BOLETÍN CODHES INFORMA #72: Huyendo de la guerra. 2007 by CODHES

Codhes informa ________________________________________________________________ Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento. Número 72, Bogotá, Colombia, 30 de noviembre de 2007 E. Mail: codhes@codhes.org Página Web: www.codhes.org

Huyendo de la guerra El reclutamiento forzado, atribuido tanto a las guerrillas como a los grupos paramilitares, la erradicación aérea, manual o mecánica de cultivos de uso ilícito en el contexto de operativos militares, el uso generalizado de minas antipersonal, ataques aéreos, amenazas, atentados y enfrentamientos armados, detenciones arbitrarias, entre otras causas, provocaron en el primer semestre de 2007 el desplazamiento forzado de por lo menos 133.664 personas en todo el territorio nacional. La característica principal en 2007 ha sido la intensificación del reclutamiento de jóvenes, inclusive en forma masiva, por parte de los grupos armados que mantienen presencia y control en diversas zonas del país. Todo parece indicar que estos grupos requieren de nuevos combatientes ante las bajas causadas, las deserciones y las exigencias que imponen las nuevas dinámicas de expansión del conflicto armado. El círculo vicioso de la guerra gira alrededor de unas personas que salen del conflicto y otras tantas que se incorporan, en una suerte de carrusel en el que niños, niñas y adolescentes de zonas rurales o zonas urbanas marginadas se convierten en “combatientes de la revolución”, “defensores de la libertad”, o “narcoterroristas”, según el lenguaje de las partes enfrentadas.

Otro hecho relevante es la situación que enfrentan miles de familias de campesinos, colonos, pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en cuyos territorios, tanto guerrillas como paramilitares y narcotraficantes, imponen la siembra de cultivos de coca y amapola que, a su vez, son objeto de erradicación en el marco de operaciones militares. Hay denuncias en diferentes regiones del país según las cuales en estos operativos militares participan personas reinsertadas que actúan uniformados y portan armas de largo alcance. Tanto cultivadores como recolectores (llamados “raspachines”), hacen parte del eslabón más débil de la inmensa y poderosa cadena del tráfico de drogas, y constituyen una población estigmatizada y sin derechos, sobre la cual la Fuerza Pública y los grupos armados ejercen todo tipo de vejámenes y atropellos aprovechando su situación de alta vulnerabilidad, su pobreza extrema y las condiciones de exclusión que enfrentan. Estas personas están sometidas a asesinatos, masacres, desapariciones, desplazamiento y trabajos forzados, aun de niños, niñas y adolescentes y pareciera que no hay dolientes en la sociedad colombiana que reclame su condición de ciudadanos. Presiona el desplazamiento forzado la siembra de minas antipersonal, especialmente por parte de los grupos guerrilleros que acuden a estas armas de efectos indiscriminados, aún en zonas en las que habita la población civil, sometida por esta vía a formas de confinamiento o destierro para preservar la vida y la integridad física. Según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, entre enero y noviembre de 2007 se registraron 174 casos de víctimas civiles por minas antipersonal y municiones sin explotar y 606 casos de víctimas militares. Los combates con bajas en las filas de uno u otro bando, los ataques aéreos, las detenciones masivas y el involucramiento de la población civil en el conflicto, configuran una crisis social, humanitaria y de derechos humanos, que se extiende desde las 2

zonas de la guerra (alta montaña, territorios indígenas y de comunidades afrodescendientes, selvas y fronteras), hasta las ciudades en las que se albergan hoy miles de personas desplazadas. Un promedio diario de 743 personas fueron desplazadas durante los primeros seis meses del año en flujos migratorios que afectaron 32 departamentos y 579 municipios del territorio nacional. La tendencia se mantuvo en el trimestre siguiente (Julio-agosto y septiembre), periodo que coincidió con la campaña electoral para elegir integrantes de cuerpos colegiados y autoridades territoriales. Nariño se constituyó en este período en el departamento más afectado por expulsión y llegada de población desplazada, según la tasa de población, toda vez que su territorio es un laboratorio de guerra en zona fronteriza con Ecuador, en el que confluyen todas las manifestaciones del conflicto armado: alta presencia de Fuerza Pública, grupos paramilitares que siempre estuvieron activos, guerrillas que no han sido derrotadas y bandas de narcotraficantes. Además, el territorio de Nariño es zona de fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito, zona de contrabando de armas y drogas y epicentro de un desplazamiento continuo que afecta con especial dureza a pueblos indígenas como los Awá y comunidades afrodescendientes expulsadas de la costa pacífica. En el municipio de El Charco se presentó la mayor crisis humanitaria de este período en todo el país por el desplazamiento de más de 8.500 personas, pertenecientes a comunidades afrocolombianas expulsadas de sus territorios colectivos. La crisis del pacífico se extiende hasta el departamento del Chocó, que sigue siendo crítico por la arremetida, avance y consolidación de grupos paramilitares, que buscan el control de los cultivos de uso ilícito, corredores estratégicos de movilidad de armas y droga, así como, por el dominio de los socavones de oro cultivos de palma aceitera y otras economías de la región. Según el Sistema de Información SISDHES, en el departamento de Chocó, en lo que va corrido del año 2007 por lo menos 2.260 personas se han visto obligadas 3

abandonar sus lugares de origen de forma masiva, por causas relacionadas al conflicto armado interno. Alrededor del 64% se vieron obligadas a huir a causa de la guerra entre la estructura paramilitar “Los Rastrojos”, al mando de Wílber Varela y las Águilas Negras. Esta disputa ha ocasionado bloqueos, desabastecimiento de víveres y otros elementos de carácter vital, masacres, asesinatos selectivos e intimidación El conflicto se extiende hoy hacia el sur-oriente del país y los departamentos de Vichada, Vaupes, Guainía y Amazonas configuran los nuevos territorios de la guerra. En el municipio de Cumaribo, departamento del Vichada, por ejemplo, la población civil –en su mayoría indígena-, ha visto vulnerados sus derechos como consecuencia de las acciones de diferentes grupos armados en sus territorios, el despliegue de operaciones de fumigación de cultivos de coca, lo que se suma al histórico abandono en que se encuentran las comunidades que habitan esta parte del país. Enfrentamientos entre grupos paramilitares, y entre éstos y la guerrilla, presión armada constante, despliegue militar en la cabecera municipal con el objeto de fumigar sabanas, selva, ríos e incluso reservas naturales, son las condiciones que la guerra impone a las comunidades que habitan este municipio, todo lo cual ha incrementado los casos de desplazamiento forzado, reclutamiento, afectación a bienes civiles, violación a la integridad territorial indígena, confinamiento, y otras formas de vulneración de derechos, sin que hasta ahora las instituciones encargadas de velar por la protección de la población civil hayan tomado cartas en el asunto. Pero las dinámicas del conflicto no sólo comprometen a grupos tradicionalmente en contienda. Uno de los enfrentamientos armados que ha provocado muertes y desplazamiento forzado se registra en el departamento de Arauca entre las guerrillas de las Farc y el Eln, además de la confrontación que ocurre con la Fuerza Pública, en una situación que tiende a ser crítica por la afectación masiva de la población civil. Otro enfrentamiento entre similares se registra en los departamento de Vichada y Chocó, en donde dos grupos 4

paramilitares se enfrentan por el control del territorio y del negocio de las drogas, provocando éxodos de población civil que huye ante la crueldad de sus acciones. En los departamentos de Meta, Guaviare, Putumayo, Caquetá y Huila, en donde se implementa el Plan Patriota, rebautizado como Plan Consolidación, se configura un mapa de lejanías de la guerra que se libra de espaldas al país. Allí la población civil desplazada o en riesgo de desplazamiento reclama más presencia de las entidades de control del estado, y acompañamiento de organismos de derechos humanos, de la comunidad internacional y de los medios de comunicación. Contribuyen al desplazamiento forzado de población los llamados falsos positivos que resultan de señalar como guerrilleros y terroristas a personas civiles dadas de baja o detenidas para mostrar resultados que, al final, se demuestra no corresponden a la realidad. Este modelo arbitrario de ejercicio de la autoridad del estado, que infringe el derecho a la vida, la dignidad y la libertad, también genera un estado de zozobra que provoca la salida forzada de personas. Según el CINEP, a la Fuerza Pública se le atribuyen 641 casos de violaciones a derechos humanos y 385 casos de infracciones al derecho internacional humanitario durante el primer semestre de 2007. En este periodo se registraron 203 detenciones arbitrarias, mientras que en 2006 esta violación afectó a 491 personas. Cabe anotar que durante el primer semestre de 2007 se acentuó la estrategia de confinar a la población civil mediante bloqueos, restricción del tránsito de personas y alimentos y negación de la atención humanitaria y de la misión médica por parte de las guerrillas, de grupos paramilitares y también de la Fuerza Pública. El asesinato de lideres de población desplazada y la persecución a las víctimas, es otro hecho característico en los primeros seis meses del año. El caso emblemático fue la muerte violenta de Yolanda Izquierdo, quien lideraba las comunidades desplazadas en el 5

departamento de Córdoba en el reclamo de las tierras usurpadas. Otros 12 líderes fueron asesinados en hechos ocurridos en cinco departamentos, en una situación que advierte sobre la alta vulnerabilidad de las víctimas para reclamar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En conclusión, las tendencias y dinámicas del desplazamiento forzado durante el primer semestre de 2007 indican que este flujo migratorio se mantiene como una grave manifestación de la crisis humanitaria y de derechos humanos que se desprende del conflicto armado en Colombia. Según la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, encargada de coordinar e implementar políticas de atención, protección y restablecimiento de los derechos de las personas desplazadas, entre enero y octubre de 2007 se registraron 114.930 personas desplazadas. No obstante, CODHES constató en terreno que, en promedio, de cada 100 personas que solicitan su inclusión en el Registro Único de Población Desplazada, sólo entre 40 y 60 reciben el status que le permite acceder a la atención humanitaria, que no todas las personas desplazadas acuden al registro y que hay una tendencia creciente de exclusión del registro y cesación de la condición de desplazado tras el otorgamiento de subsidios de vivienda o la vinculación a otros programas oficiales. Un caso específico de invisibilización del desplazamiento se presenta con las comunidades indígenas y afrocolombianas cuando la migración forzada ocurre en el interior de sus territorios. Es decir, que el desplazamiento afecta a más personas de las que registra el gobierno como desplazadas y que el subregistro es una realidad que debe ser considerada en las mediciones socio demográficas de estas migraciones forzadas y en la formulación y ejecución de las políticas públicas. El país requiere con urgencia de un mecanismo que permita establecer las causas de este subregistro y que contribuya a que el Estado subsane la tremenda exclusión que 6

se está presentado con personas que, además de enfrentar una situación de vulnerabilidad por el desplazamiento, están sometidas a un desconocimiento de sus derechos frente a la Constitución y a la Ley. Las estadísticas oficiales confirman que el desplazamiento forzado ha sido una constante de la crisis humanitaria en los últimos diez años. Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento –SIPOD- de Acción Social entre el segundo semestre de 2002 y el primer semestre de 2007, 1.174.396 personas fueron registradas como desplazadas, mientras que, entre el segundo semestre de 1997 y el primer semestre de 2002, en pleno auge del paramilitarismo y en medio de los diálogos infructuosos del Cagúan, se registraron 1.013.593 personas. Es decir, durante los cinco años de la llamada seguridad democrática se produjo el desplazamiento del 52.7% del total de la población desplazada que reconoce el registro oficial, si se tiene en cuenta que las cifras del gobierno indican que el total de personas desplazadas en el país desde 1999 hasta el 30 de octubre de 2007, ascienden a 2.224.931. Estas cifras del gobierno indican que diez años después de aprobada la Ley 387 de 1997, alrededor de 2.187.989 personas han sido registradas oficialmente como desplazadas en Colombia, lo que representa un promedio de 202.718 por año en el gobierno de Pastrana y 234.879 desplazados por año en el gobierno de Uribe. No obstante, según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos SISDHES de CODHES, entre agosto de 1997 y julio de 2002 se desplazaron 1.483.846 personas y en el período comprendido entre agosto de 2002 y julio de 2007, se desplazaron 1.369.599, para un total de 2.853.445 personas desplazadas en los últimos diez años. Una década en la que se abrieron fosas para enterrar miles de desaparecidos, según lo confirma la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. De acuerdo con este organismo, desde 7

el 29 de marzo de 2006 al 19 de noviembre de 2007, se han encontrado 905 fosas con 1.079 cadáveres en todo el territorio colombiano. Los departamentos donde se encontraron más cadáveres han sido: Putumayo 211, Magdalena 190, Córdoba 124, Antioquia 115, Meta 114, Guajira 68, entre otros. Solamente se han identificado plenamente 102 cuerpos y a la fecha se han entregado 66 cadáveres. Como aspecto positivo en el primer semestre de 2007, se destaca el seguimiento que se ha hecho a la Sentencia T 025, con relación a la situación de las mujeres, niños niñas y adolescentes, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento. Así mismo, la adopción por parte de la Corte Constitucional de un conjunto de indicadores para medir el goce efectivo de derechos y la solicitud a la Comisión Ciudadana de Seguimiento de la Política Pública de una verificación de la aplicación de estos indicadores. El resultado de este ejercicio de control y participación de sociedad civil debe conocerse en diciembre de 2007 y junio de 2008 para que el alto Tribunal determine hasta donde se avanza, o no, en la superación del estado de Cosas Inconstitucional declarado desde enero de 2004. Este informe de CODHES muestra una radiografía del desplazamiento forzado en el primer semestre de 2007, presenta casos específicos de algunas de las regiones más afectadas y una primera observación sobre el desplazamiento forzado y sus impactos diferenciales en mujeres, comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas. El informe llama la atención del gobierno nacional, del conjunto de la sociedad colombiana y de la cooperación internacional, sobre la persistencia del conflicto armado y de la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país. Para su realización CODHES contó con el apoyo de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Consejo Noruego para los Refugiados, la Agencia

Sueca de Cooperaciรณn Internacional para el Desarrollo ASDI y la Federaciรณn Luterana Mundial.

Nariño en la encrucijada de la guerra El departamento de Nariño es escenario de una profundización del conflicto armado en su territorio y en numerosos municipios del departamento se siente la guerra irregular y las continuas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esta crisis responde a diferentes dinámicas enmarcadas principalmente por el aumento de los actores armados ilegales y del pie de fuerza militar, el control de los territorios con presencia de cultivos de uso ilícito por parte de los actores armados ilegales, la disputa por las rutas de comercialización y distribución de la droga y la política antinarcóticos basada inicialmente en fumigaciones aéreas y posteriormente en erradicación manual. Desplazamientos masivos e intraveredales En diferentes municipios existen restricciones para el ingreso y salida de sus habitantes por parte de grupos de guerrilla, parte de los habitantes del municipio de Ricaurte han sido víctimas de confinamiento desde hace varios meses sin que hasta la fecha se resuelva su situación, existen bloqueos, persisten los desplazamientos masivos y cada vez se cuentan mayores accidentes mortales causados por minas antipersonales. Durante el primer semestre del año fue posible registrar 16 desplazamientos masivos, que involucraron a cerca de 16.000 personas en esta situación. El municipio de El Charco ubicado en la costa pacífica nariñense registró el desplazamiento más grande en la historia del departamento, el éxodo que inició el 23 de marzo a causa de enfrentamientos entre la Infantería de Marina y el Frente 29 de las FARC, involucró a 1.460 familias cerca de 8.500 personas, quienes huyeron inicialmente de 11 veredas (Brazo seco, Vuelta Larga, Rosario, Montebajo, El Hojal, Alfonso López, Bocas del Taija, Banguela, Magadalena, Guabillo y San Francisco) hacia veredas vecinas principalmente y en menor medida hacia la cabecera municipal, aproximadamente durante cuatro semanas para proteger 10

sus vidas y no quedar en medio del fuego cruzado. Durante la misma fecha se registró por la misma causa, desplazamientos masivos en el municipio de la Tola con un total de 155 familias aproximadamente 800 personas. A pesar del gran impacto causado dentro del municipio de El Charco por este desplazamiento, al finalizar el semestre se hacía difícil monitorear la situación de las personas que se habían desplazado, primero porque debido a las precarias condiciones de los tres albergues provisionales (ubicados en las veredas de Montealto, Arenal y Hormiguero) muchas personas decidieron retornar mientras otras seguían desplazándose desde las mismas zonas sin ninguna garantía de seguridad para su retorno, la atención humanitaria de emergencia fue insuficiente ante la dimensión y prolongación del desplazamiento. El desplazamiento en Nariño asume dos tendencias importantes: 1) frecuentes desplazamientos masivos que superan las 400 personas en cada evento y 2) desplazamientos intraveredales causados por enfrentamientos de los diferentes actores armados en zona rural que suponen un alejamiento temporal de los habitantes de dichas zonas hasta que disminuyen los combates. Los desplazamientos masivos tienen un fuerte impacto en los municipios y veredas de recepción, y a pesar de ser visibles (por el inmenso número de personas que involucran) no en todos los casos generan una respuesta eficiente y adecuada por parte de las instituciones estatales encargadas de su atención. Los desplazamientos intraveredales no son de menor importancia, por el contrario, se constituyen en una fuerte tendencia en el departamento, sin embargo en su mayoría no son atendidos por la falta de visibilidad de los mismos (las personas no acuden al registro en las cabeceras municipales), lo que supone la exposición a un eminente riesgo por ubicarse en zonas que no representan ninguna protección para sus vidas dada la cercanía a las zonas de donde huyeron. 11

Los combates entre nuevos grupos paramilitares denominados nueva generación y la guerrilla de las Farc en la zona de cordillera, provocaron buena parte del desplazamiento hacia la capital del departamento, mientras que municipios como Cumbitara, Policarpa, Rosario y Leyva se caracterizaron como zonas de expulsión. Por su parte los enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC y tropas del Ejército Nacional en la costa pacífica del departamento generaron desplazamientos atendidos precariamente por la institucionalidad local y la agencia responsable en el nivel nacional. Desplazamientos transfronterizos y refugio en Ecuador Durante el primer semestre del año también se registraron eventos de desplazamiento transfronterizo en dos oportunidades, desde las poblaciones de Tallambí hacia Chical (Ecuador) y desde El Charco hacia Tambillo (Ecuador), los dos eventos presentados en el mes de febrero involucraron a 437 personas en esta situación. Según datos del ACNUR de enero a mayo de este año, 3.337 colombianos buscaron refugio en Ecuador, 54.9% hombres y 45.1% mujeres de todas las edades, siendo Quito (Provincia Pichincha) seguido de Lago Agrio (Provincia de Sucumbíos) e Ibarra (Provincia de Imbabura) los lugares que mayores solicitudes de refugio de colombianos recibieron durante los 5 primeros meses del año. El fracaso de la prevención La militarización de Nariño, en el marco de la política de seguridad democrática, no ha garantizado la prevención de causas del desplazamiento forzado y, por el contrario, hay un incremento sustancial del número de personas que buscan protección y refugio fuera de sus sitios de vivienda y trabajo. Bien sea por abusos en derechos humanos atribuidos a la Fuerza Pública, por ausencia de planes de contingencia humanitaria en medio operativos militares o de erradicación de cultivos o porque la realidad de un conflicto fuertemente degradado que compromete a paramilitares y guerrillas, sigue afectando duramente a la población civil. 12

En diferentes espacios públicos durante este año, el gobierno ha aceptado que Nariño es uno de los departamentos donde el aumento del desplazamiento forzado es innegable y las estrategias para hacer frente a este fenómeno han sido insuficientes. Las propias autoridades locales han advertido que se trata de una política nacional que desborda la capacidad de atención en diferentes municipios del departamento. Así ocurrió en el mes de agosto con el desplazamiento de por lo menos 1.700 personas (en su mayoría niños, mujeres y adultos mayores) provenientes del sur del municipio de Tumaco y asentadas en la provincia de San Lorenzo en Ecuador. Este desplazamiento de familias campesinas en su mayoría se ocasionó por las fumigaciones que con anterioridad habían arrasado con cultivos ilícitos y de pancoger y que posteriormente, con la erradicación manual, evidenciaron una situación de crisis alimentaria y social para los habitantes de la zona. Fue así como 2.500 personas provenientes de 36 veredas de la región del Ato Mira se concentraron en la vereda Vallenato y otros cientos permanecieron en la vía GuayacanaLlorente en una protesta pacífica que proponía un dialogo con las autoridades para suspender la erradicación y concertar planes de cultivo alternativo que les permitiera subsistir en sus territorios. Fue posible comprobar que las personas que pasaron la frontera hacia San Lorenzo correspondían a las familias de aquellos que se mantenían en la protesta. El gran número de personas que llegó a Ecuador generó una situación de emergencia en la Provincia y la suspensión de las actividades escolares dado que los campesinos colombianos fueron albergados de manera temporal en las escuelas públicas. Estos desplazamientos provocados por la erradicación de cultivos de uso ilícito, se convierten en un fenómeno recurrente que no son reconocidos en su verdadera dimensión y ponen de manifiesto el trasfondo social de una población que tiene presiones de toda índole y que merece protección en Colombia, para que no tenga que pasar la frontera y buscarla en el vecino país.

La guerra de cara al Sur Oriente El conflicto armado se mueve hacia el sur oriente del país. En el marco de las acciones de recuperación del control territorial que hacen parte de la política de seguridad democrática, la Fuerza Publica ha avanzado hacia los departamentos de la frontera sur oriental: Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas, territorios que históricamente han estado por fuera del control de las autoridades estatales, y en los cuales se constata una mayor presencia de la guerrilla de las FARC. Este despliegue militar en el territorio conlleva un escalamiento de la confrontación armada que, en ocasiones, ha afectado a la población civil. Debe señalarse en primer término que el avance de la Fuerza Publica no ha estado acompañado de una mayor presencia de instituciones civiles que garanticen la protección de los derechos humanos de las comunidades, y el mayor acceso de las mismas a los bienes y servicios públicos necesarios para su supervivencia en condiciones dignas. Al contrario, se mantiene en estas amplias porciones de territorio nacional altos índices de pobreza y marginalidad, a lo cual se suma en el nuevo contexto la presión propia de un escalamiento del conflicto. Se evidencian entonces diferentes formas de presión ejercidas por los actores armados en contra de la población civil, que es en su mayoría población indígena. En primer lugar, la Fuerza Publica ejerce control en las capitales departamentales y principales cascos urbanos, en tanto que la guerrilla mantiene amplio dominio en las zonas rurales y en buena parte de los ríos y canales fluviales, que constituyen las principales vías de comunicación en estas zonas selváticas del país. En este contexto, las comunidades indígenas se han visto obligadas a modificar cada vez más sus patrones de subsistencia y movilidad en el territorio. El transporte por los ríos es cada vez más restringido, así como la posibilidad de desarrollar las labores 14

habituales de caza y pesca. La fuerza pública ejerce un estricto control sobre los alimentos e insumos que se transportan por los ríos, como una estrategia dirigida a controlar el ingreso de alimentos y abastecimiento de suministros para la guerrilla. Esta situación es particularmente aguda en el Departamento de Vaupés, donde las mismas autoridades departamentales reconocen la grave problemática alimentaria que afrontan las comunidades indígenas como consecuencia del escalamiento del conflicto y las restricciones impuestas por los actores armados. Por su parte, la guerrilla ejerce cada vez mayor presión sobre la población civil y sobre su territorio, forzando casos de desplazamiento que no son registrados por cuanto las características geográficas de estos departamentos hacen que pocas veces las personas lleguen a las capitales donde se encuentran las instituciones encargadas de brindar atención. El déficit de institucionalidad pública se constituye en este escenario en un factor determinante de la invisibilidad del desplazamiento forzado y otras violaciones a los derechos humanos, por cuanto no hay quien registre dichos episodios. Una de las principales violaciones que se presenta en estos departamentos es el reclutamiento forzado de menores de edad, que de nuevo afecta principalmente a las comunidades indígenas. Al respecto se han presentado denuncias en el departamento de Vaupés, y la amenaza de su ocurrencia ha sido causa de desplazamiento forzado en el Vichada; también se tiene conocimiento de este tipo de violaciones en los departamentos de Guainía y Amazonas. A los grupos paramilitares, que operan principalmente en la zona sur occidental del Vichada, en límites con Meta, Guaviare y Guainía, se atribuyen también graves violaciones a los derechos de la población civil como desplazamiento forzado, destrucción de bienes civiles, violación a la integridad territorial indígena, entre otras formas de presión y dominio sobre las comunidades, todo lo cual pone en

grave riesgo su vida, libertad e integridad personal, así como la pervivencia cultural en el caso de los pueblos indígenas. Durante el primer semestre del año tuvo lugar un escalamiento de la confrontación entre las bandas que se han constituido en esta parte del país luego del proceso de desmovilización de las AUC: los paramilitares conocidos como “Cuchillos” y “Macacos”, en alusión a sus cabecillas. Estos grupos protagonizaron un nuevo capitulo de la disputa entre paramilitares en la zona oriental del departamento del Meta y el municipio de Cumaribo – Vichada, territorio de importancia estratégica para el cultivo, procesamiento y trafico de drogas, así como el desarrollo de grandes proyectos agroindustriales y de explotación de recursos naturales. Como consecuencia de los enfrentamientos entre estos grupos, en la primera semana de agosto se produjo un caso de desplazamiento masivo de comunidades indígenas de la etnia Sikuani en jurisdicción de San Luis del Tomo (ver caso 1). Este episodio fue registrado debido a que las autoridades indígenas se dieron a la tarea de ponerlo en evidencia y gestionar las ayudas correspondientes, pero la carencia absoluta de medios de comunicación en estas zonas del país hace pensar que otros episodios similares debieron producirse sin que haya sido posible tener conocimiento de ellos. Además de ser forzadas a desplazarse, estas comunidades sufrieron afectación de sus casas, cultivos y animales, como consecuencia de los combates que tuvieron lugar en el propio territorio del resguardo, en una clara violación a los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente, la situación de zozobra y tensión permanece en esta zona del país, sin que hasta el momento las autoridades obligadas a la protección de las comunidades hayan tomado las medidas pertinentes para garantizar su vida e integridad. En la zona nororiental del municipio de Cumaribo –vereda Palmarito- se tiene información de la ocurrencia de combates entre 16

grupos paramilitares y las FARC, hecho que han generado desplazamiento de un número indeterminado de familias en los últimos meses. Algunas de estas familias se han desplazado hacia Puerto Carreño, en tanto que otras han cruzado la frontera hacia Puerto Ayacucho – Venezuela. Un factor adicional de vulneración de los derechos de la población civil en esta parte del país es el relacionado con las consecuencias que traen las operaciones de fumigación de cultivos de uso ilícito, llevadas a cabo en el municipio de Cumaribo – Vichada. Según las denuncias de indígenas y campesinos de diferentes veredas, la aspersión aérea causo daños sobre cultivos lícitos, animales y fuentes de agua; situación que ha dejado a las comunidades en un nivel de vulnerabilidad tal que no han tenido otra opción que abandonar sus territorios. CODHES tuvo conocimiento del caso de desplazamiento de tres familias de la vereda Puerto Príncipe jurisdicción de Cumaribo – Vichada, que arribaron en días pasados a Inírida – Guainía, donde denunciaron su caso ante la Personería Municipal, y pidieron apoyo para movilizarse hacia Puerto Carreño (ver caso 2). En síntesis, en el suroriente colombiano confluyen diferentes factores que constituyen un escenario de vulnerabilidad para la población civil, escenarios que han sido advertidos por la Defensoría del Pueblo en lo que hace referencia a los departamentos de Vaupés y Vichada, sin que hasta ahora se hayan tomado las medidas dirigidas a proteger a las comunidades que habitan en esta región. Así, a la presión de los actores armados se suma la falta de oportunidades económicas, la incomunicación y la falta de acceso a servicios básicos en la mayor parte del territorio, y la prácticamente nula presencia de autoridades civiles; en fin, se trata de un escenario en el que el Estado hace presencia solo a nivel militar, y no se constituye en garante de los derechos de comunidades que históricamente han estado al margen de la nación colombiana.

CASO 1. Desplazamiento masivo de comunidades indígenas en San Luis del Tomo El 10 de agosto de 2007, 18 familias -112 personaspertenecientes a la etnia Sikuani se vieron forzadas a desplazarse del resguardo Punta Bandera al resguardo La Esmeralda en jurisdicción de San Luis del Tomo, municipio de Cumaribo – Vichada. Este desplazamiento fue provocado por el enfrentamiento que sostuvieron los grupos paramilitares conocidos como “Cuchillos” y “Macacos”, en territorio del citado resguardo. Ante la presión ejercida por la policía nacional, la comunidad retornó a su territorio tres días después, sin contar con las garantías de seguridad necesarias, encontrando sus cultivos y casa destruidos, y enfrentándose al temor de salir a sus conucos dado que en las zonas adyacentes se hallaron municiones sin explotar. El día 2 de septiembre de 2007, una comisión integrada por Acción Social territorial Vichada, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Alcaldía municipal de Cumaribo, Secretaria de Educación y Cultura departamental, y Personería municipal visitó la zona y constató la situación de miedo y zozobra generalizada en la comunidad ante la constante presencia y accionar de los grupos armados al margen de la ley, y además de ello, evidenció la situación de abandono en que se encuentra la población, que hace más de tres años no recibe atención médica, y presenta graves deficiencias en infraestructura para la prestación de servicios de educación. Adicionalmente, la comisión verificadora visitó la comunidad de Barranco Colorado, en el mismo resguardo Punta Bandera, la cual ha sido víctima de confinamiento como consecuencia de la presencia y accionar de los grupos paramilitares en su territorio, que impiden el desarrollo de las actividades de caza y pesca, necesarias para la supervivencia física y cultural de las comunidades.

Más de tres meses después de ocurridos los hechos, y luego de dos meses de realizada la visita por parte de la comisión interinstitucional de verificación, CODHES constató que la situación de riesgo persiste. Si bien uno de los grupos paramilitares ha sido recientemente golpeado en importantes operaciones de la Fuerza Pública, se ha consolidado el control de la zona en cabeza del grupo que comanda alias “Cuchillo”, constituyendo un clima de amenaza permanente para las comunidades indígenas, en la medida en que éstas no se pliegan al sistema de reglas que impone el actor armado dominante. Caso 2. Desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas como consecuencia de las operaciones de fumigación de cultivos de uso ilícito en el municipio de Cumaribo, Departamento de Vichada. Tres familias integradas por 7 adultos y 8 menores arribaron a Puerto Inírida, departamento de Guainía el pasado miércoles 21 de noviembre de 2007, luego de una travesía de aproximadamente un mes por los ríos Uva, Guaviare e Inírida. Estas familias se desplazaron de la comunidad Caño Amargo, jurisdicción de Puerto Príncipe, zona rural del municipio de Cumaribo en Vichada. Tal como lo pudo constatar CODHES, durante el mes de septiembre de 2007 hubo fuertes operativos de fumigación de cultivos de coca en esta parte del país, dejando como consecuencia deterioro de cultivos lícitos (pancoger) y fuentes de agua; poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de cientos de familias campesinas e indígenas que habitan esta región del país, marcada por el abandono del Estado y donde el cultivo de coca ha sido por mucho tiempo la única alternativa económica ante la falta de vías de comunicación que permitan el comercio de otro tipo de productos. En la comunidad Caño Amargo habitaban hasta hace algunos meses 29 familias, la mayor parte de las cuales ha huido hacia Villavicencio (capital del departamento del Meta) ó hacia el casco 19

urbano de Cumaribo, buscando nuevas alternativas de vida luego de que sus cultivos fueran arrasados y sus animales afectados por la aspersión aérea que tuvo lugar en una vasta zona de Cumaribo. Otras familias buscan llegar a Puerto Carreño, y para ello han tomado vías fluviales, pasando primero por Inírida, donde tuvieron que pasar la noche en el puerto ante la falta de un albergue temporal para atender este tipo de emergencias. La atención brindada por la administración municipal se limitó al suministro de algunos mercados y de la gasolina necesaria para continuar su recorrido, esta vez por el Río Orinoco para llegar hasta la capital de Vichada. Al ser examinado en el hospital departamental uno de los menores presentó signos de anemia, cuadro que puede agudizarse en el viaje de por lo menos 5 días que emprendieron en días pasados. Mediante Auto 218 del 11 de agosto de 2006, la Corte Constitucional advirtió sobre la ausencia de un enfoque de prevención del desplazamiento forzado en desarrollo de operaciones de fumigación de cultivos de uso ilícito por parte de la Fuerza Pública y llamó la atención sobre la necesidad de incorporar planes de contingencia y mecanismos de protección y atención a quienes son obligados a desplazarse como consecuencia de tales operaciones.

Guerra de guerrillas en Arauca El enfrentamiento entre las guerrillas de la Farc y el Eln y la confrontación entre las Farc y la Fuerza Pública constituyen el escenario en el que se registra buena parte del desplazamiento forzado masivo, individual y unifamiliar que ocurre en esta región del nororiente del país que limita con Venezuela. Los municipios que más expulsan población en Arauca son Tame, Arauquita y Saravena. Tame además es municipio receptor. Durante el 2007, 38 veredas de Tame se vieron afectadas por el desplazamiento masivo de sus pobladores, las más expulsoras fueron: Caño Limón, La Esperanza, Santo Domingo, La Liberia, Betoyes y Flor Amarillo. En el caso de este municipio los desplazamientos se han dado por enfrentamientos del Ejército con la guerrilla de la Farc en zonas rurales, y la disputa entre Farc y Eln por el poder en las veredas. Según Acción Social de Arauca, el desplazamiento forzado en el departamento ocurre principalmente dentro de su propio territorio. El 94% de las familias desplazadas provienen de zonas rurales. El Comité Internacional de la Cruz Roja en Saravena, Arauca, reporta que a noviembre del 2007, ha atendido 584 familias equivalentes a 2.109 personas, que se desplazaron de manera individual. Sobre los desplazamientos masivos se reportaron en el mismo periodo casos que afectaron de 765 familias, alrededor de 3.183 personas. Los mayores picos de desplazamiento se presentaron en los meses de mayo a agosto. Desplazamiento transfronterizo hacia Venezuela Según el Servicio Jesuita de Refugiados en Venezuela, se estima que un total de 8.754 personas (la mayoría colombianos) solicitantes de refugio en toda Venezuela, de estas menos del 6% tiene respuesta a su solicitud y menos del 24% posee un documento que compruebe la tramitación de esta. Para Acnur Venezuela, hasta junio de 2007, 8.801 personas han solicitado refugio en Venezuela (colombianos casi 100%). En 2006 la 21

cifra era de 7.754. El Estado venezolano reconoció la condición de refugiados de 852 (hasta junio de 2007), mientras que el año inmediatamente anterior había reconocido esta condición a 720 personas. Es evidente el alto número de solicitantes colombianos y más si se tiene en cuenta una gran mayoría pasan la frontera por el departamento de Arauca. El estado colombiano no tiene cifras sobre los desplazados internos que pasan la frontera hacia Venezuela por el lado de Arauca. Arauca-Venezuela El Estado del Alto Apure es considerado como el territorio fronterizo más vulnerable y permeable de los 2.219 km que se comparten con Venezuela. En el Alto Apure los principales puntos de paso a Venezuela son: COLOMBIA

PASO Arauca

Municipio de Saravena

–Río

VENEZUELA

LOCALIDAD

Puerto Lleras, Puerto Contreras, Puerto Bolívar

Estado Apure

Alto

El Nula

Municipio de Arauquita

La Victoria

Estado Apure

Alto

La Victoria

Arauca capital

Puente Internacional

Estado Apure

Alto

El Amparo y Guasdualito

La oficina de Acnur que cubre todo el Alto Apure, ubicada en Guasdualito reporta entre los años 2000 al 2007, 2.808 solicitudes de refugio de colombianos. El Servicio Jesuita de Refugiados en El Nula reporta 2.300 colombianos solicitantes de refugio entre el 2001 y el 2007, pero solamente 5 casos como grupo familiar han sido reconocidos, se han 22

negado 7 casos equivalentes a 10 personas, también se dan casos de solicitudes interpuestas en el 2005 y se notifican hasta el 2007. Los demás casos siguen en espera de que la Comisión Nacional para los Refugiados en Venezuela defina la situación jurídica de estos solicitantes. En Guasdualito, donde esta ubicada la oficina de la Secretaría Técnica Regional para refugiados, que funciona desde 2005, sólo ha estudiado 35 casos y entregado documentos provisionales a 271 personas, de las 2.774 que han solicitado refugio en el Alto Apure desde el 2001. Posibles causas del desplazamiento hacia Venezuela Los solicitantes de refugio en Venezuela han manifestado que provienen de los departamento de Chocó, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Nariño, Arauca y otros, es decir, que no son colombianos que vivieran exclusivamente en el Departamento de Arauca, además de que ya habían sufrido de uno a dos desplazamientos internos en Colombia. Dentro de las posibles causas del Venezuela, los solicitantes manifestaron:

desplazamiento

hacia

• Amenaza de reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes en diferentes municipios del departamento de Arauca. El constante hostigamiento de la Farc y el Eln para reclutar menores en sus filas, esto debido al enfrenamiento que tienen entre sí estos dos grupos insurgentes. Además de un posible reclutamiento de las Águilas Negras en el municipio de Arauquita-Arauca. Por temor las familias no denunciaron estos casos en Colombia. • Persecución por actores armados como Farc, Eln y paramilitares. Muchos desplazados afirmaron que tras dos desplazamientos dentro de Arauca, todavía las guerrillas los siguen persiguiendo, acusándolos de auxiliadores de unos de los grupos, de Farc o del Eln. De igual manera la persecución a los lideres de organizaciones de derechos humanos y sociales por parte de los 23

paramilitares, como el caso de la Asociación Campesina de Arauca y la Fundación Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra, entre otras. • La constante violación a los derechos humanos en Arauca, que se ha evidenciado en detenciones masivas, asesinatos selectivos, falsos positivos, desapariciones y secuestro de líderes sociales, y la persecución a organizaciones sindicales, de derechos humanos, servidores públicos y políticos en Arauca. • Falta de atención a la población desplazada por parte de las autoridades regionales en Arauca y a nivel nacional. Casos evidentes de desplazados que después de más de cinco meses de haber declarado no han sido todavía incluidos en el registro, otros hablan de estar incluidos pero de no haber recibido la atención de emergencia; otros de haber recibido la atención de emergencia pero no han vuelto a recibir nada más. Muchos casos reportados de población que después de dos años nunca recibieron nada, ni la atención de emergencia. • Falta de condiciones de seguridad para continuar en Colombia. Solicitantes de refugio manifestaron que aún habiendo llegado a Venezuela, el temor persiste porque afirman que el conflicto colombiano entre las dos guerrillas traspasó la frontera. Algunos solicitantes hablaron sobre casos de conocidos que habían sido amenazados por alguna de las guerrillas en Colombia y estando en Venezuela los han localizado, obligándolos a adentrarse más hacia el centro de Venezuela. Hay que agregar que por lo menos en la zona del Alto Apure hay más de 200 colombianos que no son solicitantes de refugio, pero que tampoco son migrantes económicos. Sino colombianos que no han ejercido su derecho al refugio por temor, desconocimiento de la norma, o porque simplemente creen que las situación en Colombia puede mejorar y pueden regresar.

En el primer semestre de 2007 se agudizó la confrontación entre las guerrillas de las Farc y el Eln por el dominio del territorio, el control de la población y el acceso a recursos. No se conocen argumentos políticos en esta confrontación entre guerrillas en el departamento de Arauca y, en cambio, hay quienes sugieren que se trata de una disputa por el control de cultivos de uso ilícito, de los recursos que giran alrededor de la explotación petrolera, de las rutas de tráfico de armas e insumos para el procesamiento de drogas, de las zonas de frontera y del comercio de drogas.

Desplazados de la madre tierra Según la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, 17 pueblos indígenas se encuentran en peligro de extinción siendo el desplazamiento una de las causas. Para la Comisión de Seguimiento de la Política Pública sobre desplazamiento forzado la ausencia de un enfoque diferencial para la atención a los Pueblos Indígenas de Colombia en situación de desplazamiento forzado contribuye a invisibilizar sus consecuencias sobre las comunidades indígenas del país: Significa una amenaza de muerte cultural de comunidades al interior de los 87 pueblos existentes y hablantes de 64 lenguas (DANE, censo 2.005). Significa también poner en peligro la diversidad sociocultural y política de estos pueblos: agricultores, horticultores, pastores, recolectores y pescadores con múltiples patrones de asentamientos incluidos grupos nómadas y seminómadas. Significa poner en peligro de mayor exclusión y en posición de asistidos a 1.378.884 de personas habitando 27 de los 32 departamentos del país y 710 resguardos (DANE, censo 1.985) desperdiciando sus conocimientos ancestrales que les permite organizarse socialmente en sus territorios. La relevancia de un enfoque diferencial en las políticas públicas de atención al desplazamiento forzado de los indígenas radica en facilitar la visibilidad de las vulnerabilidades específicas de esta población que parte de una situación de desigualdad histórica frente a los demás. Esto con el propósito de poder implementar 25

acciones encaminadas a la protección y restauración de sus derechos colectivos y su derecho propio. Desde la perspectiva de los Derechos Humanos de los indígenas desplazados, es evidente que la respuesta institucional recibida por ellos, tal como lo expresaron funcionarios de gobierno, parece construirse sobre la invisibilización y desatención de los derechos y garantías. Son una sumatoria de acciones parciales, atomizadas, tomando la Atención Humanitaria de Emergencia como una Política de Desplazamiento sin atender los demás componentes de este fenómeno y sin un conocimiento de las necesidades diferenciadas de las personas que se deben atender. Ignorando autoridades tradicionales existentes con quienes podrían potenciar la atención a estas poblaciones e insertarse en sus planes de contingencia o formularlos con ellas. Considerando las múltiples denuncias planteadas por los lideres de los pueblos indígenas, es evidente que existe una grave tensión entre el derecho colectivo de autogobierno y afirmación de conceptos de desarrollo acordes con EL (al) patrimonio histórico y cultural de las comunidades y la presión por la apropiación privada y la explotación intensiva de los recursos naturales en sus territorios especialmente protegidos por la Constitución y la ley. El argumento del desarrollo es muy importante, pero justamente, el reconocimiento de estas autonomías relativas a los grupos étnicos, en el marco del Estado nación, busca proteger la posibilidad de encontrar formas de desarrollo apropiadas a sus características, tradiciones y necesidades y por ello no puede ser impuesto por los representantes de la sociedad mayoritaria. En este contexto la figura de la consulta previa tiene la finalidad de proteger este contenido estableciendo la concertación con las comunidades para hallar formas de economía y desarrollo que no destruyan su existencia como pueblos. La lectura de las cifras y los efectos del desplazamiento indígena, muchas de ellas intangibles, para el observador que desconoce las

dinámicas socioculturales indígenas, lleva a dimensionar la grave situación de los indígenas en situación de desplazamiento forzado.

Entre el 2002 y 2006 se desplazaron 57.536 que representan aproximadamente el 96% del total de indígenas desplazados en el periodo 1.996-2.006 (ONIC - Sistema de Información de Derechos Humanos SISDHO). En el 2001 se desplazaron 54 indígenas pero en el 2002 se reportó 9.120 desplazados. Durante el 2003 la cifra se redujo a 1.157, pero, en el 2004 la cifra se amplio a 10.519 indígenas desplazados para repuntar en el 2005 a 28.570 indígenas desplazados (SISDHO). Estos datos muestran que el desplazamiento de personas pertenecientes a grupos étnicos indígenas y afro descendientes se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, pese a que estas comunidades despliegan un espectro amplio de prácticas de resistencia civil no violenta. Esta contradicción hace necesario pensar más detenidamente las causas del desplazamiento en territorios habitados por estos grupos. Aparte de esta alteración de sus condiciones de vida, los indígenas deben soportar frecuentes confinamientos propiciados por las prácticas de los actores armados. Las consecuencias intangibles (para el desconocedor de las dinámicas socioculturales de los indígenas) del desplazamiento forzado de los Pueblos indígenas se traducen en fracturas de la organización comunitaria con pérdida de la legitimidad de sus autoridades tradicionales y la consecuente parálisis de sus Planes de Vida donde la educación, la salud, la producción, la justicia, el territorio, los ritos suelen ser elaborados desde la cosmovisión propia de su patrimonio cultural. Arrancados de su territorio, a partir de y al interior de cual forjaron su historia y cultura, sus referentes territoriales y de identidad se debilitan y a veces quedan en el vacío existencial. Su autonomía cultural se deteriora y a veces muere. Y con ella hasta 27

su capacidad de autoabastecimiento alimentario se ve afectada cayendo en un estado de dependencia que los lleva a un deterioro de sus condiciones de vida y que anula sus conocimientos agrícolas, de caza y pesca y de medicina ancestrales. El desconocimiento de las especificidades culturales y sociales de los pueblos indígenas y de la condición de sujetos de derechos colectivos por parte de funcionarios públicos durante la audiencia técnica, se traduce en la adopción de acciones equivocadas cuyos impactos ya no son tan difíciles de predecir, pues algunos pueblos ya han sufrido las consecuencias de estas acciones.

Afro colombianos en medio del fuego y del olvido En 2007 la población afro-colombiana sigue sufriendo desplazamiento de manera desproporcionada y sus derechos territoriales colectivos siguen siendo socavados a causa del desplazamiento forzado. Según la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, entre enero y septiembre de 2007, alrededor de 17,703 personas fueron desplazadas de 75 municipios en los cuales hay mayoría de población afrocolombiana y están ubicados sus territorios colectivos1. Las misma fuente precisa que desde 1997 hasta la actualidad son por lo menos 355,629 personas de comunidades afrocolombianas que han sido desplazadas por la violencia. La cifra puede ser mayor si se tiene en cuenta el subregistro que resulta del rechazo en la inscripción ante el sistema gubernamental y la decisión de las comunidades de no acudir al registro por temor o desconfianza. Igualmente, sigue la relación perversa entre titulación colectiva, la implementación de megaproyectos, los avances de la guerra y el 1

Fuente: Afrodes a partir de cifras publicadas por Subdirección de Atención a Población Desplazada de Acción Social - Sistema de información de Población Desplazada - SIPOD con corte al día 3 de septiembre de 2007 -Consultado el 2007/10/12 en http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20septiembre%203%20de%202007.htm

desplazamiento. En la Audiencia de Octubre que la Corte Constitucional convocó para la población afrocolombiana desplazada se escuchó repetidamente sobre casos de de expulsión con fines de apropiación de los territorios para la explotación económica de los recursos naturales, implementación de megaproyectos de infraestructura y de agroindustria como palma africana, explotación forestal, explotación minera, imposición de cultivos de uso ilícito, ganadería extensiva y disputa territorial entre los distintos actores armados. También se destaco que las fumigaciones siguen causando desplazamiento de las comunidades afrocolombianas de su territorio. Según el Sistema de Información - SISDHES, en el departamento de Chocó, en lo que va corrido del año 2007 por lo menos 2.260 personas se han visto obligadas a abandonar sus lugares de origen en forma masiva, por causas relacionadas al conflicto armado interno. Los casos más emblemáticos se desarrollan en los municipios de Sipí, Medio San Juan e Istmina. La población que habita el municipio de Sipí continúa bloqueada por las acciones armadas que buscan el control poblacional y territorial a partir de intimidación y los sostenidos enfrentamientos armados entre la guerrilla del Eln y las Llamadas Águilas Negras. La guerrilla se encuentra ubicada en la parte baja del río Sipí mientras las A.U.C. controlan la parte alta del río Sipí y río Garrapata, dejando en medio de esta disputa a la población civil. Los grupos armados no permiten la entrada de víveres ni personas por el río Sipí lo que ha generado un alto desabastecimiento y crisis alimentaria en la zona. Sin embargo, en situaciones coyunturales de conflicto armado, alrededor de 1.010 personas han salido del municipio para resguardar sus vidas y en busca de alimento. Cerca del 34% han sido desplazamientos intraveredales hacia otras comunidades cercanas, constituyéndose flujos migratorios constantes en medio de las hostilidades. 29

En el río Arquía unas 2000 personas de seis comunidades están confinadas por la guerrilla ir y cuando estas personas logran salir, son perseguidas y señaladas como guerrilleros por miembros de la fuerza pública que, en algunas ocasiones los detienen de manera arbitraria. Según el Consejo comunitario Mayor del Medio Atrato COCOMACIA, estas comunidades no solo tienen restringida la libre circulación sino que la fuerza pública les limita el ingreso de alimentos y medicamentos, argumentando que son para la guerrilla. En Itsmina, la guerra por la coca entre los grupos paramilitares “Rastrojos y “Águilas Negras” ha causado 27 muertos en 2 meses y en agosto los muertos fueron tres veces mas alta que el promedio de otros meses2. Este aumento de violencia es debido a la disputa entre Los Rastrojos, hombres al mando de Wílber Varela, y miembros de las Águilas Negras, por el control de los cultivos de uso ilícito y rutas estratégicas de movilidad como el Cañón de Garrapatas y alrededor de 20 minas de oro en el municipio. El 13 de octubre fueron masacrados seis mineros, en la finca La Matraca en el corregimiento Basurú, de Istmina, a manos de miembros de Los Rastrojos. En Noviembre hubo un desplazamiento masivo de la comunidad afrocolombiana del corregimiento de Tanguí, después del asesinato de uno de sus líderes y secuestro de una de sus matronas organizativas por la frente 57 de la FARC. La situación que enfrentan las comunidades afrocolombianas de Jiguamiando, Curvarado y Cacarica continúan siendo precaria, con denuncias de la población sobre paramilitares que apoyan empresas palmeras en la zona y amenazan y desplazan a la gente. El 17 Septiembre un supuesto paramilitar intento a asesinar los hermanos Miguel y Gualberto Hoyos, dos lideres de la de la población desplazada de Curvarado en proceso de reasentamiento en su territorio. Además en la Audiencia de la Corte Constitucional se escucho sobre la existencia de fosas comunes en la comunidad de Balsa. 2

Fuente: El Tiempo, Noviembre 12, 2007.

La situación ha sido bastante grave también para la población afrocolombiana en Nariño durante el primer semestre de 2007. El desplazamiento más grande del año tuvo lugar en El Charco, empezando el 23 de Marzo con más que 8,500 afrocolombianos desplazados de su territorio colectivo. El desplazamiento fue debido a la avanzada del Batallón de la Infantería de Marina No. 10 con el objetivo de recuperar los territorios que habían sido tomados por el Frente 29 de las FARC. En la Audiencia de la Corte Constitucional dedicada al tema del desplazamiento de comunidades afrocolombianas para los afro-colombianos la Procuraduría señaló que se había emitido una alerta temprana, que no fue tenida en cuenta ni por las autoridades locales ni nacionales y el resultado fue un éxodo para el que nadie estaba preparado. Las comunidades que hicieron resistencia para proteger sus territorios – una estrategia común de los afro-colombianos – recibieron muy poca atención y su nivel de vulnerabilidad aumentó por las fumigaciones aéreas que han acabado con sus cultivos de pancoger. En el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca han ocurrido 12 asesinatos en los últimos 45 días. Aproximadamente el 80% de su población, estimada en 35,000 habitantes han sido desplazados a causa de de los crímenes atribuidos a paramilitares y guerrillas. El caso de Buenaventura sigue siendo grave, con 477 asesinatos este año y denuncias de desaparecidos forzados, tortura y victimas de descuartizamientos. Además el reclutamiento de jóvenes (desde 10 años) por los grupos armados al margen de la ley es común. A pesar de que la fuerza pública ha incrementado su presencia en el puerto (1250 policías y 1000 infantes de marina, según el Comandante de la Brigada Fluvial 8, la situación de orden público no es precisamente de control por parte de las autoridades toda vez que existen barrios bajo el control de grupos al margen de la ley.

La diferencia del impacto Los diferentes sistemas de información existentes coinciden en que la proporción de mujeres y niñas en situación de desplazamiento supera con creces más de la mitad del global de la población desplazada: Pastoral Social registra el 50,5%i, para Codhes el estimado histórico alcanza el 55%ii, para el gobiernoiii es del 51,6% (con corte del 30 de octubre del 2007). A la hora de revisar este tipo de cifras se ha de tener cautela ya que muchas mujeres desplazadas quedan en la invisibilización ya que no solicitan atención al gobierno o por dificultades del sistema de registro no quedan registradas (desplazamiento intraurbano, desplazamiento a goteo, o pertenecen a regiones distantes con mínima infraestructura estatal como el Amazonas Colombiano de las cuales poco se sabe etc.). Teniendo en cuenta este aspecto, algunas organizaciones de mujeres plantean que alrededor de 75%. De la población en situación de desplazamiento son mujeres y niñas.iv Lo que nos relevan estos porcentajes es que el impacto de las dinámicas de conflicto armado, económicas y de fumigacionesv afectan principalmente a las mujeres y niñas. Por tanto, el conjunto de servicios existentes de protección y atención a la población en situación de desplazamiento, tal y como dictamina la Corte Constitucionalvi tiene la obligación de ofrecer una actuación diferencial y adecuada que restablezca los derechos perdidos de las mujeres a partir de la situación de desplazamiento vivida. Pero, profundizando en las consecuencias del desplazamiento en las mujeres, existe un consenso internacional vii acerca de la gran magnitud e intensidad de su impacto en las diferentes facetas de su nueva vida. Un elemento de fondo y que plantea una diferencia radical de este impacto entre sexos es el marco patriarcal del contexto en el que se estructuran la mayoría de las sociedades actuales, entre ellas la colombiana. Ello afecta doblemente a la mujer, por ser mujer y desplazada, y triplemente si, además es 32

indígena o afrocolombiana. Por un lado, los roles, mayoritariamente asumidos por las mujeres de subordinación a los hombres en los diferentes aspectos (titularidad de tierras, vivienda, documentación, crédito, educación, inserción laboral etc..) les dificulta el acceso a sus derechos que le corresponden como población desplazada y más ante la falta del marido/compañero. El índice de jefatura femenina se da en casi la mitad de los hogares en situación de desplazamiento.viii. Por otro lado, ante esta nueva situación de desplazamiento las mujeres continúan siendo, mayoritariamente, las responsables del cuidado y de la búsqueda y suministro de la alimentación, alojamiento, medicinas etc, para su familia (hijos/as y ancianos/as, enfermos), pero en condiciones de mayor dificultad de acceso y verificación de su situación y reclamo de sus derechos ante las administraciones territoriales pertinentes. Durante el recorrido del desplazamiento y en las zonas receptoras donde nuevamente se instalan las mujeres se ven afectadas por bloqueos, retenes o control de los víveres practicados por los actores armados, militares u otros actores. Ello afecta su seguridad alimentaria e integridad física.ix Otro efecto desproporcionado del desplazamiento para las mujeres se da en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, donde está totalmente comprobado que las mujeres en situación de desplazamiento poseen mayor fecundidad, embarazo precoz y exposición a abortos que el promedio nacional. x A modo de ejemplo, el 30% de mujeres embarazas desplazadas aseguraron no haber recibido ningún tipo de atención prenatal.xi Pero a pesar de esta situación, el SNAIPD no genera una respuesta que facilite una atención adecuada y precisa en la fase de ayuda humanitaria y de estabilidad socioeconómica en este ámbito de salud sexual y reproductiva. Un grave impacto que las mujeres viven en su situación de desplazamiento, aunque, a veces es la causa del mismo, es la violación sexual. A pesar, del silenciamiento y difícil registro de este delito reconocido nacional e internacionalmente como crimen de 33

guerraxii resultan alarmantes los siguientes datos. Por un lado, según un estudio de Profamilia (2006) el 28,3% mujeres desplazadas fueron forzadas a tener relaciones sexuales con desconocidos, frente al 20,6% de mujeres que han sufrido violencia sexual a nivel nacional. xiii Y, por otro lado, en los datos surgidos de la ONICxiv, en su contabilización de las violaciones e infracciones cometidas contra pueblos indígenas durante 2005, llama la atención el registro tan elevado de violaciones sexuales siendo la séptima más frecuente entre 12 categorías (por encima de homicidios /muertes por minas antipersonales, desaparición forzada, reclutamiento forzado, secuestro, y tortura). Estos datos alertan por sí solos e indican, únicamente, la base de un cono y no su punta. Reflejan una práctica sistemáticamente aplicada antes y durante la situación de desplazamiento de la población (causa y consecuencia) por todos los actores del conflicto armado colombiano (militares, paramilitares, reinsertados y guerrillas): la violación sexual como arma de guerra que humilla, avergüenza y derrota simbólicamente al contrario. Las zonas con niveles altos de militarización (sea por intereses económicos de la zona como por enfrentamientos armados) y donde se irrespeta más el derecho internacional humanitario son contextos donde se suele dar esta práctica de forma sistemática (Putumayo, Nariño, Chocó, Urabá, especialmente, entre otros)xv. De la misma forma, en las actuales versiones libres de los paramilitares este tipo de delito apenas es enunciado (de 80.000 denuncias que hoy se registran en la Fiscalía General de la Nación en el marco de la Ley de Justicia y Paz, sólo 21 señalan delitos de violencia sexual)xvi a pesar de que Mancuso confirmó que era una práctica sistemática en el accionar militar de sus bloques. En el contexto social, también son responsables de este delito atroz actores civiles que coinciden con las mujeres en situación de desplazamiento en albergues, zonas receptoras de alta inseguridad donde éstas se han de alojar; y, seguramente, algunos de los mismos funcionarios de protección y atención a la población desplazada (aunque no existen datos al respecto). Las condiciones que precipitan la existencia de este delito son varias y diferentes: el 34

hacinamiento de los albergues donde se instalan los desplazados durante la fase de AHE (que muchas veces se alarga y donde se mezclan personas indigentes y desplazadas), la falta de viviendas dignas asignadas a las familias, la falta de enfoque diferencial de género en la actuación de las autoridades encargadas de recibir a la población desplazada. Por otra parte, también se ha de mencionar la crisis económica que obliga a las mujeres a buscar diferentes parejas para solucionar el problema de la alimentación para sus hijos/as, a pesar de que representen o sean un peligro para sus hijos e hijas. La respuesta del SNAIPD en relación a este delito se evidenció, en las diferentes audiencias organizadas por la Corte Constitucional con diferentes sectores poblacionales en situación de desplazamiento. Ya que no se percibió un abordaje comprometido e integral respecto a la violación sexual: en cuanto a su registro, no existe una atención adecuada de confianza y respeto que permita a la superviviente relatar este delito y ser registrado. Muchas veces, la mujer relata todo el serial de abusos y agresiones cometidos a su familia y se olvida de los propios. Por otro lado, los funcionarios ante la información relatada por la mujer desplazada, de múltiples y diversas agresiones graves a ella y a su familia, la violación sexual o cualquier abuso corporal sufrido en primera persona pasa a recibir una categorización secundaria. Los programas específicos dirigidos a este tipo de supervivientes que les faciliten una atención integral psicosocial son mínimosxvii . En cuanto a la mayoría de alojamientos facilitados a las familias no incorporan estrategias de prevención de este tipo de delito. En cuanto al ámbito judicial de su tratamiento, son delitos que quedan en la impunidad y los pocos casos que siguen su curso jurídico las víctimas no reciben ningún tipo de protección. Así mismo, no existe ningún programa de reparación para mujeres desplazadas y menos para aquellas que han sido supervivientes de violación sexual. La esclavitud sexual y la promoción de la prostitución, especialmente promovida por parte de los paramilitares (aunque también por actores de empresas instaladas en las zonas) es otro impacto que viven las mujeres tanto consecuencia del desplazamiento cuando llegan a la nueva zona receptora donde no encuentran ningún apoyo institucional para ubicarse de forma digna, 35

como también es causa de desplazamiento de familias que no quieren que sus hijas acaben en este tipo de actividades. En concreto, en los departamentos de la frontera Colombo Ecuatoriana se encuentra este tipo de expresión de violencia de forma alarmante.. En Nariño las mujeres cuentan como con los cultivos de uso ilícito llegan los actores armados y con ellos la promoción de la prostitución y la esclavitud sexual. En el departamento de Putumayo, en zonas como Orito y la Hormiga también se dio este fenómeno con anterioridadxviii: Otro tipo de impacto, relacionado con el anterior, que en algunas ocasiones recibe la mujer en situación de desplazamiento al llegar al nuevo lugar receptor son todas las prácticas relacionadas con la regulación y control social de la vida cotidiana por parte de un actor armado o económico. Este concepto se traduce en imposición de conductas, castigos, y prácticas sociales relacionadas con la violación sexual y por motivos de género. Se agudizan en líderes mujeres (también hombres) de organizaciones de población desplazada. Estas conductas, se han observado en diferentes ciudades receptoras de desplazamiento en los departamentos, entre otros, del Putumayo, Chocó, Nariño, Magdalena Medio, Urabá xix. Las autoridades gubernamentales encargadas de la atención de la población desplazada, tampoco registran ni protegen a las mujeres (ni hombres) que reciben este tipo de agresiones en la zona receptora. Y, finalmente, otro tipo de impacto que particularmente viven las mujeres indígenas y afrocolombianas producido por el desplazamiento es, por un lado, su desarraigo territorial (físico, y en ocasiones jurídicoxx) cuando el territorio es parte de su cosmovisión de vida Por otro lado, la pérdida cultural y de su organización comunitaria (autoridades políticas y religiosas, medicina tradicional, etnoeducación etc….). Estos elementos generan un impacto destacable en la mujer perteneciente a grupos étnicos ya que asume los roles tradicionales de transmisión cultural y vive con mayor subordinación dentro del grupo. Tampoco existe una respuesta eficaz del SNAIPD para la atención adecuada y ajustada a las necesidades y derechos de las mujeres indígenas y afrocolombianas (en general para los grupos indígenas y afrocolombianos). Algunos 36

casos enigmáticos actuales de desplazamiento de grupos étnicos que desbordan a la institucionalidad serían los siguientes: por un lado, desplazamiento del grupo étnico Awa que a fecha del 18 de septiembre 2007 fueron desplazados aproximadamente 1200 indígenas por enfrentamientos del Ejército Nacional y la Guerrilla de O el caso de 128 familias de la comunidad las Farcxxi. afrocolombiana del corregimiento de Tanguí, jurisdicción del Medio Atrato, que se vieron obligadas a desplazarse después de que el pasado 7 de noviembre presuntos miembros del frente 57 de las FARC ingresaran al corregimiento y secuestraran en su vivienda a la señora Bonifacio Caicedo Valoyes, de 59 años de edad. Por esta misma razón, otras 82 personas pertenecientes a 15 familias de una comunidad cercana a Tanguí también se desplazaron hacia Quibdó.xxii Todo este conjunto de impactos que reciben las mujeres en situación de desplazamiento (causa o consecuencia) exige, tal como lo dictamina la Corte Constitución y orienta ACNURxxiii al Estado, diseñar y aplicar territorialmente una política diferencial basada en los derechos de las mujeres que les ofrezca una protección y atención que garantice su seguridad humana.

ANEXO 1

Comportamiento del Desplazamiento 1985 - 30 de Junio de 2007 DE 1985* A 1995* (Conferencia Episcopal-Codhes) Estimativo Nacional: 4'075.580 personas

412.553

341.925

317.375

310237

308.000 287.581

288.000 257.000

221.638 207.607

181.000 133.664

119.000

110.000

105.000

78.000 77.000

59.000

27.000

89.000

64.000 45.000

36.000 8 19

* 86

88 19

* 89

9 19

* 92

9 19

* 95

9 19

99 19

0 20

e em r. S e 1

e ed st r

07 20

AĂą o s

ANEXO 2 TENDENCIAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO DEL 1 DE ENERO DE 1999- 30 DE JUNIO DE 2007 SEMESTRALIZADO, POR PERSONAS

203.681 183.735

208.872

191.875

166.786 157.235 150.368 133.640

156.774 153.463 133.664

130.346

121.341

121.411

119.690

100.227 87.917

1999

2000

2001

2002

aÃ±o

2003

1er. Semestre

2004

2005

2006

1ER. SEMESTRE 2007

2do. Semestre

ANEXO 3

SISTEMAS DE INFORMACION SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO DEL 1 DE ENERO DE 1997 AL 30 DE JUNIO DE 2007 TOTAL PERSONAS SIPOD- ACCIÓN SOCIAL 2.213.800, TOTAL PERSONAS SISDHES- CODHES 2.959.025

412.553 382.486 389.179

342.243 317.375 310.237 307.559 288.127

287.581 231.358

217.253

257.000

221.638 218.438

207.607 197.832

181.000

133.664 114.938

51.596

1997

51.748

1998

51.413

1999

2000

2001

año

2002

SISDHES

2003

SIPOD

2004

2005

2006

1ER. SEMESTRE 2007

ANEXO 4

Desplazamiento Municipios de Llegada Primeros 50 Municipios por Personas 1er Semestre 2007

LA GUAJIRA

ATLANTICO MAGDALENA CESAR

SUCREBOLIVAR CORDOBA NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

ANTIOQUIA

ARAUCA

CHOCO BOYACA CALDAS

CASANARE CUNDINAMARCA

RISARALDA QUINDIO

VICHADA BOGOTA

TOLIMA VALLE DEL CAUCA META

GUANIA

HUILA CAUCA GUAVIARE NARINO

PUTUMAYO

Nยบ de Personas 339 - 939

CAQUETA

VAUPES

AMAZONAS

8,215,510

940 - 2200 2201 - 4631 4632 - 20884

Fuente: SISDHES - CODHES 29 Noviembre 2007

ANEXO 5

Tasa Municipal de Llegada por cada 100 mil habitantes 1er Semestre 2007

LA GUAJIRA

ATLANTICO MAGDALENA CESAR SUCRE BOLIVAR CORDOBA NORTE DE SANTANDER

ANTIOQUIA

SANTANDER

ARAUCA

BOYACA CALDAS CUNDINAMARCA CHOCO RISARALDA QUINDIO VALLE DEL CAUCA

CASANARE

VICHADA

BOGOTA

TOLIMA META

GUANIA

HUILA

CAUCA

GUAVIARE NARINO

PUTUMAYO

CAQUETA VAUPES

AMAZONAS

Nยบ de Personas

9,053,704

787 - 1975 1976 - 4842 4843 - 17868 17869 - 47569

Fuente: SISDHES - CODHES 29 Noviembre 2007

Según el RUT con corte el día 30 de junio de 2007.

www.http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20oct%2030%20de%20 2007.htm Observatorio de los derechos humanos de las mujeres en Colombia. Red Nacional de Mujeres. Informe de derechos Humanos de las mujeres en Colombia: Las invisibles. Mujeres desplazamiento y política pública 2002-2005. Observatorio de los derechos humanos de las mujeres en Colombia. 2006 v Según las zonas las causas del desplazamiento son variadas o actúan en conjunto. vi Sentencia T-025 y diversos autos posteriores. vii Tanto a cerca del caso Colombiano, como una cuestión que se repite en todas las mujeres del mundo que han tenido que vivir situaciones de desplazamiento. viii Datos correspondientes al año 2005 % de hogares con jefatura femenina: Codhes plantea que el 32,4% de la población desplazada corresponde a jefatura de hogares femeninos, según Pastoral social corresponderían el 40,6% y, según el gobierno el 48% de los hogares. ix Estas prácticas han sido habituales a lo largo del año en población que se ha tenido que desplazar en el Choco, Nariño, Putumayo, parte de Antioquia. x Según el estudio Ojeda. G y Murad R. ”salud sexual y reproductiva en zonas marginadas. Situación de las mujeres desplazadas 2005. informe de profamilia. USAID junio 2006: fecundidad: Mujeres desplazadas promedio de 4’2% de hijos por mujer y el promedio nacional fue de 2,4; embarazos precoces: El 23,9% de mujeres desplazadas entre 13 a 19 años alguna vez estuvo embarazada, cifra que supera el promedio nacional de 20,5%. El 22’9% de las mujeres desplazadas sufrieron aborto sufrieron frente al promedio nacional que fue de 17,5% xi Idem anterior, xii Reconocido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, CPI y por el Artículo 8 del estatuto en la legislación Colombiana. xiii Estudio Ojeda. G y Murad R. ”salud sexual y reproductiva en zonas marginadas. Situación de las mujeres desplazadas 2005. informe de profamilia. USAID junio 2006 xiv Organización Indígena Colombiana. Los pueblos indígenas de Colombia continúan en la mira de los verdugos. ONIC. Bogotá 2006. A pesar de que no detallan si fueron causa o consecuencia de desplazamiento, xv Informes sobre las zonas donde la Ruta Pacífica y OFP han realizado diferentes movilizaciones de mujeres. xvi Mesa Nacional de Incidencia por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación con perspectiva de género. Análisis sociodemográfico de las víctimas del conflicto armado: brechas de género. IMP 2007. xvii Idem, Informes elaborados por CasaMujer y Sisma Mujer para la audiencia de mujeres organizadas por la Corte Cosntitucional. Mayo 2007. xviii E Informe Ruta Pacífica y OFP en el marco de su última movilización en e día 23/10/2007),El Tiempo, 5/08/2007 xix Infomes sobre las zonas donde la Ruta Pacífica y OFP han realizado diferentes movilizaciones de mujeres. xx El caso del Alto Naya, entre otras. xxi Codhes (25 /11/2007) xxii Codhes (16/11/2007) xxiii Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Balance políticas públicas de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia Enero 2004-abril2007. ACNUR 2007 iv