos humanos y en especial del desplazamiento forzado interno (que pasó de 412.553 personas en el año 2002 a 207.607 durante el año anterior), en medio de la reestructuración del conflicto y el re-acomodamiento de actores armados, Codhes pudo constatar que no es precisamente por una disminución estructural que de cuenta de nuevos escenarios de paz, democracia y realización de derechos. La reducción de la cifra de desplazamiento en medio del conflicto es tan frágil como el retorno en medio de la guerra.

22

Comportamiento del desplazamiento 1985-2003 De 1985 al 31 de diciembre 2003 Total estimativo nacional 3.122.460 personas

412.553 Año 2002 341.925 Año 2001 288.000 Año 1999

257.000 Año 1997

181.000 Año 1996 119.000 Año 1989 59.000 Año 1987 27.000 Año 1985

36.000 Año 1986

105.000 Año 1988

110.000 Año 1991

64.000 Año 1992

317.375 Año 2000

207.607 Año 2003

89.000 Año 1995 45.000 Año 1993

77.000 Año 1990

308.000 Año 1998

78.000 Año 1994

Esta contracción no representa un alivio a las condiciones de vida de la población desplazada, muy por el contrario, pone de manifiesto que las estrategias de control de territorios, poblaciones y recursos en función de la guerra siguen vigentes. Además de lo anterior, pone en evidencia el negativo impacto de la política de seguridad democrática en la sociedad colombiana, política que no ha contribuido a resolver el problema porque está concebida como una estrategia de militarización del territorio y de la sociedad, en función de una eventual solución militar al conflicto que, por esta vía, tiende a prolongarse involucrando a la población civil en las hostilidades.

Militarización que expande la crisis porque incorpora al mapa del desplazamiento municipios que en 2002 no recibieron ni expulsaron población; amplía el desplazamiento a las personas que huyen de las zonas de cultivo de uso ilícito y adiciona las personas obligadas a retornar en medio del conflicto sin garantías ni condiciones de seguridad.

Se trata de la prolongación de la crisis humanitaria porque sigue sumando desplazados, confinados y refugiados en medio del conflicto, porque no contribuye a generar acuerdos humanitarios ni garantiza la aplicación del derecho internacional humanitario (concebido para situaciones de conflictos armados de carácter no internacional), porque aleja la posibilidad de la solución política y negociada del conflicto, y porque crea un espacio adverso para la acción humanitaria y de derechos humanos en el país.

En síntesis la Política de seguridad democrática no es equivalente a una política de derechos humanos, debido a que el marco político y jurídico en el cual se desarrolla constituye en si mismo una negación de derechos democráticos.

Hoy se observa el aumento del confinamiento de poblaciones, convertidas en verdaderos rehenes de los actores del conflicto; el crecimiento de las solicitudes de refugio en otros países que incrementa la 81 diáspora de compatriotas hacia el exterior y el desplazamiento no reconocido (por el gobierno) que ocurre en medio de las fumigaciones de cultivos de uso ilícito desarrolladas en el marco de Plan 82 Colombia. Durante el 2003 el desplazamiento forzado se incrementó en las regiones donde se concentraron las fumigaciones.

81

En 2003, un total aproximado de 13 mil personas solicitaron oficialmente refugio en Ecuador (10.086) y Venezuela (2.386), de los cuales fueron reconocidos 1.151. En el caso de Ecuador, esta cifra es 36 veces mayor a los datos del año 2002.

82 Un total aproximado de 27.044 personas fueron desplazadas durante 2003 de zonas en las cuales se registró fumigaciones de cultivos de uso ilícito. La pregunta es ¿cuáles son los resultados de la lucha contra las drogas en Colombia?: Efectos nefastos en la salud, el medio ambiente y las condiciones socioeconómicas de los habitantes de

23

Mientras todos los registros de 2003 dan cuenta de una reducción en el nivel nacional de la cifra de desplazamiento, CODHES constató que en todos los departamentos de la Amazonia: Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Amazonas y Vaupés, junto con Cundinamarca y Valle del Cauca, se 83 incrementó el número de personas desplazadas. Entre tanto la principal reducción se presentó en Chocó, Cesar, Norte de Santander, Magdalena, Córdoba y Sucre, donde no obstante hoy sobreviven por lo menos 200 mil personas desplazadas durante los últimos dos años sin una adecuada atención, protección y prevención de nuevos desplazamientos por parte del Estado.

Desde 1985 han sido desplazadas más de 3 millones 100 mil personas que en su gran mayoría enfrentan una situación de precariedad evidente en la que ven con asombro e impotencia cómo cada día se deteriora su calidad de vida, mientras que el Estado, principal obligado a su atención, empieza a considerarlos como “pobres históricos”, en una salida facilista que desconoce sus derechos como población desplazada.

En 31 ciudades capitales de Colombia se asienta el 46.8% de la población en situación de desplazamiento y en 640 municipios intermedios se ubica el 53.2% restante; en estos escenarios las respuestas locales reproducen el modelo de respuesta nacional, sin que se logre una coordinación de esfuerzos para garantizar la atención y la protección integral que requieren las personas afectadas.

Caracterización sociodemográfica general La información sociodemográfica sobre los hogares colombianos en situación de desplazamiento que presenta Codhes anualmente es producto de la puesta en marcha de la Encuesta Nacional De 84 Desplazamiento (en adelante Enade). La Enade es una herramienta que utiliza CODHES desde 1993 con el apoyo de las organizaciones de desplazados, algunas diócesis y arquidiócesis del país. Desde comienzos del 2001 Codhes planteó un debate sobre la construcción y uso de los datos cuantitativos de dichos procedimientos y sus implicaciones políticas desde los sistemas de información que monitorean esta problemática. Esto dio como resultado un proceso de interlocución y coordinación con la Conferencia 85 Episcopal, la Red de Solidaridad Social y el CICR. Se trata de un esfuerzo interinstitucional orientado a lograr un consenso cobre los instrumentos de captura de información, la posterior labor de caracterización de la población en situación de desplazamiento y la evaluación de la respuesta institucional a esta problemática.

zonas más afectadas, así como la ausencia de alternativas económicas viables al cultivo de la hoja de coca, lo cual pone en peligro la seguridad alimentaria de estas comunidades, toda vez que la tierra afectada por aspersión necesita dos años para volver a producir.

83 Los departamentos que registraron un incremento del desplazamiento durante el 2003 frente al 2002 fueron Caquetá con una tasa de 3.165 personas desplazadas por cada 100 mil habitantes, Putumayo con una tasa de 2.330, Guaviare con 2.302, Cundinamarca con 588, Guainía con 395, Valle con 260, Amazonas con 78, Vaupés con 82, mientras la tasa nacional fue de 466 por cada 100 mil habitantes. De otro lado, los 20 municipios con mayor área fumigada en todo el país están ubicados en los departamentos de Putumayo (los municipios de Orito, La Hormiga, San Miguel, Puerto Asís), Guaviare (Calamar, Miraflores, el Retorno), Nariño (Roberto Payán, Barbacoas, Tumaco y El Tablón) y Caquetá (Cartagena del Chairá).

84 Veáse anexo 1 85 Esta institución decidió apartarse de este proceso poco tiempo después de haberlo iniciado.

24

La Enade de 2003 provee información sobre 1933 hogares en situación de desplazamiento, ubicados en 112 municipios del país de 29 departamentos y el Distrito Capital. Esta muestra está distribuida en tres segmentos étnicos diferenciados de la siguiente manera:

Distribución Porcentual de la Población por grupos de Edad según Segmento Étnico, Codhes 2003

DistrIbución Porcentual de la Población ENADE, Codhes 2003 16

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

14

Porcentaje

82%

12

Afrocolombiano 03

10

Indígena 03 Mestiza 03

8 6 4

13%

2

6%

65 o más

60 a 64

55 a 59

50 a 54

45 a 49

40 a 44

35 a 39

30 a 34

25 a 29

20 a 24

Otro

15 a 19

Indígena

10 a 14

Afrocolombiano

5a9

0a4

0

La población que compone estos hogares es de 9182 personas, de las cuales el 50,2% son hombres y el 49,8% son mujeres. Las mujeres adultas, niños y niñas constituyen el 75.3% de la población total y 5 de cada 10 personas desplazadas son menores de edad. El promedio de integrantes por hogar es de 4,75 frente a una leve diferencia entre el promedio de los hogares Afrocolombianos (4,7), Indígenas (4,6) y Mestizos (4,8).

Distribución Porcentual de la Población por grupos de Edad, Codhes 2003 65 o más 60 a 64 55 a 59 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5 a 9 0 a 4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Porcentaje

Un análisis detallado muestra una menguada distribución porcentual de mujeres en los grupos de edad que van de 0 a 14 años, situación que contrasta con una menor presencia de hombres en los rangos que 86 corresponden al espectro 20 a 39 años.

86

Esto podría deberse a un aumento del índice de masculinidad (hijos hombres nacidos vivos por mujer) en correlato con una posible selectividad por sexo al momento de ocurrir el desplazamiento.

25

Distribución porcentual de Mujeres y Hombres Por Grupos de Edad, Codhes 2003 65 o más 60 a 64

Total Pob

55 a 59

Hombres Mujeres

50 a 54

Polinómica (Hombres)

45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a9 0a4

0

5

10

15

20

Esta primera diferenciación presenta un desequilibrio entre la población menor de edad y adulta según la proporción por género. Hay un relativo equilibrio en la proporción de hombres menores de edad con respecto de los hombres adultos, mientras que hay una mayor desproporción de las mujeres menores de edad con respecto de las mujeres adultas.

Distribución de la Población Desplazada por Género según menores de edad y adulto/as 24,7 Hombre Adulto 25,5 Niños 26,6 Mujer Adulta 23,2 Niñas 21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

Es decir, la muestra presenta una menguada presencia de mujeres entre los 0 y 14 años de edad, en contraste con una menor presencia de hombres en los rangos que corresponden al espectro 18 a 39 años. Esto podría deberse a un posible aumento del índice de masculinidad (hijos hombres nacidos vivos por mujer) en correlato con una posible selectividad por sexo al momento de ocurrir el desplazamiento y la mayor vinculación (reclutamiento voluntario e involuntario) de los hombres al conflicto armado. Según datos del 2001, El índice de feminidad era menor a 100 (oscila entre 96 y 99) en la población con menos de 25 años, a partir de los 25 el índice de feminidad es mayor a 100 y crece en la medida en que la población aumenta de edad hasta llegar a 154. Este cambio en la composición piramidal se relaciona con la mayor esperanza de vida en las mujeres y el hecho de que tanto la violencia sociopolítica como la común afectan más a los 87 hombres.

En otras palabras, los hogares encuestados están compuestos en una mayor proporción por menores de edad, personas en edad productiva de las generaciones más viejas y adultos mayores; en contraste con

87

Citada por Red Nacional de Mujeres y Confluencia Nacional de Redes de Mujeres. En Informe Derechos De Las Mujeres En Colombia 2003. Bogotá. 28-33.

26

una menor proporción de personas cuyos grupos de edad pertenecen a las generaciones intermedias y más jóvenes en edad productiva.

A manera de hipótesis, la fluctuación en la distribución etárea de la población desplazada, diferenciada por grupos o rangos, evidencia el impacto de un conjunto de factores que han dinamizado los cambios sociales más importantes del país durante la última década: la intensificación del conflicto armado; el aumento de la polarización social y mayor participación (voluntaria e involuntaria ) de la población civil en dicho conflicto, especialmente de la población más joven en edad productiva (incluso niños y niñas); el aumento de la natalidad en contraste con el aumento en los índices de mortalidad fruto de la violencia generalizada para la población joven en edad para combatir, el avance progresivo de los procesos de resistencia pacífica de la población civil en los lugares de expulsión, y especialmente la redistribución geográfica y la desarticulación familiar generada por el desplazamiento forzado (cada vez más individual y selectivo) en contraste con el confinamiento de poblaciones en vastas regiones del país.

Encuentro Nacional “Saberes De Mujeres”

88

“Los hijos pierden su papa, las mujeres pierden el apoyo de un hombre, la sociedad pierde un núcleo familiar, las niñas sacrifican su tiempo de estudios. La mujer gana responsabilidades y sacrifican muchas 89 veces sus estudios para dedicarle tiempo a su familia en un nuevo lugar.”

El jueves 4 de Marzo de 2004, se realizó en la ciudad de Bogotá, el Encuentro Nacional “Saberes de mujeres”, evento que abrió un espacio de intercambio de experiencias y vivencias de las mujeres sobre su acumulado histórico respecto del desplazamiento forzado interno. Este evento celebrado en el Jardín 90 Botánico “José Celestino Mutis” fue concebido como un encuentro de amigos en torno a la preocupación de una problemática en común: la situación de las mujeres en situación de desplazamiento 91 en el marco del conflicto armado interno colombiano y las consecuencias derivadas de ello. El encuentro favoreció el acercamiento entre las mujeres de la academia, de la cooperación internacional y de Ong’s nacionales.

Algunas relataron los dramáticos acontecimientos desde la huída de sus lugares de origen por motivos de violencia, mientras que otras escuchaban y relataban sus experiencias como gestoras de conocimiento y/o recursos de cooperación destinados a la solución de dicha problemática o como grupos de incidencia en torno de los derechos humanos de las mujeres colombianas, que desde la sociedad civil intentan transformar el ámbito de las políticas públicas con equidad de género.

El encuentro propició una relación de hermandad alrededor de un común denominador: ser cabeza de hogar desplazada y/o líderes en la comunidad y región, y haber vivido experiencias similares no obstante

88

Este encuentro nacional de mujeres desplazadas, académicas y de cooperación internacional, se realizó en el marco de la ejecución del proyecto “Propuesta de análisis de Género y Conflicto Armado interno en Colombia en el marco de Derechos Humanos”, financiado por la Embajada Suecia en Colombia. El objetivo del proyecto es analizar y visibilizar las implicaciones de la violencia contra la mujer en el contexto del conflicto armado interno desde la perspectiva de género, a la luz de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

89 Entrevista a líder comunitaria desplazada, “Encuentro de Saberes”. Bogotá, marzo 4 de 2004.

90 El Jardín Botánico “José Celestino Mutis” Fundado en 1955, es el primer centro de investigación y conservación de la flora colombiana, especialmente andina.

91 EL hecho de que el encuentro se realizara en se debió a la idea de concebir la reunión de mujeres en un espacio tranquilo, en un “espacio verde” donde las invitadas se sintieran cómodas, en un ambiente de esperanza y fe por la vida.

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la procedencia geográfica. Con el fin de conocer a fondo, la difícil situación de las mujeres en medio del conflicto y especialmente de las mujeres desplazadas colombianas, utilizamos como insumo y eje central los resultados de la Encuesta Nacional de Desplazamiento realizada por CODHES (sobre el año 2002 y primer semestre de 2003). Los datos arrojados por la misma permitieron desagregaciones sectoriales y 92 análisis cuantitativos que desembocaron en el análisis cualitativo de la problemática.

93

La Encuesta Nacional De Desplazamiento es una herramienta que utiliza CODHES desde 1993 con el apoyo de las organizaciones de desplazados, algunas diócesis y arquidiócesis del país. Desde comienzos del 2001 Codhes planteó un debate sobre la construcción y uso de los datos cuantitativos de dichos procedimientos y sus implicaciones políticas desde los sistemas de información que monitorean esta problemática. Esto dio como resultado un proceso de interlocución y coordinación con la Conferencia 94 Episcopal, la Red de Solidaridad Social y el CICR. Se trata de un esfuerzo interinstitucional orientado a lograr un consenso cobre los instrumentos de captura de información, la posterior labor de caracterización de la población en situación de desplazamiento y la evaluación de la respuesta institucional a esta problemática.

De acuerdo con los estudios sobre género y desplazamiento realizados por Donny Meertens, señalan que el conflicto armado afecta inicialmente la dinámica sociopolítica y económica de las regiones donde se exacerba (redes formales, públicas); 2. Esta dinámica afecta principalmente la identidad política de los hombres, sus formas institucionalizadas de participación, y su discurso político frente al Estado; 3. Que dicho conflicto se orienta posteriormente a las redes sociales informales de la población; iniciando un proceso de erosión de la solidaridad y la desconfianza entre vecinos, amigos y familiares; 4. que esta última situación afecta principalmente al mundo más localizado de las mujeres, debido a las rupturas de la identidad social personal, familiar y comunitaria.

“Pobremente se tiene todo, usted no vive mal, usted tiene unos lazos familiares, tiene un vínculo con su comunidad, mínimamente, pero a usted todo de un momento a otro se lo quitan en menos de veinticuatro 95 horas”.

Según los testimonios de las mujeres en el Encuentro de Saberes, esto podría ayudar a explicar porque la mayoría de ejecuciones extrajudiciales están en cabeza de los hombres; porque se registra el desplazamiento forzado de hombres cabeza de hogar en una primera etapa y del resto de la familia posteriormente, en algunos casos de modo fragmentario y paulatino; porque las cifras sobre el mayor reclutamiento voluntario o forzoso está en cabeza de los hombres.

El trabajo y la educación de las mujeres desplazadas Con respecto del acceso a la educación las voces de las mujeres desplazadas se centran en afirmar que en los ámbitos rurales y centros poblados se presentaba de manera igualitaria para niños, niñas y jóvenes de ambos sexos no obstante las limitaciones de cobertura en las regiones de expulsión; 2. Que el 92

En el encuentro se discutieron los resultados de la Encuesta Nacional de Desplazamiento (ENADE) instrumento con el cual se recolectaron datos desagregados por género, edad, referencias de sitios de expulsión, lugares, procesos de salida y situaciones en los sitios de tránsito y llegada de la población afectada por el Desplazamiento.

Adicionalmente, esto permitió formular propuestas potenciales de trabajo con mujeres en situación de desplazamiento.

93 Veáse anexo 1.

94 Esta institución decidió apartarse de este proceso poco tiempo después de haberlo iniciado.

95 Entrevista a líder comunitaria desarraigada del Cauca, “Encuentro de Saberes”. Bogotá, marzo 4 de 2004.

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tipo de educación recibido en los lugares de origen, era adecuada a las condiciones de vida de la población; 3. Que las maneras en que percibían sus ingresos, partían también de la adecuación del calendario escolar a las épocas de cosecha, donde hombres y mujeres e incluso los niños y las niñas participan activamente. “Allá no importaba mucho el estudio que una tuviera porque según los trabajos que hacía no lo necesitaba” anota una de ellas.

La mayoría de estas mujeres argumentaron que debido a las actividades y ocupaciones que realizan en el campo la educación era menos importante. Esto se ve reforzado con la potenciación del empleo o desempleo y su impacto en la consecución de ingresos y sostenibilidad familiar que logran las mujeres y hombres según la demanda de escolaridad y formación técnica en los ámbitos urbanos. En esta dirección se afirma que hay un cambio de roles tanto de hombres como de mujeres, debido a que los hombres no encuentran empleo fácilmente recurriendo al sistema económico formal, mientras que las mujeres logran mayor nivel de ingresos y sostenibilidad porque se insertan en nuevas tramas de relación social, política y 96 económica de carácter informal.

“Esta gente necesita de un acompañamiento, una hermandad, que no se sienta como el que llegó y tengo 97 que resolver mi situación, acompañemos en todo momento difícil”.

Esto podría reforzar la hipótesis planteada recurrentemente, dentro de los estudios sobre género y desplazamiento forzado, que afirma que: 1. los hombres son quienes manejan las relaciones sociales, económicas y políticas con carácter formal; 2. Que migran con más frecuencia por factores económicos; 3. Que dicha experiencia les permite una adaptación a la vida urbana basada en la movilidad. Por otro lado, que las mujeres 1. Son quienes cohesionan las redes familiares e informales más cercanas al hogar; 2. Que sus actividades ocupacionales antes de desplazarse se ceñían a las labores domésticas del hogar; 3. Que la gran mayoría de ellas no pertenecía o hacía parte de organizaciones sociales, políticas ni económicas; 4. Que su adaptación se basa en la activación de redes sociales informales; 5.

Que la consecución de ingresos se basa en recursos generados con productos de economía doméstica 98 que pueden ser comercializables en el ámbito urbano.

Según las palabras de las mujeres durante el proceso de transición que experimentan entre el asentamiento de origen y el de acogida ocurren nuevos desplazamientos, entre cascos urbanos y/o dentro de las grandes ciudades, y es por ello que el acceso al trabajo y a la educación se hace más tortuoso. Finalmente, en los espacios urbanos de llegada (donde se aplicó la encuesta) las mujeres y sus familias continúan teniendo enormes dificultades para acceder a la educación formal, cuando así lo deciden o las circunstancias lo permiten.

La lenta integración social de las familias y su escaso restablecimiento socioeconómico no permiten que los niños, niñas y jóvenes cuenten con la sostenibilidad (acceso, permanencia y calidad) del proceso educativo, aunque el Estado garantice su vinculación institucional por un periodo lectivo (12 meses).

Durante el encuentro fue contundente el reclamo de que si bien se garantiza su ingreso siempre “se 99 presentan problemas para conseguir los cupos necesarios” . Además, después del primer año, hay que pagar por la educación.

96

(Henao y Cabezas; 2003: 4) Op. Cit. p. 25 98 (Meertens 2000) 99 Intervención de una mujer desplazada del departamento de Meta 97

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Según afirmaron algunas mujeres “es muy difícil el acceso a la educación ya que si nos dedicamos a estudiar no nos queda tiempo para trabajar, ni tampoco nos queda tiempo para los quehaceres del hogar”. Además cuando pueden hacerlo encuentran que la educación técnica formal e informal se ha convertido en una sobreoferta institucional y humanitaria que funciona como un “kit” (paquete) homogéneo para toda la población sin tener en cuenta los dispares niveles educativos, ni las diferencias étnicas, olvidándose que no toda la población proviene de la selva, el campo o zonas agroindustriales, aunque estas sean las principales zonas de expulsión. “estamos cansadas de la ‘talleritis’ y los cursos, los diplomas y certificados de panadería, sastrería, modistería, sobretodo cuando en el barrio hay más de cuatro panaderías, cuando todo está inundado de 100 sastrerías y modisterías”.

En contraste con lo anterior, buena parte de las personas desplazadas que no eran líderes manifestaron durante el encuentro que los cursos que ofrecen algunas instituciones del Estado como el Sena, no son acordes con sus capacidades o necesidades. Por su parte anotaron que la estigmatización y el rechazo que sufren por estar en situación de desplazamiento es bastante alto tanto en los planteles educativos como donde ofrecen su trabajo, lo que dificulta aún más la situación en la que viven. Se discutió con especial énfasis sobre la oferta y demanda de los Proyectos Productivos que ofrece la Red de Solidaridad. La conclusión principal es que por lo general son ineficaces y poco viables debido a las condiciones en las que plantean la entrega de los recursos para realizarlos. En esa medida las mujeres recomiendan que las soluciones gubernamentales o de otras instituciones y organizaciones, sean más profundas y acopladas a las necesidades y capacidades de la población afectada. “al llegar a Bogotá tuve que asumir el papel de papá y mamá ya que había perdido a mi compañero, una carga de responsabilidad doble y renunciar al privilegio de estudiar” (…)

“O se trabaja o se estudia, no se pueden hacer las dos cosas al tiempo ya que si se estudia quién gana la 101 plata para mantener a los hijos, por eso es muy difícil que nosotras podamos seguir estudiando”,

La tenencia de la tierra El conflicto armado está en el centro de la preocupación nacional y el problema de la tierra está en el centro del conflicto armado. La recomposición de la tenencia de la tierra en el marco de acciones de fuerza de grupos irregulares y la ausencia crónica de una política que supere la profunda inequidad de esa tenencia, es una de las formas críticas de la crisis humanitaria en el país. Las zonas de mayor presión por el control y uso de tierras a través de la expulsión de pobladores ancestrales corresponden a los territorios colectivos de pueblos indígenas y afrocolombianos. Las zonas de colonización y de aplicación de políticas de fumigación presentan igualmente elevados índices de expulsión referidos a conflictos por el uso y dominio de la tierra.

Durante el encuentro fue reiterativa la discusión sobre la propiedad territorial de las familias antes del desplazamiento, propiedad fundada por la relación directa y el trabajo más que por un fundamento legal.

En su mayoría manifestaron la existencia de títulos de propiedad sobre la tierra, muchos de ellos fruto del trabajo de dos generaciones anteriores, por lo menos. La preocupación general giró en torno de la

100

Intervención de una líder comunitaria del Norte del país. Encuentro de Saberes”. Bogotá, marzo 4 de 2004.

Intervención de una mujer desplazada que cuenta un título de “Normalista” y 2 años de estudio en educación económica y no ha conseguido trabajo ni siquiera de profesora” 101

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desprotección de dichas propiedades, de la falta de garantías para la reclamación posterior de la tierra, y especialmente de la propiedad colectiva, sobre la cual parecen persistir bastantes dudas e incertidumbres: “En el momento de la titulación Colectiva habían personas de la comunidad infiltradas – milicianos-, que fueron los mismos que después se adueñaron de la tierra, (…) las mismas personas de la comunidad fueron quienes nos desplazaron”.

Los departamentos con mayor número de hogares con predios abandonados por personas desplazadas son Tolima, Putumayo, Chocó, Antioquia, Caquetá, Cauca, Norte de Santander, Guaviare Cesar y Bolívar.

El 74% de los predios abandonados corresponden a inmuebles rurales. El 69% contenían casa y parcela, y el 5% sólo los terrenos El 24% de los predios abandonados estaban ubicados en ámbitos urbanos El 76% de los hogares eran propietarios de predios y El 4.8% arrendatarios.

El 5.6% fueron expulsados de propiedades colectivas (resguardos o territorios afrocolombianos) El 5.1% eran ocupantes.

Según las intervenciones de algunas mujeres “tener un documento no es garantía de propiedad de la tierra y mucho menos en zonas de conflicto, donde los actores armados controlan el territorio”.

Tenencia de la vivienda “Lo primero, créame que lo primero que la gente pide es la vivienda, por qué, porque yo al tener un techo 102 donde mi familia este protegida, una agua con sal a horas pasamos el día”.

De acuerdo con los diálogos, las discusiones y exposiciones adelantadas durante la investigación, y especialmente durante el encuentro, el concepto de vivienda es entendido por las mujeres según las necesidades que la persona desplazada deba suplir, en la inmediatez de la situación: “viviendacambuches”, “vivienda-casa de invasión”, “vivienda-inquilinato”, “vivienda de familiares”, “vivienda de desplazados”, por lo general con un alto déficit de servicios públicos domiciliarios, y en muy precarias condiciones de hacinamiento.

Es preocupante que en medio de la crisis humanitaria que vive la población desplazada solo 1 de cada 10 personas pueda gozar del derecho a una vivienda digna (vivienda propia) y el 90% restante dependa de factores externos para ello: casi la mitad viva en arriendo (45%), un 18% depende de la voluntad y solidaridad de las redes sociales a las que tiene acceso en el lugar de recepción, el 14% tiene que vivir bajo la zozobra de una nueva expulsión (desalojo) por residir en un hospedaje obtenido mediante acciones de hecho; y el 13% depende de la voluntad política de los gobernantes locales y la ayuda humanitaria (cuando está presente) para permanecer en albergues temporales, por lo general en locaciones improvisadas, previamente construidos para actividades distintas (educativas, deportivas, comerciales o industriales) y sin capacidad habitacional digna. Lo anterior indica que un 45% de la población desplazada de los dos últimos años no tiene garantizado un lugar digno de residencia y esto constituye uno de los principales factores de deterioro de su nivel de vida.

102

Op.Cit. p. 28.

31

Tenencia Actual de la Vivienda de la Población en Situación de Desplazamiento, Codhes 2003 0

Ns/Nr

1

En usufructo

7

De un amigo

10

Propia

13

Albergue temporal

14

Ocupada de hecho 10

De un familiar

45

Arriendo 0,0

5,0

10,0

15,0 20,0

25,0 30,0

35,0 40,0

45,0 50,0

La desagregación étnica pone en evidencia una situación mucho más compleja: El 49% de la población indígena vive en arriendo, 16% viven en casa de familiares, 13% vive en residencias ocupadas de hecho, y 10% viven en albergues temporales.

Una tercera parte de la población afrocolombiana vive en arriendo, una cuarta parte en albergues temporales, y el 15% reside en casas de familiares. Es de anotar que las condiciones habitacionales que ofrecen los albergues temporales, en los cuales vive más de la cuarta parte de esta población, eleva en forma considerable los factores de riesgo en salubridad.

Tenencia Actual de la Vivienda de la Población en Situación de Desplazamiento, Codhes 2003 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Indígena

49

47

Afrocolombiano Otro

34 25 16

Arriendo

c

13

9

De un familiar

13 12 14

Ocupada de hecho

10

11

Albergue temporal

10 7 9 Propia

4

7 7

De un amigo

1 1 1

1 0 0

En usufructo

Ns/Nr

Los datos que arroja la encuesta sobre ayuda recibida por las mujeres durante el desplazamiento señalan un déficit del 75% de la atención estatal en vivienda, que ha sido cubierto por organizaciones de la sociedad civil (familiares, ONG, Iglesias, etc.) en 71% y por organizaciones humanitarias de la comunidad internacional en 4%.

Ubicación y estabilización En cuanto a la ubicación y estabilización de las mujeres desplazadas el debate se centro en la necesidad de un mayor impacto político de las organizaciones de mujeres y de las asociaciones de desplazados/as para perder la exigibilidad de los derechos fundamentales y especialmente aquellos referidos a lo que denominaron reiterativamente “condición de desplazados”. Lo anterior debido a que la mayor parte de las mujeres que hicieron parte de la investigación como del Encuentro son “desplazadas de larga duración”; es decir, llevan mucho tiempo desplazándose y consideran que no ha cesado su situación porque no han

32

logrado estabilizarse ni superar los cambios drásticos que trajo consigo el fenómeno de desplazamiento forzado.

Uno de los argumentos principales para la toma de estas decisiones es la potenciación del conflicto intergeneracional provocado por la situación de desplazamiento en términos de ruptura de la memoria individual y colectiva. Según sus afirmaciones se presenta una tendencia a olvidar concientemente lo sucedido y a fundar sus aprendizajes en las experiencias urbanas de la nueva situación. Mientras tanto las mujeres, sobretodo las mujeres cabeza de hogar, la tendencia es contraria, se trata de recordar permanentemente lo sucedido y fundar históricamente sus aprendizajes, sus luchas y el futuro de la familia en el pasado reciente, no obstante los miedos que permanecen y los “malos recuerdos”.

Ubicacion y estabilizacion de las mujeres en situación de desplzamiento, Codhes-Enade, 2002-2003 Retornar 7%

Salirpais 2%

SinDefinir 7%

Reubicarse 10%

Permanecer 74%

En esta misma dirección el retorno no es una opción viable, porque además de lo anterior el Estado no brinda garantías de seguridad ni de supervivencia en los territorios de salida, y el acompañamiento institucional es por un corto periodo de tiempo para luego continuar en iguales o peores condiciones que las presentadas en el momento del desplazamiento, con el agravante de que el conflicto continúa y en adelante estarán doblemente estigmatizados (tanto en el lugar de origen como en el lugar de acogida) La reubicación tampoco es tenida en cuenta como una opción viable porque esto implica un nuevo desplazamiento y sin mayores garantías. Es por esta razón que la permanencia constituye la principal alternativa de los hogares desplazados, lo que no implica que estén establecidos satisfactoria y voluntariamente en ese lugar, ni que estén de acuerdo con sus condiciones de vida.

Población según grado de escolaridad Alrededor de la cuarta parte (25,88%) de la población es desescolarizada, 5 de cada diez personas ha cursado algún grado de básica primaria, cerca del 21% han asistido y aprobado parte de la educación secundaria, el 2,6% ha asistido a Preescolar y menos del 1% han alcanzado el nivel universitario (pregrado y/o postgrado).

Grado de Escolaridad de la Población en Situación de Desplazamiento

Primaria 25,88

Ninguno

Preescolar Universitario

49,68

20,90

Secundaria 2,58 0,69

Técnico

0,23

Postgrado

0,04

33

Una desagregación por género nos muestra un mayor grado de escolaridad para los hombres en cada nivel excepto el técnico (formal y no formal), donde se invierte el porcentaje: 1% para los hombres y 4,5% para las mujeres.

Ahora bien, el examen del grado de escolaridad por segmento étnico pone en evidencia una mayor desescolarización de la población indígena (28%). La población afrocolombiana reporta un 57% de cobertura en educación básica primaria, y tan solo un 14% de cobertura en educación básica secundaria.

La población mestiza reporta un 49% de cobertura en secundaria y 22% en educación primaria, es decir, reporta una diferencia de 8% por debajo de la población afrocolombiana. Mientras que la población indígena registra diferencias menores frente a la población afrocolombiana y levemente superiores frente a la población mestiza: 51% de cobertura en primaria y 17% en secundaria.

Un aspecto que sobresale de esta parte de la encuesta es la mayor participación indígena (3%) en la educación de tercer ciclo (Universitaria) con respecto de los otros segmentos de población (1%). Pese a ello los resultados de la encuesta evidencian un mínimo acceso a la educación superior de la población desplazada.

Grado de escolaridad Según Segmento Étnico Universitario

Mestiza

Técnico

Afrocolombiana Indígena

Secundaria Primaria Preescolar Postgrado Ninguno -5

5

15

25

35

45

55

65

Los datos que arroja la encuesta sobre ayuda recibida por las mujeres durante el desplazamiento señalan un déficit del 37% de la atención estatal en Educación, que ha sido cubierto por organizaciones de la sociedad civil (familiares, ONG, Iglesias, etc.) en 34% y por organizaciones humanitarias de la comunidad internacional en 3%.

Motivos de desplazamiento Una desagregación simple de los motivos de desplazamiento señala en su orden los cuatro principales: las amenazas (52%), los enfrentamientos (18%), las masacres/asesinatos (13%) y el reclutamiento forzado (7%).

En la población indígena se reportan 4 motivos principales de desplazamiento que concentran el 90% de total, fruto del uso predominante de estrategias para fundar el terror, entre ellas que sobresalen las amenazas (45,8%) y las masacres y asesinatos (12%), asociadas al uso de las comunidades como escudos humanos cuando se llevan a cabo los enfrentamientos (24,3%) y al reclutamiento forzoso de la

34

población más joven (5,6%). Vale la pena señalar que entre las amenazas y los enfrentamientos suman un poco más del 70% de los motivos de desplazamiento indígena.

Para la población afrocolombiana hay un mayor espectro de motivos (6) de desplazamiento. Entre los principales motivos sobresalen los enfrentamientos armados (primer lugar) y las amenazas (segundo lugar) que suman un poco más del 58%.

La Asistencia Humanitaria “Y las lentejas me chocaban y yo decía me voy hacer un vestido de lentejitas, pero después las 103 necesité”.

“La Bienestarina cabe en todos lados… si a mí de dan dos kilos de bienestarina y yo tengo para conseguirme una papita, yo hago una sopa de bienestarina, que por la tarde, yo les puedo hacer una coladita de bienestarina y si tengo aceite yo puedo hacer tortas de bienestarina… la bienestarina cabe en 104 todos lados”.

De acuerdo con las exposiciones y debates la asistencia humanitaria recibida se tradujo en el “Kit de emergencia” que consistía en un Kit de alojamiento con toldillos, sábanas y colchonetas; un Kit de cocina, cuatro posillos, cuatro platos, una olleta, un “perol” en el que tenían que cocinar cada uno de los alimentos. Esta ayuda humanitaria de emergencia la recibieron de organismos como Cicr, Pma, Pcs, Ilsa, Oxfam y en última instancia de la Red de Solidaridad Social.

La preocupación giró en torno de la falta de celeridad en los trámites para el registro “Una de ellas 105 todavía, después de un año de llegada no aparece en el Registro Único de la Red”.

La ayuda sicosocial fue brindada por organizaciones distintas al Estado. Dicha ayuda de emergencia fue solamente por los primeros tres meses, después fue suspendida, en muy pocos casos la ayuda se prolongo por otros 3 meses más.

Los datos que arroja la encuesta sobre ayuda recibida por las mujeres durante el desplazamiento señalan un déficit del 67% en la atención estatal, en términos de asistencias humanitaria de emergencia que ha sido cubierto por organizaciones de la sociedad civil (familiares, ONG, Iglesias, etc.) en un 49% y por organizaciones humanitarias de la comunidad internacional en 18%.

En casos muy especiales, sobre todo para situaciones muy graves en cabeza de líderes de Asociaciones de desplazados, la RSS brinda ayuda económica consistente en un determinado dinero para alojamiento y mercado. Respecto de la respuesta gubernamental sobre “proyectos productivos” muchas mujeres afirmaron reiteradamente que han fracasado por al falta de seguimiento y asesoramiento a los beneficiarios.

En esta dirección algunas mujeres hicieron hincapié en la “cultura asistencialista” de una parte de la población desplazada debido al acostumbramiento, al “empadronamiento”, que no les permite ser creativos, proposititos para salir adelante. Frente a estas afirmaciones encontramos aquellas que

103

Op. Cit. p.28.

Ibíd.

105 Entrevista a mujer desplazada, Diciembre de 2003.

104

35

manifestaban que dicha situación “no se la buscaron” y que por lo tanto el Estado es el que debe asumir su responsabilidad constitucional de protección de los Derechos Humanos.

La salud de las mujeres desplazadas Las mujeres participantes reiteraron con especial énfasis durante el Encuentro que aunque “donde vivían antes del desplazamiento” no contaban con una cobertura adecuada, si tenían acceso a los servicios de salud de forma más inmediata. Podían tener acceso a campañas nacionales y el traslado no representaba ningún riesgo. No se presentaban tantas enfermedades como en la ciudad, en especial las relacionadas con el estrés infantil y el estrés en adultos, el IRA, la EDA, problemas de piel y enfermedades respiratorias. Del mismo modo señalaron la importancia de la medicina tradicional, que siempre estaba “al alcance de todos”.

Aseguraron que actualmente la cobertura en salud es mínima debido a que no hay criterios de coordinación con las “entidades prestadoras”. Dicha precariedad se manifiesta en la poca cobertura puesto que no alcanza a cubrir el 70% de los medicamentos y/o exámenes de laboratorio.

Mujeres y hombres según su relación con el sistema de seguridad social en salud, Codhes-Enade, 2002-2003 Vinculado

Mujer Hombre

Subsidiado

Ninguno

Especial

Contributivo 0

10

20

30 Porcentaje

40

50

60

Los datos que arroja la encuesta sobre ayuda recibida durante el desplazamiento señalan un déficit del 40% en la atención estatal en salud que ha sido cubierto por organizaciones de la sociedad civil (familiares, ONG, Iglesias, etc.) en 34% y por organizaciones humanitarias de la comunidad internacional en 6%. Durante el encuentro las mujeres destacaron la labor y el apoyo brindado en salud por parte de instituciones como Oxfam, Avre, Médicos Sin Fronteras, Profamilia Plan 55 (no solo en salud reproductiva) y PCS. Así mismo reivindicaron el papel desarrollado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en relación con los menores de edad), como la única entidad estatal que cumple satisfactoriamente con lo que está obligada social y constitucionalmente.

Dentro de las preocupaciones principales manifestaron la urgente necesidad de ayuda, apoyo o atención psicosocial, que según ellas debería estar garantizada durante los primero meses y para toda la familia con un seguimiento y evaluación posteriores debido a que se están presentando muchos casos de depresión y suicidios en mujeres jóvenes y adolescentes.

Otros aspectos que se expusieron sin un debate a profundidad fueron la creciente desnutrición de las madres lactantes (El 13% de los hogares encuestados registran madres lactantes, cifra que corresponde a 239 mujeres) y de la población infantil; el aumento en los índices de vulnerabilidad al contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), el acelerado aumento de los embarazos a muy temprana

36

edad, fruto del incremento de la prostitución en niñ@s, jóvenes y mujeres, además de las secuelas del acceso carnal violento durante el desplazamiento y en los mismos asentamientos.

“Uno se pone en el lugar de esa mujer… yo pasé por lo mismo o peor… la guerra a mi me arrebató el hogar, peor si uno se consume en la pena, si uno se consume en el dolor no va a ninguna parte… uno por los hijos lo da todo y lo hace todo”.

Una de las constantes durante el Encuentro fueron las alusiones al temor que las llevó a abstenerse de buscar servicios de salud; de igual modo que al miedo experimentado mientras huían de sus tierras, veredas y pueblos, en medio en largas caminatas por el monte, donde no tuvieron la oportunidad de acceder a ningún servicio de salud, situación que prolongó la amenaza de muerte por infecciones, partos prematuros, ansiedad convertida en suicidio, y sobre todo el impacto psicológico en niñ@s y mujeres. En esta dirección, algunas de las mujeres se manifestaron sobre la profundidad de su dolor y sufrimiento cuando dicha situación tuvo que repetirse en varias oportunidades generando un mayor impacto y más prolongado en el tiempo, se trajeron a colación las madres que vieron morir a sus niñ@s ante los ojos de las demás personas, familias y comunidades que se desplazaban.

Principales conclusiones del Encuentro de Saberes “El desplazamiento ha dejado muchas heridas, que han sido muy difíciles de sanar… esto ha sido más duro para mí porque he quedado sola, no tengo el amparo de un hijo, ni de un esposo…porque ha sido Dios el que me ha dado la fuerza para subsistir, para yo salir adelante, porque no es solamente el yo personal, siempre uno tiene que mirar más allá, porque hay personas que están necesitando un apoyo y 106 yo se los puedo dar”.

Se presenta una sensación permanente de extrañamiento con respecto de los trabajos agrícolas que las mujeres desarrollaban y especialmente sobre los modos de administración del hogar, pese a su falta de reconocimiento por parte de sus compañeros e hijos y la falta de remuneración económica, puesto que reconocen que fue una labor integral, constante, y permanente en sus vidas, transmitida de generación en generación según el modelo patriarcal de sus hogares. Muchas de ellas manifestaron que seguramente, si no se hubiese dado el desplazamiento, estos roles se transmitirían a sus hijas e hijos sin muchas modificaciones.

Así mismo, fueron reiteradas las evocaciones nostálgicas por la relación de pareja con el esposo, el amante, el compañero que la violencia se llevó. La mayor parte de ellas no han vuelto a rehacer su vida afectiva debido a que no hay tiempo ni confianza social en los otros y otras; sólo hasta ahora, después de varios años, se está realizando el duelo individual y colectivo de una pequeña parte de las mujeres en situación de desplazamiento. El temor principal de las mujeres cabeza de hogar se centra en que sus hijas no vivan o continúen viviendo la misma situación de violencia del país, es decir, que repitan la historia de su madre y/o su abuela: “parir hijos para otra guerra”.

Si bien muy pocas mujeres desarrollaron labores explícitas de liderazgo en sus comunidades, hoy la situación tiende a cambiar; la labor en contra del desarraigo las fortaleció mucho en su trabajo comunitario y como mujeres cabeza de hogar. Actualmente crecen y se cualifican las relaciones entre las

106

Entrevista a mujer de 76 años, diciembre de 2003.

37

mujeres y sus organizaciones. Sus actividades principales giran en torno de: 1. Generación de ingresos para el sustento económico; 2. Gestión para la recuperación del liderazgo que muchas mujeres ejercían antes del desplazamiento. 3. Gestión solidaria para hombres y mujeres que están viviendo las circunstancias provocadas por el conflicto armado y el desplazamiento forzado interno. 4. generación de nuevos liderazgos enfocados desde prácticas de resistencia a la violencia, al conflicto armado y al desplazamiento forzado.

Respecto de las mujeres provenientes de pueblos indígenas o comunidades afrocolombianas se presenta un mayor conocimiento de las rupturas familiares, comunitarias y del tejido social que provoca el conflicto armado y el desplazamiento forzado interno en sus comunidades. En esta dirección activan formas de organización comunitaria (el lazo familiar queda en un segundo plano) mediante redes de apoyo económico y social, donde la identidad cultural es el referente de supervivencia, y las prácticas de trabajo recogen modelos culturales desarrollados históricamente por sus comunidades. Este es el caso de las mujeres afrocolombianas que recurren al “cuagro”, una forma de organización horizontal donde los miembros de una comunidad se organizan según el grupo de edad. Es un modelo socio-cultural de raíces africanas que ha pervivido en Palenque de San Basilio (Bolívar) y comunidades negras del Pacífico Colombiano.

El aprendizaje principal de los procesos organizativos y políticos de las mujeres es el reconocimiento del paternalismo como uno de los principales factores que obstaculizan, rompen o destruyen los procesos de autosuficiencia de las comunidades. De manera recurrente se citó este aspecto como el facilitador de la perdida credibilidad en los proyectos productivos.

En esta dirección sostienen que hay necesidad de construir y fortalecer un “nuevo” tejido social sobre la base de conocimiento que dejan experiencias tan dolorosas como el conflicto y el desplazamiento forzado interno, en medio de una política que no ofrece garantías para los derechos humanos ni para la puesta en obra de estrategias de reparación justicia y verdad.

Recomendaciones En virtud del carácter, la cobertura y la dinámica del “Encuentro Nacional Saberes de Mujeres”, se instó a quienes participaron para que enunciaran sus recomendaciones dirigidas expresamente hacia lo local, teniendo en cuenta que los informes nacionales de organizaciones de mujeres, sobre la situación de la mujer en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado interno, están orientados principalmente a la Comunidad Internacional. Informes que por lo general exhortan al Estado colombiano a cumplir con sus responsabilidades políticas y sociales, para que enfrente la crisis humanitaria que estamos viviendo, mediante el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y la democracia.

Las recomendaciones propuestas giran alrededor de cuatro ejes fundamentales: 1. Política de protección de tierras en medio de conflicto armado y especialmente de las de la población en situación de desplazamiento, relacionada con 4 problemas fundamentales: •

Ocupación ilegítima de la tierra;

•

Venta forzosa de la tierra;

•

Testaferrato o compra de la tierra para terceros;

•

El abandono parcial (propiedades que siguen en posesión de familiares o de vecinos de personas desplazadas) o total de la tierra (“explotación por particulares”).

38

2. Reestructuración de las instituciones del Estado frente a la crisis humanitaria, •

De las Fuerzas Armadas, desde una perspectiva de gobernabilidad basada en los derechos humanos

•

Cumplimiento de los principios constitucionales y de los compromisos sobre el respeto al DIH

•

Fomentar con urgencia Misiones Médicas de carácter masivo para la población en situación de desplazamiento y especialmente durante el proceso de restablecimiento.

3. Fortalecimiento de las capacidades sociales y organizativas de la sociedad civil relacionadas con la lucha por los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento •

Apoyo para que las organizaciones sociales de las mujeres puedan ser perdurables en el tiempo a través de prácticas autosostenibles mediante procesos cualificados de formación de mujeres para el liderazgo.

•

En esta dirección, se manifestó la necesidad de una escuela nacional de mujeres líderes con el fin de lograr un mayor consenso y unidad de acción en los procesos comunitarios.

•

Construcción de un lenguaje común (plataforma política, pedagogías, mecanismos de exigibilidad de los derechos, y estrategias de comunicación) que permitan articular experiencias (similares o diferentes) de contextos culturales, económicos, sociales y políticos distintos.

4. Reestructuración de la política de asistencia humanitaria de emergencia del gobierno • • • •

Incremento del presupuesto para las entidades y programas estatales o gubernamentales orientados a la población infantil.

Acompañamiento y fortalecimiento de las instituciones que hacen parte de la Red de Solidaridad Social.

Una mayor cobertura y eficacia de los programas de salud reproductiva, prevención y/o manejo de la desnutrición en niñas y niños, Una mayor cobertura y eficacia en salud especializada para mujeres de la tercera edad (climaterio, histerectomía, venas varices, enfermedades del corazón etc.).

Conclusiones generales: Al término de este informe se constata que, 1. La crisis humanitaria de los hombres y mujeres del país es cada vez más drástica y menos reversible social, económica, cultural y políticamente debido a 5 factores principales: o la continuidad y profundización de la exclusión social como causa profunda del conflicto armado interno colombiano; o La ausencia de reconocimiento del conflicto armado interno a la luz de los principios de distinción, limitación y proporcionalidad, del DIH, necesarios para regular las acciones bélicas en favor de la población civil; o La emergencia de nuevas formas de paramilitarismo asociadas al incremento en los índices de impunidad;

39

o o

El mayor escalamiento del conflicto armado mediante al vinculación (voluntaria e involuntaria) de la población civil; El Incremento del poder militar en detrimento y/o sustitución de las instituciones gubernamentales civiles y los movimientos sociales.

2. El desarrollo de la política de “Defensa y Seguridad Democrática”, tiende a fortalecer un Estado autoritario y no a dar efectividad a los principios constitucionales de un Estado social y democrático de derecho. Constituye una política que no respeta los tratados internacionales en materia de derechos humanos ni busca cumplir con las recomendaciones hechas por la Relatora Especial y por otras instancias de protección a los derechos humanos. Es manifiesto el incumplimiento de los pactos internacionales suscritos por el Estado Colombiano en materia de Protección de las mujeres en contra de la violencia, la no discriminación y la exclusión social.

3. La ausencia de voluntad política gubernamental para motivar políticas públicas con equidad de género.

Es evidente la ausencia de programas específicos para las mujeres víctimas de la guerra y del desplazamiento; contra el secuestro y las desapariciones forzadas; para la protección de las mujeres amenazadas o para las víctimas de ataques terroristas.

4. Las circunstancias de incumplimiento estatal asociadas a las condiciones de vulnerabilidad que genera el conflicto armado y el desplazamiento forzado fruto de la violencia sociopolítica, abren el camino para una profundización de la crisis humanitaria y un aumento particular de los niveles de riesgo de las mujeres, los niños y las niñas, debido a que la política de Seguridad Democrática es absolutamente incompatible con la normatividad internacional de los derechos humanos.

Anexo 1: Tipo de la muestra: Muestreo probabilístico estratificado, en hogares.

El marco muestral base para determinar número de encuestas a aplicar fue el monitoreo de desplazamiento forzado realizado por CODHES correspondiente al año 2002 y primer semestre del 2003.

1. Grupo objetivo: 110.884 Hogares de personas desplazadas durante el año 2002 y 2003, ubicadas en los principales municipios receptores de población desplazada del país.

• Tamaño inicial de la muestra: 1.910 encuestas.

• Tamaño de muestra aplicada: 1.933 encuestas.

2. Tema o temas a los que se refiere: En términos generales la encuesta permite recopilar características del momento del desplazamiento. El formulario agrupa la información de la siguiente manera: 1. Identificación y ubicación de la entrevista.

2. Datos del desplazamiento por causa de la violencia.

3. Forma de tenencia de la vivienda (actual) y servicios.

4. Ayudas y asistencia a la población desplazada.

5. Ubicación y estabilización.

6. Declaración y registro.

7. Datos de las personas que conforman el hogar.

8. Gastos y alimentos del hogar.

9. Seguridad alimentaria.

40

10. Datos generales cualitativos.

3. Técnica de recolección de datos: Entrevista personal cara a cara, con aplicación de un cuestionario estructurado en cada uno de los hogares.

4. Fecha de realización del trabajo de campo: Septiembre – diciembre 2003, enero-2004.

5. Nivel de confiabilidad estimado: 90%.

6. Área/ Cobertura: La muestra final incluyó 1933 hogares que registraron información de 9182 personas ubicadas en 112 municipios de 30 departamentos (Incluido Bogotá) agrupados en 7 regiones, así: Región 1: Guajira, Cesar, Magdalena, Norte de Santander Región 2: Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Santander Región 3: Chocó, Caldas, Valle, Risaralda, Quindío Región 4: Cundinamarca, Arauca, Casanare, Boyacá Región 5: Tolima, Meta, Huila Región 6: Nariño, Cauca, Caquetá, Putumayo Región 7: Guaviare, Vichada, Guainia, Amazonas Región 8: Bogotá.

Anexo 2: Metodología de encuentro El encuentro contó con 4 momentos dentro de los cuales se propusieron herramientas de monitoreo, discusión, seguimiento y formulación de propuestas. Un primer momento de presentación y contextualización de las problemáticas, un segundo momento de discusión temática sobre (1. Tierras, vivienda, ubicación y estabilización; 2. Caracterización de la Población desplazada; 3. Trabajo y Educación; 4. Asistencia Humanitaria y Salud.) Los resultados de la encuesta mediante grupos de discusión y relatores. Un tercer momento de sociliazación y construcción de recomendaciones. Y por último una sesión plenaria donde se analizaron los resultados de la encuesta según grupo de discusión y temática desarrollada en contraste con las recomendaciones abordadas. Todo esto fue sistematizado durante el encuentro mediante matrices de trabajo. En este evento participaron 21 organizaciones distribuidas de la siguiente manera: 1. Organizaciones sociales afectadas OREWA: Organización Regional Embera Wounán; Proceso 96: Asociación de Población desplazada; Corporación de Mujeres Interétnicas; Yo Mujer; LIMPAL; Mujeres del Catatumbo; Asociación de desplazados La Reliquia de Villavicencio; ADVICORA; Movimiento Popular de Mujeres (MPM); CRIDEC: Comité Regional Indígena de Caldas; Organizaciones sociales de Mujeres; Proyecto Pasos; Casa de la Mujer; Mujeres del Putumayo; CODHES; SISMA Mujer; Mesa mujer y Conflicto; CISALVA. 2. Grupos de investigación universitarios Universidad Javeriana: Flor Edilma Osorio; Universidad Nacional. Programa Iniciativas por la Paz (PIUPC): Belki Pulido; Universidad de Cartagena: Rosa Jiménez; Universidad del Valle: Maria Isabel Gutiérrez.

41

3. Cooperación Internacional •

Embajada de Suecia: Elizabeth Hellsten

•

Embajada de Suecia: Carolina Oshund

42

Bibliografía Asociación de Afrocolombianos Desplazados AFRODES. Forjamos Esperanza. Primer Encuentro Nacional de Afrocolombianos Desplazados. Publicaciones ILSA, Editorial UNIBIBLOS Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2001.

Avance del seguimiento a las recomendaciones de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Sra. Radhika Coomaraswamy. Mesa Mujer y conflicto armado. Bogotá, Colombia, octubre de 2002. Mímeo.

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* Esta investigación se realizó con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el desarrollo (ASDI/Embajada de Suecia), Consejería en Proyectos PCS, Programa Mundial de Alimentos PMA, Organización Internacional para la Migraciones OIM. Las afirmaciones, análisis y conclusiones son de autonomía y responsabilidad exclusiva de CODHES y en ningún momento comprometen a la Agencia donante.Documento elaborado bajo la coordinación académica de DIEGO HENAO y la participación del siguiente equipo de investigación: Madeleine Ahumada, Nubia Pedraza, Laura Valdés, Johanne Alvarez y Alfredo Díaz. Con el concurso de las personas que integran el Observatorio sobre Conflicto, DD.HH y Desplazamiento de CODHES.

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