Codhes informa Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 58. Bogotá, 1 de mayo de 2005 codhes@codhes.org.co www.codhes.org.co
Desplazamiento y conflicto armado
LA POLITICA DEL AVESTRUZ En el país virtual no hay conflicto armado interno, el desplazamiento forzado se reduce, no hay crisis humanitaria, mejora la seguridad y se fortalece la presencia del Estado en todo el territorio nacional. En el país real murieron once personas y 688 más fueron desplazadas cada día del primer trimestre de 2005, en hechos asociados al conflicto armado, mientras que, en el mismo período de enero a marzo, por lo menos 2.110 compatriotas se vieron obligados a salir de Colombia en busca de protección en otros países. En el país virtual las encuestas marcan un 70% de apoyo a la política de seguridad del gobierno, la derrota de la guerrilla es inminente, las autodefensas cumplen la condición de cese del fuego para mantener los diálogos de paz, disminuyen los cultivos de uso ilícito y las fumigaciones son inofensivas. En el país real la gente que habita las zonas de conflicto está cansada de padecer la guerra y los abusos de la Fuerza Pública, la guerrilla y los paramilitares. La guerrilla pasó del repliegue a la ofensiva con ataques que afectan a la población civil. Los paramilitares mantienen el control político, económico y social en diversas zonas del país, acudiendo a asesinatos selectivos, masacres, amenazas e intimidaciones, a pesar de un supuesto cese de hostilidades. Los cultivos de coca y amapola se expanden en el territorio nacional, las fumigaciones afectan, cada vez más, personas, cultivos lícitos, animales domésticos y no se reduce la oferta de droga en los países industrializados. En el país real, las comunidades que padecen el conflicto, las iglesias que acompañan a las víctimas, las autoridades locales que enfrentan el drama humano del éxodo, las organizaciones humanitarias y las agencias de Naciones Unidas que han visitado los escenarios de la guerra, pueden constatar que durante los primeros tres meses de 2005 el desplazamiento forzado fue una manifestación constante de la crisis humanitaria en todo el país.
2 En el primer trimestre de 2005 se evidenció que la dinámica de la guerra ha llevado a los actores irregulares a usar en forma indiscriminada las minas antipersonal, como estrategia de combate, sin reparar en sus efectos indiscriminados, que las mujeres, los niños y las niñas siguen siendo las principales víctimas civiles y que se mantienen los ataques a la misión médica y a bienes protegidos de la población civil. De acuerdo a las tendencias que muestra el desplazamiento en este período, es posible concluir que la gente huye de las siguientes zonas del conflicto armado: •
Aquellos lugares en donde se despliega toda la ofensiva del Estado contra la guerrilla a través del Plan Patriota (Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo) y las operaciones militares Escudo (Norte de Santander y Arauca) Fortaleza (Norte de Santander), Resplandor y Espada (Sierra Nevada de Santa Marta y Montes de María), Zarandeo (Caquetá), , Heliconia (La Hormiga, Putumayo) y Omega (Sur del Valle y Norte Cauca).
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Las zonas de amplia presencia y dominio paramilitar (Magdalena, Cesar, Córdoba, Sucre, Magdalena Medio, Norte del Tolima, entre otros).
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Las zonas que registraron ataques de las Farc contra la Fuerza Pública y la población civil (Cauca, Nariño, Antioquia, entre otros)
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Los departamentos en donde se produjeron detenciones masivas de ciudadanos acusados de terrorismo (Meta, Tolima, Arauca y Putumayo, entre otros)
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Las regiones de fumigaciones aéreas (Nariño y Chocó, entre los más afectados).
El desplazamiento forzado siguió emergiendo como el punto débil de una política de seguridad del gobierno que no es “para todos” porque no representa ningún alivio para miles de personas humildes de zonas rurales y pequeños municipios del país, que han sido desterrados y desarraigados, por responsabilidad de un Estado que no pudo o no quiso protegerlos o, lo que es peor, contribuyó a desplazarlos con sus políticas de guerra. Para el primer trimestre de 2005, el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos SISDHES, que opera CODHES desde 1995, estima una población desplazada de 61.996 personas, es decir un 10% más frente al primer trimestre del año pasado (56.672), lo que ratifica la tendencia de una crisis
3 humanitaria prolongada y sostenida en la que el desplazamiento sigue creciendo, de manera alarmante, en este país real de la guerra. Por lo menos 363 municipios de 32 departamentos del país recibieron en este período población desplazada, que incluye líderes sociales, concejales, sindicalistas, periodistas, campesinos e indígenas, comunidades afrocolombianas, estudiantes, empleados públicos y, como siempre, mujeres, niños y niñas, que constituyen el mayor porcentaje de la gente que huye por la violencia en Colombia. Esta es una realidad que, por supuesto, se puede desconocer para fines políticos de una eventual reelección presidencial o se puede asumir desde la sociedad civil para construir con creatividad soluciones ciertas y sostenibles desde los derechos humanos, la justicia, la paz y la democracia. Por lo pronto, y para infortunio de Colombia y su gente, prevalece el país virtual y se intenta ocultar la otra realidad, con un alto costo en vidas humanas y presupuestos de guerra que nos conducen al mismo callejón sin salida de los últimos 40 años. El primer paso para salir de este callejón es conocer lo que ocurre en las zonas de conflicto con la gente que padece la guerra y, en ese sentido, CODHES presenta su informe trimestral correspondiente a enero-marzo de 2005, con cifras y mapas del desplazamiento, análisis de las tendencias del conflicto armado y de sus efectos sobre la población civil, la situación en las zonas de frontera, las políticas públicas a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional y las respuestas gubernamentales frente a la crisis humanitaria y de derechos humanos que persiste en el país. Laboratorios de guerra: zonas de expulsión El primer trimestre de 2005 marca el comienzo del fin del repliegue de las FARC, en medio de una ofensiva sostenida del gobierno contra esta guerrilla, con apoyo del Plan Colombia y un importante respaldo de opinión pública. Es también un período crítico para el proceso de diálogo entre las Autodefensas y el gobierno, enfrascados en un debate sobre el marco jurídico sin salidas claras en cuanto a las exigencias del derecho internacional de verdad, justicia y reparación. En este trimestre, el desplazamiento forzado sigue respondiendo a las dinámicas de un conflicto armado que continúa, se expande y se profundiza en diversas zonas del país:
4 Zona de profundización del conflicto en los territorios de la Costa Pacífica de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, escenario de la intensificación progresiva de la confrontación entre Fuerza Pública, paramilitares y guerrillas. Está en juego el control estratégico de corredores entre la zona costera y el centro y sur del país, una economía de la guerra asociada al tráfico de armas y drogas y las fumigaciones de cultivos de coca. Zona de continuidad del conflicto en los departamentos de operación del Plan Patriota (Caquetá, Meta, Putumayo), en los departamentos de extensión del Plan Patriota (Norte de Santander y Arauca), en los departamentos del Cauca, Tolima y Huila, sometidos a los efectos perversos de la confrontación en el sur, en el Eje cafetero y Norte del Valle, en donde confluyen guerrillas, paramilitares y carteles de la droga, Montes de María y Sierra Nevada de Santa Marta, regiones de fuerte disputa territorial. Zona de expansión del conflicto en los departamentos de Vichada, Vaupés, Guanía y Amazonas, (orientalización del conflicto) hacia donde se trasladan cultivos de uso ilícito y se establecen nuevas zonas de retaguardia de las FARC, es decir, 339 mil kilómetros cuadrados de selva amazónica y Orinoquía que garantizarían que este conflicto se prolongará tanto tiempo como lo imponga el entusiasmo bélico de las partes. Este mapa incompleto de la guerra irregular en Colombia sugiere una profundización del conflicto que puede agravarse en la medida en que el gobierno está en la obligación de producir resultados ciertos y la guerrilla ha anunciado una ofensiva sostenida y con nuevas estrategias de combate. Muchas de estas regiones se han convertido en teatros de operaciones o si se quiere en laboratorios de guerra en los que concurren y se enfrentan de modo diverso las prácticas de la guerra, golpeando principalmente a la población civil y erosionando sus derechos y garantías1.
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Estas regiones se caracterizan, entre otras cosas, por la presencia histórica de grupos armados y por esta razón ha sido focalizadas como epicentros para el desarrollo de las principales operaciones militares, dentro de la política de seguridad del gobierno del Presidente Uribe Vélez. Es el caso de Arauca y Montes de Maria que fueron convertidas inicialmente en Zonas de “Rehabilitación” y luego ha sido escenarios emblemáticos de los programas de detención masiva y despliegue militar. Ocurre lo propio con el Plan Patriota en el sur del País y los respectivos dispositivos desplegados en la Sierra nevada de Santa Martha, Oriente Antioqueño o Nariño. El presupuesto oficial es que la mayor presencia militar garantiza la seguridad, pero lo que ha ocurrido en la práctica, como lo muestran diversos informes, es que estos programas simplemente producen cambios en las dinámicas regionales del conflicto intensificando la crisis humanitaria, antes que aportar una solución real. Las guerrillas y los grupos paramilitares también focalizan a su modo estas regiones, despliegan nuevas estrategias, decretados paros armados, controles alimentarios,
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En este marco se inscribe la preocupación creciente por la erosión profunda de las garantías democráticas para la participación en procesos políticos, derivada de las amenazas de los grupos armados y de la política de arbitrariedad del Estado expresada en el estimulo a la vinculación de la población civil al conflicto armado y en los programas de detenciones masivas fundadas en instrumentos arbitrarios. Geografía del desplazamiento y de la crisis humanitaria Para el primer trimestre de 2005, las cifras de desplazamiento muestran que la continuidad de una crisis humanitaria de carácter estructural en todo el territorio colombiano y un crecimiento preocupante de los indicadores en aquellas en las cuales se desarrollan las principales operaciones bélicas por parte del Estado, los grupos insurgentes y los grupos paramilitares. Desde el punto de vista de la intensidad del desplazamiento forzado en 2004 aparecieron en primer lugar las regiones de influencia del Plan Patriota (Siendo Caquetá el departamento más afectado dentro del área de influencia del Plan), la zona del Oriente Antioqueño, la Sierra nevada de Santa Marta, La región de Arauca y Catatumbo. Del mismo modo, el desplazamiento se produjo en zonas de conflicto entre grupos paramilitares como Casanare y Guajira, mientras en departamentos como Bolívar, Sucre y Cesar, la tendencia es al asesinato selectivo pero sistemático de dirigentes cívicos y sociales. Este panorama no cambia significativamente para 2005, pero en algunas de estas regiones se agudizan aun más los problemas. En efecto, los datos disponibles sobre desplazamiento forzado en el primer trimestre del año, indican que fueron desplazados por razones de violencia 61.996 personas en mas de 363 municipios del país. El 36% de esta población (22.231 personas) esta localizada en los primeros 50 municipios que registran las tasas mas elevadas de desplazamiento en el mismo periodo. Este indicador discriminado regionalmente deja ver las zonas del país en las que se producen los principales hechos generadores de desplazamiento forzado, así: •
Doce municipios del departamento del Meta se sitúan entre los 50 municipios de mayor tasa de desplazamiento en el país. El caso mas grave se registró en la vereda de Puerto Toledo, en
restricciones a la circulación, asesinatos selectivos, amenazas reclutamientos, secuestros, desapariciones, presiones o control de los gobiernos territoriales etc, según el caso.
6 jurisdicción del municipio de Puerto Rico que, con los municipios e Vistahermosa y Puerto Lleras, componen un triangulo estratégico de presencia de cultivos de uso ilícitos, abastecimiento, y movilización para diferentes actores armados en esta zona rural del departamento. Allí se produjo un éxodo de 1.422 personas, ante la presión de los combates realizados en desarrollo de la segunda fase del Plan Patriota del sur de Colombia. También está antecedido por las amenazas de la guerrilla de las FARC, a la que se atribuye un atentado el 20 de Febrero en el Hotel Acapulco. Del miso modo el conflicto se profundiza con la creciente presencia de los grupos paramilitares y los enfrentamientos con grupos insurgentes en municipios como El Castillo, Mapiripan y San Juan de Arama. Al igual que Casanare, esta región también ha sido epicentro de disputas entre facciones paramilitares y las denuncias de la población señalan el desarrollo por parte del Estado de detenciones masivas, señalamientos indiscriminados por personal encapuchado a los campesinos como “Auxiliares de la guerrilla”, torturas a lideres sociales, señalamientos indiscriminados, retenes paramilitares, restricción de libre movilización, remesas e insumos agropecuarios, amenazas de la guerrilla, entre otras prácticas. En síntesis el Meta aparece hoy como un Teatro de Operaciones que expulsa población en la medida en que se profundiza la guerra. •
El segundo departamento que muestra una situación crítica es Nariño, que cuenta con 6 municipios del corredor pacífico, con tasas criticas de desplazamiento (Barbacoas, Taminango, San Lorenzo, Policarpo, Tumaco, Los Andes), lo cual se explica por la intensificación de los procesos que se vienen desarrollado en la región en los últimos años. Por su topografía, Nariño se ha convertido e territorio de repliegue de las guerrillas ante la ofensiva del Plan Patriota. Del mismo modo es una región cada vez mas afectada por la problemática de los Cultivos ilícitos tras la fumigación masiva del departamento de Putumayo. Ante estas dinámicas, el Estado ha incrementado sustancialmente su presencia militar y ha extendido a Nariño los programas de fumigación masiva. Por su parte los grupos paramilitares tiene cada vez mayor presencia en múltiples regiones del departamento y la población denuncia la siembra forzada de cultivos de Palma Africana. Los casos de Guitarilla, Izcuandé y San Lorenzo, muestran la manera como los enfrentamientos armados, las economías ilícitas y la crisis humanitaria avanzan en forma vertiginosa en este Departamento, que aparece cada vez mas como un ejemplo paradigmático de las maneras como se reestructura espacialmente el conflicto en el sur de Colombia.
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Tampoco cede la crisis humanitaria en el Oriente Antioqueño y la región de Urabá, como lo muestra la masacre de los miembros de las comunidades de paz de San José de Apartado y su posterior desplazamiento. Cuatro (4) municipios de esta región registran elevadas tasas de desplazamiento, evidenciando una continuidad de la crisis que ha golpeado esta región como lo muestran los datos de desplazamiento de los últimos dos años. En este periodo se ha conocido un incremento sustancial de los campos minados y el confinamiento de poblaciones.
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La segunda etapa del Plan Patriota ha presionado la extensión del conflicto hacia nuevos territorios y ha producido una diseminación de plantaciones de coca, procesos de colonización y migraciones hacia el oriente del país, específicamente los departamentos de Vaupés, Vichada, Guainía y Amazonas, que comparten zona fronteriza con Brasil, Perú, Venezuela y Ecuador. La nueva versión del Plan Patriota para Arauca Santander y Norte de Santander2, departamentos que también exhiben históricos registros críticos en materia de desplazamiento.
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En la Costa Caribe las principales capitales continúa recibiendo población desplazada como consecuencia del creciente número de casos de amenazas y asesinatos selectivos ocurridos en las zonas rurales. En esta regiones de fuerte presencia paramilitar, las amenazas se ciernen sobre docentes, autoridades locales, líderes políticos y sociales en general, lo cual provoca el éxodo hacia Santa Marta, Valledupar, Sincelejo Corozal, Cartagena Cienaga, ciudades que registran elevadas tasas de desplazamiento.
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En el centro del país, el desplazamiento afecta especialmente los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Boyacá.
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Como ya se ha mencionado, el éxodo de Bojayá vuelve a situar al departamento de Chocó entre las regiones críticas en términos de conflicto y crisis humanitaria.
Fronteras: contención y expansión del conflicto Las zonas de frontera se están configurando como otra manifestación de fracaso de las políticas de seguridad, toda vez que son escenario de profundización y expansión de las acciones
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Anuncio realizado recientemente por el Brigadier General Carlos Saavedra Sáenz, al periódico Vanguardia Liberal en el mes de Marzo
8 armadas, con la consiguiente afectación de la población civil y los efectos que genera en los países vecinos. Orientalización y prolongación de la guerra interna La expansión del conflicto armado hacia el oriente del país que se refleja en el aumento de la confrontación entre Ejército y guerrilla de las Farc en la orinoquía y amazonía, frontera con Venezuela, Brasil y Perú (departamentos de Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas). Esta tendencia de orientalización del conflicto se inscribe en la reactivación de la ofensiva militar de las FARC desde diciembre del 2004 en todo el país, en respuesta a la política de seguridad democrática del gobierno Uribe y a las estrategias de guerra de las Fuerzas militares3. Ejemplo •
Los ataques a Inírida en marzo de este año por parte de las FARC y los combates sostenidos por casi una semana con el consecuente bloqueo en este municipio, dan cuenta de una nueva fase del conflicto en la zona, en el río Guaviare los combates se registran casi a diario.
Esta región, que ha sido de presencia histórica de las FARC, es estratégica para el tráfico de drogas y de armas por los ríos hacia Venezuela, Brasil y Perú, y recibe los efectos de las estrategias de seguridad nacional aplicadas en los departamentos vecinos (Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo), específicamente del Plan Patriota y del Plan Colombia en su componente de erradicación forzada por aspersión aérea. Estos efectos son: traslado y concentración de cultivos de uso ilícito4, estrategias de guerra orientadas a garantizar el control del narcotráfico en el territorio (campos minados), desplazamiento forzado, dinámicas propias de la radicalización de la guerra tales como el confinamiento y el reclutamiento forzado de jóvenes, estrategias de seguridad por parte del Estado basadas en restricciones a la movilidad y controles al ingreso y salida de 3
“Las FARC ya no se van a tomar el poder. Estamos en la última etapa de esta guerra pero puede demorarse algunos años y ser sangrienta (…) Lo más importante es que estamos ganando control territorial. Últimamente hemos llegado a sitios donde el Estado no estaba hace años. Por ejemplo llegamos a Carurú en Vaupés, Miraflores en Guaviare, Taraira en el Amazonas, donde las Farc explotaban la minas, y Murindó en Chocó”. Entrevista con el general Carlos Alberto Ospina, Comandante del Ejército, en revista Semana, Bogotá, 8 de marzo de 2004 4 De acuerdo con el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen para el 2003, se prevé un incremento de cultivos en la región orinoquía y amazonía y se reporta una mayor densidad de plantas de coca por hectárea. UNODC (2004) Colombia coca cultivation Survey, Bogotá, página 17.
9 alimentos, de recursos e insumos básicos como la gasolina5. Además, las características mencionadas indican que en los próximos meses esta zona podría convertirse en escenario de disputa entre FARC y grupos paramilitares, cuya presencia en los departamentos de Meta y Guaviare se amplió hacia los departamentos fronterizos de Vichada, Vaupés6 y Guainía, en donde la capacidad de control y presencia del Estado es precaria. Las comunidades indígenas de los municipios de Mitú y Carurú en Vaupés ya han alertado a las autoridades, organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional, sobre posibles combates entre AUC y FARC en este departamento por el control del tráfico de armas y de drogas. Repercusiones del Plan Colombia en el sur del país Continúa y se intensifica la confrontación armada entre guerrillas y Ejército en el Sur, departamentos de Nariño y Putumayo, en el marco de las operaciones militares del Plan Colombia. Un nuevo componente del conflicto es la confrontación entre guerrilla de las FARC y Bloque Sur de las AUC que operan en esta zona7. La ofensiva militar de la guerrilla en estos departamentos se caracteriza por ataques a bienes protegidos de la población civil (principalmente infraestructura vial y energética) y a puestos del Ejército y la Policía e infraestructura petrolera, que se intensificaron durante el primer trimestre. 5
Una medida clara en este sentido es la resolución No. 016, 30 de Julio de 2004 “Por la cual se aumentan los controles para el transporte de gasolina, aceite combustible para motor (A.C.P.M.) y kerosene (petróleo) y se incluyen como sustancias químicas objeto de control administrativo ejercido por la Dirección Nacional de Estupefacientes”. EL CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 91 de la Ley 30 de 1986, artículos 1 y 29 del Decreto 1146 de 1990 adoptado como legislación permanente por el artículo 4 del Decreto 2272 de 1991, parágrafo del artículo 9 del Decreto 1609 de 2002. RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Los vehículos que transporten gasolina, aceite combustible para motor (A.C.P.M.), y kerosene (petróleo), con destino a las estaciones de servicio automotriz y fluvial ubicadas en los Departamentos del Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainia, Guaviare, Huila, Meta, Putumayo, Santander, Vaupes y Vichada, municipios de El Tarra, San Calixto, Sardinata, Teorema y Tibú del departamento de Norte de Santander, Municipios de Barbacoas, Guapi, Ipiales, Policarpo, Ricaurte, Samaniego, Túquerres y Tumaco en el Departamento de Nariño, deberán poseer: 1. Rótulos de identificación fijos o movibles para cada clase de precursor especial, ubicados en la parte lateral de la unidad de transporte y a una altura media que permita su lectura. 2. El logotipo o nombre de la empresa proveedora de gasolina, aceite combustible para motor (ACPM) o kerosene, visible en todas las caras de la unidad de transporte. 3. Un sistema de control satelital con GPS, a efectos de conocer su recorrido y ubicación en el momento en que se requiera. 6 Según Informe de Riesgo No 070 AI-04 del Sistema de Alertas Tempranas –SATDefensoria delegada para la evaluación de riesgo de la población civil como consecuencia del Conflicto armado –Octubre 1 2004. “Los habitantes informaron que el río Vaupes esta bloqueado en tres distintos segmentos a lo largo de l cauce por la Fuerza publica, el frente armado Ríos de las FARC y paramilitares del Bloque Centauro estacionados a 6 horas por esta vía; las condiciones complican la transportación desde y hacia las comunidades para el ingreso de víveres agudizando la crisis alimentaría”. 7 La vía que conduce de Pasto en Nariño a la costa Pacífica y la que conecta al municipio de Junín con Barbacoas, reportaron enfrentamientos entre AUC y guerrilla, según información del Diario el sur, “Sigue la violencia en Nariño” Diario El Sur, 9 de febrero 2005.
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Ejemplos •
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Ataques de las FARC con cilindros bomba en la vía que conduce de Mocoa a Puerto Asís en Putumayo, en el que resultaron 7 militares muertos y un civil muerto en febrero de este año8. El ataque por parte de la guerrilla a la población de Iscuandé en Nariño, que resultó en la muerte de 15 infantes de marina y más de 24 heridos. Ataque de las FARC con cilindros bomba a la escuela de la Vega, jurisdicción del municipio de Puerto Asís. Ataques al oleoductro en Arauquita departamento de Arauca y al Batallón que opera en el municipio de Saravena.
Estas acciones se aplican en el marco de una ofensiva militar generalizada de la guerrilla orientada a demostrar el fracaso de las políticas de seguridad del Plan Patriota y del Plan Colombia. Nariño: tierra de nadie La confrontación armada entre guerrilla y Ejército es intensa en Nariño, principalmente Ricaurte, Olaya Herrera, El Tambo, El Charco. Estos municipios han visto el traslado de la economía de las drogas desde Putumayo y en este momento son escenario de aplicación intensiva de las fumigaciones y estrategias de erradicación forzada, así como operaciones militares en el marco del Plan Colombia (sobre todo en la costa pacífica, Tumaco, el Charco, Bocas de Satinga y alrededores). Los corredores utilizados por la guerrilla en la frontera de Cauca con Nariño, para transporte de armamento y de tropa permiten a este grupo mantener la ofensiva para no perder el control de estos territorios que se disputan a diario con la Fuerza Pública. Por su parte, los paramilitares mantienen la estrategia de asesinatos selectivos, amenazas e intimidación contra la población civil como mecanismo para garantizar el control social, económico y político en zonas donde tienen una presencia consolidada y que podría verse debilitada a medida que avanza la fase de desmovilización de las AUC: Putumayo, Catatumbo, Chocó. Además, las acciones de la guerrilla en estas regiones pretenden arrebatarle el control territorial a los paramilitares y podría darse retaliaciones contra la población civil una vez se complete la desmovilización.
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“9 muertos dejó otro ataque de las FARC” en Diario el Sur, 3 de febrero 2005, Sección Judiciales.
11 Ejemplos •
Amenazas contra aproximadamente 80 personas y asesinatos selectivos a otras que denunciaron ante la Fiscalía las acciones de grupos paramilitares en el municipio de La Dorada en el departamento de Putumayo. Esta situación provocó el desplazamiento de nueve familias, obligadas a buscar con el Ministerio del Interior mecanismos de protección ante la persecución paramilitar.
¿Cuál proceso de paz? En la región Norte del país, no se advierte la anunciada pacificación que se esperaba luego de la desmovilización de los grupos paramilitares en el marco del proceso de conversaciones de Santa fe de Ralito. Ejemplo •
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En el mes de enero se presentaron combates en la región del Mamey, en la vertiente norte del macizo intertropical, jurisdicción del Distrito de Santa Marta, entre el frente 39 de las FARC y el bloque Tayrona de la AUC. Lo que ocasiono la muerte de 10 personas y el desplazamiento de campesinos e indígenas9. Dos nativos Wayúu fueron asesinados por presuntos paramilitares en el departamento de La Guajira, ya ascendió a once el número de miembros de esa etnia muertos para lo que va corrido del año 2005, a pesar de que la presidencia de la República, la defensoría y distintas organizaciones no gubernamentales habían realizado una misión conjunta para acordar mecanismos de protección y atención a la población indígena de esta zona10. Lideres sociales y activistas de derechos humanos se vieron obligados a salir de la ciudad de Barranquilla por persecución y amenazas de grupos paramilitares, que siguen controlando la ciudad.
Arauca: guerra sin tregua Las emboscadas de la guerrilla contra la Fuerza Pública, la persecución a líderes sociales y un ambiente de zozobra, mantienen la máxima tensión en el departamento de Arauca, zona limítrofe con Venezuela. El anunciado fortalecimiento institucional no se refleja en 9
“Éxodo de 380 familias por combates en el Magdalena” Diario Universal, 18 de enero pagina 2ª. 10 “Denuncian asesinatos de indígenas” Diario El País, 20 de enero pagina 3ª.
12 los organismos de control del Estados y se impone una amplia presencia militar sin que se logren resultados de conservación del orden público y protección de la ciudadanía. Las organizaciones de derechos humanos afirman que hay un plan para la desarticulación del movimiento social en el departamento a partir de la acusación generalizada de que estas expresiones de la sociedad local son apoyo logístico de la guerrilla. Ejemplo •
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Ataque del frente X de las Farc en el municipio de Tame, el 6 de abril, con saldo de 17 uniformados muertos. Este ataque no fue aislado y se inscribe en una escalada ascendente registrada en los primeros tres meses del año. Detenciones y amenazas a docentes e intimidación y abuso por parte de los actores armados en los retenes de las vías que comunican Saravena y Fortul11. En el municipio de TAME, entre el 1 de enero y el 4 de marzo de 2005 se han presentado 35 muertes violentas.
Desplazamiento Forzado En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 y 31 de marzo de 2005, 6.549 personas fueron obligadas a desplazarse forzadamente para proteger sus vidas en los municipios fronterizos, lo que representa el 11% del total del desplazamiento del país (61.996 personas). Para los departamentos de frontera el número de personas desplazadas asciende a 13.705. Las regiones más afectadas en su orden son: el Atrato (departamento de Choco) donde se reportan 2.216 personas desplazadas, Medio y Bajo Putumayo con 1.219 personas, zona de influencia del Plan Patriota en Putumayo y Nariño, en donde se desplazaron 8.419 personas . Los 10 departamentos más afectados por el desplazamiento forzado en el país según tasa por cada 100 mil habitantes, son en orden de importancia: Guainía, Vaupés, Meta, Chocó, Caquetá, Vichada, Putumayo, Guaviere, Norte de Santander y Nariño. Esta situación ya indica que la población civil que habita en departamentos del oriente, es la más afectada por el conflicto y que los niveles de desatención de la crisis humanitaria frente a una precaria presencia Estatal y bajos niveles de desarrollo socieconómico, pueden empeorar la crisis social en la región.
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Comunicados organización Joel Sierra, distribuidos por REDHER. RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD – COLOMBIA para los meses de enero, febrero y marzo 2005.
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Desplazamiento de 8 familias del caserío Puerto San Salvador de TAME – Arauca por incursión de la guerrilla FARC ocurrida el 1 de enero 200512. Desplazamiento de 17 personas procedentes de la vereda El Molino, comprensión rural de la Guajira, llegando a Ocaña.13 Desplazamiento de 2000 personas en el departamento de Choco, afrocolombianos de las comunidades de La Lola, Piedra Candela y Caimanero se desplazaron a lo largo del río Bojayá y se instalaron en Bellavista. Los habitantes de Piedra Candela ya habían tenido que desplazarse por enfrentamientos pasados y habían retornado en Septiembre, así mismo los habitantes de Caimanero también se habían desplazado en otra oportunidad. Desplazamiento de 9 familias del municipio La dorada, Putumayo. Migraciones forzadas hacia países vecinos
PANAMA Hasta el 31 de marzo de 2005 hay 161 personas con el estatus de refugiado en este país. ECUADOR BRASIL . VENEZUELA
PERU COSTA RICA
Solicitudes 2004
Solicitudes aceptadas 2004
Solicitudes negadas 2004
42 solicitudes
16 solicitudes (81 personas)
18 solicitudes
Solicitudes primer trimestre 2005 26 solicitudes (36 personas)
Aceptadas primer trimestre 2005 1 persona aceptada
Negadas primer trimestre 2005 10 personas rechazadas
7.935 2.420 4.200 1.276 529 530 217 solicitudes solicitudes solicitudes solicitudes solicitudes solicitudes solicitudes En los dos últimos años han sido aceptadas 105 solicitudes de refugio correspondientes a personas colombianas. 155 74 81 165 30 22 808 solicitudes solicitudes, solicitudes, solicitudes solicitudes solicitudes solicitudes 394 194 200 362 /57 49 acumulado personas personas personas personas/ personas 191 48 6 61 SI SI SI personas personas personas personas 1100 710 390 375 202 125 48 personas personas personas personas personas personas personas
SI, Sin Información. Fuentes Panama. Consulta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ecuador. Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina para los Refugiados. Brasil. www.unhcr.org sección Colombia. Venezuela. Comisión Nacional para los Refugiados. Peru. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Costa Rica. Oficina Nacional de Migración y Refugio, Departamento de Refugiados
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En tramite o pendiente 2005 25 personas en espera de respuesta
“ Familias no quieren volver” Diario el Tiempo 9 de enero 2005, pagina 1-6 “Desplazados en Ocaña” Diario la Opinión, 23 de febrero de 2005 pagina 7ª.
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Contra quién es la guerra? El primer trimestre de 2005 representó una tragedia para la población civil sometida a acciones directas o indirectas de la guerrilla, la Fuerza Pública, los paramilitares o los operativos de fumigación del Plan Colombia, con un dramático saldo de personas no combatientes muertas, heridas, desparecidas, secuestradas, mutiladas y desplazadas. Cinco hechos son emblemáticos en la continuidad de la crisis humanitaria en este período: 1) 2) 3) 4) 5)
La masacre de ocho personas de la comunidad de paz de San José de Apartadó (febrero), que según la propia comunidad es responsabilidad del Ejército Los anunciados ataques de las Farc al municipio de Toribío (alerta temprana en Marzo), La agresión sistemática de los paramilitares contra la población en el departamento del Putumayo (enero y febrero). las fumigaciones en el departamento de Caldas (marzo, abril) y La alerta de riesgo de ataques y desplazamiento en Bojayá, departamento del Chocó (febrero-marzo-abril)
En el primer caso, el presidente Uribe, en vez de condenar la masacre y disponer medidas de protección, acusó a miembros de la comunidad de ser auxiliares del terrorismo y los presionó a apoyar a la Fuerza Pública que ingresó en su territorio desconociendo su derecho a la neutralidad, razón de ser de esta comunidad de paz. En estas circunstancias se produjo un nuevo desplazamiento de por lo menos 500 personas de esta comunidad. En San José de Apartadó se confirma que el debate sobre si existe o no un conflicto armado, si se reconoce la condición de civiles no combatientes o no, si es aplicable el derecho internacional humanitario o no, es más que un problema semántico, es una definición de vida o muerte para la gente en medio de la guerra. En el Norte del Cauca, las Farc hicieron caso omiso a la decisión de neutralidad y resistencia del pueblo NASA y lanzaron el 16 de abril un ataque contra objetivos militares que destruyeron bienes protegidos y afectaron a la población civil, presionando el desplazamiento de más de 3.900 indígenas. Desde el mes de marzo las organizaciones sociales del Cauca habían advertido sobre el ataque. Los pueblos indígenas rechazan la guerra y se resisten a aceptarla en sus comunidades. Por eso reclaman que cesen los
15 combates, que desmilitaricen su territorio y que vuelvan a conversar unos y otros para buscar salidas políticas y negociadas al conflicto. En el departamento del Putumayo, los grupos paramilitares asesinaron el 16 de febrero al líder cívico José Hurtado, quien lideró la marcha contra las Autodefensas el 28 de enero en el municipio de La Dorada. A partir de este hecho los grupos paramilitares impusieron un régimen de terror contra la población civil y las autoridades locales que ha cobrado la vida de otras cinco personas, entre quienes se encuentra la Fiscal que investigaba las denuncias en contra de los grupos paramilitares. En estas circunstancias se ha generado el desplazamiento de población hacia Nariño y Huila y, además, se incrementaron las solicitudes de asilo de colombianos y colombianas ante las autoridades del Ecuador. Los grupos paramilitares que operan en Putumayo advirtieron que no han firmado ningún acuerdo de cese de hostilidades, a pesar de la visita de la OEA al departamento del Putumayo, en el marco de su misión de verificación. Queda el interrogante sobre el impacto de la asistencia del Plan Colombia en la región frente a esta crítica situación de derechos humanos y frente al papel del Estado en su obligación de combatir a estos grupos. En el municipio de Samaná, en el departamento de Caldas, las fumigaciones de cultivos de uso ilícito provocaron el desplazamiento de más de 3.614 campesinos de los corregimientos de Florencia y San Diego. Las fumigaciones se iniciaron hacia el 13 de abril y los campesinos señalaron que son indiscriminadas, afectan cultivos de pancoger, animales domésticos y están provocando una crisis alimentaria y de salud en la zona. En el departamento del Chocó la Diócesis de Quibdo y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó advirtieron desde comienzos del año sobre la probabilidad de combates entre las FARC y las Autodefensas en la región de Bojayá y el peligro que se cierne sobre la población civil. Naciones Unidas a raíz de la misión realizada a la zona en el 2004 había encendido la alerta sobre la situación de riesgo de las comunidades indígenas de Bojayá. Las advertencias fueron ciertas y hoy hay más de dos mil personas, entre comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas de la región, enfrentando un nuevo éxodo. Esta intensificación del conflicto es el efecto de la disputa entre guerrilla y paramilitares por territorios donde se están concentrando los cultivos de uso ilícito y el control de corredores estratégicos para el trasporte de drogas y de armas por el litoral pacífico.
16 La vida no vale nada y la guerra cuesta mucho Cada día transcurrido entre el primero de enero y el 31 de marzo de 2005, murieron dos miembros de la Fuerza Pública, es decir, alrededor de 180 colombianos pertenecientes a Ejército, la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea, La Armada Nacional, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, perdieron la vida en combates, ataques, emboscadas, hostigamientos y homicidios fuera de combate. Entre tanto, en el mismo período fueron abatidos alrededor de 713 guerrilleros y paramilitares (o presuntos guerrilleros y paramilitares) por enfrentamientos entre estos grupos irregulares o por acciones de la Fuerza Pública contra ellos. Nos referimos, pues, a por lo menos 893 presuntos combatientes muertos durante los primeros tres meses del año, un dato alarmante que, sin embargo, difiere de los informes del Ministerio de Defensa y de los "partes de guerra” de los grupos guerrilleros (éstos últimos dan cuenta de cifras más altas de personas que perdieron la vida en el mismo período). Pero el desangre no termina ahí. Por lo menos 144 civiles (concejales, alcaldes, ex alcaldes, maestros, estudiantes, campesinos, indígenas y sindicalistas, entre otros) cayeron en este mismo período en acciones atribuidas a las partes contendientes, bien sea por efectos colaterales o de manera premeditada, lo cual indica que, en total, durante los tres primeros meses del año 1037 colombianos perdieron la vida en el marco del conflicto armado interno, es decir más de 11 colombianos y colombianas cada 24 horas. Un primera lectura de esta información indica que el promedio de edad de las víctimas, militares y civiles es de 27 años, que son, en su inmensa mayoría personas de origen humilde y que habitan, especialmente, en zonas rurales y pequeños municipios del país. Son datos incompletos, porque hay casos de muertes asociadas a la guerra irregular que jamás son reportadas a las autoridades o los medios, pero que dan cuenta del impresionante costo humano de este conflicto armado que no se detiene, no se supera, nadie gana y que, por el contrario, se prolonga, se expande y se profundiza en todo el país. Entre tanto, crece el gasto militar en Colombia. Estados Unidos mantiene el modelo establecido en el Plan Colombia que significa un gasto militar de 1.6 millones de dólares, en promedio diario, es decir, alrededor de 3.680 millones de pesos para financiar asesores
17 militares y civiles (1.400 en la actualidad), equipo fumigaciones y entrenamiento de tropas, entre otros rubros.
bélico,
Cabe anotar que Colombia gasta en promedio 32.500 millones de pesos diarios en seguridad y defensa. Es decir, para los gobiernos de Colombia y Estados Unidos la guerra interna implica un gasto diario de 15.7 millones de dólares 14. Por supuesto, empieza a surgir el interrogante sobre la sostenibilidad de este esfuerzo que distrae recursos del presupuesto general de la nación en detrimento de una necesaria y urgente inversión social y ubica la cooperación del gobierno de Estados Unidos en una lógica militar que responde más a sus intereses estratégicos en la región que a las necesidades del país. Entre tanto crecen las dudas en el Congreso de Estados Unidos sobre la eficacia de la política de fumigaciones y de la asistencia militar, a partir de las declaraciones del ex jefe del Comando Sur James Hill quién sostuvo en junio de 2004 que la ayuda de su gobierno a Colombia no está pensada para hacer una guerra indefinida sino para llevar a los grupos armados a una mesa de negociación antes del 2006. También, porque Naciones Unidas advirtió que Colombia mantiene cultivos de uso ilícito en una extensión de 165 mil hectáreas, es decir, las mismas que existían cuando se intensificaron las fumigaciones aéreas. Ahora resulta cierta la advertencia de diversos sectores de opinión en el sentido en que el Plan Colombia provocaría diseminación de cultivos de uso ilícito y fragmentación de carteles de la droga, en medio de un recrudecimiento de la guerra interna y un desbordamiento de la crisis humanitaria. ¿Quién paga la crisis humanitaria? Resulta paradójico que haya mucho apoyo para incrementar la guerra y, mientras tanto, la atención a la población desplazada depende más de la cooperación internacional que de la precaria inversión presupuestal. En el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, el gobierno hace ingentes esfuerzos por demostrar que se atienden los requerimientos de la sentencia T 0-25 de la Corte Constitucional para resarcir los derechos de las personas en situación de desplazamiento.
14
A esta suma debe agregarse el gasto que implica para las Farc, el Eln y las Auc el sostenimiento de sus tropas y la compra y mantenimiento de armamento, que según fuentes independientes, podría alcanzar la cifra de 2.7 millones de dólares en promedio diario.
18 En la primera reunión del Consejo de este año, realizada el 12 de enero, el gobierno nacional anunció recursos por 575 mil millones de pesos para atender una población estimada por el mismo gobierno en 1.540.000 (alrededor de 373.376 pesos por persona en promedio) para los años 2004 y 2005. En la misma reunión, el Departamento Nacional de Planeación concluyó que para atender integralmente la misma población desplazada se requieren 4.8 billones de pesos15. Es decir, el gobierno destina el diez por ciento de los recursos que se necesitan para atender a la gente en situación de desplazamiento, mientras que espera conseguir en los precarios presupuestos de las gobernaciones y alcaldías y en la cooperación internacional los recursos complementarios para atender esta crisis humanitaria. Por un lado formula una política de guerra que genera desplazamiento y, por el otro, busca que los gobiernos locales y la comunidad internacional paguen los costos de la crisis que provoca. Justamente, el debate en este primer trimestre se centró en la respuesta gubernamental al desplazamiento forzado a partir del seguimiento a las acciones desarrolladas en el marco de la sentencia T-025 de marzo de 2004. Esta fase demandó de los diferentes agentes de política pública la exigencia de ofrecer a la Corte Constitucional colombiana un referente de valoración a partir de las distintas apreciaciones en relación con el grado de satisfacción de las mencionadas órdenes. Así mismo, en este período se expidió el Decreto 250 de 2005 o Plan Nacional de Atención, aprobado en la sesión del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada – CNAIPD- de 12 de enero de 2005. Luego de una revisión de los documentos remitidos por la RSS, y del contraste de las acciones con la percepción expresa de varias organizaciones de población desplazada, CODHES hizo entrega de su informe a la Corte Constitucional en marzo 18. En relación con la actividad desplegada por el gobierno nacional para dar cumplimiento a la Sentencia T-025 de 2004, la Consultoría concluyó que: •
Se realizó un trabajo de identificación de la situación actual de la población desplazada que presentó serios problemas de
En la segunda reunión del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada realizada el 4 de abril, el gobierno informó que, sumando toda la inversión de las agencias oficiales, esta suma podría acercarse a un 1.07 billones de pesos distribuidos así: 557 mil millones en 05 y 518 mil millones en 2006, lo que implica que el déficit presupuestado por el propio gobierno asciende a 3.73 billones de pesos. Sin embargo, no es clara la especificidad de estos recursos que, al parecer, se confunden con inversión social para poblaciones en situación de vulnerabilidad y pobreza. 15
19 objetividad y rigurosidad técnica, que desvirtúan los resultados de la caracterización en cuanto referentes para definir la naturaleza y los alcances de una política pública capaz de superar el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional. •
No se realizó el esfuerzo presupuestal requerido para atender integralmente el desplazamiento forzado interno. Las sumas apropiadas en forma alguna se compadecen con la magnitud y gravedad de este fenómeno, circunstancia ésta que se agrava por la inexistencia de un plan que permita la obtención de los recursos faltantes.
•
El mínimo de protección no fue garantizado a la totalidad de los desplazados. En particular, se realizaron tímidos avances en materia de cobertura en educación y salud en algunas localidades, pero este esfuerzo estuvo especialmente a cargo de los gobiernos territoriales.
•
No se ha definido un programa de acción con un cronograma preciso que (i) contemple metas y estrategias concretas para la acción institucional, (ii) establezca sistemas de seguimiento y evaluación, y (iii) permita corregir las falencias institucionales señaladas por la Corte.
•
Finalmente, no fue garantizada la participación efectiva de las organizaciones de población desplazada en los espacios de discusión de las decisiones orientadas al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004. Los espacios y canales de participación dispuestos por el gobierno nacional fueron restrictivos y generaron distorsiones en la dinámica organizacional de la población desplazada. Además, las observaciones realizadas por muchas de estas organizaciones no fueron atendidas en los términos establecidos por la Corte.
•
Por lo anterior, Codhes consideró que “pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno en materia presupuestal y de funcionamiento del sistema, el cumplimiento de las órdenes de la sentencia dista de ser el adecuado”16. Recalca Codhes en su informe que “tanto las realizaciones alcanzadas desde la promulgación del fallo, como las apuestas a futuro contenidas en el Plan Nacional de Atención, revelan falta de voluntad política para resolver positivamente la ecuación entre las posibilidades presupuestales e institucionales, y la magnitud y gravedad del problema” y que, en otros términos, persisten los problemas estructurales que dieron lugar a la declaratoria formal del estado de cosas inconstitucional. Por tanto solicitó respetuosamente a la alta Corporación adoptar las medidas
16 Ver Consultoría para los Derechos Humanos del Desplazamiento –Codhes- Informe de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, Marzo 18 de 2005. www.codhes.org.co
20 que considere pertinentes para la garantía efectiva de los derechos de las personas en situación de desplazamiento. •
También se han hecho pública una experiencia particular de análisis local, realizada por 36 organizaciones de población desplazada ubicadas en 9 municipios del departamento de Nariño, pertenecientes al proceso de Fortalecimiento Comunitario que viene adelantando la Corporación Opción Legal, las cuales contaron para su trabajo con la coordinación de la Mesa Departamental de Nariño. El ejercicio recoge información valiosa a través de la aplicación de un instrumento de evaluación basado en los parámetros dispuestos por la Corte Constitucional para definir el estado de cumplimiento de las órdenes, y concluye a partir de lo recaudado, entre otras cosas: i. que la totalidad de las organizaciones tuvieron conocimiento de la sentencia y de su contenido sólo hasta que la Mesa Departamental de Población Desplazada y la Corporación Opción Legal – ACNUR, organizaron una reunión con ese objeto; ii. Que las entidades e instituciones del orden local desconocen los contenidos de los derechos de la población desplazada, y que con esta situación se dificulta el cumplimiento de las normas legales, constitucionales y reglamentarias; iii. Que la atención humanitaria para la población desplazada, no ha sido garantizada de manera integral. Además del no cumplimiento de los deberes establecidos, no son claros y públicos los criterios para determinar en que ocasiones entregar o no y bajo que circunstancias las asistencias humanitarias en los diferentes municipios
Las deficiencias estructurales aquí anotadas son compartidas por la Procuraduría General de la Nación y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, en sus informes a la Corte Constitucional. Esta circunstancia hace evidente los altos niveles de descoordinación institucional y fragmentación de las acciones; la no aplicación, y la interpretación restrictiva tanto del marco de protección vigente, como de conceptos fundamentales para la política vgr. los de restablecimiento, prevención y protección; la insuficiencia de la cobertura en atención; la ausencia de mecanismos, criterios e indicadores de seguimiento y evaluación de la respuesta; la no consolidación de canales amplios y efectivos de participación; la ausencia de los principios de precaución, voluntariedad, seguridad, dignidad, sostenibilidad y no repetición de los hechos generadores de
21 desplazamientos forzados en el desarrollo de acciones institucionales como retornos o acciones civico-militares 17, entre otros. Así las cosas, es claro que la política pública requiere de ajustes y reformulaciones institucionales y sociales que en síntesis deberán dirigirse a: 1) Hacer efectivo el compromiso del gobierno colombiano respecto del esfuerzo presupuestal necesario para responder a la problemática; como quiera que, según la estimación realizada por el Departamento Nacional de Planeación, hasta el momento lo propuesto sólo se acerca al 10% del monto requerido. El Gobierno no tiene claridad sobre los recursos que podría obtener como aporte subsidiario de la cooperación internacional, especialmente por vía del Plan de Acción Humanitaria que sigue en proceso de ajuste entre el Sistema de las Naciones Unidas y el Gobierno colombiano. En este sentido, tampoco se conoce un plan de contingencia en la eventualidad de que no se reciban los fondos esperados. 2) Resolver las dificultades que presentó el proceso de caracterización de la población - problemas de cobertura, cruce de bases de datos de variado orden no necesariamente correlacionadas; e información segmentada e imprecisa sobre las ayudas efectivamente entregadas debido a la ausencia de sistemas de seguimiento en las instituciones que conforman el SNAIPDV-, habida cuenta que esta situación se tradujo en obstáculos para establecer el monto real del esfuerzo presupuestal e incluso en la integración de la información que el gobierno presentó a la Corte Constitucional; y 3) Disponer de asignaciones presupuestales específicas para la atención a la población en situación de desplazamiento, pues salvo en los casos de la Red de Solidaridad y el Ministerio de Protección Social18, las demás entidades adolecen de tal previsión. Tampoco se ha diseñado un plan que garantice que los entes territoriales reciban los recursos necesarios provenientes de la administración central y que a su vez aporten los recursos locales suficientes para la atención a la población en situación de desplazamiento.
17
Cfr. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR del 18 de marzo de 2005. 18 En el caso de la RSS la asignación es específica, el Ministerio de Protección Social en el rubro general de población con condiciones especiales (salud mental, discapacitados y desplazados). Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR del 18 de marzo de 2005.
22 Sobre la versión aprobada del Plan Nacional de Atención, elevado a decreto en febrero de éste año, el problema se sigue centrando como ya se advertía frente en su versión preliminar en agosto de 2004- en que: i. no hace claras ni explícitas las responsabilidades y compromisos presupuestales de cada una de las entidades del Sistema; i. No logra articular ni responder, como documento indicativo, a las formas organizativas e institucionales a través de las cuales se va a operar. En otras palabras es clara la incompetencia de los Comités y de la baja actividad que registran como instituciones nucleares para la aplicación y efectividad del Plan. Así mismo, tal y como lo indica el ACNUR en su informe, el Plan Nacional sigue entrando en contradicciones serias con las disposiciones establecidas por la Sentencia T-025. En el mismo sentido, se tiene que el enfoque bajo el cual se plantean tanto la respuesta a la Corte Constitucional, como el Plan Nacional de Atención es regresivo respecto de anteriores logros consolidados en la formulación de la política pública. Sirva de ejemplo la orientación que en su momento determinó la propuesta de política consignada en la“Guía de atención integral a la población desplazada por la violencia”19. Las transformaciones de la política generadas en la administración actual han desdibujado consecuciones significativas en el diseño y aplicación de la política como el reconocimiento explícito de la existencia del conflicto armado interno y la crisis humanitaria en tanto referentes de la política gubernamental; el enfoque diferencial según género, generación, etnia y discapacidad; y la necesidad de aplicación de criterios humanitarios en la atención, entre otros aspectos. En la propuesta actual del Plan Nacional de Atención se afirma que: “las acciones concertadas (. . .) tienen como “única finalidad” atender la vulnerabilidad producida en la población afectada y no pretende resolver el problema estructural de la pobreza histórica”20. Cómo bien señala ACNUR: “es claro que el objetivo de la política de atención a la población desplazada no es la superación de la pobreza, pero sí debe estar encaminado al logro de soluciones duraderas y al restablecimiento (. . .) de los derechos vulnerados, elementos que van más allá de la atención de la vulnerabilidad”21
19
Red de Solidaridad Social, Presidencia de la República. 2001. Guía de atención integral a la población desplazada por la violencia. 20 Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. Plan Nacional del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, Bogotá, 12 de enero de 2005, pp. 45. Citado en el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR a la Corte Constitucional el 18 de marzo de 2005 21 ACNUR, Ibídem, pp. 3.
23 Atendiendo este objetivo la aplicación de los contenidos, principios y criterios contenidos en el marco de protección al cual está obligado el Estado colombiano —Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, Constitución Política, Ley 387 y normatividad complementaria o afín—, debe retomar acciones de política pública mucho más pertinentes en procura de lograr soluciones integrales y duraderas respecto de los derechos de la población en riesgo o en situación de desplazamiento. En esta perspectiva se espera que el nuevo documento CONPES sobre desplazamiento forzado aporte criterios y procedimientos que conduzcan al redireccionamiento de la política pública en concordancia con la realidad existente, las necesidades y los derechos de la población en riesgo, en situación de desplazamiento y las comunidades receptoras. Es pertinente establecer espacios regulares de debate de la política pública que permitan abordar las diversas problemáticas relacionadas con el desplazamiento forzado sin que tenga que mediar requerimientos judiciales. Es decir, ir más allá de la respuesta de la Corte a los Informes gubernamentales y a las instituciones que realizaron el seguimiento al cumplimiento de las órdenes contenidas en la Sentencia T-025 de 2004. Una nota final sobre la cifra En cuanto al desplazamiento forzado, el gobierno prefiere la visión del país virtual y la política del avestruz. Parece que la decisión es disminuir la cifra de desplazamiento por la vía del rechazo, el desconocimiento o la invisibilización de la población desplazada. Por eso, aumenta en la Red de Solidaridad Social el porcentaje de rechazo de las personas que intentan registrar su condición de desplazadas que huyen del conflicto. Así, en departamentos como el Chocó y Norte de Santander, el rechazo de solicitudes de registro alcanza el 54%, es decir, de cada cien personas que se acercan al gobierno como desplazados en estos departamentos en donde es evidente la crisis humanitaria, sólo 46 acceden a la certificación de la Red. Igual situación ocurre en Bogotá, epicentro de la llegada de personas en situación de desplazamiento, que alcanza el 52%. Otra forma de ocultar la realidad es desconociendo eventos de desplazamiento, como ocurrió en el Medio San Juan, otra vez el Chocó, con 600 personas desplazadas que jamás fueron consideradas por el Sistema Único de Registro de la Red, a pesar de ser reconocidas por la Diócesis de Itsmina Tadó, por funcionarios de
24 Naciones Unidas y por los propios delegados de la agencia gubernamental. A todo esto se agrega que el gobierno presenta de manera gradual las cifras de desplazamiento forzado. Así, con motivo de la reunión de la Mesa de Cooperantes en Cartagena el 3 de febrero, el gobierno anuncio ante el G-24 una reducción del 38% del desplazamiento entre 2003 y 2004 y presentó la cifra de 132 mil personas desplazadas el año pasado. Hoy el propio director de la Red afirma que en 2004 hubo160 mil personas desplazadas22, sin explicarle a la opinión pública que la cifra seguirá creciendo en la medida en que las personas tienen por ley hasta un año para registrar su condición ante las autoridades competentes. Es probable que antes de terminar este año, la cifra final de la RSS se acerque o supere la estimación de CODHES para 2004 de 287.581 mil personas desplazadas. Así ha ocurrido en los últimos cuatro años.
Este informe fue elaborado con el apoyo de: Lutheran World Relief-LWR, Agencia Española de Cooperación Internacional-AECI, Consejería en Proyectos-PCS, Consejo Noruego para los Refugiados-NRC y ACNUR. Las afirmaciones aquí expresadas no comprometen en modo alguno a estas entidades.
22
Declaraciones del Director encargado de la Red de Solidaridad Social Luis Alfonso Hoyo a Radio caracol en Sincelejo el domingo 24 de abril de 2005.
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