BOLETÍN CODHES INFORMA #56: Desplazados en el limbo. 2005 by CODHES

Codhes informa Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 56. Bogotá, 1 de febrero de 2005 codhes @codhes.org.co www.codhes.org.co Conflicto armado y crisis humanitaria sostenida:

DESPLAZADOS EN EL LIMBO1 En el año 2004 se revirtió la tendencia de contracción del desplazamiento observada en 2003 y la migración forzada interna vuelve sobre los niveles críticos de los últimos seis años, tanto en términos absolutos (número de personas), como en el impacto sociodemográfico (tasa de desplazados por cada cien mil habitantes), y en la expansión territorial del fenómeno (número de municipios afectados). Al menos 287.581 personas, que integran en promedio 61.182 hogares, fueron desplazadas en Colombia durante el año 2004, en el contexto de una crisis humanitaria crónica y sostenida, que puede profundizarse si se agrava y extiende el conflicto armado interno en el país.

Crisis humanitaria crónica y sostenida Promedio de personas expulsadas por trimestre entre 1999 y 2004: 77.692

149387 113502 101200 92925

90810 91566

100309 86543

90179

82056

Linea promedio trimestral 73674

67726 76716

73548 65586

63825

56672

59485

56924

75158

55580 51964

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Este informe fue elaborado con el apoyo de: Lutheran World Relief-LWR, Agencia Española de Cooperación Internacional-AECI, Consejería en Proyectos-PCS, Consejo Noruego para los Refugiados-NRC, OXFAM-GB y ACNUR. Las afirmaciones aquí expresadas no comprometen en modo alguno a estas entidades.

Si bien esta cifra da cuenta de un incremento del 38.52% con relación al año 2003 (cuando más de 207.607 personas fueron desplazadas), el problema estructural es la continuidad del desarraigo de miles de personas que huyen de las zonas de confrontación. Entre 1999 y 2004 se registró, en promedio, el desplazamiento forzado de 77.692 personas por trimestre; es decir, en los últimos seis años, cada día fueron desplazadas alrededor de 863 personas dentro del territorio nacional Una de las características del período es el crecimiento del desplazamiento individual y unifamiliar y la disminución de los eventos masivos, de mayor impacto y visibilidad pública en el país. Si bien es cierto que la disminución de los desplazamientos masivos tiene que ver con la disminución de las masacres, también lo es que el incremento de los desplazamientos individuales o unifamiliares tiene relación con la persistencia de los asesinatos selectivos, el aumento de las amenazas y la generalización de las detenciones masivas, indiscriminadas y arbitrarias. El Estado, en general, y los últimos dos gobiernos en particular, no han logrado detener este éxodo, que continuó en los tiempos de los diálogos en el Cagúan, persiste en medio de las conversaciones de Santa Fe de Ralito, y se sostiene en el marco de la política de “seguridad democrática”. Esto es así porque no se han logrado articular respuestas estructurales que modifiquen las causas y factores generadores de desplazamiento forzado. Tampoco se han establecido acciones duraderas de prevención, protección y atención integral, debido, entre otras razones, a que esta crisis humanitaria sigue ausente de la agenda prioritaria del Estado. En el año 2004, un total de 788 municipios de los 34 departamentos del país recibieron población desplazada, (117 más que en 2003), lo cual significa que el mapa del desplazamiento cubre el 70% de los municipios del país. Todos los actores comprometidos en el conflicto armado (Fuerza Pública, Paramilitares y guerrillas) desarrollan prácticas que agreden a la población civil e implican graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. La situación tiende a ser más crítica si, adicionalmente, el gobierno nacional persiste en negar la existencia de este conflicto armado interno, la continuidad de la crisis humanitaria y la aplicabilidad del derecho internacional humanitario-DIH. Esta interpretación política desconoce principios básicos como el de distinción entre combatientes y no combatientes, y pretende ignorar que, aún en medio de la confrontación, la población civil es sujeto de derechos. Bajo esta lógica, si no hay conflicto, ni aplica el DIH, entonces no habría civiles desplazados, con lo cual se crean condiciones para el desarrollo de una cultura contraria a los Derechos Humanos en el país. Además, este espejismo puede conducir al establecimiento de mecanismos de inaplicación, parcial o total, del marco de protección a las víctimas del conflicto armado interno.

De manera equívoca, la lectura gubernamental podría sugerir que la población en situación de desplazamiento y otras víctimas del conflicto se encuentran en un limbo jurídico. Más allá de las interpretaciones políticas, debe quedar claro ante la comunidad internacional y la opinión pública nacional que en Colombia hay un conflicto armado interno, que este conflicto afecta a la población civil y que, respecto de las víctimas, existe un marco aplicable de protección nacional e internacional. Así lo han reafirmado diversos mecanismos e instancias de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que realizaron visitas, presentaron informes temáticos y formularon recomendaciones relacionadas con la situación de derechos humanos y crisis humanitaria en Colombia. “La Comisión no tiene que establecer si la naturaleza y la intensidad de la violencia doméstica en Colombia constituyen un conflicto armado interno ni tiene que identificar las reglas específicas de derecho humanitario que rigen el conflicto. Esto se debe a que Colombia, a diferencia de otros estados que muy frecuentemente niegan la existencia de dichas hostilidades en su territorio por razones políticas o de otro carácter, ha reconocido abiertamente la realidad fáctica de que se encuentra involucrada en un conflicto de dicha naturaleza y que son aplicables el artículo 3 común a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, y a otras reglas consuetudinarias que rigen los conflictos armados internos. La Constitución colombiana claramente establece que “en todo caso se respetaran las reglas del derecho internacional humanitario”2 “El Alto Comisionado recomienda al gobierno, a los grupos armados ilegales y a la sociedad civil no escatimar esfuerzos para establecer acercamientos dirigidos al diálogo y a la negociación que permitan la superación del conflicto armado interno y el logro de la paz duradera. Los diálogos y la negociación deberán tomar en cuenta, desde un principio los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Exhorta al gobierno y al Congreso a que, en los procesos de diálogo y negociación con grupos armados al margen de la ley, honren plenamente los principios fundamentales de verdad justicia y reparación a las víctimas”3.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tercer Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Capítulo IV. Violencia y la violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, febrero de 1999 3 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia, Año 2003. Presentado en Ginebra al 60° periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

“Es particularmente grave el hecho de que los actores armados no respetan la distinción entre combatiente y no combatientes. La población civil es víctima en forma creciente y todos los contendientes son responsables, en menor o mayor grado, de la violación al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado”4. “En Colombia, el desplazamiento forzado es la manifestación más crítica de los efectos del conflicto armado sobre la población civil. Esta es una de las más graves situaciones en materia de desplazamiento interno en el mundo”5. En el mismo sentido el 14 de diciembre de 2004 se presentó ante la 5100 Reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el informe del Subsecretario General de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios. En este documento, presentando en el marco de una discusión sobre protección de civiles en conflictos armados se afirma que, “En Colombia continua una de las más grandes crisis de desplazamiento interno en el mundo” Mano firme en el corazón de la guerra Pese a esta insistencia del Presidente Uribe Vélez, en el sentido de que en Colombia no existe un conflicto armado interno, la realidad es que la guerra determina cada vez más las políticas públicas, las relaciones internacionales, el proceso político y la misma suerte de la economía colombiana. Los principales recursos del país se están destinando al gasto militar y al pago de los compromisos financieros internacionales, con lo cual se limitan las posibilidades de reactivación económica y se posterga la solución de los problemas sociales que aquejan al país. Entre tanto, la política exterior se subordina cada vez más a las prioridades e intereses del gobierno de los Estados Unidos y su agenda unilateral de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. La asistencia militar de este país a Colombia, reemplaza progresivamente la cooperación multilateral para buscar soluciones políticas a la confrontación armada. Frente al conflicto armado, la respuesta de los cuatro últimos gobiernos ha variado sin éxito entre la búsqueda de soluciones políticas -que usualmente fracasan porque no abordan las cuestiones sustantivas del conflicto-, y las políticas maximalistas de guerra integral, guerra contra el narcotráfico y, actualmente, guerra contra el terrorismo, en virtud de las cuales se desconocen obligaciones

Consejo Económico y Social. Comisión de Derechos Humanos. 61 período de sesiones. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Misión a Colombia. Señor Rodolfo Stavenhagen. 10 de noviembre de 2004. 5 Balance de la Política Pública sobre Desplazamiento Interno Forzado en Colombia, realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR

internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. La actual política gubernamental se basa en la premisa de que sólo una autoridad omnipresente, con atribuciones ilimitadas, puede garantizar la seguridad y generar las condiciones necesarias para la paz y el desarrollo en el país. En este contexto, el año 2004 se caracterizó por la aplicación a fondo de las estrategias militares del Plan Colombia y el Plan Patriota, y de la política de “seguridad democrática” del gobierno nacional. Esta política, enmarcada en el “nuevo orden internacional”, pretende relegitimar la doctrina de seguridad nacional que postula la alianza corporativa de la ciudadanía con las fuerzas de seguridad, descalifica todo tipo de disenso, pretende otorgar poderes excepcionales a la fuerza pública e incorpora a la población civil en dinámicas de naturaleza militar. La Ley de seguridad nacional del gobierno Pastrana y el Estatuto antiterrorista del presidente Uribe fueron iniciativas, en buena hora, declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. Sin embargo, algunos de sus contenidos se han desarrollado a través de las redes de informantes, el pago de recompensas, el programa de soldados campesinos, las recurrentes descalificaciones y señalamientos gubernamentales a expresiones legítimas de la sociedad colombiana y por un extenso programa de detenciones arbitrarias, al margen de las garantías constitucionales. La otra cara de esta política es el proyecto de reforma del régimen político establecido por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, buscando el recorte de garantías, la ruptura de autonomías institucionales, y la concentración del poder en la institución presidencial, utilizando los recursos públicos por parte de la coalición gobernante para perpetuarse en el poder a través de la reelección inmediata. Finalmente, la apuesta de diálogo del gobierno centra sus esfuerzos en la desmovilización de los grupos paramilitares en un proceso que no reconoce los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y que deja muchas dudas sobre el contenido de la negociación. Preocupa especialmente en este contexto el sistemático incumplimiento del cese de hostilidades por parte de los grupos paramilitares. Entre tanto, se mantiene un incipiente esfuerzo por adelantar diálogos de acuerdo humanitario con las FARC y aproximaciones con el ELN, aunque estas iniciativas no son prioritarias en la agenda gubernamental, como se desprende de la reciente solicitud del gobierno para suspender los buenos oficios del Secretario General de las Naciones Unidas en Colombia, que adelantaba James Lemoyne.

Las guerrillas, por su parte, continúan los ataques que afectan la población civil, la misión médica y bienes protegidos, los bloqueos a la acción humanitaria y el reclutamiento forzado. Si bien hacen ofrecimientos condicionados de diálogo y acuerdos humanitarios, su estrategia parece dirigida a desacreditar y desgastar la política oficial de triunfos a corto plazo, en medio de un repliegue que para unos es sinónimo de derrota, y para otros es la antesala de eventuales ofensivas. Más allá de los debates y las campañas publicitarias sobre el éxito de la política de “seguridad democrática”, en las regiones se vive con intensidad la crudeza de la guerra. La combinación de fumigaciones con el despliegue de acciones militares, la ofensiva militar en territorios con presencia de la guerrilla y el recorte de garantías democráticas y judiciales de miles de colombianos(as), introduce nuevas lógicas de guerra y genera profunda desconfianza de la población sobre la capacidad del Estado para ofrecer alternativas sociales a las comunidades, defender los derechos básicos y las libertades fundamentales. A estas acciones se suman graves infracciones al DIH por parte de las guerrillas y los paramilitares como las masacres, los ataques militares indiscriminados, los paros armados, los bloqueos alimentarios, el confinamiento, las masacres y asesinatos selectivos, el minado de campos, el saqueo de bienes de las comunidades y el reclutamiento forzado. De esta manera la guerra erosiona las garantías políticas en la medida en que los grupos armados imponen su ley en los territorios, permean diversas instituciones nacionales y regionales, desplazan líderes y desarticulan fuerzas políticas, y cierran los espacios políticos para la competencia democrática. La persistencia del desplazamiento forzado, así como los demás indicadores de la crisis humanitaria, obligan a una lectura de las dinámicas territoriales de la guerra y a establecer las responsabilidades sobre sus consecuencias humanitarias. Desplazamiento forzado y dinámicas del conflicto armado El año 2003 registró una baja sensible de las cifras generales del desplazamiento forzado luego de que en 2002 se alcanzó la cifra record de 412.000 colombianos, en el contexto del escalamiento del conflicto en medio de los procesos de paz y de una campaña presidencial realizada en un ambiente de entusiasmo por las salidas de fuerza. La reducción del desplazamiento en 2003 también está asociada al periodo de transición hacia un nuevo modelo de confrontación armada, cuyos ejes son el Plan Colombia y la política de seguridad del nuevo gobierno y el anuncio de diálogos con los grupos paramilitares. Por el contrario el 2004 registra un importante incremento en los flujos de desplazamiento forzado interno con respecto al 2003. Este incremento ocurre especialmente en las regiones de mayor confrontación militar. En efecto se

observa un incremento de las tasas en varios departamentos del oriente y del sur (Vaupés, Casanare, Caquetá, Guainía, Vichada, Guaviare, Arauca y Meta). Lo mismo ocurrió con algunas regiones de Guajira, Antioquia, Norte de Santander y Magdalena, mientras que en la Costa Caribe la mayoría de departamentos mantiene un registro a la baja, con excepción de Bolívar. Si se analiza con más detalle el impacto regional, a partir de los 150 municipios con mayor tasa de desplazamiento en 2004, se puede apreciar una geografía del conflicto que contradice el discurso oficial sobre el contenido democrático de su política de seguridad y los resultados de la guerra. (Ver anexo sobre municipios mas afectados por desplazamiento forzado en 2004) 1. Zonas de aplicación focalizada de política de Seguridad Democrática El discurso del gobierno afirma que la presencia militar en el territorio garantiza la seguridad y previene la violación de los derechos humanos. Sin embargo, existe una serie de regiones que se han convertido en laboratorios de guerra como consecuencia de la aplicación de las estrategias militares y las correspondientes respuestas de los actores armados irregulares. En estas regiones se crean nuevos batallones, brigadas y unidades antinarcóticos; avanzan programas de soldados rurales; crece la red de informantes; hay bombardeos, detenciones masivas y fumigaciones. Estas estrategias se cruzan con paros armados, bloqueos alimentarios, ataques a bienes protegidos, minado de campos, amenazas, restricciones al ejercicio de derechos civiles y políticos, por parte de todos los grupos armados irregulares. De acuerdo con los flujos migratorios de población desplazada en 2004, hay por lo menos cuatro zonas con elevadas tasas de desplazamiento en medio del conflicto: área de influencia del Plan Patriota, área del oriente antioqueño, área del Catatumbo y área de la Sierra Nevada de Santa Marta. La zona de mayor tasa de recepción de población desplazada corresponde a municipios que integran el área de operaciones e influencia del Plan Patriota. Los municipios más afectados por la llegada de población expulsada de las zonas de aplicación del Plan Patriota según tasa de recepción en el año 2004 son, en su orden, Cartagena del Chaira, San Luis de Cubaral, San José del Guaviare, San Juan de Arama y San Vicente del Cagúan. De acuerdo con los datos que dan cuenta de la magnitud del fenómeno en números absolutos, Florencia, ciudad intermedia y capital del departamento de Caquetá, es el tercer municipio receptor de población desplazada después de grandes ciudades como Bogotá y Medellín, un comportamiento atípico en la dinámica del desplazamiento forzado en el país.

En la zona de operaciones e influencia del Plan Patriota confluyen estrategias de desplazamiento y confinamiento de población civil, según los intereses de las partes en conflicto. Así, la guerrilla presiona el desplazamiento de población, como una forma de demostrar la ausencia de control real por parte de la Fuerza pública en esta región y en algunos casos a bloquear y confinar población civil, mientras que las autoridades militares promueven formas de confinamiento de la población para demostrar que ese control si existe y que la operación es un éxito. Sin embargo, también se registran formas de bloqueo y confinamiento de población por parte de las FARC y casos de desplazamiento dirigido reconocidos por el Ministerio de Defensa6. Además de la zona de influencia del Plan Patriota, existen otras zonas del país que registran alta intensidad en la confrontación entre las partes y presentan eventos de desplazamiento forzado que dan cuenta de una estrategia militar de control territorial, social y de recursos. Entre las zonas más afectadas se encuentran: Oriente Antioqueño, en donde persiste un duro enfrentamiento entre Fuerza Pública y guerrilla, con presencia paramilitar. Los municipios de San Carlos, San Francisco, Cocorná, San Luis, Rionegro, San Rafael, Granada y Argelia son epicentro de esta disputa y de un éxodo constante de la población sometida a un prolongado castigo por parte de los actores armados. Esta región representa un caso emblemático de la crisis humanitaria, toda vez que confluyen diversas manifestaciones de la degradación del conflicto como desplazamiento, confinamiento, sembrado de minas antipersonal, paros armados, secuestros, masacres y asesinatos selectivos, sin que el Estado logre consolidar mecanismos efectivos de protección de la población civil. Por ejemplo, en el municipio de San Carlos, Antioquia, 19 de cada 100 de sus habitantes llegaron desplazados a la cabecera municipal en busca de protección. Similar panorama se observa en Catatumbo y en la Sierra Nevada de Santa Marta. 2. Focalización punitiva de la política de “seguridad democrática” Ocurre en las zonas en las que el desplazamiento está ligado directamente a la política de seguridad del gobierno. Esta situación hace referencia al desplazamiento forzado de las comunidades en las que se producen prioritariamente los fenómenos de detenciones masivas y arbitrarias, ya sea por el temor que estos hechos producen, o por el señalamiento del que son víctimas las personas vinculadas a estos operativos a pesar de su inocencia. 6

Estos desplazamientos fueron reconocidos por el Ministerio de Defensa ante el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, pero la reserva de información que rodea las acciones militares, nos es posible confirmar el pleno sin que se garantice plenamente la observancia del artículo 17 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra.

La tendencia general muestra que la mayoría de estas personas no pueden regresar a sus sitios de residencia por amenazas de grupos paramilitares, pues las operaciones de detención masiva se realizan en regiones que han sido estigmatizadas como escenarios de presencia insurgente. En el municipio de Calamar, departamento del Guaviare se han registrado tres detenciones masivas: el 21 de noviembre de 2002 fueron capturadas 21 personas, el 11 de agosto de 2003 fueron capturadas 17 personas y el 15 de diciembre de 2004 fueron capturadas 22 personas. En la mayoría de los casos, la Fiscalía se abstuvo de proferir medida de aseguramiento y ordenó la libertad de los detenidos, todos ellos comerciantes, líderes sociales y dirigentes políticos de la región. Dos de ellos, Neftalí López y William González fueron capturados en la primera y en la tercera detención masiva. Según representantes de la comunidad de Calamar, el 23 de diciembre, dos días después de obtener su libertad fue asesinado Aledier Morales Morales y posteriormente fue desaparecido Irenarco Suárez Sotelo. Este hecho provocó el desplazamiento forzado de 35 hogares la última semana de diciembre de 2004. Otras cien familias habían salido del municipio entre marzo y abril luego de un considerable incremento de asesinatos selectivos atribuidos a grupos paramilitares, según información de la comunidad. Cabe anotar que Calamar es un municipio que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas tiene 17 mil habitantes, de los cuales han salido en los últimos tres años alrededor del 20% de la población, según la propia comunidad. Así mismo, que Calamar cuenta con la presencia permanente de dos Brigadas Móviles (7 y 10) el Batallón de Contraguerrilla Número 62, el Batallón Joaquín Paris y la Policía Antinarcóticos. 3. Zonas de dominio y presencia paramilitar Algunos de los eventos más relevantes de desplazamiento forzado en 2004 se produjeron en zonas de alta presencia de grupos paramilitares, bien sea por incursiones contra la población civil o por enfrentamientos entre facciones. Estos hechos ocurrieron a pesar de que la principal condición del gobierno para adelantar conversaciones con estos grupos es la declaratoria y el cumplimiento del cese al fuego. La situación más crítica se presentó en el departamento del Casanare, en los municipios de Maní, Monterrey, Tauramena como consecuencia de los enfrentamientos entre el Bloque Centauros de las Autodefensas y las Autodefensas del Casanare, que dejó un saldo de víctimas no establecido y al menos 5.450 personas desplazadas que llegaron a El Yopal y a las principales cabeceras municipales. De hecho, el eje Maní-Monterrey aparece dentro de los cinco municipios con la tasa más elevada de desplazamiento en 2004 en el nivel nacional y es escenario de uno de los mayores éxodos registrados en este período. A estos dos municipios llegaron 2845 personas desplazadas en 2004. De hecho, en la lista de los cien municipios más afectados por desplazamiento en Colombia, seis están ubicados en Casanare.

En el departamento de la Guajira se le atribuye a un grupo paramilitar liderado por “Jorge 40” la masacre de aproximadamente 30 personas pertenecientes a la comunidad Wayúu que provocó el desplazamiento masivo de más de 430 personas entre abril y mayo de 2004. Estas personas salieron de Bahía Portete hacia Venezuela y otras hacia San Juan del César, que reporta la segunda tasa de recepción municipal más alta del país. El debate de la cifra En 2004 se presentó, una vez más, la polémica por la construcción de cifras e indicadores alrededor de la crisis de derechos humanos. Uno de los temas de discusión se refiere a la aproximación cuantitativa y la caracterización socio demográfica de la población desplazada y a la validez de los sistemas de información sobre desplazamiento forzado. Paradójicamente, la Red de Solidaridad Social valida hoy en su Sistema Único de Registro –SUR- la estimación de población hecha por el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos, SISDHES de CODHES, en los últimos cuatro años (2000-2003). Hoy, los datos del Sistema Único de Registro, superan, año por año entre el 2000 y el 2003, las estimaciones realizadas por CODHES7. Esto confirma las conclusiones del “Taller Internacional sobre construcción de cifras e indicadores de desplazamiento forzado” realizado en Bogotá, durante el mes de septiembre del 2004 convocado por CODHES y con el auspicio de Oxfam GB: • • • •

Todos los sistemas de información (SUR-SISDHES-RUT DE CONFERENCIA EPISCOPAL y el del Comité Internacional de la Cruz Roja) son válidos estadísticamente. Todos los sistemas de información sobre población desplazada en Colombia deben complementarse en el marco de un análisis global. Todos los sistemas de información presentan metodologías diferentes (estimación y registro) y formas diversas de acceso a los datos Todos los sistemas de información presentan subregistro, dado que no es posible presentar cifras absolutas sobre un problema social y demográfico como el desplazamiento forzado.

Justamente, el proceso de monitoreo sistemático realizado por el SISDES nos permite evidenciar que los niveles de subregistro tienden a incrementarse como consecuencia de:

Los datos del Sistema Único de Registro de la Red de Solidaridad Social coinciden con los del Sistema de Información de CODHES, un año después, debido a que la legislación sobre desplazamiento forzado otorga un lapso de tiempo de un año para que la población en situación de desplazamiento efectúe la declaración respectiva. Además, la dinámica de operación, en términos de conectividad, entre las oficinas regionales y la nacional de la Red de Solidaridad Social, es prolongada y dispendiosa.

1) Presiones por parte de actores armados que impiden el acceso a los sistemas de registro por parte de las víctimas. 2) Incremento en el índice de rechazos por parte de la Red de Solidaridad Social a las declaraciones. 3) En algunas zonas no existen condiciones de seguridad suficientes para que las personas desplazadas puedan declarar ó informar sobre los hechos que motivaron su salida. Por estas circunstancias buena parte de las personas en situación de desplazamiento se invisibilizan ante la sociedad y el Estado. Es decir, son desplazados en el limbo. 4) El desconocimiento persistente por parte del gobierno, de las fumigaciones como una causa del desplazamiento forzado. Una política justa e integral para la población desplazada El hecho más importante en materia de política pública durante el año 2004, lo constituyó el conjunto de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-025 que requirió del gobierno nacional, soluciones integrales en materia de prevención, atención y protección a la población desplazada en Colombia. El Alto tribunal concluyó que el grado de desprotección y desatención de los sectores afectados —en riesgo o en situación de desplazamiento— es tan grave que existe un “estado de cosas inconstitucional”. Dicha situación se configura “cuando se constata la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales, que afectan a multitud de personas, y cuya solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural”8. Además, es preciso aclarar que dicho estado de cosas no es producto de la omisión aislada de una entidad o institución sino que es el resultado de factores estructurales. La declaratoria formal del estado de cosas inconstitucional implica que las autoridades encargadas de atender a la población desplazada deben ajustar sus actuaciones con el fin de cumplir con las obligaciones constitucionales y legales, para asegurar el goce efectivo de los derechos de los desplazados. Este proceso de asignación presupuestal y ajuste institucional requerido al Estado colombiano se basa en la lógica del menor esfuerzo, en contravía de las órdenes de la Corte Constitucional. Mientras los cálculos de asignación presupuestal para responder a los requerimientos formulados en la sentencia T-025, realizados por el Departamento Nacional de Planeación, ascienden a los $4.8 billones de pesos,

Ver entre otras, las sentencias T-068 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero; T-153 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; SU-250 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero; T-590 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero; T-606 de 1998, MP: José Gregorio Hernández Galindo; SU-090 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-847 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz; T-1695 de 2000, MP: Marta Victoria Sáchica Méndez. Citadas en la sentencia T-025 de 2004. MP: Manuel José Cepeda Espinosa.

destinados a atender sólo a 1.5 millones de personas; la Red de Solidaridad Social mencionó en la reunión del Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada, el 12 de enero de 2005, que dicho esfuerzo llegaría a $575.000 millones de pesos. Es decir, el compromiso estatal llegaría, escasamente, a un poco más de la décima parte del cálculo realizado por el DNP, así la cifra planteada por la Red de Solidaridad implique un importante incremento de recursos respecto a las asignaciones de años anteriores. Cabe aclarar que, para realizar el cálculo presupuestal, el gobierno actual sólo reconoce 82.309 personas desplazadas antes del año 2000 (según el Sistema Unico de Registro de la RSS), pese a que en documentos oficiales anteriores instituciones estatales consideraban la cifra aceptada era de 400.000 personas desplazadas hasta el año 20009. Entre otros factores, la diferencia radica en que el SUR no ha incorporado a sus bases de datos buena parte de la información proveniente del Ministerio del Interior, entidad encargada del tema, antes de la creación de este sistema de registro. Este factor de cálculo presupuestal desestima la magnitud de la crisis humanitaria ocurrida en Colombia entre 1995 y 1999, cuando se presentaron los éxodos más grandes en la historia reciente del país, que, según Codhes, afectaron alrededor de 1´123.000 personas. Postergar indefinidamente la debida respuesta estatal al problema del desplazamiento forzado en Colombia eleva exponencialmente los costos para una solución integral. En 1999, la RSS estimaba en $1.35 billones los recursos necesarios para atender a la población desplazada; en el 2002, esta cifra ascendió a $2.6 billones y, en la actualidad, alcanza los $4.8 billones. Entre tanto, el gasto militar asignado en el presupuesto nacional aprobado para el año 2005, es de $11.8 billones (5.3% del PIB) y el proceso de desmovilización y reincorporación de grupos paramilitares cuenta con una asignación presupuestal aproximada de $530.000 millones. En otras palabras, se destinan más recursos para los victimarios que para las víctimas del conflicto armado interno. Si se impone la lógica gubernamental de privilegiar respuestas parciales para intentar cumplir con las órdenes de la sentencia, se pierde la oportunidad de mejorar sustancialmente la situación de las personas desplazadas y no se superaría el “estado de cosas inconstitucional”. En este escenario se prolongaría la vulneración sistemática de derechos de la población desplazada o en riesgo de desplazamiento.

Documento CONPES 3057 de 1999. Citado por la Corte Constitucional en el auto 042 de 2004, referencia Sentencia T-025. Según el Alto Tribunal, “este documento utilizó como supuesto que la cifra de personas desplazadas disminuiría entre los años 2000 y 2002, como resultado del proceso de negociación con los grupos armados”

Tal como lo señala la Sentencia T-025, es muy probable que, luego de establecer el esfuerzo presupuestal requerido, el gobierno nacional argumente que no tiene la capacidad para responder a los requerimiento de la Corte Constitucional, y, por lo tanto, plantee como alternativa la reforma de la Ley y la restricción del marco de prevención, protección y atención a la población desplazada. No obstante, la misma Corte Constitucional aclara que: “Esta redefinición no tiene necesariamente que conducir a una disminución del alcance de los derechos de los desplazados. No obstante, si ello fuera ineludible, después de agotar todas las alternativas razonables, tales decisiones deberán cumplir con las condiciones establecidas en el apartado 8 de esta sentencia, esto es, no podrán ser discriminatorias, deberán ser medidas necesarias, ser temporales y condicionadas a que en un futuro, cuando las condiciones que llevaron a su adopción desaparezcan, se retome el camino del avance progresivo de los derechos. Y en todo caso, deberá asegurarse el goce efectivo de los mínimos de los cuales depende el ejercicio del derecho a la vida en condiciones de dignidad como seres humanos distintos y autónomos”10.

En consecuencia, es preciso realizar un seguimiento detallado al proceso de repuesta gubernamental, evaluación de la Corte y posterior ajuste de la política de atención y protección a la población desplazada. En este sentido, en el anunciado documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social), el gobierno debe determinar de manera diferenciada los esfuerzos presupuestales del orden central, territorial y aquellos subsidiarios provenientes de la cooperación internacional. Ahora bien, la cooperación de la comunidad internacional, además de subsidiaria de la responsabilidad del Estado, debe promover la plena vigencia de los derechos humanos y el respeto al DIH, la construcción democrática de la paz y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Restitución de derechos: la urgencia de la reparación Uno de los ejes centrales en la formulación de la política pública sobre desplazamiento forzado interno en Colombia, es el restablecimiento entendido como la restitución de derechos de la población afectada por este delito, que tiene la doble condición de crimen de guerra y de lesa humanidad. En esa dirección, el proceso de restablecimiento no debe perder de vista la relación de complementariedad que lo vincula al concepto de reparación, entendida como la articulación de medidas de restitución, indemnización y rehabilitación.

Corte Constitucional, Sentencia T-025 de febrero de 2004. Magistrado ponente, Manuel José Cepeda Espinosa.

En este orden de ideas, definir acciones para el restablecimiento de la población desplazada pasa por identificar de manera objetiva las dimensiones reales del daño causado y sus consecuencias, de manera que se logre una respuesta adecuada, oportuna y pertinente, pero además proporcionada y legítima. El nivel de restablecimiento que puede alcanzar la población en situación de desplazamiento se determina por la potencialidad institucional y social para identificar sus necesidades, capacidades y ventajas comparativas (individuales y colectivas), y asumir las soluciones desde un enfoque integrado de derechos como marco de desarrollo de la política pública. Así, la destinación efectiva de recursos para la atención a las víctimas del desplazamiento forzado debe ser asumida de manera urgente, prioritaria y con carácter obligatorio. Las dificultades y obstáculos que se advierten para la realización de los derechos de las personas desplazadas, que en términos generales tiene su base en la disposición de unas condiciones mínimas vítales y un mínimo de protección, están necesaria y directamente vinculadas con la destinación y el gasto efectivo de recursos económicos que respalden las políticas públicas, pero también, con la voluntad y responsabilidad política. En este sentido, los requerimientos económicos proyectados para la atención al desplazamiento forzado deben ser integralmente satisfechos, y frente a este propósito, se debe prever la posibilidad de que los recursos faltantes sean derivados de los recaudos de los grandes contribuyentes quienes también alimentan, con sus aportes tributarios, buena parte del presupuesto para la guerra. Una respuesta insuficiente por parte del Estado significa que sus obligaciones constitucionales se descargan sobre la población en situación de desplazamiento. Por ejemplo, en el tema de vivienda, la política pública vigente no ha logrado liberar en su ejecución las cargas económicas excesivas que adquiere el desplazado como deudor-beneficiario. De otra parte, está determinada por condiciones locales como la disponibilidad de terrenos urbanizables, las acciones e iniciativas de los entes territoriales –además de los trámites legales, políticos y técnicos que demanda la utilización del suelo-, la existencia de recursos y contrapartidas, y la intervención conjunta de entidades y organizaciones.

De los estudios de caso adelantados por Codhes en relación con el tema, en municipios como Riosucio (Chocó), luego del desplazamiento, ha disminuido de manera considerable el espacio habitable para cada hogar, mientras aumenta el hacinamiento y, con ello, la posibilidad de expansión y transmisión de enfermedades.

El número de hogares que sólo contaba con un cuarto para ser habitado por todos sus integrantes, aumentó en nueve veces luego del desplazamiento. Sin embargo, la falta de recursos o de integración de iniciativas, hace prácticamente imposible para la administración local construir proyectos integrales de vivienda o de soluciones habitacionales.

Conflicto armado, fronteras y crisis humanitaria Una vez más las zonas de frontera son epicentro sensible de la expansión del conflicto armado y profundización de la crisis humanitaria. El 10% (29.984 personas) del total de población en situación de desplazamiento reportada para el 2004 se ubicó en los municipios fronterizos. Esto significa un incremento del 25,3% en el número de personas en zonas de frontera respecto del año 2003. Durante 2004 el sur y el oriente del país fueron escenario de la mayoría de desplazamientos ocurridos en las zonas de frontera. En los departamentos de Arauca, Guajira, Cesar, Guainía, Vichada, Vaupés y Norte de Santander, ubicados en la frontera con Venezuela y Brasil, 39.516 personas tuvieron que abandonar sus lugares en busca de protección y seguridad, lo que da cuenta de la ausencia de garantías a la población civil para que pueda permanecer en estos territorios. El conflicto armado interno adquiere manifestaciones transnacionales que, entre otras, se expresan por el uso de territorios de países vecinos como plataformas de operación, zonas de descanso, abastecimiento y retaguardia por parte de actores armados irregulares; la cooperación entre bandas criminales y estos grupos para cometer asesinatos, secuestros y extorsiones; el tráfico de precursores químicos, y el ingreso de armas desde territorios ecuatoriano, brasilero, peruano y panameño. De igual manera, se ha evidenciado la presencia de jornaleros de estos países en territorio colombiano trabajando en cultivos de uso ilícito. En las zonas de frontera se observaron las siguientes dinámicas regionales del conflicto que derivaron en la continuidad de la crisis humanitaria •

El desarrollo del Plan Patriota en el sur del país con la consecuente intensificación del conflicto (Meta, Guaviare, Caquetá, Bajo Putumayo). Las estrategias de seguridad del Plan Patriota tienen un efecto similar al que generaron las fumigaciones, mediante el cual se está empujando el conflicto hacia los países vecinos y desbordándose la crisis en territorios de frontera.

La masacre de 10 civiles registrada en el mes de noviembre de 2004 sobre la línea de frontera colombo-ecuatoriana, cometida por grupos paramilitares que hacen presencia en La Dorada (Putumayo), refleja la forma en que el conflicto se está extendiendo cada vez más cerca de territorio ecuatoriano.

De acuerdo a la información recogida en terreno por CODHES, la masacre ocurrió cerca de Puerto Ospina (lado colombiano), a dos horas del cantón de Lago Agrio, frente a Puerto Mestanza (lado ecuatoriano). Los paramilitares llegaron a las poblaciones conocidas como El Afilador y La Balastrera, zonas de presencia guerrillera. Al parecer fueron asesinadas tres personas en el primer poblado, tres en el segundo, y cuatro están desaparecidas. Hasta el momento no existe un reporte oficial de ninguno de los dos gobiernos (colombiano y ecuatoriano). Los paramilitares han amenazado a la comunidad de la parroquia General Farfán en Ecuador, ubicada cerca al lugar donde ocurrieron los hechos, y la presiona a abandonar la zona bajo el supuesto de ser colaboradores de la guerrilla. Según testimonios de habitantes en la frontera, se han desplazado siete familias ecuatorianas desde la parroquia de Puerto Mestanza. • •

Las detenciones masivas y arbitrarias, principalmente en los departamentos de Arauca y Nariño. El reacomodamiento de los actores armados irregulares como consecuencia de la desmovilización de los grupos paramilitares, sobre todo en las regiones donde éstos ejercían control (Golfo de Urabá y Chocó, en la frontera con Panamá, algunas zonas de Catatumbo en la frontera con Venezuela, y el litoral pacífico).

La desmovilización de las autodefensas del “Bloque Bananero” podría repercutir en la frontera con Panamá y generar desplazamiento interno y transfronterizo, toda vez que este territorio puede ser copado por las dos estructuras paramilitares que permanecen activas en la región: el Bloque Élmer Cárdenas y el frente Héroes de Tolová. •

Desplazamientos por temor a posibles retaliaciones de las guerrillas en zonas de desmovilización de grupos paramilitares. La presencia de guerrilla en zonas rurales cercanas a los sitios de desmovilización paramilitar podría ocasionar nuevos desplazamientos, en la medida en que plantea una situación de riesgo para la población civil ante la posibilidad de retaliaciones.

Entre los meses de octubre y noviembre de 2004, aumentó la tensión en los habitantes de los municipios de El Tarra y Tibú (región del Catatumbo), por la desmovilización de las autodefensas asentadas en esta región. La comunidad expresó su temor frente a una posible reconquista armada del territorio por parte de las FARC, y, en el mes de noviembre, 300 campesinos del área rural de Tibú decidieron desplazarse por estas razones: "El proceso de la desmovilización nos tomó por sorpresa y ahora estamos corriendo de un lado a otro solicitando información del tema. Lástima que el Gobierno no consultó con la comunidad, así habríamos evitado el éxodo de campesinos que viene desde hace una semana"11. 11

Entrevista al concejal de Tibú, José del Carmen García. “300 personas abandonaron Tibú (Norte de Santander) ante el temor de que la guerrilla los ataque”, en: El Tiempo, noviembre 14 de 2004, en www.eltiempo.com.

•

La disputa entre los grupos armados irregulares por el control de territorios estratégicos para el desarrollo de la guerra (Catatumbo, Putumayo, Guajira, Cesar y Chocó, entre otros, por el control del tráfico de armas y drogas).

El 4 de septiembre de 2004, guerrilleros de las FARC, atacaron indiscriminadamente con cilindros bomba a la población de Puerto Colón (municipio de San Miguel en la frontera con Ecuador), destruyendo gran parte del pequeño caserío de 1.000 personas. La asociación Minga había emitido una ALERTA TEMPRANA sobre la amenaza de ataques por parte de grupos armados ilegales contra tres poblados de la frontera ecuatoriana: General Farfán, Puerto Mestanza y Puerto Nuevo. Según la Federación de Organizaciones Campesinas del cordón fronterizo ecuatoriano de Sucumbíos (Forccofes), en una carta urgente emitida el sábado 4 de septiembre de 2004, estas comunidades denunciaron las recientes amenazas de ejecuciones a cargo de grupos armados ilegales, al parecer paramilitares, en toda la ribera del río San Miguel, especialmente en Puerto Mestanza, Corazón Orense y Luis Bermeo, localidades de que hacen parte de la parroquia General Farfán. El periódico el Comercio de Ecuador informó que durante la última semana, 17 familias colombianas desplazadas por las recientes masacres y amenazas de los grupos paramilitares, cruzaron la frontera en busca de seguridad para sus vidas. (http://www.etniasdecolombia.org/periodico) •

El traslado de cultivos hacia zonas que empiezan a ser disputadas y controladas por actores armados al margen de la ley (línea fronteriza con Ecuador, litoral Pacífico en la frontera con Panamá, Orinoquía y Amazonía en frontera con Brasil y Perú)

La presión militar del gobierno de Colombia contra la guerrilla de las FARC en el sur del país probablemente está provocando un desplazamiento del conflicto armado hacia departamentos del oriente fronterizos con Brasil (Amazonas, Guainía y Vaupés), Perú (Putumayo y Amazonas) y Venezuela (Guainía, Vichada). Todo parece indicar que hay una tendencia de orientalización del conflicto armado que se manifiesta en su expansión hacia la orinoquía y la amazonía, que hasta el momento no presentan alta intensidad en la confrontación armada entre guerrilla y fuerza pública. Un posible repliegue de la guerrilla en esta dirección, la expansión de cultivos de uso ilícito en regiones selváticas de estos departamentos, un plan de avanzada paramilitar12, la migración de colonos y campesinos desde el sur hacia el oriente del país y las condiciones geoestratégicas para la continuidad de la guerra, son circunstancias en desarrollo que perfilan esta tendencia de orientalización del conflicto armado colombiano. 12

El asesinato del jefe paramilitar Miguel Arroyave en septiembre de este año, reveló posibles disputas entre bloques paramilitares por el control de las operaciones que se adelantan en el oriente del país para “conquistar” los departamanetos de Vichada y Guainía en la frontera con Venezuela.

Estos movimientos no son nuevos en la historia del conflicto armado en Colombia y responden a situaciones específicas de ofensivas y repliegues que, casi siempre, conducen a la expansión de la guerra interna hacia nuevos territorios. • La situación de inseguridad alimentaría derivada de las fumigaciones y de los bloqueos, restricciones o confinamientos (en Caquetá, Putumayo, Chocó). El representante en Colombia del Programa Mundial de Alimentos, Peter Grossens, alertó sobre la difícil situación que atravesaban 1500 desplazados en el Chocó y la falta de recursos para atenderlos. Según el representante, al parecer miembros de los grupos armados que hacen presencia en esa zona han saqueado e impedido el acceso a estas comunidades. Ante estas circunstancias, muchas familias se han visto forzadas a alimentarse de manera exclusiva de plátanos para evitar morir de hambre. El Colombiano, 21 de diciembre del 2004, pagina 9a13. La disputa entre guerrilla y paramilitares por zonas con cultivos de coca en la zona del río San Juan, que ocasionó un desplazamiento masivo de 1.240 personas desde Medio San Juan, las comunidades Fujiadó hacia la zona de Itsmina y Andagoya. Además, según información recogida durante la Misión Humanitaria del 18 de agosto realizada por Naciones Unidas, Iglesia, gobiernos local y regional y CODHES, por lo menos 5.900 personas había quedado confinadas como consecuencia del escalamiento del conflicto en la región. •

Los bajos niveles de integración social y de restablecimiento en las zonas receptoras de población desplazada que están generando nuevos desplazamientos (Chocó)

En el municipio de Acandí, Golfo de Urabá, las personas que llegaron desplazadas en 1996, no han recibido hasta octubre de 2004 atención por parte de la Red de Solidaridad Social y sólo recientemente fueron incluidos en el Sistema Único de Registro. •

El desestímulo por parte de los países vecinos para iniciar el proceso de solicitud de asilo y que obliga a la población en riesgo a buscar otros lugares de asentamiento al interior del país

El dilema de los refugiados y solicitantes de asilo. Durante el año 2004 aumentó el número de colombianos que solicitaron refugio en Venezuela, mientras en Ecuador, principal destino de los migrantes en busca de protección, se presentó una disminución, probablemente como consecuencia de la exigencia del pasado judicial. Entre enero y septiembre del 2004, se presentaron 8.500 solicitudes de refugio en Ecuador y Venezuela.

El confinamiento de poblaciones es un factor que agudiza los desplazamientos masivos, una vez es suspendido como mecanismo de regulación social y control territorial. Casos de Confinamiento: Río San Juan en el Departamento de Choco frontera con Panamá, la Región del Catatumbo Departamento de Norte de Santander frontera con Venezuela y las comunidades ribereñas en Putumayo, comunidades indígenas en Nariño departamentos fronterizos con Ecuador.

Ecuador Venezuela Panamá

Acumulado 1999-2004 27.854 3.396 1.546

TOTAL *A septiembre de 2004

Solicitudes Solicitudes Reconocidos de asilo 2003 de asilo 2004 11.463 7.853 2.416 21 1.599* 165 SD a SD a diciembre diciembre 11.484 9.452 2.581

Fuente: ACNUR

Sin embargo, la cifra exacta del total de colombianos que cruzan las fronteras y que no solicitan asilo, no está incluida en los reportes oficiales. Aproximadamente 3 de cada cuatro personas que cruzan la frontera, no acuden a las instancias oficiales que acreditan su condición de refugiado. Esto significa que más de 25 mil personas cruzaron las fronteras durante el 2004. Esta situación es el reflejo del incremento de flujos irregulares, difíciles de controlar y que se confunden con las migraciones económicas en la región, en un contexto deprimido económicamente y propicio para el incremento de actividades ilícitas. La respuesta de los países vecinos al tema de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes indocumentados, ha estado caracterizada por el cierre de fronteras en el marco de lucha contra el terrorismo y contra las drogas, que implica: a) militarización de la línea fronteriza, aumento de pie de fuerza, compra de armamento y b) estrategias de contención del conflicto mediante controles a las migraciones, aplicación restrictiva de los marcos de protección contemplados en la normativa internacional. Por ejemplo, medidas como la ley de naturalización y regularización aplicada por el gobierno de Hugo Chávez, resolvieron en la práctica las necesidades de protección de los migrantes indocumentados, pero invisibilizaron la responsabilidad política del Estado venezolano frente al tema. En este contexto, los países vecinos comienzan a reclamar la responsabilidad del Estado colombiano en materia de prevención, protección y atención integral, para con sus connacionales. Las repatriaciones de población refugiada tienden a convertirse en la principal estrategia de los gobiernos de la región para eludir sus responsabilidades en el marco del Derecho Internacional de los Refugiados. Recomendaciones y propuestas •

Reconocimiento del conflicto armado interno y de la crisis humanitaria por parte del gobierno colombiano, la sociedad civil y la comunidad internacional, y la consecuente aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario. En este sentido procede la convocatoria de una Conferencia Internacional Humanitaria sobre Colombia orientada a la protección de la población civil afectada por el conflicto armado interno.

•

Cumplimiento, por parte del gobierno nacional y de los grupos armados irregulares, de las recomendaciones que en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario y paz, han sido formuladas por Naciones Unidas, la Unión Europea y, en general, la comunidad internacional. En este sentido, es imperativo que el gobierno exija y garantice el cumplimiento del cese al fuego por parte de los grupos paramilitares y que la OEA cumpla con su mandato de verificación. Así mismo, los grupos guerrilleros deben cesar sus ataques contra la población civil y las infracciones reiteradas al derecho internacional humanitario.

•

Concertación del Plan de Acción Humanitaria, propuesto por Naciones Unidas, entre el gobierno nacional, los gobiernos locales, la comunidad internacional, la población desplazada y la sociedad civil. Este Plan debe articularse al Plan de Atención Integral a la Población Desplazada formulado por el gobierno nacional.

•

Respaldo económico y presupuestal al Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, teniendo en cuenta el aporte tributario de los grandes contribuyentes, asignación específica de recursos de los gobiernos territoriales para la población desplazada (a través de la inclusión en los planes de desarrollo) y el apoyo subsidiario de la cooperación internacional. En este sentido, el Departamento Nacional de Planeación debe establecer en el documento CONPES que se prepara, el monto de los aportes de la cooperación internacional y los gobiernos territoriales, diferenciándolo de la asignación del presupuesto nacional.

•

Invitación al Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, señor Walter Köllin a Colombia para evaluar las recomendaciones específicas formuladas en materia de prevención, protección, atención, retorno y restablecimiento de la población afectada por el conflicto en Colombia.

•

Solicitud a los gobiernos de los países vecinos de la plena observancia del Derecho Internacional de los Refugiados, en especial, del principio de no devolución. Así mismo, garantizar la atención y protección de las personas asiladas, solicitantes de refugio, y refugiadas de hecho en sus territorios.

•

Reconocimiento por parte de la Red de Solidaridad Social de las fumigaciones como causa generadora de desplazamiento forzado y, en consecuencia, inscripción en el Sistema Único de Registro de las personas que huyen de los operativos militares de fumigación de cultivos de uso ilícito.

•

Requerimiento a la Procuraduría General de la Nación una investigación sobre los motivos que sustentan el alto porcentaje de rechazo de la población que solicita su inclusión en el Sistema Único de Registro de la Red de Solidaridad Social

•

Visibilización de las comunidades confinadas y restablecimiento de sus derechos por parte del Estado

•

Plena observancia de los derechos civiles y políticos y de las garantías constitucionales a la población objeto de detenciones masivas y selectivas y cumplimiento de los principios para el retorno de las personas desplazadas en el marco de estas acciones

•

En cualquier circunstancia de acuerdos de paz, se debe garantizar a la sociedad colombiana, en general, y las víctimas del conflicto, en particular, que los principios de Verdad, Justicia y Reparación y no la impunidad serán el fundamento de la reconciliación y la paz.

CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO Número de Personas Desplazadas por Departamentos del 1 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004 - Cifra Codhes 31 de enero de 2005 Fuente: Monitoreo población desplazada - Sisdhes Cons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Deparamento

Población DANE 2004

Número de Tasa por 100 Personas mil habitantes

ANTIOQUIA 5.685.198 40.832 BOGOTA D.C. 7.029.928 31.491 CAQUETA 455.508 21.271 15.180 VALLE DEL CAUCA 4.460.850 NORTE DE SANTANDER 1.464.956 12.663 12.064 BOLIVAR 2.184.227 SANTANDER 2.063.451 11.731 META 758.316 11.545 11.119 CESAR 1.034.435 NARIÑO 1.747.711 10.623 LA GUAJIRA 517.359 10.106 MAGDALENA 1.380.971 9.694 PUTUMAYO 369.357 8.503 SUCRE 854.948 8.087 TOLIMA 1.312.703 7.653 CUNDINAMARCA 2.305.535 6.904 ATLANTICO 2.321.446 6.567 CASANARE 317.406 6.429 CALDAS 1.159.779 6.033 HUILA 982.263 5.474 CHOCO 413.905 5.290 CAUCA 1.344.487 5.279 4.330 ARAUCA 273.136 RISARALDA 1.009.556 4.271 3.901 GUAVIARE 130.076 CORDOBA 1.381.851 3.211 BOYACA 1.404.309 2.858 QUINDIO 603.185 2.300 VICHADA 93.745 859 VAUPES 32.510 603 GUAINIA 41.990 574 AMAZONAS 78.403 121 ARCHIPIEALGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA 81.453 CATALINA 15 TOTAL 2004: 45.294.953 287.581

718 448 4.670 340 864 552 569 1.522 1.075 608 1.953 702 2.302 946 583 299 283 2.025 520 557 1.278 393 1.585 423 2.999 232 204 381 916 1.855 1.367 154 18

CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO Tasa de Recepción por Departamentos por cada 100 mil Habitantes del 1 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004 - Cifra Codhes 31 de enero de 2005 Fuente: Monitoreo población desplazada - Sisdhes Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Deparamento

Población DANE 2004

Número de Tasa por 100 Personas mil habitantes

CAQUETA 455.508 21.271 GUAVIARE 130.076 3.901 PUTUMAYO 369.357 8.503 CASANARE 317.406 6.429 LA GUAJIRA 517.359 10.106 VAUPES 32.510 603 ARAUCA 273.136 4.330 META 758.316 11.545 GUAINIA 41.990 574 CHOCO 413.905 5.290 CESAR 1.034.435 11.119 SUCRE 854.948 8.087 VICHADA 93.745 859 NORTE DE SANTANDER 1.464.956 12.663 ANTIOQUIA 5.685.198 40.832 MAGDALENA 1.380.971 9.694 NARIÑO 1.747.711 10.623 TOLIMA 1.312.703 7.653 SANTANDER 2.063.451 11.731 HUILA 982.263 5.474 BOLIVAR 2.184.227 12.064 CALDAS 1.159.779 6.033 BOGOTA D.C. 7.029.928 31.491 RISARALDA 1.009.556 4.271 CAUCA 1.344.487 5.279 QUINDIO 603.185 2.300 VALLE DEL CAUCA 4.460.850 15.180 CUNDINAMARCA 2.305.535 6.904 ATLANTICO 2.321.446 6.567 CORDOBA 1.381.851 3.211 BOYACA 1.404.309 2.858 AMAZONAS 78.403 121 ARCHIPIEALGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA 81.453 CATALINA 15 TOTAL 2004: 45.294.953 287.581

4.670 2.999 2.302 2.025 1.953 1.855 1.585 1.522 1.367 1.278 1.075 946 916 864 718 702 608 583 569 557 552 520 448 423 393 381 340 299 283 232 204 154 18

Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO Primeros 150 Municipios Receptores de población por Personas del 1 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004 - Cifra Codhes 31 de enero de 2005 Fuente: Monitoreo población desplazada - Sisdhes Número de Departamento Municipio Personas BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 31.491 ANTIOQUIA MEDELLIN 19.346 CAQUETA FLORENCIA 11.268 MAGDALENA SANTA MARTA (DIST. ESP.) 7.139 BOLIVAR CARTAGENA (DIST. ESP.) 7.069 VALLE DEL CAUCA CALI 6.570 META VILLAVICENCIO 6.451 NORTE DE SANTANDER CUCUTA 5.936 SANTANDER BUCARAMANGA 5.774 SUCRE SINCELEJO 5.448 TOLIMA IBAGUE 5.330 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA 4.632 CESAR VALLEDUPAR 4.549 LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 4.511 PUTUMAYO PUERTO ASIS 4.308 CUNDINAMARCA SOACHA 4.166 CALDAS SAMANA 3.626 SANTANDER BARRANCABERMEJA 3.599 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRA 3.565 NARIÑO PASTO 3.393 GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE 3.217 ATLANTICO BARRANQUILLA (DIST.PORT.) 3.033 HUILA NEIVA 2.939 ANTIOQUIA SAN FRANCISCO 2.901 CAUCA POPAYAN 2.900 LA GUAJIRA RIOHACHA 2.723 RISARALDA PEREIRA 2.576 ANTIOQUIA SAN CARLOS 2.120 ATLANTICO SOLEDAD 1.962 PUTUMAYO MOCOA 1.909 CAQUETA MILAN 1.893 CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN 1.735 CASANARE YOPAL 1.735 CASANARE MANI 1.652 NARIÑO TUMACO 1.645 ANTIOQUIA ITUANGO 1.608 CHOCO QUIBDO 1.494 ANTIOQUIA APARTADO 1.443 NORTE DE SANTANDER OCAÑA 1.404 CESAR AGUSTIN CODAZZI 1.379 NORTE DE SANTANDER EL TARRA 1.365 ANTIOQUIA COCORNA 1.280 ANTIOQUIA SAN RAFAEL 1.248 NORTE DE SANTANDER TIBU 1.240 CASANARE MONTERREY 1.193 CORDOBA MONTERIA 1.177 ATLANTICO MALAMBO 1.162 ARAUCA ARAUCA 1.129

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Código 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO Primeros 150 Municipios Receptores de población por Personas del 1 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004 - Cifra Codhes 31 de enero de 2005 Fuente: Monitoreo población desplazada - Sisdhes Número de Departamento Municipio Personas ANTIOQUIA SAN LUIS 1.084 QUINDIO ARMENIA 1.084 CHOCO ISTMINA 1.040 ARAUCA SARAVENA 1.017 ANTIOQUIA DABEIBA 1.006 LA GUAJIRA MAICAO 992 BOLIVAR MARIA LA BAJA 987 CASANARE TAURAMENA 905 BOLIVAR EL CARMEN DE BOLIVAR 903 CALDAS MANIZALES 895 VALLE DEL CAUCA CARTAGO 857 NARIÑO EL CHARCO 855 VALLE DEL CAUCA TULUA 834 CESAR PELAYA 819 LA GUAJIRA URIBIA 791 SUCRE COROZAL 767 VICHADA CUMARIBO 762 CESAR PAILITAS 753 VALLE DEL CAUCA CALIMA 752 ANTIOQUIA RIONEGRO 746 ARAUCA ARAUQUITA 735 CAQUETA LA MONTAÑITA 734 ANTIOQUIA BELLO 723 NARIÑO BARBACOAS 719 LA GUAJIRA DIBULLA 710 ANTIOQUIA ARGELIA 708 RISARALDA QUINCHIA 685 BOYACA DUITAMA 670 CALDAS PENSILVANIA 652 META VISTAHERMOSA 600 NORTE DE SANTANDER SAN CALIXTO 594 ANTIOQUIA GRANADA 590 BOYACA SOGAMOSO 583 NARIÑO IPIALES 577 ANTIOQUIA URRAO 565 META PUERTO LOPEZ 558 ARAUCA TAME 555 CORDOBA VALENCIA 549 BOLIVAR SAN PABLO 540 CESAR Pueblo Bello 531 ANTIOQUIA DON MATIAS 522 CHOCO Medio San Juan 520 MAGDALENA CIENAGA 519 CHOCO EL CARMEN 513 NORTE DE SANTANDER HACARI 513 TOLIMA PLANADAS 513 META SAN JUAN DE ARAMA 512 CESAR BOSCONIA 511

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Código 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO Primeros 150 Municipios Receptores de población por Personas del 1 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004 - Cifra Codhes 31 de enero de 2005 Fuente: Monitoreo población desplazada - Sisdhes Número de Departamento Municipio Personas MAGDALENA FUNDACION 505 CAQUETA EL PAUJIL 501 SANTANDER FLORIDABLANCA 489 MAGDALENA ARACATACA 480 CUNDINAMARCA SAN FRANCISCO 477 GUAINIA INIRIDA 473 ANTIOQUIA TURBO 464 HUILA PITALITO 464 CESAR AGUACHICA 459 CHOCO CONDOTO 458 NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 450 SUCRE OVEJAS 447 ARAUCA FORTUL 439 CHOCO Medio Atrato 432 PUTUMAYO SIBUNDOY 422 VAUPES MITU 421 PUTUMAYO PUERTO GUZMAN 420 CASANARE VILLANUEVA 405 NARIÑO POLICARPA 404 META LEJANIAS 402 BOLIVAR MAGANGUE 399 ANTIOQUIA PEQUE 396 ARAUCA PUERTO RONDON 396 CESAR LA JAGUA DE IBIRICO 394 NARIÑO TAMINANGO 393 CESAR EL COPEY 392 CESAR MANAURE 386 RISARALDA DOS QUEBRADAS 382 BOYACA TUNJA 370 PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 367 CORDOBA TIERRALTA 366 NARIÑO LOS ANDES 360 BOLIVAR MORALES 356 CORDOBA MONTELIBANO 353 SANTANDER LEBRIJA 349 META EL CASTILLO 340 CAUCA EL TAMBO 330 CAQUETA CURILLO 329 MAGDALENA PIVIJAY 328 NARIÑO SAMANIEGO 318 META PUERTO RICO 316 NORTE DE SANTANDER SARDINATA 305 CAUCA TORIBIO 304 PUTUMAYO ORITO 304 CUNDINAMARCA FUSAGASUGA 297 ANTIOQUIA MURINDO 294 CUNDINAMARCA FACATATIVA 290 META ACACIAS 287

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Código 145 146 147 148 149 150

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CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO Tasa de Recepción por cada 100 mil Habitantes Primeros 150 Municipios del 1 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004 - Cifra Codhes 31 de enero de 2005 Fuente: Monitoreo población desplazada - Sisdhes Cons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Departamento ANTIOQUIA LA GUAJIRA CAQUETA NORTE DE SANTANDER CASANARE ANTIOQUIA CASANARE CAQUETA CALDAS CASANARE META ANTIOQUIA CAQUETA CHOCO VAUPES ANTIOQUIA ANTIOQUIA CUNDINAMARCA PUTUMAYO ANTIOQUIA ANTIOQUIA SANTANDER META PUTUMAYO ARAUCA GUAVIARE NORTE DE SANTANDER META CESAR NORTE DE SANTANDER CESAR VALLE DEL CAUCA VICHADA LA GUAJIRA NARIÑO ANTIOQUIA CHOCO ANTIOQUIA ANTIOQUIA CAQUETA ANTIOQUIA BOYACA ANTIOQUIA CAQUETA CESAR CHOCO NARIÑO

Municipio SAN FRANCISCO SAN JUAN DEL CESAR CARTAGENA DEL CHAIRA EL TARRA MANI SAN CARLOS MONTERREY MILAN SAMANA TAURAMENA EL DORADO MURINDO FLORENCIA EL CARMEN CARURU SAN RAFAEL SAN LUIS SAN FRANCISCO PUERTO ASIS COCORNA ARGELIA SAN MIGUEL CUBARRAL MOCOA PUERTO RONDON SAN JOSE DEL GUAVIARE HACARI SAN JUAN DE ARAMA PAILITAS SAN CALIXTO PELAYA CALIMA CUMARIBO DIBULLA EL CHARCO PEQUE ISTMINA GRANADA ITUANGO SAN VICENTE DEL CAGUAN DON MATIAS CIENEGA DABEIBA MORELIA MANAURE SAN JOSE DEL PALMAR POLICARPA

Tasa por 100 mil habitantes 26.951 12.403 11.708 10.692 9.583 9.565 9.274 9.268 8.161 8.029 7.923 7.749 7.666 6.982 6.799 6.646 6.488 6.449 6.325 6.063 5.945 5.590 5.464 5.272 5.201 5.004 4.886 4.883 4.720 4.561 4.400 3.999 3.977 3.955 3.919 3.694 3.644 3.473 3.465 3.447 3.344 3.322 3.272 3.256 3.253 3.222 3.100

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CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO Tasa de Recepción por cada 100 mil Habitantes Primeros 150 Municipios del 1 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004 - Cifra Codhes 31 de enero de 2005 Fuente: Monitoreo población desplazada - Sisdhes Cons 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Departamento NORTE DE SANTANDER META CAQUETA META PUTUMAYO BOLIVAR LA GUAJIRA CAQUETA CALDAS NARIÑO VAUPES META NARIÑO META CHOCO NARIÑO CHOCO CAQUETA ARAUCA SUCRE CAQUETA META CORDOBA CASANARE ARAUCA CASANARE CUNDINAMARCA BOLIVAR NARIÑO META CESAR BOYACA META GUAINIA SANTANDER CESAR ARAUCA VALLE DEL CAUCA RISARALDA MAGDALENA ANTIOQUIA BOLIVAR CAUCA CASANARE BOLIVAR SANTANDER CAUCA

Municipio TIBU VISTAHERMOSA EL PAUJIL EL CASTILLO SIBUNDOY ARENAL RIOHACHA LA MONTAÑITA PENSILVANIA TAMINANGO MITU LEJANIAS LOS ANDES MAPIRIPAN CONDOTO BARBACOAS BOJAYA CURILLO SARAVENA SINCELEJO SOLANO PUERTO LOPEZ VALENCIA YOPAL FORTUL SACAMA BELTRAN SAN PABLO CUMBITARA LA MACARENA BOSCONIA PAYA VILLAVICENCIO INIRIDA BARRANCABERMEJA AGUSTIN CODAZZI ARAUQUITA BUENAVENTURA QUINCHIA SANTA MARTA (DIST. ESP.) ANORI MARIA LA BAJA PIAMONTE VILLANUEVA MORALES LEBRIJA SAN SEBASTIAN

Tasa por 100 mil habitantes 3.088 2.983 2.887 2.851 2.794 2.770 2.753 2.667 2.494 2.489 2.425 2.378 2.325 2.311 2.298 2.266 2.165 2.156 2.151 2.079 2.065 2.065 2.018 2.017 1.995 1.987 1.968 1.931 1.931 1.889 1.883 1.802 1.799 1.756 1.743 1.709 1.686 1.675 1.673 1.641 1.588 1.577 1.544 1.529 1.515 1.497 1.496

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Departamento SUCRE META CESAR GUAINIA ANTIOQUIA TOLIMA SUCRE NORTE DE SANTANDER CUNDINAMARCA HUILA GUAVIARE ANTIOQUIA META CHOCO ARAUCA NARIÑO CAUCA CESAR NORTE DE SANTANDER CAQUETA PUTUMAYO TOLIMA CAUCA TOLIMA LA GUAJIRA NARIÑO CESAR ATLANTICO HUILA BOLIVAR BOYACA CAUCA ANTIOQUIA SANTANDER SANTANDER GUAVIARE NARIÑO HUILA HUILA CAUCA ARAUCA PUTUMAYO CALDAS SUCRE CAQUETA ANTIOQUIA NORTE DE SANTANDER

Municipio OVEJAS PUERTO RICO EL COPEY BARRANCO MINAS APARTADO PLANADAS COROZAL OCAÑA SOACHA ALTAMIRA MIRAFLORES URRAO PUERTO CONCORDIA QUIBDO ARAUCA RICAURTE POPAYAN VALLEDUPAR SARDINATA SAN JOSE DE FRAGUA PUERTO GUZMAN IBAGUE SANTA ROSA CAJAMARCA URIBIA LA LLANADA LA JAGUA DE IBIRICO MALAMBO OPORAPA EL CARMEN DE BOLIVAR MONGUA MERCADERES NARIÑO EL PLAYON BUCARAMANGA EL RETORNO TUMACO GIGANTE HOBO TORIBIO TAME VALLE DEL GUAMUEZ MARQUETALIA MORROA BELEN DE LOS ANDAQUIES MEDELLIN CONVENCION

Tasa por 100 mil habitantes 1.492 1.481 1.469 1.439 1.432 1.432 1.423 1.368 1.344 1.300 1.294 1.290 1.290 1.285 1.285 1.234 1.228 1.224 1.216 1.210 1.201 1.199 1.191 1.189 1.155 1.148 1.142 1.132 1.130 1.121 1.103 1.087 1.055 1.047 1.016 998 991 990 979 970 969 961 956 951 935 934 911

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CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO Tasa de Recepciรณn por cada 100 mil Habitantes Primeros 150 Municipios del 1 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004 - Cifra Codhes 31 de enero de 2005 Fuente: Monitoreo poblaciรณn desplazada - Sisdhes Cons 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Departamento ANTIOQUIA MAGDALENA QUINDIO META GUAVIARE NARIร O QUINDIO NORTE DE SANTANDER CASANARE

Municipio PUERTO TRIUNFO ARACATACA BUENAVISTA SAN JUANITO CALAMAR PIZARRO GENOVA CUCUTA TRINIDAD

Tasa por 100 mil habitantes 910 910 871 845 837 834 832 822 822

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CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO Tasa de Recepción por cada 100 mil Habitantes Municipios de Frontera del 1 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004 - Cifra Codhes 31 de enero de 2005 Fuente: Monitoreo población desplazada - Sisdhes Cons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Departamento LA GUAJIRA META PUTUMAYO META PUTUMAYO GUAVIARE META VICHADA CESAR NORTE DE SANTANDER META META VAUPES META META NARIÑO ARAUCA META META META GUAINIA CESAR ARAUCA META GUAINIA GUAVIARE META ARAUCA NARIÑO PUTUMAYO LA GUAJIRA CESAR NARIÑO PUTUMAYO NORTE DE SANTANDER META GUAVIARE NORTE DE SANTANDER ARAUCA PUTUMAYO PUTUMAYO PUTUMAYO NARIÑO NORTE DE SANTANDER PUTUMAYO META VAUPES

Municipio SAN JUAN DEL CESAR EL DORADO PUERTO ASIS CUBARRAL MOCOA SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JUAN DE ARAMA CUMARIBO MANAURE TIBU VISTAHERMOSA EL CASTILLO MITU LEJANIAS MAPIRIPAN BARBACOAS SARAVENA PUERTO LOPEZ LA MACARENA VILLAVICENCIO INIRIDA AGUSTIN CODAZZI ARAUQUITA PUERTO RICO BARRANCO MINAS MIRAFLORES PUERTO CONCORDIA ARAUCA RICAURTE PUERTO GUZMAN URIBIA LA JAGUA DE IBIRICO TUMACO VALLE DEL GUAMUEZ CONVENCION SAN JUANITO CALAMAR CUCUTA CRAVO NORTE PUERTO LEGUIZAMO PUERTO CAICEDO VILLAGARZON CUMBAL PUERTO SANTANDER ORITO CASTILLA LA NUEVA VILLA FATIMA

Tasa por 100 mil habitantes 12403 7923 6325 5464 5272 5004 4883 3977 3253 3088 2983 2851 2425 2378 2311 2266 2151 2065 1889 1799 1756 1709 1686 1481 1439 1294 1290 1285 1234 1201 1155 1142 991 961 911 845 837 822 787 762 753 727 722 722 712 699 696

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Departamento LA GUAJIRA NORTE DE SANTANDER META BOYACA META NORTE DE SANTANDER NARIÑO CESAR META META CESAR VAUPES META VICHADA META NARIÑO META LA GUAJIRA CESAR PUTUMAYO LA GUAJIRA LA GUAJIRA META LA GUAJIRA LA GUAJIRA AMAZONAS NORTE DE SANTANDER META META CESAR META CHOCO NORTE DE SANTANDER CHOCO NORTE DE SANTANDER CHOCO VICHADA CHOCO META META META META NORTE DE SANTANDER AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS

Municipio MAICAO VILLA DEL ROSARIO SAN MARTIN CUBARA GUAMAL TEORAMA IPIALES CURUMANI ACACIAS GRANADA BECERRIL YAVARATE RESTREPO PUERTO CARREÑO MESETAS CUASPUD PUERTO LLERAS BARRANCAS LA PAZ SAN MIGUEL FONSECA EL MOLINO CUMARAL VILLANUEVA URUMITA LETICIA EL CARMEN EL CALVARIO PUERTO GAITAN CHIRIGUANA LA URIBE UNGUIA HERRAN RIOSUCIO TOLEDO ACANDI LA PRIMAVERA JURADO BARRANCA DE UPIA CABUYARO FUENTE DE ORO SAN CARLOS DE GUAROA RAGONVALIA EL ENCANTO LA PEDRERA PUERTO NARIÑO TARAPACA

Tasa por 100 mil habitantes 688 688 685 668 667 662 601 588 578 576 554 546 533 532 531 509 464 429 413 395 389 370 327 309 304 283 268 228 216 166 150 132 114 78 67 44 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO Tasa de Recepciรณn por cada 100 mil Habitantes Municipios de Frontera del 1 de Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004 - Cifra Codhes 31 de enero de 2005 Fuente: Monitoreo poblaciรณn desplazada - Sisdhes Cons 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

Departamento GUAINIA GUAINIA GUAINIA GUAINIA GUAINIA GUAINIA VAUPES VAUPES VICHADA AMAZONAS AMAZONAS

Municipio SAN FELIPE PUERTO COLOMBIA LA GUADALUPE CACAHUAL PANA PANA MORICHAL NUEVO TARAIRA ACARICUARA SANTA ROSALIA Puerto Alegria Puerto Arica

Tasa por 100 mil habitantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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