BOLETÍN CODHES INFORMA #61 Situación de conflicto y desplazamiento en las fronteras... 2005 by CODHES

Codhes informa Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 61. Bogotá D.C., 15 de julio de 2005 codhes@codhes.org www.codhes.org

“Situación de conflicto y desplazamiento en las fronteras: el 1 cerco se cierra”

Dinámicas fronterizas del desplazamiento forzado y del conflicto armado colombiano durante el Segundo Trimestre del 2005. (Elaborado con base en fuentes secundarias y para algunas regiones con información de fuentes primarias)

Bogotá, julio de 2005

Este documento fue elaborado por el equipo de investigación del área de fronteras (Marcela Ceballos, Madeleine Ahumada, Zully Laverde y María Clara Melguizo). Fue posible gracias al apoyo de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Proyect Counselling Service (PCS) – Interpares y Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI). Los conceptos y afirmaciones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva de Codhes y no comprometen a las instituciones donantes. La información publicada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes puede reproducirse total o parcialmente citando la fuente e incluyendo nuestra dirección electrónica www.codhes.org.co

INDICE

“Situación de conflicto y desplazamiento en las fronteras: el cerco se cierra” ¡Error!

Marcador no definido.

Factores asociados a la crisis humanitaria en las zonas fronterizas _________________ 4 I.

Conflicto armado interno. _____________________________________________ 13 Zonas de profundización. _______________________________________________________ 16 Zonas de continuidad: __________________________________________________________ 20 Zonas de expansión del conflicto:_________________________________________________ 21 Desbordamiento del conflicto ____________________________________________________ 21

II. Desplazamiento forzado interno y transfronterizo. __________________________ 24 Desplazamiento en fronteras_____________________________________________________ 27 Casos emblemáticos ____________________________________________________________ 29 Desplazamiento transfronterizo. _________________________________________________ 35

III. Respuesta internacional ________________________________________________ 39 IV. Respuesta nacional: Sin cuentas claras ____________________________________ 42 V. Conclusiones y recomendaciones. _________________________________________ 42

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“Situación de conflicto y desplazamiento en las fronteras: el cerco se cierra”. Resumen Ejecutivo Las condiciones de seguridad personal en las regiones fronterizas no mostraron mejoría durante el segundo trimestre del año en curso. Los hechos registrados ratificaron que la falla del Estado en su deber de protección es estructural y que persiste. A pesar de la creciente militarización que es la principal estrategia de los programas de seguridad apoyados por el gobierno de Estados Unidos. En muchas regiones la crisis humanitaria se ha incrementado pese a los acelerados avances del proceso de desmovilización de grupos paramilitares, principalmente del Bloque Sur en Nariño y del Bloque Catatumbo en Norte de Santander. En otras, la guerrilla mantiene una intensa ofensiva y se reportan situaciones de degradación e intensificación del conflicto, en medio de un pulso militar sin aparente solución. El gobierno nacional responde a esto con la creación de nuevos batallones y operativos militares, insuficientes para proteger la población civil y controlar el territorio. Lo anterior está resultando en el asilamiento cada vez mayor de estas regiones respecto del resto del país y de los países vecinos, lo que contribuye al deterioro de las condiciones de vida en estas zonas. De otro lado, el conflicto muestra un desbordamiento hacia los países vecinos. Esta tendencia se manifiesta en el traslado de cultivos hacia Perú y Bolivia y en la expansión del narcotráfico. También en la articulación de redes transnacionales del crimen organizado con los grupos armados irregulares, quienes han encontrado en estas actividades una forma de diversificar sus fuentes de financiación. En su interés por mantener alejado el conflicto de sus territorios, los gobiernos de países vecinos tienden a responder con medidas cada vez más estrictas para regular los flujos migratorios y restringir la afluencia de solicitantes de asilo y refugiados(as) hacia sus territorios. Mediante un discurso que tiende a privilegiar el interés nacional y la soberanía en estos temas, los países vecinos exigen la corresponsabilidad del gobierno colombiano frente al conflicto armado y la crisis humanitaria para prevenir su impacto internacional. Los efectos de estas políticas en el cierre del espacio humanitario y del territorio en su dimensión binacional, han resultado en un cierre de fronteras ya que se dificulta la entrada a los países vecinos de quienes salen huyendo de la violencia. En síntesis, durante el trimestre abril a junio aumentó el grado de vulnerabilidad de las comunidades asentadas en fronteras.

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Factores asociados a la crisis humanitaria en las zonas fronterizas La política de seguridad democrática no ha menguado la capacidad de ataque de la guerrilla, no ha disminuido los niveles de impunidad, no ha avanzado en el desmantelamiento integral de la estructura paramilitar (en su dimensión económica, política y no sólo militar). Tampoco ha golpeado significativamente a las elites del narcotráfico que sustentan la siembra, el procesamiento y la comercialización de estupefacientes. Además, el que la seguridad esté asociada a mayor pie de fuerza, ha permitido que se comentan abusos de autoridad por parte de la fuerza pública. No ha logrado contener el conflicto que muestra un desbordamiento a países vecinos. Algunos de los factores determinantes en la configuración de la crisis humanitaria y asociados al escalamiento del conflicto en las fronteras son: 1. En las zonas de frontera la población civil se encuentra bajo el control casi exclusivo de sectores militares para quienes la prioridad es proteger el territorio en sus límites nacionales, la infraestructura vial y energética, y los recursos de explotación a gran escala. Las medidas de seguridad que se derivan de este enfoque de prioridades en las fronteras, están generando vulneración de los derechos de la población civil, específicamente comunidades indígenas, afrodescendientes y comunidades de paz. Mediante la política de seguridad democrática el gobierno está convirtiendo a estas zonas en plataformas para adelantar operaciones militares y en territorios donde la protección de los derechos de la población civil, la organización social y los procesos participativos, están supeditados a los intereses de seguridad nacional impuestos por la agenda de los gobiernos en la frontera. Esto se expresa en la creciente militarización de ambos lados de la frontera2 y en casos de arbitrariedad cometidos por la Fuerza Pública que han llamado la atención de organismos internacionales encargados de la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Por ejemplo, el caso de la comunidad de paz de San José de Apartadó que no ha tenido respuesta por parte del gobierno nacional. A pesar de las presiones por parte de la comunidad internacional para que el Estado adelante medidas especiales de protección para esta población que ha sido identificada como un grupo particularmente vulnerable, cuyos miembros se encuentran en condiciones de alto riesgo. Al contrario, continúa la intensificación de las acciones militares en este territorio y los enfrentamientos de la fuerza pública 2

En Brasil se han desplegado 35 mil efectivos, en Ecuador 12 mil, en Perú 25 mil con 17 bases militares, en Panamá 8 puestos navales de cuarenta unidades cada uno. Desde el mes de abril los operativos antidrogas en Panamá se han intensificado con el fin de desmantelar las redes de tráfico de armas de Centroamérica a Colombia y de drogas de Colombia a Centroamérica. Para el mes de abril se detuvieron más de diez personas entre panameños y extranjeros. Según el ministro de Gobierno y Justicia de Panamá, Héctor Alemán, estas medidas tienen como propósito combatir a los grupos transnacionales que quieren utilizar a Panamá como corredor para el tráfico de armas y drogas.

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con la guerrilla en zona rural, reportados durante el mes de mayo. Continúan los enfrentamientos entre los frentes 5 y 57 de las FARC y el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, por el control del río Atrato, incrementando el desplazamiento forzado que sufre la región. Organizaciones eclesiales que brindan acompañamiento denunciaron que la comunidad se ha visto presionada por miembros de la Fuerza Pública, quienes realizan constantes interrogatorios y les sindican de colaborar con la guerrilla. En regiones como la Orinoquía y Amazonía, esta situación afecta principalmente a comunidades indígenas donde la creciente militarización en ambos lados de la frontera y el repliegue de la guerrilla hacia sus territorios, configuran condiciones de riesgo para estos grupos étnicos. En estas regiones prevalece una política de seguridad basada en la regulación -por parte de fuerza pública- del ingreso y salida de alimentos, de actividades vinculadas al comercio, del transporte y de las cantidades de combustible. El efecto de lo anterior es el incremento en los precios de alimentos y transporte en la zona, la configuración de un bloqueo en la región que se traduce en dificultades para acceder a la ayuda humanitaria y arbitrariedades por parte de la Fuerza Pública. Esto está generando vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y distintas formas de bloqueo principalmente en el municipio de Carurú, departamento de Vaupés y en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo. Las consecuencias del repliegue de la guerrilla a zonas rurales y áreas de reserva configuran una situación de confinamiento en estas regiones, donde ya empiezan a reportarse cultivos de uso ilícito3. En la zona de la Guajira la situación es similar. Durante este trimestre la comunidad Wayuu de la Alta Guajira fue víctima numerosas amenazas y hostigamientos perpetrados por los paramilitares. La mayoría se han refugiado en Venezuela, donde han llegado alrededor de 300 indígenas Wayuu4. Aunque el gobierno ha estado gestionando el retorno, el grueso de la comunidad no quiere regresar por considerar que aún no existen las condiciones de seguridad para ello. De otro lado, la ONIC ha denunciado el desplazamiento de cerca de 300 indígenas Wiwa que desde marzo se encuentran en Riohacha y reveló el asesinato ocurrido el 29 de abril de un menor de edad de la misma comunidad5. El 16 de mayo fue desaparecido en el departamento de La Guajira Pedro Zarabata Pinto, líder indígena Kogui6. Por su parte, el resguardo indígena 3 En el departamento de Amazonas se registra militarización en todas las cabeceras corregimentales, presencia del frente amazónico de las FARC en la zona norte y media, tráfico de drogas, armas y maderas por el río Putumayo en frontera con Perú. El crecimiento de cultivos de uso ilícito en un 25% en el 2004 respecto del 2003. 4 Información oficial según declaraciones de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del diario La Vanguardia, Colombia, Abril 20 de 2005, página 3a. 5 Revista Actualidad Étnica. Abril 29 de 2005. 6 Informador. Colombia. Mayo 27 de 2005. 7a.

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Puyeros en el departamento de Arauca fue víctima de ataques guerrilleros donde fueron asesinados 3 de sus miembros, y desaparecidos otros 3 más. Para finales del mes de junio unos 80 aborígenes de este resguardo estaban hacinados en la Casa Indígena de Tame y 20 más se refugiaron en otros. En la comunidad sólo quedaron unas 20 personas7. 2. A pesar de la creciente militarización no se ha menguado la capacidad de ataque de la guerrilla. De acuerdo con el analista Alfredo Rangel el número de ataques perpetrados por la guerrilla en lo que va corrido del año suman ya 353, en tanto que los registrados durante el 2004 fueron 383. El informe revela que en los últimos dos meses las FARC han realizado 125 ataques en diferentes zonas del país y que departamentos como Cauca y Putumayo han sido en este periodo objeto de 11 ataques. Además, las cifras sobre ataques de la guerrilla muestran que en dos años este grupo ha realizado la misma cantidad que los que realizó durante cuatro años del gobierno Pastrana. El informe concluye que los “lunares” de la política de seguridad democrática son la vulnerabilidad en las fronteras y la expansión del paramilitarismo. 3. La continua expansión de redes del narcotráfico articuladas con los grupos armados irregulares, principalmente por el litoral pacífico que ocurre paralela al traslado y resiembra de cultivos de uso ilícito. Esto ha resultado en un deterioro de la situación humanitaria en la región y muestra que la política de erradicación forzada no es una respuesta suficiente para combatir el fenómeno que está en estrecha relación con el conflicto armado. Las cifras reportadas por el sistema de medición de cultivos ilícitos –SIMCI- bajo la coordinación de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en Colombia (UNDOC), dan cuenta de la movilidad de los cultivos. También de la motivación de campesinos cultivadores, ya que cerca del 60% de los lotes de coca reportados en el país para el 2004, son nuevos. El informe de UNDOC sobre medición de cultivos de uso ilícito reporta un aumento en áreas previamente cultivadas y asperjadas en donde se había registrado reducción, en donde la situación de pobreza no ha mejorado. Este incremento fue identificado en departamentos de las cuencas de los ríos Orinoco (Amazonas, Guainía y Vaupés) y el más importante en el nororiente lo reportaron Arauca y Guajira. Los departamentos con mayor área cultivada siguen siendo aquellos del sur y oriente del país, ubicados en zona de influencia del Plan Patriota: Meta, Guaviare, Nariño y Caquetá. Nariño no sólo es una zona donde los cultivos de coca se están expandiendo, también es el centro más importante de producción de drogas ilícitas del país. El informe de UNDOC publicado en junio de este año, también reporta siembra en 13 de los 50 parques naturales, pero estos representan sólo el 7% del total de cultivos de coca en el 2004. A pesar que el censo del 2004 presentó una reducción en el área cultivada pasando de 86 mil hectáreas en 2003 a 80 mil el año pasado- su articulación con la economía política de la guerra muestra que mientras no se resuelvan las 7

El tiempo, Colombia. eltiempo.com. Abril 27 de 2005.

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causas estructurales del conflicto, el narcotráfico no podrá ser erradicado en sus distintas esferas: “A mayor existencia de cultivos, mayor es el tamaño de los grupos armados con presencia al nivel de municipios, ya que en los municipios con presencia de cultivos hay un promedio de 100 personas alistadas en los grupos armados, a diferencia de los municipios sin cultivos, donde el promedio es de 40 personas”. Esto indica que la implementación de medidas de seguridad integral es vital para el control sostenible de la droga.

4. Se registra un impacto internacional del conflicto colombiano que no necesariamente se traduce en incursiones armadas o combates con la fuerza pública de países vecinos. El crimen organizado traspasa cada vez más los límites nacionales y se está filtrando en la economía local de los países vecinos. Este tipo de economías ilegales están articuladas a las finanzas de los grupos armados irregulares. Para nadie es un secreto que guerrilla y paramilitares utilizan estos corredores para abastecimiento y que se financian del contrabando de armas, municiones, precursores químicos y comercialización de estupefacientes. Varios estudios dan cuenta de la existencia de 100 rutas en los más de 6 mil kilómetros de frontera de Colombia para el tráfico de armas, municiones y drogas. Las zonas más afectadas son Norte de Santander, Cesar, Guajira, Putumayo y Urabá chocoano8. 5. El proceso de desmovilización de combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia sin un seguimiento sistemático por parte del gobierno nacional, está facilitando la incorporación de excombatientes a estas estructuras de crimen organizado. También ha resultado en la expansión del paramilitarismo a nuevas zonas y en el fortalecimiento de esta estructura dentro de la esfera política y económica de la vida local. En otras palabras, desmovilización no significa desmantelamiento de la estructura paramilitar y, por ende, tampoco mayor seguridad para la población civil que habita estas regiones. Durante el segundo trimestre se observa que el paramilitarismo se ha fortalecido, sobre todo en ciudades como Cúcuta, Sincelejo y Tumaco. De acuerdo con algunas investigaciones, pese a las desmovilizaciones efectuadas y a la entrega de armas, la estructura paramilitar permanece intacta y su radio de acción se ha extendido de manera tal que ha logrado permear espacios cada vez más amplios de la vida social, económica y política colombiana. Existen numerosas denuncias respecto de la apropiación irregular de recursos del Estado por parte de los grupos paramilitares. El Ministerio Público ha denunciado que pese a ellas y a la evidente injerencia de las AUC en el manejo de dichos recursos, las investigaciones no avanzan en la muestra de resultados. La presunta connivencia de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares ha sido señalada en el 95% de las casi 900 investigaciones iniciadas en virtud de las denuncias elevadas ante la Procuraduría General de la Nación. Las denuncias comprometen a funcionarios y servidores públicos de 8

Información de la Fundación Seguridad y Democracia.

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distintas organismos o entidades del Estado como la Fiscalía, el Inpec, y mandatarios y funcionarios adscritos a entidades territoriales en general. También ha dejado de ser subrepticio el enlace existente entre el orden paramilitar, los circuitos comerciales y grandes proyectos agroindustriales de diversa índole. Esta vinculación ya se ha hecho evidente en el manejo de la siembra extensiva de palma aceitera en el Urabá y la compra de tierras a precios irrisorios para el desarrollo del mismo proyecto agroindustrial. El control y propiedad sobre los juegos de azar, el manejo del portafolio de contrataciones de las ARS, el cobro de vacunas al contrabando de gasolina, el monopolio sobre el contrabando del arroz para el lavado de dineros producto de ilícitos, el cobro de vacunas sobre la compraventa de productos agrícolas y el control de la distribución sobre los mismos y la construcción de redes de información a partir de grupos de mototaxistas.9 Así mismo, de cara a la futura contienda electoral en el país, la estructura paramilitar subyacente ha venido desarrollando una estrategia de copamiento de los espacios locales de participación. A través de la intervención cívica masiva, la presión y el miedo generado en virtud del imaginario comunal sobre una estructura militar no visible que permanece casi intacta. La participación de los grupos de desmovilizados en esta estrategia ha sido fundamental según se denuncia. El proyecto político liderado por los desmovilizados, que inicialmente ha sido implementado en Medellín, tiene vocación de ser replicado por integrantes del Estado Mayor de las AUC, negociadores en Santafé de Ralito, en sus zonas de influencia. Con ello se evidencia una vez más la falta de un seguimiento y de un control civil a los compromisos suscritos por los grupos de desmovilizados. La dinámica observada responde más a un proceso de reincorporación con actividades y objetivos redefinidos que a una desmovilización. Para muchos los procesos de desmovilización lejos de producir el desmantelamiento de la estructura paramilitar, la fortalecen en su expansión y en su esquema político. Se diversifica la tarea de quienes en un momento eran sólo combatientes y convirtiéndose en vehículo para incorporar más integrantes a través de incentivos económicos pagados con recursos del Estado destinados al proceso de paz, tal y como lo denunció recientemente la Gobernación de Antioquia. 6. Las manifestaciones y efectos del conflicto armado interno asociadas a esa re-adaptación de las estructuras armadas que incluye a la guerrilla en su ofensiva y repliegue, coincide con: • procesos de apropiación forzada de recursos • explotación a gran escala de materia prima, y • despojo de territorios con alto potencial económico. Es el caso de los proyectos agroindustriales de palma en Chocó frontera con Panamá, en el municipio de Tumaco en Nariño y en el departamento de Norte 9

El Tiempo. Sábado 16 de Julio de 2005

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de Santander. Con frecuencia el país ve como se repiten casos de éxodo que golpean particularmente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, los cuales no se inscriben exclusivamente desde las dinámicas de la confrontación armada, sino que operan desde una profunda economía política de la usurpación de recursos y territorios. Para nadie es un secreto que tras las agresiones contra las comunidades del pacífico, de la Sierra Nevada de Santa Marta, las Zonas de Frontera y demás regiones del país se ocultan poderosos intereses que buscan articular estos territorios, destinados hoy a formas de uso colectivo y comunitario, a proyectos ambiciosos y agresivos de explotación de los recursos naturales.. Uno de los proyectos mas cuestionados es la siembra agroindustrial de la Palma Africana. En Choco varios informes como el de INCODER y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dan cuenta de esta dinámica. El 25 de abril se dio a conocer por fuentes humanitarias que el Gobierno ha incumplido los compromisos que asumió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger el territorio de comunidades negras del noroeste del país. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) advirtió en Bogotá que el gobierno de Uribe no ha ordenado que se suspenda un gigantesco proyecto de siembra de palmas de aceite en las tierras de propiedad colectiva de esos asentamientos. Por el contrario, planteó la CIJP, que los promotores del proyecto han intensificado desde hace dos semanas la preparación del terreno para nuevas plantaciones en zona selvática de Curvaradó y Jiguamindó, en el departamento del Chocó. Además, los lugareños que tratan de defender sus tierras enfrentan nuevas amenazas de muerte, según la ONG que presta asistencia a estas comunidades en esta región fronteriza con Panamá.

En la Resolución Defensorial No. 39 del 2 de Junio, El Defensor del Pueblo reitera y exige el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales y de los compromisos asumidos para salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas e indígenas asentadas en los territorios colectivos de las cuencas de los ríos Curvaradó, Jiguamiandó y otros consejos del Bajo Atrato como Cacarica y Bojayá. La Defensoría exhorta a las autoridades para que adopten las medidas conducentes a garantizar el respeto de los derechos de estas comunidades desplazadas de sus territorios, a evitar la expansión de los cultivos de palma en los territorios colectivos y en ecosistemas de alta biodiversidad10.

Según el resultado de una comisión de verificación (octubre 25-noviembre 1 de 2004) en la cual participó la Defensoría del pueblo, 21.142 hectáreas de los territorios colectivos de las comunidades Jiguamiandó y Cuvaradó están afectadas por los cultivos de palma aceitera y en menor grado por la ganadería. Para noviembre de 2004, se encontraban sembradas 4.183 hectáreas con palma, 810 utilizadas para ganadería

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A la fecha de la comisión interinstitucional que verificó la situación en la zona, se habían celebrado 203 contratos que involucraban 14.881 hectáreas, a pesar de carecer de toda validez jurídica de acuerdo a la Ley 70 (arts. 7 y 15).Tras la ocupación de algunas de estas tierras han estado grupos paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC. Algunos de los antiguos dueños de fincas adquiridas por este grupo tuvieron que emplearse en sus fincas como jornaleros. Sin embargo no se conocen registros precisos sobre este tema pues la mayoría no denuncian los hechos a las autoridades. En una carta al Presidente, la Iglesia Católica también advierte sobre la situación humanitaria de la comunidad. Esta es la segunda carta en la que denuncian la falta de respuestas del Primer Mandatario y en la cual organizaciones que prestan acompañamiento, cuestionan a quién protege y a quién combate la fuerza pública en el Atrato. Además, solicitan a Uribe que ordene una investigación rigurosa contra aquellos funcionarios, advirtiendo que desde febrero esta entidad viene denunciando una avanzada en la región de paramilitares pertenecientes al Bloque Elmer Cárdenas de las AUC. La carta hace énfasis en que su presencia activa coincide con el avance de grandes proyectos de explotación de maderas y de siembra de palmas de aceite, según lo informado por el diario Libertad el 5 de mayo. El proceso de desmovilización ha significado grandes retos para ciudades como Cúcuta, que ha acogido a 309 de ellos. Uno de los principales problemas es la falta de oferta laboral a ex combatientes, que a largo plazo puede afectar social y económicamente a la ciudad. El alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez se declaró preocupado por la falta de recursos y afirmó que solo hay un proyecto productivo para esta población11. No obstante, ya se han hecho anuncios de un proyecto agroindustrial mediante el cual se pretende sembrar 6.500 hectáreas de palma africana en el municipio de Tibú y en la región del Catatumbo, que busca beneficiar a cerca de 650 familias de excombatientes y de campesinos que antiguamente sembraban coca12. 7. El desbordamiento del conflicto armado y su impacto internacional que se manifiesta en desplazamientos transfronterizos, cuyas repercusiones están afectando las relaciones internacionales de Colombia con los países vecinos. Esta tendencia se refleja en la presencia e incursión armada de grupos irregulares en Ecuador y Venezuela, el traslado de cultivos de coca para (Empresa La Tukeka), y cerca de 16 mil hectáreas proyectadas para el establecimiento de nuevos cultivos de palma de aceite y ganadería. En el territorio de Jiguamiandó existían para la fecha de la visita, 198 hectáreas recién sembradas por la empresa Palmas de Curvaradó y otras se encontraban adecuadas para el mismo tipo de siembra. En el territorio de Curvaradó, se encontraron 3.636 hectáreas con palma africana (Urapalma 2.723 has, Promotora Palmera del Curvaradó “Palmado” 80 has, Palmas de Curvaradó 200 has y Palmas S.A 633 has), adicionalmente la empresa Inversiones Fregni Ochoa tenía 349 hectáreas listas para sembrar. En este territorio la empresa La Tuteka utiliza 810 has para la ganadería. 11 12

El tiempo. Colombia. eltiempo.com. Junio 1 de 2005. La República. Colombia. Mayo 11 de 2005. 9a.

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procesamiento de cocaína en Perú (14% en 2004 respecto del 2003) 13 y expansión en ese país de redes del narcotráfico que están comercializando la hoja de coca para procesamiento del alcaloide. Esto ha generado una política que tiende al cierre de fronteras por parte de los gobiernos de países vecinos para evitar el desbordamiento del conflicto en sus territorios. 8. Finalmente, hay cierta tendencia al aislamiento por parte del gobierno colombiano frente a los cambios registrados recientemente en la agenda pública de la región andina. También se observa un apoyo menos incondicional por parte de los países donantes y gobiernos cooperantes, a la política de seguridad democrática. Las tensiones políticas del gobierno colombiano con gobiernos de países vecinos, y las presiones por parte de la comunidad internacional para exigir avances en materia de justicia para responsables de violaciones de derechos humanos, ilustran esta tendencia. Algunos aspectos han contribuido a que estas relaciones sean más tensas. El gobierno insiste en negar la existencia del conflicto armado interno. La oficina del Alto Consejero para la Acción Social distribuyó a inicios del mes de junio el documento “Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional”, que fue emitido por la oficina del Alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. El documento de cuatro páginas configura un glosario de términos y conductas para el desarrollo de actividades relativas a la acción humanitaria. Aunque el documento no presenta fechas, firmas ni objetivos sobre su alcance, el Alto Comisionado para la Paz manifestó que “el propósito [del documento es] evitar frecuentes imprecisiones en los proyectos que se presentan para aprobación gubernamental dentro de los denominados laboratorios de paz"14. Por su parte, el Alto Consejero para la Acción social, Luis Alfonso Hoyos, informó que el propósito de los “Lineamientos” no fue imponer criterios ni lenguajes a las agencias de cooperación internacional sino "informarlos del lenguaje que utilizamos los funcionarios del Estado en esos temas"15. Sobre las inquietudes manifestadas por agencias del Sistema de las Naciones Unidas, Hoyos puntualizó que "Hubo dos agencias de Naciones Unidas que tuvieron una confusión respecto al documento, pero ya se les aclaró el motivo del envío"16. 13

CPN RADIO del 28 junio. El embajador de los Estados Unidos en el Perú, James Curtis Struble, advirtió que el incremento del cultivo de la hoja coca en el país está destinado a la producción de droga y traerá consigo el inevitable resultado: violencia y corrupción. "Los inversionistas – tanto nacionales como internacionales - buscan la estabilidad y la seguridad que da el Estado de Derecho", exclamó en su discurso por el Día Internacional de Lucha Contra las Drogas: III Foro Internacional "Violencia, Seguridad Ciudadana y Drogas", que se desarrolló en el auditorio de la Presidencia del Consejo de Ministros. 14

Colombia: "Gobierno no está imponiendo nada, sólo comparte sus directrices": Luís Alfonso Hoyos Aristizabal, en http://www.reliefweb.int/rw, Bogotá, Colombia, junio 13 de 2005. 15 Ibid. 16 Ibid.

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En este documento señala que en ningún caso los proyectos de cooperación deberán referirse a términos como “campos de paz”, “observatorios de situación humanitaria”, “comunidad de paz”, porque en su opinión genera confusiones ambiguas que limitan la acción de la Fuerza Pública, y cita el caso de San José de Apartadó como ejemplo. De otro lado plantea que en ningún caso la fuerza pública puede ser calificada como “actor armado” ya que esto implica limitar su obligación de hacer presencia en el territorio nacional y defenderlo. Además, plantea que no es posible referirse a la disposición futura del gobierno para desarrollar acuerdos de paz con grupos armados ilegales como objetivo contenido en los proyectos. Con esto se limita la posibilidad de lograr acuerdos humanitarios que mejoren la protección de los derechos de población civil víctima del conflicto y la solución política gradual al conflicto armado interno. Esta posición tiene implicaciones negativas para la protección de la población civil víctima del conflicto armado y específicamente para la población en situación de desplazamiento forzado. Adicionalmente, se refiere al trabajo de las organizaciones sociales, de derechos humanos y organismos internacionales en términos que impiden el correcto desarrollo de sus funciones, en la medida en que no reconoce la existencia del CONFLICTO ARMADO INTERNO. Lo anterior constituye un cierre del espacio humanitario decretado por el gobierno nacional. De otro lado, la suspensión temporal del desembolso de US 100 millones – correspondientes a recursos de ayuda militar que hacen parte del Plan Colombia- a raíz de la carta enviada por 22 Congresistas demócratas de los Estados Unidos a la secretaria de Estado de ese país, muestra que la situación de derechos humanos ha empeorado especialmente en regiones donde se focaliza la asistencia militar. La razón para no desembolsar esta ayuda tiene que ver con que el Departamento de Estado no conoce progresos en la situación de Derechos Humanos ni avances en materia de justicia para casos que comprometen la participación activa de miembros de la Fuerza Pública en violaciones de derechos humanos y que han sido objeto de denuncia: la absolución del general Rito Alejo del Río; el incumplimiento de un fallo de la Procuraduría para enjuiciar miembros de la Fuerza Aérea por el bombardeo a Santo Domingo (Arauca); el caso de San José de Apartadó en donde fueron asesinados ocho miembros de esa comunidad el pasado 21 de febrero; la masacre en Tame de 11 campesinos en el 2004; la denuncia de Amnistía Internacional por la responsabilidad de paramilitares y tropas de la Brigada XVIII en amenazas contra comunidades en la cuenca del río Jiguiamandó con el apoyo de la Armada; el asesinato de 12 indígenas Wayuú en abril de 2004 en La Guajira por parte de paramilitares. Solo se registran algunos avances en el caso del asesinato de tres sindicalistas en Arauca por parte de miembros de la XVIII Brigada del Ejército, debido en parte a la presión ejercida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

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La inconformidad de la comunidad internacional va más allá. Han sido diversos los cuestionamientos al estatuto de Justicia y Paz recientemente aprobado por el Congreso colombiano y que se encuentra a la espera de ser sancionado por el Ejecutivo. En el marco de la visita del presidente Álvaro Uribe a España, la ONG Amnistía Internacional pidió públicamente al gobierno español que no “apoye ni política ni económicamente la legalización de la impunidad en Colombia”. La ONG ratificó sus criticas al estatuto de Justicia y Paz. En primer lugar, porque considera que los paramilitares han incumplido su declaratoria de cese al fuego y que muestra de ello son las 2200 víctimas que se les atribuyen posterior a dicha declaratoria. En segundo lugar, porque reafirma que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y por lo tanto no pueden amnistiarse como lo prevé esa Ley17. De otra parte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha afirmado respecto de la Ley, que es muy probable que con ella no se logre esclarecer la verdad de lo que ha pasado en los últimos años en el país. La agencia ha lamentado públicamente que el Congreso colombiano no haya tenido en cuenta sus recomendaciones a la hora de votar la norma de Justicia y Paz y que haya reconocido el carácter político de los paramilitares, concediéndoles además rebajas en las condenas a cambio de que se desmovilicen dentro de un proceso de negociación. Para la ONU el haber definido un tipo de crímenes a partir de caracterizarlos como si fueran otros, acarreará graves problemas. Respecto del tema, el embajador de Colombia en Washington desestimó los motivos del congelamiento de la ayuda de Estados Unidos al Plan Colombia señalados por el Congreso norteamericano y afirmo que la causa real es la aprobación de la Ley de Justicia y Paz. Los factores anteriores han afectado las relaciones del gobierno de Colombia con gobiernos de otros países. Las consecuencias negativas de esta posición se hacen más evidentes en las tensiones políticas con el gobierno de Venezuela y de Ecuador. En Suramérica y frente a sus países vecinos, el gobierno de Uribe ha sostenido una posición de apoyo a las políticas de seguridad del gobierno norteamericano para la región, contraria al rechazo que los gobiernos de Ecuador y Venezuela han manifestado frente a varios aspectos. Entre ellos la política anti-drogas del gobierno de Estados Unidos centrada en la erradicación por fumigaciones; la política de seguridad basada en la lucha contra el terrorismo; y la agenda comercial regional fundada en acuerdos bilaterales. El discurso oficial de estos países reivindica la soberanía nacional como punto de partida para la definición de las múltiples agendas.

Conflicto armado interno.

Durante el trimestre se observa un escalamiento del conflicto en zonas de frontera (principalmente Nariño en el corredor que conecta la cordillera con la costa pacífica, Chocó en medio, bajo Atrato, Bojayá y Arauca).

http//www. El tiempo. com, Julio 11 y julio 12

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En términos geográficos el conflicto armado se intensificó en Putumayo y Arauca donde el Estado mantiene el copamiento militar del territorio como mecanismo para garantizar la seguridad en estos departamentos. Entre tanto, la guerrilla arremete con más fuerza en estas zonas, atacando unidades y bases del Ejército, puestos de Policía e impactando infraestructura vial y energética. El pulso militar entre Estado y grupos insurgentes en estas zonas continúa. Se mantiene intacta la estructura militar de los Bloques de Autodefensas que operan allí, que se han desmovilizado –Bloque Sur- y que se encuentran sujetos a un –supuesto-acuerdo de cese de hostilidades. En consecuencia, la población civil que se encuentra bajo el fuego cruzado, sufre de desabastecimiento, confinamiento y se ve obligada a desplazarse como única salida para proteger su vida. En el caso del sur de Colombia, la constante del primer semestre de 2005 es la reactivación de los combates de gran escala entre la guerrilla y la Fuerza Pública, luego de 5 años de vigencia del Plan Colombia (2001, 2005). El conflicto también se ha profundizado a lo largo del litoral pacífico, una región que se viene constituyendo en territorio de disputa entre los diferentes actores armados irregulares por el control del narcotráfico y las rutas de abastecimiento. El mapa del conflicto armado mantiene las tendencias observadas durante el trimestre anterior: repliegue de la guerrilla de las FARC hacia departamentos del oriente del país (Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía) e intensa ofensiva militar contra batallones, bases militares y estaciones de policía en el sur, acompañados de ataques a bienes protegidos de la población civil (Nariño y Putumayo). Del mismo modo aparecen nuevos episodios de confrontación entre el ELN, la Fuerza Pública y los grupos paramilitares en departamentos como Bolívar y Cesar. Entre tanto, las AUC consolidan su presencia en el norte (departamentos de la Costa Atlántica como Sucre y Atlántico, otros como Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Magdalena, Córdoba, Santander) y nor-oriente colombiano (Norte de Santander, Cesar, Arauca). Del mismo modo se mantienne las tendencias a la expansión del conflicto en el suroriente del país, que configuran situaciones de riesgo para comunidades indígenas en zonas rurales como parques naturales y regiones de frontera.

La caracterización del conflicto configura estas zonas de profundización en las que la confrontación armada se recrudece, incluidas regiones en las que el conflicto se mantiene a pesar de las políticas de seguridad. Las Zonas en las que se registra una continuidad de los rasgos del conflicto como Cesar, el Oriente Antioqueño o la Costa Atlántica, pese a que allí se adelantan las principales experiencias de desmovilización de los grupos paramilitares. Las Zonas de expansión donde las causas estructurales del conflicto están asociadas al repliegue de la guerrilla, a sus estrategias para garantizar el control del territorio y para fortalecer y diversificar sus fuentes de financiación, van configurando una crisis humanitaria en orinoquía y amazonía.

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Dinámica regional del conflicto armado interno Segundo trimestre 2005.

Zonas de expansión del conflicto Zonas de profundización del conflicto Zonas de continuidad del conflicto Aumento de Ataques y enfrentamientos

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Zonas de profundización. Se encuentran departamentos donde hay escalamiento del conflicto, principalmente del litoral Pacífico. En Nariño, eje de la producción y comercialización de drogas, y en Chocó. En estas zonas se incrementa la confrontación armada entre guerrillas y Ejército, guerrillas y paramilitares asociada con la disputa por el control del narcotráfico, expansión de cultivos y corredores estratégicos, donde han ocurrido la mayoría de los desplazamientos masivos. También se reporta la avanzada paramilitar y la intensa ofensiva militar de la guerrilla que opera con más fuerza en el sur del país. En el departamento del Chocó varias poblaciones ubicadas a lo largo del río Bojayá y del río Cuia se vienen desplazando desde el mes de abril hacia Bellavista por los combates18, y otras tantas continúan en riesgo. Entre las que están en riesgo de desplazarse se encuentran alrededor de 4.000 indígenas de las comunidades Embera y Wounaan, debido a la coexistencia de los distintos grupos armados en la región19. Continúa la preocupación por el resultado del informe del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, del Ministerio de Agricultura, conocido a finales del mes de marzo. El documento señala los vicios de legalidad de la siembra de palma aceitera y de áreas intervenidas en ganadería dentro de los territorios colectivos. Así mismo la proyección de más de 22 mil hectáreas para la siembra de Palma y más de 4 mil para la ganadería y los efectos sobre el ecosistema de tierras de las comunidades afrodescendientes en Curvaradó y Jiguamiandó. El informe recomendó la suspensión inmediata de siembras de palma de aceite y de la ganadería en los territorios colectivos titulados a comunidades negras. Al tiempo de conocerse dicho informe, se han reportado una serie amenazas sobre familias desplazadas del Curvaradó por parte de los paramilitares. A comienzos de abril se conocieron denuncias de la Comisión Justicia y Paz según la cual se encontraban 20 sicarios listos en Belén de Bajirá para atentar contra quienes reclaman su derecho al goce pleno de las tierras en su propiedad dentro de zonas donde este ha sido vulnerado. De otro lado, la situación para los agentes humanitarios no ha sido fácil. El jueves 31 de marzo secuestraron a 5 miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en municipio de Carmen del Darién, del departamento de Chocó: Enrique Chimonja, Edwin Mosquera, Johana López, Mónica Suárez y Fabio Ariza, quienes trabajaban con las comunidades de Pueblo Nuevo, Bella Flor Remancho y Nueva Esperanza, reconocidas como zonas humanitarias por la CIDH. El Gobierno Nacional y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron el hecho. Este organismo comentó que ha recibido información según la cual los miembros de 18

Durante el mes de abril se registraron intensos combates entre tropas de la IV Brigada en Antioquia y Chocó, en el municipio de Nóvita. 19 ACNUR. Abril 4 de 2005, “Cientos de personas en riesgo en el occidente colombiano”

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Justicia y Paz ya habían recibido amenazas por parte de grupos paramilitares de la zona. El 2 y 3 de abril se desplazó a la región del Bajo Atrato, cuenca del Jiguamiandó, departamento del Chocó, una Comisión de Verificación. Ante el secuestro de los 5 miembros de la Comisión Intereclesial, la ONU se pronunció a través de su secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios pidiendo “la puesta en libertad inmediata” para los 5 miembros desaparecidos. Advirtió su preocupación ante el aumento de los secuestros en Colombia durante los últimos tres años e hizo un llamamiento a gobiernos europeos y latinoamericanos para que se unan esfuerzos que apunten a la liberación de todos los secuestrados20. Después de varios días de estar retenidos los cinco miembros de Justicia y Paz fueron liberados en la zona del Atrato Medio, cerca del lugar donde habían sido secuestrados. Después de la liberación se confirmó que el secuestro fue responsabilidad de las FARC21. El 30 de mayo COCOMACIA (Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato) emitió un comunicado en donde ratifica su preocupación por la intensificación de las acciones militares anunciadas por el Ministerio de Defensa en un comunicado de prensa del 26 de mayo. En este documento el gobierno advierte sobre posibles desplazamientos adjudicando las causas a la reacción de los grupos ilegales. COCOMACIA señala que con lo anterior el Gobierno pretende justificar los nuevos desplazamientos y continuar con la violación de los derechos de las comunidades. En el mes de mayo en San José de Apartadó la población civil denunció la presencia de paramilitares que según testimonios intimidan a la comunidad y profieren amenazas contra habitantes de la zona. También señalaron mediante comunicados que estos grupos agraden a quienes transportan alimentos para las personas desplazadas. En el departamento de Nariño la confrontación entre grupos armados está asociada con la ofensiva militar del Estado, la contraofensiva de la guerrilla y la disputa por el control del narcotráfico. La expansión de cultivos y lucha por controlar corredores estratégicos, ha generado la mayoría de los desplazamientos masivos. En este período se han presentado combates sostenidos entre el Ejército y las FARC en el marco del desarrollo de la operación “Gladiador” en el Sur, “Sequionda II” en el municipio del Charco y “Operación Fugaz” en el municipio de Ipiales22.

EL TIEMPO: Abril 5 de 2005, “ONU pide la ‘liberación inmediata’ de los cinco miembros de una ONG secuestrados en Chocó”. 21 EL TIEMPO: Abril 10 de 2005, “La liberación se produjo en inmediaciones de Bojayá” 22 Ataques guerrilleros de las Farc y ELN que comenzaron desde el 14 de abril con armas y cilindros-bomba en seis municipios de Nariño y Cauca, dejaron como saldo la muerte de un menor, tres policías y 23 personas heridas. En el departamento de Nariño fueron atacadas las estaciones de Policía de Guachavés, Samaniego, Ricaurte y la Cruz, las comunidades indígenas de la región señalaron que la situación es complicada denunciando la presencia de guerrilleros y bloqueos de las vías de acceso a la mayoría de municipios de Cauca y Nariño. En Tumaco la ofensiva mantuvo al municipio sin agua y sin luz.

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Continúa la crisis humanitaria en el departamento de Nariño: se han producido amenazas que dirigen algunos grupos paramilitares hacia 20 maestros y defensores de los derechos humanos (Comunicado al presidente del sindicato del Magisterio de Nariño, José Arturo Guerrero según el Comité Permanente para la defensa de los derechos humanos). Las emboscadas a patrullas de la Policía en las carreteras de municipios del sur del país continúan presentándose. A finales del mes de abril una patrulla fue emboscada por las Farc cuando se movilizaba entre los municipios de Ricaurte y Tumaco por la vía Pasto-Tumaco, dejando un policía y dos civiles muertos y cinco agentes heridos. Los cultivos de uso ilícito en Nariño siguen haciendo parte importante de la dinámica del conflicto, en la medida en que coinciden en las áreas donde el ejército tiene mayores combates con la guerrilla (municipios de Barbacoas, Ricaurte y Cumbal). Como resultado del Plan Patriota muchos cultivos en Caquetá han sido desmantelados, ocasionando que muchos de los raspachines que allí trabajaban se dirijan hacia Nariño. Los municipios más afectados están en la vía que conduce de Pasto a Tumaco (entre la cordillera y la costa pacifica) considerados como un corredor estratégico del narcotráfico son: Ricaurte, Rosario, Barbacoas, Magüi, Payan, Roberto Payan, Llorente. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se pronunció sobre la situación en comunicado público del 1 de julio “Hacemos un llamado urgente para que se respeten los derechos de la población civil así como para que sean respetadas las medidas especiales de protección a las poblaciones indígenas establecidas por el Derecho Internacional y la legislación nacional colombiana”. La desmovilización también ha tenido un impacto negativo en este departamento en tanto que no se ha identificado una estrategia de seguridad para la región con presencia fuerte de la guerrilla. A raíz de la desmovilización de 800 integrantes del bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas en el departamento de Nariño, hay temores de que ingrese guerrillas del frente 58 y 54 de las FARC provenientes de Cundinamarca. En el municipio de Barbacoas algunos habitantes afirman que “sabemos que cuando los paramilitares salgan, la guerrilla va a llegar, muchos ya tenemos la ropita lista, si nos dan tiempo”23. Algunos y algunas habitantes denunciaron que están siendo señalados como colaboradores de las AUC. A pesar de estos retos que plantea en materia de seguridad el actual proceso de desmovilización, el Presidente de la República propuso que los excombatientes hagan parte de una nueva estrategia de vigilancia para las carreteras de los departamentos de Putumayo y Nariño en la zona de frontera con Ecuador. Esto alerta sobre el riesgo de reactivación del conflicto en zona de presencia guerrillera y alta influencia del narcotráfico.

. www.eltiempo.com.co “OCHO MUNICIPIOS NARIÑENSES TAMBIEN VEN COMO INMIENTE EL REGRESO DE LAS FARC” 12 de febrero 2005.

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El departamento de Arauca a pesar de ser uno de los focos de la ayuda militar de Estados Unidos y de ser el centro de aplicación de la política de seguridad democrática del presidente Uribe, paso de ser una zona de continuidad del conflicto a una zona de intensificación y crisis humanitaria generalizada. Como resultado del Plan Escudo implementado en Arauca, organizaciones de la sociedad civil han denunciado continuas detenciones arbitrarias a campesinos (en municipios de Saravena, Tame y Arauquita), agresiones físicas y verbales por parte del Ejército, y la utilización de civiles como escudos humanos por parte de la Fuerza Pública. Este plan tiene como propósito recuperar el territorio en manos de la guerrilla y velar por la protección de la infraestructura petrolera y energética del departamento, cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Desde su implementación, Arauca ha sufrido una fuerte intensificación en los enfrentamientos y combates entre la guerrilla y el Ejército, donde se registran numerosas bajas (especialmente del Ejército). Continúan los ataques al oleoducto Caño Limón – Coveñas por parte de la guerrilla, y se registra un incremento de víctimas militares y civiles en los campos minados. Además se registra un incremento en el área con cultivos de coca de acuerdo con las cifras de Naciones Unidas24. Desde allí salen hacia Venezuela los cargamentos con alcaloide provenientes de Meta y Casanare. Según información proporcionada por las autoridades de la zona a los medios de comunicación, las células de las Farc, incluso las pequeñas, manejan más recursos que muchos frentes grandes de otras zonas del país por su participación en el negocio. En el departamento de Putumayo la confrontación armada se hace cada día más intensa. En este departamento se ha intensificado la ofensiva militar de la guerrilla y a raiz del ataque de las FARC a la base del Ejército de Teteyé el 24 de junio, ubicada en frontera con la provincia de Sucumbíos25, el gobierno nacional anunció la instalación de grupos EMCAR26 para reforzar la seguridad en el departamento. El Ejército aumento su pie de fuerza militar con 800 soldados pertenecientes a la Brigada Móvil 13 (2 batallones dedicados a cuidar las carreteras y la infraestructura petrolera). Aunque el departamento de Putumayo sigue estando en el centro de la guerra contra las drogas y el terrorismo, no ha habido pronunciamientos por parte del gobierno frente a la violación del cese de hostilidades por parte de los paramilitares que operan en ese departamento. Tampoco avances en materia de justicia para condenar y castigar a los paramilitares responsables de los asesinatos selectivos en la Dorada contra líderes sociales que denunciaron a 24

UNODC, Colombia. Monitoreo de cultivos de coca, Bogotá, junio de 2005. En www.unodc.org/colombia. Según este censo, en la región Orinoquia, los departamentos de Arauca y Vichada reportan niveles muy altos de cultivos de coca, con un aumento del 188% y 23% en 2004 respecto de 2003, respectivamente. 25 Este ataque dejó como saldo la muerte de 21 soldados regulares y 4 guerrilleros. 26 Escuadrones Móviles. Estos son grupos entrenados y equipados con recursos de Estados Unidos, actualmente hay 41 en todo el país y se especializan en operaciones rurales y contraguerrilleras.

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estos grupos ante la fiscalía. No ha sido posible una protección especial para jueces y fiscales encargados del caso, que siguen siendo objeto de amenazas y que se encuentran en grave riesgo. En síntesis, el Plan Colombia y el Plan Patriota han fracasado en el departamento, los fondos del gobierno norteamericano no han servido para fortalecer la justicia ni mejorar los niveles de gobernabilidad en el departamento. Las autoridades locales ven sobrepasada su capacidad para atender a la población desplazada, mientras los fondos para la ayuda humanitaria se hacen más escasos en el marco de la ofensiva militar de la guerrilla y de las fumigaciones como prioridad en la agenda estatal para el departamento. Zonas de continuidad: Estas regiones se ubican en el nororiente del país, donde la desmovilización de los grupos paramilitares no ha resultado en mejores condiciones de seguridad, donde la consolidación de estos grupos en otras estructuras ilegales y su influencia en otras esferas de la vida local, hace que la población sea más vulnerable a las agresiones por parte de paramilitares y guerrillas. El Estado no cuenta con un plan de seguridad para estas regiones. De otro lado, la guerrilla del ELN y de las FARC mantiene influencia en algunas de las zonas rurales y realiza acciones bélicas con efectos indiscriminados, como es el caso de las minas antipersona. Persiste la crisis humanitaria en toda la zona norte de frontera con Venezuela y se manifiesta a través de diversas formas de intimidación ejercida por los actores armados sobre la población civil para mantener el control social y político dentro de la región. Pese a la desmovilización de más de 1.400 hombres del bloque paramilitar Catatumbo, continúan las acciones bélicas y los vínculos con el crimen organizado por parte de este y otros grupos irregulares con presencia en Norte de Santander. Aunque han disminuido las masacres y homicidios, han incrementado las desapariciones forzadas, las acciones extorsivas y el secuestro. Estas prácticas también se registran en territorio venezolano, donde varios organismos han responsabilizado a los desmovilizados del ‘Bloque Catatumbo’ de extorsiones a comerciantes y ganaderos de San Antonio y Ureña (estado Táchira), a 30 minutos de Cúcuta. El general Jaime Escalante, jefe del Comando Regional 1 de la Guardia Nacional de Venezuela, responsabilizó a ex -‘paras’ del cobro de ‘vacunas’ y dijo que en tres meses han capturado a nueve en el estado de Táchira27. En el departamento de la Guajira se registra un aumento en el número de asesinatos selectivos y una expansión del paramilitarismo que controla el contrabando de gasolina y de armas.

Eltiempo.com, junio 1 de 2005.

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Zonas de expansión del conflicto: Se encuentran departamentos del suroriente del país. La creciente militarización en ambos lados de la frontera y el repliegue de la guerrilla configuran condiciones de riesgo para comunidades indígenas que habitan en las zonas rurales. En el departamento de Amazonas se registra militarización en todas las cabeceras corregimentales, presencia del frente amazónico de las FARC en la zona norte y media, tráfico de drogas, armas y maderas por el río Putumayo en frontera con Perú. El crecimiento de cultivos de uso ilícito en un 25% en el 2004 respecto del 2003 según el último censo de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. En el departamento del Vaupés las FARC han optado por la siembra de minas anti-personales para prevenir la avanzada de fuerza pública en la región. Esto impide el paso de pueblos indígenas de los cascos urbanos o centros poblados a las chagras para sembrar y recoger cosechas listas. El efecto es una situación de confinamiento que afecta a más de 2 mil personas y tiene su epicentro en Carurí. En el departamento de Vichada los testimonios recogidos en la región de Puerto Carreño dan cuenta de una posible avanzada paramilitar desde el Meta y el Guaviare a pesar de procesos de desmovilización que se adelantan en la región. El aumento de cultivos de uso ilícito está afectando zonas de resguardo y áreas protegidas. El departamento de Guainía presenta una situación similar de traslado de la economía del narcotráfico, confinamiento en la zona de los ríos principalmente en municipio de Barrancominas, y el incremento de precios de transporte y alimentos como efecto de las rerstricciones para el combustible en estas áreas. Desbordamiento del conflicto El desbordamiento del conflicto armado interno y su expansión a territorios de países vecinos se expresa en la presencia de grupos paramilitares y guerrilleros, en la expansión de redes de tráfico y contrabando de estupefacientes, precursores químicos y armas. También en la filtración de las economías locales de frontera por parte de grupos armados irregulares que se financian de otras actividades. En Venezuela se denuncia la continua presencia del ELN en pueblos venezolanos como San Vicente de la Revancha y Río Chiquito28, y la captura de paramilitares colombianos en Venezuela29. En la zona de Nula, al otro lado de

28 29

Declaraciones televisadas del Gobernador de Táchira, Ronal Blanco La Cruz. El Universal. Venezuela. www.eud.com. 28 de mayo de 2005.

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la frontera, han sido detectados campamentos conjuntos de las Farc y el FVL (Frente Venezolano de Liberación)30. Por otro lado, se incrementa la presencia de grupos armados ilegales en la zona del oriente del país. Se registra la aparición de paramilitares en la línea fronteriza del estado de Amazonas de Venezuela (Caño Yagua – Municipio de Atabapo)31, lugares donde antiguamente no estaban. El río Orinoco y sus afluentes en territorio colombiano siguen representando importantes corredores de armas y coca para la guerrilla. Al respecto se registra en este trimestre el decomiso de armas y uniformes provenientes de Venezuela32. La presencia de estos actores armados comienza a desestabilizar el orden público en el vecino país, lo que resultó en enfrentamientos y en el consecuente incremento de la fuerza militar venezolana33. Claro ejemplo de ello es la activación del Plan Soberanía, un plan de patrullaje puesto en marcha por la Fuerza Armada de Venezuela para reforzar la seguridad fronteriza34. El desbordamiento del conflicto colombiano a Venezuela también se manifiesta en la filtración de las economías locales del país vecino por parte de redes del crimen organizado. Se registraron dos hechos de interés. Primero, el racionamiento de gasolina implementado desde el 18 de mayo en los estados de Zulia y Táchira de Venezuela como medida preventiva del creciente contrabando de este químico hacia Colombia. También se ha registrado una creciente presencia de actores del cartel de Medellín y de Calí en San Cristóbal y la Ureña, donde se les facilita el lavado de activos obtenidos de la economía del narcotráfico. Estos hechos han afectado y desestabilizado notoriamente las economías locales. La existencia de grupos armados ilegales en las zonas fronterizas y en el territorio venezolano, así como la incidencia del tráfico de drogas y armas entre los dos países, ha incidido en las relaciones políticas binacionales y ha puesto sobre la mesa varios supuestos. Uno de ellos es un posible apoyo del presidente Chávez a la guerrilla colombiana. Otro es la relación entre presencia de los paramilitares en Venezuela y las Autodefensas Unidas de Venezuela. Por último, el aparente interés de un sector venezolano apoyado por paramilitares de los dos países para derrocar al actual gobierno venezolano. Este clima se ha tensionado aún más con la compra de armas y modernización del aparato bélico por parte de Venezuela, y con la adquisición de este país de un lote espacial.

Este grupo que dice defender los postulados de la República Bolivariana, aunque el gobierno venezolano en Caracas no reconoce la existencia de esos centros de refugio de la guerrilla. Diario La Vanguardia, Colombia. Abril 21 de 2005, página 3A. 31 El Universal. Venezuela. www.eud.com. 17 de abril de 2005. 32 El Universal. Venezuela. www.eud.com. 29 de mayo de 2005. 33 Al respecto vale la pena señalar la confrontación que tuvieron la fuerza pública del vecino país y el ELN de la cual resultó un soldado venezolano muerto. Diario El Universal. Venezuela. www.eud.com. 19 de mayo de 2005. 34 El Universal. Venezuela. www.eud.com. 26 de mayo de 2005.

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En Ecuador el desbordamiento del conflicto se hace visible mediante la presencia de campamentos guerrilleros sobre el río Putumayo (localidades de Tipisca, Cantagallo, Puerto Nuevo, entre otras). La incursión de grupos armados en ese territorio también ha sido efecto del desbordamiento del conflicto35. Las tensiones entre el gobierno colombiano y el ecuatoriano se hicieron evidentes con las declaraciones del alcalde de Puerto Asís, Jorge Coral, sobre la “blanda” respuesta del gobierno ecuatoriano frente a la presencia guerrillera en su territorio. Además, señaló que las FARC realizaron los ataques a Teteyé desde territorio ecuatoriano. Esto originó la visita de tres comisiones de verificación y observación a la frontera en Ecuador (una de organizaciones no gubernamentales, una del Estado y una mixta). De otro lado, el tráfico de armas, drogas y precursores también es una realidad cada vez más visible en esta región del sur. El ejército ecuatoriano identificó la construcción de diez nuevos corredores para el contrabando que conectan a Colombia con ese país y 10 nuevos pasos fronterizos utilizados por el frente 48 de las FARC. Estos son básicamente rutas de abastecimiento, contrabando de precursores químicos, armas, municiones, gas, víveres y la evacuación de guerrilleros heridos en combate. En Perú se registra el paso de grupos irregulares a zonas de frontera como regiones de descanso y de escape de enfrentamientos con las fuerzas armadas, principalmente de las FARC. El traslado de los cultivos de uso ilícito es otra constante que da cuenta del impacto internacional del conflicto, ya que se reportó un incremento del 14 por ciento en el área con coca en ese país durante el 2004 respecto al 2003. Este traslado va de la mano de la expansión de redes de narcotráfico que están utilizando el comercio de la hoja de coca –que anteriormente se usaba para uso tradicional- con el fin de procesar pasta básica de coca y cocaína. Esta situación ha generado presiones por parte del gobierno de E.U para que el gobierno peruano adelante una política basada en fumigaciones como método de erradicación forzada. A esta propuesta siguieron sucesivas protestas por parte de campesinos cocaleros que exigieron criterios claros para identificar el tamaño y ubicación de los cultivos considerados de uso ilícito, para evitar fumigaciones indiscriminadas como en Colombia. Perú y la frontera con Colombia enfrentan un contexto político donde los conflictos sociales no han sido resueltos y donde el impacto del conflicto colombiano puede desestabilizar el orden público si no se revalúan las estrategias para enfrentar el narcotráfico y el terrorismo en la región andina.

Según declaraciones públicas del Ejército, en junio una patrulla de 40 guerrilleros de las FARC incursiono en la localidad de San Marcos, Ecuador, frontera con el Carchi.

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II. Desplazamiento forzado interno y transfronterizo. El crecimiento del desplazamiento forzado durante el trimestre estuvo caracterizado por éxodos de población afrodescendiente, indígena y campesina. Por su relación con la intensificación del conflicto armado y por el deterioro de la situación de derechos humanos en las regiones, incluidas aquellas en las que se focaliza la política de seguridad democrática. Por su desbordamiento hacia los países vecinos, y por la expansión al 70% del territorio nacional con mayor impacto en las ciudades intermedias. Las causas principales están asociadas al escalamiento del conflicto y fin del repliegue militar de la guerrilla36; el incumplimiento del cese de hostilidades por parte de los grupos paramilitares y fortalecimiento de la estructura paramilitar; las arbitrariedades y la vulneración de derechos humanos cometidas por la Fuerza Publica en aplicación de estrategias de la política de seguridad democrática. También a la intensidad con que se están adelantando las fumigaciones; el surgimiento y la consolidación de poderes locales mafiosos. Durante el segundo trimestre de 2005 el desplazamiento forzado afectó a por lo menos 91.467 personas, alrededor de 18.293 hogares, que llegaron a 564 municipios de 29 departamentos, huyendo de regiones en las cuales se evidencia un progresivo escalamiento del conflicto armado interno que persiste en Colombia. Esta cifra consolida un total aproximado de 153.463 víctimas de este delito durante el primer semestre de 2005, lo que representa un incremento del 17.7% con relación al mismo período de 2004 cuando se registró el desplazamiento de una población estimada en 130.346 personas. Es decir, Colombia pasó de un promedio de 724 personas desplazadas cada día durante el primer semestre de 2004 a un promedio diario de 848 de los primeros seis meses de 2005. También se incrementaron los éxodos y las denuncias por desplazamiento forzado ocasionado por la política de fumigación de cultivos de uso ilícito en contextos de confrontación armada. Estas realidades muestran que en el año 2005, se mantiene la tendencia de crecimiento del desplazamiento, observada en el 2004 (287 mil personas)37. . 36

De acuerdo con el informe presentado por la Fundación Seguridad y Democracia en junio del presente ano, el número de ataques perpetrados por la guerrilla en lo que va corrido del año suman ya 353, en tanto que los registrados durante el 2004 fueron 383 en su totalidad. El informe revela que en los últimos dos meses las FARC ha cometido 125 ataques en diferentes zonas del país, y que departamentos como Cauca y Putumayo han sido unos de los mas afectados. Además, las cifras sobre ataques de la guerrilla muestran que en dos años este grupo ha realizado la misma cantidad que los que realizó durante cuatro años del gobierno Pastrana, y que los “lunares” de la política de seguridad democrática del actual gobierno son la vulnerabilidad en las fronteras y la expansión del paramilitarismo. 37

A pesar de que se produjo una reducción de las cifras en 2003, ello fue un fenómeno transitorio asociado a: Las dinámicas de repliegue de las guerrillas, al desarrollo del

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Durante el segundo trimestre de 2005, las principales zonas de recepción de la población desplazada siguen siendo las capitales departamentales (38% del total). En este periodo las ciudades de Bogotá y Cali recibieron el 12% y el 7% del total de personas desplazadas, respectivamente. Del mismo modo, ocho de las capitales recibieron mas de 2000 personas desplazadas y 16 recibieron más de mil personas en este corto periodo, lo cual llama la atención sobre la relación entre las principales capitales receptoras y las zonas de mayor intensidad del conflicto armado. Aunque las magnitudes son diferenciadas, de hecho ninguna región del país escapa a esta realidad pues entre las principales capitales receptoras existen importantes ciudades de la Costa Caribe, del Sur, del Pacífico, del Oriente y del centro del País. Sin embargo en el segundo trimestre, cerca del 60% de las personas se desplazó a localidades diferentes de las grandes capitales. El crecimiento de los casos de éxodo masivo es una de las razones que explica esta distribución diferenciada, pues existe un conjunto importante de municipios y ciudades intermedias que han recibido significativos grupos de población. Tales como Samaná en Caldas; Toribio, Jambaló, Santander de Quilichao y Silvia en el Cauca; Ricaurte y Tumaco en Nariño; Bojayá, San José de Palmar y Bajo Baudó en el Chocó; Buenaventura en el Valle, Barrancabermeja en Santander; Argelia, Urrao y Apartadó en Antioquia, Vistahermosa en el Meta o Soacha en Cundinamarca. Con todo, el 50% de los desplazados llega a las primeras 12 ciudades o municipios y el 70% a las primeras 25. (Ver listado de los 50 municipios receptores de personas desplazadas)

nuevo modelo de confrontación militar basado en el Plan Colombia y a la experiencia del diálogo entre el gobierno y los grupos paramilitares -en principio fundada en el compromiso del cese del fuego, pero convertida progresivamente en un caso mas de dialogo en medio de la guerra.

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Tabla 1: Primeros 50 municipios más afectados por el desplazamiento forzado (abril-junio 2005)

50 primeros municipios receptores de población desplazada No.

Ciudad/municipio

1 BOGOTA D.C. 2 CALI 3 SAMANA 4 TORIBIO 5 MEDELLIN 6 SANTA MARTA 7 CARTAGENA 8 CUCUTA 9 VILLAVICENCIO 10 QUIBDO 11 FLORENCIA 12 BARRANQUILLA 13 VALLEDUPAR 14 IBAGUE 15 BUCARAMANGA 16 POPAYAN 17 RICAURTE 18 BOJAYA 19 VISTAHERMOSA 20 JAMBALO 21 SAN JOSE DEL PALMAR 22 SINCELEJO 23 BUENAVENTURA 24 PASTO 25 BAJO BAUDO 26 ARGELIA 27 URRAO 28 NEIVA 29 APARTADO 30 SOLEDAD 31 SAN JOSE DEL GUAVIARE 32 PEREIRA 33 MOCOA 34 BARRANCABERMEJA 35 SANTANDER DE QUILICHAO 36 TUMACO 37 SILVIA 38 SOACHA 39 RIOHACHA 40 CALOTO 41 MONTERIA 42 PUERTO ASIS 43 COROZAL 44 ARMENIA 45 CAUCASIA 46 BARBACOAS 47 PUERTO LIBERTADOR 48 MALAMBO 49 MANIZALES 50 AGUACHICA

personas 11191 6500 5000 4469 3113 2796 2400 2368 2317 2117 1969 1800 1800 1600 1500 1400 1350 1300 1250 1200 1200 1129 1123 1120 973 798 740 670 625 600 600 580 520 500 477 450 425 400 400 360 320 320 320 310 297 267 250 230 220 220

Fuente CODHES-SISDHES. Julio de 2005

% 12.2 7.1 5.5 4.9 3.4 3.1 2.6 2.6 2.5 2.3 2.2 2.0 2.0 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2

% Acum 12.2 19.3 24.8 29.7 33.1 36.1 38.7 41.3 43.9 46.2 48.3 50.3 52.3 54.0 55.7 57.2 58.7 60.1 61.5 62.8 64.1 65.3 66.5 67.8 68.8 69.7 70.5 71.2 71.9 72.6 73.2 73.9 74.4 75.0 75.5 76.0 76.5 76.9 77.3 77.7 78.1 78.4 78.8 79.1 79.4 79.7 80.0 80.3 80.5 80.7

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Desplazamiento en fronteras Durante el primer trimestre de 2005 el número de personas desplazadas en los municipios fronterizos fue 5.354, mientras que para el segundo trimestre se observa un aumento de la cifra a 6.351 personas. Esto significa que en los meses de abril, mayo y junio se desplazaron 997 personas más que las que se desplazaron en los primeros tres meses del año en las diferentes zonas fronterizas del país. Entre los 5 municipios fronterizos que mayor recepción de desplazados registran durante este segundo trimestre, se encuentra Cúcuta con 2.368 (Norte de Santander) debido al incremento del desplazamiento intraurbano. En este municipio se adelanta un proceso de desmovilización sin seguimiento por parte de organismos de control del Estado ni del gobierno nacional, se incrementan los asesinatos selectivos, persiste la falla del Estado en la protección a población civil de municipios con intensa confrontación como Tibú y La Gabarra. El segundo municipio fronterizo con mayor número de personas en situación de desplazamiento es Ricaurte (Nariño) con 1.350 desplazados, seguido de Tumaco (Nariño) con 450 desplazados, Barbacoas (Nariño) con 267 desplazados y Curumaní (Cesar) con 193 desplazados. Como puede observarse el departamento de Nariño durante este trimestre cuenta municipios gravemente afectados por el desplazamiento, respondiendo principalmente a hechos ocurridos por enfrentamientos y combates propios de la intensificación del conflicto. Los indígenas Awa se encuentran en situación de alto riesgo y el municipio de Tumaco presenta una situación crítica.

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Tabla 2 : Número de personas desplazadas por municipio de Fronteras Cifra Codhes (Recepción) 2005 Departamento

Municipio

Frontera

AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS GUAINIA VAUPES VAUPES VAUPES VAUPES VAUPES NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO CHOCO CHOCO CHOCO CHOCO BOYACA CESAR CESAR CESAR CESAR

LETICIA EL ENCANTO LA PEDRERA PUERTO ALEGRIA PUERTO ARICA PUERTO NARIÑO TARAPACA MORICHAL NUEVO MITU TARAIRA YAVARATE ACARICUARA VILLA FATIMA BARBACOAS CUASPUD CUMBAL CUMBITARA IPIALES RICAURTE TUMACO ACANDI JURADO RIOSUCIO UNGUIA CUBARA AGUSTIN CODAZZI BECERRIL CHIRIGUANA CURUMANI LA JAGUA DE IBIRICO MANAURE LA PAZ BARRANCAS EL MOLINO FONSECA MAICAO SAN JUAN DEL CESAR URIBIA URUMITA VILLANUEVA

Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Panamá Panamá Panamá Panamá Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela

CESAR CESAR CESAR LA GUAJIRA LA GUAJIRA LA GUAJIRA LA GUAJIRA LA GUAJIRA LA GUAJIRA LA GUAJIRA LA GUAJIRA NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER

DE DE DE

Año 2005 1 trimestre 15 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0

669 0 10 24 200 0 730 0 0 0 0 0 33 0 18 0

2 trimestre 38 8 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 267 0 0 15 180 1.350 450 0 13 0 0 17 115 45 21 193

Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela

0 0 11 0 0 0 0

41 81 17 25 5 45 65

Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela

0 0 0 0

40 0 10 0

CUCUTA

Venezuela

2.200

2.368

CONVENCION

Venezuela

321

EL CARMEN

Venezuela

143

CODHES – Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER ARAUCA ARAUCA ARAUCA ARAUCA GUAINIA GUAINIA GUAINIA GUAINIA GUAINIA GUAINIA VICHADA VICHADA VICHADA VICHADA TOTAL

HERRAN DE PUERTO SANTANDER DE RAGONVALIA DE TEORAMA DE TIBU DE TOLEDO DE VILLA DEL ROSARIO ARAUCA ARAUQUITA CRAVO NORTE SARAVENA INIRIDA SAN FELIPE PUERTO COLOMBIA LA GUADALUPE CACAHUAL PANA PANA PUERTO CARREÑO LA PRIMAVERA SANTA ROSALIA CUMARIBO

Venezuela

130

Venezuela

Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela

38 35 20 0 50 500 0 0 0 0 0 30 0 0 190 5.354

42 87 33 11 68 180 0 0 0 0 0 35 0 0 45 6.351

Casos emblemáticos En el departamento de Choco: •

Desplazamiento de 256 personas que estaban confinadas por las FARC y las autodefensas salieron de Pogue hacia Bellavista acompañadas por una comisión humanitaria. En la comunidad todavía permanecen 30 o 40 personas que ya han tenido que desplazarse con anterioridad y que “dijeron que no estaban en condiciones para un nuevo desplazamiento”38. •

Ante la llegada de un gran número de integrantes de la Policía Nacional en los primeros días del mes de abril, compuesto por uniformados pertenecientes a la Contraguerrilla de la Policía de Urabá y a la Policía Comunitaria, los habitantes de San José de Apartadó (aproximadamente 80 familias) se vieron obligados a abandonar el caserío. La mayoría de las personas salieron a la finca “La Holandita”, algunos hacia otras veredas cercanas y unos pocos hacia otros sitios del departamento de Antioquia39. EL COLOMBIANO: Abril de 2005, “Indígenas están en mayor riesgo”. Así lo pudo constatar La Red Juvenil de Medellín, la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial –Asonal Judicial- y la Corporación Jurídica Libertad quienes efectuaron una visita conjunta a San José de Apartadó entre los días 8 y 9 de abril del presente año. 38

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Este desplazamiento es el ejemplo claro del desconocimiento del DIH por parte del gobierno nacional y de la prioridad que tiene el copamiento militar en la estrategia de seguridad democrática, como principal y casi exclusivo esfuerzo del Estado para la búsqueda de protección. Según la Resolución de la Corte Intearamericana de Derechos Humanos de 15 de Marzo de 2005 las Medidas Provisionales frente al caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó establecieron que: 1. Colombia ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia de la Corte Interamericana. El articulo 63.2 de la Convención dispone que “en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que este conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes”. Así mismo se reconoce que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las medidas provisionales tienen un carácter no solo cautelar -en el sentido en que preservan una situación jurídica-, sino fundamentalmente tutelar por cuanto protegen derechos humanos. 2. La Corte ha ordenado en otras oportunidades, la protección de una pluralidad de personas que no han sido previamente nominadas, pero que son identificables y determinables y que se encuentran en una situación de grave peligro en razón de su pertenencia a un grupo o comunidad. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, integrada por aproximadamente 1.200 personas, constituye una Comunidad organizada, ubicada en un lugar geográfico determinado, cuyos miembros pueden ser identificados e individualizados y, por el hecho de formar parte de dicha comunidad, todos sus integrantes se encuentran en una situación de igual riesgo de sufrir actos de agresión en su integridad personal y su vida. 3. Dada la situación que se vive en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, sus habitantes se han obligado a desplazarse a otras regiones del país, por lo tanto es necesario que el Estado asegure que las personas beneficiadas con las presentes medidas puedan seguir viviendo en su residencia habitual y brinde condiciones necesarias para que las personas de dicha Comunidad que se hayan visto forzadas a desplazarse regresen a sus hogares. 4. El Estado colombiano no ha presentado el informe requerido en el punto resolutivo tercero de la resolución emitida por el Tribunal el 17 de noviembre de 2004, cuyo plazo venció el 16 de febrero de 2005, por lo que no ha cumplido con su deber de informar a la Corte cada dos meses sobre las medidas adoptadas, como le fue requerido.

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5. La Corte ha establecido que el incumplimiento del deber estatal de informar sobre el total de las medidas provisionales adoptadas en cumplimiento de sus decisiones es especialmente grave, dada la naturaleza jurídica de estas medidas que buscan la prevención de daños irreparables a personas en situación de extrema gravedad y urgencia. 6. Los representantes han indicado en sus observaciones que continúan las infracciones del Derecho Internacional Humanitario, amenazas, bloqueos, tortura, combates y que “las acciones de terror a las que se está sometiendo a la gente, las acciones de la fuerza pública violando los derechos humanos [...] y su sistematicidad hacen evidente el crimen de lesa humanidad que esta cometiendo el Estado contra las Comunidades” Al seguirse produciendo los actos de violencia contra los miembros de la Comunidad de Paz, se afecta particularmente a los niños, mujeres y personas de edad avanzada integrantes de ésta. 7. Por lo tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en uso de las atribuciones que le confiere el articulo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 25 y 29 de su Reglamento, resuelve reiterar al Estado colombiano que: § adopte las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; § adopte éstas y otras medidas que sean necesarias para cumplir estrictamente y en forma inmediata con lo ordenado por la Corte para proteger eficazmente la vida e integridad personal de todos los miembros de la comunidad de Paz de San José de Apartadó; § implemente cuantas providencias sean necesarias, en vista del incremento de los actos de violencia en contra de los miembros de San José de Apartadó, para garantizar la protección y la seguridad de los beneficiarios de las medidas y permitir que sigan viviendo en su residencia habitual, sin ningún tipo de coacción o amenaza; § asegure de forma efectiva las condiciones necesarias para que los miembros de la Comunidad de Paz que se hayan visto forzados a desplazarse a otras zonas del país, regresen a sus hogares; § investigue la alegada actuación de los integrantes de la fuerza pública en los hechos de violencia y amenaza a los miembros de la comunidad de Paz, con el fin de aplicar los términos que correspondan; § continúe dando participación a los beneficiarios de las mediadas provisionales o a sus representantes en la planificación e implementación de dichas medidas, para establecer las que sean más adecuadas para la protección y seguridad de los miembros de la Comunidad de Paz. Se requiere también que el Estado informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la presente Resolución ( es decir hasta el 30 de abril de 2005) y que se continúe a la Corte cada dos meses sobre las providencias adoptadas.

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8. Según lo anterior se puede observar que el Estado colombiano no ha cumplido con ninguna de las medidas provisionales mencionadas anteriormente, lo cual en materia de protección de Derechos Humanos es bastante grave y coloca al país en una situación no solo difícil sino preocupante40. • Se confirmó un desplazamiento masivo el 16 de mayo de 1.200 personas pertenecientes a siete comunidades del Medio Atrato: Curichí, La Vuelta, San José del Buey, San Antonio del Buey, La Manza, Chibuga y Aurobuey , por enfrentamientos de grupos ilegales que se disputan el control del Río Atrato. Se iniciaron desde el 16 de mayo hacia Quibdo. No se tiene información sobre albergues de recepción. La mayoría han llegado a casas de familiares y una cifra indeterminada de personas se encuentran en la sede de COCOMACIA. • Según lo informado por el diario Libertad el 2 de mayo, 48 indígenas chocoanos llegaron a Soacha por la arremetida de los grupos ilegales. Entre las personas desplazadas hay 27 niños y niñas. Los indígenas tuvieron que abandonar Jajarando en Chocó, ante las amenazas de la guerrilla de las Farc. Después de dos meses de caminata se ubicaron en Altos de Cazucá, en donde se encuentran actualmente. • Muchas de las personas que se encuentran en situación de desplazamiento en Bojayá, sufrieron un nuevo desplazamiento esta vez hacia otras cabeceras urbanas. La preocupación por la situación humanitaria en Bojayá después de tres años continúa siendo alarmante, los habitantes y diferentes organismos internacionales que hacen presencia en el territorio colombiano (OCHA, OIM, PMA, PNUD, UNICEF, ACNUR) denunciaron la situación de la zona a comienzos de abril. De acuerdo con estos organismos la situación es peor que hace un año cuando se alerto del desplazamiento de varias comunidades por la acción de los diversos grupos armados. Así mismo alertan sobre el riesgo que enfrentan 4000 indígenas Emberá pertenecientes a 24 comunidades que viven a lo largo de los ríos Cuia y Bojayá. También señalan como preocupante la situación de salud e inseguridad alimentaría, de hacinamiento y riesgo de reclutamiento forzado que enfrenta diariamente la población desplazada. Estas agencias solicitaron al Gobierno que tome medidas necesarias para evitar otra catástrofe humanitaria. Exhortan de igual forma a los grupos insurgentes presentes en la zona para que se abstengan de cometer acciones que pongan en riesgo la vida y la integridad de la población civil. 40

La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra 26 miembros del Ejército y la Policía que operan en el Chocó, por la presunta organización y participación en hechos relacionados con grupos paramilitares que operan en el oriente antioqueño. Por los mismos hechos la Procuraduría también formuló pliego de cargos contra el Presidente del Consejo de Rionegro y el ex alcalde de Guarne. La delegada para los Derechos Humanos indaga otras 37 denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas por paramilitarismo.

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• Aproximadamente 1000 personas se desplazaron a mediados de junio de Novita a San José del Palmar en Chocó, por amenazas de grupos armados, Se confirmó el retorno a sus hogares.

La situación de este departamento sigue en alerta. A comienzos de mayo las tres diócesis con jurisdicción en Chocó y 47 ONG del departamento, reiteraron la connivencia de miembros de la Fuerza Pública con paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas.

En el departamento de Nariño: • Aproximadamente 1350 indígenas del pueblo AWA (resguardos de Cuchilla del Palmar, Magui, Cuascubi, Paldubi, Pialapi – Pueblo Viejo, La esperanza, Nulpe Alto del municipio de Ricaurte Nariño y corregimiento de Altaquer del municipio de Barbacoas) abandonaron sus territorios para salvaguardar su vida. Según la ONIC, unos 116 indígenas (29 familias) tuvieron que huir hacia Ecuador por temor a verse involucrados en los enfrentamientos.

Departamento de Norte de Santander: • Según el informe de mayo emitido por la Sala de Situación Humanitaria, en los municipio de Tibú, Sardinata, San Calixto, Arboledas y Teorama (Norte de Santander), tuvieoron que desplazarse 138 personas (32 hogares) de esta región durante el mes. La Red de Solidaridad Social no reporta las causas del desplazamiento. Sin embrago, advierte que la situación se ha tornado crítica para estas personas en Cúcuta y Ocaña, ya que son víctimas de amenazas por parte de un grupo armado ilegal. Departamento de Arauca • En el departamento de Arauca se observa una dinámica fuerte de desplazamiento interno. El municipio más afectado y el expulsor numero uno es Tame, donde se han asentado con mucha fuerza los paramilitares. El municipio receptor más importante es la capital Araucana. Los municipios de Saravena, Arauquita y Fortul son receptores y expulsores a la vez. En los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón, el desplazamiento ha sido notorio. El desplazamiento en la región se da en cuatro formas: un desplazamiento intraveredal, intramunicipal, hacia otras regiones del país y con bastante intensidad cruzan la frontera hacia la República bolivariana de Venezuela.

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• Según la Defensoría Regional, 33 familias indígenas -165 personas –del resguardo Puyeros se desplazaron hacia Tame el 24 de junio de 2005 por ataques de la guerrilla. Como una herramienta de fortalecimiento local para abordar el tema del desplazamiento, en junio fueron instaladas en la capital araucana las mesas regionales de población desplazada por iniciativa de la Organización Nacional de Desplazados y ASDESCARCOL. Se reportó la participación de 326 delegados del Departamento de Arauca. No obstante, estas mesas no cuentan aún con el presupuesto y apoyo gubernamental necesario para su debido funcionamiento. En general, se observa cierta invisibilización del desplazamiento por parte de las autoridades araucanas, para quienes la solución más viable es el retorno inmediato de las familias a sus lugares de origen. Esto se plantea desde un escenario que no presenta muchas garantías y que aparece como una presión más que como una decisión voluntaria.

En el departamento de la Guajira: • Según el informe del mes de mayo emitido por la Sala de Situación Humanitaria de Naciones Unidas, 83 personas tuvieron que desplazarse en este departamento (41 niños y niñas y 42 personas mayores). Entre estas personas se encuentran algunos líderes indígenas (mamos) de la Vereda Corual del municipio de Dibulla. Según medios de comunicación los desplazamientos ocurrieron como consecuencia de fuertes presiones del frente 59 de las FARC con presencia en la zona. El gobierno colombiano no ha cumplido los compromisos adquiridos con esta etnia después de la masacre de Bahia Portete, y los paramilitares siguen controlando el negocio de contrabando de gasolina en la frontera. Desplazamientos por Fumigaciones • Aproximadamente 5000 campesinos llegaron a Samaná en Caldas como consecuencia de la fumigaciones que realizo la Policía durante la primera semana de abril sobre cultivos de coca en. El alcalde de Samaná, Jorge Clavijo López, informó que los desplazados llegaron a las veredas Florencia y Berlín41. • Algunos habitantes de la Sierra de la Macarena comenzaron a desplazarse al casco urbano de la población, temerosos de que el Gobierno empiece a asperjar las 2.707 hectáreas de coca que hay en la región, como lo ha anunciado el Ministro del Interior42. En este caso sectores oficiales, comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por posibles presiones de 41

“Desplazamiento por fumigaciones” Diario El Tiempo, 28 de Abril de 2005. Pagina 16. 42 “Glifosato a parques naturales, Semanario Llano 7 Días, 17 de junio de 2005, pagina 4.

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la guerrilla de las FARC sobre la población civil para que se desplazara. Aunque esta situación ha sido interpretada como una estrategia para frenar las fumigaciones, es importante insistir en la necesidad de un reconocimiento de las personas que migran como efecto de las fumigaciones como desplazadas y de la responsabilidad del estado en este caso como agente causante de desplazamiento. Si bien no existe una relación unilateral comprobada entre desplazamiento forzado y fumigaciones, si es posible afirmar que el contexto en el que se desarrollan las fumigaciones y los métodos utilizados para llevarlas a cabo han sido factores que inciden en el desplazamiento forzado de población de Nariño, Samana-Caldas, Sierra Nevada, Cauca y probablemente de los parques nacionales. Las operaciones militares que anteceden a situaciones de fumigación como las recientes operaciones en Barbacoas, Ricaurte, Sierra Nevada, son un factor de riesgo para la población civil que se encuentra en medio del fuego cruzado. De otro lado, ven afectados sus cultivos lícitos, su salud y sus medios básicos de producción. Este desplazamiento tiende a invisibilizarse por la imposibilidad que tienen las personas que han sido afectadas directa o indirectamente por las fumigaciones, de registrarse ante las principales entidades que brindan atención y protección.

Desplazamiento transfronterizo. El 20 de junio de 2005 se celebro el día mundial del Refugiado. Según la Oficina del Alto Comisado de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, para el primer trimestre del 2005, Francia fue el principal país receptor de refugiados y refugiadas en el mundo con 15.700 solicitudes de asilo. El segundo país receptor fue Estados Unidos con 13.600, seguidos por Reino Unido con 8.260 y Alemania con 6.660. Estas cifras reflejan que las principales potencias económicas siguen siendo importantes receptores de población necesitada de protección, sin que exista una política de asilo clara desde el seno de la Unión Europea, ni una reflexión sobre el tema migratorio en escenarios donde se discuten tratados comerciales e integración económica, como la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Andina de Naciones ó las comisiones de negociación del TLC y ALCA en América Latina. En total desde al año 2000 hasta diciembre del año 2004, 104.474 colombianos han solicitado asilo en el mundo. Teniendo en cuenta el endurecimiento de la política migratoria de los países industrializados, puede decirse que esta población enfrenta dificultades para acceder a un estándar básico de derechos e integración social en esos países. Además se ven

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expuestos a la trata y el tráfico de personas, a la explotación laboral y a vulneración de derechos sexuales y reproductivos en menores de edad. A pesar del incremento en las solicitudes de asilo hacia Venezuela y Ecuador, las tensiones políticas del gobierno de Colombia con estos gobiernos y el desbordamiento del conflicto, han generado respuestas desde los países vecinos que tienden a privilegiar la figura del refugio temporal para atender casos de afluencia masiva. Además, se adelantan medidas que apuntan a un retorno rápido y tienden a invisibilizar los desplazamientos o casos individuales. Tabla 3: Solicitudes de colombianos en el mundo País Receptor

Solicitantes Colombianos de asilo Acumulado 2000-2004 Estados Unidos 31.071 Canadá 13.082 Costa Rica 11.000 México 277 España 8.511 Reino Unido 7.513 Fuente: ACNUR Migración forzada hacia Ecuador En América Latina, la población colombiana es la que representa la mayoría de solicitantes de asilo. Ecuador encabeza la lista de países que reciben población colombiana que huye del conflicto armado. Según datos de la Cancillería Ecuatoriana, desde al año 2000 hasta el 31 de mayo, ese gobierno ha recibido 32. 475 solicitudes de asilo de personas ciudadanas colombianas, seguido por Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y España. En general para el trimestre se observa un incremento de desplazamientos transfronterizos desde Nariño, debido a los intensos combates en esa frontera. Los indígenas de la etnia Awa presentan una situación de vulnerabilidad particular. La crisis humanitaria en la frontera se ha incrementado y las condiciones de seguridad para refugiados y refugiadas colombianas en la zona les obliga a buscar un tercer país. Esta situación refleja el desbordamiento del conflicto en territorios vecinos. Los combates entre el Ejército y las Farc por control de territorios estratégicos para el negocio de las drogas en Cumbal, Ricaurte y Barbacoas, municipios del sur de Nariño, han provocado desplazamiento forzado hacia las áreas urbanas cercanas.

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La Diócesis de Tulcán registro el paso de 26 indígenas AWA del departamento de Nariño hacia territorio Ecuatoriano por presiones de grupos armados.

Tabla 4: Solicitudes de asilo en países vecinos.

PANAMA El número total de refugiaos reconocidos 811 ECUADOR BRASIL

Solicitudes 2004

Solicitudes aceptadas 2004

Solicitudes negadas 2004

Solicitudes primer Semestre 2005 Corte al 31 de mayo

387 personas

250 personas

137 personas

165 personas

Aceptadas primer Semestre 2005 Corte al 31 de mayo 113 personas

Negadas primer Semestre 2005 Corte al 31 de mayo 52 personas

En tramite o pendiente 2005 Corte al 31 de mayo 393 personas acumulado SI

7.935 2.420 4.200 2.819 1.364 1.590 solicitudes solicitudes solicitudes En los dos últimos años han sido aceptadas 105 solicitudes de refugio correspondientes a personas colombianas. En el año 2004 se reasentaron 75 refugiados provenientes de Ecuador y Costa Rica.

VENEZUELA El total acumulado desde el año 2000 ACNUR ha procesado 5428 Solicitudes.

4689 Solicitudes

PERU

191 personas

COSTA RICA

1100 personas

244 personas (solo en 2004 fueron reconocidas como refugiadas 217 personas) 48 personas 710 personas

192 personas

769 personas

115 personas

85 personas

3649 casos aún esperan su decisión.

6 personas 390 personas

81 personas SI

SI, Sin Información. Fuentes Panamá. Consulta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ecuador. Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina para los Destacamos que esta institución coincide en un 98% con ACNUR. Brasil. www.unhcr.org sección Colombia. Venezuela. Comisión Nacional para los Refugiados. Perú. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Costa Rica. Oficina Nacional de Migración y Refugio, Departamento de Refugiados

Refugiados.

Migración forzada hacia Panamá Durante el trimestre continuaron registrándose solicitudes de refugio de colombianos en Panamá, como consecuencia de la situación de conflicto armado. Hasta el 31 de mayo según la oficina de ACNUR Panamá, existen 811 refugiados reconocidos. Desde el 1 enero al 31 de mayo, 165 personas solicitaron refugio, de las cuales fueron aceptadas 113 y se encuentran en trámite o pendiente de reconocimiento un acumulado de 393 personas en total. La cifra de solicitudes negadas durante el 2005 ha disminuido respecto

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del mismo periodo del 2004. Sin embargo, las medidas enfocadas a evitar la entrada de refugiados y refugiadas en la frontera, persisten. Según el Vicariato del Darién, en las comunidades de Barranquillita, Tupiza y Tuqueza, los colombianos están expuestos a las devoluciones hacia Colombia sin que se verifique previamente si se trata de personas necesitadas de protección y con intención de solicitar asilo en ese país. Por otro lado, continúan ingresando personas refugiadas a territorio panameño. No sólo se encuentran entre ellas campesinos de las regiones fronterizas sino que ahora también se encuentran exfiscales y pequeños empresarios que huyen del país por causa de las amenazas y las extorsiones.

Migración forzada hacia Venezuela El número de ciudadanos y ciudadanas colombianas que salen hacia este país buscando condiciones de seguridad mejores, es cada día mayor. Durante el trimestre se registra una gran afluencia de colombianos hacia el estado de Zulia y Táchira. La mayoría provienen de Guajira, Magdalena, Cesar y Córdoba. El Instituto Zuliano de Estudios Fronterizos y comisionado regional de fronteras, señala que para principios del mes de junio se registró un acumulado de 915 personas que solicitan refugio y que han entrado por Machiques por el Municipio Jesús María Semprún, huyendo del conflicto armado colombiano43. Fuentes como El Tiempo han indicado la existencia en estos estados de 3 pueblos 100% colombianos que han sido fundados a lo largo de los últimos 6 años (Naranjales, El Cruce y Caño Gaital)44. Migración forzada hacia Brasil La oficina de ACNUR en Brasil asiste a los colombianos asentados en el estado de Río Grande, en la región Nordeste del Brasil. (Río grande, Sao Paulo, Porto Alegre). Las autoridades brasileñas han anunciado su disponibilidad de aceptar al menos 275 refugiados reasentados para el 2005. El número de llegadas actual dependerá de los fondos que ACNUR logré conseguir para el programa. EL primer grupo de 18 refugiados fue formalmente aceptado en febrero de 2005, aunque el grueso de solicitantes y población necesitada de protección sigue enfrentando dificultades. Migración forzada hacia Chile El secretario ejecutivo de la Vicaria de Pastoral Social de Santiago de Chile, sostuvo que ese país regularmente recibe refugiados colombianos. Durante el mes de mayo 29 personas colombianas provenientes de Ecuador, solicitaron refugio en Chile. Este caso visibilizo la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los y las migrantes en América Latina, ya que este caso se identifico 43 44

El Universal. Venezuela. www.eud.com. 29 de mayo. El tiempo. Colombia. eltiempo.com. Junio 12 de 2005.

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como un caso de trata de personas45. En Chile hay aproximadamente 600 refugiados de América, Asia y África.

III. Respuesta internacional La respuesta internacional refleja que las tensiones políticas entre gobiernos de Ecuador y Venezuela con Colombia y el desbordamiento del conflicto armado a territorios vecinos, están resultando en una situación que tiende al cierre de fronteras progresivo ya que es cada vez más difícil acceder a protección cruzando el límite entre los dos países. Las repatriaciones de colombianos y colombianas en situación irregular como una opción considerada por el gobierno ecuatoriano, así como la posible solicitud de la visa ecuatoriana para las personas colombianas, son un ejemplo de ello. En algunos casos pueden atentar contra la seguridad personal de los y las colombianas que salieron huyendo del conflicto a ese país. La figura de refugio temporal la están aplicando los gobiernos de Venezuela, Perú y Panamá para atender afluencias masivas y como mecanismo para evitar un asentamiento permanente en sus territorios de población refugiada. En su lugar, esta figura muestra que estos gobiernos están pensando en el retorno rápido como mecanismo para exigir al gobierno colombiano una corresponsabilidad en materia migratoria. De otro lado, se observa que hay una mayor afluencia de personas colombianas que buscan reasentarse en los países del cono sur, como una alternativa o solución al incremento de la crisis humanitaria en las fronteras con Colombia e incluso en las capitales de los países vecinos. Ecuador El nuevo gobierno ha respondido frente al refugio y al conflicto armado interno con medidas que están configurando un cierre progresivo del espacio humanitario en la frontera. El Ministro de Ecuador de gobierno Mauricio Gándara indicó que no existe ningún acuerdo tácito de libre incursión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el régimen. 'Respetamos la no intromisión, la autodeterminación. No vamos a meternos en el problema colombiano', subrayó. El canciller de Ecuador señaló que “Colombia debe ser correponsable económicamente en el caso de los refugiados de ese país en Ecuador.(…)Colombia tiene que cooperar en la solución de los problemas de sus ciudadanos a los que nosotros acogemos con los brazos abiertos”. 45

Noventa y ocho colombianos fueron victimas de la estafa al pagar instancias de la ONG "Despertar a defender nuestros derechos", supuestamente debían desplazarse a Canadá en calidad de refugiados y terminaron en Quito, Ecuador.

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En cuanto a la situación de ciudadanos ilegales de ese país, Parra consideró que se analiza la posibilidad de repatriar a los colombianos indocumentados que, según cifras no confirmadas, podrían llegar a los 700.000. “Si son emigrantes ilegales habrá que ponerlos en la frontera”, expresó Parra. Datos oficiales consideran que en Ecuador viven de manera legal unos 50.000 colombianos, mientras que otros 30.000 habrían solicitado refugio entre enero del 2000 y diciembre del 2004, de los cuales Quito ha reconocido a unos 9.000. Parra indicó que “hay una serie de procedimientos que se estudian. No es una decisión en este momento (establecer) la visa”. Por su parte, la canciller colombiana, Carolina Barco, manifestó que no es conveniente implementar la visa para personas colombianas que quieren ingresar a territorio ecuatoriano y que es contraproducente para las relaciones económicas.

Venezuela Continúa el cierre del paso fronterizo y los controles migratorios establecidos desde enero del año en curso, a pesar de que el gobierno colombiano solicitó a los mandatarios vecinos la reactivación de permisos fronterizos y la construcción de un nuevo puente que conecte Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira, sin lograr ninguna negociación efectiva. Al contrario, dichos controles se incrementan. Durante el mes de junio se tiene bloqueado el paso desde la capital araucana y las zonas de Saravena y Arauquita, donde hoy en día hay presencia del Ejército Venezolano y de la Guardia Nacional. Estas solo permiten el tránsito de quienes tengan cédula venezolana y visa46. Sin embargo, es importante resaltar la activación de espacios de dialogo entre los dos gobiernos para tratar el tema migratorio. Por ejemplo, la reunión binacional de autoridades ministeriales y operativas sobre el memorando de entendimiento de afluencia de desplazados, celebrada el 27 de mayo. Este encuentro tuvo como intención primordial concretar posiciones en relación con el refugio y frente a un plan conjunto en materia de provisión de alimentos, seguridad y salud; y la iniciativa del Gobierno de Venezuela por descentralizar el procesamiento de las solicitudes de la condición de refugiado, en apoyo al funcionamiento de la Comisión Nacional para Refugiados. Desde el año 2004, el gobierno de Venezuela ha instalado las Secretaría Técnica Regional (STR) para los Estados de Táchira y Apure, y más recientemente entró en operación la STR para el Estado de Zulia.

El tiempo. Colombia. eltiempo.com. Junio 12 de 2005.

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Panamá: El argumento principal de este gobierno para aprobar las solicitudes de Protección de Refugiados, se basa en la reunificación familiar47. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados plantea diferentes alternativas al gobierno panameño. Entre ellas, un convenio entre ACNUR y el gobierno panameño para que este último cambie el estatus de protegidos humanitarios temporales por el de refugiados a ciudadanos y ciudadanas colombianas en ese país. ACNUR-Panamá esta solicitando al gobierno de Martín Torrijos en la importancia de cambiarles el estatuto migratorio de protección temporal a residencia permanente a los 831 colombianos en el Darién y en Kuna Yala. Hasta el momento el compromiso asumido por la Administración anterior en este sentido no se ha cumplido en su totalidad; solamente se han tomado medidas preparatorias pero insuficientes. Lo mismo aplica en relación a los más de 400 salvadoreños y nicaragüenses que llevan más de 20 años en Panamá en calidad de refugiados y cuya integración por lo tanto se ha complicado y demorado En el mes de abril, la Comisión de Elegibilidad se reunió nuevamente para examinar casos, principalmente de solicitantes de asilo colombianos. El ACNUR está un tanto preocupado ya que la taza de reconocimiento cayó al 32% en esta última Comisión (en el 2004 el promedio fue 38%). Por su parte, el ACNUR está dispuesto a seguir brindando apoyo a estas poblaciones, incluyendo proyectos de micro-crédito para agilizar su integración. El ACNUR continúa implementando su apoyo legal y económico en Ciudad de Panamá, la frontera de Panamá con Costa Rica y la frontera de Panamá con Colombia, a través de ONPAR y el Centro de Investigación y Promoción para los Derechos Humanos (CIPDH), Fundación Pueblos del Bosque y Vicariato del Darién. Por otra parte, el ACNUR está también preocupado por el hecho que la Dirección de Nacional de Migración y Naturalización mantiene una política de detener a aquellos solicitantes de asilo que llegan indocumentados o que no cumplen con los requisitos migratorios de entrada o permanencia en el país normales. Dado el hecho que el examen de solicitudes puede durar entre dos y cuatro meses, y a veces inclusive más, muchos solicitantes permanecen en detención por largos periodos de tiempo. Por lo menos, el ACNUR, ahora tiene acceso a estos centros de detención, donde lleva a cabo actividades de protección y ayuda. La posición del ACNUR es que solamente se justifican dichas detenciones en casos especiales y extremos.

PANAMÁ AMERICA: Abril 26 de 2005, “Guerrillas y narcos escogen a Panamá: rebeldes colombianos mantienen células en Centroamérica y Panamá para intercambiar drogas por armas”.

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IV. Respuesta nacional: Sin cuentas claras La dimensión estructural de este problema contrasta con la precariedad política, financiera e institucional de la política pública, como se ha puesto en evidencia a través del proceso de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional respecto de las condiciones y las garantías para los derechos de los desplazados. Durante el segundo trimestre de este año la Corte Constitucional colombiana convocó a una audiencia pública en el marco de la Sentencia T- 025 de 2004, considerando que existían serias contradicciones entre los informes de cumplimiento presentados por la RSS, y los informes de seguimiento que sobre el asunto ofrecieron tanto el Ministerio Público como la defensoría del Pueblo, el ACNUR, Codhes y otras organizaciones sociales interesadas en que se establezcan soluciones reales a la problemática. Entre los puntos que Codhes ha señalado como fundamentales en el cumplimiento de la Sentencia, se encuentra el tema de la estimación del esfuerzo presupuestal y la disposición efectiva de los recursos, la prevención al desplazamiento forzado, y el mal funcionamiento del Sistema Único de Registro.

V. Conclusiones y recomendaciones. Las situaciones descritas anteriormente requieren una revisión del enfoque de seguridad aplicada por el gobierno nacional y de la estrategia en la lucha contra las drogas y contra el terrorismo promovida por Estados Unidos en la región andina. En lugar de avances, estas estrategias muestran la profundización del conflicto en algunas zonas, su complejidad y el desbordamiento a países vecinos. Varios hechos son muestra de ello: • La expansión del narcotráfico y del crimen organizado más allá de las fronteras. Es clara la articulación cada vez mayor entre estas redes y las estructuras de grupos armados irregulares que han diversificado sus fuentes de financiación. • Se requiere de una política anti-drogas integral que permita a Estados Unidos un tratamiento distinto frente a los cultivos de uso ilícito. A pesar de que el gobierno de Uribe menciona como éxito de la estrategia de erradicación forzada por aspersión aérea, la reducción del 7% en el área cultivada de coca y amapola en Colombia, el traslado de cultivos a Perú y Bolivia, así como el reporte de nuevas áreas, son factores que cuestionan los resultados de la actual política anti-drogas. • La desmovilización no constituye un mecanismo para desmontar la estructura paramilitar. Se adelanta sin un componente claro de esclarecimiento de los hechos que condujeron a la violencia y conformación de grupos paramilitares, sin un componente de verdad de las víctimas hecha pública, sin seguimiento, sin un plan para garantizar que la extinción de bienes adquiridos

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con dineros del narcotráfico va a destinarse para la reparación de los derechos de las víctimas de grupos vinculados al negocio. • La militarización no ha menguado la capacidad de ataque de la guerrilla. Al parecer el país esta sometido hoy a una dinámica de intensificación del pulso militar entre el Estado y estos grupos insurgentes, que pone en entredicho las garantías de la población civil en los “teatros de operaciones” en que se han convertido las fronteras. • La insistencia del gobierno colombiano en negar la existencia del conflicto armado, ha significado su aislamiento en el diálogo con la comunidad internacional sobre avances en materia de derechos humanos y respuestas a la crisis humanitaria. La consecuencia, el cierre del espacio humanitario. Recomendaciones. Es necesario entonces: 1) Revisar la agenda de seguridad en las zonas de frontera con el fin de identificar necesidades de protección para la población civil con respuestas más allá del contingente militar, 2) Apoyar con recursos del presupuesto nacional a los gobiernos locales en la atención a las víctimas del desplazamiento forzado, 3) Privilegiar el tránsito de agentes humanitarios en estas zonas donde el acceso es difícil y verificar medidas de seguridad aplicadas por la fuerza pública que están resultando en situaciones de bloqueo y desabastecimiento, 4) Atender a las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos, principalmente para grupos poblacionales en situación particularmente vulnerable como son las comunidades indígenas y afrodescendientes, maestros, habitantes de regiones objeto de fumigación intensiva, población que se encuentra en zonas donde se adelantan procesos de desmovilización. Es allí donde la comunidad internacional –especialmente la OEA como veedora del proceso-, los órganos de control del Estado como Procuraduría y Defensoría, requieren de un apoyo fundamental y deben jugar un papel protagónico. 5) Es necesario que la comunidad internacional, especialmente países donantes y mesas de cooperantes, exija de las guerrillas, de los paramilitares y del Estado, el respeto del DIH. 6) La Organización de Estados Americanos debe tener un papel más activo en la verificación sobre terreno del cumplimiento del cese de hostilidades por parte de los bloques que se encuentran en la negociación con el gobierno nacional. 7) Hacemos un llamado a los gobiernos de países vecinos y autoridades locales para que se active un diálogo abierto con gobierno nacional y organismos internacionales, sobre el tema migratorio.