BOLETÍN CODHES INFORMA #57: Colombia, Estados Unidos y los Países vecinos frente al Desplaz... 2004 by CODHES

Codhes informa ____________________________________________________________ ____ Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento. Número 57, Bogotá, Colombia, 15 de enero de 2004 E. Mail: codhes@codhes.org.co Página Web: www.codhes.org.co COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS Y LOS PAISES VECINOS FRENTE AL DESPLAZAMIENTO FORZADO. ¿Asunto militar o humanitario?

Presentación Este documento contiene los resultados del análisis, el monitoreo y el trabajo en terreno realizado por CODHES durante el periodo comprendido entre julio y noviembre del 2004. Está dividido en cuatro partes. En la primera, se examinan algunos elementos claves para comprender las respuestas más recientes de Estados Unidos y de los países vecinos a Colombia, frente a la crisis humanitaria y al conflicto armado; respuestas estrechamente relacionadas con la percepción de cada país frente a las amenazas para la seguridad nacional y regional en América Latina. En la segunda, se presentan las principales tendencias del desplazamiento forzado interno observadas durante el tercer trimestre del 2004, los factores asociados a sus causas y sus implicaciones en el ámbito nacional e internacional. En la tercera, se examinan las dinámicas y manifestaciones regionales del conflicto armado colombiano y de la crisis humanitaria, con énfasis en las migraciones internacionales y en zonas de frontera. Además, se hace un análisis de la forma en que el despliegue de políticas de seguridad focalizadas en las zonas de frontera, está influyendo en el diseño y aplicación de políticas públicas de prevención, protección y atención a población en riesgo o en situación de desplazamiento forzado por la violencia. Por último, se presentan algunas recomendaciones en el marco de la “Declaración y Plan de Acción de México Para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina”, resultado de la reunión celebrada en ciudad de México el 16 de noviembre del 2004 entre los gobiernos de los países de América Latina, para celebrar el vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los refugiados, de 1984.

Resumen I. Respuestas de Estados Unidos y gobiernos vecinos frente Conflicto armado interno

La militarización, la securitización en la región, son señales de que las amenazas para la seguridad nacional y regional en América Latina se definen de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, y corroboran la tendencia militarista en el tratamiento que le están dando los países de la región a la lucha global contra el terrorismo, identificada post 11 de septiembre como principal amenaza para la estabilidad del hemisferio occidental (percibida por los Estados miembros de Naciones Unidas). La consecuencia, se fragmenta la agenda y se invisibiliza la urgencia de atender el desarrollo y la crisis humanitaria para garantizar la paz y evitar desbordamiento del conflicto; se desconocen las manifestaciones transnacionales del conflicto y el principio de responsabilidad compartida para atender la crisis humanitaria que resulta del mismo1; se ignoran las vulnerabilidades internas que en cada país pueden contribuir a un deterioro de la crisis y a una expansión del conflicto; los Estados de la región Caribe y Suramérica, siguiendo las prioridades de Estados Unidos, dejan de lado temas medulares para América Latina como el comercio recíproco, la lucha contra la pobreza, el modelo de industrialización sostenible, mejoramiento de niveles de gobernabilidad, migraciones económicas causadas por desigualdades en el desarrollo y refugiados en el marco de una ciudadanía andina cada vez más fragmentada.

II. Dinámicas del desplazamiento forzado interno y dimensiones regionales de la crisis humanitaria Tendencia Nacional Contrario a lo que ha afirmado el gobierno de Uribe en varias intervenciones públicas2, durante el año 2004 el desplazamiento forzado en Colombia no ha disminuido ni se ha detenido. Al contrario, el número de personas en situación de desplazamiento forzado aumenta cada día: entre el último trimestre del 2003 y el primero del 2004, el incremento fue del 75%, entre el primero y el segundo trimestre de este año, la cifra aumentó el 30% y entre el segundo y el tercer trimestre del año, el incremento fue del 2%. En total, entre enero y septiembre de este año se han desplazado 205.504 personas en Colombia, de las cuales 51.282 se encuentran en departamentos fronterizos, aproximadamente el 25% del total y 24.717 personas en municipios territorialmente fronterizos.

Entre dichas manifestaciones se encuentran el uso de territorios de países vecinos como plataformas de operación, zonas de descanso y abastecimiento, o de refugio defensivo por parte de actores armados, así como la cooperación entre bandas criminales t estos grupos para cometer asesinatos, secuestros y extorsiones, el tráfico de precursores químicos y el ingreso de armas desde territorios ecuatoriano, brasilero, peruano e incluso panameño, la presencia de jornaleros de estos países en territorio colombiano dentro de cultivos de uso ilícito. 2 En el Discurso del Presidente Uribe ante la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, el 29 de septiembre de 2004, se menciona una disminución del 40% en el desplazamiento forzado.www.presidencia.gov.co

3 Dicha concentración de los desplazamientos entre julio y septiembre del presente año puede estar indicando que este periodo fue crítico para las fronteras, principalmente para el sur y el oriente del país, que presentaron la mayoría de desplazamientos. Sólo en los departamentos de Arauca, Guajira, Cesar, Guainía, Vichada, Vaupés y Norte de Santander, ubicados en la frontera con Venezuela y Brasil, 8.554 personas tuvieron que abandonar sus lugares de residencia por razones violentas durante estos tres meses. Esta cifra representa más del 10% del total de personas desplazadas durante el trimestre en el país. Diversos factores de la coyuntura nacional pueden estar asociados a este incremento del desplazamiento forzado: El desarrollo del Plan Patriota en el sur del país con la consecuente intensificación del conflicto, la radicalización de la política de seguridad democrática en su componente punitivo para el departamento de Arauca, el inicio de la fase de desmovilización en las regiones de control permanente de los grupos paramilitares (Golfo de Urabá en la frontera con Panamá y Catatumbo en la frontera con Venezuela), la disputa real o inminente por el control de territorios estratégicos entre los distintos grupos armados, el traslado de cultivos hacia zonas que empiezan a ser controladas por actores armados al margen de la ley, la situación de inseguridad alimentaría derivada de las fumigaciones y de los bloqueos, restricciones o confinamientos, los bajos niveles de integración social y de restablecimiento en las zonas receptoras de población desplazada que están generando nuevos desplazamientos, el desestímulo por parte de los países vecinos para iniciar el proceso de solicitud de asilo y que obliga a la población en riesgo a buscar otros lugares de asentamiento al interior del país3. Las políticas militaristas para “desalojar” a las FARC de sus territorios e impedirles el paso a los países vecinos por medio de un cerco militar en la región, ha resultado en un incremento de la crisis humanitaria, sobre todo los desplazamientos forzados y masivos; la radicalización de la guerra, el involucramiento de la población civil en el conflicto, el desabastecimiento y los bloqueos. Esto refleja que las estrategias de seguridad del Plan Patriota tienen un “efecto globo” similar al que generaron las fumigaciones, mediante el cual se está empujando el conflicto hacia los países vecinos y desbordándose la crisis en territorios de frontera.

Dimensiones regionales del conflicto armado y de la crisis humanitaria: El dilema de los refugiados y solicitantes de asilo. Durante el año 2004 aumentó constantemente el creciente número de colombianos que solicitan refugio en el exterior, sobre todo en los países vecinos, escapando de la violencia en Colombia. Entre enero y Septiembre del 2004, se presentaron 8.500 solicitudes de refugio sólo entre Ecuador y Venezuela.

El confinamiento de poblaciones es un factor que agudiza los desplazamientos masivos, una vez es suspendido como mecanismo de regulación social y control territorial. Casos de Confinamiento: Río San Juan en el Departamento de Choco frontera con Panamá, la Región del Catatumbo Departamento de Norte de Santander frontera con Venezuela y las comunidades ribereñas en Putumayo, comunidades indígenas en Nariño departamentos fronterizos con Ecuador.

4 Solicitudes y reconocimiento de refugio en Venezuela, Ecuador y Panamá. ACUMULADO Solicitudes Enero1999-2004 Septiembre 2004 Reconocidos 2004 27854 6440 ECUADOR 3396 1599 VENEZUELA

1480 165

30 REFUFIADOS- 799

PANAMA

1546

0 PROTEGIDOS HUMANITARIOS.

Sin embargo, la cifra exacta del total de colombianos que cruzan las fronteras huyendo de la violencia, las fumigaciones, confrontaciones entre actores armados y la tensión propia de un conflicto con las características del colombiano y que no solicitan asilo, no está incluida en los reportes oficiales. Esta situación es el reflejo del incremento de flujos irregulares, difíciles de controlar y que se confunden con las migraciones económicas en la región, en un contexto deprimido económicamente y propicio para el incremento de actividad ilícita4. La respuesta de los países vecinos al tema de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes indocumentados ha estado caracterizada por el cierre de fronteras en el marco de lucha contra el terrorismo y contra las drogas que implica: a) militarización de la línea fronteriza, aumento de pie de fuerza, compra de armamento y b) estrategias de contención del conflicto mediante controles a las migraciones.

En este contexto, los países vecinos comienzan a reclamar la responsabilidad del Estado colombiano para con sus compatriotas que están huyendo de la violencia en sus territorios

Durante rueda de prensa el día de la conmemoración de la Declaración de Cartagena, Ruud Lubbers, Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los refugiados afirmó que "Hay un gran número de colombianos que requieren protección, particularmente en las áreas fronterizas de los países vecinos, así como en otros países de la región".

Colombia y sus vecinos frente al eje “Washington-Bogotá”.

“Bush borró la distinción entre Guerra y Paz. Si la confrontación contra el terrorismo es ilimitada en tiempo y geografía, la paz se diluye en la constante de la guerra. Entraríamos en un periodo de Paz caliente. La Paz caliente entre múltiples Estados, grupos trasnacionales ilegales y fuerzas contestarias que recurren a la violencia indiscriminada, carece de reglas de juego y tiene mayor probabilidad de producir un número ilimitado de victimas”5 El 8 de octubre del año en curso, el Congreso de Estados Unidos autorizó la ampliación del número de militares y asesores de ese país con facultad para operar en Colombia, de 400 a 800 y de 400 a 600, respectivamente6. Esta autorización para actividades de defensa, modificó definitivamente la limitación introducida por esta corporación en el año 2000, cuando se aprobó el paquete de ayuda denominado Plan Colombia y que establecía un tope para la presencia de militares y asesores en el país, equivalente a 400 y 600 respectivamente7. La posición de funcionarios del Departamento de Estado y Defensa de Estados Unidos durante los primeros meses del 2004, en la que manifestaban que no era necesario ese incremento, cambió una vez avanzado el plan de campaña militar del presidente Uribe, conocido como “Plan Patriota”, cuyo propósito principal es el despliegue de una ofensiva militar intensa en el sur de Colombia para recuperar el control estatal en territorios con presencia histórica de las guerrillas. El argumento principal del anterior jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general James T. Hill, durante el debate en el Congreso norteamericano, señaló que buena parte del éxito del Plan Patriota depende de la asistencia logística, inteligencia y entrenamiento al Ejército colombiano por parte del personal estadounidense presente en Colombia. Hill afirmó en marzo que “hasta ahora el impacto de la tropa ha sido pequeño”8. La aprobación de esta ley muestra el énfasis del componente militar en la política exterior norteamericana para los temas de seguridad. La ayuda militar y policial de Estados Unidos hacia Colombia continúa representando aproximadamente el 80% del total de la ayuda aprobada, y está enfocada en asistencia para la lucha contra el terrorismo y el control internacional de narcóticos.9 Colombia comparte con los países 5

Juan Gabriel Tokatlian. “Colombia: guerra interna, inseguridad regional e intervención externa”. en El conflicto colombiano y su impacto en los países andinos, Álvaro Camacho Guizado (comp), Universidad de los Andes – CESO, Bogotá: Octubre 2003. 6 El gobierno colombiano recibió un impulso decisivo en la lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al obtenerse la autorización del Congreso estadounidense para ampliar el número de militares y asesores norteamericanos con facultad para cooperar en el país en la ofensiva contra la guerrilla. “EU aumentará el número de sus efectivos en Colombia” en Diario El Universal, Ecuador, 10 de Octubre 2004. 7 Sección 3204, título III, capítulo 2 de la Ley 106-246, como parágrafo. También la enmienda introducida por el representante Gene Taylor (D-Mississippi) en mayo 12 de este año, durante el debate del Comité de Apropiaciones y Operaciones Extranjeras, S1032, que limitó el número de efectivos militares a 500 frente a la propuesta inicial de aumentar el tope hasta 800. 8 U.S. Military and Police Aid 2004: The "troop cap" debate en www.ciponline.org/colombia/04cap.htm 9 La administración Bush solicitó al Congreso norteamericano un monto total de ayuda para el 2005 que supera ampliamente los niveles aprobados para el 2004: 597,72 millones de dólares comparados con 574,8 millones, respectivamente. De esta cifra, 447 millones estarían destinados para la ayuda militar y policial, mientras se mantiene igual monto que el año anterior para la ayuda social y económica, equivalente a 150 millones de dólares. Si se mantiene la ayuda adicional recibida por Colombia durante el 2003 bajo el presupuesto de defensa de

6 de la región (Perú, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Panamá y Brasil) un total estimado para el año entrante en 731 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico, dentro del cual está comprendido un componente de 257 millones para ayuda económica y social. Aunque el Plan Colombia llega a su fin supuestamente en diciembre del 2005, dentro del presupuesto estadounidense para Colombia en el 2004 están previstos al menos 110 millones de dólares para fortalecer al Plan Patriota10. Además, está por verse la solicitud del reelecto presidente Bush al Congreso norteamericano en febrero del próximo año, para las operaciones del año 2006. Estos elementos son señales de que las amenazas para la seguridad nacional y regional en América Latina definiéndose de acuerdo con los intereses de Estados Unidos, y corroboran la tendencia militarista en el tratamiento que le están dando los países de la región a la lucha global contra el terrorismo, identificada post 11 de septiembre como principal amenaza para la estabilidad del hemisferio occidental (percibida por los Estados miembros de Naciones Unidas). Varios aspectos sustentan esta afirmación. En primer lugar, el diseño y aplicación de las políticas de seguridad muestran que la agenda de la región latinoamericana corresponde a la necesidad de Estados Unidos de mantener su hegemonía en la región de las Américas11. Esto lo hace mediante su influencia en la “securitización” de la agenda, en un esquema unilateral dentro del cual la seguridad es un tema pensado desde Washington y de acuerdo con los intereses de Estados Unidos. Dicho esquema tiene una réplica en Bogotá, el foco de esta “securitización”, consolidando lo que se conoce como “el eje Washington-Bogotá” y reproduciendo lógicas hegemónicas en la política de seguridad nacional del gobierno Uribe. De otro lado, dicha hegemonía se consolida mediante el poder material que ejerce Estados Unidos en cada una de las estrategias de seguridad coordinadas bilateralmente en las distintas sub-regiones de América Latina y el Caribe: en el norte la Cuenca del Caribe, 7 países de Centroamérica y México, en Sudamérica los países andinos (Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela) y el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay); a ellos se suman Bolivia y Chile como países asociados. Al respecto, Juan Tokatlián afirma que “Cada vez hay una visión más realista de los Estados Unidos frente a la dimensión del conflicto colombiano (…) me parece que el punto fundamental es que el código en que se define ese combate contra el terrorismo es contra el actor y no contra el producto (…) lo que vemos es la imposición de una agenda sobre Colombia y una agenda que se irá reforzando en sus elementos más punitivos, en cuanto el país siga en guerra y no entienda que lo que necesita es la paz”. Otros expertos académicos en el tema de seguridad regional afirman que “Los intereses de Estados Unidos ya no giran alrededor del narcotráfico sino de la importancia geoestratégica, petróleo, recursos naturales como el carbón, en ese

Estados Unidos (149 millones), podría ascender a 570,92 millones de dólares para ayuda militar y policial (79,2%) Ver: www.ciponline.org/colombia/2005aidrequest. 10 Los fondos serán usados para armas, entrenamiento, visores nocturnos y equipos de comunicación para las brigadas que liderarán la ofensiva. “Gobierno colombiano con ayuda de E.U planea masiva ofensiva contra las FARC”, en Diario Vanguardia, Bogotá: abril 25 (AFP), www.vanguardia.com 11 Francisco Rojas Aravena, Seguridad en las Américas, los desafíos Post Conferencia: Operacionalizar los consensos y articular los conceptos, FESCOL Briefing Paper, Bogotá: mayo de 2004.

7 sentido prioriza Estados Unidos la necesidad de un Estado autoritario y capaz de movilizar la guerra en contra de las FARC”12 Estados Unidos necesita mostrar al mundo que su política exterior no es sólo una cruzada norteamericana contra la religión musulmana y que también se combate el terrorismo en otras naciones. El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld afirmó en una ceremonia celebrada en noviembre de este año para presidir el cambio de mando del Comando Sur que, ''Mientras muchos en el mundo se enfocan hacia el Medio Oriente, en Latinoamérica también se combate el terrorismo'' y ``como en décadas pasadas dio un paso al frente y abrió las puertas de la democracia, ahora lo mismo sucede en Irak''13. Sin embargo, varios analistas resaltan que la naturaleza de las operaciones de las FARC y de los grupos paramilitares, no permiten hablar de un terrorismo de alcance global. Pero es cierto que con la caída de los grandes carteles de la droga, la actividad de las FARC y paramilitares, así como otros grupos pequeños de narcotraficantes entran a llenar el vacío en el foco de las operaciones de seguridad de Estados Unidos en la región. Bruce Bagley afirma que “Lo que ve Estados unidos es que la lucha contra el narcotráfico no funciona si no elimina primero los actores principales y especialmente las FARC. Entonces la prioridad norteamericana es que la erradicación y fumigación son instrumentos secundarios y es una lucha cada vez más contrainsurgente. Hay que quitar las FARC del proceso de intermediación”14. Es así como Colombia aparece ante los ojos de Estados Unidos como una amenaza para su seguridad nacional, bajo una visión geopolítica hacia Suramérica en general y hacia Colombia en particular. En su paso por Chile y Colombia el reelegido presidente de los Estados Unidos expuso algunas de sus prioridades en política exterior: •

Alejandro Toledo, de Perú - Gobernabilidad y pobreza

•

Vicente Fox, México - Inmigración y seguridad

•

Álvaro Uribe, Colombia - Terrorismo y narcotráfico

•

Hu Jintao, China - Temores de hegemonía15

Consecuencialmente, Bush reconfigura su gobierno para el nuevo periodo, con personas que, por sus características, radicalizan su dura política exterior, en efecto, ha elegido como nueva secretaria de Estado a Condoleeza Rice, de línea ortodoxa, con un enfoque marcado por las guerras antiterroristas. En segundo lugar, a pesar de que las nuevas amenazas en el hemisferio occidental son de naturaleza transnacional, desterritorializadas, no representan actores estatales ni naciones sino sectores sociales y grupos que trascienden los límites del Estado, las respuestas a dichas amenazas se dirigen contra grupos asociados a nacionalidades y 12

Bruce Bagley, entrevista realizada por Sergio Fajardo y Carlos Mario Gómez, “Colombia: mezcla explosiva de terrorismo y narcotráfico” en Diario El Colombiano, 11 de septiembre del 2001, www.elcolombiano.com. 13 El General Hill entregó el mando del Comando Sur al general Bandz J. Bradock. “Estados Unidos busca reforzar nexos con Latinoamérica” en Nuevo Herald, 10 de noviembre del 2004, en www.miami.com. 14 Entrevista realizada por Sergio Fajardo y Carlos Mario Gómez, Op.cit. 15 “En Chile y Colombia, Bush refleja su política latinoamericana”, 22 de Noviembre de 2004, The Associated Press.

8 se aplican en territorios claramente delimitados por las fronteras estatales. De esta manera, las políticas de cierre de fronteras aplicadas por los países de la subregión andina como medida para prevenir la expansión del conflicto colombiano y los controles migratorios en la Cuenca del caribe para prevenir la expansión del narcotráfico hacia Norteamérica, reflejan la reproducción de esta lógica. El esquema de cooperación internacional de la Iniciativa Regional Andina descrito arriba, plasma esta lógica. Es así como se rompe el principio de distinción entre civiles y combatientes, pequeños cultivadores y narcotraficantes en la aplicación de las estrategias de seguridad regional. Ecuador, mediante la política del “yunque”, pretende evitar la amenaza de expansión de grupos guerrilleros y paramilitares que desarrollen acciones de tipo terrorista terrorismo en su territorio. Panamá, pretende evitar la proliferación de tráfico de drogas hacia Estados Unidos mediante un bloqueo y cierre total de la frontera que se convierte en el límite territorial real de Estados Unidos con América Latina. Venezuela percibe como amenaza la probabilidad de desborde del conflicto colombiano en su jurisdicción, específicamente la reproducción de la dinámica de confrontación armada, con probabilidades de desestabilizar aún más el gobierno de Hugo Chávez. Brasil y Perú perciben el tráfico ilegal de armas y de precursores químicos como la principal amenaza, ya que puede incrementar la criminalidad y corrupción de sectores oficiales en estos países. Estas percepciones de la seguridad se refieren a su vez a las percepciones de cada país respecto de sus vulnerabilidades internas y debilidades en el esquema bilateral de cooperación con Estados Unidos. Por esta razón actúan de conformidad con sus propios intereses nacionales para evitar entrar al círculo donde se focaliza la amenaza regional, es decir, Colombia. En tercer lugar, esta agenda de seguridad está cada vez más en manos de sectores militares y obedece a la premisa según la cual Colombia está pasando de un Estado frágil a un Estado en colapso. La respuesta es cada vez más responder a ese colapso institucional, reforzando las estructuras militares que pueden garantizar el monopolio legítimo de la violencia. En esta premisa se ignoran otros factores que influyen en la debilidad y fragilidad institucional, tales como la satisfacción de demandas internas y la solución de conflicto sociales. "La guerra de Colombia no es tan sólo de Colombia, sino una guerra para todos sus vecinos y para todo el mundo. A mí parecer tiene que ser un combate, una pelea en la que participen todos los vecinos regionales", "Creo que hay un sentimiento creciente acerca de este hecho de parte de países como Ecuador, Perú, Brasil y Panamá, y espero que algún día también Venezuela", agregó James Hill en una conferencia de prensa, en su última visita a Colombia antes de su próxima jubilación16. En consecuencia, se fragmenta la agenda y se invisibiliza la urgencia de atender el desarrollo y la crisis humanitaria para garantizar la paz y evitar desbordamiento del conflicto; se desconocen las manifestaciones transnacionales del conflicto y el principio de responsabilidad compartida para atender la crisis humanitaria que resulta del mismo17; se ignoran las vulnerabilidades internas que en cada país pueden 16

Diario El Universal, Op. Cit. Entre dichas manifestaciones se encuentran el uso de territorios de países vecinos como plataformas de operación, zonas de descanso y abastecimiento, o de refugio defensivo por parte de actores armados, así como la cooperación entre bandas criminales t estos grupos para cometer asesinatos, secuestros y extorsiones, el tráfico de precursores químicos y el ingreso de armas desde territorios ecuatoriano, brasilero, peruano e incluso panameño, la presencia de jornaleros de estos países en territorio colombiano dentro de cultivos de uso ilícito. 17

9 contribuir a un deterioro de la crisis y a una expansión del conflicto; los Estados de la región Caribe y Suramérica, siguiendo las prioridades de Estados Unidos, dejan de lado temas medulares para América Latina como el comercio recíproco, la lucha contra la pobreza, el modelo de industrialización sostenible, mejoramiento de niveles de gobernabilidad, migraciones económicas causadas por desigualdades en el desarrollo y refugiados en el marco de una ciudadanía andina cada vez más fragmentada. El gobierno de Colombia En este contexto, el gobierno de Uribe es el principal socio de Estados Unidos en la región Suramérica y desarrolla componentes de la política de seguridad democrática en sintonía con la visión geopolítica de ese país. Sin embargo, hay temas álgidos en las relaciones internacionales. El proceso de diálogo y negociación con los grupos de autodefensa en su fase de desmovilización, ha recibido distintas críticas por parte del gobierno norteamericano: El Embajador de Estados Unidos criticó el proceso de paz con los paramilitares, pero reiteró su apoyo, William Wood, se refirió al proceso de desmovilización y reinserción de los 871 miembros del Bloque Cacique Nutibara (BCN) de las autodefensas. El diplomático destacó la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de participar en la verificación de este programa y el interés del Gobierno de Álvaro Uribe de trabajar con ese organismo. No obstante, Wood también señaló falencias. “La desmovilización se llevó a cabo sin la ventaja de una estructura legal. También faltaba un nivel de transparencia y seguimiento porque el mundo no sabe qué pasó con los ex combatientes participantes del programa. Creo que el mundo quiere saber y el gobierno tiene la respuesta”, dijo. Y agregó que aunque “la respuesta es buena, la falta de transparencia crea unas dudas y cuando se habla de un programa tan controvertido, importa mucho la transparencia”. Wood también dijo que su país estudia con detenimiento los diálogos que actualmente realiza el Gobierno colombiano con varios grupos de autodefensa. Al respecto, dijo que aunque su Gobierno no ha fijado una posición oficial frente a esta negociación, ya ha aportado dos millones de dólares para su desarrollo. “Este es un proceso complejo, con un elemento de negociación, concentración, procesamiento judicial, desmovilización y reinserción. Cada uno de esos pasos tiene sus aspectos legales, políticos y pragmáticos, y hay que ordenarlo”, puntualizó el diplomático18 Además, el gobierno de Estados Unidos ha presionado cada vez más para la extradición de narcotraficantes hacia ese país, como requisito para el desembolso de recursos destinados a la desmovilización de grupos armados ilegales19. En este sentido, la negativa del líder paramilitar Salvatore Mancuso a la extradición ha puesto al gobierno en aprietos El máximo jefe paramilitar colombiano, Salvatore Mancuso, advirtió que está dispuesto a finalizar el proceso de paz con el Gobierno y retomar las armas si se persiste en extraditar a Estados Unidos a los líderes de esos escuadrones de autodefensa. “Si no hay claridad a futuro con la situación de narcotráfico no avanzaríamos con más desmovilizaciones porque es más fácil devolverme, recoger lo poco que quedó de las tropas que no se han desmovilizado, meterme en el monte y morirme de viejo o que me mate la ley, a que cuando yo termine la negociación y pague la cárcel en Colombia me lleven a Estados Unidos", dijo Mancuso en una grabación difundida por el noticiero de televisión Noticias20. Y puede que la decisión 18

”Se desintegró el Bloque Bananeros, 452 hombres de las AUC dejaron las armas” en Diario Vanguardia Liberal, 26 de Noviembre de 2004. http://www.vanguardia.com/2004/11/26/nac1.htm 19 Entre las cuatro condiciones introducidas por el Senado el 16 de septiembre del 2004, el Comité de Operaciones extranjeras menciona el que el gobierno de Estados Unidos pueda extraditar ciudadanos colombianos, incluyendo miembros de grupos armados. 20 “Mancuso opuesto a extradición de líderes de las AUC” en El Universal, diciembre 12 de 2004, http://noticias.eluniversal.com/2004/12/06/int_art_06141A.shtml.

10 del capo del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela de someterse a la justicia norteamericana, sea una cortina de humo en ese sentido. La implementación del Plan Colombia I y Plan Patriota en los territorios del Sur - frontera con Ecuador- , las políticas de seguridad aplicadas en las llamadas Zonas de Rehabilitación y consolidación en Arauca (frontera con Venezuela), la aplicación de la política de Seguridad Democrática en todo el país, el programa de desmovilización a guerrilleros y autodefensas y, finalmente, el proceso de paz con los grupos de autodefensa dentro de la administración Uribe, son elementos claves para entender la lógica de seguridad del eje Washington-Bogotá. Reflejo de la existencia de este eje es la insistencia del actual gobierno en regionalizar el conflicto colombiano, Uribe exige corresponsabilidad por parte de los países vecinos21. El presidente en los discursos pronunciados en el escenario regional, expresa constantemente la “imperiosa” necesidad de que todos los países apoyen la lucha contra el terrorismo y las drogas en Colombia, especialmente reforzando la seguridad en las fronteras terrestres para impedir el paso de los terroristas a sus territorios. De igual manera, ha implementado acuerdos binacionales con los gobiernos de Brasil y Perú, para la interdicción conjunta en pro de la lucha contra el narcotráfico. Solicitud que fue ampliamente apoyada por el gobierno de Estados Unidos, a través del embajador estadounidense en Colombia, William Wood y el anterior jefe del Comando Sur del Ejército de ese país, James T. Hill,22 así como funcionarios del Departamento de Estado. Estos altos oficiales del gobierno Bush han insistido en que el conflicto armado en Colombia constituye una amenaza regional, dado el carácter de terroristas de las FARC, lo cual constituye un peligro para la seguridad de los países de la región andina23. Es así como Estados Unidos ha decidido extender el apoyo al Plan Colombia II y financiar el Plan Patriota, después que, en el mes de septiembre, el secretario de Estado Collin L. Powell determinó y certificó ante el Congreso de Estados Unidos que el gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia están cumpliendo los criterios legales relacionados con los Derechos Humanos y cortan sus lazos con grupos paramilitares24. La presencia de actores armados irregulares colombianos en los países vecinos y el discurso oficial de internacionalización del conflicto colombiano con sus consecuencias

La política exterior colombiana reconoce y valora la existencia de una responsabilidad compartida por la comunidad internacional frente al problema mundial de las drogas, el terrorismo y sus fuentes de financiación. 22 Ver declaraciones de James T. Hill el 5 de octubre en el Diario el Universo de Ecuador “Jefe del comando sur excluye a Venezuela de países aliados de Colombia”. 23 De acuerdo al informe del Internacional Crisis Group, publicado a finales de septiembre, "los gobiernos de Venezuela y Ecuador comparten la preocupación acerca del impacto que pueda ejercer el conflicto colombiano en sus propios países". Sin embargo, esto no significa que compartan el carácter de terrorista que se impugna a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Diario El Universo de México, 12 de octubre 2004. 24 De esta forma se verifica la sección 563 (a) (1) de la Ley de Operaciones en el extranjero, financiamiento de Exportaciones y Programas relacionados de asignaciones del año Fiscal 2004, 75% de los fondos de ayuda a las fuerzas armadas Colombianas ya ha sido usado. Esta determinación u certificación del secretario de Estado en cumplimiento de la sección 563 (a) (2), permite el uso del otro 12.5 % de esos fondos

11 negativas, estimulan aún más el tema de “securitización” de las agendas de los países andinos, minimizan el problema de la crisis humanitaria y lo direccionan hacia los códigos de seguridad y de defensa de la soberanía nacional. En consecuencia, se priorizan las soluciones a nivel militar, creando una especie de cordón de seguridad y aislamiento para los colombianos. "Si Colombia no derrota al narcotráfico, se les mete las FARC (...) que es abusiva, no respeta la frontera ecuatoriana, ni la peruana, ni la brasileña, ni la venezolana, ni la panameña"25. Las implicaciones de una política militarista, focalizada en territorios específicos dentro de Colombia y dirigida contra determinados sectores sociales, es un peligro para el ejercicio de la neutralidad por parte de población civil que entra en clasificaciones y señalamientos, con un impacto negativo para el respeto a los acuerdos de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Miembros de las fuerzas armadas encargados del desarrollo del Plan Patriota, afirman que “no es fácil. Varios helicópteros han sido impactados, los campos minados han retrasado el avance y el enemigo tiene ventaja en lugares donde ha estado por décadas con la población civil”26 Estas prácticas gubernamentales promovidas por “el eje Washington-Bogotá”, han generado el desbordamiento de la crisis humanitaria del territorio colombiano hacia los países vecinos (especialmente, Ecuador, Venezuela y Panamá), con su manifestación más evidente en flujos masivos irregulares desde Colombia a toda la región. Sus efectos son contraproducentes porque no promueven la seguridad en sus múltiples dimensiones: la seguridad de la persona como una prioridad igual a la de los Estados, la seguridad humana paralela a la necesidad de proteger los recursos y los territorios; y la seguridad para garantizar condiciones de gobernabilidad democrática mas que para fortalecer el aparato represivo del Estado.

Discurso de Uribe durante su visita a Ecuador en octubre de este año: "A Ecuador le conviene que Colombia derrote al narcotráfico",en Diario El Comercio, Ecuador: octubre 18 de 2004. 26 “Gobierno colombiano con ayuda de E.U planea masiva ofensiva contra las FARC” en Diario Vanguardia, abril 25 de 2004. www.vanguardia.com

12 II.

Dinámicas del desplazamiento forzado regionales de la crisis humanitaria

interno

dimensiones

A pesar de la aplicación de políticas de seguridad en Colombia orientadas a combatir los grupos armados irregulares en sus zonas de control por la vía militar, pese a la adopción por parte de países vecinos de estrategias enfocadas en el cierre de fronteras para contener el conflicto colombiano y evitar la proliferación de redes transnacionales del narcotráfico, la seguridad humana no ha mejorado para las personas que viven en las zonas más vulnerables a la influencia de grupos irregulares y economías ilícitas. Esta realidad contrasta con la percepción de que la seguridad de los Estados en la región ha mejorado gracias a las políticas militaristas y a las medidas de regulación en las fronteras con Colombia27. Tendencia Nacional Contrario a lo que ha afirmado el gobierno de Uribe en varias intervenciones públicas28, durante el año 2004 el desplazamiento forzado en Colombia no ha disminuido ni se ha detenido. Al contrario, el número de personas en situación de desplazamiento forzado aumenta cada día: entre el último trimestre del 2003 y el primero del 2004, el incremento fue del 75%, entre el primero y el segundo trimestre de este año, la cifra aumentó el 30% y entre el segundo y el tercer trimestre del año, el incremento fue del 2%. En total, entre enero y septiembre de este año se han desplazado 205.504 personas en Colombia, de las cuales 51.282 se encuentran en departamentos fronterizos, aproximadamente el 25% del total y 24.717 personas en municipios territorialmente fronterizos. Gráfico1 Numero de personas desplazadas por trimestre 2003-2004 80000 75.158

70000

67.726

73.674

60000

56.672

55.580 51.964

50000 40000

32.337

30000

Numero de personas 20000 10000 0 I - Trim03

II - Trim03

III - Trim03

IV - Trim03 Trimestre

I - Trim04

II - Trim04

III - Trim04

Fuente: Sistema de información (SISDHES) CODHES La información del gráfico 1 muestra que entre enero y septiembre del 2004 se registró un incremento del desplazamiento equivalente al 17 por ciento respecto al mismo

El gobierno de Ecuador afirmó públicamente que las tasas de criminalidad habían disminuido desde que se está exigiendo el pasado judicial, Ver Diario El Universo de Ecuador: Octubre 15 de 2004. 28 En el Discurso del Presidente Uribe ante la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, el 29 de septiembre de 2004, se menciona una disminución del 40% en el desplazamiento forzado.

13 periodo del año 2003, pasando de 175.270 personas desplazadas el 2003 para el periodo examinado a 205.504 este año, para el periodo examinado. Este incremento constante contrasta con la tendencia registrada durante el año 2003, evidenciando que durante el 2004 ha habido un deterioro de las condiciones de protección para la población civil y de las garantías para permanecer por periodos prolongados en las distintas zonas del país29.

Las zonas de frontera. En total, durante el tercer trimestre del 2004 se desplazaron 75.158 personas en el país. De esta cifra, 48.970 personas salieron forzadamente de sus territorios en departamentos de frontera, equivalente al 61% del total reportado por el país, y 7.652 personas en municipios territorialmente fronterizos, el 10% del total de personas desplazadas en Colombia para el tercer trimestre. Además, en los departamentos fronterizos durante este periodo del 2004 ocurrió casi el 100 por ciento de los desplazamientos reportados por estas zonas (ver tabla 1). Dicha concentración de los desplazamientos entre julio y septiembre del presente año puede estar indicando que este periodo fue crítico para las fronteras, principalmente para el sur y el oriente del país, que presentaron la mayoría de desplazamientos. Sólo en los departamentos de Arauca, Guajira, Cesar, Guainía, Vichada, Vaupés y Norte de Santander, ubicados en la frontera con Venezuela y Brasil, 8.554 personas tuvieron que abandonar sus lugares de residencia por razones violentas durante estos tres meses. Esta cifra representa más del 10% del total de personas desplazadas durante el trimestre en el país. Al examinar el desplazamiento a nivel departamental, Caquetá aparece durante el tercer trimestre del 2004 como el segundo con mayor población desplazada, con 4.292 personas, después de Antioquia que reportó 9.985 personas desplazadas para el mismo periodo. Otros departamentos afectados por el fenómeno del desplazamiento son Meta con 4.247 personas desplazadas para el tercer trimestre, Valle del Cauca con 3.955 personas para el mismo periodo, Norte de Santander con 3.803, Bogotá con 3.609 y Nariño con 3.228 personas en situación de desplazamiento entre julio y septiembre del presente año. En estas zonas se implementan políticas de seguridad enfocadas en la lucha contra insurgente por vía militar (Caquetá y Meta), erradicación por fumigaciones de cultivos de uso ilícito (Norte de Santander) y detenciones y capturas masivas como parte de la política de seguridad democrática (Cauca)30.

Para un análisis de las causas Ver Boletín CODHES Informa Número 47, “Desplazados: ni seguridad ni democracia”, Bogotá: abril de 2004. 30 Estas medidas están afectando de tal forma el tejido social, que la Guardia Indígena del Cauca conformó este mes un bloque para vigilar y mitigar el impacto de las detenciones masivas contra líderes sociales, Noticiero CM& en la emisión televisada del 9 de diciembre del 2004. Es importante mencionar que esta experiencia de resistencia civil de comunidades indígenas compartió este año el premio nacional de paz otorgado por (Semana, El Tiempo, Caracol Radio y Televisión) con el Comité de Cacaoteros del Caguán (Chocaguán), iniciativa campesina del Caquetá para la erradicación voluntaria de cultivos de coca.

Tabla 1. Número de personas desplazadas por trimestre en cada departamento 2003-2004 Departamento 2003-1 2003-2 2003-3 2003-4 2004-1 SAN ANDRES 0 0 0 0 0 AMAZONAS 48 40 21 27 41 GUAINIA 105 30 10 16 29 VICHADA 83 30 0 24 230 VAUPES 7 0 19 0 16 QUINDIO 259 0 332 103 579 BOYACA 436 456 194 236 290 GUAVIARE 736 176 1.634 373 477 CORDOBA 1.213 999 188 282 543 HUILA 1.244 1.047 1.017 622 1.270 CALDAS 684 1.189 4.039 235 346 CAUCA 1.783 1.006 738 623 1.340 LA GUAJIRA 2.506 578 619 443 4.621 TOLIMA 645 382 1.444 950 1.289 ATLANTICO 795 375 1.471 906 1.003 ARAUCA 551 1.774 557 85 383 CASANARE 532 392 409 120 628 CHOCO 2.395 740 867 1.170 662 CUNDINAMARCA 7.203 4.295 953 878 1.279 RISARALDA 1.321 1.306 15 689 643 CESAR 4.895 3.233 2.526 1.839 3.511 PUTUMAYO 3.479 2.010 1.921 976 1.796 SUCRE 1.895 1.354 1.244 1.323 1.732 BOLIVAR 5.140 1.628 1.354 1.653 2.745 SANTANDER 1.499 2.005 2.033 1.084 2.161 NARIÑO 1.801 2.508 2.302 2.379 1.436 BOGOTA D.C. 2.520 2.944 4.853 2.757 6.956 MAGDALENA 3.046 1.976 1.702 1.990 1.176 NTE/SANTANDER 4.107 3.871 2.844 1.411 2.286 VALLE DEL CAUCA4.161 1.962 4.045 1.245 1.562 META 1.254 1.499 4.163 1.558 3.208 CAQUETA 2.064 3.606 4.067 4.380 7.132 ANTIOQUIA 9.319 8.553 7.999 1.960 5.302 TOTAL 67.726 51.964 55.580 32.337 56.672

2004-2 15 29 120 47 191 552 511 608 640 1.915 3.358 1.314 1.977 965 867 590 3.219 1.045 606 733 2.681 3.078 1.771 1.481 3.471 3.844 7.110 3.361 3.988 2.423 2.756 8.055 10.353 73.674

2004-3 0 33 134 140 350 702 792 1.064 1.336 1.398 1.443 1.532 1.682 1.719 1.887 2.097 2.117 2.198 2.247 2.300 2.445 2.571 2.659 2.727 2.758 3.228 3.609 3.708 3.803 3.955 4.247 4.292 9.985 75.158

Fuente: Sistema de información (SISDHES) CODHES De otro lado, al comparar el número de personas que se vieron obligadas a desplazarse para proteger su vida e integridad personal durante el tercer trimestre del 2004 respecto del tercer trimestre del 2003, es claro que en casi todos los departamentos del país esa cifra aumentó significativamente, excepto en Bogotá, Caldas y Guaviare (ver gráfico 2). El gráfico 2 da cuenta de la crítica situación durante el periodo julio -septiembre de este año frente al mismo periodo del año anterior, en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Arauca, Chocó, Cundinamarca, Putumayo, Nariño, Sucre, Bolívar. Caquetá, Meta, Guainía, Vichada y Vaupés presentan una magnitud del desplazamiento con niveles similares a los observados durante el tercer trimestre del 2003.

Gráfico 2 Número de personas desplazadas III trimestre 2003 vs III trimestre 2004 12.000

10.000

8.000 2003-3 2004-3 6.000

4.000

2.000

ANTIOQUIA

META

CAQUETA

VALLE DEL CAUCA

MAGDALENA

NTE/SANTANDER

NARIÑO

BOGOTA D.C.

SANTANDER

SUCRE

BOLIVAR

CESAR

PUTUMAYO

RISARALDA

CHOCO

CUNDINAMARCA

ARAUCA

CASANARE

TOLIMA

ATLANTICO

CAUCA

LA GUAJIRA

HUILA

CALDAS

CORDOBA

BOYACA

GUAVIARE

VAUPES

QUINDIO

GUAINIA

VICHADA

AMAZONAS

SAN ANDRES

Fuente: Sistema de información (SISDHES) CODHES En conclusión, el país presentó una tendencia general al incremento en el número de personas desplazadas durante el periodo enero-septiembre del 2004 respecto del mismo periodo durante el 2003 y más de la mitad de los desplazamientos reportados en estos tres meses ocurrieron en zonas de frontera. Diversos factores de la coyuntura nacional pueden estar asociados a este incremento del desplazamiento forzado: El desarrollo del Plan Patriota en el sur del país con la consecuente intensificación del conflicto, la radicalización de la política de seguridad democrática en su componente punitivo para el departamento de Arauca, el inicio de la fase de desmovilización en las regiones de control permanente de los grupos paramilitares (Golfo de Urabá en la frontera con Panamá y Catatumbo en la frontera con Venezuela), la disputa real o inminente por el control de territorios estratégicos entre los distintos grupos armados, el traslado de cultivos de coca y amapola hacia zonas que empiezan a ser controladas por actores armados al margen de la ley, la situación de inseguridad alimentaria derivada de las fumigaciones y de los bloqueos, restricciones o confinamientos, los bajos niveles de integración social y de restablecimiento en las zonas receptoras de población desplazada que están generando nuevos desplazamientos, el desestímulo por parte de los países vecinos para iniciar el proceso de solicitud de asilo y que obliga a la población en riesgo a buscar otros lugares de asentamiento al interior del país31. 31 El confinamiento de poblaciones es un factor que agudiza los desplazamientos masivos, una vez es suspendido como mecanismo de regulación social y control territorial. Casos de

La influencia de estos factores en las dinámicas del desplazamiento no es homogénea en todo el país, el impacto es diferente en cada frontera. Frontera Sur de Colombia con Ecuador. En esta región uno de los aspectos que más ha influido en una tendencia al incremento en el número de desplazados durante el 2004, es el despliegue del Plan Patriota, basado en estrategias de copamiento militar por parte de la Fuerza Pública en territorios de presencia arraigada de las guerrillas. Su aplicación, principalmente al sur y suroriente del país en departamentos con economías basadas en el cultivo de la coca y la amapola (Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta), comprende el desplazamiento de miembros de unidades antinarcóticos, Fuerza de Tarea Omega bajo la asesoría del Comando Sur, los soldados campesinos, Batallones FUDRA, entre otras unidades. En estos cuatro departamentos se han desplazado 39.284 personas entre enero y septiembre de este año, siendo Caquetá el más afectado con un total de 19.479 personas. Gráfico 3 Número de personas en situación de desplazameinto Frontera Sur 45000

NARIÑO

40000

PUTUMAYO

CAQUETA

35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

I-2003

II-2003

III -2003

IV-2003

I-2004

II-2004

III-2004

Fuente: Sistema de información (SISDHES) CODHES Este Plan se inició a finales del 2003 y ha mantenido operaciones de inteligencia y monitoreo durante el 2004, principalmente en los municipios de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, con áreas de influencia en zona rural de las veredas Peñas Coloradas, Sardinata y Remolinos del Caguán. Florencia, capital de Caquetá aparece como el tercer municipio del país con mayor numero de personas desplazadas para el tercer trimestre del 2004, con 2.230, Villavicencio capital de Meta es el quinto con 1.902, después de Cúcuta (Ver Tabla 2). Otros como Mocoa y Puerto Asís en Putumayo y Pasto en Nariño, aparecen dentro de los 50 municipios con mayor número de personas desplazadas en el país para ese periodo. Esta ofensiva de la fuerza pública hacia los bastiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y hacia las zonas rurales, ha generado este año Confinamiento: Río San Juan en el Departamento de Choco frontera con Panamá, la Región del Catatumbo Departamento de Norte de Santander frontera con Venezuela y las comunidades ribereñas en Putumayo, comunidades indígenas en Nariño departamentos fronterizos con Ecuador.

17 una respuesta militar por parte de la insurgencia, a manera de demostración de su capacidad para perturbar el orden público. Los ataques a oleoductos y a la infraestructura petrolera, vial y energética en Putumayo32, así como los ataques a poblaciones y combates entre fuerza pública y guerrillas, hacen parte de la dinámica del conflicto armado en los departamentos del sur, principalmente Nariño, Putumayo y Caquetá, en la frontera con Ecuador. Otro factor que está afectando las condiciones para permanecer en esta zona es la inseguridad alimentaria, como consecuencia del inicio de las fumigaciones en la zona del bajo Putumayo hace dos meses. Según los habitantes de la región, esta estrategia sigue aplicándose de forma indiscriminada33 y ha afectado la zona de Gallinazo (36 veredas), corregimiento del municipio de Puerto Guzmán sobre el río Caquetá, muy cerca de la base de Tres Esquinas. Incluso el gobierno, a través del vice-ministro de Defensa reconoce el impacto de esta estrategia de seguridad sobre la situación alimentaria de economías campesinas basadas en el cultivo de a coca: “hay un serio problema de desabastecimiento por las incautaciones del Ejército y porque sin la pasta de coca no tienen cómo pagar la comida”34 Hasta el momento, esta estrategia de seguridad no cuenta con el apoyo gubernamental para otras opciones sostenibles y viables que permitan la sustitución de cultivos ilícitos de forma gradual y garanticen el sustento de estas familias que dependen de la economía de la coca. Un tercer factor que contribuye al desplazamiento es el temor por la inminente confrontación armada que se avecina entre guerrilla y fuerza pública, guerrilla y paramilitares, en un intento por “recuperar” el control de estos territorios estratégicos para el abastecimiento al otro lado de la frontera y para el tráfico de armas, drogas y precursores químicos. Las nuevas dinámicas del conflicto muestran que los grupos paramilitares están incursionando en las zonas rurales, para enfrentar a la guerrilla, cambiando la estrategia utilizada hasta el momento, es decir, mantenerse en los cascos urbanos. De otro lado, en este reacomodamiento de la guerra, la población civil se está viendo cada vez más afectada directamente, en la medida en que los distintos grupos en confrontación identifican a determinados sectores y grupos sociales como apoyos del 32

En el mes de noviembre fue desactivada una bomba en el departamento de Putumayo en el Puente Internacional de San Miguel, frontera con Ecuador; se reportaron ataques a infraestructura energética que afectó a 8 municipios el 3 de noviembre. Un ataque al oleoducto en el mismo mes y en lo que va corrido del año, 19 ataques con pipetas de gas a la población de Puerto Colón en zona rural del municipio La Dorada, departamento de Putumayo, sobre la línea fronteriza. Las FARC-EP reportaron combates entre el Bloque Sur y el Batallón Plan Energético en parte de guerra de mayo, www.farcep.org. Además, durante el mes de octubre, la Brigada 27 de selva del Ejército reportó combates entre esa unidad y miembros del frente 48 (“Liberan a dos menores plagiados en Putumayo”,en El Tiempo, p1-17). A pesar de esto, “Las Fuerzas Militares divulgaron que han incursionado en la retaguardia guerrillera y dejado fuera de combate a 328 combatientes, desactivado 174 campos minados e incautado casi 500.000 balas. También anunciaron que arranca la segunda etapa, cuyo objetivo es mantener el control del territorio conquistado y desarticular los frentes guerrilleros” en “Ganarse a la gente. Con el Plan Patriota las Fuerzas Militares han logrado controlar territorios que por años tuvieron las Farc. Pero aún falta mucho para conquistar a la población” en Revista Semana, jueves 9 de diciembre 2004, ver www.semana.com. 33 Según habitantes de la región, se han fumigado 37 escuelas en esta zona del Bajo Putumayo. Entrevista CODHES, noviembre 2004. 34 “Ganarse a la gente. Con el Plan Patriota las Fuerzas Militares han logrado controlar territorios que por años tuvieron las Farc. Pero aún falta mucho para conquistar a la población” en Semana.com, 9 de diciembre de 2004.

18 adversario y, en ese sentido, se convierten en objetivos militares. Así, las masacres de civiles que viven en regiones bajo el control permanente de uno u otro grupo armado (guerrillas o paramilitares), se convierten en una práctica recurrente35. La masacre registrada en el mes de noviembre de 10 civiles sobre la línea de frontera colombo-ecuatoriana, cometida por grupos paramilitares que hacen presencia en La Dorada, Putumayo, refleja la forma en que el conflicto se está extendiendo cada vez más cerca de territorio ecuatoriano36. Hay amenazas sobre la población de la parroquia General Farfán en Ecuador, ubicada cerca al lugar donde ocurrieron los hechos, por presuntos paramilitares quienes están presionando para que los pobladores abandonen la zona y los acusan de ser colaboradores de la guerrilla. Según testimonios de algunos habitantes en la frontera, se han desplazado 7 familias ecuatorianas desde la parroquia de Puerto Mestanza, pero otros afirman que salen sólo por unos días, mientras se “normaliza” la situación37. 35

Sobre todo en Putumayo, municipios de la Dorada, Orito y La Hormiga. Las masacres de civiles y comunidades indígenas en meses pasados dan cuenta de esta dinámica. Ver Boletín Codhes Informa No. 54 “Tendencias del desplazamiento, el conflicto armado y la crisis humanitaria en zonas de frontera”. Según Denuncia Pública de La Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, con base en testimonios directos de las víctimas, a la opinión nacional y a la comunidad internacional la incursión criminal de los paramilitares en zona rural del municipio Valle del Guamuez, departamento de Putumayo. Cerca de 200 hombres armados y uniformados con prendas privativas de las Fuerzas Militares, que se presentaron como miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, incursionaron el domingo 15 de agosto de 2004 en la cabecera del corregimiento El Tigre, municipio Valle del Guamuez, departamento del Putumayo.Asesinaron a un joven cuyo apelativo era el Mudo, el 17 de Agosto incursionaron en la vereda las Brisas y asesinaron al campesino Gilberto Canencio, el 18 de agosto incursionaron en la vereda la esperanza y asesinaron a tres miembros de la Junta de acción comunal, asesinaron a otras 6 personas en lo corrido de esa semana. Denuncia publica realizad por MINGA el 25 de Agosto de 2004. ver en http://cpdh.free.fr/denuncias/putumayo.htm. 36

La información sobre esta masacre no es clara, ya que nadie quiere hacer declaraciones ni denuncias oficiales y acceder a la zona implica un gran riesgo para las fuerzas armadas de los dos países. De acuerdo a la información recogida en terreno por CODHES, esta ocurrió del lado colombiano cerca de Puerto Ospina a 2 horas del cantón de Lago Agrio, capital de provincia, frente a Puerto Mestanza del lado ecuatoriano. Los paramilitares llegaron a las poblaciones conocidas como el Afilador y la Balastrera, zonas de presencia guerrillera. Al parecer fueron asesinadas 3 personas en el primer poblado, tres en el segundo y cuatro están desaparecidas. No se han encontrado los cuerpos de estas últimas y tampoco hay hasta el momento un reporte oficial de ninguno de los dos gobiernos (colombiano y ecuatoriano). La información de las Fuerzas Armadas de Colombia es que no ocurrió nada, pero no hay certeza de que accedieron al lugar de los hechos. 37 Entrevista CODHES, noviembre 2004. El 4 de septiembre de 2004, guerrilleros de las FARC, atacaron indiscriminadamente a la población de Puerto Colón, municipio de San Miguel, frontera con Ecuador, destruyendo gran parte del pequeño caserío de 1.000 personas ubicado sobre la ribera colombiana del río San Miguel, que sirve de frontera natural con Ecuador. Según autoridades locales, la guerrilla lanzó cinco cilindros bomba desde un cerro ubicado a 200 metros de la Base Antinarcóticos. Un cilindro explotó en pleno centro urbano de Puerto Colón, en el barrio Los Cristales, destruyendo 8 casas y afectando a más de 23 familias. La asociación Minga hace una ALERTA TEMPRANA en un comunicado de denuncia pública sobre la amenaza de ataques por parte de grupos armados ilegales colombianos contra tres poblados de la frontera ecuatoriana: General Farfán, Puerto Mestanza y Puerto Nuevo, ubicados junto al río San Miguel, en el límite con Colombia. Según la Federación de Organizaciones Campesinas del cordón fronterizo ecuatoriano de Sucumbíos (Forccofes), en una carta urgente emitida el sábado 4 de septiembre de 2004, estas comunidades denuncian las recientes amenazas de ejecuciones a cargo de grupos armados ilegales, al parecer paramilitares colombianos en toda la ribera del río San Miguel, especialmente en Puerto Mestanza y las localidades de Corazón Orense y Luis Bermeo que hacen parte de la parroquia

Este hecho está asociado a retaliaciones por la convivencia de la población civil con grupos guerrilleros y por el control del negocio de las drogas, ya que algunas de las personas asesinadas al parecer trabajaban como “raspachines” en cultivos de la guerrilla. Esta dinámica está reproduciendo las características del conflicto en frontera con Venezuela, departamentos de Guajira, Cesar y Norte de Santander. En consecuencia, aproximadamente entre 200 personas38 se desplazaron de territorio colombiano y ecuatoriano, y de 20 a 30 solicitaron asilo en el Ecuador39, el resto tienen familiares allí y se han quedado temporalmente. Lo anterior refleja un “efecto globo” del Plan Patriota frente al conflicto armado interno, que no va a ser resuelto con una estrategia de “yunque” del lado ecuatoriano. Por último, es necesario señalar que esa estrategia militar no ha modificado la situación de confinamiento. Sobre el río Putumayo se mantienen bloqueos, paros armados y aislamiento forzado de poblaciones, postergando en el tiempo la fase de enfrentamiento entre grupos armados irregulares, pero incrementando el riesgo de la población civil que tiene que convivir bajo este mecanismo de regulación total. En conclusión, la disputa por el control territorial en el sur del país se extiende cada vez mas a distintos municipios y zonas rurales, está afectando cada vez más a la población civil y estrechando progresivamente los límites para el ejercicio de la neutralidad en medio del conflicto. Nuevas zonas están programadas para el despliegue del Plan Patriota en el 2005, entre ellas los municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán en Putumayo, ubicados frente a los municipios de Solano, Solita y Curillo en Caquetá, sobre el río del mismo nombre. Desde la base de Tres Esquinas se planea una ofensiva militar que puede empeorar la crisis humanitaria en la zona: bloqueos, inseguridad alimentaria, nuevos desplazamientos desde zonas controladas por la guerrilla en Putumayo hacia zonas controladas por los paramilitares en Solita, Solano y Curillo, sin un plan de contingencia para la atención de estas personas y con altas probabilidades de resultar en masacres de civiles como parte de la dinámica de radicalización de la guerra. El departamento de Nariño presenta una dinámica caracterizada por la primera fase de disputa territorial producto de la presencia de todos los actores armados en la región. Hacia Nariño se han desplazado los cultivos de uso ilícito, la violencia, las fumigaciones y las personas afectadas por esta situación. Actualmente se pueden identificar tres tendencias del conflicto armado en el departamento teniendo en cuenta la posición geoestratégica de los territorios y el tipo de presencia de los actores armados: territorios en disputa permanente, corredores geoestratégicos y territorios con presencia arraigada de un solo grupo armado irregular. Este departamento se han desplazado 8.508 personas entre enero y septiembre del 2004 y 3.228 durante el tercer trimestre del año. General Farfán. Según informan habitantes del General Farfán, hace unos días se encontraron panfletos que advertían de un ataque armado en la zona, sino desalojaban estos poblados. Según el periódico el Comercio de Ecuador, la información fue ratificada por militares ecuatorianos de la Brigada de Selva 19 Napo, que conoce que fuerzas irregulares han amenazado de muerte a estas poblaciones. Se informa también, que durante la última semana 17 familias colombianas desplazadas por las recientes masacres y amenazas de los grupos paramilitares, cruzaron la frontera en busca de seguridad para sus vidas. Ver en http://www.etniasdecolombia.org/periodico_detalle.asp?cid=912. 38 39

Dependiendo de la fuente, otras cifras oscilan entre 100 y 110 personas. Entrevista CODHES con Iglesia de San Miguel de sucumbíos y ACNUR, noviembre del 2004.

Nariño durante el año 2003 recibió la afluencia masiva de personas que provenían del departamento de Putumayo y de Caquetá. La disputa territorial asociada al control del negocio de las drogas ha resultado en una repartición del territorio entre guerrillas y paramilitares, de tal manera que unos controlan las áreas de producción y los otros la exportación del negocio, hasta el punto que en el 2004 se disminuyen las confrontaciones armadas entre los dos actores40. Los territorios en disputa en el departamento se han centrado en la zona norte (Remolinos, Buesaco, San José, San Bernardo, La Cruz y San pablo) y en la zona sur hacia la frontera con Ecuador (Río Bobo, Santa Bárbara, Tangua, La Victoria, Ipiales, Potosí, Cordoba, Cumbal y Guachucal). Este año los operativos militares se han intensificado en el departamento y las confrontaciones se dan mayormente entre los grupos guerrilleros y las Fuerza pública. Buesaco y Cumbal aparecen como expulsores de población desplazada, mientras Pasto, Tumaco e Ipiales siguen siendo los principales municipios receptores (Ver Tabla 3). Por último, es importante anotar que la negociación de grupos paramilitares no ha generado re-acomodamiento del conflicto en el sur, y que los Bloques que operan en esta región41 no parecen afectados en su modus operando , siguen infringiendo el Derecho Internacional Humanitario, incumpliendo el cese de hostilidades y hasta el momento no han entrado en la fase de desmovilización.

Nororiente, frontera con Venezuela Durante el 2004 (enero septiembre), los departamentos del nororiente del país que registraron una tendencia al incremento trimestre a trimestre en el número de personas desplazadas fueron Norte de Santander con un total 10.077 personas desplazadas y Arauca con 3.070., seguidos por Cesar y Guajira con 8.637 y 8.280, respectivamente. Durante el tercer trimestre del 2004, Cúcuta aparece como el cuarto municipio receptor de población desplazada en el país, con 1.942 personas, seguido de Villavicencio en Meta y Santa Marta en Magdalena (Ver tabla 2). Otros como Tibú en Norte de Santander, Arauca y Saravena en Arauca, Riohacha en Guajira y Valledupar en Cesar, aparecen dentro de los 50 municipios con mayor número de personas desplazadas para el país en ese periodo.

40 Internacional Crisis Group, Informe sobre América Latina No.9, “Las fronteras de Colombia: el eslabón Débil de la Política de Seguridad de Uribe”, Quito-Bruselas: septiembre 23 de 2004. 41 Bloque Sur Putumayo, Bloque Libertadores del Sur en Nariño, ramificaciones del Bloque Central Bolívar, que actualmente negocia con el gobierno.

21 Gráfico 4. Número de personas en situacion de desplazamiento frontera Nororiente-Frontera Venezuela por trimestres 2003 / 2004 60000 ARAUCA

CESAR

NORTE DE SANTANDER

LA GUAJIRA

50000 40000 30000 20000 10000 0

I-2003

II-2003

III -2003

IV-2003

I-2004

II-2004

III-2004

Fuente: Sistema de información (SISDHES) CODHES Uno de los principales factores asociados a este incremento es la implementación de un mecanismo de regulación represivo y militar en el departamento de Arauca, en donde sigue operando de facto la zona de rehabilitación y consolidación como laboratorio de la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En este departamento la entrega de más ayuda norteamericana para proteger la zona circundante a las instalaciones petroleras y al oleoducto Caño Limón-Coveñas42 en medio de la disputa territorial entre paramilitares, guerrillas (FARC y ELN) y Ejército, así como la constante vinculación de líderes y movimientos sociales por parte de sectores oficiales a los grupos guerrilleros, ha generado un ambiente de zozobra e intimidación. El resultado es la reactivación del desplazamiento forzado. El desplazamiento ha presentado un incremento constante a lo largo del año, principalmente en el tercer trimestre, producto de la concurrencia de las acciones contrainsurgentes por la fuerza, capturas masivas, judicialización y sindicación de actores sociales por métodos que han presentado serias irregularidades violando el debido proceso43, sobre todo en los municipios de Saravena, Tame y Arauquita (Ver tabla 3) donde se concentran estas estrategias 44 .

Aproximadamente 108 millones de dólares solicitados para el 2005 y 110 estimados para el 2004. 43 “La Fiscalía establece que los Sindicalistas de Arauca fueron ejecutados por el ejercito”. La fiscalia estableció que el pasado 5 de agosto no hubo combate en el caserío Caño Seco, de Saravena (Arauca), como habían afirmado autoridades castrenses. La medida de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía afecta al subteniente del Ejército Juan Pablo Ordóñez Cañón y a los soldados profesionales Oscar Saúl Cuta Hernández y John Alejandro Hernández Suárez, quienes participaron en los hechos. Según la versión del Ejército, ese día los uniformados iban a capturar a los sindicalistas Jorge Eduardo Prieto Chapucero, Leonel Goyeneche y Héctor Alirio Martínez quienes tenían orden de captura de la Fiscalía por el delito de rebelión. Los militares dijeron que en el momento en el que iban a ser detenidos los sindicalistas, intentaron huir y abrieron fuego contra la tropa y está respondió dándoles muerte. Sin embargo, la Fiscalía estableció que esta versión carece de sustento luego de obtener versiones testimoniales y pruebas técnico científicas que señalan que no se produjo ese enfrentamiento.

El segundo aspecto que puede estar afectando el desplazamiento en esta frontera son los efectos de la confrontación armada entre los distintos bloques de autodefensas “Las dos facciones paramilitares, dirigidos por las personas Martín Llanos y Miguel Arroyave, que se habían comprometido con el gobierno nacional a un cese el fuego en acuerdos firmados separadamente, mantienen un agudo enfrentamiento por el dominio de una extensa zona de los Llanos Orientales, en los departamentos de Meta y Casanare”,45 asociados a la disputa por esa región petrolera y de explotación minera, cuya posición geográfica es estratégica para el acceso a Venezuela, llanos orientales (Meta, Guainía, Vichada) en esa misma frontera y por el departamento de Boyacá hacia Cundinamarca y Bogotá, capital del país. Estos enfrentamientos han dejado decenas de combatientes muertos además del desplazamiento forzado de cientos de campesinos de la zona. Según fuentes del gobierno, en Yopal, capital de Casanare, la cifra de muertes violentas por cada 100.000 habitantes pasó de 106 en el año 2002, a 175 en 2003, y en lo que va de este año, el número es de 204, aumento que aseguran se debe a los combates entre paramilitares. Un cuarto factor asociado al desplazamiento forzado en Norte de Santander es el temor de los habitantes por la desmovilización de grupos paramilitares que han permanecido en la zona por más de cinco años. En este departamento opera el Frente Catatumbo de las autodefensas, que se disputa el territorio por el control del negocio de la coca con las FARC en la zona que se conoce como La Gabarra, en la frontera con Venezuela. Los habitantes de esta región han sido víctimas del confinamiento y del bloqueo económico permanente46 por parte de las autodefensas. "De acuerdo con las pruebas, se cometió el delito de homicidio. Se está descartando un inicial combate", aseguró el fiscal general (encargado) Alberto Santana. Fuentes de la Fiscalía informaron a El Tiempo que las pruebas de balística demuestran que los disparos fueron hechos a corta distancia y las víctimas estaban aparentemente en estado de indefensión. Diario el Tiempo 7 de Septiembre de 2004. El S.O.S desde Arauca, el 24 de Agosto de 2004 en donde 27 organizaciones sociales expusieron los argumentos para suspender una reunión programada con el vicepresidente de la república Francisco Santos por la presión militar y la presencia de un informante bien reconocido en la región. Ver en http://www.mediosparalapaz.org/downloads/Comunicado%20Arauca%20Organizaciones%20S ociales%20y%20Gobierno.doc 44

Comunicado a la opinión pública, noviembre 3 de 2004. La Asociación Departamental de Usuarios campesinos (ADUC)del Departamento de Arauca realizaron una concentración pacifica de 500 personas en la localidad de Panamá solidarizándose por la permanentes violaciones de derechos Humanos en Arauca, a causa del operativo Borrasca dirigida por la Brigada XVIII del Ejército. En septiembre 23 de 2004, según comunicado a la opinión pública se denuncia la presencia de 200 hombres, camuflados sin brazalete en las veredas Botalon y Corocito en Arauca. Humanidad Vigente. Declaración del encuentro político-cultural “Por la vida, la justicia y la defensa del territorio” Septiembre 9, 10 y 11 en Arauca se declara” Arrecia el conflicto en Arauca, asesinatos a lideres sociales y sindicales, combates, atropellos en la zona rural. 45

“Uribe exige a paramilitares”, BBC Mundo.com, 2 de Agosto de 2004. Ver en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3529000/3529752.stm 46 Ver informe de CODHES “El Ameranto es quien manda en el Catatumbo” Noviembre de 2004. De acuerdo con testimonios de los pobladores, la restricción al paso de alimentos, ganado y medicamentos por parte de grupos armados irregulares se inició a partir del mes de enero del presente año. Existe un retén paramilitar en el sitio denominado “La Cadena”, ubicado en la intersección de la única vía de acceso al Catatumbo que tiene el municipio de Convención. A partir de allí la vía se bifurca en dos caminos: uno hacia el corregimiento de

Entre los meses de octubre y noviembre de 2004, la tensión en torno a la desmovilización de los autodefensas asentadas en esta región aumentó y con esto el miedo de los habitantes de los municipios Tarra y Tibú47, frente a una posible reconquista armada del territorio por parte de las FARC. Sólo en el mes de noviembre 300 campesinos del área rural de Tibú decidieron desplazarse por estas razones: "El proceso de la desmovilización nos tomó por sorpresa y ahora estamos corriendo de un lado a otro solicitando información del tema. Lástima que el Gobierno no consultó con la comunidad, así habríamos evitado el éxodo de campesinos que viene desde hace una semana"48. La mayor incertidumbre y el eje central del desenlace del conflicto es qué va a pasar con la coca que se cultiva y produce en al menos 6.000 hectáreas, según datos de la Policía, o en las 4.471 que reporta el monitoreo satelital de la ONU: ¿Quién tomará el control de un negocio que mueve 8 millones de dólares a la semana, según reconoció el propio Carlos Castaño en el 2002? Lo cierto es que desde hace dos semanas, cuando se hizo público que la siguiente desmovilización de autodefensas sería la del bloque Catatumbo, la presencia del Ejército ha aumentado en diez veces49. Es probable que las masacres ocurridas en los meses de julio y agosto de este año contra civiles vinculados a esta economía de la coca, se repitan. Esta disputa comenzó a reproducirse en la zona de Cesar y Guajira durante el primer semestre del 2004. En el mes de Agosto en el departamento de la Guajira ocurre la masacre del pueblo Wayuu, que produce desplazamiento transfronterizo hacia Venezuela50.

Cartagenita, y el otro hacia el corregimiento de San Pablo, los municipios del Tarra, Tibu y sus respectivas veredas. En la cadena se ejerce un estricto control sobre el tipo de bienes y recursos, su cantidad y su origen comercial, imponiendo a la comunidad la obligación de adquirirlos sólo en ciertos sitios de abastecimiento en Convención. 47

“Los habitantes de Campo Dos (Norte de Santander) se declaran imparciales ante los paramilitares”en El Tiempo, noviembre 14 de 2004. Las cerca de 3.000 personas que viven en este corregimiento están a la expectativa por la concentración en sus territorios de 1.400 combatientes. Con un manual de convivencia de 14 puntos, que elaboraron con la ayuda del párroco del pueblo, William Gómez, buscan dejar en claro a las autodefensas que la suya es una comunidad imparcial, que rechaza las manifestaciones armadas y que se alista a colaborar en el proceso de paz entre el Gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia. "Pedimos que los derechos humanos de todos los habitantes de la región sean respetados y observados meticulosamente. Que la población civil sea excluida de todo tipo de relación con los desmovilizados y que ellos no soliciten favores a la comunidad para evitar vinculaciones directas o indirectas", dice un aparte del manual, impreso en hojas tamaño carta. Campo Dos, junto con La Gabarra y Petrólea, fue uno de los corregimientos de Tibú más castigados por la arremetida paramilitar que empezó en el Catatumbo en 1999 y en la que decenas de campesinos, acusados de colaborar con la guerrilla, fueron asesinados y sus viviendas quemadas. Cifras oficiales calculan que 147 personas murieron en 14 masacres, entre mayo y agosto de ese año, en toda la zona. 48 Entrevista al concejal de Tibú, José del Carmen García. “300 personas abandonaron Tibú (Norte de Santander) ante el temor de que la guerrilla los ataque”,en El Tiempo, noviembre 14 de 2004, en www.eltiempo.com. 49 “Pueblos que tienen influencia paramilitar temen regreso de la guerrilla tras desmovilización” en El Tiempo, noviembre 6 de 2004, www.eltiempo.com. 50 Ver CODHES informa Boletín 54 “Tendencias del conflicto armado y de la crisis humanitaria en zonas de frontera”. Junio – Julio – Agosto del 2004, pagina 5.

Amazonía y Orinoquía. Entre enero y septiembre del 2004, los departamentos de esta región que reportaron un incremento en el desplazamiento, fueron Vaupés con un total de 557 personas desplazadas, Vichada con 417 y Guainía con 283. Entre tanto, el departamento del Amazonas, frontera de Colombia con Perú, mantiene una tendencia constante con un total de 103 personas desplazadas para el periodo considerado. Vaupés y Guainía presentan la situación más crítica durante el tercer trimestre del 2004. Sin embargo, es importante aclarar que el subregistro en el monitoreo que desarrolla CODHES en estas zonas apartadas es de los más altos en el país. Esto obedece a tres factores: la ausencia de confrontaciones de alta intensidad, la baja cobertura de los medios de comunicación en la zona (por debajo del 6% de reportes en el sistema) y la dificultad para monitorear la zona. Gráfico 5 Número de personas en situación de desplazam iento Frontera Venezuela- Brasil-Perú por trimestres 2003/ 2004

4500 4000 3500

AMAZONAS VAUPES

3000 2500

VICHADA GUAINIA

2000 1500 1000 500 0 I-2003

II-2003

III -2003 IV-2003

I-2004

II-2004

III-2004

Fuente: Sistema de información (SISDHES) CODHES No obstante, el sistema de alertas tempranas de la Defensoría, ha emitido dos informes de riesgo sobre la región aledaña al municipio de Carurú en Vaupés, como efecto de la ofensiva militar del estado en municipio de Miraflores, Guaviare51. En este municipio habitaban entre 15 y 20 mil personas y en este momento quedan sólo mil52. Según testimonios de las comunidades hay cerca de 200 personas desplazadas de Carurú en Mitú. Esta tendencia obedece sobre todo a la expansión del conflicto armado con todas sus dinámicas hacia la orinoquía y amazonía, donde hasta el momento no se ha presentado confrontación armada entre guerrilla y fuerza pública, ni se había reportado la disputa territorial entre guerrillas y paramilitares. La presión militar del gobierno de Colombia contra la guerrilla de las FARC en el sur del país probablemente está provocando un desplazamiento del conflicto armado hacia departamentos del oriente fronterizos con Brasil (Amazonas, Guainía y Vaupés), Perú (Putumayo y Amazonas) y Venezuela (Guainía, Vichada). 51 52

Informe de la Sala de Situación Humanitaria de Naciones Unidas, octubre del 2004. Entrevista CODHES, noviembre 2004.

25 Un posible repliegue de la guerrilla en esta dirección, la expansión de cultivos de uso ilícito en regiones selváticas de estos departamentos, un plan de avanzada paramilitar53, la migración forzada de colonos y campesinos desde el sur hacia el oriente del país y las condiciones geoestratégicas que ofrecen la orinoquía y la amazonía para la continuidad de la guerra, son circunstancias en desarrollo que perfilan esa tendencia de orientalización del conflicto armado colombiano. Estos movimientos no son nuevos en la historia del conflicto armado en Colombia y responden a situaciones específicas de ofensivas y repliegues que, casi siempre, están conduciendo a la expansión de la guerra interna hacia nuevos territorios. De otro lado, el tráfico de drogas desde Barrancominas a Inírida en Guainía por el río Guaviare hacia Venezuela, está ocasionando presión de los grupos armados irregulares sobre el control de estas rutas, mediante confinamientos. En síntesis, la frontera colombo-venezolana presenta dos dinámicas de conflicto asociadas al incremento del desplazamiento: una de confrontación armada por el control de las áreas cultivadas de coca y los corredores para el tráfico ilegal de armas y drogas en Norte de Santander, Guajira y Cesar. Otra de traslado de estos cultivos, repliegue de la guerrilla y avanzada paramilitar más “silenciosa” y menos visible mediante siembra de minas y bloqueos, hacia la orinoquía y amazonía, con alto riesgo de convertirse en escenario de confrontación. Frontera con Panamá Durante el 2004 el departamento del Chocó muestra un constante crecimiento en el número de personas desplazadas, con un total de 3.905 entre enero y septiembre del presente año. El Medio San Juan (incluida Istmina) reportó un total de 520 personas desplazadas, y se encuentra en la lista de los 50 municipios receptores de mayor población para el tercer trimestre de este año. Este incremento está asociado a tres fenómenos. Primero, la disputa entre guerrilla y paramilitares por zonas con cultivos de coca en la zona del río San Juan, que ocasionó un desplazamiento masivo de 1.240 personas desde Medio San Juan, las comunidades Fujiadó hacia la zona de Istima y Andagoya. Además, según información recogida durante la Misión Humanitaria del 18 de agosto realizada por Naciones Unidas, Iglesia, gobiernos local y regional y CODHES, por lo menos 5.900 personas había quedado confinadas como consecuencia del escalamiento del conflicto en la región. A pesar de las cifras presentadas por el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en el que se calculan 453 hectáreas sembradas de coca en el departamento, algunos habitantes afirman que estas pueden llegar por lo menos a 6 mil hectáreas54. El traslado de cultivos desde el sur, en el departamento de Nariño por toda la costa pacífica hasta el Chocó, constituye un factor de riesgo para la población civil de esta región, para la seguridad alimentaria y para la sostenibilidad ambiental ante un posible inicio de las fumigaciones en esta zona con más alto nivel de biodiversidad en el mundo. Además, con el incremento de los cultivos de coca en la zona se agudiza el conflicto y se intensifica la guerra.

El asesinato del jefe paramilitar Miguel Arroyave en septiembre de este año, reveló posibles disputas entre bloques paramilitares por el control de las operaciones que se adelantan en el oriente del país para “conquistar” los departamanetos de Vichada y Guainía en la frontera con Venezuela. 54 Entrevista realizada por CODHES, octubre de 2004.

26 En segundo lugar, el conflicto en el Chocó ha estado ligado a la lucha por la apropiación de materias primas y el monopolio de su explotación: la madera, el banano para exportación y los cultivos de palma africana han ocupado un lugar principal en este sentido. Es así como la posibilidad de abrir el “tapón del Darién” para terminar el tramo de la carretera panamericana que uniría a Chile con Canadá y que está interrumpida en la zona fronteriza entre Colombia y Panamá, puede suscitar nuevas acciones por parte de los grupos armados irregulares para posicionarse en la zona55. Otros megaproyectos como el gasoducto que conectaría el Chocó con Venezuela y la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, pueden generar desplazamientos como resultado de las estrategias de apriopiación violenta de recursos que ingresarían a la región a raíz de estos proyectos. Esta situación está en estrecha relación con un tercer aspecto clave para entender la dinámica del conflicto: el control sobre corredores estratégicos para el tráfico de armas y de drogas. La región conocida como Darién centro ha sido por excelencia un corredor utilizado por la guerrilla, paramilitares y otras redes transnacionales vinculadas al narcotráfico, para el paso de mercancía a territorio panameño y de allí, hacia Norteamérica. En este sentido, el golfo de Urabá con influencia de estas redes coordinadas desde Turbo hacia Acandí en el Atlántico, y Juradó en el Pacífico, son zonas de alto riesgo para nuevos desplazamientos masivos ahora que se plantea la desmovilización de grupos paramilitares en la zona. La presencia de guerrilla en zonas rurales a la espera de esta desmovilización para recuperar el control que tenían sobre corredores estratégicos, es un tercer factor explicativo del desplazamiento forzado56. También plantea una situación de riesgo para la población civil ante la posibilidad de retaliaciones por parte de la guerrilla contra habitantes de regiones que han convivido bajo el régimen paramilitar por una década aproximadamente. En este sentido, la desmovilización de las autodefensas del “Bloque bananero” repercute en la frontera y en la situación de desplazamiento interno y transfronterizo. En la región bananera quedan dos estructuras de paramilitares activas, el Bloque Élmer57 Cárdenas y el frente Héroes de Tolová. Por su cercanía, ambos pueden supervisar desde sus puestos de mando el territorio hoy despejado por el Bloque Bananero y ante cualquier eventualidad o cualquier ruptura del proceso podrían incluso volver a ocuparlo58, emperorando la situación de derechos humanos e incrementando el desplazamiento59, como ya se observa en los resultados del tercer 55

“Seis posibles trayectos contempla estudio de Invías para construcción de carretera del Darién”,en El Tiempo, 4 de diciembre de 2004, www.eltiempo.com. 56 El municipio de Juradó a sufrido tres tomas guerrilleras entre 1998 y el 2001 y su población teme por una tercera, aunque a raíz de las repatriaciones de 86 personas desde Jaqué en Panamá, hacia este municipio en diciembre del 2003, hacen presencia la Armada Nacional, la Policía y los soldados campesinos. 57 “Mientras el Bloque Bananero se desmoviliza, en Urabá seguirán otros grupos de las Auc” El Élmer, es uno de los históricos de la casa de los Castaño y opera, entre otros, en municipios como Necoclí y Arboletes, ubicados en las 'goteras' de San Pedro de Urabá, zona hasta ayer de influencia del Bloque Bananero. El de Tolová, según declaraciones de paramilitares que se desmovilizaron ayer, tiene sus hombres también desplegados en el área. El Tiempo.com, edición electrónica de Noviembre 25 de 2004. 58 “452 miembros del Bloque Bananero de las Autodefensas entregaron sus armas en Turbo (Antioquia)”. El Tiempo.com, edición de Noviembre 25 de 2004. 59 En la región entre 1993 y 2002 hubo 65 masacres con 449 víctimas. Apartadó y Turbo encabezaron con 20 masacres cada uno, en las que fueron asesinadas 170 personas en el primero y 120 en el segundo. En los cinco municipios de influencia del bloque Bananero hubo en ese período 55 masacres, con un total de 391 víctimas. Y aunque el Observatorio de la Vicepresidencia señala que las autodefensas serían responsables del 8 por ciento de esas

27 trimestre de 2004. Esta tendencia puede reproducirse en los municipios de Mutatá y Murindó en Antioquia, también bajo control paramilitar. En el Urabá se han presentado durante los últimos meses combates entre el frente 'Élmer Cárdenas' de las autodefensas y el frente 'Arturo Ruiz' de las Farc. El frente Elmer Cárdenas mantiene una posición ambigua frente a las negociaciones con el gobierno nacional60. Hay una arremetida de los grupos guerrilleros en la región, quienes se están enfrentando a los grupos de autodefensa para poder recuperar los territorios que les han sido arrebatos. Es así que desde el 25 de noviembre se viene presentando una arremetida de las Farc, el Eln y el Ejército Revolucionario Guevarista (Erg) que declararon un paro armado en el departamento que se prolongó hasta el 2 de diciembre61: En este departamento los grupos armados mantienen bloqueos y obstruyen las actividades de organizaciones nacionales de Derechos Humanos. Durante el mes de noviembre, 240 representantes de la Ruta Pacífica de las Mujeres no pudieron concluir la toma pacifica de Quibdó y Tenguí, en Atrato Medio, para protestar por la crisis humanitaria de las mujeres víctimas del conflicto, porque no pudieron llegar a su destino: "Una facción del Erg bloqueó la vía que del Carmen de Atrato conduce a Quibdó con cuatro camiones que luego incineraron", sostuvo Sandra Soto, vocera de la movilización. Además, en este contexto, la situación de las comunidades indígenas es crítica, particularmente en la zona de frontera, el área del parque natural Katíos y la selva del Darién panameño (Yaviza, el Difícil). Después de la masacre perpetrada en febrero del 2003 contra cuatro Sailas o autoridades tradicionales de la etnia Tule (Kuna) en territorio panameño por paramilitares, esta bloqueado el tránsito entre el resguardo de Arquía (municipio de Ungía en Chocó) y la provincia de Kuna Yala en Panamá. Esta situación de bloqueo ha resultado en un obstáculo para la preservación del conocimiento tradicional de la etnia. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados afirmó públicamente en el mes de noviembre de este año que la población de la zona de Bojayá se encuentra en alto riesgo de desplazamiento masivo, sobre todo las comunidades indígenas Embera que viven sobre los ríos Opogadó y Bojayá. Mencionó que la población se encuentra en medio de la confrontación armada de grupos de las FARC y paramilitares, y que se encuentran bajo bloqueos y confinamientos que amenazan su seguridad alimentaria62. En conclusión, es probable que en los próximos meses y durante el 2005 sigan incrementándose los desplazamientos transfronterizos de Chocó y Urabá Antioqueño hacia Panamá y en la región de Urabá, limítrofe con las localidades panameñas de Jaqué, Puerto Obaldía y el centro del Darién. cifras (a las Farc se les atribuye 45 por ciento de las masacres en la zona), casi la mitad (46%) no tienen autor establecido. 60 Ernesto Báez, líder político de las Autodefensas Unidas de Colombia, afirmó que la desmovilización se aplica sólo a un 15% de la fuerza militar, mientras que el restante 85% se mantiene a la expectativa del resultado de las autodefensas. La Lechuza, programa del canal Caracol Televisión, emisión del 9 de diciembre del 2004. 61 “Mueren 14 personas entre guerrilleros, paramilitares y civiles en arremetida guerrillera en Chocó” en El Tiempo.com, edición del 25 de noviembre de 2004. 62 “ UNHCR warns of potential new mass displacement in western Colombia GENEVA, Nov 23”, en www.unhcr.ch, sección Colombia, News Stories.

La información presentada en esta sección muestra que durante los últimos tres meses en las zonas de frontera hay una intensificación y expansión del conflicto hacia los países vecinos. Esta dinámica está directamente relacionada con la disputa territorial entre grupos armados irregulares, asociada al control del negocio de las drogas y del tráfico ilegal de armas (control de corredores estratégicos, mano de obra, recursos). La política de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito implementada por el gobierno nacional y promovida por el gobierno de Estados Unidos, no ha dado resultados en el sentido de desarticular las redes del narcotráfico de grupos armados al margen de la ley63. La combinación de esta estrategia con el componente militar para expulsar de sus zonas de control a las FARC, sin un componente de ayuda económica para que la erradicación voluntaria sea posible, sin un componente de ayuda social para atender el desplazamiento y la inseguridad alimentaria, sin un proyecto de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en estas regiones; está generando nuevos desplazamientos, confinamientos y masacres de civiles no combatientes.

Según la ONU, las FARC están presentes en 162 de los 186 municipios en donde hay plantaciones ilícitas. Citado en ICG, Op.cit.

Tabla 2 Número de desplazados durante el Tercer Trimestre 2004 Principales municipios receptores en el país Departamento Municipio III Trim 04 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 3609 ANTIOQUIA MEDELLIN 2374 CAQUETA FLORENCIA 2230 NORTE DE SANTANDER CUCUTA 1942 META VILLAVICENCIO 1902 MAGDALENA SANTA MARTA (DIST. ESP.) 1591 SANTANDER BUCARAMANGA 1590 SUCRE SINCELEJO 1540 CUNDINAMARCA SOACHA 1463 ATLANTICO BARRANQUILLA (DIST.PORT.) 1392 RISARALDA PEREIRA 1378 BOLIVAR CARTAGENA (DIST. ESP.) 970 NARIÑO PASTO 942 ANTIOQUIA SAN CARLOS 927 VALLE DEL CAUCA CALI 912 ANTIOQUIA COCORNA 893 CASANARE MONTERREY 836 HUILA NEIVA 797 TOLIMA IBAGUE 772 ANTIOQUIA SAN FRANCISCO 769 CAUCA POPAYAN 762 CESAR VALLEDUPAR 756 VALLE DEL CAUCA CALIMA 752 VALLE DEL CAUCA CARTAGO 729 PUTUMAYO MOCOA 726 PUTUMAYO PUERTO ASIS 700 CHOCO ISTMINA 692 NORTE DE SANTANDER TIBU 691 LA GUAJIRA RIOHACHA 672 GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE 596 CALDAS PENSILVANIA 593 SANTANDER BARRANCABERMEJA 572 ARAUCA SARAVENA 565 NARIÑO TUMACO 548 RISARALDA QUINCHIA 544 CORDOBA MONTERIA 540 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA 529 CHOCO Medio San Juan 520 CASANARE YOPAL 520 VALLE DEL CAUCA TULUA 508 ANTIOQUIA ITUANGO 485 ANTIOQUIA DABEIBA 471 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRA 468 CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN468 ARAUCA ARAUCA 458 MAGDALENA ARACATACA 457 CALDAS SAMANA 456 ANTIOQUIA SAN LUIS 453 META PUERTO LOPEZ 448 QUINDIO ARMENIA 442

Fuente: Sistema de información (SISDHES) CODHES

30 Tabla 3. NomDepto AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS ARAUCA ARAUCA ARAUCA ARAUCA BOYACA CESAR CESAR CESAR CESAR CESAR CESAR CESAR CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO GUAINIA GUAINIA GUAINIA GUAINIA GUAINIA GUAINIA LA GUAJIRA LA GUAJIRA LA GUAJIRA LA GUAJIRA LA GUAJIRA LA GUAJIRA LA GUAJIRA LA GUAJIRA NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER PUTUMAYO PUTUMAYO PUTUMAYO PUTUMAYO VAUPES VAUPES VAUPES VICHADA VICHADA TOTAL

Municipio EL ENCANTO LA PEDRERA LETICIA Puerto Alegria Puerto Arica PUERTO NARIÑO TARAPACA ARAUCA ARAUQUITA CRAVO NORTE SARAVENA CUBARA AGUSTIN CODAZZI BECERRIL CHIRIGUANA CURUMANI LA JAGUA DE IBIRICO LA PAZ MANAURE ACANDI JURADO RIOSUCIO UNGUIA CACAHUAL INIRIDA LA GUADALUPE PANA PANA PUERTO COLOMBIA SAN FELIPE BARRANCAS EL MOLINO FONSECA MAICAO SAN JUAN DEL CESAR URIBIA URUMITA VILLANUEVA BARBACOAS CUASPUD CUMBAL IPIALES RICAURTE TUMACO CONVENCION CUCUTA EL CARMEN HERRAN PUERTO SANTANDER RAGONVALIA TEORAMA TIBU TOLEDO VILLA DEL ROSARIO PUERTO ASIS PUERTO LEGUIZAMO SAN MIGUEL VALLE DEL GUAMUEZ MITU TARAIRA YAVARATE LA PRIMAVERA PUERTO CARREÑO

2003-1 0 8 29 0 0 4 7 334 0 0 0 0 120 0 39 23 18

2003-2 0 0 31 0 0 9 0 186 20 0 1162 0 102 82 45 435 19

2003-3 0 9 12 0 0 0 0 104 27 8 24 6 72 116 69 32 18

2003-4 0 0 27 0 0 0 0 29 5 0 9 0 146 0 10 70 24

2004-1 0 0 41 0 0 0 0 289 9 18 16 0 674 11 0 7 247

94 0 0 291 0 0 105 0 0 0 0 695 14 49 52 1029 0 0 172 0 0 26 11 0 195 1430 558 0 0 9 0 0 479 0 37 521 66 25 1775 7 0 0 0 78 8300

124 0 0 0 0 0 29 1 0 0 0 0 0 38 35 26 0 13 155 653 0 20 22 109 151 9 2623 11 139 0 0 5 96 0 33 714 75 17 20 0 0 0 0 8 7217

32 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 62 76 69 0 30 0 0 0 8 57 16 549 2 2548 0 0 0 0 3 28 0 1 1094 72 7 20 19 0 0 0 0 5201

65 0 0 257 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 19 115 0 0 0 135 0 6 8 0 423 4 1098 0 0 0 0 0 53 0 3 603 3 0 18 0 0 0 4 20 3186

294 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 17 0 0 35 4228 0 17 0 539 0 4 0 148 172 9 1007 0 0 0 0 0 7 0 6 1176 43 13 21 15 0 0 0 0 9092

2004-2 2004-3 0 0 29 30 0 0 0 0 113 458 299 276 17 24 72 565 22 0 415 282 15 31 13 19 81 119 111 36 64 26 21 5 0 28 19 0 84 69 0 0 0 0 14 61 21 26 43 537 366 101 134 744 47 15 36 26 156 24 41 215 0 114 33 7 8 302 548 24 1051 1942 7 64 7 99 21 0 14 68 525 691 0 387 26 1945 700 119 98 36 55 278 172 234 0 0 5 47 45 7970 7652

31 III.

Dimensiones regionales del conflicto armado y de la humanitaria: El dilema de los refugiados y solicitantes de asilo.

crisis

Durante el año 2004 aumentó constantemente el creciente número de colombianos que solicitan refugio en el exterior, sobre todo en los países vecinos, escapando de la violencia en Colombia. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, al 1 de enero del 2004 había en Ecuador, Venezuela y Panamá un total de 10 mil colombianos reconocidos como refugiados y unos 30 mil solicitantes de refugio64. Entre enero y noviembre del 2004, esta cifra asciende a 8.500 sólo entre Ecuador y Venezuela para este período. Sin embargo, la cifra exacta del total de colombianos que cruzan las fronteras huyendo de la violencia, las fumigaciones, confrontaciones entre actores armados y la tensión propia de un conflicto con las características del colombiano y que no solicitan asilo, no está incluida en los reportes oficiales. Esta cifra puede estar alrededor de 7.000 personas hasta el mes de Octubre sólo en los países de Venezuela y Ecuador. Un promedio de 900 personas ingresan al Ecuador al mes65 para un número aproximado de 10 mil colombianos entre enero y noviembre de este año saliendo en busca de protección. En Venezuela hay un acumulado de 3396 solicitudes de refugio ante la comisión de elegibilidad desde 1999 hasta la fecha. Desde el 1 de Enero de 2004 hasta el 1 de Octubre se presentaron 1599 solicitudes de refugio según datos de ACNUR. Esta situación es el reflejo del incremento de flujos irregulares, difíciles de controlar y que se confunden con las migraciones económicas en la región, en un contexto deprimido económicamente y propicio para el incremento de actividad ilícita67. La respuesta de los países vecinos al tema de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes indocumentados ha estado caracterizada por el cierre de fronteras en el marco de lucha contra el terrorismo y contra las drogas que implica: a) militarización de la línea fronteriza, aumento de pie de fuerza, compra de armamento y b) estrategias de contención del conflicto mediante controles a las migraciones. Lo anterior ha resultado en un desestímulo a la solicitud formal de protección por parte de colombianos que huyen de la violencia a los territorios vecinos y ha creado condiciones que facilitan una aplicación restrictiva por parte de los Estados de los marcos de protección contemplados en los instrumentos internacionales (particularmente la Declaración de Cartagena de 1984 sobre la protección de refugiados). Además, ha generado un clima adverso para la integración social de los refugiados, empeorado las condiciones para la no repetición del desplazamiento, exacerbado sentimientos de xenofobia al interior de la comunidad receptora, promovido medidas que se asemejan a un estado de segregación social para quienes 64

“Aumenta número de refugiados colombianos”,noviembre 15 de 2004 en ESMAS, wwwesmas.com. Además, Colombia ocupa el primer lugar en el mundo por el número de desplazados internos bajo el amparo del ACNUR, con un millón 244 mil 100, le sigue Azerbaiyán y Liberia. 65 INREDH, El Refugio en el Ecuador, versión inédita, diciembre de 2004. 67 Durante rueda de prensa el día de la conmemoración de la Declaración de Cartagena, Ruud Lubbers, Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los refugiados afirmó que "Hay un gran número de colombianos que requieren protección, particularmente en las áreas fronterizas de los países vecinos, así como en otros países de la región".

32 requieren de protección como en Panamá y deteriorado la situación de derechos humanos de esta población vulnerable. En este contexto, los países vecinos comienzan a reclamar la responsabilidad del Estado colombiano para con sus compatriotas que están huyendo de la violencia en sus territorios. En efecto, a pesar de que Ecuador, Panamá y Venezuela han firmado todos los convenios internacionales referentes a la atención y protección de personas que huyen de la violencia y en pro de la protección de las victimas de conflictos armados, la situación de los solicitantes de refugio en los países vecinos, cada día va empeorando al aumentar las personas que solicitan protección68. Ecuador se defiende del narcoterrorismo Según el representante de Quito ante la ONU en Ginebra, Hernán Escudero, Ecuador es el país latinoamericano que mayor número de refugiados y de solicitantes de asilo recibe en América, debido, principalmente, al conflicto que vive en Colombia.69 No obstante, las respuestas del gobierno Ecuatoriano a las migraciones forzadas desde Colombia, han estado cada vez más determinadas por la implementación de medidas para restringir el paso de colombianos hacia el sur, como parte de la estrategia de seguridad para evitar que las FARC extienda sus acciones en Ecuador. En la frontera con Putumayo hay presencia de la cuarta división del Ejército, el Batallón 56 Tungurahua, el Ala de Combate 31 de la Armada, el grupo antiterrorista creado este año y financiado por Estados Unidos, un destacamento de policía que incluye un grupo especial de rescate, para un total de 10 mil efectivos en la frontera. Esta política es contradictoria con los elementos transnacionales del conflicto, del narcotráfico y del contrabando de armas, que involucra al Ecuador en una dinámica que viene de tiempo atrás. Autoridades y habitantes de la provincia de Lago Agrio reconocen la presencia permanente de paramilitares y guerrilleros en su territorio, sin que esto sea percibido como una amenaza para la seguridad nacional hasta tanto las acciones armadas de

Ecuador hace parte de: Convención del 1951, Protocolo de 1967, Decreto 3301 -Reglamento para aplicar las dos anteriores e incorpora conceptos de la declaración de Cartagena- y en la constitución en el articulo 29 reconoce el “asilo” como derecho de ecuatorianos y extranjeros. Venezuela tiene por su parte la ley orgánica sobre refugiados (a) y asilados (a) y también esta suscrito a la convención del 1951 y el protocolo de 1967. Y la constitución avala la suscripción de Venezuela a estos convenios. En Panamá Esta el articulo 4 de a constitución Nacional que establece”La Republica de Panamá acata las normas del Derecho Internacional”. Por lo tanto, el Estado Panameño tienen la obligación de respetar los compromisos contraídos con la suscripción y la ratificación de los instrumentos nacionales. Panamá ratifico la Convención de 1951 y el protocolo de 1967. La resolución ejecutiva 461 de octubre de 1984. Adicional esta el decreto 23, y se creó la figura del Estatuto humanitario provisional de protección. Los entes gubernamentales panameños que intervienen en la dinámica de asilo y de los refugiados son: La oficina Nacional para la atención de refugiados (ONPAR), La dirección Nacional de Migración y Naturalización. El Ministerio de Relacione Exteriores y la policía Nacional. 69

Patricio Zuquilanda, declaró hace unas semanas estar "desesperado" por la situación en la frontera con Colombia, donde se ha incrementado el tráfico de armas y cocaína y se ha producido un desplazamiento de 300 mil colombianos hacia Ecuador, que se atribuye a los efectos del Plan Patriota, la mayor ofensiva militar realizada por Colombia para cercar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Diario El Universo, México, 12 de octubre 2004.

33 estos grupos se materialicen en el territorio ecuatoriano70. Probablemente esta percepción tiene que ver con que la presencia de miembros de grupos armados irregulares está asociada más al abastecimiento, que a la utilización del territorio ecuatoriano para planificar o desplegar actividades de guerra. Otro elemento de la dinámica transnacional del conflicto, tiene que ver con el tráfico de armas y de precursores químicos desde Ecuador hacia Colombia, en el que se han visto involucradas las Fuerzas Armadas71. Además, se conoce de campesinos que trabajan como jornaleros en los cultivos de coca del lado colombiano, otros tienen tierras con cultivos en Putumayo. Esta dinámica desterritorializada de actividad económica transfronteriza incluye, del otro lado, compra de terrenos por parte de grupos armados irregulares en territorio ecuatoriano. La situación de protección para los refugiados y solicitantes de asilo ha presentado deterioro por varias razones. Primero, la exigencia del pasado judicial en la frontera y el cierre de caminos vecinales72. Según información suministrada por el director nacional de Migración del Ecuador, respecto de la aplicación del control migratorio en la frontera aplica el Convenio de Esmeraldas el cual establece que para ingresar de manera itinerante o transitoria a las provincias del Carchi, Sucumbíos, San Lorenzo y en la provincia de Esmeraldas, sólo se requiere como único documento la cédula de ciudadanía. Por tanto, las autoridades militares y policiales no pueden exigir ni la Tarjeta Andina Migratoria, ni el Certificado de Antecedentes Judiciales dentro de las jurisdicciones mencionadas. Esta medida va en contra del derecho de recibir protección de las personas que huyen de la violencia en Colombia y está poniendo en riesgo sus vidas, pues al salir amenazados o en medio de combates y confrontaciones de áreas rurales apartadas, les resulta difícil ir a centros urbanos que quedan retirados para sacar este documento73. La seguridad no mejorará sustancialmente con la exigencia del pasado judicial, varios habitantes de la zona afirman que “el delincuente está mejor documentado que el presidente de la República”. Segundo, la tasa de reconocimiento de las solicitudes es cada vez menor, lo que indica un alto número de solicitudes acumuladas sin tramitar y un alto índice de 70

Según habitantes de la frontera, paramilitares y guerrilleros se ven en el casco urbano y permanecen en zonas rurales, pero no tienen problemas con la población ecuatoriana ni los han amenazado directamente y que “problemas de seguridad no hay” pues la frontera tiene presencia de policía y Ejercito, incluido el grupo antiterrorista. Sin embargo, esta percepción está cambiando después de la masacre perpetrada por las AUC en el Afilador y mencionada anteriormente. CODHES, noviembre del 2004. 71 A mediados del 2003 las autoridades encontraron 3 camiones cargados con cargamentos completos de armamento hacia Colombia, por el Puente internacional de San Miguel. Al parecer estaban involucrados miembros de la Policía. Entrevista CODHES, noviembre de 2004. Lago Agrio, a pesar de ser petrolero, sufre de desabastecimiento de gasolina, asociado al tráfico de gasolina blanca y eter. 72 A inicios del mes de Septiembre y de acuerdo a incrementos delictivos en las zona s de frontera con Ecuador se determinó la formación de grupo combinado entre Policía y Ejército ecuatorianos y el cierre de 3 de 22 pasos ilegales entre Carchi (Ecuador) y Nariño (Colombia), por parte de policía ecuatoriana. El gobierno Ecuatoriano reconoce que uno de los factores de la baja en la criminalidad en otras zonas de frontera puede ser la exigencia del pasado judicial a los colombianos que ingresan al país, Diario El Universo, octubre 15 de 2004. 73 Por ejemplo, Mocoa en Putumayo queda a 7 horas del casco urbano de San Miguel que es el municipio fronterizo más cercano a Lago Agrio.

34 rechazos. La tendencia de la tabla 4 muestran que mientras hay un incremento de solicitudes de asilo, en el sentido opuesto hay un decrecimiento de las que son reconocidas para otorgar el status de refugiado.

Gráfico 7. Solicitudes de asilo en Ecuador a septiembre de 2004.

Solicitantes y refugiado/as colombiano/as en Ecuador (2000-2004) Número de personas

12000

11391

10000 8000

6732

6000

6440

4000 2000

2929 1406

362

3253 1569

1480

307

2000

2001

2002

2003

2004

Solicitantes Refugiados reconocidos

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador Total 2000 al 30 septiembre 2004:Solicitantes: 27.854, Refugiado/as reconocido/as: 7.990 Tabla 4.

Solicitudes y reconocimiento de refugiados en Ecuador 2000 - 2004 Decisiones

Reconocidos

Porcentaje

2000

450

390

86,6

2001

1800

1406

78.11

2002

2777

1578

56,8

2003

7899

3270

41.3

2004 Fuente: Ministerio 4684 de Relaciones Exteriores 1487 de Ecuador

31,7

CODHES conoció de varios casos graves que han sido rechazados, sin una explicación conocida, de personas provenientes del Caquetá por amenazas de reclutamiento forzado y presiones por parte de los grupos armados irregulares sobre habitantes de la zona para que participen directamente en las actividades de guerra. Durante el proceso, los solicitantes de asilo cuyos casos han sido rechazados, mencionan irregularidades en la toma de la declaración y exigencia de documentos que no aplican en la normativa internacional, tales como certificación por parte del alcalde del municipio de la situación de riesgo de la persona. También preguntas que confunden a la población campesina, por parte de funcionarios encargados de tomar la

35 declaración y que muchas veces los llevan a responder erróneamente sobre la situación que los llevó a desplazarse74. A pesar de que el gobierno ecuatoriano ha reconocido el incremento de los desplazamientos desde Colombia hacia Ecuador75 a raíz de la implementación del Plan Patriota, este hecho aparece mas como un mecanismo para captar recursos del gobierno norteamericano como parte del paquete de ayuda social y descargar así la responsabilidad estatal de Ecuador en el gobierno colombiano. A pesar esta afluencia masiva, el gobierno colombiano afirmó que “el desplazamiento de colombianos a Ecuador tiende a desparecer76. En segundo lugar, hay varias situaciones que impiden el ejercicio de derechos fundamentales a los solicitantes de asilo. La demora en el estudio de la solicitud, que oscila entre 5 meses a 1 año y a veces más, tiempo durante el cual no se garantiza el derecho a trabajar y están expuestos a las detenciones por documentos y abusos de autoridad. Debido a la cantidad de solicitudes de refugio que llegan mensualmente al gobierno Ecuatoriano (alrededor de 1.000 solicitudes al mes) el estudio de las mismas es bastante demorado. Según un estudio del Servicio Jesuita para refugiados, más del 40% de los refugiados colombianos que ingresan al país viven en condiciones de pobreza extrema; los refugiados (reconocidos por Cancillería) se distribuyen: en Quito 54%, Lago Agrio 21% Ibarra y Tulcán 12.9%, Esmeraldas 3.3%, Santo Domingo 3.0%, Guayaquil 0.1% y Cuenca 4.7. La pregunta que surge ante esta situación es ¿qué pasa con los solicitantes de asilo que no son reconocidos por la Cancillería ecuatoriana como refugiados? Las entrevistas realizadas en la zona permitieron identificar que la gran mayoría de estas personas no quieren regresar a Colombia, y que permanecen en Ecuador trabajando en su mayoría como vendedores ambulantes, otros deciden salir hacia Perú o a otros países. En otros casos estas personas son deportadas o detenidas por indocumentadas. Algunos funcionarios mencionan 30 detenciones por esta razón77. En un mes (entre julio y agosto) Ecuador deportó a 60 extranjeros, en su mayoría colombianos, en total para el 2004 fueron deportadas 392 personas, el 99% de nacionalidad colombiana. El año pasado para el mismo período fueron 92 las deportaciones reportadas78. Los esfuerzos conjuntos entre los dos gobiernos para enfrentar las migraciones forzadas se concentran en promover el retorno hacia Colombia, sin que existan garantías reales de seguridad en el país de origen ni en las zonas de expulsión79. 74

Entrevista CODHES, noviembre de 2004. Algunos casos son rechazados porque les preguntan si cultivaban coca en sus fincas, al responder afirmativamente, se les criminaliza y se les acusa de narcotraficantes sin tener en cuenta el contexto de la zona de expulsión. 75 Las declaraciones de Zuqilandia, mencionan 300 mil personas. 76 Diario El País, Octubre 15 de 2004. 77 Entrevista CODHES, noviembre de 2004. 78 Diario El Universo, 25 de julio de 2004, versión electrónica www.eluniverso.com. 79 “Ecuador y Colombia: Plan sobre refugiados”,16 de noviembre de 2004, en BBC Mundo.com en www.new.bbc.co.uk. Para este 2004, los montos subieron de 800.000 dólares a tres millones, pero todavía no son suficientes. De allí que el pedido de la diplomacia ecuatoriana es que el Gobierno colombiano comience a dar recursos al Ecuador en beneficio de sus propios ciudadanos, que han sido desplazados a causa del conflicto interno que azota al vecino del norte”. “La cifra que recibimos nosotros no es ni el 15 por ciento de lo que se da a Colombia por el tema de los refugiados. De ese dinero a Ecuador no llega nada. Nuestra tesis es insistir en la

En tercer lugar, los solicitantes de asilo no cuentan con condiciones apropiadas para garantizar una vida digna. Testimonios recogidos en la frontera dan cuenta de dificultades para acceder a información relacionada con el derecho a solicitar asilo, discriminación, subempleo, entre otros80. De otro lado, la comunidad receptora en ciudades como Quito, Ibarra, San Lorenzo y las pequeños localidades en zonas de frontera, acusa a los colombianos de quitarle la mano de obra a los ciudadanos ecuatorianos81, contribuyendo a crear un clima adverso para la integración social. A pesar de percepciones sobre el aumento de niveles de criminalidad a raíz de la llegada de colombianos a estas zonas, un informe de la policía nacional señala que el 90% de los secuestros cometidos en la frontera norte de Ecuador fue perpetrado por delincuentes comunes, el 10% restante no se precisa la autoría, en algunos casos los delincuentes toman el nombre de la guerrilla para cometer el delito82. Venezuela se defiende del desbordamiento del conflicto y de la confrontación armada. El gobierno de Venezuela ha mantenido respuestas de contención del conflicto en la frontera, como mecanismo para prevenir la desestabilización interna del orden público en su territorio. En este sentido, se puede decir que para el país predomina la agenda de seguridad Nacional sobre la agenda humanitaria. Esta frontera se convirtió para el año 2004 en la frontera mas tensa, por tres circunstancias: la primera la polarización política que se vivió en el período anterior al referéndum presidencial, la segunda la posición que tiene el gobierno de Hugo Chávez frente a la cooperación americana en territorio colombiano83 y la tercera porque este país ha sufrido la intromisión territorial de grupos armados84. El objetivo principal de esta militarización fronteriza es evitar la injerencia de Estados Unidos en Venezuela por medio de la cooperación militar que el país del norte brinda a Colombia. El flujo de colombianos hacia este país hasta el mes de octubre del año 2004. corresponsabilidad de los países y en la carga compartida que tienen para afrontar este tema”. Diario El Universo, septiembre 15 de 2004, versión electrónica. 80 Se destinan aproximadamente 80 centavos de dólar diarios para la alimentación de cada refugiado, de la cual fue sustraida la leche y el café. A este llegan aproximadamente 15 personas por mes. La mayoría de los refugiados prefiere asentarse en otras partes y mantenerse invisibilizados ante las manifestaciones de xenofobia contra los colombianos y de discriminación social que les impide conseguir trabajo. 81 El año 2004 ha sido particularmente difícil para los colombianos y colombianas que buscan refugio en el Ecuador; allí se implementa una campaña de persecución a los extranjeros que afecta a los solicitantes de refugio en Ecuador (a las personas que no han solicitado formalmente refugio). Desde principio de año hay una campaña en los medios de comunicación que pretende “culpabilizar” a los extranjeros por la situación de desempleo, violencia, y pauperización de las condiciones de vida de la población local. 82 Diario El Universo, 7 de mayo de 2004. Los medios de comunicación pueden estar contribuyendo a la xenofobia y a explicar el incremento de la violencia por la presencia de colombianos por un manejo equivocado de la información. 83

“Militares venezolanos acusan a EEUU de llevar insurgencia de Colombia a Venezuela”. Dos jefes militares venezolanos acusaron a EEUU de "empujar" hacia Venezuela la insurgencia de Colombia y confirmó una mayor presencia militar en la frontera común. El director de Fremibol dijo que EEUU busca "ahuyentar inversiones petroleras en zonas fronterizas" y "crear en Venezuela una suerte de desestabilización social, militar y fronteriza para justificar la intervención de Cascos Azules (de la ONU) y poder activar la adquisición de grandes compras militares para Colombia". Diario El Universal, 6 de Octubre. 84 Ver Boletín CODHES informa No 54,Op.cit.

Tabla 5. Solicitudes y reconocimiento de refugio en Venezuela 2000 y 2004 Decisiones solicitudes reconocidos 318 3396 318 2000 - 2004 1345 47 2003 1599 Hasta 01/10/04

Fuente: Elaboración CODHES datos de ACNUR Los retrasos en el trámite de las solicitudes de refugio por parte de la Comisión de Elegibilidad es un factor que está afectando la protección de personas solicitantes de asilo. Desde que comenzó a operar en agosto de 2003 la Comisión Nacional de Elegibilidad de la Republica Bolivariana de Venezuela ha analizado y decidido hasta mediados del mes de Agosto del año 2004 un total de 100 solicitudes de refugio, que involucra una universalidad de 252 personas. De esta cifra, 45 solicitudes fueron reconocidas en diciembre del año 2003 y 55 solicitudes de refugio fueron negadas. Lo que significa que en lo corrido de este año no ha sido aceptada ninguna, por lo que los colombianos están sin protección alguna, al igual que sin posibilidades de trabajar y establecerse económicamente en el país. Una de las respuestas del gobierno Venezolano a las migraciones forzadas ha sido la militarización de la frontera. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) nombró la creación de un puesto fronterizo en Puerto Chorrosquero, el traslado de brigadas a Casigua El Cubo y Ciudad Sucre y el incremento de puntos de vigilancia, todos con apoyo aéreo. Además, a 100 kilómetros de Colombia funciona la tropa naval encargada de resguardar los bordes del Río Catatumbo, desde su nacimiento hasta la desembocadura en el Sur del Lago de Maracaibo. El presidente Hugo Chávez ratificó la compra de 40 helicópteros rusos para fortalecer la seguridad fronteriza85. Además, en el mes de diciembre arrancará la construcción de la sede del Comando Fluvial de Encontrados, el mismo que funciona de manera provisional a escasos metros del Catatumbo, según el capitán de corbeta, Gustavo Enrique Romero Matamoros, comandante de ese puesto naval. Del lado colombiano todos los departamentos de la frontera están militarizados: la Guajira, Norte de Santander y Arauca. En este último departamento fue instalada por el gobierno colombiano una gran barcaza blindada de vigilancia para que custodie el río Arauca para impedir el paso de guerrilleros y paramilitares hacia Venezuela. Esto en respuesta a los incidentes ocurridos a finales del mes de septiembre donde murieron 5 soldados venezolanos y una civil venezolana en enfrentamientos con actores irregulares colombianos. También será utilizado en la lucha contra las drogas, para neutralizar el tráfico de estupefacientes. Bajo esta lógica de seguridad, las deportaciones también son una práctica recurrente en esta frontera. Un gran porcentaje de colombianos son deportados a Colombia, vía Maicao en donde hace aproximadamente 4 años no hay un puesto oficial de migración, y estas personas son entregadas al Departamento Administrativo de Seguridad, quien sólo puede reseñarlos sin que sea posible identificar razones para haber aplicado esta medida. Según esta institución la gran mayoría intenta regresar a Venezuela87. Lo preocupante de estas devoluciones es que cuando ocurren no hay 85

“Casa flotante custodia frontera fluvial entre Venezuela y Colombia”, en EL Tiempo, 5 de octubre de 2004, versión electrónica. 87 Entrevista CODHES, frontera con Venezuela, Colombia, 2003.

38 distinción entre migrantes económicos, delincuentes comunes o desplazados por la violencia. Se calculan más o menos de 10 a 15 devoluciones al día. Durante el trabajo de campo realizado por Codhes en esta región, se recogieron testimonios que dan cuenta del desconocimiento por parte de miembros de laGuardia Venezolana del documento provisional otorgado por el ACNUR que identifica a los colombianos como solicitante de refugio. En otros casos, si no han solicitado refugio son explotados por empleadores, quienes después de la jornadas laborales los despiden sin su paga, chantajeándolos con amenazas de entregarlos a la guardia venezolana para su posterior deportación. Otros factores están afectando las condiciones de vida de los refugiados, entre ellos, los niveles de pobreza de las zonas de frontera a donde llegan los colombianos. Los Estados de Táchira, Zulia y Apure son los principales receptores de colombianos en busca de refugio en Venezuela y son estados pobres, donde no hay posibilidades económicas para recibir el alto flujo de colombianos que esta llegando89. En este momento los refugiados colombianos y los solicitantes de refugio son atendidos por agentes humanitarios tales como ACNUR, Servicio Jesuita de Refugiados, entre otros. La inmensa mayoría de colombianos que no solicitan refugio y que están totalmente desprotegidos e invisibilizados se encuentran en los barrios periféricos de las ciudades, aumentando los cordones de miseria y pobreza. Por último, el gobierno venezolano ha adoptado medidas que resuelven en la práctica el acceso a derechos por parte de migrantes en situación irregular, pero que invisibilizan la dimensión política del desplazamiento forzado en ese país, como la Ley de Naturalización y Regularización90. La Comisión Nacional de Elegibilidad está en proceso de depurar el archivo donde se encuentran las solicitudes de refugio. Este país actualmente lleva el proceso de Regularización de Extranjeros al cual se acogieron un gran número de personas colombianas que ingresaron al país solicitando refugio. Al observar que la regularización les daba la oportunidad de obtener un documento de forma mas expedita, decidieron adherirse al proceso y dejar de un lado el trámite de solicitud de refugio.

Panamá se defiende del tráfico de drogas. El gobierno de Panamá responde al tema de las migraciones de acuerdo con los intereses de Estados Unidos, enfocados en evitar que el negocio de las drogas y el tráfico de estupefacientes alcance la región de la Cuenca del Caribe y, por esa vía, a Norteamérica. En esta frontera se hace más evidente el tratamiento a los refugiados como un asunto de seguridad regional. Estas percepciones contrastan con las dinámicas transnacionales del narcotráfico en la frontera, específicamente hechos en los que se ha detectado la participación de miembros de las fuerzas armadas en el tráfico ilegal de armas y en las redes de tráfico de estupefacientes que operan en el Darién Centro. Durante el trabajo de monitoreo, CODHES pudo verificar que la mayoría de personas que cruzan la frontera colombopanameña provienen de Perú y Brasil, no de Colombia. Además, algunos habitantes afirman que los coyotes o guías que llevan a estos traficantes por los caminos de la 89

Ver Boletín CODHES Informa No 54. Reglamento para la regularización y naturalización de extranjeros y las extranjeras que se encuentran en territorio nacional. Decreto 2823 3 de febrero de 2004. en Gaceta oficial numero 37871 de esta fecha.

39 selva, algunas veces establecen acuerdos con los guardias panameños para dejar pasar a estas personas a cambio de dinero91 El gobierno Panameño ha tenido la posición mas dura respecto de los colombianos que cruzan la frontera buscando refugio en su país. Esto se refleja en las medidas restrictivas en torno a la aplicación del concepto de refugiado, para quienes es una labor titánica acceder a esta condición. Durante este periodo Panamá no ha reconocido a ninguna persona como refugiada. En su lugar, está promoviendo las repatriaciones y aplicando las deportaciones de colombianos que llevaban aproximadamente 10 años en este territorio92.Es el único país que ha realizado formalmente repatriaciones. Desde 1997 ha repatriado mas 100 familias colombianas que habían huido para salvar sus vidas y realizó una deportación de 109 colombianos. En este contexto habría que preguntarse hasta que punto los Estados están dispuestos a ceder en la agenda humanitaria para priorizar la agenda comercial o de seguridad y como esta afectando esto el acceso a la protección y atención de la población que huye de la violencia. Probablemente los refugiados son un factor percibido por los gobiernos colombiano y panameño como un obstáculo para la firma e implementación de acuerdos comerciales y tratados internacionales para el desarrollo de megaproyectos en la zona. En este sentido, la reactivación del tema sobre la carretera panamericana en el tramo que está interrumpido a la altura de la frontera colombo-panameña, el gasoducto de interconexión entre Chocó y Venezuela y el interés de Panamá de ingresar al grupo del G4, pueden ser factores de interés mutuo que influyen en la adopción de estas medidas. Este cierre total de la frontera está acompañado de medidas por parte del Estado panameño hacia los solicitantes de refugio que resultan en un estado similar a la segregación de personas solicitantes de protección que no cuentan con documentación de refugiados y que ven restringido el acceso a derechos, a pesar de llevar años viviendo en territorio panameño. En síntesis, la frontera panameña aparece como la frontera territorial de Estados Unidos con América Latina y reproduce en sus estrategias de seguridad hacia Colombia, las percepciones que Estados Unidos tiene sobre las amenazas en la región Suramericana. 91

“Mafias usan trochas de Darién” Diario el Panamá América, 6 de febrero de 2004. A territorio panameño ingresa un promedio de 100 a 150 ilegales cada mes, que en su mayoría llegan por cuatro trochas que desembocan en la población de Yaviza, en Darién, y por cuyo tránsito los "coyotes", organizados en "mafias", deben pagar un porcentaje a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según una información aparecida en el diario El Tiempo de Bogotá, los ilegales pagan la suma de B/.400 cada uno para realizar el viaje desde Turbo a la población de Acandí, luego al golfo de Urabá y de allí hasta Yaviza. 92 La repatriación de diciembre del 2003 hacia Juradó de 25 familias, 80 personas, en la cual estuvo presente Codhes y PCS hizo presencia en Jaqué en el momento de la repatriación. En febrero del 2004, la repatriación de aproximadamente 20 personas del Darién central a la zona del Bajo Atrato (Riosucio, Turbo y Apartadó). En abril del 2003 se llevó a cabo una deportación de 109 personas a Sapzurro y posteriormente a Riosucio, bajo condiciones en las cuales la Defensoría Panameña y colombiana se incumplieron los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad de las personas y se les violaron todos sus derechos (ver informe Defensorial Conjunto de julio del 2003). El Informe conjunto de las Defensorías del Pueblo de Colombia y de Panamá manifiestan que la repatriación de 109 colombianos realizada en abril del 2003 no cumplió con los principios y requerimientos del Derecho Internacional para Refugiados (voluntariedad, seguridad y dignidad). Informe defensorial conjunto sobre la devolución de la República de Panamá de 109 personas de nacionalidad Colombiana, publicado en el mes de julio del 2003. www.defensoriadelpueblo.gov.co

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Políticas de seguridad en la región Como resultado de las políticas de seguridad regional diseñadas desde Estados Unidos y aplicadas bajo la coordinación de sectores oficiales del gobierno norteamericano, los países de Suramérica y el Caribe están convirtiendo asuntos humanitarios como las migraciones forzadas, en asuntos de seguridad nacional. Esto implica que una respuesta netamente militarista está desconociendo la importancia de respuestas en el campo social y económico, orientadas a prevenir la expansión del conflicto y a atender las manifestaciones regionales de la crisis. También implica un desconocimiento del principio de responsabilidad compartida y de los componentes transnacionales del conflicto armado. Lo anterior resulta en un desestímulo para las personas que cruzan la frontera huyendo de la violencia, de acogerse a los mecanismos formales de protección y constituye una forma de invisibilización de la magnitud de las migraciones forzadas en las fronteras. Por esta vía, se desconocen las dimensiones regionales de la crisis Humanitaria. El cierre de fronteras va en detrimento del derecho de la persona a solicitar asilo y recibir protección en otros Estados, incluido un tercer país. En los territorios fronterizos, los factores de la coyuntura nacional que más están influyendo en el desplazamiento forzado son: el desarrollo del Plan Patriota, la fase de desmovilización de grupos de autodefensa, la disputa territorial por el control de corredores estratégicos, mano de obra y recursos para el tráfico de drogas y de armas. Debido a la estrategia militar contra-insurgente denominada “Plan Patriota”, se han Incrementado los enfrentamientos armados entre guerrillas y Fuerza Pública en la frontera con Ecuador y en el Sur-Oriente del país. En consecuencia, se han venido acrecentando los fenómenos de desplazamiento forzado y de comunidades confinadas, al igual que en aquellos territorios donde se adelantan operativos militares especiales cuyo objetivo es el arrinconamiento de las guerrillas. Múltiples presiones y agresiones por parte de la guerrilla contra la población civil, así como las restricciones por parte de la Fuerza Publica, están paralizando el comercio, las actividades económicas de subsistencia y vulnerando el derecho a la libre circulación sobre el río Caquetá, Caguán y Orteguaza en el departamento de Caquetá, zonas de domino histórico de las FARC. Además, civiles no combatientes están en riesgo de ser convertidos en objetivo militar, víctimas de masacres, reclutamiento forzado, colaboración con los actores armados por presión, señalamientos, estigmatización, todas estrategias de guerra que impiden el ejercicio de la neutralidad activa en medio del conflicto y diluyen el principio de distinción en una guerra que se libra contra la población civil. Dinámica binacional: Se han fracturado las relaciones sociales entre los habitantes de un lado y otro de las fronteras, al profundizarse los señalamientos y estigmatizaciones de los colombianos como violentos y sujetos peligrosos para las sociedades vecinas, lo cual acrecienta sentimientos de xenofobia y anticolombianismo, y dificulta procesos de integración social. Así mismo, los gobiernos vecinos están solicitando mayor apoyo norteamericano para protegerse de lo que consideran una amenaza proveniente de Colombia, sobre todo ante la creciente afluencia de refugiados colombianos que llegan a Ecuador y el constante tráfico ilegal de drogas y armas por Perú y Panamá.

El gobierno colombiano reproduce la percepción de Estados Unidos sobre Colombia a través de su campaña de internacionalización del conflicto, cuya característica principal es presentar a Colombia como un factor de inestabilidad e inseguridad para la región Andina, no sólo por la existencia de grupos terroristas sino por el problema del narcotráfico. De esta manera el gobierno colombiano coadyuva a la mediatización del discurso “anti-colombiano”, al afianzar la creencia que los colombianos llevan consigo el conflicto y que es muy peligroso para otros países aceptarlos en su territorio. Tendencias de las migraciones internas y transfronterizas y respuestas institucionales. Contrario a las declaraciones del presidente Uribe en Ecuador, el fenómeno del desplazamiento hacia los países vecinos no ha disminuido. En efecto, en Ecuador este fenómeno ha aumentado respecto del año anterior. En Panamá y Venezuela se presenta una creciente invisibilización del problema, dada la restricción en la aplicación de la normativa Internacional sobre Refugiados. Las políticas de seguridad y las premisas promovidas en torno al eje “WashingtonBogotá”, están afectando la aplicación de la normativa internacional en materia de refugiados, deteriorando las condiciones de protección de los solicitantes de asilo y promoviendo conflictos sociales entre distintas nacionalidades. Durante el 2004 se observan manifestaciones del desbordamiento de la crisis humanitaria, especialmente, el aumento de solicitudes de refugio. Esto empieza a crear malestar en los gobiernos vecinos, que ven a los desplazados colombianos como un problema económico y que están exigiendo corresponsabilidad del gobierno colombiano para atenderlos. Existe un deterioro de la situación de derechos humanos e incremento del número de personas desplazadas en los municipios de frontera; en total, durante el tercer trimestre del 2004 se desplazaron 75.158 personas en el país. De esta cifra, 48.970 personas salieron forzadamente de sus territorios en departamentos de frontera, equivalente al 61% del total reportado por el país, y 7.652 personas en municipios territorialmente fronterizos, el 10% del total de personas desplazadas en Colombia para el periodo considerado. Además, en los departamentos fronterizos durante el tercer trimestre del 2004 ocurrió casi el 100 por ciento de los desplazamientos reportados por estas zonas (ver tabla 1). En el Primer semestre de este año se han desplazados 52.875 personas en Departamentos de frontera y Los Departamentos fronterizos que registraron incremento en el número de personas desplazadas en el primer semestre del año 2004 son: La Guajira, Nariño, Vaupes y Vichada, Arauca, Norte de Santander, Choco. Frente a la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo: La política de erradicación forzada por fumigaciones ha generado un “efecto globo” que se está observando ya en la política de lucha contra el terrorismo, principalmente a través de los efectos del Plan Patriota en la frontera con Ecuador. Reforzar y replantear la ayuda económica y social en territorios que dependen de la economía de las drogas es una medida necesaria para evitar el desbordamiento del conflicto, la expansión de las redes del narcotráfico, para lograr la erradicación de cultivos de uso ilícito sostenible en el tiempo, el desarrollo regional y la desarticulación de circuitos de producción vinculados y controlados por los actores armados irregulares. El Ecuador ha entrado a formar parte de la región afectada por la proliferación de cultivos ilegales y de las fumigaciones aéreas para erradicarlos.

42 Los gobiernos de los países vecinos y Colombia deben acatar las recomendaciones realizadas en las consultas subregionales previas a la conmemoración del XX Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados en donde los países reafirman la absoluta e indiscutible vigencia de la Declaración de Cartagena en relación con la obligación de los Estados de brindar protección y buscar soluciones duraderas para los refugiados, desplazados internos y solicitantes de asilo. En dichas reuniones, los países de la región reafirman los principios fundamentales de la protección internacional de refugiados, y el carácter de ius cogens del principio de non-refoulement. (No devolución). Además, es deber de los Estados reconocer a las personas que huyen de la violencia en territorios extranjeros como refugiados, y no usar terminologías imprecisas tales como “desplazado en tránsito”; “personas necesitadas de protección” o “status de protección temporal”, que carecen de contenido jurídico y niegan el carácter declarativo de la condición de refugiado, teniendo implicaciones negativas sobre el ejercicio efectivo del derecho a buscar y recibir asilo. Es necesario concertar reuniones en la región Andina y con los países cooperantes con Colombia para concretar la realización de una conferencia internacional humanitaria que permita adaptar el Plan de Acción a la realidad de conflictos armados y crisis humanitarias como la que persiste en Colombia y que afecta a toda la región. Por último, la cooperación internacional desde Europa y Estados Unidos hacia los países vecinos de Colombia (Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil y Perú) debería priorizar la dimensión humanitaria de la crisis y enfocarse en mejorar la protección y atención de los desplazados, refugiados, migrantes. Es decir, es necesario que la cooperación internacional promueva el respeto de los derechos de las personas en busca de protección, a saber: 1. A permanecer legalmente en territorio. 2. A no ser deportado por ningún motivo. 3. A transitar libremente por el País receptor. 4. A no ser discriminado por ningún motivo. 5. A trabajar por cuenta propia o contratado. 6. Al acceso a la justicia, educación y salud

Este informe se realizó con el apoyo de la Consejería en Proyectos, programa de Soluciones Duraderas, PCS. Las afirmaciones, análisis y conclusiones aquí expresadas son de autonomía y responsabilidad exclusiva de CODHES y no comprometen a la agencia donante. Documento elaborado bajo la coordinación académica de Marcela Ceballos y con la participación de Madeleine Ahumada, personas que pertenecen

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