BOLETÍN CODHES INFORMA #60 ¿Por qué se van? 2005 by CODHES

Codhes informa Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 60. Cali, 19 de julio de 2005 codhes@codhes.org.co www.codhes.org.co

Y entonces…

¿Por qué se van? Presentación Durante el segundo trimestre de 2005 el desplazamiento forzado afectó a por lo menos 91.467 personas, alrededor de 18.293 hogares, que llegaron a 564 municipios de 29 departamentos, huyendo de regiones en las cuales se evidencia un progresivo escalamiento del conflicto armado interno que persiste en Colombia. Esta cifra consolida un total aproximado de 153.463 víctimas de este delito durante el primer semestre de 2005, lo que representa un incremento del 17.7% con relación al mismo período de 2004 cuando se registró el desplazamiento de una población estimada en 130.346 personas. Es decir, Colombia pasó de un promedio de 724 personas desplazadas cada día durante el primer semestre de 2004 a un promedio diario de 848 de los primeros seis meses de 2005. Pero la gente también se va del país. Sólo en Ecuador, Panamá y Perú, 3.065 compatriotas solicitaron refugio entre el 1 de abril y el 30 de junio, aduciendo temores fundados de ser perseguidas por razones políticas, lo que significa que durante el primer semestre de 2005 más de 5.175 compatriotas se fueron de Colombia por circunstancias asociadas al conflicto armado interno. La cifra acumulada de solicitantes de refugio de nacionalidad colombiana entre 2000 y 2004 en todos los países del mundo asciende a 104.474 personas. Las ciudades no crecen, “se hinchan” Durante el segundo trimestre de 2005, las principales zonas de llegada de población desplazada siguen siendo las capitales departamentales, en las cuales se concentró el 38% del total de la población desplazada en el segundo trimestre de este año.

En este periodo las ciudades de Bogotá y Cali recibieron el 12% y el 7% del total de personas desplazadas, respectivamente. Del mismo modo, ocho de las capitales recibieron mas de 2000 personas desplazadas y 16 recibieron más de mil personas en este corto periodo, lo cual llama la atención sobre la relación entre las principales capitales receptoras y las zonas de mayor intensidad del conflicto armado. Aunque las magnitudes son diferenciadas, de hecho ninguna región del país escapa a esta realidad pues entre las principales capitales receptoras existen importantes ciudades de la Costa Caribe, del Sur, del Pacífico, del Oriente y del centro del País. Sin embargo, durante el segundo trimestre, cerca del 60% de las personas se desplazó hacia ciudades intermedias y otros municipios diferentes de las grandes capitales, en buena parte por el inusitado crecimiento de eventos de éxodo masivo. Así ocurrió en municipios como Samaná en el departamento de Caldas; Toribio, Jambaló, Santander de Quilichao y Silvia en el departamento del Cauca; Ricaurte y Tumaco en el departamento de Nariño; Bojayá, San José de Palmar y Bajo Baudó en el departamento del Chocó; Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca, Barrancabermeja en el departamento de Santander; Argelia, Urrao y Apartadó en el departamento de Antioquia, Vistahermosa en el departamento del Meta y Soacha en el departamento de Cundinamarca. Principales víctimas del desplazamiento En estos tres meses el desplazamiento forzado afectó duramente a comunidades afro-descendientes, pueblos indígenas, campesinos y colonos en cuyos territorios se intensificaron las acciones armadas y se hizo evidente un deterioro de la situación de derechos humanos. Esto ocurrió en zonas en las que se focaliza la política de seguridad democrática, en las zonas de mayor enfrentamiento entre la Fuerza Pública y las guerrillas, en las zonas de frontera y en regiones de amplio control paramilitar. Las causas principales están asociadas al escalamiento del conflicto que siguió al fin del repliegue militar de la guerrilla1; a ataques indiscriminados de la guerrilla contra población 1

De acuerdo con el informe presentado por la Fundación Seguridad y Democracia en junio del presente año, el número de ataques perpetrados por la guerrilla en lo que va corrido del año suman ya 353, en tanto que los registrados durante el 2004 fueron 383 en su totalidad. El informe revela que en los últimos dos meses las FARC ha cometido 125 ataques en diferentes zonas del país, y que departamentos como Cauca y Putumayo han sido unos de los mas afectados. Además, las cifras sobre ataques de la guerrilla muestran que en dos años este grupo ha realizado la misma cantidad que los que realizó durante cuatro años del gobierno Pastrana, y

civil y sus bienes protegidos, al incumplimiento del cese de hostilidades por parte de los grupos paramilitares, a arbitrariedades y abusos atribuidos a la Fuerza Publica, a las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito y, en algunas zonas específicas, al surgimiento y consolidación de poderes locales de mafias del narcotráfico. Con seguridad (democrática) crece el desplazamiento El país entra en el tercer año del gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez y la administración muestra cifras e indicadores de disminución de graves delitos como asesinatos, masacres, secuestros, e insiste en presentar resultados exitosos de su política de seguridad democrática a partir del número de bajas infringidas a presuntos guerrilleros y paramilitares, del número de personas detenidas sin establecer si fueron liberadas o permanecen en prisión y del número de personas desmovilizadas y reinsertadas, sin que se conozca si están cumpliendo o no con su compromiso de abandonar sus actividades delictivas. Todo avance que contribuya preservar la vida y garantizar los derechos de la población en desarrollo de su obligación constitucional y en el marco del estado social de derecho es positivo y puede contribuir a legitimar las instituciones y a fortalecer la democracia. Sin embargo, y tal y como lo indica este informe, el desplazamiento forzado se mantiene como una expresión de inseguridad y ausencia del Estado en el momento de evitar los hechos que provocan la salida forzada de miles de personas expuestas a una situación de alta vulnerabilidad de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Degradando la guerra Peor aún si son agentes del mismo Estado los que por acción provocan desplazamientos forzados o permiten que grupos paramilitares sigan desplazando y atacando a la población civil, violando el cese de hostilidades exigido para mantener el diálogo en Santa Fe de Ralito, garantizando la impunidad incluso antes de la vigencia de la cuestionada ley de justicia y paz.

que los “lunares” de la política de seguridad democrática del actual gobierno son la vulnerabilidad en las fronteras y la expansión del paramilitarismo.

El desplazamiento forzado no tuviera lugar si todos los que participan en la confrontación armada respetaran a la población civil no combatiente. El primer paso en falso lo dio el propio gobierno con su insistencia en negar la existencia del conflicto armado y la aplicabilidad del derecho internacional humanitario, en una interpretación política de la norma que eleva la vulnerabilidad y el nivel de desprotección de la población civil. Pero no es sólo el Estado el que contribuye con esta tesis a la degradación del conflicto. Las guerrillas que tradicionalmente se han negado a acatar esta normatividad, desarrollan operaciones militares que afectan directamente a la población civil, desconocen su condición de no combatientes y acuden de manera conciente y sistemática a métodos que contravienen el derecho internacional humanitario. El pacífico en llamas CODHES Informa incluye en esta edición el segundo informe sobre desplazamiento forzado, derechos humanos y conflicto armado en Colombia correspondiente al segundo trimestre de 2005, que se presenta públicamente en la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y principal centro urbano del litoral pacífico colombiano. Justamente en buena parte del territorio del litoral pacífico están ocurriendo los hechos que marcan el escalamiento de la guerra interna y, por supuesto, la expansión de la crisis humanitaria provocada por el desplazamiento forzado de más de 32.373 personas en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, es decir, un promedio de 359 personas cada día. Al presentar este informe CODHES, reafirma el propósito de insistir en la adopción de mecanismos para proteger a la población civil, aún en las circunstancias inevitables de la continuidad del conflicto, exigiendo a todas las partes enfrentadas que observen el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y las normas que protegen a la gente en estado de indefensión. ¿Por qué se van? El país tiene cada vez más dificultades para atender esta crisis humanitaria crónica, prolongada y sostenida que ya ha afectado a casi el 8% del total de su población y cuya ocurrencia agrava el desempleo, expande la pobreza, urbaniza las consecuencias del conflicto y provoca un trauma social y cultural en toda la sociedad colombiana. 4

Una vez más salta a la vista la contradicción entre los resultados de la política de seguridad que presenta el gobierno y la persistencia e incremento del desplazamiento forzado en el país. La pregunta que surge en las ciudades a dónde siguen llegando las personas desplazadas es: ¿Si hay tanta seguridad como se afirma, entonces, por qué se van? Fronteras: el cerco se cierra Las condiciones de seguridad en estas regiones no han mejorado, en lacra demostración de que la falla del Estado en su deber de protección persiste a pesar de la creciente militarización, de la creación de nuevos batallones y militares, y pese a los acelerados avances del proceso de desmovilización de combatientes paramilitares, principalmente del Bloque Sur en Nariño y el Bloque Catatumbo en Norte de Santander. Por el contrario, ha aumentado el grado de vulnerabilidad de las comunidades asentadas en esas zonas, y con ella, los niveles de riesgo para las mismas. Son varios los factores que, asociados al escalamiento del conflicto armado, han venido configurando esta situación: Primero, en las zonas de frontera la población civil se encuentra bajo el control casi exclusivo de sectores militares para quienes la prioridad es proteger el territorio y los recursos más que a la población civil. Mediante la política de seguridad democrática el gobierno está convirtiendo a estas zonas en plataformas para adelantar operaciones militares y en territorios donde la organización social y los procesos participativos se ven amenazados por los intereses de seguridad nacional impuestos por el gobierno en la frontera. Esto se expresa en la creciente militarización de ambos lados de la frontera2 y en casos de arbitrariedad cometidos por la Fuerza Pública. Segundo, la continua la expansión de redes del narcotráfico articuladas con los grupos armados irregulares por el litoral pacífico, traslado y resiembra de cultivos; lo que ha resultado en un deterioro de la situación humanitaria en la región y muestra que la política de erradicación forzada no es una respuesta suficiente para combatir el fenómeno que está en estrecha relación con el conflicto armado.

En Brasil se han desplegado 35 mil efectivos, en Ecuador 12 mil, en Perú 25 mil con 17 bases militares, en Panamá 8 puestos navales de cuarenta unidades cada uno. Desde el mes de abril los operativos antidrogas en Panamá se han intensificado con el fin de desmantelar las redes de tráfico de armas de Centroamérica a Colombia y de drogas de Colombia a Centroamérica. Para el mes de abril se detuvieron más de diez personas entre panameños y extranjeros. Según el ministro de Gobierno y Justicia de Panamá, Héctor Alemán se está combatiendo a los grupos transnacionales que quieren utilizar a Panamá como corredor para el tráfico de armas y drogas.

Las cifras dan cuenta de la movilidad de los cultivos y alta motivación de campesinos cultivadores, ya que cerca del 60% de los lotes de coca en el país son nuevos. Este aumento se registró en departamentos de las cuencas de los ríos Orinoco (Amazonas, Guainía y Vaupés) y los principales departamentos con mayor área cultivada son Meta, Guaviare, Nariño y Caquetá. El incremento más importante lo reportaron en el nororiente Arauca y Guajira. Nariño no sólo es una zona donde los cultivos de coca se están expandiendo, también es el centro más importante de producción de drogas ilícitas del país. El informe también reporta siembra en 13 de los 50 parques naturales, pero estos representan sólo el 7% del total de cultivos de coca en el 2004. Tercero la expansión del crimen organizado que traspasa las fronteras nacionales, se filtra en la economía local de países vecinos y opera conjuntamente con grupos armados irregulares que se financian también del contrabando de armas, municiones, precursores químicos y comercialización de estupefacientes en las fronteras. Al respecto varios estudios dan cuenta de la existencia de 100 rutas de tráfico de armas, municiones y drogas en los más de 6 mil kilómetros de frontera de Colombia. Las zonas más afectadas son Norte de Santander, Cesar, Guajira, Putumayo y Urabá chocoano. Cuarto, el desbordamiento del conflicto armado y su impacto internacional que se manifiesta en desplazamientos transfronterizos, cuyas repercusiones están afectando las relaciones internacionales de Colombia con los países vecinos. Esta tendencia se refleja en la presencia e incursión armada de grupos irregulares en Ecuador y Venezuela; el traslado de cultivos de coca en Perú (14% en 2004 respecto del 2003) y expansión en ese país de redes del narcotráfico que están comercializando la hoja de coca para procesamiento del alcaloide. Esto ha generado un cierre de fronteras por parte de los gobiernos de países vecinos para evitar el desbordamiento del conflicto en sus territorios. Impuesto humanitario: que lo paguen los grandes contribuyentes La Corte Constitucional se convirtió en el principal referente para la exigibilidad de los derechos fundamentales de la población desplazada, cuya atención, de acuerdo con su sentencia T 025, exige más que voluntad política. CODHES propuso ante la Honorable Corte Constitucional se sirva exhortar al Gobierno Nacional para que presente, en el término de 30 días, un proyecto de Ley que disponga un régimen tributario especial para asegurar recursos por 500 mil millones anuales, durante cuatro años, con destinación específica a la población desplazada en el marco del conflicto armado. CODHES también solicitó a la alta corporación fijar al Congreso un plazo máximo de seis meses para debatir y aprobar esta iniciativa. El tributo deberá responder al criterio de progresividad, en la perspectiva de que recaiga sobre los sectores que se han beneficiado de la concentración del ingreso en la última década en el país y no sobre los sectores populares que han sido sistemáticamente afectados por las reformas laborales y tributarias implementadas durante la actual administración.

¿Seguridad sólo para los inversionistas? Paradójicamente, el Presidente Uribe acaba de anunciar que presentará una iniciativa para incrementar la base gravable del IVA y disminuir el impuesto a la renta. Este hecho, sumado a los propósitos expuestos en la Ley 963 de 2005 – Ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombiareflejan una disposición del Gobierno a privilegiar a quienes detentan los medios económicos y a depositar la cargar de la financiación del Estado sobre los hombros de los sectores medios y bajos. No deja de sorprender que el gobierno se muestre obsesivamente interesado en crear las condiciones de estabilidad jurídica para los inversionistas, a la vez que presenta a la corte la tesis según la cual no puede garantizar la seguridad jurídica para satisfacer el mínimo de derechos que se reclaman para los desplazados, con el argumento de que no cuenta con los recursos financieros, y sin mayor explicación de las razones por las cuales no se buscan fuentes alternativas de financiación Del mismo modo, el espíritu de la Corte Constitucional en el sentido de priorizar la inversión hacia las comunidades victimas del desplazamiento forzado debe entenderse como un mensaje de estimulo a la solidaridad en la sociedad colombiana. Pero no puede ser una autorización para incrementar la vulnerabilidad de los sectores pobres en beneficio de los grandes capitales, entre los cuales se ubican aquellos que se han robustecido con los bienes usurpados y despojados a la población desplazada. ¿Dónde quedan los derechos de la gente rechazada en el registro? Como quiera que por la vía del rechazo en el registro están siendo vulnerados los derechos de un gran número de personas en situación de desplazamiento, y toda vez que no existe claridad sobre los criterios en los que son sustentados los rechazos, solicitamos a la Corte que se sirva ordenar al SNAIPD la creación de un componente de rendición pública de cuentas, incorporado al SUR, que permita conocer el número total de personas rechazadas, las presuntas zonas de expulsión y su caracterización, las razones que llevaron al rechazo, los procesos administrativos adelantados en cada caso, la situación en la que se encuentran estas personas y su acceso a los servicios públicos y sociales. Así mismo, es importante crear mecanismos para garantizar el acceso público a la información relacionada con las políticas estatales en materia de derechos humanos y desplazamiento, toda vez que la propia Procuraduría General de la Nación encontró en este aspecto un obstáculo para realizar la evaluación de la política, y que la Alta Comisionada para los derechos Humanos de las Naciones Unidas cuestionó las falencias de los sistemas de información del Estado en materia de Derechos Humanos y estableció un conjunto de recomendaciones para superarlas.

Protegerse de los abusos de la red de cooperantes También es importante que la Corte Constitucional establezca los mecanismos civiles para evaluar los programas de redes de informantes, delaciones y recompensas, a fin de evitar las eventuales violaciones al debido proceso y al Derecho Internacional Humanitario cometidas en los múltiples casos de detención de civiles, acusados de pertenecer a los grupos armados y luego liberados por falta de pruebas. CODHES ha conocido denuncias en relación con la amenaza, el desplazamiento o el asesinato de personas junto con sus familias, luego de la ocurrencia de este tipo de detenciones. El desplazamiento en el segundo trimestre El crecimiento del desplazamiento forzado durante el trimestre estuvo caracterizado por éxodos de población afrodescendiente, indígena y campesina, por su relación con la intensificación del conflicto armado, por el deterioro de la situación de derechos humanos en las regiones, incluidas aquellas en las que se focaliza la política de seguridad democrática, por la afectación creciente del conflicto y sus consecuencias en los países vecinos y porque afectó el 70% del territorio nacional, especialmente en las ciudades intermedias. Las causas principales están asociadas al escalamiento del conflicto y fin del repliegue militar de la guerrilla3, el incumplimiento del cese de hostilidades por parte de los grupos paramilitares y fortalecimiento de sus estructuras, las arbitrariedades y la vulneración de derechos humanos cometidas por la Fuerza Publica en aplicación de estrategias de la política de seguridad democrática, la intensidad con que se están adelantando las fumigaciones y el surgimiento y consolidación de poderes locales mafiosos. El discurso del gobierno nacional en el que reivindica las bondades de la política de seguridad democrática, no corresponde con el incremento en el fenómeno de desplazamiento que se viene registrando desde periodos anteriores y con la falta de garantías para la protección de los derechos humanos.

De acuerdo con el informe presentado por la Fundación Seguridad y Democracia en junio del presente ano, el número de ataques perpetrados por la guerrilla en lo que va corrido del año suman ya 353, en tanto que los registrados durante el 2004 fueron 383 en su totalidad. El informe revela que en los últimos dos meses las FARC ha cometido 125 ataques en diferentes zonas del país, y que departamentos como Cauca y Putumayo han sido unos de los mas afectados. Además, las cifras sobre ataques de la guerrilla muestran que en dos años este grupo ha realizado la misma cantidad que los que realizó durante cuatro años del gobierno Pastrana, y que los “lunares” de la política de seguridad democrática del actual gobierno son la vulnerabilidad en las fronteras y la expansión del paramilitarismo.

El gobierno insiste en negar la existencia del conflicto armado interno desconociendo con ello la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y del Estado de proteger los derechos humanos, de respetar el DIH y de cumplir con normas y tratados internacionales suscritos por Colombia. La oficina del Alto Consejero para la Acción Social distribuyó en junio el documento “Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional”, elaborado en la oficina del Alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. El documento de cuatro páginas configura un glosario de términos y conductas para el desarrollo de actividades relativas a la acción humanitaria. Aunque el documento no presenta fechas, firmas ni objetivos sobre su alcance, el Alto Comisionado para la Paz manifestó que “el propósito [del documento es] evitar frecuentes imprecisiones en los proyectos que se presentan para aprobación gubernamental dentro de los denominados laboratorios de paz"4. Por su parte, el Alto Consejero para la Acción social, Luis Alfonso Hoyos, informó que el propósito de los “Lineamientos” no es imponer criterios ni lenguajes a las agencias de cooperación internacional sino "informarlos del lenguaje que utilizamos los funcionarios del Estado en esos temas"5. Sobre las inquietudes manifestadas por agencias del Sistema de las Naciones Unidas, Hoyos puntualizó que "Hubo dos agencias de Naciones Unidas que tuvieron una confusión respecto al documento, pero ya se les aclaró el motivo del envío"6. No obstante, la suspensión del desembolso de US 100 millones – correspondientes a recursos de ayuda militar que hacen parte del Plan Colombia- a raíz de la carta enviada por 22 Congresistas demócratas de los Estados Unidos a la secretaria de Estado de ese país; muestra que la situación de derechos humanos ha empeorado especialmente en regiones donde se focaliza la asistencia militar.

Colombia: "Gobierno no está imponiendo nada, sólo comparte sus directrices": Luís Alfonso Hoyos Aristizabal, en http://www.reliefweb.int/rw, Bogotá, Colombia, junio 13 de 2005. 5 Ibid. 6 Ibid.

La razón para no desembolsar esta ayuda tiene que ver con que el Departamento de Estado no conoce progresos en la situación de Derechos Humanos ni avances en materia de justicia para casos que comprometen la participación activa de miembros de la Fuerza Pública en violaciones de derechos humanos y que han sido objeto de denuncia: la absolución del general Rito Alejo del Río; el incumplimiento de un fallo de la Procuraduría para enjuiciar miembros de la Fuerza Aérea por el bombardeo a Santo Domingo (Arauca); el caso de San José de Apartadó en donde fueron asesinados ocho miembros de esa comunidad el pasado 21 de febrero; la masacre en Tame de 11 campesinos; la denuncia de Amnistía Internacional por la responsabilidad de paramilitares y tropas de la Brigada XVIII en amenazas contra comunidades en la cuenca del río Jiguiamandó con el apoyo de la Armada; el asesinato de 12 indígenas Wayuú en abril de 2004 en La Guajira por parte de paramilitares. Solo se registran algunos avances en el caso del asesinato de tres sindicalistas en Arauca por parte de miembros de la XVIII Brigada del Ejército, debido en parte a la presión ejercida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La inconformidad de la comunidad internacional va más allá. Han sido diversos los cuestionamientos al estatuto de Justicia y Paz recientemente aprobado por el Congreso colombiano y que se encuentra a la espera de ser sancionado por el Ejecutivo. En el marco de la visita del presidente Álvaro Uribe a España, la ONG Amnistía Internacional pidió públicamente al gobierno español que no “apoye ni política ni económicamente la legalización de la impunidad en Colombia”. La ONG ratificó sus criticas al estatuto de Justicia y Paz; en primer lugar, porque considera que los paramilitares han incumplido su declaratoria de cese al fuego y que muestra de ello son las 2200 víctimas que se les atribuyen posterior a dicha declaratoria; y en segundo lugar, porque reafirma que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y, por lo tanto no pueden amnistiarse como lo prevé esa Ley7. De otra parte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha afirmado respecto de la Ley, que es muy probable que con ella no se logre esclarecer la verdad de lo que ha pasado en los últimos años en el país. La agencia ha lamentado públicamente que el Congreso colombiano no haya tenido en cuenta sus recomendaciones a la hora de votar la norma de Justicia y Paz, y que haya reconocido el carácter político de los paramilitares, concediéndoles además rebajas en las condenas a cambio de que se desmovilicen dentro de un proceso de negociación. Para la ONU el haber definido un tipo crímenes a partir de caracterizarlos como si fueran otros acarreará graves problemas. Respecto del tema, el embajador de Colombia en Washington desestimo los motivos del congelamiento de la ayuda de Estados Unidos al Plan Colombia señalados por el Congreso norteamericano y afirmo que la causa real es la aprobación de la Ley de Justicia y Paz.

http//www. El tiempo. com. Julio 11 y julio 12

Finalmente, es necesario señalar que los factores anteriores han afectado las relaciones del gobierno de Colombia con gobiernos de otros países y que las consecuencias negativas de esta posición se hacen más evidentes en las tensiones políticas con el gobierno de Venezuela y de Ecuador. En Suramérica y frente a sus países vecinos el gobierno de Uribe ha sostenido una posición de apoyo a las políticas de seguridad del gobierno norteamericano para la región, contraria al rechazo que los gobiernos de Ecuador y Venezuela han manifestado frente a la injerencia del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra las drogas centrada en la erradicación forzada básicamente por fumigaciones; la política de seguridad basada en la lucha contra el terrorismo; y la agenda comercial regional fundada en acuerdos bilaterales. El discurso oficial de estos países reivindica la soberanía nacional como punto de partida para la definición de las múltiples agendas. Todo parece indicar que, en la región andina Colombia se dirige hacia el aislamiento político.

50 primeros municipios receptores de poblaciรณn desplazada No.

Ciudad/municipio

1 BOGOTA D.C. 2 CALI 3 SAMANA 4 TORIBIO 5 MEDELLIN 6 SANTA MARTA 7 CARTAGENA 8 CUCUTA 9 VILLAVICENCIO 10 QUIBDO 11 FLORENCIA 12 BARRANQUILLA 13 VALLEDUPAR 14 IBAGUE 15 BUCARAMANGA 16 POPAYAN 17 RICAURTE 18 BOJAYA 19 VISTAHERMOSA 20 JAMBALO 21 SAN JOSE DEL PALMAR 22 SINCELEJO 23 BUENAVENTURA 24 PASTO 25 BAJO BAUDO 26 ARGELIA 27 URRAO 28 NEIVA 29 APARTADO 30 SOLEDAD 31 SAN JOSE DEL GUAVIARE 32 PEREIRA 33 MOCOA 34 BARRANCABERMEJA 35 SANTANDER DE QUILICHAO 36 TUMACO 37 SILVIA 38 SOACHA 39 RIOHACHA 40 CALOTO 41 MONTERIA 42 PUERTO ASIS 43 COROZAL 44 ARMENIA 45 CAUCASIA 46 BARBACOAS 47 PUERTO LIBERTADOR 48 MALAMBO 49 MANIZALES 50 AGUACHICA

personas 11191 6500 5000 4469 3113 2796 2400 2368 2317 2117 1969 1800 1800 1600 1500 1400 1350 1300 1250 1200 1200 1129 1123 1120 973 798 740 670 625 600 600 580 520 500 477 450 425 400 400 360 320 320 320 310 297 267 250 230 220 220

% 12.2 7.1 5.5 4.9 3.4 3.1 2.6 2.6 2.5 2.3 2.2 2.0 2.0 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2

% Acum 12.2 19.3 24.8 29.7 33.1 36.1 38.7 41.3 43.9 46.2 48.3 50.3 52.3 54.0 55.7 57.2 58.7 60.1 61.5 62.8 64.1 65.3 66.5 67.8 68.8 69.7 70.5 71.2 71.9 72.6 73.2 73.9 74.4 75.0 75.5 76.0 76.5 76.9 77.3 77.7 78.1 78.4 78.8 79.1 79.4 79.7 80.0 80.3 80.5 80.7

Fuente CODHES-SISDHES. Julio de 2005

Vuelven los éxodos Una segunda característica es la reaparición preocupante de episodios masivos de desplazamiento. Con inusitada frecuencia, el país ve como se repiten casos de éxodo que golpean particularmente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, los cuales no se inscriben exclusivamente desde las dinámicas de la confrontación armada, sino que operan desde una profunda economía política de la usurpación de recursos y territorios. Para nadie es un secreto que tras las agresiones contra las comunidades del pacífico, de la Sierra Nevada de Santa Marta, las Zonas de Frontera y demás regiones del país se ocultan poderosos intereses, que buscan articular estos territorios, destinados hoy a formas de uso colectivo y comunitario, a proyectos ambiciosos y agresivos de explotación de los recursos naturales. Proyectos que sirven a procesos de acumulación forzada y a formas de dependencia de mercados lícitos e ilícitos, de orden nacional o global, sin importar el interés público del conjunto de la sociedad ni las alternativas de desarrollo que se derivan del patrimonio histórico y cultural de estos pueblos. Uno de los proyectos mas cuestionados es la siembra agroindustrial de la Palma Africana. En Choco varios informes como el de INCODER y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dan cuenta de esta dinámica. El 25 de abril se dio a conocer por fuentes humanitarias que el Gobierno ha incumplido los compromisos que asumió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger el territorio de unas comunidades negras del noroeste del país. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) advirtió en Bogotá que el gobierno de Uribe no ha ordenado que se suspenda un gigantesco proyecto de siembra de palmas de aceite en las tierras de propiedad colectiva de esos asentamientos negros. Por el contrario, planteó la CIJP, que los promotores del proyecto han intensificado desde hace dos semanas la preparación del terreno para nuevas plantaciones en zonas selvática de Curvaradó y Jiguamindó, en el departamento del Chocó. Además, los lugareños que tratan de defender sus tierras afrontan nuevas amenazas de muerte, según la ONG que presta asistencia a estas comunidades en esta región fronteriza con Panamá. En la Resolución Defensoría No. 39 del 2 de Junio, El Defensor del Pueblo reitera y exige el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales y de los compromisos asumidos para salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas e indígenas asentadas en los territorios colectivos de las cuencas de los ríos Curvaradó, Jiguamiandó y otros consejos del Bajo Atrato como Cacarica y Bojayá, La Defensoría exhorta a las autoridades para que adopten las medidas conducentes a garantizar el respeto de los derechos de estas comunidades que han sido desplazadas de sus territorios, evitar la expansión de los

cultivos de palma en los territorios colectivos y en ecosistemas de alta biodiversidad8. A la fecha de la comisión, se habían celebrado 203 contratos que involucraban 14.881 has, a pesar de carecer de toda validez jurídica de acuerdo a la Ley 70 (art. 7 y 15).Tras la ocupación de algunas de estas tierras han estado grupos paramilitares el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, algunos de los antiguos dueños de fincas adquiridas por este grupo tuvieron que emplearse en sus fincas como jornaleros, sin embargo no se conocen registros precisos sobre este tema pues la mayoría no denuncian estos hechos a las autoridades. En una carta al Presidente, la Iglesia Católica también advierte sobre la situación humanitaria de la comunidad, explicaron que esta es la segunda carta en la que denuncian la falta de respuestas del Primer Mandatario y en la cual cuestionan a quién protege y a quién combate la fuerza pública en el Atrato, además reiteran que en la zona se sigue sufriendo a diario, situaciones absolutamente inaceptables en un Estado Social de Derecho. Le solicitaron a Uribe que ordene una investigación rigurosa contra aquellos funcionarios, advirtiendo que desde febrero se registra en la región una avanzada de paramilitares pertenecientes al Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, además señalan que su presencia activa coincide con el avance de grandes proyectos de explotación de maderas y de siembra de palmas de aceite, según lo informado por el diario Libertad el 5 de mayo. El proceso de desmovilización ha significado grandes retos para ciudades como Cúcuta, que ha acogido a 309 de ellos. Uno de los principales problemas es la falta de oferta laboral a excombatientes, que a largo plazo puede afectar social y económicamente a la ciudad. El alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez se declara preocupado por la falta de recursos y confiesa que solo hay un proyecto productivo para esta población9. No obstante, ya se han hecho anuncios de un proyecto agroindustrial mediante el cual se pretende sembrar 6500 hectáreas de palma africana en el municipio de Tibú y en la región del Catatumbo, que busca beneficiar a cerca de 650 8

Según el resultado de una comisión de verificación (octubre 25-noviembre 1 de 2004) en la cual participó la Defensoría del pueblo, 21.142 hectáreas de los territorios colectivos de las comunidades Jiguamiandó y Cuvaradó están afectadas por los cultivos de palma aceitera y en menor grado por la ganadería. Para noviembre de 2004, se encontraban sembradas 4.183 hectáreas con palma, 810 utilizadas para ganadería (Empresa La Tukeka), y cerca de 16 mil hectáreas proyectadas para el establecimiento de nuevos cultivos de lma de aceite y ganadería. En el territorio de Jiguamiandó existían para la fecha de la visita, 198 hectáreas recién sembradas por la empresa Palmas de Curvaradó y otras se encontraban adecuadas para el mismo tipo de siembra. En el territorio de Curvaradó, se encontraron 3.636 hectáreas con palma africana (Urapalma 2.723 has, Promotora Palmera del Curvaradó “Palmado” 80 has, Palmas de Curvaradó 200 has y Palmas S.A. 633 has), adicionalmente la empresa Inversiones Fregni Ochoa tenía 349 hectáreas listas para sembrar. En este territorio la empresa La Tuteka utiliza 810 has para la ganadería. 9

El tiempo. Colombia. eltiempo.com. Junio 1 de 2005.

familias de excombatientes y de campesinos que antiguamente sembraban coca10. El análisis de los casos emblemáticos de desplazamiento, muestra que los principales éxodos se produjeron por el desarrollo de enfrentamientos armados entre la Fuerza Pública y la guerrilla de las Farc, es decir en situaciones en las que existen responsabilidades concurrentes por estos hechos violatorios de Derecho Internacional Humanitario, por parte del Estado y las guerrillas. El caso mas grave se produjo tras el ataque de las Farc a las poblaciones del departamento del Cauca (Jambaló Toribio, Caldono y Tacueyó) los subsiguientes enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, a los cuales siguieron dinámicas de desplazamiento y señalamiento de la población civil y en particular la ofensiva de detención masiva de 400 indígenas con el mismo modus operandi de los demás casos de detención colectiva de personas, es decir con el desconocimiento de las garantías procesales el uso de informaciones procedentes de los programas de redes de informantes. Del mismo modo se han presentado desplazamientos forzados de familias pertenecientes a siete resguardos indígenas, ocasionados por los cruentos enfrentamientos entre las Farc y el Ejército en Nariño (Ricaurte y Barbacoas) y en la región del oriente Antioqueño, en especial las zonas rurales de Segovia, Remedios y Argelia. Chocó y Putumayo también son escenario de este tipo de enfrentamientos armados. En estas regiones también se dan enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, crecen las denuncias sobre la arbitrariedad de las fuerzas estatales y el minado de campos por parte de las guerrillas. Además en oriente antioqueño la presencia paramilitar causa múltiples asesinatos selectivos individualizados. En los departamentos de la Costa Caribe, también se recrudece el conflicto. En las veredas rurales de San Pablo en Bolívar se libran enfrentamientos en los que participan las FARC, los grupos paramilitares y el Estado. En este lugar también han ocurrido enfrentamientos entre los grupos paramilitares y el Ejército de Liberación Nacional ELN, que han obligado a los pobladores abandonar su territorio. En el marco de estos combates, se han presentado casos en los que el desplazamiento se produce como una forma de presión de la guerrilla de las FARC sobre la población civil tal como lo han denunciado las comunidades de Vistahermosa en el Meta, donde los campesinos también han sido victimas de las minas antipersonales. También se ha denunciado esta modalidad de presión en Dibulla, departamento de la Guajira, donde opera el Frente 59 de las FARC.

La República. Colombia. Mayo 11 de 2005. 9a.

Pero el desplazamiento masivo también sigue siendo provocado por los grupos paramilitares, en episodios que implican desconocimiento del Cese del fuego pactado con el gobierno nacional y casos de connivencia con la Fuerza Pública. En los municipios de Tibú y La Gabarra en el Norte de Santander, en el Corregimiento La Italia, jurisdicción del municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó y en el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el que las comunidades han denunciado la responsabilidad de agentes del Estado en la masacre ocurrida en el Mes de Febrero. En el mismo sentido la Diócesis de Quibdo denunció la existencia de vínculos entre miembros de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares. En el caso del éxodo de Samaná Caldas, el motivo de desplazamiento esta relacionado con el inicio de las fumigaciones masivas de cultivos de uso ilícito en las zonas rurales del oriente del departamento11. En este caso se trata de un éxodo masivo, ocasionado por el temor a los enfrentamientos armados. En otros casos (Miraflores en el Guaviare y el Dovio en el Valle del Cauca) se multiplican las movilizaciones sociales y las protestas de las comunidades por las consecuencias de la fumigación masiva que ha eliminado la economía en la que se soportaba la supervivencia de este campesinado empobrecido, sin que las políticas alternativas publicitadas por el gobierno tengan resultados concretos en términos de ingreso y de acceso a los mas mínimos servicios sociales. Tamben se desplazaron masivamente campesinos de la Sierra de la Macarena ante el temor a las consecuencias del inicio de fumigaciones en el parque Natural. En el caso del sur de Colombia, la constante del primer semestre de 2005 es la reactivación de los combates de gran escala entre la guerrilla y la Fuerza Pública, luego de 5 años de vigencia del Plan Colombia (2001, 2005). Al parecer el país esta sometido hoy a una dinámica de intensificación del pulso militar entre el Estado y estos grupos insurgentes, que pone en entredicho los garantías de la población civil en los “teatros de operaciones”. Intensidad regional del desplazamiento Otro de los rasgos es la mayor intensidad que registra el desplazamiento en las zonas neurálgicas focalizadas por el gobierno en sus estrategias de ofensiva militar, en virtud de las dinámicas que adquiere en tales regiones el conflicto armado. De hecho existe una serie de regiones convertidas en teatro de operaciones del Estado y los grupos armados irregulares, en las cuales se entrecruzan antiguas y nuevas tácticas de confrontación propias de la guerra irregular que se libra en Colombia, cuyo resultado es el deterioro progresivo de las garantías de la población civil, la confianza social y la vigencia de los derechos ciudadanos. 11

El presidente de la Unidad Cafetera del Cauca, Aurelio Suárez Montoya envió un comunicado a la Presidencia de la República el 23 de junio en que denuncia el impacto negativo de la fumigación aérea con glifosato en la comercialización del café en el mercado internacional.

Cuando se contrasta el volumen de desplazamiento con la población de los municipios, aparece un indicador que muestra la gravedad del desplazamiento precisamente en tales zonas. En términos generales, en Colombia se tiene una mayor percepción de seguridad en las grandes ciudades, pese a la progresiva incursión de los grupos irregulares en el mundo urbano. Pero no ocurre lo mismo con las comunidades rurales y las regiones convertidas en laboratorios del pulso militar que se juega entre el gobierno y los grupos armados. Las experiencias regionales muestran la complejidad del conflicto y desvirtúan la tesis oficial, según la cual la mayor presencia militar asegura, per se, mayores condiciones de seguridad a los pobladores. Además en los últimos semestres en estas regiones el desplazamiento esta relacionado con nuevas causas asociadas a las nuevas tendencias que reviste el conflicto armado: Primero porque se producen nuevos factores de desplazamiento forzado, originados en la arbitrariedad estatal, ante la campaña de negación del Derecho Internacional Humanitario, las fórmulas de vinculación de la población civil a la guerra, las detenciones masivas infundadas y estigmatizantes, las políticas de fumigación masiva de cultivos de uso ilícito ligadas a operativos y enfrentamientos militares con los grupos armados, la tolerancia de las acciones paramilitares en muchas regiones del país y los elevados índices de impunidad, etc. En segundo lugar, nuevas modalidades de desplazamiento originadas en la agresión y la amenaza de las guerrillas a comunidades y pueblos enteros, en el contexto de los enfrentamientos, los paros armados, el secuestro y el asesinato de los lideres políticos locales, entre otros hechos contrarios al espíritu de la normativa humanitaria. En tercer lugar, nuevas prácticas de desplazamiento impuestas por los paramilitares a partir del asesinato selectivo de líderes sociales, al lado de las tradicionales masacres colectivas o el confinamiento de poblaciones. En fin, se producen cada vez más casos de desplazamiento originadas en el minado de campos y caminos, en la agudización de los enfrentamientos armados y demás actuaciones violentas que constituyen la crisis humanitaria. Para identificar las zonas mas golpeadas por este flagelo, el presente informe aborda tres tipos de indicadores: 1) El seguimiento y monitoreo de las circunstancias que rodean los casos de desplazamiento masivo (Ver anexo). 2) El análisis de la tasa de desplazamiento por municipios, que permite comparar la población desplazada con la población del municipio certificada por el DANE, a partir del índice de personas desplazadas por cada 100 mil habitantes. A diferencia de la cifra absoluta, que da cuenta de la magnitud poblacional, este indicador permite ver la intensidad del desplazamiento e indirectamente, la intensidad de los factores que lo producen, en el entorno regional de los municipios mas afectados.

3) El análisis de las dinámicas regionales del conflicto armado, pues el desplazamiento siempre esta precedido por la ocurrencia o el advenimiento de masacres, asesinatos, amenazas, enfrentamientos armados, secuestros, desapariciones, reclutamientos forzados, el minado de campos, las fumigaciones de cultivos de uso licito acompañadas de operativos y enfrentamientos militares, las detenciones arbitrarais de personas, entre otras formas de agresión contra los derechos de la población civil. A partir de estos criterios, se puede construir topologías de regiones que permitan comprender las características que asume el desplazamiento forzado, especialmente en las regiones de mayor intensidad. Es evidente que la medición en términos de la cantidad de personas desplazadas apunta hacia el mundo urbano, a que un alto porcentaje de los desplazados va a las grandes capitales. Por el contrario la tasa de desplazamiento apunta hacia el mundo rural y ayuda a identificar los entornos regionales críticos.

50 primeros municipios receptores (Tasa) Municipio SAN JOSE DEL PALMAR TORIBIO BOJAYA SAMANA RICAURTE JAMBALO ARGELIA VISTAHERMOSA BAJO BAUDO QUIBDO URRAO MOCOA FLORENCIA SILVIA PUERTO LIBERTADOR SAN JOSE DEL GUAVIARE BARBACOAS CALOTO VILLAVICENCIO SANTA MARTA APARTADO COROZAL POPAYAN SANTANDER DE QUILICHAO VALLEDUPAR PUERTO ASIS CAUCASIA SINCELEJO BUENAVENTURA RIOHACHA IBAGUE CUCUTA CALI TUMACO BUCARAMANGA PASTO BARRANCABERMEJA AGUACHICA CARTAGENA MALAMBO NEIVA SOLEDAD BOGOTA D.C. MEDELLIN BARRANQUILLA SOACHA PEREIRA ARMENIA MONTERIA MANIZALES

No. Desplazados Desplazados por 100 mil Habitantes 1200 17126 4469 13895 1300 11409 5000 11150 1350 10153 1200 7782 798 6764 1250 6171 973 4197 2117 1811 740 1660 520 1400 1969 1301 425 1007 250 1004 600 910 267 828 360 795 2317 630 2796 624 625 606 320 591 1400 586 477 516 1800 473 320 458 297 431 1129 420 1123 403 400 402 1600 356 2368 319 6500 268 450 266 1500 260 1120 260 500 240 220 235 2400 233 230 218 670 177 600 174 11191 156 3113 149 1800 130 400 127 580 111 310 96 320 92 220 58 Fuente: CODHES-SISDHES Julio de 2005

El análisis de la estadística de municipios que registran las tasas más elevadas de desplazamiento en el segundo trimestre de 2005, permite destacar los siguientes hechos: •

Los 10 municipios mas afectados son: San José del Palmar en Chocó, Toribío Cauca, Bojayá Chocó, Samaná Caldas, Ricaurte Nariño, Jambaló Cauca, Argelia Antioquia, Vistahermosa Meta, Quibdo y Bajo Baudó en el Chocó. Es decir que además de Antioquia, los principales municipios afectados se halla localizados en zonas particularmente afectadas por el conflicto armado como el corredor pacífico el sur occidente y el sur oriente colombianos.

•

Teniendo en cuenta el indicador de los 50 municipios de mayores tasas de desplazamiento, los departamentos mas afectados son en su orden Antioquia Cauca y Meta con 5 municipios cada uno; le sigue Chocó con 4 y Cesar y Nariño con 3. Con dos municipios aparecen 8 departamentos, a saber Bolivar Boyacá, Caquetá, Casanare, Cordoba, Norte de Santander, Tolima y Vaupes.

•

Pero si se consideran las 100 localidades de mayores tasas, los departamentos de Cauca y Meta registran 9 municipios, mientras Putumayo registra 8 y Antioquia 7. Cesar, Caquetá y Norte de Santander tienen 6 municipios en esta situación. Nariño 5, seguido de Chocó Córdoba Huila y Sucre con 4 municipios. Los demás registran 3 o menos.

•

El departamento del Valle registra 2 municipios entre los 100 con mayores tasas de desplazamiento (Buenaventura y Cali que son ciudades tradicionalmente receptoras de población desplazada). Pero, como ya se anotó, la Ciudad de Cali es la segunda ciudad receptora en todo el país y concentra mas del 7% de todos los desplazados del periodo

Una primera conclusión que arroja este panorama es que, si bien el desplazamiento sigue registrando una alta dispersión territorial, existen regiones especialmente afectadas que demandan un examen detallado de la relación entre desplazamiento y conflicto armado. En los informes de CODHES, correspondientes al año 2004 y primer trimestre de 2005 se ha llamado la atención sobre una serie de regiones particularmente afectadas por el conflicto armado interno en las cuales se despliegan las estrategias militares del Estado colombiano así como las de los grupos armados convirtiéndolas prácticamente en laboratorios de guerra, en los que las garantías de la población civil se ven afectadas drásticamente. Los casos más emblemáticos son la región de influencia del Plan Patriota, la extensión del conflicto y los cultivos de uso ilícito a Nariño, el Oriente Antioqueño, la Región de Catatumbo y el Corredor pacífico.

En otra regiones la crisis pone en evidencia el fracaso del gobierno para hacer cumplir el cese del fuego pactado con los grupos paramilitares, ya que se han producido masacres de población indígena sin que haya enfrentamientos armados (Guajira) o se han dado cruentos enfrentamientos armados entre los mismos grupos paramilitares (Casanare). Adicionalmente, la problemática de los desmovilizados genera nuevos problemas de garantías y de convivencia en las regiones, con mayor razón en un momento en el que la desmovilización y a desarticulación de los grupos paramilitares no esta garantizada. En este sentido, el comportamiento regional del desplazamiento mantiene la tendencia de los últimos semestres. El siguiente cuadro muestra precisamente los departamentos en los cuales existen municipios que se ubican en el rango de las primeras 100 tasas locales mas altas para el periodo 2003-2005.

Distribución departamental de los 100 municipios con mayores tasas de desplazamiento forzado por trimestre 2003 2004 2005 Total DEPARTAMENTO I II III IV I II III IV I II casos* ANTIOQUIA 14 17 14 10 11 10 12 10 7 7 112 META 6 2 8 10 11 6 10 6 13 9 81 NARIÑO 6 8 11 11 4 10 6 7 13 5 81 CAQUETÁ 3 6 3 3 5 11 7 3 6 6 53 PUTUMAYO 6 8 7 4 7 5 5 3 3 8 56 N. SANTANDER 5 7 2 4 4 8 4 3 6 6 49 CAUCA 3 3 5 3 4 4 2 3 4 9 40 CESAR 8 7 7 7 8 4 1 4 2 6 54 SUCRE 5 5 3 5 7 2 4 4 4 4 43 CASANARE 3 3 4 1 3 7 7 1 2 3 34 BOYACÁ 3 1 3 2 1 5 4 6 2 3 30 CUNDINAMARCA 4 4 3 8 5 0 3 4 5 3 39 CHOCÓ 5 1 4 3 2 4 3 4 3 4 33 HUILA 2 3 3 5 6 4 2 2 2 4 33 BOLIVAR 6 1 2 4 5 0 5 3 4 2 32 SANTANDER 0 3 3 3 3 2 1 6 5 1 27 TOLIMA 1 2 1 2 2 2 1 4 6 3 24 ARAUCA 2 5 2 1 3 1 5 6 0 1 26 GUAJIRA 5 3 5 3 2 3 2 3 1 2 29 CORDOBA 2 2 1 1 2 2 1 2 0 4 17 GUAVIARE 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 16 VAUPES 0 0 0 0 0 2 2 3 2 2 11 VALLE DEL CAUCA 3 1 1 2 0 0 2 2 2 2 15 QUINDÍO 0 0 2 0 1 1 1 2 2 1 10 MAGDALENA 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 CALDAS 0 1 2 0 0 1 3 1 0 1 9 RISARALDA 2 3 0 2 1 1 1 1 1 0 12 GUAINIA 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7 VICHADA 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 7

ATLANTICO BOGOTÁ AMAZONAS

0 0 1

0 0 0

1 0 1

2 0 0

0 0 0

1 0 0

0 0 0

2 1 0

0 0 0

6 1 2

Cuadro elaborado a partir de de los reportes trimestrales de desplazamiento del SISDHES-CODHES. El número total de casos contabiliza eventos en los que los municipios aparecen dentro de este rango en cada trimestre, independientemente de que se repitan algunos municipios, dada la continuidad de la situación que genera desplazamiento.

Si se desagrega esta información de acuerdo con la frecuencia con la que los departamentos registran localidades entre las 100 tasas mas elevadas del país, se puede ver nítidamente, la continuidad de formas intensivas de desplazamiento en algunos casos, el crecimiento del problema en otros e incluso la reducción o comportamientos cíclicos en algunas zonas del país. Los siguientes gráficos muestra en orden sucesivo y descendente y en grupos de cinco, los departamentos en los que se producen las situaciones más fuertes de desplazamiento en los trimestres correspondientes a 2004, 2004 y el primer seme4stre de 2005:

Los 5 departamentos con mayor indice de desplazamiento (Enero 2003 a Junio de 2005) 18

Municipios 100 primeras tasas

16 14 12 10 8 6 4 2 0 1

Trimestres 2003-junio 2005

ANTIOQUIA

META

NARIÑO

CAQUETÁ

PUTUMAYO

Este grafico muestra las zonas de mayor intensificación del conflicto y el desplazamiento. De una parte la zona del Oriente Antioqueño en la que hoy se desarrolla un complejo pulso militar, que da lugar a todas las manifestaciones de la crisis humanitaria. Asesinatos selectivos y presencia paramilitar, continuidad de la presencia insurgente; desarrollo de operaciones ofensivas por la Fuerza Pública y operativos de detención masiva de civiles; Bloqueos alimentarios, controles drásticos de la movilidad de las poblaciones paros armados, enfrentamientos militares, minad de

campos, etc. La situación del Oriente Antioqueño ha sido critica, prácticamente desde el año 1999 y e el año 2002 llegó a tener 16 municipios entre los 50 mas críticos. En 2003 se produjo una disminución relativa pero aun así fue el Departamento con más localidades en esa situación. En los últimos 6 trimestres la situación se mantiene y se agrava en algunas localidades como Remedios y Segovia, pues como lo denunció recientemente el alcalde de este municipio, la población de esta regin rural ha pasado de 12 mil personas en el año 2000 a aproximadamente 2000 en 2005. La otra región gravemente afectada son los departamentos de la zona de influencia del Plan Patriota. Allí las políticas de fumigación masiva de cultivos y el despliegue masivo de fuerzas militares ha producido cambios en las dinámicas del conflicto armado y una fuerte presión sobre la población civil que huye de los enfrentamientos entre al Fuerza Pública y la guerrilla de las FARC. En términos generales los departamentos de Caquetá Meta y Nariño muestran un crecimiento exponencial del desplazamiento forzado, asociado al desarrollo de operaciones militares, enfrentamientos armados, amenazas a la población, detenciones masivas arbitrarias y demás prácticas generalizadas en este periodo. El caso del departamento de Nariño es emblemático de las consecuencias de la política del Plan Colombia pues a ese departamento se han trasladado muchas de las dinámicas de conflicto y de cultivos de uso ilícito, intensificando el conflicto y convirtiendo al departamento en un laboratorio de guerra. Del mismo modo Putumayo muestra el rigor de las dinámicas de reactivación insurgente en esta zona que fue el epicentro del Plan Colombia desde el año 2000.

Segundo grupo de 5 departamentos según el índice de desplazamiento (Enero 2003 a Junio de 2005)

Municipios 100 primeras tasas

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1

Trimestres 2003-junio 2005

N.SANTANDER

CAUCA

CESAR

SUCRE

CASANARE

El segundo grupo de municipios muestra las condiciones de intensificación y continuidad del desplazamiento en otros contextos regionales: La región de catatumbo, la costa atlántica y mas recientemente el departamento del Cauca. En la costa caribe llama la atención la continuidad de altas tasas de desplazamiento en departamentos como el Cesar y Sucre, pues la tendencia general de la región ha mostrado en los últimos dos años una distensión relativa, luego de un periodo de procesos de desplazamiento masivo en el periodo 1999-2002, particularmente en regiones como Bolívar, Córdoba y Magdalena. En estos departamentos, durante los últimos años, el desplazamiento se explica básicamente por la dinámica de los asesinatos selectivos. Sin embargo en 2005 aparecen de nuevo episodios de enfrentamiento armado en Bolívar y Magdalena. En términos generales, las regiones de mayor presencia paramilitar tienen otras características. Allí el paramilitarismo desarrolla nuevas modalidades de control de los recursos regionales, busca homogeneizar políticamente los territorios presionando la expulsión de fuerzas políticas y sociales que no comparten sus designios y en general han permeado las instituciones locales. La dinámica de los asesinatos selectivos ha reemplazando las tradicionales masacres colectivas pero aun se presentan casos de ese orden. Pero dado que el conflicto colombiano es de naturaleza irregular, prácticamente no existe un dominio pleno y permanente de los grupos armados sobre los territorios. Por ello no hay regiones en las que no haya modalidades de presencia de todos los grupos.

Tercer grupo de 5 departamentos según índice de desplazamiento (Enero 2003 Junio de 2005)

Municipios 100 primeras tasas

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1

Trimestres 2003-junio 2005

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

CHOCÓ

HUILA

BOLIVAR

Cuarto grupo de 5 departamentos según índice de desplazamiento (Enero 2003 a Junio de 2005)

Municipios 100 primeras tasas

7 6 5 4 3 2 1 0 1

Trimestres 2003-junio 2005

SANTANDER

TOLIMA

ARAUCA

GUAJIRA

CORDOBA

Este análisis de las localidades mas afectadas por la intensidad del desplazamiento proporciona un indicador para dar cuenta de la heterogeneidad del conflicto y el desplazamiento forzado, pero a su vez de carácter estructural de la crisis humanitaria. El mapa del conflicto armado mantiene sus tendencias observadas en el trimestre anterior: repliegue de la guerrilla de las FARC hacia departamentos del oriente del país (Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía) e intensa ofensiva militar contra batallones, bases militares y estaciones de policía en el sur, acompañados de ataques a bienes protegidos de la población civil (Nariño y Putumayo). Del mismo modo aparecen nuevos episodios de confrontación entre el ELN, la Fuerza Pública y los grupos paramilitares en departamentos como Bolívar. Entre tanto, las AUC consolidan su presencia en el norte (departamentos de la Costa Atlántica como Sucre y Atlántico, otros como Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Magdalena, Córdoba, Santander) y nor-oriente colombiano (Norte de Santander, Cesar, Arauca). También se mantiene las tendencias a la expansión del conflicto en el suroriente del país, que configuran situaciones de riesgo para comunidades indígenas que habitan en zonas rurales parques naturales y regiones de frontera. Zonas de profundización de conflicto en las que la confrontación armada se recrudece en regiones en las que el conflicto se mantiene a pesar de las políticas de seguridad Zonas en las que se registra una continuidad de los rasgos del conflicto como el Oriente Antioqueño o la Costa Atlántica, pese a que allí se desarrolla las principales experiencias de desmovilización de los grupos paramilitares.

De acuerdo con algunas investigaciones, pese a las desmovilizaciones efectuadas y a la entrega de armas que estas han conllevado, la estructura paramilitar permanece intacta, y su radio de acción se ha extendido de manera tal que ha logrado permear espacios cada vez más amplios de la vida social, económica y política colombiana. Existen numerosas denuncias respecto de la apropiación irregular de recursos del Estado por parte de los grupos paramilitares. El Ministerio Público ha denunciado que pese a ellas y a la evidente injerencia de las AUC en el manejo de dichos recursos, las investigaciones no avanzan en la muestra de resultados. La presunta connivencia de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares ha sido señalada en el 95% de las casi 900 investigaciones iniciadas en virtud de las denuncias elevadas ante la Procuraduría General de la Nación. Las denuncias comprometen a funcionarios y servidores públicos de distintas organismos o entidades del Estado como la Fiscalía, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y mandatarios y funcionarios adscritos a entidades territoriales en general. También ha dejado de ser subrepticio el enlace existente entre el orden paramilitar y los circuitos comerciales y grandes proyectos agroindustriales de diversa índole. Esta vinculación ya se ha hecho evidente en el manejo de la siembra extensiva de palma aceitera en el Urabá y la compra de tierras a precios irrisorios para el desarrollo del mismo proyecto agroindustrial; el control y propiedad sobre los juegos de azar; el manejo del portafolio de contrataciones de las ARS; el cobro de vacunas al contrabando de gasolina; el monopolio sobre el contrabando del arroz para el lavado dineros producto de ilícitos; el cobro de vacunas sobre la compraventa de productos agrícolas y el control de la distribución sobre los mismos; y la construcción de redes de información a partir de grupos de mototaxistas.12 Es de conocimiento público que las redes del narcotráfico y el crimen organizado se han extendido, y que operan conjuntamente con grupos armados irregulares para el contrabando de armas, municiones, precursores químicos y comercialización de estupefacientes en las fronteras: Norte de Santander, Cesar, Guajira, Putumayo y Urabá chocoano principalmente. Así mismo, de cara a la futura contienda electoral en el país, la estructura paramilitar subyacente ha venido desarrollando una estrategia de copamiento de los espacios locales de participación a través de la intervención cívica masiva, la presión y al miedo generado en virtud del imaginario comunal que persiste sobre la existencia de una estructura militar no visible.

El Tiempo. Sábado 16 de Julio de 2005

La participación de los grupos de desmovilizados en esta estrategia ha sido fundamental según diversas denuncias. El proyecto político liderado por los desmovilizados, que inicialmente ha sido implementado en Medellín, tiene vocación de ser replicado por integrantes del Estado Mayor de las AUC, negociadores en Santa fe de Ralito, en sus zonas de influencia. Con ello se evidencia una vez más la falta de seguimiento y de un control civil a los compromisos suscritos por los grupos de desmovilizados. La dinámica observada responde más a un proceso de reincorporación con actividades y objetivos redefinidos que a una desmovilización. Para muchos, los procesos de desmovilización lejos de producir el desmantelamiento de la estructura paramilitar la fortalecen en su expansión y en su esquema político, al diversificar la tarea de quienes en un momento eran sólo combatientes, y convirtiéndose en vehículo para incorporar más integrantes a través de incentivos económicos pagados con recursos del Estado destinados al proceso de Paz, tal y como lo denunció recientemente la Gobernación de Antioquia. Frene a estas realidades, el discurso de negación de la existencia de un conflicto armado y de una crisis humanitaria o la pretensión de cerrar el espacio para las iniciativas sociales que desarrollan procesos de resistencia a la guerra, aparece como una caricatura trágica. Situación en las fronteras: el cerco se cierra Las condiciones de seguridad personal en estas regiones no han mejorado mostrando que la falla del Estado en su deber de protección persiste a pesar de la creciente militarización, de la creación de nuevos batallones y operativos militares, y pese a los acelerados avances del proceso de desmovilización de combatientes paramilitares, principalmente del Bloque Sur en Nariño y el Bloque Catatumbo en Norte de Santander. Por el contrario, ha aumentado el grado de vulnerabilidad de las comunidades asentadas en esas zonas, y con ella, los niveles de riesgo para las mismas. Son varios los factores que, asociados al escalamiento del conflicto armado, han venido configurando esta situación: Primero, en las zonas de frontera la población civil se encuentra bajo el control casi exclusivo de sectores militares para quienes la prioridad es proteger el territorio y los recursos más que a la población civil. Mediante la política de seguridad democrática el gobierno está convirtiendo a estas zonas en plataformas para adelantar operaciones militares y en territorios donde la organización social y los procesos participativos se ven amenazados por los intereses de seguridad nacional impuestos por el gobierno en la frontera. Esto se expresa en la creciente militarización de ambos lados de la frontera13 y en casos de arbitrariedad cometidos por la Fuerza Pública. 13

El caso de la comunidad de paz de San José de Apartadó no ha tenido respuesta por parte del gobierno nacional a pesar de las presiones internacionales para protegela. Al contrario, continúa la intensificación de las acciones militares por parte del Ejército y enfrentamientos con la guerrilla en la zona rural durante el mes de mayo. La comunidad se ha visto presionada por miembros de la Fuerza Pública que adelantan constantes interrogatorios y les sindican de colaborar con la guerrilla. De otro lado, continúan los enfrentamientos entre los frentes 5 y 57 de las FARC y el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, por el control del río Atrato, agudizando el desplazamiento forzado que sufre la región. En regiones de la Orinoquía y Amazonía, esta situación afecta principalmente a comunidades indígenas donde la creciente militarización en ambos lados de la frontera y el repliegue de la guerrilla configuran condiciones de riesgo para estos grupos étnicos que habitan en las zonas rurales y van ocasionalmente a los cascos urbanos. En estas regiones prevalece una política de seguridad basada en el control de alimentos, comercio, transporte y combustible; que ha resultado en incremento de los precios de alimentos y transporte, distintas formas de bloqueo y en general dificultades para acceder a la ayuda humanitaria sujeta a la discrecionalidad de la Fuerza Pública. Esto está generando vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y distintas formas de bloqueo principalmente en Carurú departamento de Vaupés, en Puerto Leguízamo departamento de Putumayo. Además el repliegue de la guerrilla a zonas rurales y áreas de reserva donde ya empieza a reportarse cultivos de uso ilícito14. Una de las principales víctimas del conflicto armado acaecido en el norte del país son las comunidades y resguardos indígenas, quienes se han visto seriamente afectados. Durante este trimestre la comunidad Wayuu de la Alta Guajira fue víctima de la masacre de 12 indígenas de su comunidad, y de numerosas amenazas y hostigamientos perpetrados por los paramilitares. En la zona ya no quedan sino 5 familias de las 70 que antes habitaban el lugar. La mayoría se han refugiado en Venezuela, donde han llegado alrededor de 888 indígenas Wayuu15. Aunque el gobierno ha estado gestionando el retorno, la comunidad se niega al retorno por considerar que aún no existen las condiciones de seguridad necesarias para ello. La ONIC ha denunciado el desplazamiento de cerca de 300 indígenas Wiwa que intensificado con el fin de desmantelar las redes de tráfico de armas de Centroamérica a Colombia y de drogas de Colombia a Centroamérica. Para el mes de abril se detuvieron más de diez personas entre panameños y extranjeros. Según el ministro de Gobierno y Justicia de Panamá, Héctor Alemán se está combatiendo a los grupos transnacionales que quieren utilizar a Panamá como corredor para el tráfico de armas y drogas. 14

En el departamento de Amazonas se registra militarización en todas las cabeceras corregimentales, presencia del frente amazónico de las FARC en la zona norte y media, tráfico de drogas, armas y maderas por el río Putumayo en frontera con Perú. El crecimiento de cultivos de uso ilícito en un 25% en el 2004 respecto del 2003. 15

La Vanguardia. Colombia. Abril 20 de 2005. 3a.

desde marzo se encuentran en Riohacha y reveló el asesinato ocurrido el 29 de abril de un menor de edad de la misma comunidad16. El 16 de mayo fue desaparecido en el departamento de La guajira Pedro Zarabata Pinto, líder indígena Kogui17. Por su parte, un resguardo indígena de Arauca ha sido víctima de ataques guerrilleros donde han sido asesinados 3 de sus miembros, y desaparecidos otros 3 más. Para finales del mes de junio unos 80 aborígenes de este resguardo estaban hacinados en la Casa Indígena de Tame y 20 más se refugiaron en otros resguardos. En la comunidad sólo quedaron unas 20 personas 18.

Segundo, la continua la expansión de redes del narcotráfico articuladas con los grupos armados irregulares por el litoral pacífico, traslado de curvos y la resiembra; lo que ha resultado en un deterioro de la situación humanitaria en la región y muestra que la política de erradicación forzada no es una respuesta suficiente para combatir el fenómeno que está en estrecha relación con el conflicto armado. Las cifras dan cuenta de la movilidad de los cultivos y alta motivación de campesinos cultivadores, ya que cerca del 60% de los lotes de coca en el país son nuevos. Este aumento se registró en departamentos de las cuencas de los ríos Orinoco (Amazonas, Guainía y Vaupés) y los principales departamentos con mayor área cultivada son Meta, Guaviare, Nariño y Caquetá. El incremento más importante lo reportaron en el nororiente Arauca y Guajira. Nariño no sólo es una zona donde los cultivos de coca se están expandiendo, también es el centro más importante de producción de drogas ilícitas del país. El informe también reporta siembra en 13 de los 50 parques naturales, pero estos representan sólo el 7% del total de cultivos de coca en el 2004. A pesar que el censo del 2004 presentó una reducción menor en comparación con los años anteriores -pasando de 86 mil hectáreas en 2003 a 80 mil el año pasado- “a mayor existencia de cultivos, mayor es el tamaño de los grupos armados con presencia al nivel de municipios, ya que en los municipios con presencia de cultivos hay un promedio de 100 personas alistadas en los grupos armados, a diferencia de los municipios sin cultivos, donde el promedio es de 40 personas”. Esto indica que la implementación de medidas de seguridad integral es vital para el control sostenible de la droga.

Tercero la expansión del crimen organizado que traspasa las fronteras nacionales, se filtra en la economía local de países vecinos y opera conjuntamente con grupos armados irregulares que se financian también del contrabando de armas, municiones, precursores químicos y comercialización de estupefacientes en las fronteras. Al respecto varios estudios dan cuenta de la existencia de 100 rutas de tráfico de armas, municiones y drogas en los más de 6 mil kilómetros de frontera de

16 17 18

Actualidad Étnica. Abril 29 de 2005. Informador. Colombia. Mayo 27 de 2005. 7a. El tiempo. Colombia. eltiempo.com. Abril 27 de 2005.

Colombia. Las zonas más afectadas son Guajira, Putumayo y Urabá chocoano.

Norte de Santander, Cesar,

Cuarto, el desbordamiento del conflicto armado y su impacto internacional que se manifiesta en desplazamientos transfronterizos, cuyas repercusiones están afectando las relaciones internacionales de Colombia con los países vecinos. Esta tendencia se refleja en la presencia e incursión armada de grupos irregulares en Ecuador y Venezuela; el traslado de cultivos de coca en Perú (14% en 2004 respecto del 2003) y expansión en ese país de redes del narcotráfico que están comercializando la hoja de coca para procesamiento del alcaloide. Esto ha generado un cierre de fronteras por parte de los gobiernos de países vecinos para evitar el desbordamiento del conflicto en sus territorios. En Venezuela se denuncia la continua presencia del ELN en pueblos venezolanos como San Vicente de la Revancha y Río Chiquito19, y la captura de paramilitares colombianos20 con presencia en la línea fronteriza del estado de Amazonas de Venezuela (Caño Yagua – Municipio de Atabapo)21. El río orinoco y sus afluentes en territorio colombiano siguen representando importantes corredores de armas y coca para la guerrilla. Al respecto se registra en este trimestre el decomiso de armas y uniformes provenientes de Venezuela22. De otro lado se reportan enfrentamientos entre la fuerza pública del vecino país y el ELN23 y la posterior activación del Plan Soberania, un plan de patrullaje puesto en marcha por la Fuerza Armada de Venezuela para reforzar la seguridad fronteriza24. A esto se suma una filtración en la economía que las autoridades venezolanas han identificado una creciente presencia de miembros del cartel de Medellín y de Calí en San Cristóbal y Ureña, quienes adelantan actividades económicas para el lavado de activos. En Ecuador y Perú el desbordamiento del conflicto se expresa en la presencia de campamentos guerrilleros sobre el río Putumayo en localidades de Tipisca, Cantagallo, Puerto Nuevo, entre otras25. De otro lado, se reporta la construcción de diez nuevos corredores que conectan a Colombia con Ecuador, y 10 nuevos pasos fronterizos utilizados por el frente 48 de las FARC para abastecimiento, contrabando de precursores químicos, armas, municiones, gas, víveres y la evacuación de guerrilleros heridos en combate. 19

Declaraciones televisadas del Gobernador de Táchira, Ronal Blanco La Cruz. El Universal. Venezuela. www.eud.com. 28 de mayo de 2005. 21 El Universal. Venezuela. www.eud.com. 17 de abril de 2005. 22 El Universal. Venezuela. www.eud.com. 29 de mayo de 2005. 23 El Universal. Venezuela. www.eud.com. 19 de mayo de 2005. 24 El Universal. Venezuela. www.eud.com. 26 de mayo de 2005. 25 A raiz de las declaraciones del alcalde de Puerto Asis, Jorge Coral, sobre la respuesta permisiva del gobierno ecuatoriano frente a esta situación y en las que afirma que las FARC realizaron los ataques a Teteyé desde territorio ecuatoriano; dos comisiones de verificación y observación se han realizado a la zona de frontera. En junio una patrulla de 40 guerrilleros de las FARC incursiono en la localidad de San Marcos, Ecuador, frontera con el Carchi. 20

Desplazamiento forzado En el primer trimestre de 2005 el número de personas desplazadas en los municipios fronterizos fue 5.354, mientras que para el segundo trimestre se observa un aumento de la cifra a 6.351 personas; esto significa que en los meses de abril, mayo y junio se desplazaron 997 personas más que las que se desplazaron en los primeros tres meses del año en las diferentes zonas fronterizas del país. Entre los 5 municipios fronterizos que mayor recepción de desplazados registran en este segundo trimestre, se encuentran Cúcuta con 2.368 (Norte de Santander) debido al incremento del desplazamiento intraurbano, se adelanta un proceso de desmovilización sin seguimiento por parte de organismos de control del Estado ni del gobierno nacional, se incrementan los asesinatos selectivos, persiste la falla del Estado en la protección a población civil de Tibú y La Gabarra. El segundo municipio froteriza con mayor número de personas en situación de desplazamiento se encuentra Ricaurte (Nariño) con 1.350 desplazados, seguido de Tumaco (Nariño) con 450 desplazados, Barbacoas (Nariño) con 267 desplazados y Curumaní (Cesar) con 193 desplazados. Como puede observarse el departamento de Nariño durante este semestre cuenta municipios gravemente afectados por el desplazamiento, respondiendo principalmente a hechos ocurridos por enfrentamientos y combates propios de la intensificación del conflicto. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) lanzó una alerta sobre la situación en Colombia, relacionada esta vez con el "deterioro de la situación humanitaria" en el departamento de Nariño. Representantes de la agencia humanitaria dijeron que en los tres últimos meses mil personas han sido forzadas a huir de sus hogares como resultado de los combates entre los grupos armados que operan en esa zona. De esos desplazados, al menos 400 no han recibido hasta ahora ningún tipo de ayuda, declaró un portavoz del Acnur en Ginebra. "Según una evaluación que hemos realizado junto con la Diócesis de Tumaco, el control del área todavía está en disputa, lo que aumenta las posibilidades de que se registren nuevos desplazamientos forzados de civiles inocentes", señaló el representante de ACNUR Ron Redmond.

Número de personas desplazadas por municipio de Fronteras Cifra Codhes (Recepción) 2005

Departamento AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS GUAINIA VAUPES VAUPES VAUPES VAUPES VAUPES NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO BOYACA CESAR CESAR CESAR CESAR CESAR CESAR CESAR LA GUAJIRA LA GUAJIRA LA GUAJIRA LA GUAJIRA LA GUAJIRA

Municipio LETICIA EL ENCANTO LA PEDRERA PUERTO ALEGRIA PUERTO ARICA PUERTO NARIÑO TARAPACA MORICHAL NUEVO MITU TARAIRA YAVARATE ACARICUARA VILLA FATIMA BARBACOAS CUASPUD CUMBAL CUMBITARA IPIALES RICAURTE TUMACO ACANDI JURADO RIOSUCIO UNGUIA CUBARA AGUSTIN CODAZZI BECERRIL CHIRIGUANA CURUMANI LA JAGUA DE IBIRICO MANAURE LA PAZ BARRANCAS EL MOLINO FONSECA MAICAO SAN JUAN DEL CESAR

Frontera

Año 2005

Brasil Brasil Brasil

1 trimestre 15 0 0

2 trimestre 38 8 0

Brasil Brasil

0 0

Brasil Brasil

0 0

Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Panamá Panamá Panamá Panamá Venezuela

0 105 0 0

669 0 10 24 200 0 730 0 0 0 0 0

0 120 0 0 0 0 267 0 0 15 180 1.350 450 0 13 0 0 17

Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela

33 0 18 0

115 45 21 193

Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela

0 0 11 0 0 0 0

41 81 17 25 5 45 65

Venezuela 0

LA GUAJIRA LA GUAJIRA LA GUAJIRA NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER ARAUCA ARAUCA ARAUCA ARAUCA GUAINIA GUAINIA GUAINIA GUAINIA GUAINIA GUAINIA VICHADA VICHADA VICHADA VICHADA TOTAL

URIBIA URUMITA VILLANUEVA

Venezuela 0 Venezuela 0 Venezuela 0

0 10 0

CUCUTA

Venezuela 2.200

2.368

CONVENCION

Venezuela 321

EL CARMEN

Venezuela 0

143

HERRAN DE PUERTO SANTANDER DE RAGONVALIA DE TEORAMA DE TIBU DE TOLEDO DE VILLA DEL ROSARIO ARAUCA ARAUQUITA CRAVO NORTE SARAVENA INIRIDA SAN FELIPE PUERTO COLOMBIA LA GUADALUPE CACAHUAL PANA PANA PUERTO CARREÑO LA PRIMAVERA SANTA ROSALIA CUMARIBO

Venezuela 0

Venezuela 130

Venezuela 25

DE DE DE DE

Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela

38 35 20 0 50 500 0

42 87 33 11 68 180 0

Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela

0 0 0 0

Venezuela 30 Venezuela 0

35 0

Venezuela 0 Venezuela 190 5.354

0 45 6.351

Desplazamiento transfronterizo. El 20 de junio de 2005 se celebro el Día mundial del Refugiado. Según la Oficina del Alto Comisado de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, para el primer trimestre del 2005, Francia fue el principal país receptor de refugiados y refugiadas en el mundo con 15.700 solicitudes de asilo. El segundo país receptor fue Estados Unidos con 13.600, seguidos por Reino Unido con 8.260 y Alemania con 6.660.

Estas cifras reflejan que las principales potencias económicas siguen siendo importantes receptores de población necesitada de protección, sin que exista una política de asilo clara desde el seno de la Unión Europea, ni una reflexión sobre el tema migratorio en escenarios donde se discuten tratados comerciales e integración económica, como la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Andina de Naciones ó las comisiones de negociación del TLC y ALCA en América Latina. En total desde al año 2000 hasta diciembre del año 2004, 104.474 colombianos han solicitado asilo en el mundo. Teniendo en cuenta el endurecimiento de la política migratoria de los países industrializados, puede decirse que esta población enfrenta dificultades para acceder a un estándar básico de derechos e integración social en esos países. Además se ven expuestos a la trata y el tráfico de personas, a la explotación laboral y a vulneración de derechos sexuales y reproductivos en menores de edad. A pesar del incremento en las solicitudes de asilo hacia Venezuela y Ecuador, el aislacionismo de Colombia y el desbordamiento de conflicto, ha generado un endurecimiento de las políticas migratorias desde los países vecinos, que tienden a privilegiar la figura del refugio temporal para atender casos de afluencia masiva, apunta a un retorno rápido y tiende a invisibilizar los desplazamientos o casos individuales. Migración forzada hacia Ecuador En América Latina, la población colombiana es la que representa la mayoría de solicitantes de asilo. Ecuador encabeza la lista de países que reciben población colombiana que huye del conflicto armado. Según datos de la Cancillería Ecuatoriana, desde al año 2000 hasta el 31 de mayo han recibido 32. 475 solicitudes de asilo de colombianos, seguido por Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y España. En general para le trimestre se observa un incremento de desplazamientos transfronterizos desde Nariño debido a los intensos combates en esa frontera. Los indígenas de la etnia Awa presentan una situación de vulnerabilidad particular. La crisis humanitaria en la frontera se ha incrementado y las condiciones de seguridad para refugiados y refugiadas colombianas en la zona les obliga a buscar un tercer país. Esta situación refleja el desbordamiento del conflicto en territorios vecinos. Los combates entre el Ejército y las Farc por control de territorios estratégicos para el negocio de las drogas en Cumbal, Ricaurte y Barbacoas, municipios del sur de Nariño han provocado desplazamiento forzado hacia las áreas urbanas cercanas. Aproximadamente 1350 indígenas del pueblo AWA (resguardos de Cuchilla del Palmar, Magui, Cuascubi, Paldubi, Pialapi – Pueblo Viejo, La esperanza, Nulpe Alto del municipio de Ricaurte Nariño y corregimiento de Altaquer del municipio de Barbacoas) abandonan sus territorios para salvaguardar su vida. Según la ONIC, unos 116 indígenas tuvieron que huir hacia Ecuador por temor a verse involucrados en los enfrentamientos.

La Diócesis de Tulcán registro el paso de 26 indígenas AWA del departamento de Nariño hacia territorio Ecuatoriano por presiones de grupos armados.

Solicitudes de colombianos en el mundo País Receptor

Estados Unidos Canadá Costa Rica México España Reino Unido

Solicitantes Colombianos de asilo Acumulado 2000-2004 31071 13082 11000 277 8511 7513

Solicitudes de refugio países vecinos. Solicitudes 2004

PANAMA El número total de refugiaos reconocidos 811 ECUADOR BRASIL

387 personas

Solicitud es aceptada s 2004

250 personas

Solicitud es negadas 2004

137 personas

Solicitud es primer Semestre 2005

Aceptad as primer Semestr e 2005

Negadas primer Semestr e 2005

Corte 31 mayo

Corte al 31 de mayo 113 personas

Corte al 31 de mayo 52 personas

al de

165 personas

En tramite o pendient e 2005 Corte al 31 de mayo 393 personas acumulad o SI

7.935 2.420 4.200 2.819 1.364 1.590 solicitudes solicitudes solicitudes En los dos últimos años han sido aceptadas 105 solicitudes de refugio correspondientes a personas colombianas. En el año 2004 se reasentaron 75 refugiados provenientes de Ecuador y Costa Rica.

VENEZUELA El total acumulado desde el año 2000 ACNUR ha procesado 5321 solicitudes.

4.130 estudiados por la CNR (481 personas)

PERU

191 personas 1100 personas

COSTA RICA

Acumulad o 245 personas

Acumulad o 202 personas.

48 personas 710 personas

En reconsider ación 34 casos. 6 personas 390 personas

3649 casos aún esperan su decisión.

81 personas SI

SI, Sin Información.

Fuentes Panamá. Consulta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ecuador. Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina para los Refugiados. Destacamos que esta institución coincide en un 98% con ACNUR. Brasil. www.unhcr.org sección Colombia. Venezuela. Comisión Nacional para los Refugiados. Perú. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Costa Rica. Oficina Nacional de Migración y Refugio, Departamento de Refugiados

Migración forzada hacia Panamá Durante el trimestre continuaron registrándose solicitudes de refugio de colombianos en Panamá, como consecuencia de la situación de conflicto armado. Hasta el 31 de mayo según la oficina de ACNUR Panamá, existen 811 refugiados reconocidos; desde el 1 enero al 31 de mayo, 165 personas solicitaron refugio, de las cuales fueron aceptadas 113 y se encuentran en tramite o pendiente de reconocimiento un acumulado de 393 personas en total. La cifra de solicitudes negadas durante el 2005 ha disminuido y algunas negadas en el primer trimestre fueron reconsideradas y admitidas al trámite, según Gonzalo Vargas Llosa representante de ACNUR-Panamá. Según el Vicariato del Darién las comunidades de Barranquillita, Tupiza y Tuqueza están devolviendo a los colombianos sin que se sepa a cencia cierta si son solicitantes de refugio. Por otro lado, continúan entrando refugiados a Panamá, no sólo se encuentran entre ellos campesinos de las regiones fronterizas sino que ahora también se encuentran exfiscales y pequeños empresarios que huyen del país por causa de las amenazas y las extorsiones.

Migración forzada hacia Venezuela Durante el trimestre se registra una gran afluencia de colombianos hacia el estado de Zulia y Táchira. La mayoría provienen de Guajira, Magdalena, Cesar y Córdoba. El Instituto Zuliano de Estudios Fronterizos y comisionado regional de fronteras, señala que para principios del mes de junio se registró un acumulado de 880 personas que solicitan refugio y que han entrado por Machiques, la Guajira y por el Municipio Jesús María Semprún, huyendo del conflicto armado colombiano26. Fuentes como El Tiempo han indicado la existencia en estos estados de 3 pueblos 100% colombianos que han sido fundados a lo largo de los últimos 6 años (Naranjales, El Cruce y Caño Gaital)27.

26 27

El Universal. Venezuela. www.eud.com. 29 de mayo. El tiempo. Colombia. eltiempo.com. Junio 12 de 2005.

Migración forzada hacia Perú. En la frontera Ecuador- Perú Los solicitantes de refugio colombianos vienen para acogerse a la figura de reasentamiento, la mayoría ha solicitado asilo en Ecuador28. Todos los solicitantes de refugio reciben la atención de la CEPR y les otorgan una Autorización Temporal para trabajar, también tienen una protección temporal mientras la CEPR (Comisión de Elegibilidad Peruana sobre Refugiados) toma decisión sobre las solicitudes. A las personas reconocidas como refugiados, les otorgan un Carné de Extranjería, con el que legalizan su situación migratoria en el país y pueden residir y trabajar. En la frontera del Putumayo-Perú Esta frontera es muy poco accesible debido a su ubicación geográfica en región selvática y apartada. En esta zona las autoridades gubernamentales e instituciones que prestan ayuda humanitaria, reconocen la presencia de ciudadanos colombianos desde hace dos años29. Sin embargo, estos no han recibido aun ayuda humanitaria. Migración forzada hacia Brasil La oficina de ACNUR en Brasil asiste a los colombianos asentados en el estado de Río Grande, en la región Nordeste del Brasil. (Río grande, Sao Paulo, Porto Alegre). Las autoridades brasileñas han anunciado su disponibilidad de aceptar, al menos 275 refugiados reasentados para el 2005. Aunque el número de llegadas actual dependerá de los fondos que ACNUR logré conseguir para el programa. EL primer grupo de 18 refugiados fue formalmente aceptado en febrero de 2005, dando cuenta de una solucion para algunos refugiados. El grueso de solicitantes y población necesitada de proteccion sigue enfrentando dificultades. Migración forzada hacia Chile El secretario ejecutivo de la Vicaria de Pastoral Social de Santiago de Chile sostuvo que Chile es un país que regularmente recibe refugiados colombianos. Durante el mes de mayo 29 personas colombianas provenientes de Ecuador, solicitaron refugio en Chile. Este caso visibilizo la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los y las migrantes en América Latina ya que este caso se identifico como un caso de tráfico de

Varios de ellos se quedan en las ciudades fronterizas, donde son entrevistados por personal de ACNUR y trasladados a Lima para ser entrevistados por la Comisión Permanente para Refugiados de la Cancillería, que es el órgano competente del gobierno nacional para tramitar y evaluar las solicitudes de Refugio, así como dar trámite a otros asuntos relacionados con los refugiados 29 Según información recogida en trabajo de campo por CODHES en las comunidades de Puerto Libertad y Nueva Esperanza (Perú) a 25 minutos de puerto Leguizamo (Putumayo) se encuentra cerca de 17 familias que necesitarían ayuda y protección del gobierno peruano.

personas30. En Chile hay aproximadamente 600 refugiados de América, Asia y África y sus necesidades son atendidas por la oficina de ACNUR Chile, Gobierno nacional y la Vicaria de Pastoral Social. Respuesta internacional La respuesta internacional refleja que las tensiones políticas entre gobiernos de Ecuador y Venezuela con Colombia y el desbordamiento del conflicto armado a territorios vecinos están resultando en un cierre de fronteras progresivo y una posición basado en la aplicación restrictiva del Derecho Internacional de los y la Refugiadas. Las repatriaciones de colombianos y colombianas en situación irregular como una opción para exigir del gobierno colombiano corresponsabilidad en la atención al fenómeno migratorio, son un ejemplo de ello y en algunos casos pueden atentar contra la seguridad personal de los y las colombianas que salieron huyendo del conflicto a ese país. La figura de refugio temporal la están aplicando los gobiernos de Venezuela, Perú y Panamá. De otro lado, se observa que hay una mayor afluencia de personas colombianas que buscan reasentarse en los países del cono sur, como una alternativa o solución al incremento de la crisis humanitaria en las fronteras con Colombia e incluso en las capitales de los países vecinos.

Ecuador El nuevo gobierno ha respondido frente al refugio y al conflicto armado interno con medidas que están configurando un cierro progresivo de la frontera y que se fundamentan en una relación distinta a la que el gobierno colombiano ha mantenido, frente a los temas de seguridad mencionados. En el tema migratorio, el desbordamiento de la capacidad institucional de Ecuador para responder al fenómeno y las tensiones políticas con el gobierno colombiano sobre la forma en que el gobierno ecuatoriano esta enfrentando el conflicto armado31; conllevaron a la posibilidad de adoptar medidas drásticas como la solicitud de visa a nacionales colombianos que quieran ingresar a territorio ecuatoriano y a exigir del gobierno colombiano corresponsabilidad en materia de prevención y atención a refugiados y refugiadas. El Ministro de Ecuador de gobierno Mauricio Gándara indicó que no existe ningún acuerdo tácito de libre incursión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el régimen. 'Respetamos la no intromisión, la autodeterminación. No vamos a meternos en el problema colombiano', subrayó.

Noventa y ocho colombianos fueron victimas de la estafa al pagar instancias de la ONG "Despertar a defender nuestros derechos", supuestamente debían desplazarse a Canadá en calidad de refugiados y terminaron en Quito, Ecuador. 31 Específicamente respecto de la declaratoria del canciller Parra Gil de Ecuador sobre la neutralidad de ese gobierno frente al conflicto colombiano.

El canciller de Ecuador señaló que “Colombia debe ser correponsable económicamente en el caso de los refugiados de ese país en Ecuador.(…)Colombia tiene que cooperar en la solución de los problemas de sus ciudadanos a los que nosotros acogemos con los brazos abiertos”. En cuanto a la situación de ciudadanos ilegales de ese país, Parra consideró que se analiza la posibilidad de repatriar a los colombianos indocumentados que, según cifras no confirmadas, podrían llegar a los 700.000. “Si son emigrantes ilegales habrá que ponerlos en la frontera”, expresó Parra. Datos oficiales consideran que en Ecuador viven de manera legal unos 50.000 colombianos, mientras que otros 30.000 habrían solicitado refugio entre enero del 2000 y diciembre del 2004, de los cuales Quito ha reconocido a unos 9.000. Parra indicó que “hay una serie de procedimientos que se estudian. No es una decisión en este momento (establecer) la visa”. La canciller colombiana Carolina Barco manifestó que no es conveniente implementar la visa para personas colombianas que quieren ingresar a territorio ecuatoriano y que es contraproducente para las relaciones económicas.

Venezuela Continúa el cierre del paso fronterizo y los controles migratorios establecidos desde enero del año en curso, a pesar de que el gobierno colombiano solicitó a los mandatarios vecinos la reactivación de permisos fronterizos y la construcción de un nuevo puente que conecte Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira, sin lograr ninguna negociación efectiva. Al contrario, dichos controles se incrementan, en junio se adelantó el bloqueo del paso desde la capital araucana y las zonas de Saravena y Arauquita, donde hoy en día hay presencia del Ejército Venezolano y de la Guardia Nacional que solo permiten el tránsito de quienes tengan cédula venezolana y visa32. Sin embargo, es importante resaltar la activación de espacios de dialogo entre los dos gobiernos para tratar el tema migratorio. La reunión binacional de autoridades ministeriales y operativas sobre el memorando de entendimiento de afluencia de desplazados, celebrada el 27 de mayo. Este encuentro tuvo como intención primordial concretar posiciones en relación con el refugio y frente a un plan conjunto en materia de provisión de alimentos, seguridad y salud. Para ello se conformó una Secretaría Técnica Regional encargada de operar el tema hacia el futuro33.

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El tiempo. Colombia. eltiempo.com. Junio 12 de 2005. El Universal. Venezuela. www.eud.com. 28 de mayo.

Panamá El argumento principal para aprobar las solicitudes de Protección de Refugiados se basa en la reunificación familiar34. El Alto Comisionado plantea diferentes alternativas al gobierno panameño entre las cuales está un convenio entre ACNUR y el gobierno panameño en el que este último cambie el estatus de protegidos humanitarios temporales por el de refugiados a estos colombianos. Así mismo ACNUR se compromete a brindar ayuda humanitaria a los beneficiarios por un período de tiempo determinado, pues asegura que “mientras no san legales están condenados a la pobreza” al no poder trabajar ni desplazarse libremente.35 ACNUR-Panamá esta solicitando al gobierno de Martin Torrijos acelerar el proceso de cambio de estatus de 831 colombianos que están en el Darién y en la provincia de Kuna Yala en el lado panameño de la frontera , en vista de que se encuentran “bajo protección temporal” sin garantía para acceder a los derechos propios de una ciudadanía integral; en contraste con la situación de aquellas personas reconocidas formalmente como refugiados36. Además, la situación de seguridad de las zonas de donde provienen esas personas, no ha mejorado. En Panamá son varios los colombianos que hacen parte de un proyecto humanitario de ACNUR supervisado la Fundación Pueblos del Bosque en Darién y Kuna Yala. Este proyecto les ha dado la posibilidad de subsistir a través de un programa de microcrédito por medio del cual cosechan arroz y maíz en La Bonga. Sin embargo, continúan con miedo, temen ser víctimas de ataques de los actores armados, principalmente de paramilitares que se desplazan por la zona fronteriza. Los refugiados aseguran que no quieren retornar37. Sin cuentas claras La dimensión estructural de este problema contrasta con la precariedad política, financiera e institucional de la política pública, como se ha puesto en evidencia a través del proceso de la sentencia T025 de 2004 de la Corte Constitucional, que reconoce la existencia de un “Estado de Cosas inconstitucional” respecto de las condiciones y las garantías para los derechos de los desplazados.

PANAMÁ AMERICA: Abril 26 de 2005, “Guerrillas y narcos escogen a Panamá: rebeldes colombianos mantienen células en Centroamérica y Panamá para intercambiar drogas por armas”. 35 Diario Panamá América, Junio 21 de 2005: “Caso de desplazados en Panamá es un ejemplo”. 36 ACNUR, Junio 24 de 2005: “ACNUR urge a Panamá a otorgar refugio a colombianos que viven en su territorio”, en www.acnur.org 37

Diario Panamá América, Junio 20 de 2005: “Proyectos de La Bonga” y “Con temor aún pero no vencidos”

Durante el segundo trimestre de este año la Corte Constitucional colombiana convocó a una audiencia pública en el marco de la Sentencia T025 de 2004, considerando que existían serias contradicciones entre los informes de cumplimiento presentados por la RSS, y los informes de seguimiento que sobre el asunto ofrecieron tanto el Ministerio Público como la defensoría del Pueblo, el ACNUR, Codhes y otras organizaciones sociales interesadas en que se establezcan soluciones reales a la problemática. Entre los puntos que Codhes ha señalado como fundamentales en el cumplimiento de la Sentencia se encuentra el tema de la estimación del esfuerzo presupuestal y la disposición efectiva de los recursos; la prevención al desplazamiento forzado, y el funcionamiento del Sistema Único de Registro. El tema presupuestal •

En la audiencia llevada a cabo el día 29 de junio, el Departamento Nacional de Planeación presentó una nueva proyección del esfuerzo presupuestal en la que se concluye que el gobierno nacional requiere de 4.5 Billones de pesos para atender a 1.542.915 personas registradas hasta el mes de octubre de 200438. De acuerdo con el Gobierno el 70% de dichos recursos ($3.15 billones de pesos) se aportarían desde el nivel nacional; las entidades territoriales participan con un 15% ($675 mil millones), y el 15% restante se conseguiría a través de la cooperación internacional. Según se explica, en lo correspondiente al nivel nacional un 20% lo constituye el presupuesto de 2005 para desplazados (465,4 mil millones) y el presupuesto calculado para 2006 ($415,5 mil millones). En total $880.931 millones. El 50% restante ($2,25 billones) se cubrir con dos diferentes fuentes de recursos; un 31% (1.4 Billones) con el acuerdo entre entidades del SNAIPD para priorizar inversión en población desplazada, suscrito en el documento Conpes próximo a emitirse; y el 19% faltante (($866 mil millones) de los procesos de recuperación de la tierra: vía extinción del dominio o por Ley de Justicia y Paz. Estos últimos serán entregados en la medida en que el gobierno vaya teniendo acceso a ellos.

En relación con el tema y de cara a la audiencia, el gobierno finalmente ha respondido a las críticas reconociendo que aún falta mucho por hacer pero a la vez afirma de manera reiterativa que ha destinado 3 veces más recursos en atención a población desplazada que los gobiernos que le antecedieron. Para Codhes sería irresponsable admitir sin más el panorama que el gobierno nos presenta. 38

En la proyección del esfuerzo presupuestal expuesta en enero de 2005 por el DNP el monto requerido para atender el mismo número de personas era de 4.8 Billones. No obstante, en su Auto de 27 abril de 2004 la Corte había abierto la posibilidad de que el esfuerzo presupuestal era una proyección susceptible de ser ajustada en la medida que el sistema de registro permanecía en proceso de depuración.

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En primer lugar, porque se debe partir de que existe una cifra acumulada de personas inscritas en el Sistema Único de Registro –SUR– de la RSS (1´642.242 personas a junio 30 de 2005), y que a un gran porcentaje de ellas no les han sido resarcidos sus derechos de manera ni siquiera mínima, tal y como lo evidenció el proceso de caracterización realizado por esa entidad. Visto desde esta perspectiva, no tiene caso que el actual Gobierno Nacional afirme de manera escueta que ha destinado 3 veces más recursos que los gobiernos anteriores, puesto que no se trata simplemente de una comparación entre montos sino de la relación de estos montos con el número de población registrada. El gobierno actual tiene la obligación de responder por el resarcimiento de los derechos de un conjunto de población mucho más amplio que el registrado en el anterior gobierno, que responde a una cifra acumulada y que tiende al crecimiento. Así, la exigencia mínima es que el incremento de los montos para la atención refleje la notable acumulación de personas en situación de desplazamiento con necesidades y derechos insatisfechos. La búsqueda principal de la sentencia es el resarcimiento de los derechos de unos ciudadanos y ciudadanas afectados por el desplazamiento forzado, y en tal sentido la respuesta no puede ni debe quedarse en la medición de porcentajes como un buen indicador de las intenciones gubernamentales, sino que debe fundamentarse en la satisfacción cualitativa y real de los derechos de quienes han sido objeto de vulneraciones sistemáticas de los mismos.

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Segundo, porque se obra con ligereza al querer dividir en dos la historia de la atención a desplazados, estableciendo de manera simplista una escisión entre los recursos invertidos por las anteriores administraciones y los destinados por la actual, obviando que la política de atención al desplazamiento debe considerarse una política de Estado de mediano y largo plazo cuyo objetivo esencial es buscar la realización efectiva de los derechos vulnerados.

En lugar de ello, el manejo de las cifras de inversión en atención a población desplazada ha estado respondiendo a un juego contable. Dentro de los recursos que se muestran como ya invertidos se incluyen partidas que fundamentalmente se han dirigido a financiar programas que benefician de manera genérica a población pobre o vulnerable. Si bien con estos rubros se amparan las necesidades de un porcentaje de población desplazada, a partir de los datos proporcionados por el gobierno no es posible distinguir de manera clara cuál es la inversión efectiva que se ha destinado de manera concreta y específica a la población desplazada y cuál la inversión que beneficia a la población pobre en general.

Este es un punto importante de discusión, pues se desconoce el carácter prioritario de la atención al desplazamiento forzado que ha sido reconocido de manera reiterativa en la jurisprudencia constitucional. Para cumplir las órdenes de la Corte el Gobierno nacional expidió el documento Conpes Social No. 9039 y el Decreto 250 de 2005 (Plan Nacional de Atención). Ambos contemplan el principio de complementariedad, refiriéndolo a aquellos recursos que debe aportar los municipios para atender las personas que estando bajo su jurisdicción no están cobijadas por un régimen de seguridad social o no cuentan con un cupo educativo. En este caso no se trata de la emisión extraordinaria de transferencias sino de la obligación de los municipios de destinar partidas propias. En última instancia, el gobierno no allega nuevos recursos sino que impulsa la redistribución de los que existen, pero sobre una base más amplia de población vulnerable. En términos concretos, esto significa que el gobierno plantea un ejercicio de redistribución de la pobreza. Para Codhes, ese es el sentido que el Gobierno nacional le quiere adjudicar al principio de solidaridad con el fin de justificar sus determinaciones. Redistribuir con solidaridad no debe implicar la competencia entre los más necesitados por un conjunto de recursos escasos. La redistribución con solidaridad –que no es sólo de bienes si no también de cargas– debe promoverse frente a relaciones sustancialmente inequitativas como, por ejemplo, la que existe entre las condiciones y los recursos que se proponen para atender a población desplazada y aquellas que se han ofrecido y se siguen ofreciendo para el buen funcionamiento del sistema financiero, el comercio exterior y el desarrollo industrial, y el mantenimiento de la guerra. Cada vez son más las situaciones que revelan para la población desplazada un trato inequitativo por parte del gobierno nacional. Por ejemplo, en el marco de la audiencia el ministro de Hacienda expuso ante la Corte Constitucional las dificultades para garantizar los recursos proyectados para atención a población desplazada, justificándose en las difíciles condiciones financieras y presupuestales del país, y específicamente, en la programación ya establecida sobre la destinación de recursos originados en la tributación.

“Distribución del sistema general de participaciones. Vigencia 2005”, enero 31 de 2005.

No obstante, justo 10 días después, y en vísperas de su visita a España, el Presidente de la República sancionó la Ley 963 ( de 8 de julio de 2005) por medio de la cual se otorga a los inversionistas en Colombia la garantía de no aplicar a sus contratos de inversión suscritos y por suscribirse, cualquier modificación adversa que se origine en Leyes o actos administrativos posteriores a ellos y que se relacionen con prescripciones o normas que hayan sido estimadas como determinantes para la inversión 40. En otras palabras el gobierno nacional se encuentra en la posibilidad de asumir un alto nivel de riesgo41 sobre las inversiones en el país pero le es presupuestalmente imposible responder de manera integral por la atención a población desplazada. En un país con los niveles de inequidad que observa el nuestro, garantizar la seguridad jurídica de manera selectiva se determina como un acto ilegal, como una afrenta a la democracia y como una vulneración directa a los derechos humanos. •

Respecto de los recursos con los que el gobierno espera respaldar la atención, hay que aclarar que gran parte de las fuentes responden a simples expectativas, como ocurre con los fondos producto de la expropiación de tierras por vía de extinción de dominio, gestión que ha sido calificada por la Contraloría General de la Nación como una de las más ineficientemente asumidas por el Gobierno Nacional, por cuanto a un año de finalizar su mandato sólo ha logrado adjudicar 5300 hectáreas de las 15000 que prometió.

Ver Ley 963 de julio 8 de 2005. Ley de Estabilidad Jurídica para los Inversionistas en Colombia. Diario Oficial 45.963 41 Cuando se habla de asunción de riesgos no se hace referencia sólo a los meramente económicos originados de la relación contractual, si no a aquellos que se surgen del desarrollo de los proyectos de inversión misma; piénsese si se quiere en el caso de la siembra extensiva de Palma aceitera, con daños comprobados en el ecosistema y en la vida de las comunidades. Respecto de la siembra de Palma, la Resolución Defensorial No 39 de junio 2 de 2005 recoge las afirmaciones consignadas en el estudio del instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, de acuerdo con las cuales (…..) ”los terrenos en los que se ha cultivado palma africana se convierten en “desiertos verdes”, debido a que cualquier otra especie vegetal diferente de la palma desaparece. Los suelos cambian sus características empobreciéndose y la capacidad de los mismos para la agronomía se pierde. Las raíces de la palma alcanzan distancias largas en busca de agua y nutrientes, esto puede generar redes que tapizan el subsuelo de los cultivos extrayendo de manera intensiva esos recursos. Durante largos periodos de tiempo los suelos son sometidos a esa presión lo que resulta en suelos cansados, pobres y físicamente modificados.”

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Es decir, sólo ha podido avanzar en un 35% de la meta de extinción propuesta al inicio de su administración. Algo similar ocurre con los recursos que se espera recaudar a través de la expropiación de tierras en virtud de los mecanismos ofrecidos en la Ley de Justicia y Paz, pues lo único realmente claro en el estatuto es que el agresor no está obligado a decir la verdad, y esto incluye la verdad sobre los bienes que usurpó o adquirió de manera ilícita, lo que a la postre se traduce para el gobierno en probabilidades vagas de expropiar.

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Finalmente, no hay que olvidar que desde de la fecha límite de registro – octubre 31 de 2004- tomada por DNP como base para la proyección del esfuerzo presupuestal, y hasta junio 30 de 2005, han sido incorporadas al SUR – de acuerdo con la RSS - otras 99.327 personas42, las cuales requerirían, en cálculos no exactos, la apropiación de poco más de 300 mil millones de pesos para una atención en los mismos términos y en igualdad de condiciones respecto del grupo incluido en la proyección. Hasta ahora dentro de las previsiones económicas hechas por el gobierno nacional no se contempla esa cifra adicional.

¿De qué prevención hablamos? El gobierno nacional persiste en desconocer la existencia de un conflicto armado en el país a través de la institucionalización de un lenguaje político y jurídico con el que intenta prescindir de la terminología relacionada con el tema. A pesar de esta decidida y reiterada intención del ejecutivo, lo cierto es que las acciones prescritas tanto en la Ley 387 de 1997, como en el Plan de Desarrollo 2002-2006, o en el decreto a través del cual se declaró el estado de conmoción interior –estos dos últimos instrumentos normativos sancionados por el Presidente Álvaro Uribe - surgen, de acuerdo con su motivación, como estrategia para contrarrestar lo efectos del conflicto armado en el país. Lejos de ofrecer un escenario armónico para la búsqueda de soluciones duraderas e integrales a la crisis humanitaria y de derechos humanos, desconocer que nuestro país vive y sufre un conflicto armado interno, es una decisión política que agudiza el estado de cosas inconstitucional generador de vulneraciones de los derechos de la población desplazada o en riesgo de desplazamiento. Si bien el gobierno nacional está en libertad de hacer la interpretación política que quiera en relación con la situación colombiana, existen límites a tal interpretación, generalmente inscritos en el marco de protección establecido en los diversos instrumentos internacionales y nacionales, ratificados por Colombia.

Para el total acumulado a junio 30 de 2005, ver http://www.red.gov.co

Aún cuando la sentencia de la Corte está construida sobre el referente del reconocimiento del derecho internacional humanitario, el gobierno ha impulsado la creación de programas como las redes de informantes, que generan desconocimiento e incumplimiento de obligaciones consignadas en ese marco de protección y frente a las cuales no se contemplan instancias de control de las instituciones civiles. En este mismo contexto las detenciones masivas y arbitrarias, al igual que los allanamientos, han sido causa de numerosos desplazamientos. Este tipo de acciones son ejecutadas en las zonas de más alta confrontación, que son a la postre las de más alta expulsión de población. Codhes dijo en su Boletín No. 58 de mayo 1º de 2005, que de acuerdo con la tendencia del desplazamiento forzado observada durante el primer trimestre del año, era posible concluir que la gente estaba huyendo, entre otras zonas, de aquellas asociadas al despliegue de la ofensiva del Estado contra la guerrilla a través del Plan Patriota implementado en Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, y de las operaciones militares en Norte de Santander, Arauca, zona de la Sierra Nevada y zona de Montes de María, Caquetá, Sur del Valle y Norte del Cauca. El panorama que hoy se observa es de continuidad y profundización en términos de las causas. Otro de los aspectos a revisar en relación con el tema de prevención es el Sistema de Alertas Tempranas. Los sucesos de los últimos meses, que han involucrado la toma de poblaciones y varios ataques a la población civil, como el caso de Toribío en el Cauca, o el de Bojayá en el medio Atrato, han puesto en tela de juicio la operatividad y funcionalidad del SAT. Hoy, además del desplazamiento, la constante son los confinamientos y bloqueos a población que, en zonas como el medio San Juan (Chocó) o el Catatumbo (Norte de Santander), se han hecho más agudos con la presencia de la fuerza pública. Persiste el desconocimiento de las declaraciones de autonomía expresadas por varios grupos de población frente al conflicto armado, y de su decisión soberana de permanecer en los territorios que ocupan. A diario, los miembros de estas comunidades son inducidos a incorporarse al programa de soldados rurales y a redes de información, y son sometidos frecuentemente a presiones ejercidas por los grupos armados ilegales para que hagan parte de sus filas. Disminución de la cifra de desplazamiento a través del rechazo de la inscripción en el registro Codhes ha manifestado en varias ocasiones que la política del gobierno nacional opera también a partir de la disminución de la cifra de nuevos desplazamientos por la vía del rechazo injustificado de las solicitudes de inscripción en el Registro Único (Boletín no. 58 de Mayo 1º de 2005).

En el último año Codhes ha recaudado datos en los departamentos de Chocó y Norte de Santander, donde el rechazo de solicitudes de registro alcanza el 54%, y en ciudades como Bogotá, epicentro receptor de personas en situación de desplazamiento, donde alcanza el 52%. Recientemente se han podido obtener datos de la oficina de la RSS en el departamento del Huila, los cuales constatan un nivel de rechazo del 47%, y del Distrito Turístico de Cartagena, donde los rechazos corresponden a un 45%. Es de anotar que en la mayoría de los casos los criterios aplicados para el rechazo son desconocidos; en general son producto de prácticas locales que no atienden a una directiva nacional legítima y legal, sino a condiciones políticas –muy relacionadas con el contexto de conflicto armado- y a la capacidad financiera para la atención. Otra de las prácticas denunciadas por Codhes ha sido el desconocimiento de eventos de desplazamiento, como el ocurrido en el Medio San Juan. En este caso fueron 600 las personas desplazadas cuyo registro sólo se produjo seis meses después de los hechos, y como producto de las presiones ejercidas por las organizaciones sociales. Surge finalmente dos preguntas frente al sistema de registro e información consolidado por la RSS; la primera es si ¿ las declaraciones entregadas por la población desplazada como requisito para ser inscrito en el registro tienen la vocación de derivar en denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación?. Y la segunda es que si esto es así, ¿cuántos son los procesos que hasta el momento cursan en este organismo por el delito de desplazamiento forzado por razones de conflicto armado, tipificado en el nuevo Código Penal sancionado por el Presidente Uribe Vélez? Proponer, proponer y proponer Ante las circunstancias anotadas Codhes ha considerado de fundamental importancia elevar ante la Corte unas solicitudes específicas: 1) Que la Honorable Corte Constitucional se sirva exhortar al Gobierno Nacional para que presente, en el término de 30 días, un proyecto de Ley que disponga un régimen tributario especial para asegurar recursos por 500 mil millones anuales, durante cuatro años, con destinación específica a la población desplazada en el marco del conflicto armado. El tributo deberá responder al criterio de progresividad, en la perspectiva de que recaiga sobre los sectores que se han beneficiado de la concentración del ingreso en la última década en el país y no sobre los sectores populares que han sido sistemáticamente afectados por las reformas laborales y tributarias implementadas durante la actual administración. Paradójicamente, el Presidente Uribe acaba de anunciar que presentará una iniciativa para incrementar la base gravable del IVA y disminuir el impuesto a la renta. Este hecho, sumado a los propósitos expuestos en la Ley 963 de 2005 – Ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia- reflejan una disposición del Gobierno a privilegiar a quienes detentan los medios económicos y a depositar

la cargar de la financiación sectores medios y bajos.

del Estado sobre los hombros de los

No deja de sorprender que el gobierno se muestre obsesivamente interesado en crear las condiciones de estabilidad jurídica para los inversionistas, a la vez que presenta a la corte la tesis según la cual no puede garantizar la seguridad jurídica para satisfacer el mínimo de derechos que se reclaman para los desplazados, con el argumento de que no cuenta con los recursos financieros, y sin mayor explicación de las razones por las cuales no se buscan fuentes alternativas de financiación Del mismo modo, el espíritu de la Corte Constitucional en el sentido de priorizar la inversión hacia las comunidades victimas del desplazamiento forzado debe entenderse como un mensaje de estimulo a la solidaridad en la sociedad colombiana. Pero no puede ser una autorización para incrementar la vulnerabilidad de los sectores pobres en beneficio de los grandes capitales, entre los cuales se ubican aquellos que se han robustecido con los bienes usurpados y despojados a la población desplazada. 2) Que la Honorable Corte exhorte al Gobierno nacional para que presente dicho proyecto con mensaje de urgencia, a fin de que el Congreso de la República lo debata y apruebe en un término de seis (6) meses. 3) Como quiera que por la vía del rechazo en el registro están siendo vulnerados los derechos de un gran número de personas en situación de desplazamiento, y toda vez que no existe claridad sobre los criterios en los que son sustentados los rechazos, solicitamos a la Corte que se sirva ordenar al SNAIPD la creación de un componente de rendición pública de cuentas, incorporado al SUR, que permita conocer el número total de personas rechazadas, las presuntas zonas de expulsión y su caracterización, las razones que llevaron al rechazo, los procesos administrativos adelantados en cada caso, la situación en la que se encuentran estas personas y su acceso a los servicios públicos y sociales. Así mismo, es importante crear mecanismos para garantizar el acceso público a la información relacionada con las políticas estatales en materia de derechos humanos y desplazamiento, toda vez que la propia Procuraduría General de la Nación encontró en este aspecto un obstáculo para realizar la evaluación de la política, y que la Alta Comisionada para los derechos Humanos de las Naciones Unidas cuestionó las falencias de los sistemas de información del Estado en materia de Derechos Humanos y estableció un conjunto de recomendaciones para superarlas.

4) También es importante que la Corte Constitucional establezca los mecanismos civiles para evaluar los programas de redes de informantes, delaciones y recompensas, a fin de evitar las eventuales violaciones al debido proceso y al Derecho Internacional Humanitario cometidas en los múltiples casos de detención de civiles, acusados de pertenecer a los grupos armados y luego liberados por falta de pruebas. Codhes ha conocido denuncias en relación con la amenaza, el desplazamiento o el asesinato de personas junto con sus familias, luego de la ocurrencia de este tipo de detenciones. Entendemos que las responsabilidades por la violación de Derecho Internacional Humanitario recaen también sobre los grupos armados ilegales pero consideramos que este tipo de medidas es muy importante para establecer las responsabilidades de los funcionarios públicos, para afirmar la legitimidad del Estado de Derecho en Colombia y para crear condiciones efectivas de prevención y protección de las comunidades. 5)

Finalmente Codhes considera que pese a los atributos y alcances de l a sentencia T-025 de 2004, es necesario tener en cuenta que en ella no se agota el marco de protección de los derechos de la población desplazada. Para nosotros el restablecimiento de población desplazada, asumido como un proceso, no debe perder de vista la relación de complementariedad práctica y discursiva que le vincula al concepto de reparación (entendida ésta como la articulación de medidas de restitución, indemnización y rehabilitación).

Definir acciones para el restablecimiento de la población desplazada, teniendo en cuenta el enfoque de reparación, pasa por identificar de manera objetiva las dimensiones reales del daño causado y sus consecuencias, de manera que se logre una respuesta adecuada, oportuna y pertinente, pero además proporcionada y legítima. La reparación económica es un componente importante pero no contempla los aspectos fundamentales que refieren a la reparación simbólica y cultural, la cual se encuentra usualmente asociada al esclarecimiento de la verdad sobre los hechos vulnerantes. En este sentido recomendamos tanto al gobierno Nacional como a la Corte Constitucional, desarrollar un cuerpo de interpretación específico para el desarrollo de los derechos de justicia transicional que logre repercutir en la formación de políticas publicas y vaya mas allá de las acciones que hoy configuran el mínimo vital. Lamentablemente no es este el espíritu de la recientemente aprobada Ley de Justicia y Paz. , entre otras cosas porque de acuerdo con ella el agresor sólo estaría obligado a responder con los bienes que hubiera obtenido ilícitamente. Recientes denuncias de conocimiento público señalan que durante los últimos años la tarea de los grupos armados – especialmente los grupos paramilitares- se ha orientado a la legalización de sus bienes a través del testaferrato y la diversificación de sus negocios.

Así las cosas, los bienes no obtenidos de manera lícita se pueden estar reduciendo simplemente a aquellos que por alguna razón no logren ser legalizados antes de culminado el proceso. Frente al problema las soluciones deben ser estructurales que no pueden construirse en tanto se siga negando la realidad, considerando el desplazamiento como una cuestión marginal en las prioridades de las agendas públicas y sociales. Con mayor razón, en momentos en que se desarrolla el proceso de diálogo con los grupos paramilitares que tienen una enorme responsabilidad en estos hechos. Si entendemos los desplazados no solamente como victimas sino como compatriotas constructores de nación, el desafió es aun mayor puesto la comprensión de la verdad de esta tragedia y la reparación de los daños se convierte en una coedición para construir una posibilidad efectiva de convivencia. Por todas estas razones creemos que las decisiones que adopte la Corte frente al cumplimiento de la Sentencia T-025 deben orientarse a la satisfacción de los derechos vulnerados desde un enfoque de reparación y en la vía de materializar los principios de verdad y justicia. Este informe fue elaborado con el apoyo de: Lutheran World Relief-LWR, Agencia Española de Cooperación Internacional-AECI, Consejería en Proyectos-PCS. Las afirmaciones aquí expresadas no comprometen en modo alguno a estas entidades.

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COMBATES Observatorio de DDHH. Vicepresidencia de la República. ABRIL - JUNIO DE 2005. Elaborado por: Diana Canizales

ABRIL FECHA

LUGAR

ACTORES

MUERTOS Y HERIDOS

02/04/2005

V. El Bizcocho, Alejandría (Antioquia) Cercanías de Itagüí (Antioquia) Condoto (Chocó)

Brigada IV del Ejército y FARC

3 Muertos FARC

02/04/2005 02/04/2005 03/04/2005 03/04/2005 03/04/2005 03/04/2005

03/04/2005

07/04/2005

GAULA y FARC Ejército y miembros de las Autodefensas V. La Arenosa, Zaragoza Soldados del Plan Especial (Antioquia) Energético Vial No. 5 y ELN V. Campo Hermoso, Tamara Grupo de Caballería (Casanare) Mecanizado No. 16 y ELN Área rural de los municipios de Batallón de Alta Montaña No. 17 Coyaima y San Antonio (Tolima) y ELN V. Paraíso, Fundación Batallón de Ingenieros No. 2 (Magdalena) Coronel Francisco Javier Vergara y Velasco y ELN C. Junín, Tumaco (Nariño) Brigada XXIX y un grupo de Autodefensas C. Caracolí, Soledad (Atlántico)

Ejército y FARC.

2 Muertos FARC 1 Muerto AUTODEFENSAS 1 Muerto ELN 1 Muerto ELN 1 Muerto ELN 2 Muertos ELN

1 Muerto AUTODEFENSAS

NO INFORMA

07/04/2005

V. Las Lajas, Popayán (Cauca)

Ejército y FARC

2 Muertos FARC

07/04/2005 07/04/2005

Área rural de Tunja (Boyacá) V. Brillante Alto, Puerto Rico (Caquetá)

2 Muertos ELN 4 Muertos FARC

07/04/2005

V. Vallejuelo, San Carlos (Antioquia)

08/04/2005

Cercanías a Calarcá (Quindío)

Ejército y ELN Batallón de Infantería de Montaña No. 36 "Cazadores" y facción del frente 6 de las FARC Batallón de Artillería "Coronel Jorge Eduardo Sánchez'" y un grupo de Autodefensas Policía de Carreteras y FARC

08/04/2005

San Sebastián (Cauca)

Policía Nacional y Grupo no identificado (intentaron entrar a la zona urbana)

10/04/2005.

V. San Pedro, Puerto Rico (Meta)

11/04/2005

Salina (Casanare)

11/04/2005

V. La Palma, C. El Cedro, municipio de Yarumal (Antioquia) V. El Cerro Paramito, Abriaquí (Antioquia) Quebrada Sabaleta, Valdivia (Antioquia)

Batallón de Contraguerrillas No. 32 "Héroes de la Uribe" y frente 43 de las FARC Batallón de Contraguerrilla No. 1 y miembros del ELN y de las FARC Brigada IV del Ejército y FARC

11/04/2005 11/04/2005

1 Muerto AUTODEFENSAS

1 Muerto Policía 2 Heridos Policía NO INFORMA

1 Muertos FARC

3 Muertos ELN 2 Muertos FARC 1 Muertos FARC

Brigada IV del Ejército y FARC

1 Muertos FARC

Brigada IV del Ejército y FARC

1 Muertos FARC

11/04/2005

V. La Comba, Santo Domingo (Antioquia)

Brigada IV del Ejército y ELN

1 Muertos ELN

14/04/2005

Sitio Hato Porvenir, Aguazul (Casanare) Solano (Caquetá),

Ejército y ELN

1 Muertos ELN

Fuerza de Tarea Conjunta del Sureste y FARC GAULA Caquetá y ELN

1 Muertos FARC 1 Captura FARC 4 Muertos ELN

Ejército y frente 58 de las FARC

1 Muertos Soldado 2 Heridos Soldados

Brigada IX del Ejército y frente 13 de las FARC División IV del Ejército y FARC (Durante operaciones de registro) Brigada I de Infantería de Marina y miembros de Autodefensas Brigada Móvil Nº 5 del Ejército y frente "Domingo Laín" del ELN Ejército y FARC

2 Muertos FARC

14/04/2005 14/04/2005 14/04/2005

14/04/2005 15/04/2005

V. Santo Domingo, Cartagena del Chairá (Caquetá) V. Bella Vista del corregimiento de San José de Apartadó (Antioquia) Timaná (Huila)

15/04/2005

V. Angosturas, San Juan de Arama (Meta) María La Baja (Bolívar)

15/04/2005

V. Los Andes, Tame (Arauca)

16/04/2005

Rural, San Luis (Antioquia)

17/04/2005

C. Cerro Caracol, San Onofre (Sucre) Rural, Los Palmitos (Sucre)

17/04/2005 17/04/2005

Afueras de Cúcuta (Norte de Santander)

Infantería de Marina y miembros de las Autodefensas Brigada I de Infantería de Marina y frente 35 de las FARC Batallón Maza y miembros de un grupos de Autodefensas,

6 Muertos FARC 3 Capturas FARC 1 Muerto AUTODEFENSAS

2 Muertos ELN 6 Muertos FARC 3 Muertos AUTODEFENSAS 2 Muertos FARC 5 Muertos AUTODEFENSAS

18/04/2005

V. El Molino, Cocorná (Antioquia)

18/04/2005

V. Barro Blanco, Barbacoas (Nariño)

18/04/2005

V. Argentina, Puerto Lleras (Meta) V. El Raiza, Carmen de Bolívar (Bolívar) V. Barro Blanco, Concepción (Antioquia) V. Socorro, San Pablo (Bolívar)

20/04/2005 20/04/2005

Batallón de Artillería No. 4 y frente "Carlos Alirio Buitrago" del ELN Caballería Mecanizado No. 3 y ELN

1 Muertos ELN

Brigada VII y un grupo de Autodefensas GAULA Antioquia y AUC

1 Muerto AUTODEFENSAS

1 Muerto FARC

20/04/2005

Guaimaral, zona rural de San Pedro (Sucre)

24/04/2005

Isla de El Charo, Saravena (Arauca)

Batallón de Artillería No. 4 y FARC Brigada V del Ejército y hombres al parecer, pertenecientes a los grupos de Autodefensas Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 4 y frente 37 de las FARC Grupo Mecanizado Reveiz Pizarro del Ejército y FARC

24/04/2005

V. San Juan, Copacabana (Antioquia) Abejorral (Antioquia) Selvas de los municipios de Caloto y Patía (Cauca) V. La Nutria del municipio de La Montañita (Caquetá

Brigada IV del Ejército y miembros de las Autodefensas Ejército y ELN Batallones de Infantería No. 8 y No. 7 y FARC y ELN Batallón de Contraguerrillas No 12 "Diosa del Chairá" y FARC

20/04/2005

24/04/2005 24/04/2005 24/04/2005

1 Muertos ELN

2 Muertos AUC

3 Muertos Civiles

NO INFORMA

2 Muertos FARC 1 Muerto Soldado 2 Muertos AUTODEFENSAS 2 Muertos ELN 4 Muertos Guerrilleros 1 Muerto FARC

26/04/2005

Cabeceras del Río Pescado, Valdivia (Antioquia) El Líbano, Florida (Valle del Cauca)

Brigada XI del Ejército y FARC

1 Muerto FARC

Ejército y FARC

2 Muertos FARC 1 Muerto Soldado

27/04/2005

Carretera entre Florida y Miranda (Cauca)

1 Muerto Soldado

27/04/2005

Jambaló (Cauca)

Ejército e integrantes de un Grupo Guerrillero (intentaban instalar un retén ilegal) Ejército y FARC

28/04/2005

Rural, C. Tacueyó, Toribío (Cauca)

Brigada III del Ejército y frente 6 de las FARC

28/04/2005

V. El Llanito, Cali (Valle),

III División del Ejército y FARC

30/04/2005

Segovia (Antioquia)

30/04/2005

Mesetas (Meta)

la Brigada XIV del Ejército y facción combinada de las FARC y el ELN Ejército y frente 40 de las FARC.

27/04/2005

6 Muertos FARC 1 Muerto Soldado 6 Muertos FARC (Presuntos) 5 Heridos Civiles (2 menores) 1 Herido Soldado 2 Muertos FARC 9 Muertos Guerrilleros

NO INFORMA

MAYO FECHA

LUGAR

ACTORES

MUERTOS Y HERIDOS

02/05/2005

V. La Amiguita, C. Palmarito, Pueblo Bello (Cesar) V. Palizada de El Carmen de Viboral (Antioquia)

Batallón de Alta Montaña No.6 del Ejército y ELN Brigada IV del Ejército y ELN

3 Muertos ELN

03/05/2005

Rural, Maní (Casanare)

1 Muerto Autodefensas

03/05/2005

V. La Victoria, Ipiales (Nariño)

03/05/2005

Santander de Quilichao (Cauca)

División IV del Ejército y Autodefensas del Casanare Grupo Cabal de Ipiales y frente 48 de las FARC Ejército y FARC

03/05/2005

Cañón del Mata, Rural, Segovia (Antioquia) C. San José de Yurumanguí, Buenaventura (Valle del Cauca) V. Potosí, Cajamarca (Tolima)

Batallón de Infantería No. 42 "Batalla de Bomboná" y FARC Ejército y la Armada, contra FARC. Brigada XIII del Ejército y FARC

V. Campeche, Valdivia (Antioquia) V. La Gallera, Argelia (Antioquia)

Ejército y frente 18 de las FARC Brigada IV del Ejército y frente 47 de las FARC

1 Muerto (Presunto miembro de las

08/05/2005

Planadas (Tolima)

Ejército y FARC

5 Muertos FARC

08/05/2005

V.-Buenos Aires, Miraflores (Guaviare)

Ejército y FARC

2 Muertos FARC

03/05/2005

05/05/2005 06/05/2005 06/05/2005

4 Muertos ELN

1 Muerto FARC 1 Muerto Suboficial 1 Muerto FARC (jefe de milicias de la columna móvil Jacobo Arenas) 3 Muertos FARC NO INFORMA 4 Muertos Soldados 1 Muerto Sargento 1 Muerto FARC

FARC)

08/05/2005 08/05/2005

Saravena (Arauca) Medellín (Antioquia)

08/05/2005

Rural, Cartagena del Chairá (Caquetá) Cumaribo (Vichada)

08/05/2005 08/05/2005 09/05/2005

Anorí (Antioquia) Vía Turbaco - San José de Chiquito (Bolívar)

09/05/2005 09/05/2005 09/05/2005

Río Verde, Dabeiba (Antioquia) San Pablo, en Santa Rosa de Osos (Antioquia) V. El Coco, Sonsón (Antioquia)

09/05/2005.

Rural, Astrea (Cesar)

10/05/2005 10/05/2005

10/05/2005

Ejército y FARC Ejército y milicias urbanas de las FARC Ejército y FARC

2 Muertos FARC NO INFORMA

Ejército y FARC

2 Muertos FARC

Ejército y ELN Infantería de Marina y guerrilleros de compañía Cimarrones del frente 37 de las FARC Ejército y 34 de las FARC Ejército y AUC

1 Muerto ELN 1 Muerto FARC

2 Muertos FARC

3 Muertos FARC 2 Muertos AUC

Brigada IV y frente 9 de las FARC Ejército y FARC

3 Muertos FARC

C. Santa Clara, Fundación (Magdalena) V. Cuatro Caminos, Ciénaga (Magdalena)

Ejército y 19 de las FARC

1 Muerto FARC

Ejército y ELN

1 Muerto ELN

Barrio Altamira, Fundación (Magdalena)

Ejército y AUC

1 Muerto AUC 3 Capturas AUC

1 Muerto FARC

10/05/2005

V. Madreseca, Anorí (Antioquia)

Batallón de Infantería No. 42 y ELN Brigada IV del Ejército y frente 47 de las FARC Ejército y frente 47 de las FARC

11/05/2005

V. La Gallera y Cuba, Argelia (Antioquia) V. El Coco, Sonsón (Antioquia)

1 Muerto FARC 1 Captura (Menor de edad) 3 Muertos FARC

Ejército y Autodefensas

4 Muertos Autodefensas

11/05/2005

Quebrada Tenendo, San Juan (Chocó), Puerto Rico (Meta)

Ejército y FARC

NO INFORMA

13/05/2005

V. El Jagual, Corinto (Cauca)

NO INFORMA

14/05/2005

Cumbal (Nariño)

15/05/2005

Rural, Cartago (Valle)

15/05/2005

Rural, Toribío (Cauca)

Brigada III del Ejército y frente 6 de las FARC. Grupo Mecanizado Cabal del Ejército y FARC Batallón Vencedores y Autodefensas Brigada III del Ejército y FARC

16/05/2005

inspección de Bajo Calima, El Dovio (Valle del Cauca) Serranía del Perijá, V. Matecaña, Becerril (Cesar)

11/05/2005 11/05/2005

16/05/2005

C. Atánquez, municipio de Valledupar (Cesar

16/05/2005

C. San José de Oriente, Robles (Cesar)

Infantería de Mariana y frente 30 de las FARC Comando de la X Brigada del Ejército y frente José Manuel Martínez Quiroz del ELN Batallón de Artillería No. 2 La Popa y frente 6 de diciembre del ELN Batallón de Artillería No. 2 La Popa y frente 41 de las FARC

1 Muerto ELN

2 Muertos FARC 2 Muertos Autodefensas 7 Muertos FARC 2 Muertos Militares 4 Heridos Militares 2 Muertos ELN

2 Muertos ELN

2 Muertos FARC

17/05/2005

Angosturas, Sabana de Torres (Santander)

Batallón de Infantería "Antonio Ricaurte" y frente 20 de las FARC

1 Muerto FARC (Presunto)

17/05/2005

V. Campo Hermoso, Toledo (Norte de Santander)

1 Muerto ELN

18/05/2005 18/05/2005

Las Rosas, Mesetas (Meta), V. San Nicolás, de Hato Corozal (Casanare) Inspección de San Antonio de Getuchá, Rural, Milán (Caquetá)

Batallón García Rovira y frente "Héroes y Mártires de García Rovira" del ELN Ejército y FARC Ejército y Autodefensas

19/05/2005

21/05/2005

Ituango (Antioquia)

21/05/2005 21/05/2005 21/05/2005.

Entre Lejanías y Mesetas (Meta) Tame (Arauca) Blanquizal, Medellín (Antioquia)

21/05/2005

Mazontes, Cocorná (Antioquia)

21/05/2005

V. San Miguel, del municipio de San Francisco (Antioquia)

22/05/2005

Las Marías, San Rafael (Antioquia) Donachuy, C. Durameina, Pueblo Bello (Cesar)

23/05/2005

Aeronaves militares contra una columna guerrillera que se desplazaba por las selvas del sur del país. Ejército y FARC Ejército y FARC Ejército y FARC Ejército y Autodefensas Ejército y frente Carlos Alirio Buitrago del ELN Ejército y frente 47 de las FARC Brigada IV del Ejército y frente 9 de las FARC Batallón de Alta Montaña No 6 y frente 59 de las FARC,

3 Muertos FARC 3 Muertos Autodefensas 16 Muertos Guerrilleros

15 Muertos FARC 3 Muertos Soldados 6 Muertos FARC 1 Muerto Soldado 6 Muertos FARC 1 Muerto Autodefensas 2 Muertos ELN 1 Muerto FARC 2 Muertos FARC 2 Muertos FARC

23/05/2005 24/05/2005

Ciénaga (Magdalena) Tibú (Norte de Santander)

Ejército y Autodefensas Ejército y FARC

1 Muerto Autodefensas 1 Herido Soldado

24/05/2005

Filo, El Playón (Santander)

1 Muerto EPL 1 Muerto Soldado

24/05/2005

V. El Coral, El Bagre (Antioquia)

25/05/2005

C. Madrid, El Carmen de Bolívar (Bolívar) Rural, Ovejas (Sucre)

Brigada V del Ejército y frente "Ramón Gilberto Barbosa Zambrano" del EPL Brigada XI del Ejército y frente 37 de las FARC Brigada I de Infantería de Marina y frente 37 de las FARC Armada Nacional y frente 35 de las FARC Ejército y frente "Carlos Alirio Buitrago" del ELN Ejército y guerrilleros del ELN y las FARC

28/05/2005 30/05/2005.

1 Muerto FARC 3 Muertos FARC 2 Muertos FARC

30/05/2005

V. Gaviotas, Granada (Antioquia) V. La Miel, Caldas (Antioquia)

1 Muerto ELN

30/05/2005

R. Miraflores (Guaviare)

Ejército y FARC

4 Muertos FARC

30/05/2005

C. La Gabarra, Tibú (Norte de Santander)

Batallón de Contraguerrillas No. 46 del Ejército y Columna móvil "Arturo Ruiz" del bloque Magdalena Medio de las FARC.

NO INFORMA

2 Muertos ELN 1 Muerto FARC

JUNIO FECHA

LUGAR

ACTORES

MUERTOS Y HERIDOS

01/06/05 01/06/05

Ejército y FARC Ejército y FARC

11 Muertos y FARC No informa

Batallón Nariño y ELN Ejército y Frente 35 FARC Ejército y Autodefensas Ejército y FARC

1 Muerto ELN 3 Muertos FARC 2 Muertos Autodefensas. 6 Muertos FARC

07/06/05

Calamar (Guaviare) V. Santo Domingo y La Suiza, Toribio (Cauca) Montecristo (Bolívar) El Cedro, Ovejas (Sucre) Monterrey (Casanare) Cercanas, San Luis y Sonsón (Antioquia) La Palomera, Caloto (Cauca)

7 Muertos FARC

07/06/05

Cienaga (Magdalena)

07/06/05

Valdivia (Antioquia)

09/06/05

Sta. Leticia, Coconuco (Cauca)

Policía y Columna Móvil Jacobo Arenas FARC Batallones Córdoba y Guajiros y Frente Francisco Javier Castaño ELN y Frente 19 FARC Brigada IV y Brigada XIV y Frente 36 FARC Brigada IX y Frente 13 FARC

10/06/05

Cantagallo (Bolívar)

10/06/05

11/06/05

V. Alto San Joaquín, Saravena (Arauca) Jambaló (Cauca) R. Cartagena del Chaira (Caquetá) Cantagallo (Bolívar)

11/06/05

V. Cartagueño, Quinchia

01/06/05 01/06/05 06/06/05 06/06/05

10/06/05 11/06/05

Brigada XIV y Frente “Héroes y Mártires de Sta. Rosa” ELN Ejército y Columna Che Guevara ELN Ejército y FARC Ejército y FARC Batallón Bomboná del Ejército y Frente “Héroes Sta. Rosa” ELN Ejército y Frente Oscar William

2 Muertos Guerrilleros

15 Muertos FARC 1 Muerto Soldado 6 Muertos FARC 3 Muertos presuntos insurgentes 1 Muerto ELN No informa 2 Muertos Militares 5 Muertos FARC 3 Muertos ELN 2 Muertos EPL

11/06/05 13/06/05 14/06/05 14/06/05

15/06/05 15/06/05 15/06/05 15/06/05 19/06/05 19/06/05 19/06/05 19/06/05 20/06/05 20/06/05

(Risaralda) Pensilvania (Caldas) Tarazá (Antioquia) Quinchía (Risaralda) Caserío, Paz de Ariporo (Casanare) Tibú (Norte de Santander) Bayano, Arenal (Bolívar) Delirio, Zambrano (Bolívar) V. Aguasvivas, Plato (Magdalena) Caserio San Pablo, Baraya (Huila) V. Cañaverales, Remedios (Antioquia) Jambaló (Cauca) V. Mata Oscura, Arauquita (Arauca) Corregimiento Sto. Domingo, Toribio (Cauca) V. Monte Redondo, Jambaló (Cauca)

EPL Fuerza Tarea Orión y FARC Brigada XI y FARC Tropas Gaula y EPL Ejército y facción Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba Ejercito y Frente 37 FARC Infantería y Frente 37 FARC Infantería y Frente 37 FARC Brigada II y Frente 37 FARC Ejército y Frente 17 FARC Brigada XIV y Frente 4 FARC

1 Muerto Guerrilla 1 Muerto FARC 2 Muertos EPL 8 Muertos Autodefensas

3 Muertos FARC 1 Muerto FARC 3 Muertos FARC 2 Muertos FARC 2 Muertos FARC 2 Capturas 2 Muertos FARC

Ejército y Frente 20 FARC Batallón Contraguerrilla Nº 49 y FARC Ejército y FARC

1 Muerto FARC 1 Muerto FARC 3 Muertos FARC

Ejército y FARC

1 Muerto FARC

DESPLAZAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS II TRIMESTRE 2005 Elaborado por: Diana Rivera EVENTO

MES

RECEPCIÓN

Nº PERSONAS

HECHOS

CONFIRMACIÓN

Comunidad de Paz San José de Apartado

Abril

Masivo, Intraveredal

Finca “La Holandita” San José de Apartado – Antioquia.

80 familias, aprox. 400 personas

SSH, Monitoreo SISDHES,

Vereda Cerro Azul

Abril

Masivo,

Cabecera municipal San Pablo – Bolívar

30 familias, aprox. 150 personas

Veredas La Esperanza, La Laguna, Zumbido y Loma Pueblito, en jurisdicción de Jambaló y los corregimientos de Pitayo y Oveja en el municipio de Silvia Dibulla

906 indígenas

El desplazamiento se presentó como una acción de resistencia por la decisión del Gobierno Nacional de enviar cuerpos de policía comunitaria al casco urbano. El desplazamiento se presentó como consecuencia de los enfrentamientos entre el ELN y el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC. Se teme que las familias continúen desplazándose hacia Barrancabermeja Desplazamiento de familias indígenas debido a los combates entre actores armados ilegales, con presencia en la zona

Cabecera Resguardo Jambaló

Vereda Croal

TIPO

del de

Abril

Masivo

83 personas

Desplazamiento de 83 personas, 41 niños y 42 adultos, entre estos algunos líderes indígenas (mamos) de la Vereda Corual. Los desplazamientos ocurrieron

SSH,

SSH

SSH Prensa. Tiempo 02/04/2005

Putumayo

Abril

------------

Sucumbios, El Carmen e Ibarra, Ecuador

Indeterminado

Carurú, Vaupés

Abril

Masivo

Cascos urbanos de Villavicencio, Mitú y san José del Guaviare

300 personas

Samaná

Abril

Masivo

Veredas Florencia y Berlín

5.000 campesinos

como consecuencia de fuertes presiones del frente 59 de las Farc, con presencia en la zona Desplazamiento de un número indeterminado de personas hacia las provincias del vecino país, debido a la presencia de grupos armados ilegales. De acuerdo a información de la OIM y autoridades locales, durante el mes de abril, rindieron declaración como desplazados ante el Ministerio Público, 51 familias de las cuales 50 han sido incluidas en el SUR. De acuerdo con información del SAT, los combates han causado el desplazamiento masivo. Así mismo se tuvo conocimiento sobre tres comunidades bloqueadas con cerca de 120 personas en Carurú. Desplazamiento de por lo menos 5.000 campesinos en su mayoría habitantes de los corregimientos de Pensilvania y Samaná, a los cascos urbanos de los municipios de Samaná y de Florencia. Los desplazamientos se presentaron como

SSH

SSH Prensa, Tiempo 28/04/05. (señala el caso)

Comunidad Cascajero Chocó

Abril

Masivo

BarranquillaAtlántico

24 indígenas

Mayo

Masivo

Argelia

798

del

Veredas el Pital, El Plan, Chamberí, El Perú, El Tesoro, La Gitana, Santa Inés, El Dragal, Buenavista, El Café, Buenos Aires, La Reina, La Marcela, Mesones, Rosario, Cauzal, Alto Bonito, las Margaritas y Santa Marta

consecuencia del inicio de las fumigaciones para erradicar la coca especialmente en la zona oriente. 24 integrantes de la comunidad indígena Cascajero, provenientes de la selva del Chocó, se encuentran en Barranquilla huyendo de la violencia que golpea su región. Los indígenas permanecen en el hogar El Buen Samaritano, donde les fueron practicados exámenes médicos. Del grupo, que planea emprender un nuevo viaje hacia Montería en las próximas horas, forman parte 10 niños, algunos de ellos recién nacidos. De las 49 veredas del municipio, 17 quedaron vacías luego del desplazamiento hacia la cabecera. De la vereda Santa Marta, no se tienen noticias desde hace una semana, campesinos dicen que allí se presentaron fuertes combates (Ejército, FARC). La mayoría de los caminos fueron minados por la guerrilla Farc.

SSH, Prensa, Heraldo 06/04/05.

Prensa. Colombiano 27/05/05. Monitoreo Sisdhes.

Vereda Cerro Azul

Mayo

Masivo

San Pablo Bolívar

Caldono, Jambaló Tacueyó

Toribío y

Mayo

Masivo

Toribío

7.000

Casos de Tibú, Sardinata, San Calixto, Arboledas y Teorema.

Mayo

-----------------

Norte de Santander. Cúcuta, Ocaña y Chinacota

138 personas (32 hogares), en el mes

Caso del corregimiento La Italia

Junio

Masivo

San José Palmar

1.200 personas

del

38 familias. Apróx. 190 personas

Los combates FARC – Auc y enfrentamientos con la fuerza pública ilegal generó en 2 de mayo el desplazamiento de 38 familias desde el corregimiento de Cerro Azul, en el municipio de San Pablo, Sur de Bolívar, hacia la cabecera de dicho municipio. Por lo menos siete mil personas de las comunidades de Caldono, Jambaló, Tacueyó Toribío se han concentrado en las áreas de Asamblea Permanente designadas por las autoridades indígenas, como consecuencia de los enfrentamientos entre el Ejército y las FARC. La RSS no reporta las causas del desplazamiento. Sin embrago, advierte que la situación se ha tornado critica para estas personas en Cúcuta y Ocaña ya que un grupo armado ilegal las intimida. Así mismo hay amenazas contra personeros para que no se formulen declaraciones. Estas personas salieron del corregimiento de la Italia a la cabecera municipal, el 28 de mayo. Las autodefensas

SSH. Vanguardia Liberal 04/05/05.

SSH

Defensoria Pueblo

del

llegaron al corregimiento secuestrando y amenazando a la población, lo que generó el éxodo. Junio

Masivo

Ricaurte Altaquer

Comunidad Puyeros. Arauca

Junio

Masivo

Indígenas Ricaurte

Junio

Masivo

Municipios Ricaurte Barbacoas

de y

1350 personas

Los enfrentamientos Monitoreo entre el Ejército y las Y Prensa. FARC en zona rural que une a los municipios de Ricaurte y Barbacoas, en el sur de Nariño, produjo el desplazamiento de las familias indígenas, que pertenecen a 7 resguardos de la zona y que se encuentran atemorizados ante la muerte de un indígena de la comunidad Pialapí a manos del Ejército. Las familias huyeron hacia el casco urbano de las poblaciones de Altaquer y Ricaurte.

Tame

33 familias. Aprox. 165 personas

Cumbal, Nariño

27 indígenas

Según la Defensoría Regional, 33 familias indígenas de la comunidad Puyeros se desplazaron hacia Tame el 24 de junio de 2005. Se desconoce el motivo de su desplazamiento. El Sistema de Información (Sisdhes) conoció que 27

Sisdhes.

Monitoreo Sisdhes

indígenas se vinen desplazando desde el municipio de Ricaurte ( por la situación de orden público que se vive en la zona), primero hacia Miraflores y después llegaron a Cumbal. Según el Personero estas personas se quedaron en este último municipio por 5 días y después volvieron a desplazarse; no se tiene confirmación hacia donde se dirigieron pero el funcionario presume que se movilizaron hacia Ipilaes o Pasto. Vereda Palestina, Vista hermosa (Meta)

Junio

Masivo

Puerto Lucas

200 familias. Aprox. 1.000 personas

A Puerto San Lucas llegaron más de 200 familias habitantes de la vereda Palestina, de Vistahermosa, donde tres personas murieron el martes pasado al caer en un campo minado sembrado por las Farc. Uno de los sobrevivientes a la incursión del martes, había denunciado que la guerrilla les exigió abandonar sus parcelas. Según el Alcalde de Vistahermosa, los

insurgentes amenazaron a los habitantes de Palestina con lanzar una bomba con productos quĂmicos, lo que forzĂł la huida de los labriegos.