BOLETÍN CODHES INFORMA #54: Tendencias del conflicto armado y de la crisis humanitaria... 2004 by CODHES

Codhes informa Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 54. Bogotá, 8 de julio de 2004 codhes @codhes.org.co fronteras@codhes.org.co www.codhes.org.co

Tendencias del conflicto armado y de la crisis humanitaria en zonas de frontera Junio – Julio – Agosto de 2004 Presentación Este documento se examina tres aspectos a través de los cuales es posible identificar las principales tendencias del conflicto armado interno en Colombia y las manifestaciones de la crisis humanitaria en las zonas de frontera con Panamá, Ecuador y Venezuela: 1. Las dinámicas del conflicto armado en estas zonas. 2. Los diferentes tipos de respuesta con los que la comunidad internacional y el gobierno nacional intentan garantizar el control estatal del territorio y de la economía en las fronteras, así como prevenir, atender y /o mitigar los efectos de la guerra. Dentro del análisis de estas respuestas se quiere identificar, entre otras, las transformaciones de las políticas de seguridad regional y nacional para enfrentar actividades vinculadas al cultivo de uso ilícito, y la producción, procesamiento y comercialización de drogas. 3. Los efectos del conflicto, así como los alcances de las políticas de seguridad sobre las condiciones y garantías para la protección de la población civil que vive en las zonas de frontera con Panamá, Ecuador y Venezuela. En este sentido, se examinan específicamente las tendencias del desplazamiento forzado y de las migraciones transfronterizas, así como las condiciones en que se presta la ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra.

2 Resumen Las tendencias observadas en relación con cada uno de los aspectos mencionados mostraron durante los meses de junio, julio y agosto lo siguiente: Conflicto armado interno • Intensificación del conflicto en la frontera con Venezuela, asociada a la disputa entre guerrillas y paramilitares por territorios aptos para los cultivos de uso ilícito y para el contrabando de drogas y armas, confrontación que afectó directamente a la población civil. • Incremento en enfrentamientos armados entre guerrillas y Fuerza Pública en la frontera con Ecuador y en el Sur-Oriente del país, como producto de la estrategia militar contra- insurgente que se adelanta en el marco de la iniciativa gubernamental denominada Plan Patriota. El desarrollo de tal estrategia comprende restricciones al ingreso y salida de víveres e insumos por parte de la Fuerza Pública, el bloqueo a la circulación de personas y la estrategia implementada por parte de las guerrillas y de los grupos paramilitares de sitiar comunidades. • Invisibilización del conflicto en la zona fronteriza con Panamá, así como el cierre total de la frontera con este país, que tiene efectos negativos para la protección de las personas que huyen de la violencia y buscan mejores condiciones de seguridad y protección en el territorio vecino. La situación igualmente genera consecuencias negativas a las organizaciones que prestan ayuda humanitaria en la región, específicamente en la posibilidad del acceso al refugio. •

Derechos Humanos y desplazamiento forzado Deterioro de la situación de derechos humanos e incremento del número de personas desplazadas en los municipios de frontera; para el año 2003 se desplazaron 19.378 personas en municipios de frontera; y sólo en los primeros seis meses del año 2004 se han desplazado 14.079 personas para los mismos municipios.

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En el Primer semestre de este año se han desplazados 32.601 personas en Departamentos de frontera.

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Los Departamentos fronterizos que registraron incremento en el número de personas desplazadas en el primer semestre del año 2004 son: La Guajira, Nariño, Vaupes y Vichada.

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La expansión de la crisis humanitaria hacia la Región de la Orinoquía y la Amazonía colombiana. Con consecuencias negativas para las condiciones de vida de las comunidades indígenas que viven en estos territorios, ya que las fumigaciones aéreas en los departamentos de Putumayo, Nariño y Eje Cafetero, están produciendo el traslado de cultivos de uso ilícito y la violencia organizada hacia estos departamentos limítrofes. Además, la ofensiva militar del Estado en territorios de presencia guerrillera (Caquetá, Putumayo y Meta) han generado el repliegue de las guerrillas hacia territorios con baja densidad poblacional y zonas selváticas, presionando a las

3 comunidades indígenas para garantizar el control en esta región del país.

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Políticas de seguridad y respuesta internacional al conflicto armado y al desplazamiento forzado Continuidad en las políticas de seguridad regional que privilegian respuestas militaristas por parte de países vecinos a Colombia, como medida para “prevenir” la expansión del conflicto armado colombiano en sus territorios. El apoyo económico del gobierno norteamericano para estrategias principalmente contra-insurgentes que desarrolla el gobierno colombiano. La aplicación de estrategias anti-narcóticos de carácter transnacional que contribuyen al cierre de fronteras en la región amazónica, principalmente en la frontera con Perú y Brasil. En el ámbito nacional, las continuas de fumigaciones aéreas a cultivos de uso ilícito y su reactivación de siembra en territorios con presencia de grupos paramilitares, donde hasta el momento no se estaba aplicando de forma sistemática la aspersión aérea. Se mantiene el flujo de colombianos hacia afuera del país, mientras la respuesta de los gobiernos de países vecinos se caracteriza por un cierre total de fronteras. Primero, mediante la militarización de zonas limítrofes con Colombia como principal estrategia para evitar la expansión del conflicto armado colombiano. Segundo, mediante prácticas en la política migratoria que consisten en el desconocimiento del derecho de los migrantes para solicitar asilo y recibir protección. Mientras el número de solicitudes de asilo de colombianos a gobiernos de otros países sigue creciendo, la proporción de solicitudes negadas respecto del total de solicitudes recibidas es cada vez mayor: En lo que va corrido del año el gobierno Ecuatoriano ha recibido 4.982 solicitudes de refugio, aceptando solamente 1.002 personas como refugiadas; el gobierno venezolano ha recibido 581 solicitudes de refugio, aceptando 45 de ellas (diciembre del año 2003); al gobierno de Panamá no se han presentado solicitudes de refugio, hasta el momento tiene 799 personas con status de protegido humanitario esperando que su situación sea definida. La situación de desplazamiento trans - fronterizo en esta frontera se encuentra totalmente invisibilizada.

4 I. Dinámicas del conflicto armado en las fronteras • En la frontera con Venezuela se observa una intensificación del conflicto armado durante los meses de junio y julio, que se caracteriza por: GUAJIRA Y NORTE DE SANTANDER a) Incursiones armadas de grupos al margen de la ley (guerrillas y paramilitares colombianos) en territorio venezolano, relacionadas con el clima de polarización política que experimenta ese país. Dicha polarización se incrementó durante los meses de mayo, junio y julio, previos al referendo realizado el 15 de agosto, cuyo propósito fue abrir un canal de participación para que el constituyente decidiera sobre la permanencia en el poder del actual presidente Hugo Chávez. Durante el mes de junio el gobierno venezolano reportó la presencia de grupos guerrilleros en su territorio, procediendo a la deportación hacia Colombia de ocho presuntos miembros de organizaciones insurgentes1. Antes de este hecho se había reportado en mayo la incursión de paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia y procedentes de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, en la frontera colombo-venezolana. Según reportes del gobierno e informes de diarios nacionales e internacionales, estos grupos tenían como propósito asaltar guarniciones militares y al gobierno de Chávez2. También se reportaron enfrentamientos entre grupos ilegales colombianos y fuerzas militares venezolanas3, tras lo cual el gobierno decidió militarizar más intensamente la frontera con Colombia4. Otros hechos estuvieron asociados a la lucha por la ratificación o destitución de Chávez en la presidencia. Por ejemplo, la ley de naturalización y regularización aplicada por el presidente Chávez durante la campaña previa al referendo, que permitió la cedulación de por lo menos un millón de personas entre colombianos y de otras nacionalidades que no tienen resuelta su situación migratoria5. Los eventos relacionados en la frontera con Venezuela muestran un riesgo de expansión del conflicto armado colombiano y una posible intervención militar en la zona, en el marco de las políticas de seguridad regional impulsadas por Estados Unidos. El general James Hill, Jefe del Comando Sur de Estados Unidos afirmó el 5 de marzo de este año, antes de llevarse a cabo el referendo en Venezuela, que “después de conocer los resultados 1

“Venezuela deportó a ocho guerrilleros”, Diario El Tiempo, Bogotá: 21 de junio de 2003, pág 1-3. 2 “Capturan paramilitares en Venezuela”, en www.BBC Mundo.com, versión del 9 de mayo de 2004. 3 “Militares Venezolanos abaten paras” en Diario El País, 18 de junio de 2004, página 10 A. 4 Encuentro entre Chávez y Uribe, televisado por Señal Colombia el 14 de Julio de 2004. 5 Según información entregada por funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) de Venezuela a CODHES.

5 (refiriéndose a los hechos de esta semana en Venezuela) que a medida que veo (a Venezuela) deslizándose más y más hacia el autoritarismo, me resulta preocupante y pienso que debería ser preocupante para todos nosotros” 6. Hoy, la situación no parece haberse estabilizado en su totalidad. La oposición acusa al gobierno venezolano y a sus seguidores de cometer fraude durante el referendo, a pesar de que los resultados han sido avalados por el Centro Jimmy Carter y por la OEA. La votación favoreció al presidente Chávez con un 58% de los votos contra un 42% obtenido por la oposición. b) La Disputa entre guerrillas y paramilitares por el control de territorios donde se concentran cultivos de coca, aptos para el contrabando de drogas, armas y precursores químicos. Esta disputa se desarrolla mediante confrontaciones armadas, pero también, mediante estrategias de guerra dirigidas contra población civil, en contra del principio de distinción contemplado en el Derecho Internacional Humanitario. 1. Los homicidios colectivos se han convertido en una práctica utilizada, tanto por los paramilitares como por las guerrillas, para apropiarse de recursos estratégicos. El domingo 18 de abril de 2004 aproximadamente 150 hombres identificados como paramilitares atacaron a la etnia Wayúu, asentada en la localidad de Bahía Portete, departamento de la Guajira, al Norte de Colombia, limítrofe con Venezuela. El efecto directo de este hecho violento fue el desplazamiento masivo de 300 indígenas hacia la ciudad de Maracaibo, Venezuela en busca de protección: “Nos desplazamos hasta acá para solicitar la ayuda y pedir la colaboración de los ciudadanos venezolanos y de los hermanos Wayúu (…) somos indefensos, no tenemos armas ni plata”, afirmó una mujer Wayúu, madre de tres hijos7. Por esta Bahía ingresa la mayoría del contrabando de mercancía que va hacia el resto del país, como electrodomésticos, licores, artículos de lujo. También entra y sale el grueso de la droga que se comercializa en otros países, así como armas adquiridas, por lo general, de forma ilegal. En esta zona la precaria presencia estatal8 facilita la operación de mafias y bandas que controlan estas dinámicas de economía ilegal y la inserción de los habitantes de la zona en dichas actividades. Por lo anterior, el Informe de la Sala de Situación Humanitaria del mes de junio de la Oficina de Naciones Unidas, presentó una alerta temprana en la que advierte el riesgo en que se encuentra la comunidad indígena de los

Ver http://historico.notitarde.com/2004/03/05/pais/pais81.html “Denuncian horribles matanzas en la frontera colombiana. Asciende a 300 cifras de desolazados wayuu en ZULIA” en Diario El Universal de Caracas. Ver http://www.eluniversal.com/2004/05/18/ccs_art_18292D.shtml 8 De acuerdo con el Índice de Desarrollo Construido por el Departamento Nacional de Planeación y actualizado para el año 1999, los niveles más bajos se encuentran en La Guajira. Los indicadores contienen cobertura escolar, índice de necesidades básicas insatisfechas, porcentaje de ingresos propios para el municipio, servicios públicos domiciliarios, entre otros. Ver www.dnp.gov.co 7

6 Wayúu, en la Guajira, por amenazas y asesinatos selectivos por parte de grupos armados al margen de la ley9. Ø El 16 de junio murieron 34 personas en una masacre cometida por grupos irregulares en el municipio de Tibú, centro de la región del Catatumbo10 en la frontera con Venezuela. Este hecho fue atribuido al Frente 33 de las FARC, como retaliación contra campesinos que trabajaban en cultivos de coca pertenecientes a presuntos grupos paramilitares. Ø Otra manifestación de la agudización de la crisis humanitaria en esta región, es el bloqueo y confinamiento de comunidades por parte de grupos paramilitares y guerrilleros que impiden el acceso a la zona, así como el ingreso y salida de víveres, alimentos y medicinas11. La masacre de la Gabarra en el Catatumbo, ocasionó el desplazamiento masivo de 40 familias (200 personas), hacia la ciudad de Cúcuta en el departamento de Norte de Santander, y hacia Santander y Cesar en la misma frontera. 2. Las fumigaciones en esta región se reanudaron en el mes de julio, y se calcula que en el Catatumbo hay unas 6.000 hectáreas de coca sembradas, para un total de 12.000 hectáreas en la zona rural de los municipios de Tibú, El Tarra, Convención y Hacarí. El señalamiento por parte de la fuerza pública a las personas afectadas por esta estrategia, pone en riesgo la seguridad personal de quienes quieren interponer quejas por los efectos indiscriminados de las fumigaciones, dando como resultado una desatención a la población12. 3. El gobernador de este departamento, Luis Miguel Morelli, así como la alcaldesa de Tibú, Pilar Ortega, afirmaron que paralelo a las operaciones de fumigaciones en el Catatumbo, “el gobierno debe dar soluciones sociales, debe haber precaución ambiental y apoyo a proyectos productivos”. 13

Sala de Situación Humanitaria, Informe de Junio de 2004, Vol. 3. No. 6. Pág. 6. La región del Catatumbo es una zona del departamento de Norte de Santander ubicado en la frontera con Venezuela, en donde confluyen factores del conflicto que han dejado en medio de la disputa por el control de la región, a la población civil, entre estos la lucha por el control de los cultivos de coca, las fumigaciones, los bloqueos y el confinamiento. 11 De acuerdo con información suministrada por las comunidades, el incumplimiento de la orden emitida por los grupos paramilitares de no transportar alimentos, resultó en el asesinato de un conductor el 28 de julio en el sitio Mata de Enea, según testimonios de pobladores de la zona. 12 El general Luis Alberto Gómez Heredia, director Nacional de la Policía Antinarcóticos, aseguró que “los subversivos intentarán evitar las fumigaciones, haciendo que los campesinos pongan quejas por el daño de cultivos de yuca plátano y otros”. Ver “Autoridades analizaron situación del Catatumbo” en Diario la Opinión, Cúcuta: 8 de julio de 2004. 13 “Preocupación en el Catatumbo” en Diario la Opinión, Cúcuta, 1 de Julio de 2004. 10

7 c) Deterioro de la situación de derechos humanos y degradación del conflicto en las regiones donde el gobierno concentra su política de seguridad democrática. ARAUCA La población civil se encuentra en medio de una intensa confrontación armada, que ha crecido como consecuencia de la disputa entre las guerrillas (ELN con presencia histórica en el departamento y FARC) y paramilitares (AUC), por el control de esta zona -estratégica por el petróleo y su comunicación hacia Venezuela-, mientras el gobierno intenta restablecer el control estatal con un fuerte dispositivo de militarización de la sociedad local y del territorio araucano. Tal vez Arauca sea uno de los departamentos con más personas armadas por número de habitantes y esto no lo hace, necesariamente, más seguro. Los efectos del conflicto armado se reflejan en un deterioro de la situación de derechos humanos en la región. De acuerdo con un informe de las Juntas de Acción Comunal y de la Asociación de Usuarios Campesinos presentada al presidente Uribe durante su visita al municipio de Tame el 14 de junio del 2004, en lo que va corrido de este año, se reportaron 107 crímenes de civiles en esa localidad y 800 en todo el Departamento entre el 2002 y el 2004. Los casos más graves sucedieron en forma simultánea con operativos militares, principalmente el denominado ‘Borrasca’ en el que participaron tropas de la Brigada XVIII, de la Brigada Móvil No. 5, del Batallón 43 de contraguerrilla ‘Heroes de Taraza’, del Reveiz Pizarro y del Navas Pardo. Este operativo se inicio el 20 de mayo del presente año, después de haberse desarrollado el operativo ‘Luna Roja’ durante septiembre, octubre y noviembre del 2003. Este último se caracterizó por las fumigaciones indiscriminadas para erradicar cultivos de uso ilícito en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. Según el informe mencionado, durante el operativo militar ‘Borrasca’ sucedieron 30 crímenes violentos: una masacre en la vereda Flor Amarillo del municipio de Tame entre el 21 y el 22 de mayo, en la que murieron 11 personas y desapareció una14; la masacre de 6 campesinos en la vereda Mata de Topocho del mismo municipio; el asesinato de 10 personas en zona rural de San Juan de Lope. También se reportaron otros hechos violentos cometidos por grupos paramilitares: la masacre en la vereda El Rosario del municipio de Arauca que dejo una decena de muertos15, la masacre de 6 personas en febrero del 2004 en Puerto Rondón y la masacre en Cravo Norte de 13 personas en marzo del 2004.

‘Un aporte a la verdad y a la memoria’, Informe de Verificación de la masacre del 19 y 20 de mayo del 2004, TAME, Arauca. 15 Ver ‘El régimen de Álvaro Uribe Vélez encarcela masivamente la dirigencia social, luego masacra al pueblo y ahora asesina sus voces’, Pronunciamiento de las organizaciones sociales del departamento de Arauca a la Jornada del Movimiento Sindical, 23 y 24 de Agosto del 2004.

8 De otro lado, la comunidad tiene informes de abusos de autoridad por parte del Ejercito Nacional, específicamente por el decomiso de productos comestibles procesados que van hacia las zonas rurales, bajo el argumento de que son para la guerrilla, lo que genera una grave crisis alimentaría en la zona. Las centrales obreras denunciaron la muerte en estado de indefensión y con características de masacre de tres sindicalistas que la Fuerza Publica presentó públicamente como “guerrilleros del ELN muertos en combate”16. Posteriormente, el 12 de agosto fueron detenidos otros dos sindicalistas del municipio de Arauquita, el secretario general de Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios y la presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia. A los dos se les expidió orden de captura por “rebelión y terrorismo”. Las organizaciones sociales consideran que las detenciones, judicializadas o no, masivas o individuales, están vulnerando el derecho al debido proceso y contribuyendo al clima de hostilidad contra el movimiento social y sindical. Se han presentado casos de ciudadanos que han sido detenidos hasta seis veces en un período de tiempo menor de cuatro meses. Estas detenciones van acompañadas de intimidaciones y presión psicológica sobre las personas retenidas, quienes son fotografiadas, reseñadas y perseguidas aun después de ser liberadas sin comprobarse cargo alguno en su contra. Las organizaciones de derechos humanos indican que en ninguno de los casos de probadas detenciones arbitrarias, el gobierno, la Fuerza Pública o la Fiscalía General de la Nación han hecho una rectificación pública para reestablecer la honra de las personas afectadas. Al contrario, sostienen, “algunas de estas personas han sido detenidas nuevamente con el pretexto de verificar sus antecedentes penales”. En el Departamento hay voces de diversos sectores políticos y sociales que consideran que “esta situación responde a un trabajo no muy profesional de la Red de Informantes o Cooperantes, integrada por reinsertados de grupos guerrilleros que reciben beneficios económicos y judiciales en pago por delaciones, al parecer inspiradas más en sesgados informes de inteligencia que en hechos reales”. La gente consultada por una reciente visita humanitaria dijo que esta red de informantes no solo ha involucrado civiles en el conflicto armado, sino que además, está generando desconfianza entre la población civil de Arauca. La versión tiene asidero, porque el 12 de noviembre de 2002 detuvieron 2.000 personas, las que fueron conducidas al estadio Jacinto Pérez del municipio de Saravena, de las cuales 96 fueron judicializadas. De esta “pesca milagrosa”, como la llaman en Arauca, 43 personas con amplia 16

Según la Central Unitaria de Trabajadores, los dirigentes identificados como Leonel Goyeneche, Jorge Eduardo Prieto Chamusero y Héctor Alirio Martínez fueron sacados de su lugar de habitación y asesinados en desarrollo del operativo militar realizado por la XVIII Brigada de Ejército. La misma central obrera afirma que desde el ano 2000 han sido asesinados 574 sindicalistas en Colombia.

9 trayectoria de líderes sociales y funcionarios públicos permanecen privadas de la libertad en las cárceles de La Picota y El Buen Pastor en Bogotá. Posteriormente, se desarrollan otras detenciones masivas en Arauquita casco urbano y en las veredas Oasis, El Triunfo y Aguachica. El 21 de agosto de 2003 fueron arrestados 34 dirigentes sociales de Saravena. El 22 de octubre del mismo año ocurrió la detención masiva de otros 18 funcionarios públicos y administrativos del Departamento. En febrero de este año se realizó otro operativo que dejó como saldo la detención de 21 personas en Saravena, Arauquita y en la vereda Esmeraldas de este municipio. La directora de la Asociación Campesina de Arauca, ACA, fue detenida en diciembre de 2003 acusada de rebelión y concierto para delinquir por narcotráfico, después de haber apoyado una misión internacional de observación a los efectos de las fumigaciones en el Departamento. Los testimonios en los que se basa la investigación de este caso que se encuentra en la Fiscalía General, son declaraciones de reinsertados y desertores de grupos guerrilleros, FARC y ELN.17 Las respuestas de la política de seguridad democrática, como las aplicadas en Arauca (detenciones masivas, restricciones a la movilización mediante retenes y redadas, inteligencia mediante allanamientos y registro de documentos, militarización, red de informantes, soldados campesinos, etc) no están siendo efectivas para controlar los territorios en disputa. El presidente de la Republica Álvaro Uribe Vélez hace la siguiente reflexión: “Yo haría este resumen bastante apretado: La situación puntualmente de Tame es grave, por terrorismo, robo de ganado y asesinatos selectivos. La situación general de Arauca ha mejorado enormemente en disminución de homicidios, en disminución de secuestro, en disminución de acciones terroristas contra el oleoducto y las torres de energía”.18 Sin embargo, las organizaciones sociales y las autoridades civiles de los municipios del Departamento afirman que, “los efectos de esta política de seguridad están afectando la democracia y la gobernabilidad. Hay un cierre de los espacios democráticos, de la deliberación pública de los derechos fundamentales de expresión, organización y movilización”, sostiene uno de los dirigentes políticos del Partido Liberal. Si hay algo en lo que se expresa coincidencia es en el empeoramiento de la crisis humanitaria en el Departamento, y en su principal manifestación que es el desplazamiento forzado. En lo que va corrido del año ha aumentado el desplazamiento forzado inter-veredal. Este tipo de desplazamiento es completamente invisible, debido a que ocurre durante los enfrentamientos entre los grupos armados, y no se registran en ningún lado porque esperan regresar en un corto tiempo a la vereda de origen. Las organizaciones sociales de la región han hecho un cálculo de 23.000 personas en situación de desplazamiento dentro del Departamento. En contraste, la Red de Solidaridad Social solo registra un acumulado desde 1998 hasta julio de 2004 de 7.346 personas, menos de la mitad. 17

‘El dedo acusador de los desertores’ en El Espectador, semana del 22 al 28 de agosto del 2004, Bogota: Pág. 7A. 18 http://www.ejercito.mil.co/detalleNoticia.asp?numDocumento=7412

De acuerdo con la información de la Red de Solidaridad Social, las principales causas del desplazamiento son: denuncias por amenazas de los paramilitares y abusos de la Fuerza Pública. Los principales municipios expulsores son Tame, Arauca y Saravena, es decir, la zona de rehabilitación y consolidación. Solo en el primer semestre de 2004 se han registrado 3 desplazamientos masivos: 1. 2.

De las veredas La Gloria y el Carmen del municipio de Arauquita salieron 70 personas por amenazas de grupos paramilitares. De Puerto LLeras, vereda del municipio de Saravena salieron 200 personas que cruzaron la frontera y solicitaron refugio en Venezuela. Hacia este país hay un dinámico flujo migratorio, pero no hay registros de todas las personas que cruzan la frontera. De las veredas La Esperanza, Pinalito y Flor Amarillo en el municipio de Tame salieron 135 personas después de la masacre de mayo mencionada anteriormente.

A esta situación se le suman las restricciones a la entrada y salida de personas, víveres, alimentos y medicinas, de que son victimas los habitantes de Arauca. Según testimonios de los habitantes de Saravena, Tame y Arauquita, cada vez que hay un operativo militar las autoridades militares cierran las carreteras e impiden el acceso y salida a la zona delimitada durante el tiempo que se necesite para el desarrollo de la operación. Por su parte, los grupos guerrilleros realizan paros armados que ocasionan perdidas económicas para los transportadores y producen desabastecimiento que afecta a los comerciantes y habitantes de la zona. El ELN realizó un paro armado en mayo de este año que obstaculizó las carreteras durante cinco días en los departamentos de Casanare, Arauca y Meta. • Traslado del conflicto hacia la Amazonía y Orinoquía en la frontera de Colombia con Brasil y Venezuela, donde la mayoría de los habitantes son comunidades indígenas. Esto está ocasionado una crisis humanitaria al interior de estos grupos étnicos que se expresa en el desplazamiento de comunidades enteras expulsadas de sus territorios ancestrales, el asesinato de sus líderes y la presión mediante acciones violentas, por parte de los grupos armados. La precaria atención humanitaria en estas regiones apartadas y de difícil acceso, es un factor adicional que influye en el deterioro de las condiciones de vida de la población de los departamentos de Vaupés, Guainía, Vichada y Amazonas, principalmente. Hacia estos departamentos se presenta el traslado de cultivos de coca y la lucha entre los actores armados por el control de las ganancias de este negocio a raíz, de las fumigaciones en el resto del país.

11 Gráfico 1. HECTAREAS SEMBRADAS DE COCA POR DEPARTAMENTO 1999-2003

70,000 60,000

1,999

2,000

2,001

2,002

2,003

50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 -

NARIÑO

GUAVIARE

M ETA

PUTUMAYO

BOLIVAR

ANTIOQUIA

NORTE DE SANTANDER

CORDOBA

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, 2004.

AMAZONÍA: Vaupes, Vichada, Amazonas La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), denunció el secuestro de 7 indígenas en el mes de mayo que se produjo cuando en el Departamento se adelantaban los comicios para elegir gobernador, alcaldes, Asamblea Departamental y Concejo Municipal. Las personas secuestradas cuando se desplazaban hacia las comunidades de Vista Hermosa, Palmar y Puerto Valencia, sobre el Caño Carurú. El grupo inicial estaba compuesto por doce personas, de las cuales cinco fueron dejadas en libertad posteriormente señaló la imposibilidad para ingresar a la zona ante los cruentos enfrentamientos entre las FF.MM y las FARC EP.19 Según datos de la Red de Solidaridad Social con sede en Vaupes, en este departamento hasta el mes de julio de este año se han presentado 310 desplazamientos individuales en el toda la región. Por último, algunos hechos refuerzan la tendencia del traslado del conflicto armado interno hacia la región de la amazonía. La estrategia de repliegue utilizada por los grupos guerrilleros ha generado un posicionamiento de este actor armado en regiones apartadas y selváticas donde se prevé nuevos escenarios de confrontación y crisis humanitaria, con estrategias tales como el confinamiento, campos minados, desplazamiento, traslado de cultivos de uso ilícito, reclutamiento forzoso, entre otros, con graves consecuencias para población indígena. José Soria, de la organización regional de indígenas del Amazonas, señaló que hace 10 años esta rica región era territorio de paz, pero que los actores armados lo han sembrado de terror, desplazamiento y muerte20.

19 20

http://www.etniasdecolombia.org/periodico_detalle.asp?cid=1764 “La Amazonía, asediada por el conflicto armado”, El Tiempo, marzo 10 de 2004.

12 De acuerdo con datos del sistema de información sobre pueblos indígenas de CODHES, los departamentos mas afectados por la situación de derechos humanos en el primer semestre del 2004 son los del suroriente del país, Putumayo, Caquetá y Vaupes. En el departamento de Vichada fueron masacrados 25 indígenas de la inspección de Palmarito y otros 25 indígenas han desaparecido. En este Departamento se está presentando un intensa lucha por el control del territorio y de cultivos de coca entre paramilitares y guerrillas, aunque según declaraciones de la ONIC (Organización Indígena Nacional de Colombia) puede tratarse de una lucha entre tribus21. Gráfico 2 Distribución Porcentual de los Departamentos Afectados Por Violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario de Pueblos Indígenas, Según Zonas de Frontera, Codhes Ene-Jun. 2004 Amazonas Norte De santander Guainía Vichada Nariño Caquetá Putumayo Arauca Vaupés Chocó 0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Fuente: Grupo de análisis sobre Etnias, Codhes. • En la frontera Sur con Ecuador y Perú se observa un incremento en la confrontación armada entre guerrillas y fuerza pública, y una expansión del conflicto armado que resulta en el deterioro de la situación de derechos humanos. Las comunidades indígenas del Sur temen la entrada de las tropas gubernamentales, que están penetrando el sur del país en su ofensiva contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Al respecto señala que, “El Plan Patriota” va a violentar más los derechos de los indígenas''22. PUTUMAYO: El departamento de Putumayo se ha visto afectado por los efectos del Plan Patriota, específicamente los desplazamientos individuales y masivos desde el Caquetá hasta este departamento y de este a Caquetá. De acuerdo con 21

“Masacrada comunidad indígena” en Diario el Pais, 19 de enero de 2004. “Indígenas colombianos enfrentan situación crítica”, http://noticias.vanguardia.com.mx/showdetail.cfm/376276/Ind%C3%ADgenascolombianos-enfrentan-situaci%C3%B3n-cr%C3%ADtica/ 22

13 información proporcionada por el COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, sólo durante el mes de julio, esta entidad prestó atención en a 1.502 personas en la ciudad de Florencia (capital de Caquetá) que se desplazaron de manera individual desde el departamento de Putumayo. En Putumayo también se han aumentado las acciones bélicas de las guerrillas, las cuales están orientadas a desestabilizar el orden público en regiones donde se concentran operativos militares y estrategias de seguridad. La confrontación armada entre grupos irregulares, y entre éstos y la Fuerza Pública es permanente, los combates y acciones bélicas han generado temor en la población civil, que ha optado por no movilizarse y permanecen confinadas en las zonas rurales de los municipios de La Hormiga, Orito, Puerto Asís, Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán. Los retenes de Fuerza Pública y grupos armados al margen de la ley por el río Caquetá y Putumayo han empeorado esta situación, ya que guerrillas y paramilitares tienen listas de campesinos que son retenidos y desaparecidos. A pesar de concentrar estrategias de seguridad basadas en el incremento de pie de fuerza y en labores de inteligencia compartida con países vecinos, el conflicto sigue mostrando índices de degradación, ya que el 21 de agosto los paramilitares del grupo Autodefensas Unidas de Colombia, cometieron una masacre en la que murieron 11 campesinos en zona rural del municipio de La Hormiga (Putumayo), durante una operación denominada “Rastrillo”. El Bloque Sur de las AUC participa en las negociaciones con el gobierno nacional, dentro de las que el cese de hostilidades es parte de los compromisos adquiridos por esta organización. Por otra parte, es necesario resaltar que este departamento como otros del Sur del país, se ha visto muy afectado por las fumigaciones realizadas en el marco del Plan Colombia, tal como lo denunció la ONG Washington Alianza Amazónica: “El Plan Colombia que cuesta más de 2.000 millones de dólares al año, sólo ha causado “destrucción ambiental y opresión a los indígenas”, mientras la exportaciones de cocaína no han disminuido y el número de usuarios ha aumentado en Brasil, Colombia y Europa”23. Las autoridades regionales como el gobernador del Departamento, se ha pronunciado frente ha este tema, planteando diferencias entre las posiciones de gobiernos subnacionales y el gobierno nacional, respecto a las políticas de seguridad24. Las comunidades de campesinos prefieren permanecer en sus territorios a pesar de las dificultades que enfrentan, ya que la desatención hace que sus condiciones de vida son aún peores en las zonas donde el conflicto tiene una intensidad relativamente baja. En contraste, miembros del resguardo indígena de la comunidad Siona en municipio de Puerto Asís, se desplazan permanentemente hacia Ecuador, retornando cuando la confrontación armada disminuye.

En: Portafolio, diario Empresarial y Económico de El Tiempo, Bogotá, 14 de julio de 2004: Pág 2. 24 “El Gobernador del Putumayo Carlos Alberto Palacios, afirmó ayer en Bogotá que no está de acuerdo con la fumigación aérea de los cultivos de coca que realiza el Gobierno Nacional” En El tiempo, julio 16 del 2004: Pág. 1-4.

14 NARIÑO: En el departamento de Nariño confluyen varias manifestaciones de la agudización del conflicto armado, como el incremento en los enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, y entre los primeros y la Fuerza Pública 25. En otros aspectos se refleja la agudización del conflicto, tales como la expansión de los cultivos de uso ilícito del Putumayo hacia varias zonas del departamento de Nariño26, las fumigaciones aéreas, el incremento en la tasa de recepción de población desplazada proveniente de departamentos vecinos27 (en especial del Putumayo), así como la expulsión de población hacia municipios fronterizos como Ipiales y hacia departamentos vecinos como el Cauca. Los principales centros de recepción de población desplazada en el departamento de Nariño son: Pasto, Samaniego, Taminango e Ipiales y el Pacífico nariñense. Ante la crítica situación que enfrenta la población desplazada en este departamento, varias agencias humanitarias han decidido brindar ayuda para 550 familias desplazadas asentada en varios municipios. Durante el mes de julio el COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA atendió en Popayán (Cauca) a 157 personas que se desplazaron de manera individual desde Nariño. Además, según el informe de junio del 2004 de la Sala de Situación Humanitaria de Naciones Unidas, durante este mes se emitió una alerta temprana sobre el municipio de Ipiales por la intensificación de prácticas de limpieza social, que obligaron a muchas personas a abandonar la ciudad por temor a desapariciones o asesinatos28. El traslado de cultivos de uso ilícito afecta varias zonas del departamento como Taminango, San Lorenzo con presencia de amapola y Tumaco con presencia de coca principalmente, con esto se han incrementado las fumigaciones y los operativos de incautación de droga y destrucción de laboratorios para el procesamiento de la hoja de coca. a) No hay un control civil sobre el desarrollo de los operativos militares para recuperar el control estatal en zonas con presencia histórica de la guerrilla. La llegada de grupos paramilitares a regiones donde antes no tenían presencia y las amenazas de la guerrilla contra funcionarios de gobiernos locales y población civil, así como ataques a la infraestructura, aumentan el riesgo en que se encuentran habitantes del Suroriente del país. Al respecto, los campesinos de Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá, epicentro de la guerra y escenario de desarrollo del Plan Patriota, afirman que “No se sabe quién está ganando la guerra, lo que sí sabemos es quien la está perdiendo: la población civil”. En esta región desde el inicio del Plan Patriota la crisis humanitaria ha aumentado, se presenta un confinamiento a lo largo del Río Caguán, desde su primer puerto hasta su 25

“Ola de ataques en el Suroccidente” en El País, julio 9 de 2004, Pasto: pág. 2A. “Destruyen cultivos de coca” en El Tiempo, julio 13 de 2004, Bogotá: pág. 1- 15. 27 Ver: Diario del Sur, julio 9 de 2004, Pasto: pág. 1C. Diario del Sur, julio 14 de 2004, Pasto, pág. 5B. Diario del Sur, julio 15 de 2004, Pasto: pág. 7B. 28 Informe de Sala de Situación Humanitaria de junio de 2004. 26

15 desembocadura en el departamento de Putumayo29. A pesar de contar con 8 mil hombres armados, el alcalde de Cartagena del Chairá se encuentra despachando desde Florencia. De otro lado, en agosto las comunidades reportaron la llegada de paramilitares de las AUC al casco urbano del municipio Desplazamientos masivos ocurridos por enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército, por amenazas de la guerrilla o por ocupación de territorio por parte de la Fuerza Pública en donde la población civil queda en medio del fuego cruzado. Es así como veredas enteras se han desplazado, es el caso de Peñas Coloradas, sector rural de Cartagena del Chaira, en donde por presión y por miedo salieron 1.987 personas en un solo evento (650 familias), según datos de la Personería de este municipio. Por las mismas razones han salido de su territorio 70 personas del Cumaral, 40 personas de Remolinos y unas 400 personas de Sardinata, veredas del mismo municipio, y 100 personas de zona rural del municipio de Monterrey en el departamento del Casanare. En Septiembre de 2003, en el municipio de Cartagena del Chaira, fueron detenidas 88 personas; 40 fueron liberadas al día siguiente de su detención, hasta el mes de diciembre del mismo año fueron liberadas otras 20 personas y hasta el mes de julio del 2004 quedaron en libertad otras 20 personas; hasta el momento, de las 88 detenidas sólo quedan 5 en poder de las autoridades. Es necesario resaltar que todas las personas detenidas fueron liberadas por ausencia de pruebas que sustentaran las acusaciones. Según datos de la Red de Solidaridad Social, en el departamento de Nariño hay cerca de 37.000 personas en situación de desplazamiento. b) Aumento en las restricciones en el transporte de víveres, en el ingreso y salida de alimentos, en insumos como la gasolina, en el ingreso y salida de dinero y en la movilización, por parte de la Fuerza Pública y como parte de la estrategia contra-insurgente del Estado. Esto, en el marco de bloqueos a la misión médica (la Organización de Médicos sin Fronteras ya no recorre el río Caguán por falta de garantías para su seguridad) y en general, a la ayuda humanitaria por parte de las guerrillas y los paramilitares está empeorando la crisis humanitaria. Sus manifestaciones más visibles son la desatención a las víctimas de la guerra, el desabastecimiento en la zona y los altos niveles de desprotección de las personas que viven en las zonas rurales. Varios hechos han dado cuenta de esta situación. En primer lugar, las estrategias de los grupos armados irregulares están afectando principalmente bienes fundamentales para la supervivencia de la población civil. La voladura del puente internacional que comunica al Putumayo con Ecuador, es parte de las acciones dirigidas a desestabilizar el “orden público” en la región, realizadas por las FARC30 en respuesta a la arremetida militar del Estado en regiones con presencia permanente de este grupo. 29

“El Río de la Guerra”, en Revista Semana, Bogotá, semana del 19 al 26 de Julio del 2004, 30 “Cambio de estrategia”, Diario El País, Cali: 4 de Junio de 2004, página 8A.

16 El departamento de Putumayo se ha visto afectado por el Plan Patriota y a su vez por las acciones que adelantan los grupos insurgentes en respuesta a este, tomando como parte fundamental de sus operativos el control de los ríos31 y otras vías de comunicación, ocasionando desplazamientos, tanto masivos como individuales, principalmente hacia el departamento del Caquetá32. Según los informes semanales del COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, en la primera semana de julio, del 5 al 11, esta entidad atendió en Florencia (Caquetá) a 163 personas que se desplazaron masivamente y a 291 que se desplazaron de manera individual desde el Putumayo. En la semana del 12 al 19 de Julio atendieron en Florencia a 320 personas desplazadas de manera individual. En la semana del 19 al 25 de julio atendieron a 269 personas y en la semana del 25 de julio y el 8 de agosto prestaron asistencia a 459 personas. Por otro lado, es necesario resaltar que este Departamento como otros del Sur del país, se ha visto muy afectado por las fumigaciones realizadas en el marco del Plan Colombia, tal como lo denunció la ONG Washington Alianza Amazónica33. También el Gobernador del Departamento se ha pronunciado frente ha este tema generando polémica con los niveles del Gobierno Nacional34. • Hay una invisibilización de la situación de conflicto en la frontera con Panamá y un cierre total del espacio humanitario en la región. De otro lado, la crisis humanitaria en esta zona se caracteriza por los bloqueos y confinamientos en municipios de Bojayá, Ungía y Riosucio, mientras la confrontación armada se extiende al Río San Juan y al Alto Baudó, donde se registran desplazamientos masivos. Durante el mes de junio la Sala de Situación Humanitaria reportó 3 eventos de desplazamiento masivos en el departamento del Chocó: 1. Municipio de Alto Baudó llegaron 15 familias (86 personas), provenientes del corregimiento Peña Azul. 2. Municipio de Belén de Bajirá llegaron 12 familias provenientes de la cuenca del Río Jiguamiandó. 3. Municipio de Carmen del Darién llegaron 34 familias provenientes de la cuenca del Río Jiguamiandó. 31

Testimonios de comunidades y “El Río de la Guerra”, en Revista SEMANA, del 19 al 26 de Julio del 2004, donde se presenta la importancia del Río Caguán en los operativos del Plan Patriota y desde su nacimiento hasta su desembocadura en el departamento de Putumayo. 32 Los informes semanales del COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA para el mes de julio indican que esta organización han prestado asistencia a población desplazada del municipio de Puerto Asís (Putumayo) en la ciudad de Florencia (Caquetá) principalmente provenientes de Putumayo. 33 “El Plan Colombia que cuesta más de 2000 millones de dólares al año, sólo ha causado destrucción ambiental y opresión a los indígenas, mientras la exportaciones de cocaína no han disminuido y el número de usuarios ha aumentado en Brasil, Colombia y Europa”. En Portafolio, diario Empresarial y Económico de El Tiempo, diario Empresarial y Económico de El Tiempo, Bogotá: 14 de Julio de 2004. 34 “El Gobernador del Putumayo Carlos Alberto Palacios, afirmó ayer en Bogotá que no está de acuerdo con la fumigación aérea de los cultivos de coca que realiza el Gobierno Nacional”, en El tiempo, Julio 16 del 2004: pág. 1-4.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia afirmó que hay 180 mil personas en situación de confinamiento en las riveras del río Atrato en el departamento de Chocó35. CODHES advirtió que durante este mes se mantuvieron situaciones de confinamiento a comunidades, especialmente en la región del Medio y Bajo Atrato. El 30 de mayo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró 12 civiles, secuestro que fue condenado por el Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH en Colombia36. El 16 de julio habitantes de la comunidad de Hoja Blanca, que se refugiaron durante cuatro meses en la Loma de Bojayá, retornaron a sus hogares después de haber salido en un desplazamiento masivo de 1.225 indígenas desde la región del Medio Atrato. El éxodo de las comunidades de Playita, Egoróquera y Unión Baquiaza, del río Opogadó, y las de Unión Cuití y Hoja Blanca, del río Bojayá, se dio entre el 20 y el 29 de marzo pasado, por los enfrentamientos entre el frente 57 de las FARC y el Bloque Élmer Cárdenas, de las autodefensas37. La Sala de Situación Humanitaria reportó el desplazamiento masivo de 75 familias (382 personas), que salieron desde las veredas de San Miguel y Andagoya hacia el casco urbano de Itsmina. El desplazamiento se produjo luego de 20 días de combates entre las autodefensas y las FARC. El Sistema de Alertas Tempranas informó que las poblaciones de Bojayá, Pogué, Caimanero, Corazón de Jesús, Napipí y Piedra Candela se encuentran en riesgo debido a que un grupo armado ha extendido su operación hacia la zona media y alta del Río Bojayá, como respuesta a las acciones bélicas de los actores armados ilegales. De otro lado, La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) envió la tercera semana de agosto a la región central del río San Juan, en Colombia, la primera misión humanitaria para asistir a unos 1.200 afro-colombianos desplazados que huyeron de sus poblados en la selva tropical. Según los testimonios, los desplazados abandonaron sus hogares a principios de mes debido a los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares. Los informes preliminares del ACNUR señalan que la crisis humanitaria en este grupo de población se deteriora rápidamente y podría llegar a afectar a 6.000 personas en un plazo breve38.

‘Inspeccion de ONU a Bojaya’ en Diario El Nuevo Siglo, 26 de enero de 2004, Bogotá: pág. 3. 36 Diario El Nuevo Siglo, junio 3 de 2004, Bogotá: pág. 3 37 Diario El Colombiano, julio 20 de 2004, Medellín: pág. 12A. 38 Trabajo de campo Codhes, Ver www.codhes.org.co, semana del 23 al 27 de agosto del 2004.

18 II. Respuesta del gobierno nacional y de la comunidad internacional al conflicto armado y sus efectos. • Las políticas de seguridad regional en el Área Andina, basadas en la guerra contra el terrorismo, continúan desarrollándose en el marco de una creciente militarización de las zonas limítrofes con Colombia por parte de los países vecinos. Esta estrategia, que pretende “prevenir” la expansión del conflicto colombiano hacia territorios de países vecinos, ha resultado en un cierre total de fronteras con consecuencias negativas para el desarrollo de actividades económicas, para la protección de población colombiana cuya vida e integridad personal se encuentran en alto riesgo y para el ejercicio de derechos como: el derecho a la libre circulación, a solicitar asilo o protección en países vecinos, a solicitar y prestar ayuda humanitaria en regiones afectadas por el conflicto armado. La zona más crítica en este sentido es la frontera con Panamá, específicamente el área conocida como el Darién panameño. Hay una vulneración sistemática del derecho a solicitar asilo en el país vecino, hasta el punto que no hay registros nuevos de solicitudes en los reportes del gobierno. En Ecuador, el Ejército instaló dos nuevos puestos de vigilancia en la frontera con Colombia con 320 hombres, para impedir la presencia de guerrilleros y narcotraficantes. El primero, es el puesto de reacción inmediata de Santa Cecilia, a unos 16 kilómetros de la frontera, que está integrado por una fuerza elite de 200 hombres. El segundo, denominado de Limbaqui, situado a 20 kilómetros de la frontera, que mantendrá el control en los Cascales, Gonzalo Pizarro y Sucumbíos. De acuerdo con pronunciamientos de Gustavo Tapia, jefe de la IV División del Ejercito del Ecuador, en esta región hay bases temporales, sitios de entrenamiento y laboratorios de procesamiento de coca de la guerrilla, así como plantaciones de coca en los ríos San Miguel y Putumayo39. Empiezan a aplicarse estrategias anti-narcóticos en el ámbito transnacional a través de actividades coordinadas entre los diferentes gobiernos de la Región Andina, ahora con la participación directa de Perú. El gobierno de Perú sostiene que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) están influenciando el crecimiento de cultivos de coca en ese país. El Ministro de Defensa de este país, Roberto Chaira, indicó que “Perú, Colombia y Brasil tienen una frontera entre los ríos Putumayo, Amazonas y Yavari, donde actúa una mafia internacional, y no sólo hay narcotráfico, sino también terrorismo y crimen organizado y trafico de madera. Estos problemas requieren soluciones conjuntas, por lo tanto, los tres ministros de defensa firmaron un acuerdo para combatir la delincuencia internacional”, mientras Brasil espera autorización de Estados Unidos para vuelos de vigilancia para contrarrestar el narcotráfico.40

‘Ecuador refuerza controles en la frontera con Colombia’ en Diario El Universo, agosto del 2004, ver www.eluniverso.com/12h 18. 40

“Lucha contra las drogas” en www.nuevoherald.com del 29 de Julio de 2004.

19 • En el ámbito nacional, la lucha contra las drogas sigue reducida a las fumigaciones para afectar el eslabón más bajo de la cadena del narcotráfico, desconociendo la efectividad y obligación de promover alternativas de erradicación concertada con las comunidades. Además, se adelantan fumigaciones aéreas en zonas con presencia de grupos paramilitares, que anteriormente no habían sido afectadas por la aspersión aérea. Tal como se ha presentado en el Nudo de Paramillo (Departamento de Córdoba)41. En el departamento de Boyacá, en municipios de la zona esmeraldera se venía aplicando la erradicación manual forzada a cargo de reinsertados de grupos armados ilegales, y se calcula que erradiquen 600 hectáreas de cultivos de coca.42 De igual forma, se inician en el mes de julio fumigaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta contra cultivos de uso ilícito, ocasionando una fuerte crisis social, económica y humanitaria. Ante las denuncias de los campesinos, el Defensor del Pueblo, Rafael Caro, dijo que: "Existe una verdadera crisis humanitaria, porque no tienen medios de subsistencia, están pasando hambre por la destrucción de los cultivos alimenticios y nos preocupa en especial los niños que habitan en la zona".43 Los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia mantienen la estrategia de erradicación forzada por aspersión aérea como único mecanismo para reducir la oferta de coca sembrada en la región. Los resultados de las fumigaciones para el año 2003 registrados en el informe de Naciones Unidas44, fueron calificados como “positivos” por el gobierno colombiano. Según este informe, el país redujo las hectáreas sembradas con coca en un 16% entre 2002 y 2003, al pasar de 102.000 a 86.000 hectáreas, y aseguró que "de mantenerse esta tendencia vamos a lograr una disminución muy alta". Con este argumento el gobierno ha anunciado que en el 2004, piensa fumigar 130.000 hectáreas, de las cuales ya se han asperjado 70.000 hectáreas. La ONU puso en evidencia que a pesar de estos resultados positivos los cultivadores de coca están adoptando estrategias para contrarrestar el efecto de la lucha contra las drogas, como el desarrollo de una variedad de planta que produciría más coca que las especies que se utilizan en la actualidad. Además, los cultivadores están sembrando las plantas en territorios más reducidos para maximizar el uso de la tierra, ubicándolos en montañas y laderas que dificultan la fumigación o escondiéndolos bajo bosques. Hay una atomización de los cultivos acompañada del traslado de cultivos a tros departamentos del país. 41

“Fumigaciones contra cultivos de uso ilícito en el Nudo de Paramillo con el apoyo de la Brigada móvil Nº 1 del ejército Nacional de Colombia” Diario Hoy, 27 de julio 2004, Bogotá: pág 8. 42 “Desmovilizados erradicaran coca manualmente”, Diario El Heraldo, junio 8 de 2004. 43 "Crisis Humanitaria por fumigaciones aéreas" en Defensor del pueblo, El Heraldo, 26 de julio de 2004, Barranquilla: pág. 6C. 44 Colombia Coca Survey 2003, United Nations Office on Drug and Crime, Bogotá: junio de 2004.

Según el informe, los departamentos que presentaron mayor reducción en el área sembrada son: Putumayo con un 45% menos, este pasó de 13.725 hectáreas sembradas de coca en el 2002 a 7.559 en el 2003; Guaviare que tenía 27.381 en el 2002 pasó a 16.163 en el 2003, reportando una reducción del 41%. En contraste, departamentos fronterizos a estos territorios de fumigaciones presentaron un considerable aumento en las hectáreas sembradas de coca. Así, Meta tenía 9.222 hectáreas sembradas de coca en el año 2002 subiendo su producción a 12.814 hectáreas de coca sembrada en el 2003, lo que significa un aumento del 39%. El departamento de Nariño en el 2002 registró 15.131 hectáreas de coca sembrada y en el año 2003 esta cifra ascendió a 17.628, creciendo en un porcentaje del 17%. En el estimado final de áreas sembradas no se incluyeron 547 hectáreas a las que no se les hizo verificación de campo, pero fueron detectadas en las fotografías satelitales. El reporte las llama "alerta temprana". Corresponden a zonas de 11 departamentos donde se constató la presencia de nuevos puntos de siembra, que marcan una tendencia a la expansión de estos cultivos hacia la Amazonía en la frontera de Colombia, compartida con Brasil y Perú, así como hacia el Chocó en frontera con Panamá45. Estas tendencias contrastadas con las de la actividad armada, muestran que hay una relación cada vez mayor entre la confrontación armada y el control de zonas aptas para el cultivo de coca y amapola. Es decir, se refuerza la tesis según la cual las fumigaciones desplazan la dinámica y los cultivos a zonas donde es más difícil aplicar una erradicación forzada. De la mano de los cultivos, se trasladan y repliegan los grupos irregulares que viven del negocio de la coca, muchos de los cuales han trasladado sus redes a países vecinos. El gobierno desconoce que las fumigaciones están poniendo en peligro la sostenibilidad ambiental y sanitaria de las comunidades, así como su seguridad alimentaría, forzándolas a salir desplazadas de estos territorios. De acuerdo con cifras proporcionadas por consultorios jurídicos de la Universidad de Nariño, en Pasto, principal municipio receptor de población desplazada, 2 de cada 5 personas cuya declaración es rechazada y no ingresan en el Sistema Único de Registro del gobierno para personas desplazadas por la violencia, son desplazadas por efecto de las fumigaciones y esta es la razón de su rechazo. Durante el mes de junio, en el municipio de La Hormiga departamento de Putumayo, 20 familias, aproximadamente 100 personas, tuvieron que abandonar sus territorios porque las fumigaciones sobre sus cultivos de pan coger no les dejaron otra opción. Estas personas no recibieron, ni recibirán ninguna ayuda por parte del Estado, pues nunca son reportadas por los sistemas de registro. La mayoría de las comunidades situadas en los territorios fumigados han sufrido consecuencias negativas a nivel físico, ambiental y social. Las fumigaciones han hecho que alternativas a la erradicación forzada, como los 45

“En tres años se redujo área de cultivos ilícitos a la mitad en Colombia, según reporte de la ONU” en Diario El Tiempo, Bogotá: junio 25 de 2004.

21 Pactos Sociales entre el gobierno y las comunidades, hayan fracasado. Durante la misión de observación a los efectos del Plan Colombia en Nariño y Putumayo convocada por CODHES y MINGA en abril de 2004, se recogieron testimonios de comunidades que dan cuenta de un incumplimiento por parte del gobierno frente a los compromisos que adquirió en los Pactos para iniciativas locales de erradicación temprana (PILDAET) en Putumayo. Los cultivos que hace parte del PILDAET fueron fumigados el año pasado y en este momento están siendo fumigados afectando a 700 familias que cultivan pimienta, palmito y chontaduro, entre otros. Durante la mencionada misión también se verificó que en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, fueron fumigados los cultivos agrícolas financiados por ECOFONDO (Cooperación Holandesa). Las comunidades afectadas afirman que el Estado ha perdido credibilidad frente a los cultivadores que ya no creen que haya voluntad para apoyar soluciones diferentes a la fumigación para la erradicación de cultivos de uso ilícito46. No obstante, la erradicación manual a cargo de desmovilizados aparece como algo nuevo en este contexto, sólo que hasta el momento se está desarrollando en zonas de presencia principalmente paramilitar: 50 desmovilizados de la guerrilla de las FARC adelantan el programa piloto de erradicación manual de cultivos de uso ilícito en el occidente de Boyacá47, a quienes en contraprestación el gobierno les apoya con vivienda, alimentación y dinero. Esta región tiene aproximadamente 600 hectáreas cultivadas de coca, cantidad muy pequeña comparada con las cifras registradas en el resto de los departamentos. Salvatore Mancuso, jefe paramilitar afirmó que las AUC tienen voluntad para erradicar manualmente 50.000 hectáreas de coca de los territorios controlados por esta organización48. Esta opción no ha sido consultada con los campesinos de regiones con fumigación intensa de zonas como Nariño, donde la concertación con comunidades ha sido nula. La aplicación regional de estas estrategias no obedece a un criterio claro, en la medida en que la erradicación manual no ha sido concertada con todas las comunidades donde hay reportados cultivos de uso ilícito. De otro lado, la erradicación manual y forzada a cargo de reinsertados de grupos armados, envía un mensaje confuso en términos de la sanción para quienes se benefician del negocio de la droga, ya que sus miembros pasan de infractores a “justicieros”, sin que hayan sido sometidos a ningún proceso de judicialización para esclarecer o castigar su participación en actividades ilícitas. En síntesis, el manejo que se le está dando al tema de la lucha contra las drogas está invisibilizando los efectos de las fumigaciones en la salud, el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno con los 46

Informe Misión de observación a los efectos del Plan Colombia, realizada entre abril 19 y 25 de 2004 y convocada por CODHES y MINGA. En mimeo 47 “Brigada´de Desmovilizados contra la coca” en Diario EL País, Cali: 3 de junio de 2004. 48 Diario, El Tiempo, Bogotá: 5 de Abril de 2004.

22 campesinos que se comprometieron a erradicar, la destrucción de cultivos de pan coger, los efectos en el medio ambiente y en los recursos hídricos, los desplazamientos y la expansión de la violencia en regiones que viven de estas economías como Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Arauca, entre otras. De los 189 municipios cultivadores, hay presencia de grupos guerrilleros en 162 y de paramilitares en 86. En 43 municipios donde están presentes los dos grupos, hay cultivos de coca. • Se observa una injerencia más directa del gobierno de Estados Unidos en el desarrollo del conflicto armado colombiano, mediante la aprobación en el Congreso de ese país, de ayuda económica para la estrategia de lucha contra-insurgente impulsada por el presidente Álvaro Uribe, más conocida como “Plan Patriota”. Esta estrategia consiste en el despliegue de una ofensiva militar permanente en zonas que se encuentran bajo el dominio de grupos guerrilleros. La participación militar directa en una estrategia principalmente contrainsurgente que tiene un componente importante de lucha contra las drogas. El Plan Patriota es la puesta en marcha de una estrategia en común, entre Estados Unidos y Colombia en contra de la subversión, que se ha visto como la segunda fase del Plan Colombia49. Fue aprobada una ayuda de 570 millones de dólares para asistencia técnica militar. Los dineros que recibirá Colombia deben ser aprobados por el Senado y están destinados para el mantenimiento de las labores de fumigación, la compra de equipo, entrenamiento militar y operativo, y el apoyo de las brigadas 5 y 18 en Arauca, encargadas de la protección del oleoducto Caño Limón Coveñas. De estos 570 millones de dólares, un porcentaje será para apoyo a los desplazados, programas de desarrollo alternativo, reformas a la justicia y fortalecimiento de los Derechos Humanos. “Así mismo, un total de 108 millones de dólares para apoyar la estrategia de seguridad del Plan Patriota, esta partida es diferente del Presupuesto de operaciones extranjeras, y está destinada para apoyo operativo (entrenamiento, equipos, repuestos, mantenimiento e infraestructura) y equipos especializados que incluyen armas, visores nocturnos y equipo de comunicaciones. El énfasis será en la Brigadas móviles, las fuerzas de reacción rápida (FUDRA) y los batallones comando y Lanceros y el objetivo será derrotar a terroristas y narcotraficantes de alta prioridad. Además, un total de 1.7 millones de dólares se usarán para entrenar militares con énfasis en el respeto a los Derechos Humanos”. 50 Durante el mes de junio de 2004, se desarrollaron una serie de debates en el Congreso de los Estados Unidos liderado por el senador Demócrata Robert Byrd, de Virginia del Este, sobre la conveniencia de aumentar el límite permitido de tropa norteamericana en territorio colombiano. El gobierno de 49

El gobierno de Estados Unidos destina cada día, en promedio, 1 millón 680 mil 555 dólares en el marco del componente militar del Plan Colombia. Ver “Los costos de la guerra”, en Boletín número 44 de CODHES. 50

“Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba 108 millones de dólares para el Plan Patriota” en El Tiempo, versión electrónica de julio 17 de 2004. www.eltiempo.terra.com

23 George Bush solicitó un incremento de 400, para los militares y de 200, para los contratistas, con el fin de reforzar la estrategia del presidente Uribe denominada “Plan Patriota”51. Sin embargo, la Cámara de Representantes sólo autorizó un incremento de 100 militares y mantuvo el límite vigente de contratistas52. Con 48 votos a favor en el Senado de EE.UU, se logró limitar el respaldo militar al Plan Patriota. Las principales razones expresadas por los senadores que votaron en contra de la solicitud del presidente Bush, se refieren al riesgo de una “vietnamización de este conflicto interno”, ya que para el Senador Byrd “Colombia sigue siendo un país muy peligroso y volátil y el incremento del personal de Estados Unidos no sólo pondría a más estadounidenses en riesgo sino que aumentaría las posibilidades de que Estados Unidos se vea arrastrando aún mas en esta guerra civil”53. Otras organizaciones de la sociedad civil norteamericana expresaron su oposición a esta solicitud: “El tope de tropas fue una buena idea cuando se reguló por primera vez y hoy tiene más importancia aún”, destacó John Walsh, representante de WOLA. “Con la presencia de fuerzas militares estadounidenses alrededor del mundo estirándose peligrosamente y el potencial cierto de una rápida expansión de la misión militar de Estados Unidos en Colombia, este no es un momento oportuno para desechar el tope de tropas” dijo Walsh. “El voto de ayer demuestra que el Congreso no está de humor para darle a la administración de Bush y al Pentágono vía libre en la política estadounidense hacia Colombia”.54 Por otra parte, el General James Hill55, máximo mando del Comando Sur, durante su visita a Colombia en el mes de Junio, aseguró que “el objetivo del Plan Patriota es traer a los grupos armados a la mesa de negociación antes del 2006”. También mencionó que la solución al problema de Colombia no es solo militar sino que tiene que ver con el fortalecimiento de la gobernabilidad, y que el éxito del Plan Patriota depende del liderazgo del presidente Uribe, del apoyo continuo de Estados Unidos y de que el pueblo colombiano sea consciente que se requiere de un “sacrificio”. ¿Quién debe asumir ese sacrificio y que implicaciones tiene? ¿Son la vida y los bienes de la población civil no combatiente parte del sacrificio? Son preguntas inciertas. Por su parte, la canciller colombiana Carolina Barco señaló que el Plan Colombia y el Plan Patriota son dos estrategias totalmente diferentes, que 51 Los militares norteamericanos vendrían a labores de entrenamiento, inteligencia, logística y planeación. 52 “La meta del Plan Colombia es traer a las FARC a la mesa” dice el comandante Sur de E.U” en Diario El tiempo, versión electrónica de junio 23 de 2004. 53 “Aumento de tropas para respaldar Plan Patriota se salvó en trámite en Estados Unidos”. El Tiempo, versión electrónica de junio 23 de 2004. 54 www.wola.org http://216.239.39.104/translate_c?hl=es&u=http://www.wola.org/Colombia/troop_ cap_span_release_051304.htm&prev=/search%3Fq%3Dwola%26hl%3Des%26lr%3 D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG 55 Jefe militar de Estados Unidos para América Latina y el Caribe.

24 tienen enfoques y financiación distintas, lo que no significa que los militares que recibieron instrucción dentro del Plan Colombia no puedan aplicar estos conocimientos en las acciones del Plan Patriota 56. Estas contradicciones en los pronunciamientos del gobierno colombiano y norteamericano, reflejan falta de claridad en la participación de Estados Unidos dentro de las estrategias de seguridad regional, cuyo foco es Colombia. De otro lado, el gobierno Británico defendió la asistencia militar que le suministra a Colombia a pesar de las críticas de los parlamentarios y de algunas organizaciones de Derechos Humanos, que mostraron su preocupación por las abusos de autoridad por parte de las Fuerzas Armadas del Estado y un posible vinculo entre ellas y los grupos de autodefensa. 57 • En contraste, funcionarios de la administración Bush hacen públicas sus críticas frente al proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia y guardan silencio sin que se conozca su opinión frente a los acercamientos que permitan a futuro, los diálogos entre gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Varios hechos reflejan esta posición. Fueron congelados dos millones de dólares, prometidos al gobierno de Uribe el año anterior por la entonces embajadora de Estados Unidos en Colombia, Ann Patterson, para la desmovilización de las AUC58. Esta decisión fue expresada por el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Wood, quien sostuvo que “No estoy seguro que las autodefensas tengan como meta algo político. Sólo tienen un programa: narcoterrorismo y una sola agenda: destrucción". De otro lado, hay un silencio evidente frente a la probabilidad de reiniciar diálogos entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero del ELN.

III. Efectos del conflicto armado: Desplazamiento Forzado y crisis humanitaria. • De acuerdo con la información consignada en el sistema de información de CODHES, en los últimos seis meses se incrementó el número de personas en situación de desplazamiento a nivel nacional (datos de personas recepcionadas). La información consignada en la Tabla 1 muestra que durante el primer semestre de 2004 en el país se desplazaron 130.346 personas, de las cuales 32.601, es decir el 25%, se encuentran en zonas de frontera. Durante el primer semestre del 2003 este número fue de 119.690 personas, lo que 56

Diario El Universo, Quito, Ecuador: 8 de mayo de 2004. “Londres mantendrá ayuda a gobierno Uribe” en La Prensa, Panamá: Julio 21 de 2004. 58 “Embajador de Estados Unidos se muestra escéptico frente a diálogo con Autodefensas” en Diario El Tiempo, Bogotá: 28 de Junio de 2004.

25 significa un incremento del 8% para el periodo enero a junio del 2004 respecto al mismo periodo del año pasado, a pesar de que durante el periodo comprendido entre julio y diciembre del 2003 el número de personas fue de 86.917. El incremento para el país en la cifra de desplazamiento, entre el segundo semestre del año pasado y el primero de este año, fue del 70% aproximadamente. Tabla 1. Número de personas desplazadas por semestre 2003-2004 Departamento 1sem03 2sem03 1sem04 Incremento ARCHIPIEALGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA 0 Y SANTA CATALINA 0 15 15.00 AMAZONAS 88 48 70 0.80 GUAINIA 135 26 149 1.10 VAUPES 7 19 207 29.57 VICHADA 113 24 277 2.45 BOYACA 892 430 801 0.90 ARAUCA 2,325 642 973 0.42 GUAVIARE 912 2,007 1,085 1.19 QUINDIO 259 435 1,131 4.37 CORDOBA 2,212 470 1,183 0.53 RISARALDA 2,627 704 1,376 0.52 CHOCO 3,135 2,037 1,707 0.54 ATLANTICO 1,170 2,377 1,870 1.60 CUNDINAMARCA 11,498 1,831 1,885 0.16 TOLIMA 1,027 2,394 2,254 2.19 CAUCA 2,789 1,361 2,654 0.95 HUILA 2,291 1,639 3,185 1.39 SUCRE 3,249 2,567 3,503 1.08 CALDAS 1,873 4,274 3,704 1.98 CASANARE 924 529 3,847 4.16 VALLE DEL CAUCA 6,123 5,290 3,985 0.65 BOLIVAR 6,768 3,007 4,226 0.62 MAGDALENA 5,022 3,692 4,537 0.90 PUTUMAYO 5,489 2,897 4,874 0.89 NARIÑO 4,309 4,681 5,280 1.23 SANTANDER 3,504 3,117 5,632 1.61 META 2,753 5,721 5,964 2.17 CESAR 8,128 4,365 6,192 0.76 NORTE DE SANTANDER 7,978 4,255 6,274 0.79 LA GUAJIRA 3,084 1,062 6,598 2.14 BOGOTA D.C. 5,464 7,610 14,066 2.57 CAQUETA 5,670 8,447 15,187 2.68 ANTIOQUIA 17,872 9,959 15,655 0.88 TOTAL NACIONAL 119,690 87,917 130,346 1.09

Fuente: Sistema de Información de CODHES Los departamentos con mayor número de personas desplazadas en el país durante el primer semestre de 2004 son: Antioquia, Caquetá, Bogotá, La Guajira y Norte de Santander. Esto es un reflejo de la intensa confrontación armada que se reporta en la frontera con Venezuela que resulta en una vulneración de la población civil que vive en esta zona.

26 El departamento de Caquetá, al Sur del país, es el segundo, después de Antioquia, con mayor número de personas desplazadas en Colombia; lo cual da cuenta de la magnitud del desplazamiento forzado en esta región donde se adelanta una ofensiva militar intensa contra la guerrilla, en el marco del Plan Patriota, y que mantiene a la población civil en medio del fuego cruzado, sin garantías para el control civil sobre los operativos de la Fuerza Pública y sin garantías para prestar, solicitar o recibir ayuda humanitaria en medio de presiones por parte de todos los grupos armados contra agentes humanitarios. En este departamento, durante el primer semestre de 2004, el número de desplazados fue casi tres veces mayor que el reportado durante el primer semestre de 2003 y reporta más personas recibidas como desplazadas en su territorio, que Bogotá. Grafico 3. Número de personas desplazadas por semestre 2003-2004 20,000 18,000 16,000 14,000

Primer semestre 2003 Segundo semestre 2004 Primer semestre 2004

12,000 10,000 8,000 6,000 4,000

ARCHIPIEALGO AMAZONAS GUAINIA VAUPES VICHADA BOYACA ARAUCA GUAVIARE QUINDIO CORDOBA RISARALDA CHOCO ATLANTICO CUNDINAMARC TOLIMA CAUCA HUILA SUCRE CALDAS CASANARE VALLE DEL BOLIVAR MAGDALENA PUTUMAYO NARIÑO SANTANDER META CESAR NORTE DE LA GUAJIRA BOGOTA D.C. CAQUETA ANTIOQUIA

2,000

Departamento

Fuente: Sistema de Información de CODHES

En los departamentos de frontera se desplazaron 32.601 personas y en municipios territorialmente fronterizos se desplazaron internamente 14. 079 personas59. Los que presentan un mayor 59

Municipios territorialmente fronterizos: ARAUCA, ARAUQUITA, CRAVO NORTE,FORTUL,PUERTORONDON,SARAVENA,TAME,CUBARA,BARRANCAS,DIBULLA,DISTRACCION, EL MOLINO, FONSECAHATO NUEVO, MAICAO, MANAURE, RIOHACHA, SAN JUAN DEL CESARURIBIA, URUMITA, VILLANUEVA, ABREGO, ARBOLEDAS, BOCHALEMA, BUCARASICA, CACHIRA, CACOTA,

27 incremento durante el primer semestre de 2004, respecto del primer semestre de 2003, fueron Vaupés con un incremento en el número de personas desplazadas en casi 30 veces, pasando de 7 a 207 personas desplazadas respectivamente; Caquetá con un incremento de 2,7 veces pasando de 5.670 personas a 15.187; Vichada con un aumento de más de dos veces pasando de 113 a 227 personas desplazadas; Guajira con un incremento de 2 veces pasando de 3.084 a 6.598 y Nariño con un aumento de más de una vez pasando de 4.309 a 5.280 personas. El deterioro de las condiciones y garantías para permanecer en estas zonas, evidencia que el conflicto se está desplazando hacia la región Sur Oriente, frontera con Brasil y Perú, mientras en el Sur se mantiene la ofensiva militar y las presiones sobre la población civil por parte de las guerrillas y paramilitares, en un pulso por ganar el control de estos territorios. Los gráficos 4 y 5 muestran una comparación por trimestre y por tasa de desplazamiento entre el año 2003 y el año 2004. Las tendencias observadas para cada trimestre evidencian un incremento del desplazamiento en los departamentos que limitan con Brasil, Perú y Venezuela, principalmente en Caquetá, para el primer trimestre del año 2004. Gráfico 4. Tasa departamental de desplazamiento (recepción) 1er trimestre 2003 vs 1er trimestre 2004 2,500

Tasa x 100 mil habts

2,000

1er trimestre 2003 1er trimestre 2004

1,500

1,000

NACIONAL R

VAUPES

VICHADA

VALLE DEL CAUCA

SUCRE

TOLIMA

SANTANDER

QUINDIO

RISARALDA

PUTUMAYO

NORTE DE SANTANDER

META

NARIÑO

MAGDALENA

HUILA

LA GUAJIRA

GUAINIA

GUAVIARE

CORDOBA

CUNDINAMARCA

CESAR

CHOCO

CAUCA

CASANARE

CALDAS

CAQUETA

BOYACA

BOLIVAR

BOGOTA D.C.

ARAUCA ARCHIPIEALGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ATLANTICO

ANTIOQUIA

AMAZONAS

Departamento

Fuente: Sistema de información de CODHES. Los departamentos que registraron un mayor incremento en la tasa de desplazamiento, entre abril y junio de 2004 respecto al mismo periodo de, 2003, son: Vaupés, que pasó de una tasa inferior de 1 a una de 971 desplazados por cada 100 mil habitantes; Putumayo que pasó de 558 durante el segundo trimestre de 2003, a 914 para el mismo periodo en el 2004. La Guajira mantuvo su tendencia, pasando de 165 en el 2003 a 449 en el 2004; Guainía, Nariño, Vichada y Norte de Santander también muestran un incremento durante este segundo trimestre frente al comportamiento que registraron durante el 2003. En estas regiones60 predominan economías ilícitas basadas en el cultivo de la hoja de coca o en el contrabando de armamento y mercancías para el comercio, así como bajos niveles de desarrollo humano. Estas características hacen a la población más vulnerable, en la medida en que el riesgo de vincularse a la economía de la guerra es cada vez mayor y la posibilidad de mantenerse al margen del conflicto es cada vez menor. El departamento de 60

Amazonas, Vaupés y Putumayo forman parte de los denominados Nuevos departamentos, en razón a que se erigieron como tal con ocasión de la Constitución del año de 1991.

29 Cesar ha tenido Índices de Desarrollo Humano de 0.724 en el 2000 y de 0.722 entre el 200161. Para los otros tres departamentos llamados –Nuevos Departamentos- el Índice de desarrollo Humano del año 2000 es de 0.749, que está por debajo del Índice Nacional de Desarrollo Humano que es de 0.764 y la presencia de instituciones civiles del Estado es precaria. Además, estas son regiones donde la política de los gobiernos de países vecinos (Perú y Brasil específicamente) es cerrada en materia de inmigración a su territorio y casi nula en términos de la protección que ofrecen a extranjeros colombianos solicitantes de asilo en su país. Así, estas regiones pueden convertirse próximamente en zonas de disputa donde prevenir la expansión del conflicto con medios exclusivamente militares va a ser difícil, con daños irreversibles para la población civil, principalmente indígena. Tabla 2 TOTAL DE POBLACION POBLACION INDIGENA AMAZONAS 72.350 20.521 PUTUMAYO 340.911 24.391 VAUPES 30.529 21.504 FUENTE: www.dnp.org.co, Población según DANE: población según departamentos para el año 2001. DEPARTAMENTO

PORCENTAJE 28.36 7.15 70.44 Proyecciones

Las anteriores tendencias reflejan un traslado de la crisis humanitaria y del conflicto armado hacia la región amazónica, principalmente los departamentos de Vaupés y Vichada en la frontera con Brasil. Estos departamentos están marcados por la dinámica de traslado de cultivos de uso ilícito desde Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, donde actualmente se intensifican las fumigaciones. De otro lado, en estas regiones se está experimentando el repliegue de las FARC como efecto de la ofensiva militar que se adelanta dentro del “Plan Patriota” en los departamentos de Caquetá, Meta y Putumayo.

61 El Índice de Desarrollo Humano-IDH-diseñado en 1990 por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, se basa en tres indicadores: Longevidad, medido en función de la esperanza de vida al nacer; Logro educativo, medido en la combinación de la tasa de Alfabetización de adultos y de la tasa de escolarización combinada de los tres niveles (primaria, secundaria y superior); y nivel de vida, medido por el PIB per cápita real. El valor del IDH indica cuanto le falta a un país (o una zona o una región) para alcanzar ciertos objetivos definidos: duración media de la vida hasta edades avanzadas, acceso de enseñanza para todos y nivel de vida decorosos.

Grafico 6 Tasa Departamental de desplazamiento por semestre 2003-2004 Frontera con Venezuela y Brasil 1,400

Primer Sem 2003 1,200

Segundo sem 2003

1,000

Primer Sem 2004

800 600 400 200

TOTAL NACIONAL

VICHADA

VAUPES

NORTE DE SANTANDER

LA GUAJIRA

GUAINIA

CESAR

ARAUCA

Fuente: Sistema de información de CODHES.

La tasa de desplazamiento (recepción) por 100 mil habitantes aumentó en el departamento de Vaupés de forma dramática, registrando un incremento de 26 personas por cada 100 mil habitantes en el primer semestre de 2003 a 748 personas por cada 100 mil habitantes el primer semestre de 2004. Es decir, un incremento de casi 10 veces en una zona donde no existía reporte de desplazamiento. En el departamento de La Guajira la tasa de desplazamiento en el primer semestre de 2003 fue de 606 y para el mismo período en 2004 la tasa de desplazamiento fue de1.275, un incremento de casi 10 veces, visibilizando la grave situación que afrontan las comunidades que allí habitan. Grafico 7. Tasa Deparatmental de Desplazamiento por Semestre 2003-2004 Frontera con Ecuador y Perú 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

Primer Sem 2003 Segundo Sem 2003 Primer Sem 2004

AMAZONAS

NARIÑO

CAQUETA

PUTUMAYO

Fuente: Sistema de información de CODHES.

TOTAL NACIONAL

La tasa de desplazamiento por cada 100 mil habitantes aumentó durante el primer semestre de 2004 en el departamento de Caquetá, pasando de 1.271 en el primer semestre de 2003 a 3.334, reportado en el mismo periodo de 2004. Nariño pasó de 251 para el mismo periodo de 2003, a 302 para el mismo periodo de 2004. Gráfico 8 Tasa Deparatmental de Desplazamiento por Semestre 2003-2004 Frontera con Panamá 800

CHOCO

700

TOTAL NACIONAL

600 500 400 300 200 100 0 Primer Sem 2003

Segundo Sem 2003

Primer Sem 2004

Fuente: Sistema de información de CODHES. La tasa de desplazamiento (recepción) por 100 mil habitantes reportó una disminución en el departamento de Chocó, pasando de 761 en el primer semestre de 2003 a 412 en el primer semestre de 2004. Es necesario tener en cuenta que aunque se presenta esta leve disminución, la tasa departamental sigue estando por encima del promedio nacional, situación que evidencia la grave crisis humanitaria que se está presentando en la zona. • Solicitud de asilo y migración forzada al otro lado de las fronteras. Se observa un aumento en la cifra de solicitudes de refugio en los países vecinos. Estos efectos se están trasladando hacia países vecinos, en la medida en que se mantiene el flujo de personas que salen de Colombia buscando protección en países fronterizos. El gobierno Panameño ejerce un fuerte control en la zona fronteriza, ubicando patrullas de la marina que cuidan el acceso fluvial y marítimo, impidiendo el paso de colombianos indocumentados. De acuerdo con información de organizaciones no gubernamentales panameñas, las embarcaciones son requisadas constantemente, solamente si tienen 500 dólares pueden comprar el ingreso al país vecino, de lo contrario, los motoristas pueden ser acusados de tráfico y trata de personas. Además, unidades del RECOM (Reconocimiento y Combate) se encargan de devolver a

32 territorio colombiano a cualquier persona que esté indocumentada en la frontera. La invisibilización de la situación de los colombianos que están en territorio panameño se desconoce, debido al cierre del espacio humanitario que se viene implementando en ese país. Según varias ONG de Panamá, para acceder a las zonas de frontera, se debe tener permiso del Ministerio de Gobierno y Justicia Panameño, lo cual ha generado la imposibilidad de acceder directamente a las comunidades receptoras en zonas fronterizas. El reciente presidente electo de Panamá, Martín Torrijos, manifestó su preocupación por el gran número de colombianos desplazados por la violencia que se encuentran en su territorio. Ratificó su intención de dar continuidad a la política de repatriación que adelantó la anterior administración de Mireya Moscoso. Además, hizo explícita su intención de colaborar con las políticas del gobierno Uribe respecto a la seguridad y la prevención de la expansión del conflicto colombiano a los países vecinos. Por el Lado de Venezuela, la situación no es mejor. En estos dos meses (Junio-Julio 2004) han pasado cerca de 500 personas la frontera con ese país. En la masacre de los Wayúu, cerca de 306 indígenas cruzaron la frontera, pero no han solicitado refugio formalmente, ya que esperan volver a territorio colombiano tan pronto se mejore la situación de violencia en el Norte de la Guajira. Como consecuencia del recrudecimiento de la violencia en Arauca, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR, reveló que 200 colombianos llegaron al vecino país huyendo de Puerto Lleras, vereda del municipio de Saravena (Arauca), a causa de los enfrentamientos entre los grupos armados. Hasta el momento, la situación de los colombianos en ese país es de desprotección. Las personas solicitantes de refugio no pueden trabajar, tienen problemas de vivienda y no se adecuan a la situación política de Venezuela. Además, la atención que les brinda ACNUR dura solo tres meses y luego quedan desamparados en espera de una respuesta a su solicitud, que dura poco más de un año en procesarse. En el Estado de Táchira, la Localidad de Ureña de Venezuela, reporta aproximadamente 4.000 colombianos en su territorio, quienes se han ido asentando allí desde hace unos 10 años. La gran mayoría de estas personas están solicitando asilo formalmente62. Por el lado Ecuatoriano: Este es el país que más recibe colombianos huyendo de la violencia y de las fumigaciones. Según datos del ACNUR, Ecuador mensualmente reciben cerca de 900 solicitudes de asilo y refugio.

“Los Refugiados de Ureña” en Diario El Tiempo, Bogotá: 22 de julio de 2004.

33 En el Foro Social de las Américas, que se llevó a cabo en Quito, Ecuador, el representante del Servicio Jesuita para los Refugiados, José Rafael Núñez, denunció que este país se encuentra en la zona gris (área de países que no respetan a los refugiados) y puede ponerse en ruta para ser juzgado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos63. Según ACNUR, desde el año 2000 hasta la fecha han llegado 7.472 refugiados. Entre el 2000 y 2004 se recibieron 26.713 solicitudes, de las cuales 19.241 no fueron aceptadas por considerar que son personas que solicitan asilo por motivos económicos, no porque son forzadas a salir de su país a causa de la violencia. En este escenario, CODHES y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, presentaron una Amicus Curiae, (o amigos de la Corte) ante el Tribunal Constitucional (TC) de Ecuador, donde reportan los efectos nocivos de las fumigaciones sobre la población civil colombiana y ecuatoriana, y solicitan el respeto de una franja de 10 kilómetros entre Colombia y Ecuador para no aplicar fumigación. Ante este hecho, el vicecanciller ecuatoriano, Edwin Jonson, reaccionó apoyando la posición de la delegación gubernamental colombiana, encabezada por el ex coronel Luís Alfonso Plazas Vega, quien desconoció la solicitud de respetar los 10 kilómetros de distancia entre el limite fronterizo colombo ecuatoriano y el área de fumigación en territorio colombiano. Jonson, sostiene que exigir los 10 kilómetros de franja de protección interfiere con la soberanía colombiana64. En esta frontera, después de la captura de Simón Trinidad, uno de los comandantes de la guerrilla de las FARC, se ha endurecido la política migratoria, y a partir del mes de marzo se exige el documento de Pasado Judicial para pasar la frontera. Esto ha contribuido a que la comunidad receptora vea con desconfianza a la población colombiana que traspasa la frontera en busca de protección. CODHES ha recibido denuncias de malos tratos hacia los colombianos por parte de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y se han presentado brotes de xenofobia. Según información suministrada por la oficina de ACNUR en Venezuela, los principales motivos de solicitud de asilo en Ecuador y Venezuela se deben a la persecución que ejercen los grupos armados en contra de la población civil, entre ellos, activistas de Derechos Humanos e inclusive, en autoridades departamentales.

“Ecuador, criticado en Foro por trato a refugiados” en Diario El Universo, Quito: Julio 28 de 2004. 64 Boletín de Prensa, INREDH, mes de julio de 2004.

34 Tabla 3. SOLICITUDES DE REFUGIO-aceptadas y rechazadas en ECUADOR, VENEZUELA Y PANAMA 2003 - JUNIO 2004

PAIS

Solicitudes 2003

Acumulado: Solicitudes 02004

Acumulado: Solicitudes Aceptadas

Solicitudes I – Semestre 2004

Solicitudes Aceptadas I- Semestre 2004

Solicitudes Negadas I – Semestre 2004

ECUADOR

11.463

26.703

7645

4982

1001

2311

VENEZUELA

1.345

2.800

129

130

PANAMA

1.546

(829)*30 status de refugiado 799 con status de protegido humanitario

581 a 31 Mayo 0

Fuentes: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Ecuador, Venezuela y Panamá, Comisión Nacional de Refugiados Venezuela.

*Nota Aclaratoria: Las cifras de Panamá son el resultado de un censo realizado por La Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), y el consulado colombiano. Pueden haber quedado por fuera del censo cerca de 50 personas. Estas personas son las que entraron a Jaque en Panamá, después de la toma del municipio de Jurado en Colombia (Chocó) y de la muerte del Alcalde en el año 2001, en el Darién del Centro. No hay registro de las personas que han entrado a este país en los últimos tres años.

35 Gráficos 9 y 10 Solicitudes de Refugio / Solicitudes Aceptadas 2000- Junio 2004 30000 25000

Solicitudes

20000

Aceptadas

15000 10000 5000 0 Ecuador

Panama

Venezuela

Paises con mayor Nº de solicitudes de refugio / Solicitudes Aceptadas 1999-2003 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Solicitudes Aceptadas

Estados Unidos

Mexico

Costa Rica

España

Reino Unido

Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Los colombianos residentes, legal o ilegalmente en los países vecinos, han visto desmejoradas sus condiciones de vida porque ha aumentado la xenofobia por parte de la comunidad receptora, cerrándoles las posibilidades de llevar una vida digna y superar los traumas del conflicto armado colombiano. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) en Colombia, alertó sobre manifestaciones de xenofobia contra colombianos en el Ecuador. Los residentes de este país manifiestan su temor ante la posible llegada de delincuentes. El discurso del presidente Uribe, mediante el cual niega la existencia de un conflicto armado interno y reduciéndolo a una guerra entre terroristas y buenos ciudadanos. Esto tiene un impacto claro en el tipo de respuesta por parte de los gobiernos vecinos a la crisis humanitaria como consecuencia de la guerra, ya que si no hay un conflicto armado no se puede distinguir entre civiles y combatientes, entonces ¿a quién atender en los cordones fronterizos? La respuesta es evitar que los colombianos logren pasar la frontera y entrar a sus territorios para controlar y contener el conflicto. Para los cinco primeros meses del presente año, la situación no ha cambiado sustancialmente. Según datos del ACNUR65, en Ecuador se han presentado 65

Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

36 4.375 solicitudes de asilo para un promedio de 875 por mes, aproximadamente el mismo valor registrado durante el 2003. En Venezuela se han presentado 581 solicitudes para un promedio de 116 al mes, frente a 1.345 solicitudes registradas durante el año pasado. En Panamá, la situación es más crítica, no sólo porque esa frontera mantiene altos niveles de confrontación armada, sino porque la legislación interna de ese país en el tema migratorio no otorga el status de refugiado. En su lugar, el gobierno aplica el término de “protegido humanitario” con serias restricciones para el ejercicio de derechos a quienes solicitan esta protección temporal. En conclusión, pareciera que las respuestas de los distintos gobiernos de la Región Andina y de Estados Unidos para evitar la internacionalización del conflicto colombiano, no han sido efectivas. Al contrario, durante el mes de junio se presenta un traslado de grupos armados irregulares y de cultivos de uso ilícito acompañado de un cambio en las estrategias de guerra. De otro lado, el incremento e internacionalización de la crisis humanitaria ocurre de la mano de una invisibilización de fenómenos como el desplazamiento, ya que hay altos niveles de subregistro, específicamente, en zonas afectadas por fumigaciones. Esta situación también se está presentando en los países vecinos, ya que los refugiados no quieren solicitar formalmente la protección en contextos de estigmatización, xenofobia y guerra indiscriminada en las fronteras. Lo anterior provoca una situación de desatención, casi total, frente a estos sectores de la población civil. Es necesario adelantar un debate con el fin de identificar respuestas adecuadas para enfrentar las consecuencias internacionales del conflicto y mantener una agenda regional, más allá de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, a fin de integrar los temas humanitarios y re-plantear los términos de la cooperación internacional. • Los gobiernos de países vecinos a Colombia están respondiendo con medidas que perjudican la seguridad humana de la población civil que sale a buscar protección en sus territorios. Las deportaciones se están convirtiendo en una práctica sistemática e invisibilizada. Según datos oficiales del gobierno colombiano, en Venezuela, desde enero hasta junio de 2004, 526 personas han sido deportadas por la guardia Venezolana hacia el municipio de Maicao (La Guajira); en estos casos no hay distinción entre migrantes económicos y personas que se desplazan por causa de la violencia. Ecuador: La Policía Migratoria de Ecuador arrestó a 55 jóvenes de origen colombiano, durante controles migratorios en la ciudad de Quito, por encontrarse haciendo mal uso de sus visas; estos jóvenes fueron deportados por las autoridades Ecuatorianas.

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IV. Conclusiones. ¿Quién va ganado la guerra?

Varias conclusiones se desprenden de las tendencias examinadas en este documento.

• Sobre la evolución del conflicto armado colombiano, la información recogida en el periodo que va de junio a agosto de 2004, muestra una expansión del conflicto a nuevas zonas, específicamente a las fronteras, e incluso, se reportan eventos violentos asociados al conflicto en territorio venezolano. De otro lado, la llegada de grupos paramilitares a municipios donde antes no tenían presencia estos grupos (específicamente a Cartagena del Chaira en Caquetá) y el repliegue de grupos guerrilleros hacia la Amazonía y Orinoquía en frontera con Brasil y Perú (departamentos Amazonas, Vichada y Guainia), muestran una agudización de la guerra y una intensificación de la confrontación armada. • Lo anterior ha deteriorado la situación de derechos humanos en el país. La situación más crítica se encuentra en las regiones fronterizas donde se concentra la política de seguridad democrática, con énfasis en la lucha contra insurgente, y en aquellas zonas vecinas a los Departamentos donde se aplican estrategias anti - drogas. Es el caso de Arauca, Caquetá, Putumayo y Norte de Santander. En estos departamentos la población civil se ve expuesta a crímenes de lesa humanidad, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y desplazamientos forzados. De otro lado, en estas zonas no hay garantías plenas para el ejercicio de derechos civiles y políticos, y se ven amenazados los requisitos mínimos para que permanezcan autoridades civiles, ya que la vida e integridad personal de alcaldes y gobernadores está amenazada por guerrillas y paramilitares. Varios hechos dan cuenta de un régimen democrático cada vez más frágil en estas regiones. El secuestro múltiple de funcionarios públicos en Samaniego, departamento de Nariño, el exilio del alcalde de Cartagena del Chaira en Caquetá, el secuestro del alcalde de Ricaurte en el departamento de Nariño; las detenciones arbitrarias por parte de la Fuerza Pública contra el alcalde de Saravena en el departamento de Arauca y contra candidatos a la gobernación del mismo departamento, durante el 2003 y contra otros funcionarios públicos de ese departamento. • Respecto a los efectos del conflicto sobre la población civil que vive en las zonas de frontera (principalmente dinámicas del desplazamiento forzado interno y transfronterizo, así como de las solicitudes de asilo en países vecinos), las cifras del sistema de información de CODHES muestran un incremento en el número de personas desplazadas (recepción desde el ultimo trimestre del 2003 hasta el segundo trimestre del 2004), sobre todo, en los departamentos de Guainía, Arauca, Guajira, Putumayo, Vaupés, Norte de Santander, Vichada y Caquetá, en ese orden de importancia. Esta tendencia también se observa para el total nacional de personas reportadas en situación de desplazamiento forzado, que pasó de 32.337 entre octubre y diciembre de 2003, a 73.674 entre mayo y junio de 2004. En síntesis, el incremento en el número de personas desplazadas en estas regiones muestra que la política de seguridad democrática y las estrategias de seguridad regional basadas en la militarización de zonas limítrofes a Colombia, no están mejorando las condiciones de protección de la población civil ni su seguridad personal.

• La situación de las personas que solicitan asilo en países vecinos a Colombia o que salen a buscar protección -temporal o permanente- en estos territorios sin registrarse, es cada vez más difícil. El cierre de fronteras no solo esta impidiendo el paso de colombianos al exterior, sino que además, está generando un desconocimiento del derecho de las personas a solicitar asilo, evidenciando tasas muy bajas de reconocimiento del status de refugiado a ciudadanos colombianos, por parte de los gobiernos internacionales. El alto número de solicitudes negadas en Venezuela y Ecuador, así como un desconocimiento total de este derecho en Panamá, reflejan esta tendencia. • El incremento en la ayuda militar norteamericana para los países de la Región Andina, así como las fumigaciones intensas en Colombia, muestran que las políticas de seguridad regional siguen concentrándose en torno a la lucha contra el terrorismo y las estrategias anti- narcóticos, mientras la ayuda humanitaria sigue relegada a un segundo plano y la solución pacífica a los conflictos aparece fuera de la agenda. • Todo lo anterior muestra que no se sabe hasta el momento quién está ganando la guerra, pero sí se sabe quién la está perdiendo: la población civil. Es importante para el debate tomar como referencia los indicadores señalados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo durante el foro “Quién va Ganando la Guerra”66. De acuerdo con el PNUD, ganar la guerra significa también mitigar su impacto mientras dure, así como generar condiciones para una paz firme y duradera, lo cual supone, como mínimo:67 1. Evitar que el conflicto se extienda a nuevas víctimas, comunidades y regiones, todo lo cual, según hemos examinado previamente, no se está dando. La expansión del conflicto a las fronteras con Brasil y Perú, de la mano del traslado de cultivos hacia estas zonas, reflejan que no hay una recuperación efectiva del control estatal en los territorios apartados. 2. Disminuir el número de combatientes ilegales y personas afectadas. El incremento en más del 100% del número de personas desplazadas en el país. Entre el último trimestre de 2003 y el segundo trimestre de 2004, se muestra que no se ha disminuido el número de víctimas de la guerra. De otro lado, territorios vecinos a zonas donde se concentran políticas de seguridad, muestran que este fenómeno está asociado al reclutamiento forzado. Por ejemplo, las principales causas de desplazamiento forzado en Nariño es el reclutamiento por parte de grupos irregulares. 3. Impedir la degradación posterior a las acciones. Las masacres de la Gabarra en Norte de Santander, la de los Wayúu en La Guajira y la de líderes sociales y sindicales en Arauca, así como la masacre de campesinos en Putumayo, muestran una degradación del conflicto armado cuyas

Desarrollado en Bogotá, los días 26 y 27 de julio, Foro convocado por El Tiempo, Caracol Radio, Caracol Televisión, Revista Semana y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 67 Libreta de Apuntes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para sobre el Foro ¿SE ESTA GANANDO LA GUERRA?

39 consecuencias son la desarticulación del movimiento social y la desintegración del tejido social. 4. Resarcir a las víctimas inocentes. En fallo impuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 25 de agosto de este año, halló responsable a la Policía y al Ejército por no actuar para evitar que integrantes del grupo armado ilegal Autodefensas Unidas de Colombia, incursionaran en la Gabarra, municipio de Tibú, Norte de Santander entre mayo y agosto de 1999. 5. Reducir los efectos dañinos del conflicto sobre el desarrollo humano. 6. Castigar a los responsables de conductas criminales. 7. Acortar la duración del conflicto y poner punto final a las acciones Armadas. 8. Asegurar que la solución “final” se ciña a los cánones de la justicia y cause el menor daño posible a la economía, a la democracia y al futuro de Colombia.

Esta investigación se realizó con el apoyo de Project Counselling Servive –Colombia y Programa de Fronteras (PCS). Las afirmaciones, análisis y conclusiones son de autonomía y responsabilidad exclusiva de CODHES y en ningún momento comprometen a la Agencia donante. Documento elaborado bajo la coordinación académica de Marcela Ceballos y la participación del siguiente equipo de investigación: Madeleine Ahumada, Pilar Velásquez y Cristina Díaz. Con el concurso de las personas que integran el Observatorio sobre Conflicto, DD.HH y Desplazamiento de CODHES.