BOLETÍN CODHES INFORMA #63 El conflicto de cara al oriente selvático. 2005 by CODHES

Codhes informa Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 63. Bogotá D.C., 15 de julio de 2005 codhes@codhes.org www.codhes.org

El conflicto de cara al oriente selvático1

Bogotá,15 julio de 2005

Este documento fue elaborado por el equipo de investigación del área de fronteras (Marcela Ceballos, Madeleine Ahumada, Zully Laverde y María Clara Melguizo) con el apoyo del área de política pública (Gladys Prada y Edwin Tapia). Fue posible gracias al apoyo de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Proyect Counselling Service (PCS) – Interpares y Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI). Los conceptos y afirmaciones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva de Codhes y no comprometen a las instituciones donantes. La información publicada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes puede reproducirse total o parcialmente citando la fuente e incluyendo nuestra dirección electrónica www.codhes.org

Índice I. Contexto sociodemográfico .............................................................4 1.1Territorio y población.................................................................................. 4 1.2 Condiciones de vida .................................................................................. 6 1.3 Presencia y dinámica estatal..................................................................... 8 1.4 Cruces fronterizos ..................................................................................... 9

II. Economía y recursos....................................................................10 III. Actores armados y dinámicas del conflicto .................................13 IV. Manifestaciones de la crisis humanitaria y de derechos humanos ..........................................................................................................19 4.1 Homicidios y masacres ........................................................................... 19 4.2 Minas....................................................................................................... 19 4.3 Desplazamiento interno........................................................................... 20 4.4 Cruces fronterizos ................................................................................... 27

V. Respuestas institucionales y sociales a la crisis .........................31 VI. Principales conclusiones.............................................................37 VII. Algunas recomendaciones.........................................................38

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Fuente: Sisdhes – CODHES.

El conflicto de cara al oriente selvático

Con excepción de la prolífica producción científica y antropológica sobre la Amazonía y la Orinoquía colombiana, son muy pocos los estudios económicos, históricos y políticos que traten esta región, a pesar de cubrir una superficie inmensa del territorio nacional. Este informe que se presenta a continuación espera colmar algunos de los vacíos detectados, realizando una primera aproximación a la expansión del conflicto armado y sus consecuencias humanitarias y de derechos humanos en estas zonas de la amazonía y la orinoquía colombianas que son áreas de frontera con Brasil, Venezuela y Perú. El agrupamiento y distinción de los departamentos contemplados en este informe (Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada) no es aleatorio. Responde más bien, al hallazgo de múltiples características y particularidades que comparten estas zonas entre sí, desde diversas perspectivas y puntos de vista. Además, todas ellas se inscriben en el mapa de una eventual expansión del conflicto armado luego de la reestructuración que siguió al rompimiento del proceso de paz entre el gobierno y las FARC y la apuesta gubernamental a una solución militar. El lector dará cuenta de estas similitudes geográficas, económicas, sociales y políticas, y de las perspectivas y caminos que a futuro se perfilan.

I. Contexto sociodemográfico

1.1 Territorio y población Son varias las cualidades geográficas y demográficas que comparten los departamentos a estudiar. Morfológicamente hablando, son

territorios de extensas llanuras, con pocas elevaciones que no sobrepasan los 400 metros de altura. De gran riqueza en flora y fauna, y con grandes extensiones de selvas y estepas consideradas como santuarios, reservas o parques naturales. Los ríos son caudalosos y se convierten en las principales vías de comunicación. Entre ellos encontramos el Amazonas, Putumayo, Caquetá, Apaporis, Vaupés, Guainía, Inrida, Guaviare y Vichada. Estos ejes viales recorren el mapa colombiano de occidente a oriente, conectando de manera transversal a un sinnúmero de pueblos y caseríos2. Esta comunicación fluvial, aunque fundamental, muchas veces resulta insegura e intermitente porque son muchas las fuentes que en época de verano disminuyen el nivel de cauce dejando al descubierto algunos raudales, rápidos o caídas que dificultan el paso continuo de embarcaciones o la navegabilidad de los ríos en toda su extensión, como ocurre con los ríos Caquetá y Vaupés. Pese a estos inconvenientes que restringen la navegación, la importancia de los ríos en estos territorios se hace clara cuando se advierte la ausencia casi total de carreteras terrestres3 y la precaria infraestructura con la que cuentan en el transporte aéreo, con pocos y pequeños aeropuertos que 2

La conexión norte-sur en estos departamentos es muy difícil. No hay largas arterias fluviales ni vuelos aéreos que comuniquen en esta dirección. 3 En cada departamento solo hay una carretera. Muchas son proyectos inconclusos. En Guainía solo hay construida una carretera de 150 km de longitud que es transitable solo en tiempo seco y pretende a futuro comunicar a los ríos Guainía e Inírida. En Amazonas está proyectada hace mucho tiempo una carretera que una LeticiaTarapacá, sin embargo solo están construidos los primeros 25 km. En Vaupés la única carretera que existe es la vía Mitú-Monfort con una extensión de 100km de los cuales 35 son carreteables.

presentan una tímida frecuencia de vuelos semanales.

dispersos por la selva y agrupados en 64 etnias y 65 resguardos5.

Es muy probable que la lejanía de estas tierras con el centro del país sea y haya sido un factor definitivo en la ausencia de óptimas y eficientes vías de comunicación terrestres y aéreas, y en el rezago de estas zonas dentro de la ola de progreso y desarrollo. También puede ser posible que las antiguas expansiones emprendidas en siglos precedentes hayan perdido la batalla con la selva y con el sometimiento indígena, por lo que optaron por el abandono y olvido de estas tierras. Sea cual sea la razón es claro que, comparativamente hablando, estos lugares han permanecido aislados, desconectados y alejados de la “civilización andina”, protagonizando así particulares realidades sociales, económicas, políticas y culturales.

Dada la distancia y aislacionismo que padecen estos departamentos fronterizos frente al centro del país, y dada la incomunicación terrestre y aérea dentro de sus límites, ha resultado más fácil, útil y benéfico relacionarse con aquellos que hacen parte de su condición periférica. Es por ello que muchas de estas zonas tienen relaciones más fuertes con sus asentamientos cercanos que, aunque pueden pertenecer a otro país o departamento, no distan mucho de sus condiciones económicas, sociales y culturales. Reconociendo esta particularidad de las zonas fronterizas, y más aún, de las cabeceras departamentales, los gobiernos han aceptado tradicionalmente la libre movilidad en territorios vecinos de gran proximidad a las líneas divisorias o a la ribera de los ríos compartidos (de estos pactos los indígenas han sido especialmente beneficiados). Esta tendencia a la generación de Zonas de Integración Fronteriza (ZIF)6 se ha revertido en el último año con el recrudecimiento del conflicto armado colombiano y de su cruento desenvolvimiento en las zonas de frontera.

Una de las características que más llama la atención de estas zonas es su bajísima densidad poblacional. Estos departamentos reportan los niveles más bajos respecto al resto del país. Sus habitantes se encuentran notoriamente dispersos, en pequeños asentamientos y distribuidos a lo largo de los límites ribereños. Estos constituyen, además de la oportunidad de movilizarse, la posibilidad de obtener agua y alimento4. Más de la mitad de la población registrada para estos departamentos viven en las cabeceras departamentales, en los que predomina la población colona. Recientemente se registra la conformación de barrios indígenas en medios urbanos como consecuencia del conflicto armado y de la siembra de coca. Un ejemplo emblemático de ello es Mitú, donde 20 de los 24 barrios que la conforman son de descendencia indígena. A excepción de estos núcleos, cerca de 80.556 indígenas habitan los cuatro departamentos, 4

Aunque hay casos dramáticos como el río Vaupés que por el nivel de ácido contenido en el agua no hay pescados para el autosostenimiento de las comunidades aledañas.

Tomando los datos de la Fundación Hemera para hacer los cálculos. 6 De lo que el caso más emblemático es Perú.

Territorio y población Límites Fronteras

Superficie Categorías territoriales

Amazonas Norte Caquetá y Vaupés Este Brasil Oeste Putumayo Sur Perú

Vaupés Norte Guaviare y Guainía Este Caquetá y Guaviare Oeste Brasil, Sur Amazonas

Guainía Norte Vichada Este Venezuela Oeste Vaupés, Guaviare y Vichada Sur Brasil

109.665 Km2 2 municipios y 9 corregimientos

65.268 Km2 5 3 municipios y 3 corregimientos 33.142 21.709 2 0.41 Hab./Km2

70.691 Km2 1 municipio y 8 corregimientos

Vichada Norte Casanare, Arauca y Venezuela Este Venezuela Oeste Meta y Casanare Sur Guainía 98.970 Km2 3 municipios

Población* 80.487 43.194 96.138 Indígenas 22.339 15.889 20.619 Resguardos 28 26 41 Densidad de 0.50 Hab./Km2 0.54 Hab./Km2 0.93 la población Hab./Km2 por km cuadrado Fuentes: DANE, Ministerio de Educación Nacional, Policía Nacional, Informe UNODC Junio 2005, Fundación Hemera. * Población proyectada para 2005, Base DANE, 1993

1.2 Condiciones de vida Al revisar las condiciones socioeconómicas de estos departamentos fronterizos se evidencia el abandono y aislamiento al que han estado sujetos históricamente. En ese sentido, es clara la deuda social hacia estos territorios que concentran importantes problemáticas en materia de saneamiento básico, escolaridad, salud y seguridad alimentaria. Los cuatro departamentos muestran unos índices significativos de necesidades básicas insatisfechas (NBI), aglutinando a la mayor parte de sus pobladores en el estrato uno. La cobertura escolar registra un importante porcentaje de inasistencia, pues en todos los casos supera tímidamente la mitad, lo que quiere decir que uno de cada dos niños en edad escolar asiste a la escuela. La falta de infraestructura y de provisiones, la dificultad y costo del desplazamiento de los asentamientos a las escuelas existentes, la ausencia de

maestros y la carencia del ciclo secundario, son algunos de los problemas que padecen los niños y niñas de estas comunidades. Los problemas de deficiencia de saneamiento básico siguen minando la salud de los habitantes de estos departamentos, en su gran mayoría indígenas de diferentes etnias. Las extracciones de oro aluvial, el derrame de aceite y gasolina y otra serie de contaminantes están afectando gravemente las fuentes hídricas alrededor de las cuales se asientan las poblaciones. En términos generales la mayoría de las poblaciones carecen de agua potable. Muchos de los habitantes de estos departamentos están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Pese a ello, son muy pocas las ARS y los hospitales presentes en las regiones, por lo que se dificulta el acceso de la población a estos

servicios. Mucha de la atención a comunidades indígenas se presta a través de las visitas directas a sus resguardos. La gran mayoría de estos territorios carecen de servicio público de energía. En cabeceras departamentales como Mitú y Puerto Inírida el servicio es prestado a través de plantas de gasolina o ACPM que funcionan de manera intermitente y que son otorgadas por la alcaldía o por las bases militares. El costo de la canasta familiar es muy elevado respecto al resto del país. Esto se debe a la poca productividad agrícola de la zona, así como a las dificultades y costos de transporte hasta estas zonas. Ejemplos emblemáticos de ello son Amazonas (El Encanto) donde una gaseosa dos litros vale $6.000 y en las zonas rurales de Caruru (Vaupés) una libra de arroz vale $10.000. También se registra un alto costo del combustible. En estos departamentos el valor por galón oscila entre los $8.000 y $12.000, lo que también incide negativamente en la movilidad humana que se ve restringida por no

poder pagar los precios de los pasajes. A esto se suman los crecientes controles y restricciones en algunas de estas zonas a productos químicos como la gasolina, ACPM, y otros de utilidad para el procesamiento de coca y para la supervivencia de las tropas guerrilleras.

Para el municipio de Puerto Alegría (Amazonas) la cuota del ACPM ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo para evitar que la guerrilla se abastezca. En el año 2000 se les entregaba 3000 galones para el consumo anual. En el 2001 sólo se entregaron 2000 galones, en el año 2002 se entregaron 1000 galones, en el 2003 y 2004 se dotaron de 500 galones y para este año se entregaron 480 galones. Racionando de esta forma, el municipio cuenta con ACPM, para el servicio de energía eléctrica por 2 horas diarias de 6pm a 8pm de la noche. Esto mismo ocurre con todas las comunidades de la frontera hasta Marandúa (Amazonas).

Condiciones de vida Amazonas Vaupés Guainía Vichada PIB 2002 174.054 100.298 70.398 207.112 (millones pesos)** % en el PIB 0,09 0,05 0,03 0,10 Nacional 2002 Índice NBI (%) 69,45 100,00 100,00 88,92 Cobertura 58,4 66 55 50 Escolar (%) 5-17 años Fuentes: DANE, Ministerio de Educación Nacional, Policía Nacional, Informe UNODC Junio 2005, Fundación Hemera ** Producto Interno Bruto Departamental, a precios corrientes. DANE-Cuentas Regionales

1.3 Presencia y dinámica estatal Por las condiciones geográficas y demográficas de los departamentos estudiados la presencia del Estado ha sido tradicionalmente débil, desarticulada de la totalidad de los territorios y concentrada en las cabeceras departamentales y municipales. Al respecto se observa que la mayor parte de la institucionalidad estatal se encuentra concentrada en los centros urbanos de los departamentos, los cuales son enclaves de población mestiza que controla la burocracia local. Capitales como Mitú, Puerto Carreño, Leticia y Puerto Inírida, tienen la doble categoría de cabecera municipal y capital departamental, concentrando toda la administración pública de servicios en centros desconectados del territorio restante. Estos territorios restantes tienen varias particularidades. Por ser de población mayoritariamente indígena, su manejo no se ajusta a las figuras tradicionales del sistema territorial nacional (dado que los resguardos y cabildos no hacen parte de ningún municipio), por lo que se ha dificultado la gobernabilidad, la presencia estatal, la representatividad de las necesidades de los indígenas y el buen manejo de las transferencias que por ley les corresponden. Estos lugares han tenido que articularse directamente al gobierno departamental por medio de la figura de los corregimientos departamentales, la cual fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en sentencia C141 de 2001. Este vacío de gobernabilidad se ha ido supliendo por medio de la llegada de la fuerza pública a las antiguas cabeceras corregimentales (especialmente con la política de seguridad democrática de Uribe), notificando un palpable abandono del carácter y papel social que todo Estado debe contener y simplificando su presencia a la existencia del pie de fuerza.

Paralelamente a esta militarización se viene desarrollando un proceso más alentador, que ha girado alrededor del empoderamiento de las autoridades indígenas para que ejerzan como autoridades públicas de estos territorios. Al respecto vale la pena mencionar el caso de Amazonas, donde las etnias indígenas vienen gestionando propuestas de ordenamiento territorial como una estrategia de fortalecimiento cultural, administrativo y político, y como un elemento clave para garantizar el ejercicio de sus derechos constitucionales. Estos avances se han materializado en las 10 Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATIS) que operan en la actualidad. De esta forma se ha intentado fortalecer a estas organizaciones de base para que desarrollen una estructura de gobierno local y para que allí confluyan todas las etnias agrupadas de acuerdo a su cercanía geográfica y a sus similitudes culturales. La interlocución de las AATIS se realiza a través de la Mesa de Coordinación Administrativa; figura que opera desde el 2002 y que se reúne 2 veces al año. Allí es donde las asociaciones y el gobierno pactan sobre las transferencias, su uso y destinación dentro de los territorios indígenas. La distancia de estos y demás departamentos de la región orinoquía amazonía de los intereses del gobierno central generaron una histórica ausencia estatal que los configuraron como los últimos rincones del país. Esta marginalidad resultó estratégica para el ejercicio y empoderamiento de la guerrilla y para la siembra y procesamiento de los cultivos de uso ilícito. En la actualidad, con la implementación del Plan Patriota y el Plan Colombia en Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta, los frentes de la guerrilla que antaño operaban en estos departamentos se

han trasladado a dominios ya conocidos y abandonados por el Estado, como son los departamentos estudiados en el presente informe. 1.4 Cruces fronterizos Generalidades de Colombia – Perú

frontera

Esta frontera tiene un área aproximada de 1.626 Km. La población indígena constituye alrededor del 21% de su población total. La zona colombiana comprende los departamentos de Putumayo y Amazonas, y la zona peruana abarca la parte norte de la provincia de Loreto. La mayoría de habitantes esta asentada en los márgenes de los ríos Amazonas, putumayo, Napo y Caquetá. Las principales ciudades son Leticia en el río Amazonas y Puerto Leguízamo en el río Putumayo, ambas en Colombia. En Perú las poblaciones con mayor número de habitantes son Putumayo y Ramón Castilla. Desde el 2002 los dos países identificaron la Zona de Integración Froteriza (ZIF) definiendo áreas puntuales y estratégicas en la frontera común. Desde entonces los dos países avanzan en la caracterización de la región, el diseño cartográfico y en los acuerdos bilaterales correspondientes. Algunos de los principales poblados del lado colombiano: Puerto Alegría, El Encanto, Marandúa, Leticia, Puerto Nariño. Algunos de los principales poblados del lado peruano: Soplin Vargas, Angusilla, Nueva Esperanza, La Libertad, Santa Mercedes, Flor de Agosto y El Estrecho. Generalidades de Colombia – Brasil

frontera

Esta frontera tiene una extensión terrestre de 1.645 Km desde la isla de

San José hasta la desembocadura de la quebrada San Antonio, en el río Amazonas. La zona colombiana incluye los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas. La zona brasilera contiene el estado de Amazonas. Esta región fronteriza está habitada por diversos pueblos indígenas, entre los cuales se pueden destacar por su cercanía a la frontera a los Ticunas, Huitotos, Tucanos y Boras. El Acuerdo de Preferencias Arancelarias Fijas (ACE-39) concluido en el ámbito de las negociaciones Brasil – Comunidad Andina de Naciones (CAN), en julio de 1999, y en vigor desde agosto del mismo año amplió significativamente la cantidad de productos colombianos contemplados con preferencias arancelarias, representando la mayor parte de las exportaciones colombianas a Brasil. Generalidades de la Colombia – Venezuela

frontera

La frontera terrestre entre Colombia y Venezuela tiene una extensión de 2.219 Km desde Castilletes en La Guajira, hasta la isla de San José frente a la Piedra del Cocuy, en el río Negro. Es la frontera con mayor extensión y de mayor número de departamentos colombianos. Estos son: Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada, Guainía. Por el lado Venezolano encontramos los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. En esta frontera existen pasos muy activos, los existentes en la zona de Cúcuta, San Antonio, Ureña y Paraguachón; otro en Arauca – El Amparo que tiene gran importancia local, y por ultimo los de Puerto Carreño – Puerto Ayacucho y Puerto Páez que se consideran menos relevantes. En esta frontera se observa una economía diversificada que tiene producciones mineras, principalmente carbón y arcillas; petrolera; agrícola; ganadera y manufacturera y una gran

actividad comercial y de servicios. Es también la frontera comunitaria de mayor población, desarrollo económico y diversificación en su producción.

II. Economía y recursos Aunque resulte duro para las idealizaciones románticas de una selva virgen e inexplorada, hay que reconocer que las grandes expansiones mestizas que colonizaron en el siglo XVIII y XIX el oriente y sur amazónico de Colombia, llegaron motivadas y al servicio de la expansión de grandes imperios económicos. Detrás de ellos llegaban las compañías de comercio, los ejércitos coloniales y la consecuente conformación de centros urbanos. Estos imperios económicos han girado alrededor de la extracción de recursos naturales. Son varios los productos que durante la historia de estos departamentos han motivado el arribo de colonos y el impulso civilizatorio y progresista para la región. En el siglo XIX fue la quina. Ya para comienzos del siglo XX, fue el caucho. En los 1970s el comercio de sus animales y exóticas pieles consolidaron un importante mercado internacional. El oro, la sarrapia, la zarzaparrilla, la tagua, las maderas en general, en fin, es larga y cuantiosa la lista de saqueos legales e ilegales que han padecido y continúan padeciendo estas regiones. Hoy en día están en discusión importantes y ambiciosos megaproyectos que comprometen el agua, el bióxido de carbono, las maderas, las comunicaciones, las plantas medicinales y otros recursos más de estos departamentos. Todo esto realizado a costa del ambiente, de la tierra y de los indígenas7, y sin sacar 7

Al respecto, son innumerables las historias que existen alrededor del exterminio y violación de derechos humanos que las etnias indígenas han tenido que padecer en manos de colonos extractores. Un ejemplo memorable de ello fue la extracción cauchera adelantada por la Casa Arana ubicada en El Encanto (Amazonas).

provecho y resultados positivos o constructivos para la región. Además de la economía extractiva que ha ocupado tradicionalmente el principal renglón de su economía, el comercio fluvial de algunos ríos, especialmente el Amazonas, el Putumayo y el Caquetá, representa un enorme potencial para el posicionamiento de emporios de comercio y tráfico ilegal de recursos, drogas, precursores químicos y armas por la región suramericana. Al respecto se tiene conocimiento de un emporio de maderas que transitan hacia el exterior por los ríos Putumayo y Amazonas sin ningún tipo de control ni pago de impuestos. También se visibiliza claramente la importancia geoestratégica de estos corredores fluviales a partir de la década de los 1970 con la bonanza cocalera y el auge de la economía del narcotráfico. Aún se ven importantes rezagos de la “época narco” en la construcción de algunas viviendas en Leticia, en el recuerdo de Evaristo Porras, o en la remembranza de la base de coca como moneda oficial en ciudades como Mitú. El cultivo de coca, como parte de la cultura de algunas etnias indígenas de la orinoquía y la amazonía colombiana, ha tenido una presencia histórica y ancestral dentro de estos departamentos. Los indígenas hilvanan sus conocimientos y tradiciones alrededor de la coca, el tabaco, el ambil, el yagé y el yuruparí. Pero en los 1980, su siembra y recolección nutrió el narcotráfico de la cocaína, y para los 1990 ya representó un renglón importante de la economía del departamento de Vichada y en menor cuantía de los departamentos de Guainía y Vaupés. Al respecto vale la pena resaltar que a pesar de compartir algunas características geográficas con algunos departamentos hermanos y aledaños como Guaviare, Caquetá, Meta, y Putumayo, los departamentos amazónicos fronterizos tratados en este estudio no han sido centros tan

importantes de cultivo a nivel nacional, como sí lo fueron los ya mencionados. Dentro del grupo que nos compete, Vichada supera con diferencia los otros departamentos, y Amazonas presenta históricamente la menor cantidad de cultivos, tal vez por sus suelos poco

aptos para la agricultura. No obstante, esta tendencia se está revirtiendo en los últimos años, registrando un rápido ascenso de 25% de 2003 a 2004; el mayor aumento en toda la región, seguido por Vichada que registra un aumento del 23%.

Cultivos de coca en la Región de la Amazonía Orinoquía 1999-2004 (ha) Departamento

1999

2000

2001

2002

2003

2004

%Cambio 2003-2004

Territorios contemplados en el presente estudio Amazonas Guainía Vaupés Vichada

532 784 625 783 853 1,318 749 726 721 1,014 1,493 1,918 1,485 1,157 1,084 4,935 9,166 4,910 3,818 4,692 Territorios hermanos fuera del presente estudio

25% -1% -6% 23%

Putumayo 58,297 66,022 47,120 13,725 7,559 4,386 -42% Guaviare 28,435 17,619 25,533 27,381 16,163 9,800 -40% Caquetá 23,718 26,603 14,516 8,412 7,230 6,500 -10% Meta 11,384 11,123 11,425 9,222 12,814 18,740 46% Fuente: Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC, Censo de Cultivos de Coca 2004.

La tabla expuesta nos muestra las grandes diferencias presentadas entre los departamentos fuera y dentro de este estudio. Los primeros han participado en diferentes momentos con un aporte fundamental en la producción nacional. Al respecto sobresale el pico que representa el Putumayo en el año 2000, cuando aporta el 40% del total colombiano, así como Caquetá que para ese mismo año aportó el 16%. En estos cuatro años del siglo XXI han cambiado estrepitosamente las zonas cultivadas. En el 2004 el departamento con mayor área cultivada fue el Meta aumentando en 46% su producción respecto al año anterior y aportando el 23% de la producción nacional, seguido por Nariño, Guaviare y Caquetá. Esto nos evidencia el rápido traslado de cultivos hacia el oriente y sur colombiano y la fuerte motivación de los cultivadores para continuar con los sembrados.

Algo similar a la tendencia regional descrita sucede con las fumigaciones. Mientras departamentos como Caquetá, Putumayo, Guaviare y Meta han sido ampliamente fumigados durante el 20048, los departamentos incluidos en este estudio no han presentado fumigaciones salvo Vaupés. Esto obedece a la lejanía de estas zonas, los costos de la gasolina, la dificultad de abordar de manera aérea grandes extensiones, y la poca concentración de cultivos en la zona.

Al respecto es notorio el record de fumigaciones que presentan los departamentos de Putumayo, Guaviare, Meta, Caquetá desde la segunda mitad de la década de los 1990.

Particularidades departamentales de los cultivos de uso ilícito Amazonas Con la creciente militarización de este departamento las comunidades indígenas están bajo presión de estas autoridades que no entienden el significado que para ellos tiene la hoja de coca y los señalan de narcotraficantes y raspachines por tener coca en sus chagras. En el mes de marzo del año en curso, un líder indígena Murui que transportaba 16 kilos de hoja para preparar el mambe y el anvil de la clausura del Encuentro de autoridades tradicionales indígenas donde participaban cerca de 80 indígenas de la región, fue interceptado por los militares de la base de El Encanto, quienes quemaron la hoja. Como parte de la dinámica transfronteriza se evidencia el traslado de cultivos para el lado peruano, en la zona norte de Perú - El Estrecho Marandúa (que ha pasado de 700 a 1,100 hectáreas)9. Según declaraciones de un comandante del ejército peruano “hay mucha coca, en este lado debido a que la gente está tranquila, nadie los persigue… nosotros pasamos un informe a la policía quien es la encargada del narcotráfico en nuestro país, pero las distancias dificultan el control”. Otra singularidad de esta frontera, es que muchos peruanos se han dedicado a labores de raspachín de coca durante el día en el lado colombiano, ofreciendo mano de obra más barata. Mientras un colombiano cobra de $25.000 a $30.000 pesos, un peruano sólo cobra de $10.000 a $15.000 pesos. Guainía Aún cuando de las prácticas tradicionales de caza, pesca, agricultura, y extracción de recursos del bosque, derivan su sostenimiento muchos habitantes del Guainía – indígenas y campesinos-, es claro que los cultivos de uso ilícito se ubican 9

Información obtenida en el Consulado de Perú.

como uno de los renglones económicos que más personas integra en sus circuitos. Las zonas fértiles para el cultivo de productos agrícolas son las zonas del río Guaviare y el río Guainía, pero su colonización para la siembra de coca, ha dejado a la región con un déficit en la producción propia de alimentos perpetuando la existencia de un bajo componente de autosubsistencia, razón por la cual ha debido recurrir a la provisión de otros departamentos. La producción de coca se concentra a lo largo del río Guaviare, especialmente en los corregimientos de Morichal Nuevo, Barrancominas y el municipio de Inírida. También se detectan en el borde fronterizo con los departamentos de Guaviare, Vichada y Vaupés. Vaupés Los cultivos de este departamento se concentran en la zona de Caruru. La gente de la región recuerda las grandes y prósperas extensiones que existieron hasta el 2002. En el 2003 disminuyen levemente y en el 2004, se registra el nivel más bajo de la presente década. Pese a los avances registrados en los últimos años respecto a la erradicación, en noviembre de 2004 se realizaron aspersiones aéreas a 1,100 hectáreas localizadas en la zona. Algunos entrevistados afirman que en el 2005 ya se han presentando fumigaciones en los meses de enero y febrero. Estas y las anteriores aspersiones han ocasionado pérdidas en los cultivos de las chagras generando así inseguridad alimentaría y desplazamiento forzado. Vichada El departamento alcanzó su record de cultivos en el 2001 cuando se registraron más de 9,000 hectáreas sembradas. Disminuyó en un 46% de 2001 a 2002 y entre 2003 y 2004 la disminución registrada a ha sido del 23%. La economía del cultivo y procesamiento de la hoja de coca en el Vichada tiene su centro en el municipio

de Cumaribo, según algunos el segundo municipio más extenso de Suramérica (67.781 Km2). Cumaribo esta dividido en cuatro corregimientos Santa Rita, San José de Ocuné, Guerima, y El Viento.; y 13 inspecciones Amanavén, El Sejal, Matavén, Puerto Nariño, Guanare, Puerto Príncipe, La Rompida, Chupave, Guaco, Shiare, Manajaure, Palmarito y Tres Matas. De acuerdo con un estudio socioeconómico adelantado por la secretaría de educación en 2002, dentro de la jurisdicción de Cumaribo pueden identificarse por lo menos 60 localidades (entre comunidades indígenas, resguardos y veredas) cuyos habitantes derivan el sustento de su trabajo como raspachines. Los resguardos en donde la economía de la coca influye de manera preponderante la vida de las comunidades son: el Bajo Río Vichada, Oricevi, Cavais, Caño Cavasi, Saracure, Orist Costa, San Luis del Tomo, Cawaneruba, Valdivia y Guacamayas; las veredas de Malasia y Araguatos, y las Inspecciones del Viento, Tres Matas, San José de Ocuné, Guanapé, Puerto Príncipe, Chupave. Si bien los datos fueron acopiados en el 2002, estas dinámicas persisten por cuanto el territorio no ha sido objeto de fumigaciones de manera sistemática, y porque los actores armados permanecen instalados en el territorio y el tráfico de la pasta de coca es la base de su sostenimiento. De acuerdo con el Censo de Cultivos de Coca 2004 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC, la producción de coca en el Vichada se encuentra a lo largo del río Uva y tiende a extenderse al oriente departamental cerca de la frontera con Venezuela. La aspersión aérea no ha estado presente en el departamento, a excepción del año 2001 cuando se fumigaron 2,800 ha. Para entonces se conocieron

denuncias de campesinos de Cumaribo, de acuerdo con la fundación Mamacoca, porque además de asperjar y afectar a 130 viviendas, éstas fueron ametralladas.

III. Actores armados y dinámicas del conflicto El difícil acceso a estos departamentos amazónicos fronterizos, así como la evidente ausencia del Estado favorecieron una incipiente presencia de las FARC desde la década de 1980, incrementando progresivamente su pie de fuerza en desarrollo de una estrategia de expansión hacia estos territorios. En el departamento de Amazonas se encuentra el Frente Amazónico (Antonio Tena) que opera también en el sur del Putumayo. Los frentes 1 y 16 operan en Vaupés, Guainía, Guaviare y Vichada. Las condiciones geográficas de la zona le han permitido a la guerrilla tener un histórico control social, político y económico sobre las comunidades, administrando la justicia, la suplencia de necesidades básicas, los cultivos de coca y la explotación ilegal de recursos naturales. Como respuesta a esta expansión de la guerrilla, el gobierno nacional resuelve recuperar el dominio de la zona a través de una creciente presencia de la fuerza pública desde 2002 que ha derivado en hostigamientos armados y operaciones de registro y control10. Esto ha producido un repliegue de la guerrilla que ha tenido que internarse en la selva y abandonar las riberas de los ríos y de los poblados militarizados. Se registra un incremento de combates entre el ejército y la guerrilla especialmente en los departamentos de Vichada y Guainía, y en menor 10

El ejército nacional hace presencia en estos departamentos a través de la Sexta División (Amazonas) y la Cuarta División (Guainía, Vaupés y Vichada). Estas divisiones están conformadas por Brigadas y éstas a su vez por Batallones.

proporción en Vaupés11. No se tiene conocimiento de ellos en Amazonas aunque es probable que sucedan y no se sepa nada, dada la dificultad de registro y de ingreso a la selva. También se reconocen operaciones de ataque a centros de producción y desmantelamiento de laboratorios de procesamiento de coca en Guainía y Vichada. Con el inicio de la operación militar “gato negro” cuyo objetivo principal era el ataque de los centros de producción de drogas en Barranco Minas (Guainía) y Puerto Príncipe (Vichada), los enfrentamientos entre la Fuerza pública y la guerrilla en los alrededores de Barrancominas, el Nororiente de Guaviare y el suroriente del Meta, aumentaron de manera dramática y con ellos el riesgo y el nivel de vulnerabilidad para la población. Los testimonios ofrecidos por varios pobladores de estos departamentos en desarrollo del presente estudio coinciden en afirmar que es una vez que ingresa la fuerza pública que empiezan a generarse situaciones difíciles de presión y acorralamiento para las comunidades que empiezan a ser inculpadas de auxiliar a los rebeldes, y a quienes se presiona para que colaboren con uno y otro bando. Aunque tradicionalmente no ha existido una presencia paramilitar en la zona, se reconoce la llegada de paramilitares al noroccidente de Amazonas, al Vaupés y a la línea fronteriza del estado venezolano de Amazonas (departamentos de Vichada y Guainía del lado colombiano)12. Allí están ingresando con la intención de

trasladar cultivos, extraer nuevos hallazgos de recursos naturales (especialmente minería y maderas) y controlar corredores fluviales estratégicos. El tráfico de drogas, la existencia de grupos armados ilegales, las acciones enmarcadas dentro del Plan Colombia y el Plan Patriota y el desbordamiento del conflicto interno a las fronteras aledañas, han motivado a los países vecinos a promover una militarización interna para contener, regular, controlar y mantener a la distancia un conflicto que, en esencia, es transfronterizo. Las fronteras amazónicas de Venezuela, Brasil y Perú han aumentado su pie de fuerza como consecuencia del conflicto armado y de la cercanía de las acciones. Se habla de 35.000 efectivos a lo largo de la frontera de Brasil13, de 20.000 en Venezuela14 y de 25.000 por el lado de Perú ubicados 17 bases militares que operan desde 3 puntos estratégicos: Puerto Leguizamo, El estrecho – Marandúa, y en la frontera con Leticia y Puerto Nariño15. Asimismo, Perú y Colombia, con apoyo del DAS, están desarrollando un Mecanismo de Alto Nivel (MAN) para hacer patrullaje conjunto por los ríos putumayo y amazonas para controlar el tráfico de recursos, drogas y el paso de rebeldes. También han hecho conjuntamente una brigada cívica binacional que recorre los asentamientos colombianos y peruanos que bordean el putumayo, prestando servicios y auxilios en salud y educación16. De igual forma a como sucede en la frontera ecuatoriana, se reconoce la presencia intermitente de la guerrilla en el territorio peruano.

Al hacer un análisis retrospectivo de las Bitácoras Semanales del Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de DDHH y DIH publicadas desde el 2001, se observa que durante el 2004 y 2005 se incrementan drásticamente el número de combates en Guainía y Vichada. Por su parte, los mapas de Seguridad y Democracia evidencia este aumento en el Vaupés. 12 Al respecto salió una noticia en el diario El Universal de Venezuela el 17 de abril de 2005. “Cinco paramilitares colombianos capturados en el estado de Amazonas”. www.eud.com

Entrevista Vicariato Apostólico de Leticia. Entrevista realizada por el Diario El Universal de Venezuela al vicepresidente ejecutivo José Vicente Rangel. 20 de mayo de 2005. www.eud.com. 15 Información obtenida en el Consulado de Perú. 16 Al respecto noticia en El Tiempo. Julio 3 de 2005 “Armadas de Perú y Colombia trabajan conjuntamente para mejorar la vida de las comunidades”. www.eltiempo.com.co. 14

Particularidades departamentales de las dinámicas generadas por los actores armados Amazonas Con el desarrollo de la política de seguridad democrática el departamento ha sufrido una creciente militarización, hasta tal punto que se habla de una duplicación de la fuerza pública en los últimos dos años17. Este aumento del pie de fuerza se materializa en la implementación de bases militares en 7 de las 9 antiguas cabeceras corregimentales y en los dos municipios existentes. El departamento cuenta con presencia del ejército, la fuerza aérea, la armada nacional, el DAS, la policía. El informe del Programa Presidencial de los Derechos Humanos de 2003 habla de la presencia de las Fuerzas especiales de los Estados Unidos que operan desde La Pedrera, Leticia e Iquitos en el Perú. Para poder maniobrar desde los resguardos indígenas la fuerza pública ha firmado comodatos con las organizaciones indígenas, como es el caso de Araracuara, La Chorrera y El Encanto. Es difícil que los indígenas hablen de la presencia de los grupos armados en sus territorios. Ellos prefieren mantener el control de sus zonas y para ello optan por tener el conocimiento unilateral de lo que allí sucede. Pese a ello, reconocen la presencia del Frente Amazónico de las FARC y del ejército, y hablan de los tratos y acuerdos que han tenido que hacer en el pasado y en el presente para convivir “pacíficamente” con unos y otros. Pese a que ellos argumentan haber sorteado con cierto éxito la presencia armada en los territorios, se reconoce que han sido y son víctimas de reclutamiento forzado, trabajo forzado en los cultivos de uso ilícito, trata de niñas, prostitución, enfermedades de transmisión sexual, desobediencia de los jóvenes a las tradiciones y jerarquías culturales, y desplazamiento 17

Entrevista Gobernación de Amazonas.

indígena de un resguardo a otro. Se reconoce un mayor abuso por parte del ejército, con quienes han tenido mayores dificultades de convivencia. Guainía Durante los primeros días del mes de Marzo del presente año varios medios de comunicación registraron la noticia del hostigamiento del cual estaba siendo objeto la población del Guainía por parte de la guerrilla de las FARC. De acuerdo con lo publicado por el diario El Tiempo18 sobre el suceso, el Frente 16 de las FARC dio muerte a dos militares que tripulaban una embarcación de combate fluvial en el río Inírida. En su contraataque, indica el diario, la Armada Nacional con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana lanzó una operación que dejó "un número no determinado" de bajas en las filas guerrilleras. Según un informe divulgado por las autoridades locales, la guerrilla también dio muerte a un campesino de la zona. La ciudad fue sometida las dos primeras semanas de marzo a fuertes medidas de seguridad, entre ellas el toque de queda, la prohibición al porte de armas de fuego y algunas restricciones en el transporte público. Por su parte, el presidente de la República, en su visita posterior al Guainía, reiteró la estrategia de acorralamiento de la guerrilla, aclarando “…Tan necesario es sacar el terrorismo de las calles de Bogotá como sacarlo de esta bella aldea…”19 Para los pobladores los hechos no fueron mas que una réplica de lo que a menudo sucede en las inmediaciones del río Inírida; afirman que la guerrilla hostiga cuando así lo decide y amenaza con tomarse el pueblo de manera bastante frecuente. Sin embargo, para ellos son igualmente preocupantes las agresiones y los 18

El Tiempo. 5 marzo de 2005. “El Gobierno calificó de “tremendistas” las versiones sobre los ataques a Puerto Inírida”. www.eltiempo.com.co. 19 Palabras del presidente Uribe durante su visita a Inírida, 6 de marzo de 2005. www.presidencia.gov.co

abusos a los que se han visto sometidos a raíz de estos últimos hechos. De acuerdo con datos ofrecidos por una de las organizaciones indígenas que tiene actividades en la región, luego de los sucesos son 24 indígenas -pertenecientes a la vereda Garza Morichal-, los que han sido detenidos por la fuerza pública y a los cuales, sin pruebas que así lo corroboren, se les sindica de ser auxiliadores de la guerrilla. Vaupés Este departamento también recibió el impacto de la política de seguridad democrática a través de la militarización de la que fue sujeta a inicios de 2004, aumentando pie de fuerza militar en las cabeceras urbanas de Carurú y Taraira. En el municipio de Taraira hay un soldado por cada dos habitantes y en el municipio de Carurú hay una compañía con 300 hombres del ejército. En cada uno de los tres municipios que conforman el departamento hay una base militar. Por su parte el Frente 1 de la guerrilla de las FARC sigue ejerciendo control en gran parte del rió Vaupés, entre los limites con el departamento de Guaviare y en las zonas rurales de los tres municipios del departamento. La fuerte presencia militar en un departamento con presencia histórica de la guerrilla ha generado enormes presiones. Tanto en Carurú como en Mitú, son constantes y frecuentes los hostigamientos con bombas y tiroteos en sectores aledaños a las guarniciones militares. De acuerdo a los habitantes de la zona cada dos días hay hostigamientos de la guerrilla en el Alto Vaupés en donde se han destruido tres casas de civiles con rockets hechizos. Este grupo armado presiona y obliga a los campesinos a sembrar coca y a mantener el antiguo negocio de pagarles con base para su comercialización. El asunto es que las condiciones ya no son las mismas para que la base actúe como moneda,

haciendo de este negocio algo poco atractivo y de sumo inseguro. La situación de riesgo se agudiza con la llegada de grupos de autodefensa provenientes de Guaviare y Meta20, que se instalan en la zona noroccidental del departamento (especialmente en las comunidades cercanas a Caruru). Esto ha generado pánico entre la población, quienes temen que estos grupos se asienten definitivamente en el municipio para asumir el control del negocio del narcotráfico. Con el arribo del ejército y de los grupos de autodefensa, la guerrilla ha aumentado sus presiones a la población civil de las áreas rurales, estableciendo retenes y estrictos controles para el tránsito de personas y embarcaciones. Por esta razón la movilidad a lo largo del río Vaupés (en las zonas navegables) se ha diezmado significativamente, ocasionando un aislamiento y confinamiento de las comunidades rurales. Los retenes también son implementados por las fuerzas armadas, quienes los han ubicado muy cerca de las comunidades indígenas, exponiéndolos a enfrentamientos y combates. Como una estrategia de cercamiento a la fuerza pública, la guerrilla viene implementando desde hace un año la siembra de campos minados en las zonas periféricas y rurales de Mitú y Caruru. También se reconoce un fuerte reclutamiento de la guerrilla en el medio Vaupés. Vichada Su vecindad con Arauca, Meta, Casanare y Guaviare, departamentos con reconocidas situaciones irregulares de orden público, ha hecho que las consecuencias pero también los agentes generadores del conflicto repercutan con gravedad en el territorio 20

Consejería para la Acción Social- Dirección Territorial Vaupés de la Red de Solidaridad Social. “Informe para el área temática de prevención, área de gestión y atención a población desplazada.” Mitú. Abril 27 de 2005. Pp. 2.

del Vichada. Esta situación se integra al contexto creado por las dinámicas socioeconómicas propias de un espacio fronterizo, y a la orografía e hidrografía que le hacen un lugar de difícil acceso, y que se determinan a la postre como factores de justificación y convalidación del abandono estatal y la desprotección en materia de derechos humanos. La consolidación del control territorial por parte de las FARC en el Vichada tiene su origen en la expansión de los frentes subversivos fundados en el departamento del Caquetá entre 1981 y 1982, específicamente del frente 16 que con posterioridad amplio su radio de operaciones hasta ubicarse de manera permanente en tierras del Vichada. La presencia de los grupos de autodefensa se origina, así mismo, a partir de su afianzamiento territorial tanto en el Meta como en el Casanare a mitad de la década de los ochenta, sostenida en el crecimiento y expansión de los circuitos económicos de narcotráfico y esmeraldas. De acuerdo con informes expuestos por el gobierno nacional, entre 1997 y 1998 las autodefensas al mando de Carlos Castaño Gil lanzaron una arremetida para revertir el orden y diezmar el poderío alcanzado por las FARC en la región oriental tras la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha. Con la estrategia de copamiento y a través de prácticas violentas, entre las que se cuentan la execrable masacre de 25 campesinos en Mapiripán21. Según reportes oficiales en los últimos años se ha producido un aumento desmedido de la siembra de hoja de coca y el tráfico de armas a través de esta región, alentado por las FARC para alimentar a sus cuadrillas menos productivas. En el 2001 dentro de las acciones de las autoridades colombianas y brasileras uno de las más publicitadas fue la captura de 21

www.derechoshumanos.gov.co. Vichada. 2004

Separata

Fernandino Beira-Mar narcotraficante quien presuntamente conformó junto con el jefe del frente 16 de las FARC una red de intercambio de armas y cocaína. Los hombres de las autodefensas de Martín Llanos –quienes mantuvieron hasta el 2004 una disputa constante con el bloque Centauros del extinto jefe paramilitar Miguel Arroyave22sostienen enfrentamientos con guerrilleros del frente 16 de las FARC al mando del “Negro Acacio”, en las zonas de Garcitas, Palmarito y Cumaribo. Frente a ello, en el 2004 el Ejército ordenó la instalación de unidades militares en dichas localidades23. Durante el año pasado fueron varios los enfrentamientos reportados y la confiscación de material bélico en la zona, especialmente en jurisdicción del municipio de Cumaribo.

El ‘bloque Centauros’ se dividió en tres facciones posterior a la muerte de Miguel Arroyave y la captura de su sucesor, Teodosio Pabón, ‘Andrés Camilo’, luego de lo cual quedó sin vocero en los diálogos. Tras esa crisis surgieron tres comandantes y cada uno empezó a marcar territorio: ‘Mauricio’, en límites entre Meta y Casanare; Jesús Pirabán, ‘Jorge Pirata’, en San Martín y San Juan de Arama; y Pedro Oliveros, ‘Cuchillo’, en el norte de Guaviare. El ‘Centauros’ ha querido influenciar la política en municipios pequeños y en su contra hay denuncias por extorsiones a contratistas y comerciantes. Entre julio del 2003 y hasta mediados del año pasado, ese bloque sostuvo una sangrienta guerra con las autodefensas de ‘Martín Llanos’, que según cálculos oficiales dejó más de 1.000 muertos. Tomado de El Tiempo 23 Para algunos analistas como Alfredo Molano el incremento del pie de fuerza en la zona responde más a la implementación del Megaproyecto de la Alta Orinoquía anunciado por el gobierno nacional y que consiste en la siembra de cerca de 6.3 millones de hectáreas entre cultivos de palma aceitera, caucho y pino caribe. Ver Molano, A. Control y explotación de recursos naturales - Objetivos principales de la expansión paramilitar. Ponencia presentada en el seminario, Paramilitarism in Colombia - Are demobilisation and peace compatible with justice and human rights?, Abril 18, 2005, organizado por Foro Colombia, Colegio de Estudios del Desarrollo, Universidad de Uppsala.

En lo que va corrido del año, el desarrollo del conflicto armado en el Vichada ha vuelto a ser noticia; la incautación de armas, drogas y elementos militares (uniformes de uso privativo, cartuchos, municiones) han sido la constante24, así como la captura de presuntos guerrilleros.

hombres), seguirán las Acmv, al mando de ‘Guillermo Torres’, y la facción del ‘bloque Central Bolívar’, de la cual solo se conoce su existencia en la zona desde el año pasado.25

De otra parte el 7 de junio los medios registraron el anuncio de la desmovilización de las autodefensas del Llano. De acuerdo con la noticia, las tres facciones del ‘bloque Centauros’ de las autodefensas que operan en el Llano se acogieron a la propuesta del gobierno, tras un año de parálisis en el proceso de desmovilización y de no tener un representante en la mesa de Ralito. Tal y como se explicó los grupos a desmovilizarse son las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (Acmv) y una facción del ‘bloque Central Bolívar’, que opera en Cumaribo (Vichada). Según las declaraciones del Comisionado de Paz, después de la entrega de armas del bloque ‘Centauros’, el grupo más numeroso (aproximadamente 3.500 24

En desarrollo de operaciones de la Armada Nacional en inmediaciones del río Tomo, cerca a Puerto Carreño, Vichada, fueron incautados 70. 270 cartuchos de diferentes calibres, que tenían como destino el frente 16 de las FARC, que dirige alias "Negro Acacio" en el oriente del país. Según un informe oficial de la institución en la acción en la que se logró el decomiso se presentaron enfrentamientos con los guerrilleros que custodiaban la munición. Tomado de Caracol Noticias Junio 30 de 2005; Diario El Universal de Venezuela. 29 de mayo de 2005. “Decomiso de casi mil uniformes con destino a las FARC”, En el municipio de Santa Rosalía (Vichada), tropas del Comando Específico de Oriente capturaron a tres personas que transportaban 452 kilos de cocaína, cuatro fusiles, una escopeta, una pistola y munición de diferentes calibres. Un vehículo fue inmovilizado por los efectivos militares. Ministerio de defensa. www.mindefensa.gov.co .Julio 7 de 2005; En la inspección de Garcita, municipio de Puerto Carreño (Vichada), tropas adscritas a la Brigada Fluvial de Infantería de Marina destruyeron un campamento del frente 16 de las FARC que tenía capacidad para albergar a 30 personas. www.derechoshumanos.gov.co julio 8 de 2005

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IV. Manifestaciones de la crisis humanitaria y de derechos humanos 4.1 Homicidios y masacres Amazonas Vaupés Guainía Vichada 4 1 7 0 Homicidios ene-mar 2005 0 0 0 0 Masacres ene-mar 2005 Fuente: Boletín de Criminalidad de la Policía Nacional

Como se puede observar, estos departamentos presentan una baja tasa de homicidios y ninguno ha presentado masacre alguna en lo que va corrido del año. Vale la pena anotar que en los departamentos de Guainía y Amazonas la tasa de homicidios durante la década de los 1990s tuvo una tendencia a la baja. No obstante esta tendencia se revierte un poco a partir de 2000, hecho que se corrobora con las tasas acumuladas en 2005. 4.2 Minas Tal y como lo mencionamos anteriormente, las FARC han optado por sembrar minas antipersonales en los caminos tradicionales que conducen de los cascos urbanos a las chagras de la zona del Alto y Medio Vaupés, como estrategia de contención de las fuerzas militares26. De acuerdo a la información suministrada por la Asociación de Chagreros del cerro Guacamaya del 26

La "chagra", corresponde a una parcela de aproximadamente 2 hectáreas (Acosta, 2000), donde se cultiva de acuerdo a una concepción tradicional, productos como la yuca, plátano, piña, frutales y medicianles de la región. La chagra concebida como unidad productiva dentro del sistema de supervivencia de las familias, ha sido el modo de producción tradicional en la región. Se reconoce que estas prácticas de producción rotativa en áreas pequeñas les ha permitido a los indígenas el autoabastecimiento y la sobrevivencia a través del tiempo.

municipio de Mitú, hay más de 50 minas sembradas en: el camino de la Bocatoma - Caño Popeya, en la zona rural de la cabecera municipal de Mitú y Caruru, en los caños Chajoco y Mituseño, y en la vía Mitú - Montfort (franja de un kilómetro a lado y lado). Aunque la mayoría de víctimas de las minas pertenecen al Ejército se han presentado 5 casos de civiles afectados. Los habitantes de estas zonas minadas tienen tanto miedo de caer víctimas que muchos prefieren quedarse en sus casas, casi aguantando hambre por el miedo a caminar por los caminos tradicionales donde las hojas de los árboles las han camuflado. La Red de Solidaridad Social ha identificado 450 familias (2.250 personas) que tienen problemas de movilidad y seguridad alimentaría por miedo a las minas antipersonales. A este grupo de personas las ha catalogado como confinadas. La Asociación de Chagreros de Guacamayo del Cerro calcula en 300 el número de familias que en su zona adolecen la misma situación. Hasta la fecha el departamento no cuenta con ningún tipo de plan o proyecto de desminado. Solo se realiza desactivación cuando un transeúnte la encuentra y realiza la denuncia ante el Ejército.

Zonas rurales y barrios afectados por minas antipersonales en Mitú - Vaupés Mitú-Cachivera Cuervo Araoz Centro A Anaya Doce de Octubre Navarro Bonilla San Francisco de Asis La Floresta Belarmino Correa Urania 7 de Agosto La esperanza San Jose Valencia Cano LA Union 13 de junio Villa Alix La libertad Las Brisas Las Palmeras Villa Victoria Fuente: Consejería para la Acción Social. Dirección Territorial Vaupés de la Red de Solidaridad Social.

4.3 Desplazamiento interno Al analizar las cifras absolutas de desplazamiento de los cuatro departamentos sobresalen dos hechos importantes. Primero se observa que el fenómeno es una realidad reciente, que presenta registros a partir de 2001 (salvo Vaupés que los presenta desde 2003). Segundo, se evidencia que desde la aparición del registro, el comportamiento del desplazamiento en todos los departamentos dibuja una línea de rápido e importante aumento, siendo notorio el incremento que se notifica a partir del 2003. El 2004 arroja

un impresionante aumento para departamentos como Guainía, Vaupés y Vichada, donde el desplazamiento creció en más del 200%. Para el caso de Amazonas, este pico se ubicó en 2003. Este súbito incremento puede explicarse en el impacto del Plan Patriota y el Plan Colombia en estas zonas aledañas y el consecuente repliegue de las FARC.

Número de personas desplazadas por departamento receptor 2000 2001 2002 2003 2004 2005* Amazonas 0 30 46 136 121 67 Guainía 0 50 120 161 574 680 Vaupés 0 0 0 26 603 395 Vichada 0 356 365 137 859 300 Fuente: Codhes * Consolidado de desplazamiento hasta el II trimestre de 2005

Si bien las cifras absolutas no son significativas en el contexto nacional, el desplazamiento forzado, según la tasa de población, muestra efectos críticos del conflicto sobre estos territorios. Al hacer un seguimiento sobre los departamentos que registran las 10 tasas más altas en el orden nacional, observamos que para el 2004 Vaupés ocupa el tercer puesto y Vichada el séptimo. Para lo que va corrido en el

2005 vemos que Guainía ocupa el segundo puesto, Vaupés el tercero y Vichada el noveno. Esto muestra un incremento dramático de la población en situación de desplazamiento en municipios y departamentos que no están preparados ni social ni económicamente para recibir un volumen tan grande de población foránea con respecto a su número de habitantes.

Particularidades departamentales del desplazamiento interno Amazonas Al realizar un análisis comparativo de los 3 sistemas de registro de población desplazada27 se observan algunas tendencias y coincidencias en los datos. En primer lugar, sobresale lo cercanas que están las cifras en cuanto al número de personas en situación de desplazamiento. Las cifras (que oscilan entre 260 y 450 personas)28 muestran un tímido desplazamiento hacia la región, que puede obedecer a las dificultades de acceso a la zona. Los sistemas también coinciden en el hecho de que es a partir de 2001 que se registra recepción de población desplazada.

Consolidado de recepción de población desplazada (1999 a 1 trimestre de 2005) Municipio EL ENCANTO LA CHORRERA LA PEDRERA La Victoria LETICIA MIRITI PARANA PUERTO ALEGRIA PUERTO ARICA PUERTO NARIÑO PUERTO SANTANDER TARAPACA

1999 0 0 0 0 0

2000 0 0 0 0 0

2001 0 0 0 0 30

2002 0 0 0 0 46

2003 0 0 17 0 99

2004 0 0 0 0 118

2005 0 0 0 0 15

0 0

0 7

3 0

0 0

Fuente: Monitoreo de población desplazada del SISDHES de CODHES

El SUR de la Red de Solidaridad Social, el RUT de la Pastoral Social y el Sisdhes de Codhes. 28 Cifras obtenidas: SUR: 449 (de las que hoy en día hay 316) (corte a junio de 2005); RUT: 260 (corte a enero 2005); SISDHES: 348 (corte a marzo 2005).

Distribución de población desplazada en el departamento (a Junio 30 de 2005) Amazonas Municipio de Leticia Municipio de Puerto Nariño Inspección El Calderón Corregimiento Tarapacá Corregimiento Pedrera Corregimiento Encanto Corregimiento Puerto Santander T O T A L

Familias 76 2 2 1 2 1 2 86

Personas 270 12 8 3 14 5 4 316

Fuente: RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL (2005). Plan integral único – Unidad territorial Amazonas

Al analizar los cuadros anteriores vemos que los datos y su distribución son similares. De acuerdo a ellos, los municipios de Leticia, Puerto Nariño y el antiguo corregimiento de La Pedrera son los principales lugares de recepción en el Departamento. Al preguntarles cómo llegaron hasta estas zonas la mayoría de ellos responden que por avión, asunto que no sorprende dadas las dificultades geográficas, pero que resulta extraño al pensar en lo costoso que les puede salir la movilización. La principal motivación para que muchos hicieran lo que fuera preciso para conseguir los tiquetes y llegar hasta allí es la aparente seguridad y tranquilidad que se respira en los dos municipios y en La Pedrera29. Otros se enteran que no hay mucho flujo de desplazados al Amazonas por lo que resulta un sitio más atractivo y con mayores posibilidades de ayudas gubernamentales. Pero si bien es cierto que encuentran cierta tranquilidad, también es cierto que se enfrentan a una región con poquísimas posibilidades laborales y económicas y con pocas tierras disponibles. Es así como se sabe que muchos de los desplazados que han llegado terminan emigrando nuevamente por estas serias dificultades. Al respecto la Red registra 133 personas (42 familias) que se han 29

Esta tendencia de La Pedrera se revierte con la creciente militarización y con las poquísimas opciones económicas y de subsistencia que presenta.

ido voluntariamente. Un ejemplo de ello es justamente La pedrera, donde en el 2002 llegaron 30 familias y hoy en día solo hay 530. Aquellas familias que se logran asentar en los municipios y antiguas cabeceras corregimentales encuentran sus primeras soluciones en la economía informal. Muchos se dedican a la venta de comestibles, la pesca y al negocio ilegal de mototaxis. Pese a estas dificultades, el recrudecimiento del conflicto armado y la aplicación del Plan Colombia y el Plan patriota en los departamentos aledaños tal vez sean las razones que expliquen el comportamiento ascendente del desplazamiento año a año desde el 2001 hasta hoy, donde en cuestión de 2 años (de 2002 a 2004) aumentó más del 100%. La población desplazada proviene principalmente de los departamentos vecinos, especialmente de Caquetá, Meta, Putumayo, y Guaviare (zonas con influencia del Plan Colombia y el Plan Patriota). Luego le siguen las personas provenientes de la zona centro del país como Tolima, Huila y Cundinamarca. Por las condiciones mismas el desplazamiento no se presenta de forma masiva sino gota a gota. De acuerdo a la información del Vicariato Apostólico de Leticia - RUT más de la mitad de la población desplazada (51.9%) lo constituyen 30

Entrevista Padre La Pedrera – Pastoral Social.

niños, niñas y jóvenes menores de 18 años. Del total de la muestra el 52.6% son hombres y el 47.4% son mujeres31. Los datos de la Red de Solidaridad Social muestran que es a partir de 2002 que el SUR registra el departamento del Amazonas como una región expulsora. Según los datos consolidados hasta agosto de 2004 “Los corregimientos del departamento habían expulsado 205 personas. El corregimiento de mayor población expulsada fue La Chorrera, La Victoria y Leticia, aunque para esta última no es muy clara las causas de expulsión. La mayoría fueron recibidas en el Putumayo, Bogotá y Meta”32. Por otra parte, entidades como la Pastoral Social, la Personería y algunos líderes indígenas hablan de la existencia de un importante desplazamiento intercorregimental producido por las presiones que los actores armados (principalmente Ejército y guerrilla) ejercen sobre los cabildos para el reclutamiento de jóvenes indígenas, y otro tipo de amenazas. Estos desplazamientos se realizan de unos corregimientos a otros, en donde los mismos Resguardos son receptores de estas familias indígenas. Allí no hay presencia de instituciones estatales ni de sociedad civil, no se autoreconocen como desplazados y no se registran en ningún sistema.

Guainía El desplazamiento forzado por la violencia inicia sus más altos registros en el departamento a partir de 1998, debido a la aplicación de operativos de interdicción aérea, a la implementación de la política de lucha antidrogas con la correspondiente estrategia de erradicación de los cultivos de uso ilícito, el desarrollo de grandes operativos militares, la construcción de bases militares y el reclutamiento forzado por parte de las FARC. La mayor zona expulsora es la que comprende los asentamientos humanos apostados a las orillas y en las zonas de influencia del río Guaviare. El municipio de Puerto Inírida se ha establecido como el mayor centro receptor. De acuerdo con la Red de Solidaridad Social – RSS- el número de personas desplazadas registradas en Inírida desde 1998 hasta el 31 de marzo del 2005 es de 1371. De tal cifra 482 personas (88 familias) se han registrado entre el 1º de enero y el 29 de marzo de 2005; una subida drástica en el fenómeno. En su mayoría estas personas proceden de MirolindoBarrancominas (Guanía) Arrecifal, Guerima, Cumaribo (Vichada), Caño Jabón, Puerto Alvira, Mapiripan (Sur del meta) y del departamento del Vaupés.

También vale la pena señalar que en El calderón hay más de 60 familias israelitas que se han desplazado desde el putumayo y desde el Perú. Muchas de ellas se desplazaron por la violencia vivida en el Putumayo, aunque ellos no se consideren ni se registren como desplazados.

VICARIATO APOSTÓLICO DE LETICIA (2005): Información sobre población desplazada por la violencia en Colombia RUT. Datos a Enero de 2005. 32 RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL (2005). Plan integral único – Unidad territorial Amazonas.

Número de personas en situación de Desplazamiento en Departamento de Guainía Acumulado 1998- Enero 2005 Febrero 2005 2004 190 familias 26 familias 27 familias 889 personas 137 personas 129 personas Acumulado TOTAL: 273 familias 1371 personas Fuente: Consejería para la Acción Social. Sede Guainía

Más del 60% de las personas desplazadas pertenecen a grupos indígenas, una minoría de indígenas desplazados se registra en la Red de solidaridad, otros buscan apoyo directamente en los resguardos cuya área y jurisdicción territorial se encuentra parcialmente integrada al municipio, como es el caso del Limonar. Por su parte, los colonos desplazados no tienen una ubicación fija en el área de Inírida. Ellos se encuentran asentados en todos los barrios de la capital, buscan apoyo de familiares o amigos mientras restablecen su situación. En su gran mayoría se dedican al rebusque, a la reventa de pescado, al negocio no legalizado de las moto taxis o al comercio ambulante en general. Es preocupante la migración que se registra de esta población hacia el vecino país, la cual ilusionada con el sueño efímero de la explotación ilegal del oro intenta entrar a explorar en las minas recientemente descubiertas en el Parque Reserva Natural Yapacaná de Venezuela33.

Marzo 2005 35 familias 216 personas

Vaupés De acuerdo a las cifras de CODHES, el desplazamiento forzado por la violencia inicia su registro en 2003. Sin embargo, es a partir de 2004 que se presenta una afluencia masiva, subiendo la cifra de manera drástica. Al respecto es particularmente significativa la situación de Carurú, pues pasa de no presentar ningún tipo de reporte en el 2003 a presentar 157 casos en 2004. La mayor zona expulsora es la que comprende los asentamientos humanos apostados a las orillas y en las zonas de influencia del río Vaupés. El municipio de Mitú es el mayor centro receptor, seguido por Carurú y en menor medida Yurupari y Caño Pacati. De acuerdo con la Red de Solidaridad Social – RSS- el número de personas desplazadas registradas en Mitú desde el año 2000 hasta el mes de julio de 2005 es de 194 familias (985 personas). De tal cifra, 524 personas (118 familias) se desplazaron en el año 2004 y para el primer semestre del 2005 se han registrado 55 familias (275 personas).

Parque Nacional Yapacana. El parque se encuentra localizado en la zona suroeste del Escudo Guayanés, específicamente en el sector centro-occidental del estado Amazonas. Temperatura: entre 19º C y 27º C. Precipitación: superior a los 3.000 mm. Tiene una extensión de 320.000 hectáreas. Decretado Parque Nacional el 12 de diciembre de 1978, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez Su paisaje incluye Bosques Siempreverdes, Bosques estacionalmente Inundables, Bosques de Palma, Sabanas Arboladas, entre otros. Su flora está fundamentalmente constituida por gramíneas. Cuenta con varias especies de

endémica, entre las cuales se destaca la rana Dendrobates. Atractivos: Dentro de parque se haya los caños Yagua y Maraya, que son afluentes de río Orinoco. Uno de los atractivos turísticos es el cerro Yapacan, que mide 1.341 m. Este cerro es un hermoso tepuy que se leva imponente en el paisaje amazónico.

Número de personas en situación de desplazamiento en Departamento de Vaupés DE NUMERO DE NUMERO PERSONAS FAMILIAS REGISTRADAS 2000 7 32 2001 0 0 2002 3 14 2003 12 58 2004 118 524 2005* 55 275 Total 194 903 Fuente: Consejería para la Acción Social. Dirección Territorial Vaupés de la Red de Solidaridad Social. *Cifra del 2005. Corte a julio 15. AÑOS

Según información de la Red de Solidaridad Social el 93% de la población registrada pertenecen a comunidades indígenas y el 7% restante se distribuye entre mestizos y blancos. De acuerdo a datos suministrados por la Defensoría Regional del Pueblo en el Municipio de Carurú desde el año 2003 hasta el 15 de julio de 2005 han prestado declaración de que se encuentran en condición de desplazamiento 863 personas. Consolidado de estimativo de recepción de población desplazada (1999 a 1 semestre de 2005) Localidades 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Acaricuara 0 0 0 0 0 0 0 Carurú 0 0 0 0 0 157 170 Mitú 0 0 0 0 26 421 225 Pacoa 0 0 0 0 0 0 0 Papunahua 0 0 0 0 0 0 0 Taraira 0 0 0 0 0 0 0 Villa Fátima 0 0 0 0 0 12 0 Yavaraté 0 0 0 0 0 13 0 Total regional 0 0 0 0 26 603 395 Fuente: Monitoreo de población desplazada del SISDHES de CODHES

Se tiene conocimiento de que recientemente las FARC han impartido prohibiciones a la movilización, buscando impedir el desplazamiento hacia afuera de la zona. Vichada Los registros de la Red de Solidaridad Social muestran un incipiente flujo de desplazamiento forzado para el

departamento del Vichada. En 8 años 1.582 personas han sido oficialmente registradas como desplazadas; los picos más altos en términos de crecimiento los mostró en los años 2000, 2002 y 2004. Si se analiza esta tendencia es posible identificar algunos factores determinantes del contexto.

CONSOLIDADO HISTÓRICO 1997-2004 AÑO

MUNICIPIO RECEPTOR

No HOGARES

TOTAL No PERSONAS HOGARES

TOTAL PERSONAS

1997 Pto Carreño

1998 Pto Carreño

1999 Pto Carreño La Primavera

2 6

2 29

2000 Pto Carreño

206

256

Cumaribo La Primavera 2001 Pto Carreño Cumaribo La Primavera Sta Rosalía

3 10 44 5 2 2

9 41 167 17 6 9

199

2002 Pto Carreño cumaribo La Primavera Sta Rosalía

69 18 2 1

305 108 6 5

424

2003 Pto Carreño Cumaribo La Primavera

56 4 2

208 36 7

251

2004 Pto Carreño Cumaribo La Primavera

45 14 11 TOTAL

174 81 53 TOTAL

308

342

1474

Fuente Delegación RSS Vichada. Julio 2005.

Consolidado 2005 Enero 1 – Julio 20 No. No. PERSONAS HOGARES Puerto Carreño 23 56 Cumaribo 12 35 La Primavera 7 17 Santa Rosalía 0 0 TOTAL 42 108 Fuente. Delegación RSS Vichada. Julio 2005 MUNICIPIO

Hay que tener en cuenta que poco más del 50% de la población del Vichada es indígena, y que como grupos y comunidades han establecido procesos y estrategias de resistencia para contener el desplazamiento y para responder a el en el caso en que se hace inevitable, y no necesariamente recurriendo a la ayuda Estatal. Puerto Carreño aún siendo capital de departamento – con poco mas de 17 mil habitantes- no responde a las características de una ciudad receptora por cuanto existen grandes dificultades para el acceso (distancias, costos y vías). En este sentido no puede tomarse como un indicador para medir el flujo del desplazamiento forzado. En muchos eventos Puerto Carreño es vista por los desplazados que allí llegan – en su mayoría de Arauca y Casanarecomo un lugar de tránsito hasta tanto se logre cruzar la frontera. De acuerdo con testimonios recogidos, los desplazados llegan a Carreño buscando seguridad. Según explican allí están protegidos, “y quien quiere trabajar busca la manera”; nadie instiga, nadie persigue. De otra parte hay que anotar que el departamento del Vichada observa una de las tasas de densidad poblacional más bajas del país (0,93 Hab./Km2 ). Esto indica que existen grandes extensiones de tierra sin habitar, puesto que hablamos de una extensión total departamental de 100.242 Km2 para una población proyectada de aproximadamente 94 mil habitantes. También indica que es relativamente fácil para quien se

desplaza contemplar la posibilidad de asentarse cerca de algún centro poblado. La movilidad de población se presenta tal vez con más fuerza en los territorios de los municipios de Primavera (14 mil habitantes) y Cumaribo (58 mil habitantes, 98% población indígena). Pero en estos espacios, en los que como señalábamos en líneas anteriores el conflicto armado ha tenido expresiones más claras y directas, la fuerza centrípeta la produce el circuito económico establecido con el cultivo y el procesamiento de la hoja de coca, como único medio de subsistencia. Según el DANE en el departamento del Vichada el 88,9% de su población tiene Necesidades Básicas Insatisfechas, mientras que un 23.3% vive en condiciones de miseria.

4.4 Cruces fronterizos Amazonas De acuerdo a los datos levantados en los Consulados de Perú y de Brasil ubicados en Leticia es casi nula la solicitud de refugio por esta zona de frontera. En los dos casos se mencionó la visita a los consulados de algunas familias desplazadas que querían hacer la solicitud (menos de 3 en cada caso), pero que al ver los requisitos, principios y carácter del refugio se arrepintieron y decidieron retirar la solicitud. La ausencia de registro también obedece a la dificultad en el desplazamiento desde lugares remotos del departamento hasta Leticia, para poder así gestionar los papeles de solicitud. Al respecto se registran personas

colombianas que permanecen en comunidades peruanas como Puerto Libertad, Nueva Esperanza y El Estrecho, que podrían ser solicitantes de refugio, pero que por las grandes distancias no se movilizan hasta Leticia para la gestión pertinente. Para facilitar los pasos fronterizos los gobiernos han firmado tratados internacionales mediante los cuales se permite la existencia de foráneos en territorios vecinos de gran proximidad a la frontera o a la ribera de los ríos compartidos. Es así como por ejemplo, en la zona de El estrecho de Perú (Marandúa en el lado colombiano) se tiene conocimiento de que viven 1.000 personas colombianas del lado peruano. Lo mismo sucede en Tabatinga, donde también hay una importante presencia de colombianos. Al respecto vale la pena mencionar que se tuvo información de que varias familias desplazadas viven en Tabatinga pero trabajan en el día en Leticia. Esto porque los arriendos, la alimentación y los servicios son más baratos en el Brasil, lo que resulta motivante para esta población que encuentra escasa y costosa oferta de vivienda del lado colombiano. Pese a la aparente laxitud en los pasos fronterizos, se tiene conocimiento de que no se aplica a cabalidad el Convenio 169 de la OIT por medio del cual las comunidades indígenas en zonas de frontera tienen derecho a la doble nacionalidad. Al respecto se tuvo conocimiento de que indígenas de las etnias Murui, Bora y Muinane ubicados en las comunidades de Puerto ALegria, El Encanto, San Rafael y Marandúa, por razones de hermandad con los pueblos indígenas Witotos del Perú deben cruzar la frontera constantemente, pero al hacerlo la policía de ese país les exige documentos y pasaporte para ingresar al territorio, por lo que estas comunidades tienen dificultades en el paso fronterizo.

Guainía Para el colono desplazado es muy difícil cruzar al otro lado de la frontera, debido a que en su mayoría se encuentran indocumentados. Los indígenas en cambio cuentan con lo que se podría llamar el “status” de la doble nacionalidad y además con la posibilidad de ser acogidos por sus hermanos indígenas que habitan en la frontera del vecino país e integrarse a sus resguardos. Las comunidades indígenas se movilizan hacia: 1. Puerto Ayacucho (Venezuela), 2. San Gabriel (Brasil), 3. San Fernando de Atabapo (Venezuela), 4. Comunidad de Santa Bárbara (a orillas del río Orinoco subiendo a Puerto Ayacucho) 5. Comunidad de Sarrapia, Cupuben, Zazafran, La Alisas, Primavera, Curanaven, Morocot en el Orinoco. En rutas como la de Santa Barbara, los controles para el paso fronterizo son más fuertes, la restricción de venta de gasolina es general para los colombianos pero igual, se ha convertido en un negocio del cual forman parte las mismas fuerzas de seguridad y control del vecino país. Frente a las requisas de la guardia venezolana por el río Guaviare, admitir ser de Inírida causa problemas pues se asocia el origen a las fuerzas de la subversión. La guardia venezolana tiene temporadas de mayor regulación con los colombianos, donde son frecuentes la requisa y la solicitud de documentos de identidad. Los cruces fronterizos son motivados por la búsqueda de mejores ingresos para subsistir, y en esta travesía no se arriesgan sólo los nacionales. Brasileros, y colombianos en busca del oro intentan cruzar la frontera de Venezuela, para llegar al parque nacional de Yapacaná. En el mes de febrero la guardia venezolana ofreció una amnistía para que los colombianos que allí se encontraban, volvieran a Colombia sin ser reseñados. No

obstante, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas por el Consulado de Colombia con sede en San Fernando de Atabapo, poco más de 200 colombianos fueron deportados durante el mes de marzo de 2005 a raíz de los operativos que condujeron al desmantelamiento del emporio comercial construido en rededor de la mina de Tarapacá. Al momento de la visita de campo a San Fernando se conoció de un ultimátum para que quienes permanecían en la mina salieran, pues iba a ser bombardeada en los próximos meses. En general San Fernando de Atabapo no cuenta con la mejor infraestructura para recibir a población necesitada como la que allí llega. Este municipio alejado del centro de poder de Venezuela tiene problemas para la prestación de los servicios públicos básicos– no existe conexión de fluido eléctrico, ni tampoco provisión de agua potable-. Asimismo, sus habitantes, siendo venezolanos, requieren atención en salud del municipio de Inírida, pues es en muchos kilómetros el único lugar que cuenta con un hospital de segundo nivel. Vaupés Con ocasión del reacomododamiento de la guerrilla ocasionado por la presencia de la fuerza pública en Carurú y las fumigaciones en su área rural, se ha generado una presión sobre las comunidades indígenas por lo que algunas se han tenido que desplazar al interior y exterior del departamento, por caños y trochas, saliendo muchas familias gota a gota (en un número no determinado) a la frontera con el Brasil. Este flujo de personas salen de Carurú por el caño Carurú, siguen por una trocha dentro de la selva que los comunica con el caño Querarí y de ahí cruzan la frontera rumbo a Brasil, esto último sujeto al permiso de la autoridad militar de ese país.

Paralelamente, las FARC se encuentra en un proceso de expansión territorial a la zona de frontera con Brasil, estableciendo centros de operaciones en el corregimiento de Yavarate. Esta zona les resulta propicia por la casi inexistente presencia estatal34. La gobernación cuenta con una inspectora de policía y una promotora de salud, pero estos carecen de infraestructura o apoyo logístico que les permita desarrollar sus actividades. Actualmente habitan 18 familias la mayoría indígenas de los grupos guananos, cubeos y tucanos que viven en ranchos sin agua potable y en difíciles condiciones sanitarias. En el lado colombiano de la frontera no hay presencia de la fuerza pública, pero frente a Yavarate esta Bocas de Querari donde se encuentra ubicada una base militar brasilera ejerciendo un control de la región. Los colombianos que pasan la frontera deben solicitar un salvoconducto que es otorgado por el comandante de esta base militar luego de averiguar los antecedentes disciplinarios y penales, el motivo del viaje y el tiempo de duración. Cuando el paso de la frontera es para salvaguardar la vida, los colombianos no tienen documentos y por lo tanto es imposible persuadir la policía federal de Brasil para que permitan el acceso. Según información suministrada por varias instituciones en el municipio de Mitú, se conoce de población colombiana que necesita protección en la frontera con Brasil, pero no hay información corroborada sobre este asunto. La Red de Solidaridad considera necesaria una visita de exploración a esta región para tener 34

El acceso por río a Yavaraté desde Mitú, dura tres días y deben pasarse 96 cachiveras (caídas de agua). Vía aérea el tiempo de vuelo es de 45 minutos en un avión Cesna, el valor del vuelo es de $1.800.000 un solo trayecto y la pista es muy pequeña y en tierra. Consejería para la Acción Social. Dirección Territorial Vaupes. Mitú – Abril 27 de 2005. Pp. 2.

información sobre la situación humanitaria de los colombianos en esta frontera. Por otro lado se tiene conocimiento de que a seis horas de Yavarate, en la localidad de San Gabriel- Brasil, hay un lugar de recepción importante de población colombiana que cruza la frontera en busca de protección. Vichada Cruzar y llegar a Venezuela es la búsqueda infinita de muchos habitantes del Vichada, especialmente de aquellos que viven en Puerto Carreño. Pasar al vecino país representa un cambio significativo en su calidad de vida, la posibilidad de un empleo o de generar medios de subsistencia, y en definitiva, para algunos, el huir de los estragos del conflicto. No obstante, la severidad con la que se vienen adoptando políticas fronterizas restrictivas por parte de las autoridades venezolanas, ha dado al traste con esa expectativa y el sueño de muchos. De acuerdo con algunos testimonios recogidos entre la población desplazada, en verano, cuando los ríos se anegan y las vegas de terreno quedan al descubierto para sembrar, muchos venezolanos convencidos del buen trabajo del colombiano contratan su mano de obra. Otros cuentan que, internados en fincas del vecino país, los colombianos laboran de manera subrepticia mientras sus propios patrones gestionan su cedulación para que se puedan movilizar por territorio venezolano libremente. No obstante, para el consulado de Venezuela en Puerto Carreño- cuya jurisdicción circunscribe las poblaciones venezolanas de Puerto Páez, Puerto Nuevo y Puerto Ayacucho- no es cierto que se produzcan esos cruces transfronterizos de manera informal. Aún cuando de Puerto Carreño sale un yate atestado de colombianos hacia Puerto Ayacucho todos los días a las 7 a.m., quienes no cuentan con permiso

sólo están autorizados para permanecer hasta las 4 p.m. en territorio venezolano; no sucediendo lo mismo con los venezolanos que visitan territorios del Vichada por la misma vía. La gestión de los permisos fronterizos para que los colombianos permanezcan por más tiempo en Venezuela puede tardarse oficialmente 8 días hábiles. Los permisos sólo se están otorgando en cuatro casos específicos: §

En los casos en que la persona debe asistir a una consulta médica a las zonas fronterizas de Venezuela, y cuenta con una certificación que así lo confirme, En los casos en que se debe atender el llamado de autoridades venezolanas para la resolución de asuntos penales o civiles (como la cedulación, por ejemplo). En los casos en que la solicitud la hagan personas familiares de Colombianos detenidos en cárceles venezolanas, para efecto de las visitas correspondientes. Y en los casos de extrema urgencia, como la muerte de un familiar residente en territorio venezolano. Evento en el cual se gestiona directamente ante cancillería.

De otra parte, para que los residentes de Puerto Carreño puedan obtener una visa de turismo venezolana, se requiere, entre otros: §

§ § §

La certificación de un banco con sede en Puerto Carreño que constante tres meses de vigencia mínima de la cuenta y un saldo no inferior a 500 mil pesos. Carta de residente expedida por la Alcaldía. Pasado o Certificado Judicial Carta de trabajo con descripción de sueldo mensual y fecha de ingreso.

Permiso de salida del país expedido por Notaria. Cancelar 30 dólares en el momento de ser aprobada la visa.

municipios. De ahí que la respuesta institucional y gubernamental haya sido poco articulada y supeditada a las coyunturas de las políticas nacionales y gubernamentales.

Adicionalmente el funcionario consular se ha reservado el derecho de solicitar al interesado, cuando así lo considere necesario, “cualquier otro documento” adicional. A partir de allí, se ha hecho recurrente la solicitud de una “carta” o certificación emitida por una persona natural o jurídica la cual hace constar que en su estadía la persona con visa autorizada será albergada en su establecimiento o en su casa de familia. Esa carta debe ir además firmada por un abogado – cuyo servicio cuesta aproximadamente 80 mil bolívares-, y certificada por la Escuela de Abogados con sede en Ayacucho que cobra alrededor de 60 mil Bolívares por la refrendación. Según afirman quienes se han visto en esta dificultad, alrededor de la medida se ha instituido todo un negocio en la vecina ciudad de Puerto Ayacucho.

Existe una oferta institucional formal en materia de prevención, la cual está centrada en una combinación de un enfoque militar con énfasis en la oferta de seguridad que ofrece la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y un enfoque de política social, con programas dirigidos a población vulnerable y desplazados. En estos últimos la prevención es el resultado de atacar las situaciones de pobreza histórica a las que apunta la inversión social y de la prestación de los servicios regulares –misionales- de las instituciones, más no de programas especialmente diseñados para este grupo, por lo que en algunos se asume que ciertos programas aplican para cualquiera de los componentes de la política que establece la Ley 387 de 1997.

Al final, en todo caso, el consulado tampoco está obligado a explicar las razones por las cuales no es aprobada la solicitud de visa.

En materia de atención humanitaria de emergencia, la Red de Solidaridad Social ha adelantado una importante gestión. Sin embargo esta ayuda resulta insuficiente en la medida en que las soluciones de restablecimiento son fragmentadas y no están articuladas a una fase posterior de estabilización socioeconómica o restablecimiento. De ahí que terminados los tres meses de esta atención, las familias aún están en estado de vulnerabilidad y por ende presentan grandes dificultades para subsistir. Este hecho lo reconoce la propia Dirección Territorial de la Red de Solidaridad Social cuando afirma que “Aunque se han dado todas las ayudas y la atención humanitaria con respecto a la alimentación; cerca del 80% come sólo una o dos veces al día y de manera no balanceada…la ayuda y los esfuerzos no cubren totalmente los

Contrario a lo que sucede en Puerto Carreño, en Casuarito el transito de Colombianos hacia Venezuela reviste menos dificultades. Así mismo, es mucho más grande la afluencia de venezolanos que acuden a Casuarito en busca de mejores precios y de la calidad de los productos colombianos.

V. Respuestas institucionales y sociales a la crisis Amazonas En el departamento del Amazonas el fenómeno del desplazamiento está invisibilizado por el tímido arribo de personas en situación de desplazamiento, así como por la poca mella del conflicto armado en sus

requerimientos de seguridad alimentaria de esta población”35. En la oferta local tanto de la Gobernación Departamental como de la Alcaldía Municipal se incluyen acciones que forman parte de la oferta social regular, como son las actividades de promoción de la salud, educación y proyectos productivos. Es necesario destacar el papel de la Cruz Roja, el ICBF y el Vicariato de la Pastoral Social, quienes junto con la Red de Solidaridad Social han realizado un importante papel en materia de ayuda humanitaria de emergencia. En materia de estabilización y restablecimiento socioeconómico, los gobiernos departamental y municipal (Leticia) han adelantado una serie de iniciativas para estabilizar económicamente a la población desplazada. Sin embargo estas se caracterizan por ser acciones puntuales y dispersas en el tiempo, a pesar de la existencia formal de programas desde las instituciones del Estado para atender a este grupo. A partir de las reuniones y entrevistas se estableció que en 2004 la Gobernación adelantó una serie de ayudas a los desplazados, que consistieron en la entrega de unos recursos para proyectos productivos y separó unas partidas presupuestales en materia de generación de ingresos. Sin embargo, esta iniciativa al no asumirse como una política de largo plazo, esta sujeta a la discrecionalidad del Gobernador. Es así como terminado el periodo 2002-2005 e iniciado el gobierno para el periodo 2005-2007, aún no se ha definido con claridad un curso de acción frente a este grupo36. 35

Dirección Territorial Amazonas de la Red de Solidaridad Social. Formulación del Plan Integral Único–Unidad Territorial Amazonas. Pp. 10. 36 La anterior administración departamental apropió 50 millones de pesos a los desplazados, pero estos recursos no fueron ejecutados y ahora se encuentran en espera de ser gastados. El problema es que los desplazados esperan que se modifique el destino de estos y sea redireccionado para un proyecto de vivienda de

Es de destacar que lentamente la población desplazada esta abriéndose espacio en las instancias de planeación participativa para la formulación del Plan de Desarrollo Departamental, con el fin de que sus demandas sean incluidas dentro del grueso de las inversiones públicas a realizar en el periodo 2005-2007. Asimismo, en lo organizacional existe desde el 12 de julio 2001, el comité departamental de atención a la población desplazada37 y el 10 de Agosto del mismo año se crea también el comité municipal que sesiona de manera regular38. En lo que se refiere a la aplicación del mecanismo de alertas tempranas, este es inoperante en la actualidad y en la Defensoría Regional del Pueblo no está en funcionamiento. Guainía En este departamento es muy bajo el nivel de rechazo en el SUR. Aún cuando reglamentariamente la institución dice brindar al desplazado atención humanitaria de emergencia consistente en mercados, arriendo, elementos de aseo y kit de cocina, durante tres meses, muchas personas desplazadas entrevistadas coincidieron en afirmar que la Atención humanitaria de emergencia llega con 2 y 3 meses de retraso, y que por tal razón varias de las familias se encuentran ad portas de ser desalojados de los sitios donde viven bajo arriendo.

interés social, lo cual es difícil y lento, en razón de las lógicas procedimentales que regulan la aprobación y modificación de los usos del presupuesto público. Esto puede colocar en riesgo la asignación si no se ejecuta rápidamente. Además que en razón de las dificultades de tierras en la ciudad de Leticia, no todas las familias registradas se beneficiarían de este proyecto. 37 Decreto 0016 de 2001 38 Sobre los contenidos y fechas de sesión de los comités ver: Dirección Territorial Amazonas de la Red de Solidaridad Social. “Consolidado Comités y Mesas de Trabajo”. Contenido en: Formulación del Plan Integral Único–Unidad Territorial Amazonas. Pp. 21 a 26.

La atención en salud sigue siendo restringida para la población desplazada. Para las familias que han sido afiliadas al SISBEN en sus lugares de origen solicitar el cambio de sede de su afiliación para poder tener acceso a salud en Inírida se ha convertido en un drama. Los que no están afiliados a este régimen de salud, tienen que buscar el aval del coordinador de la Red o el defensor del Pueblo para lograr atención de urgencias, pues las instituciones persisten en solicitar la “certificación de desplazados”. EL ICBF tiene convenio con la Red de Solidaridad Social para la atención de los niños menores de 2 años y madres lactantes de familias desplazadas. En el momento esta institución atiende a 45 menores de familias desplazadas, un nivel muy bajo debido a que solo reciben atención aquellas personas que se acerquen a la institución a solicitar apoyo. A los niños se les hace una valoración inicial, se identifica el estado en el que llegan, su nivel nutricional y atención psicosocial. Existe un grave problema de desescolarización por el desplazamiento, y altos niveles de analfabetismo, pero no hay cálculos oficiales de las personas desplazadas que reciben atención en las escuelas y de aquellas que por diferentes motivos no se benefician con esta prestación. El comité municipal y departamental de desplazados se ha reunido pero sin llegar a tomar medidas para la atención de la población desplazada. La alcaldía del departamento solo reservó dentro del presupuesto la suma de 20.000.000 millones de pesos para la atención de la población desplazada que llega a Inírida, pero igualmente es un rubro de libre destinación y los recursos, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno, todavía no se encuentran dispuestos. La alcaldía del municipio en colaboración con la Red de Solidaridad ha entregado ropa, implementos de

aseo productos de donación de la DIAN a la población desplazada, y en convenio con la Red de Solidaridad tienen programas sociales para los niños desplazados que se encuentran estudiando, como subsidios de uniformes, desayuno y refrigerio. Pero hasta el momento no se han hecho efectivos y se está requiriendo a los padres el pago de una cuota de $6.000 (seis mil pesos); suma bastante representativa si se tienen en cuenta los exiguos ingresos de estas familias. Se habla de establecer algunos diálogos intergubernamentales (Guainía – Vichada – Vaupés) para determinar trabajos consensuados en materia de atención al desplazamiento. Pero hasta el momento no se han consolidado políticas de restablecimiento para la población desplazada. Las personas están siendo atendidas a través de programas de emergencia, y de acuerdo con los testimonios recogidos muchas de las familias desplazadas desde hace cuatro años nunca recibieron de manera integral la ayuda humanitaria de emergencia. En este sentido es importante recalcar que las personas en situación de desplazamiento en Guainía poco o nada conocen en relación con las políticas para la implementación de las órdenes de la sentencia T-025 de 2004. Para dar cumplimiento a una de las órdenes consignadas en la sentencia, la RSS, a través de sus sedes locales, debía convocar a aquellas personas desplazadas que aún estando inscritas en el registro no hubieran recibido la ayuda humanitaria de emergencia o la hubieran recibido de forma parcial. La oficina de la RSS en el Guainía, que funciona en el municipio de Inírida, hizo su convocatoria a través de comunicaciones publicadas en las instalaciones de su propia sede. Sin embargo, según las declaraciones del mismo coordinador de esa delegación fueron muy pocas las familias que acudieron al llamado. Esto responde a que en primer lugar el medio de

comunicación no fue el más expedito y eficiente, y a que en segundo lugar, de los desplazados asentados en Inírida un 60% es población indígena, y de ella, por lo menos un 30% solo habla su lengua aborigen. En ese sentido, otras obligaciones de la RSS en la misma línea, como la difusión de la Carta de derechos y la capacitación a la población desplazada en el conocimiento de sus derechos, corren el mismo riesgo de ser incumplidas, toda vez que los canales establecidos no están diseñados para convocar la atención de los interesados. Vaupés En el Vaupés el principal problema de vulneración es el llamado confinamiento. Aunque se ha hecho visible la crítica situación humanitaria, la geografía, que aísla a muchas comunidades indígenas, impide determinar con exactitud la magnitud de la vulneración en sus derechos. En términos generales las autoridades hacen esfuerzos episódicos de respuesta institucional que no apuntan a un plan de acción integral, sino a respuestas puntuales que responden a la lógica de la política social, la cual parte de la intervención dispersa de varias entidades en tiempos diferentes. De ahí la ausencia de una respuesta estructural en los municipios de Mitú y Carurú. De las entrevistas realizadas se deduce que los actuales esfuerzos que se están haciendo han sido en gran medida una reacción al flujo de desplazados, a las poblaciones confinadas y a la sentencia T-025, que si bien no es muy conocida por los desplazados, ha generado un movimiento administrativo de respuesta por parte de las autoridades nacionales y territoriales. Este movimiento también fue propiciado por la coincidencia de la sentencia con los procesos de planeación del municipio de Mitú y de la Gobernación del Vaupés.

En el departamento no se ha estructurado una política de prevención al desplazamiento. El modelo militar de prevención desprendido de la política de la seguridad democrática no ha logrado un adecuado control de las cabeceras municipales, las cuales son atacadas constantemente por la guerrilla. Es por ello que este modelo no ha sido capaz de reducir el desplazamiento. La ausencia de un programa de desminado de los caminos de los resguardos que rodean a Mitú y Carurú aumenta a largo plazo el riesgo de desplazamiento de estas comunidades hoy en día confinadas, pues la presión que tienen en materia de seguridad humana y alimentaria puede generar una crisis tal que se vean forzados a salir. Al respecto, la Red de Solidaridad Social ha solicitado ayuda humanitaria de emergencia para estas familias confinadas a través de la entrega de mercados. El problema es que la respuesta ha sido tardía debido a los altos costos del transporte de los alimentos desde Bogota a Mitú y de ahí a las zonas que están sufriendo las situaciones de confinamiento (el programa de prevención de la Red de Solidaridad Social a nivel nacional no dispone de recursos para el transporte de la comida). En términos generales, la Red ha adelantado una importante gestión en materia de atención humanitaria de emergencia, pero aún son cortos los esfuerzos para la fase de restablecimiento socioeconómico. Esta fase opera con muchas dificultades en razón del proceso de ajuste fiscal (en particular en el frente de provisión de pensiones), reducción de las transferencias nacionales de inversión por bajo esfuerzo fiscal propio en los gobiernos territoriales (para la vigencia de 2005), obstáculos para la implementación de proyectos productivos y para adelantar procesos

de entrega de soluciones de vivienda. Respecto a este último aspecto sólo hasta hace dos meses el municipio de Mitú cuenta con un esquema de ordenamiento territorial, por lo que hasta ahora está habilitado para participar en las convocatorias de asignación de subsidios de vivienda de interés social. Por otro lado es necesario mencionar que el municipio posee poco espacio para urbanizar, por lo que en la actualidad cualquier desarrollo urbano está sujeto a las particularidades de las zonas protegidas donde se asientan los grupos indígenas. Vichada La atención a la población desplazada en el departamento de Vichada ha estado caracterizada por una visión impuesta desde la ciudad capital, centro de decisiones administrativas y presupuestales. Hasta el momento, y aún con el proceso de caracterización adelantado por la RSS, las autoridades siguen insistiendo en la necesidad de que exista un censo detallado y exhaustivo de la población desplazada en el departamento. Existe una convicción generalizada – capitalina- respecto del carácter de no desplazados que tienen muchas de las personas inscritas en el registro, la cual es alentada por el paso del tiempo y por las condiciones de restablecimiento que reflejan algunas de las familias asentadas allí. De acuerdo con lo observado existen hogares en Puerto Carreño, registrados en la RSS, que a la fecha cuentan con un trabajo con el que se sostienen, han accedido a compra de bienes y enseres, y han sido favorecidos además con el subsidio de vivienda ofertado por el gobierno nacional. Pero esta no es la generalidad, ni para Puerto Carreño, ni para el departamento en general. La constante es que en la periferia de Carreño se han ubicado gran parte de los hogares desplazados, en espacios sin las condiciones básicas de habitabilidad y saneamiento. La

constante es que el vicariato apostólico, desde su trabajo pastoral, sigue considerando la necesidad de distribuir a estos hogares ropa y alimentos en vista de la precariedad de su situación. También es claro, especialmente para la secretaría de educación departamental, que existe un alto nivel de subregistro, pues a su juicio, no es posible que para el 2005 sólo 61 niños hayan sido atendidos en los establecimientos escolares como población desplazada, y que esta cifra haya superado en 40 personas el número registrado el año anterior. Es de público conocimiento la posición de la Gobernación frente al problema. Contrario a la directiva que ha sido difundida desde el nivel nacional en términos de priorización del gasto, y en virtud de las obligaciones fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia T025, para la atención a población desplazada, el presupuesto en Vichada no ha sido ni reservado ni apropiado. La secretaría de Gobierno departamental dice que durante el 2005 “va a destinar” 20 millones de pesos para este propósito, no obstante esta afirmación ha sido negada por la asamblea, pues en el presupuesto del Vichada no se inscribe ningún rubro con ese objetivo. Con todo, la secretaría afirma que no hay dinero, pero que además “no son todos los que están ni están todos los que son”. Algo similar sucede con la administración local de puerto Carreño. De acuerdo con lo que se afirma tanto por entidades como por la población desplazada, la Alcaldía sólo ha fijado para la atención un monto de 1,5 millones de pesos, pues ocho millones que muestra como apropiados, son en realidad un excedente que no pudo ejecutarse en la anterior administración. Las actividades y gestiones de la alcaldía frente a los desplazados se han centrado en un marco asistencialista y caritativo, pero no desde un enfoque de derechos.

En cuanto a vivienda el gobierno nacional adjudicó 37 subsidios para vivienda de población desplazada en el Vichada (33 en Carreño y sólo 4 en el municipio de la Primavera). De acuerdo con lo indagado hubo negligencia en la difusión de la información y en la orientación de las personas para que fueran diligenciados los formularios de postulación. De otra parte, el proceso de adquisición de Vivienda nueva ha venido adoptando un carácter problemático, entre otras cosas, porque el proyecto que construye el municipio, llamado El Triángulo, se ubica muy cerca de un fuerte militar y ya se han hecho sentir las voces de quienes accedieron a comprar a través de los subsidios. De otra parte, el proyecto se desarrolla en un terreno donde anteriormente existía una laguna y todo parece indicar que el suelo no tiene la consistencia suficiente. Pero además, quienes irían a ser futuros propietarios no conocen aún cual sería la estructura de la vivienda, los espacios, la disposición arquitectónica ni mucho menos si va a contar con los servicios públicos domiciliarios básicos. A ello se suma que parte de los rubros que se presupuestan para atención, quieren ser validados como pago del terreno dónde se desarrolla el proyecto.

alimentaria, pues se partía de hechos y cálculos inciertos y no se fundamentaba en un verdadero estudio de factibilidad. En este asunto se vio implicada de alguna manera la delegación de la RSS por cuanto con los dineros aportados por el nivel nacional para dicho efecto, el anterior delegado realizó otro tipo de inversiones que en la actualidad son materia de investigación. Ahora se cuenta con un nuevo delegado que hasta el momento goza de la confianza y la credibilidad de la población desplazada y de las entidades locales en general.

Ante estos problemas muchos declinaron su intención de tener vivienda nueva y optaron por destinar el subsidio para compra de vivienda usada. Para estos el problema reside en que se están viendo envueltos en discusiones constantes con los vendedores de dichas viviendas por cuanto amenazan con deshacer los contratos si el ministerio de Vivienda no desembolsa los dineros tal y como se comprometió.

El Vichada como bien lo muestra su plan de Desarrollo 2004 -2006, no desarrolla una economía ni agrícola ni ganadera capaz de producir excedentes para la venta, y se circunscribe a un esquema de producción para el autoconsumo. En términos generales no existe un panorama claro de alternativas para la generación de ingresos y trabajo, a excepción del cultivo extensivo de palma que se propone en Primavera, que se ha iniciado en algunas zonas de la jurisdicción de Puerto Carreño y que forma parte del Megaproyecto de la Alta Orinoquía alentado por el gobierno nacional.

En el tema de generación de ingresos y desarrollo de proyectos productivos las cosas no van mejor. Han sido ya varias las desilusiones experimentadas. En la administración anterior debió reembolsarse un dinero que el municipio nunca pudo utilizar para desarrollar un proyecto de seguridad

Existen denuncias relacionadas con el circuito económico establecido para la producción y venta del algodón. Se dice que se ha monopolizado la compra y que en ese sentido se regulan los precios y se condicionan los pagos. El algodón produce cada seis meses y son muchos los días de espera adicionales para que los cultivadores reciban su recompensa. Los pagos se realizan muchas veces en especie a través de la compra de víveres que sólo pueden ser adquiridos en los sitios de venta que el pagador de la cosecha indique. Ante la necesidad los productores ceden.

Finalmente en materia de salud, los niveles de atención recogen o adoptan la misma tendencia del ámbito

nacional, y es que se observan niveles mínimamente satisfactorios de atención en los cascos y zonas urbanas, y unas grandes deficiencias para la prestación en los espacios y las zonas rurales.

VI. Principales conclusiones La aplicación del modelo militar de prevención39 generado en el marco de la política de la seguridad democrática ha tenido consecuencias importantes en los departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada. Mediante esta táctica, la fuerza pública ha buscado recuperar gradualmente la presencia estatal en estas zonas caracterizadas por una histórica presencia de la guerrilla de las FARC. Esto ha conducido a que en los últimos 3 años se haya producido un intenso proceso de militarización en las cabeceras departamentales, municipales y corregimentales de los cuatro departamentos estudiados. También inicia el registro de la presencia paramilitar en zonas donde antiguamente no operaban. Esto desestabiliza aún más la región y pone

Este modelo se caracteriza por la aplicación de acciones de recuperación y control territorial por la fuerza pública, que consiste en: 1. El despliegue de tropas en el territorio; 2. La aplicación de medidas de control (de restricción a la población civil) con el fin de desabastecer a la guerrilla; 3. La militarización de los centros urbanos, entre otras y) 4. La aplicación sucesiva y simultánea (en ocasiones) de operaciones militares, fumigaciones, redes paraestatales de inteligencia y acciones de judicialización en gran escala (las detenciones masivas) sobre los territorios objeto de la recuperación. Con esto se plantea que se neutraliza militarmente a los actores armados ilegales que generan el riesgo de desplazamiento. Para un caracterización más amplia del modelo de prevención la desplazamiento, ver: CODHES. “La política pública de atención a la población desplazada en la administración Uribe entre 2002 y 2004”. Mimeo. Diciembre de 2004. Además “El Gobierno Nacional: La promesa de seguridad con regresión antidemocrática”, contenido en “Reconfiguración del conflicto y crisis de garantías”. Boletín “Codhes Informa”. Número 53. Páginas 5 a 8. Bogotá. Mayo de 2004. Disponible en www.codhes.org.co

en serias dificultades y riesgos a sus habitantes. Sea cual sea el actor armado que decida incursionar a la selva, necesitará de la ayuda de las comunidades campesinas e indígenas para poder sobrevivir en este inhóspito medio. Esto pone en extrema situación de riesgo a estos grupos, quienes encuentran serias dificultades para garantizar su derecho como sociedad civil a la neutralidad y no vinculación al conflicto armado. De acuerdo a lo observado, los indígenas son una población que se encuentra en un alto riesgo de desplazamiento, confinamiento, exterminio y desaparición. Se destaca la presión ejercida sobre ellos para el reclutamiento forzado de menores de edad, el desalojo de sus tierras, y los señalamientos. Se evidencia un traslado y resiembra de cultivos de hoja de coca, especialmente en Vichada y Amazonas. Aunque disminuyen tímidamente en Guainía y Vaupés, se observa una tendencia a la rápida traslación y un inminente interés en mantener su siembra y comercialización en estas zonas que, por su carácter fronterizo, facilitan la vertiginosa salida de la droga al exterior y su eficiente intercambio con armas, precursores químicos, partes de automóviles y otros bienes. Al respecto vale la pena destacar la importancia geográfica de la zona para el tráfico y procesamiento, ya que conecta con centros productores como Putumayo, Guaviare, Meta y Caquetá. Paralelamente a este traslado de cultivos de uso ilícito, las políticas antidrogas de las zonas no han destinado recursos para la inversión social, sustitución de cultivos, ni desarrollo regional para la siembra y comercialización de productos lícitos. La visibilización del comercio ilegal transfronterizo que se viene desarrollando hace varias décadas, así como la inminente evidencia del

conflicto armado que padece Colombia y su incidencia en los países vecinos, ha provocado una creciente militarización en Perú, Brasil y Venezuela, que esperan salvaguardar sus tierras de la guerra a través de esta medidas. La posibilidad de cruzar la frontera difiere de acuerdo a cada departamento, país fronterizo y condición geográfica. No obstante, se observan algunas generalidades como: facilidades en el paso a los municipios inmediatamente vecinos por cortos episodios de tiempo y algunas veces con explicaciones detalladas a las autoridades extranjeras, dificultades para acceder más allá de esta franja inmediata y solicitudes de documentos como cédula, pasado judicial y reservas hoteleras, desconocimiento de muchos indígenas del Convenio 169 de la OIT sobre su derecho a la doble nacionalidad e incumplimientos de sus disposiciones a la libre movilidad. Al analizar el comportamiento del desplazamiento de estos departamentos en la década presente se observa una tendencia al rápido aumento, en especial para el año 2004 donde, a excepción de Amazonas, el desplazamiento creció en más del 200% para los tres departamentos restantes. Vaupés es el único que presenta situación de confinamiento y de minas antipersonales, lo que agudiza su problemática y crisis humanitaria. En general, la respuesta institucional al desplazamiento y confinamiento está concentrada en acciones de ayuda humanitaria y atención de emergencia, donde se puede afirmar que la Red de Solidaridad Social ha jugado un buen papel. No obstante, sobresale la desarticulación institucional para abordar la problemática. Se observan incipientes desarrollos en la etapa de reparación y estabilización socioeconómica, donde se ha dificultado la puesta en marcha de procesos productivos y las asignaciones de vivienda.

El aumento en el pie de fuerza interno y externo, el crecimiento del desplazamiento, el traslado de la siembra de cultivos40, el repliegue de las FARC y la avanzada paramilitar evidencia una tendencia hacia la orientalización del conflicto colombiano. Esta orientalización hacia zonas fronterizas de difícil acceso, selváticas e históricamente abandonadas, dificultarán su seguimiento, registro y contención. Esperemos que esto no contribuya a la conformación de una guerra anónima y desconocida, sin dueño y sin derechos, que una vez más protagonice los anales indocumentados de la historia del país.

VII. Algunas recomendaciones Considerando la situación evidenciada en los departamentos fronterizos del oriente del país presentamos algunas recomendaciones formuladas a partir de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de la población asentada en estos territorios. 1. Incrementar la inversión social especialmente en los sectores de educación, salud, generación de ingresos familiares y comunicaciones, que busquen subsanar la prolongada deuda que el Estado ha mantenido con estos departamentos en el otorgamiento de condiciones de vida más dignas. Solo a través de una reactivación social y económica de la región será posible encontrar soluciones reales y efectivas para las comunidades que hoy en día encuentran en la coca y el contrabando el asidero a su pobreza. 2. Promover o apoyar desde el gobierno, la comunidad internacional y las organizaciones de la sociedad civil procesos de fortalecimiento y seguimiento a las comunidades indígenas para que sean respetados sus derechos, territorios y procesos de 40

Esta última característica solo para Vichada y Amazonas.

autodeterminación y empoderamiento político, ya que es predecible el escalamiento del conflicto armado en sus regiones así como la pugna por sus recursos naturales y posición geoestratégica. 3. Impulsar desde el Observatorio de Minas de la Presidencia de la República un estudio de los campos minados del departamento de Vaupés donde están siendo afectadas más de 2.000 personas que se encuentran confinadas en medio de los explosivos y que no han sido socorridas a través de un plan o proyecto de desminado. 4. Revisar la implementación local de las políticas migratorias nacionales e internacionales, muchas veces supeditadas a la voluntad de las autoridades de turno. Esto con el fin de garantizar el cumplimiento de los tratados y pactos internacionales relacionados con la solicitud y tramitación de permisos y visados.

8. Impulsar un funcionamiento más eficiente del Sistema de Alertas Tempranas. Se insta a las Defensorías Regionales y Sedes Territoriales de la RSS a la emisión de informes de riesgo que den cuenta al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) de la realizad que padecen sus departamentos. En los lugares donde ya está implementado este mecanismo (como Vaupés) se recomienda una mayor operancia e impacto del sistema en la definición de medidas y acciones que busquen mitigar o prevenir los riesgos previstos. 9. Por último, se avoca a la comunidad internacional, especialmente a países donantes y mesas de cooperantes, a prestar asesoría, acompañamiento y vigilancia para que la guerrilla, los paramilitares y el Estado cumplan y respeten el Derecho Internacional Humanitario.

5. Se invita a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) efectuar un seguimiento al cumplimiento de su Convenio 169 para que los indígenas habitantes de territorios fronterizos puedan gozar de su derecho a la doble nacionalidad y al hermanamiento con sus comunidades aledañas. 6. Hacer un llamado urgente a la guerrilla y paramilitares al cumplimiento de los compromisos establecidos con el gobierno y la comunidad internacional frente a la no vinculación de niños y niñas a sus filas. Asimismo es necesario implementar programas de sensibilización a las familias para que actúen como protectoras y eviten el uso de sus hijos como informantes, combatientes o, en el caso de las niñas, como trabajadoras sexuales. 7. Realizar dentro de las instituciones competentes y población en situación de desplazamiento una mayor difusión de los alcances de la sentencia T-025 y sus repercusiones en la atención.