BOLETÍN CODHES INFORMA #80: Masivo desplazamiento y pervivencia indígena

CODHES INFORMA Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Número 80 - Bogotá, Quito, Septiembre de 2012 www.codhes.org

MASIVO DESPLAZAMIENTO Y PERVIVENCIA INDÍGENA. CONTENIDO DESPLAZAMIENTO FORZADO

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NORTE DEL CAUCA

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LA GENTE DE LA MONTAÑA: SITUACIÓN DEL PUEBLO AWÁ

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PUEBLO EMBERA EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, CONFINAMIENTO Y RESISTENCIA

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SITUACION DEL PUEBLO AFROCOLOMBIANO

17

SITUACIÓN EN LA COSTA PACÍFICA CAUCANA

19

DESPLAZAMIENTO FORZADO Entre enero y agosto de 2012 se han presentado 86 eventos de desplazamiento masivo 1, equivalentes a 31.213 personas. Así, los departamentos donde se presentaron el mayor numero de eventos (el 73,2%), como indica el mapa nº 1, son: Cauca, Nariño, Putumayo, Antioquia y Chocó. A esta zona, que hemos denominado para efectos de este boletín “Zona 1” se le suman los departamentos de Risaralda y Córdoba, de tal manera que el 82,6% del total de eventos se habrían presentado en esta región.

Los eventos restantes (17,4%) ocurrieron en: Norte de Santander (7%), La Guajira, Bolívar y Magdalena (4,6%) y Boyacá, Cundinamarca, Meta y Caquetá (8,8%).

Mapa 1. Eventos de Desplazamiento Masivo (ene - ago. 2012)

Así mismo, en 2012 se han presentado en promedio 11 desplazamientos masivos al mes en 16 departamentos del país, con mayor intensidad en junio y julio y con un menor incremento en enero y agosto, como se puede evidenciar en la gráfica 1.

1

Se entiende por desplazamiento masivo, el desplazamiento conjunto de diez (10) o más hogares, o de cincuenta (50) o más personas. (Decreto 2569 de 2000, artículo 12)

Gráfica 1. Desplazamiento Masivo: Eventos y Personas (ene-ago. 2012) 18 16 14 11

12 10

9000

16

11

7896

12

8000

14

7000 6000

6723

10

5000

8

8

4000

6 4 2

3474 2562

3151

4 2848

2343

2216

3000 2000 1000

0

0 ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL Eventos

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

Personas

Sin embargo, solo en la Zona 1, se presentaron eventos en todos los meses. En total, de estos departamentos 28.133 personas se han desplazado masivamente, en 71 eventos; además de 8 desplazamientos “multifamiliares”2 que reúnen cerca de 257 personas. Estos últimos en los departamentos de Antioquia (4) y Chocó (4)3.

Las principales causas de estos desplazamientos en orden de mención son: los combates, la escalada de acciones bélicas en general, las hostilidades, la presencia de MAP y MUSE, las amenazas, los bombardeos, las incursiones, la presencia misma de los grupos armados, los atentados, las restricciones a la movilidad, los asesinatos y el riesgo de reclutamiento forzado. En estas acciones participaron las FARC, varios GPD4 entre ellos, Los Urabeños y Los Rastrojos, otros Grupos Armados Ilegales (GAI) sin identificar y la fuerza pública.

De tal forma, Cauca y Nariño han sido los departamentos con mayor número de eventos y personas desplazadas masivamente, con 25 y 13 eventos respectivamente que equivalen a 13.404 personas. De la misma manera le siguen Putumayo (9 eventos y 5.383 personas), Chocó (8 eventos y 4.102 personas), Antioquia (8 eventos y 3.359 personas), Valle del Cauca (2 eventos y 958 personas), Risaralda (3 eventos y 568 personas) y Córdoba (3 eventos y 317 personas).

En cuanto a Norte de Santander (Zona 2), de los municipios El Tarra, Teorama y Tibú debieron salir en total 2.204 personas como consecuencia de 6 eventos de desplazamiento masivo. Estos ocurrieron en los meses de enero, marzo, mayo y junio como consecuencia principalmente de atentados contra infraestructura y bienes civiles y 2

Los desplazamientos multifamiliares no necesariamente implican a varios núcleos familiares; son más bien desplazamientos múltiples que por su magnitud (medida en número de personas por evento) no alcanzan a ser considerados masivos.

3 En Armenia, Quindío se presentó otro desplazamiento multifamiliar de 33 personas en el mes de agosto, sin embargo no se incluye dado que el departamento no se menciona en las zonas elegidas para el análisis.

4 GDP: Grupos posdesmovilización; todos aquellos grupos armados ilegales que de desmovilizaron y retomaron las armas, que nunca se desmovilizaron o aquellos nuevos que surgieron tras el proceso de desmovilización.

ataques por parte de GAI, entre ellos las FARC y otros sin identificar y a causa de combates entre la fuerza pública y estos grupos por actividades de erradicación manual.

Así mismo, en la Zona 3, se presentaron 4 eventos de desplazamiento masivo en enero (Magdalena, Ciénaga), mayo (La Guajira, Maicao) y julio (Bolívar, Montecristo y La Guajira, Fonseca). De tal manera, 431 personas se vieron forzadas a salir de sus hogares, por amenazas, señalamientos y combates por parte de GAI sin identificar, el ELN y las FARC. En Bolívar adicionalmente, ocurrió un desplazamiento “multifamiliar” en mayo como consecuencia de amenazas por parte del GPD Los Rastrojos.

A pesar de las diferentes dinámicas que se desarrollan en el centro y sur del país, los 5 desplazamientos masivos que se presentaron en la Zona 5, Cundinamarca (Soacha, en enero), Boyacá (Puerto Boyacá en febrero), Meta (Mapiripán y Puerto Concordia en enero y febrero respectivamente) y Caquetá (Puerto Rico en mayo), se dieron como consecuencia de amenazas de las FARC y otros grupos sin identificar, que para dos de los casos incluyeron el asesinato de personas de la comunidad y por la presencia de estos grupos en territorios indígenas. En tales eventos, se vieron afectadas 445 personas.

Norte del Cauca “Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra.”

La crisis humanitaria en el norte del departamento del Cauca, como señaló CODHES recientemente (2012a, 2012b), presenta una agudización durante los últimos años. En este sentido, el primer semestre de 2012 es un ejemplo preocupante de la situación humanitaria de las comunidades de la región.

Si bien la temporalidad y territorialidad del desplazamiento forzado y la crisis humanitaria en el 2011 estuvieron asociadas a la presencia de ‘Alfonso Cano’ en la región (CODHES, 2012b), la muerte del líder guerrillero no trajo consigo la desaparición de la violencia en el norte del Cauca. Por el contrario, el legado de militarización de los territorios y las dinámicas sociales aumentó los riesgos y las afectaciones sobre la población civil.

Adicionalmente, al consumarse la falsa premisa contrainsurgente del fin de la guerra con la neutralización de los líderes guerrilleros, las razones de la guerra trascienden la dimensión militar: “más allá” de la violencia existen factores catalizadores de la misma en relación con lo económico.

Frente a lo anterior, las luchas de las comunidades, en especial la del pueblo Nasa, son la traducción de sus visiones de la vida en acciones de resistencia. Resistir ante la violencia de los armados y los intereses económicos (junto con sus modelos de explotación) es para los Nasa un mandato de vida otorgado por los “mayores” con el fin de mantener la integralidad de su territorio, autonomía y cultura.

Mapa 2. Hechos y Desplazamientos Masivos en el Norte del Cauca

Sobre el desplazamiento forzado y la crisis humanitaria Según el CRIC (s.f.), entre 2011 y julio de 2012, solo en la zona norte del Cauca se han presentado 17.508 violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. De igual modo, la ACIN (2012b) afirma que “Entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2012 se han presentado 118 hechos que constituyen vulneración del derecho a la vida, a la libertad y a la integridad del pueblo nasa y su territorio”.

El monitoreo de CODHES reportó que, al menos, ocurrieron 20 eventos de desplazamiento masivo entre enero y julio de 2012, que sumaron un total de 6128 personas.

Gráfica 1. Desplazamiento Masivo (Eventos y Personas) 2500

2183

2000 1518

1500

1147

1000 500 0

140 1

320

670

2

2

150 7

Eventos

1

5

3

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Personas

Los municipios de Caloto y Miranda (ubicados en cordillera Central) concentran el 60% de los eventos de desplazamiento, y además, en ambos municipios los desplazamientos sucedieron en zonas rurales: en el caso de Caloto, el resguardo indígena de Huellas y el corregimiento de Huasanó se distribuyen los 7 desplazamientos masivos ocurridos en el municipio; por su parte, los 5 eventos acontecidos en Miranda se presentaron en la vereda Calandaima (en los límites con el Florida, Valle del Cauca) y el resguardo indígena de Cilia-La Calera.

Por el contrario, en Toribío (también ubicado en la cordillera Central) el desplazamiento masivo no se concentró en la zona rural del municipio: 2 de los 3 eventos de desplazamiento ocurrieron en la cabecera urbana del municipio.

En Suárez y Morales (situados en la cordillera Occidental) ocurrieron 3 eventos de desplazamiento masivo en los territorios de los resguardos de Cerro Tijeras y Honduras.

En estos lugares, se han intensificado las acciones bélicas y los ataques sistemáticos a la población civil a partir de la mitad del año 2011.

De forma constante, los grupos armados usan los bienes civiles para obtener ventajas militares: por ejemplo, se conoce sobre la ocupación de escuelas por parte de la guerrilla en el transcurso de los enfrentamientos, así como la fuerza pública se ubica en lugares sagrados para las comunidades indígenas o en medio del casco urbano. Sumado a esto, el reclutamiento forzado y uso de menores, la presencia de MAP y MUSE y el asesinato de comuneros y autoridades indígenas, persisten como prácticas sistemática de los actores.

Del mismo modo, preocupan los constantes señalamientos y amenazas a la población civil: miembros de la fuerza pública han señala que las organizaciones indígenas están “infiltradas” por la guerrilla (El Tiempo, julio 17 de 2012); las FARC ha declarado que “las guardias indígenas [son] una mera extensión de los cuerpos policíacos del

Establecimiento”, y además, que los indígenas se han puesto “del lado del Estado” (FARC, 2012); por su parte, los grupos posdesmovilización (en especial Los Rastrojos y las Águilas Negras) y grupos no identificados han amenazado individual y colectivamente al pueblo Nasa y otras comunidades de la zona, anuncian “limpieza social” y “toques de queda”.

En síntesis, ningún actor armado ha buscado la protección de los civiles: los grupos armados buscan ventajas militares que les permitan materializar sus intereses.

Adicionalmente, cualquier acción de las comunidades indígenas que represente su autonomía es señalada por los actores armados como una acción que “favorece al enemigo”. En otras palabras: la resistencia y la autonomía amenazan la guerra y los intereses que esta representa.

Sobre intereses y disputas El Estado (con su fuerza pública), las multinacionales, empresas agroindustriales y mineras, los narcotraficantes, los grupos posdesmovilización y las guerrillas, se disputan el control y el uso de los territorios del norte del Cauca.

La disputa por el uso refleja los conflictos estructurales5 sobre el territorio en cuanto a los modelos de explotación del suelo y el subsuelo. Por lo tanto, los intereses económicos sobre el territorio determinan la búsqueda del control territorial. De forma particular, las iniciativas de la locomotora mineroenergética convierten al norte del Cauca en una zona de disputa para la explotación minera: Además de las solicitudes de concesión y títulos otorgados, el Ministro de Minas determinó en febrero al menos 21 áreas estratégicas mineras en el Cauca, que corresponden a un poco más de 105.000 hectáreas. […] La definición de estas áreas excluyó entre otras, zonas protegidas ambientalmente, pero no resguardos y territorios tradicionales de los indígenas.

Por ello, el conflicto en el Cauca no solo gira alrededor de los actores armados, sino también de la minería.” (Orduz, 2012)

Además de la “amenaza minera” al territorio colectivo de indígenas y afrodescendientes, el modelo agroindustrial para el desarrollo rural y la economía de los cultivos de uso ilícito se disputan el territorio con modelos tradicionales de explotación de la tierra. En este caso, la expansión de la economía cañera en las zonas planas (como es el caso de Miranda) y de la coca y la marihuana en las zonas altas, construyen un “cerco económico” a las comunidades del norte del Cauca.

5De

manera detallada, Henry Caballero (2012) ha identificado cinco conflictos territoriales en el Cauca: conflicto por tenencia de la propiedad rural, conflicto por el uso del territorio, conflicto por el agua y el bosque, conflicto por la minería y conflicto armado.

Sobre la resistencia Los indígenas del norte del Cauca señalan que: Especialmente en los municipios de Miranda, Toribío, Caloto y Jambaló sufrimos el Plan de Consolidación Territorial, que a sangre y fuego se impone en nuestros territorios, y estamos viviendo la imposición de un proyecto revolucionario militarista que no respeta nuestras decisiones, y que atenta contra nuestra organización y autonomía. (ACIN, 2012a)

Después de soportar la agudización del conflicto armado y la crisis humanitaria, el pueblo Nasa inició (en julio del 2012) procesos de armonización y limpieza de sus territorios ancestrales. Esto significa desmilitarizar los territorios para no permitir que los actores armados obtengan ventaja militar alguna. Con esos postulados, los indígenas procedieron a desmantelar la base militar del Cerro Berlín, ubicado en zona rural de Toribío; del mismo modo, después de lograr la detención de varios indígenas pertenecientes a las FARC, la comunidad decidió aplicar el “remedio” correspondiente a los delitos cometidos por estos, como lo plantean sus mandatos y normas.

En igual sentido, las comunidades indígenas emprendieron la armonización de territorios donde los intereses mineros realizaban explotaciones: por ejemplo, en el resguardo indígena de Canoas, jurisdicción de Santander de Quilichao, “un grupo de casi 600 indígenas llegaron hasta donde estaba la maquinaria y obligaron a los empleados a salir” (Montero, 2012).

Estas acciones de armonización del territorio son mecanismos para reafirmar la autonomía indígena sobre los territorios, y en consecuencia, son formas de mantener su cultura y defender sus principios. Por lo tanto, la resistencia a la imposición de la guerra y de modelos económicos extractivos es considerada como “amenaza” por los diferentes actores.

Así como las grandes haciendas controlaron el Cauca durante varios siglos y lograron “sitiar” a los resguardos indígenas con sus estrategias de acumulación y despojo de tierras, apoyadas en la “necesidad republicana” de terminar con los resguardos para hacer de los indígenas consumidores del mercado (Sanders, 2007), en el presente –como se ha señalado anteriormente- se mantienen mecanismos de control que no permiten el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas.

Pero, así como los indígenas caucanos lucharon contra las haciendas, sus dueños y aliados, hoy luchan contra quienes buscan “reconquistar” su territorio. Esta lucha, es una lucha por la paz.

La gente de la montaña6: Situación del pueblo Awá En Colombia, el territorio7 del Pueblo Awá comprende municipios en los departamentos de Nariño (Ipiales, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payan, Samaniego, Santacruz de Guachavez y Tumaco) y Putumayo (Puerto Asís, Valle del Guamuéz, San Miguel, Orito, Puerto Caicedo y Villa Garzón) (Pueblo Awá, 2010). Así, el territorio Awá está constituido en zonas que como algunas otras en el país reúnen condiciones particulares (zona fronteriza, costa pacífica, disponibilidad de tierras para la siembra de cultivos de uso ilícito y el acervo de recursos naturales para explotación) que generan el interés de actores sin interés alguno en la protección de los territorios ancestrales.

En este sentido, el aumento de la militarización del territorio y el resurgimiento de los grupos paramilitares en esta zona del país, generaron que las violaciones sistemáticas a los derechos de los indígenas se incrementaran notablemente a partir de 2008. En consecuencia, junto con la elaboración en 2010 del Plan de Salvaguarda étnico, el 16 de marzo de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al pueblo indígena inkal Awá de Nariño y Putumayo por estar en riesgo de exterminio físico y cultural.

A pesar de lo anterior, la situación de riesgo para la pervivencia de los Awá aún incluye al menos dos amenazas: por un lado la guerra y por el otro la dinámica económica de intereses legales e ilegales en su territorio. De esta manera, en lo que va corrido del año se han presentado una serie de vulneraciones a los derechos de este pueblo indígena 6

“La gente de la montaña o la selva”: Es así como se reconoce el pueblo y lo que su nombre significa, inkal Awá.

El Pueblo Awá, se reconoce como un pueblo binacional, pues su territorio se encuentra ubicado en el suroccidente de Colombia y el noroccidente de Ecuador. (Pueblo Awá, 2010).

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que son en últimas la materialización de los riesgos en mención. Tales eventos y su impacto se describen a continuación: El pueblo Awá en medio de la guerra En todos los municipios donde habitan los Awá, además de las fuerzas del Estado, en 2011 se evidenció la presencia tanto de grupos posdesmovilización así como la de guerrillas (Indepaz, 2011) y que por la disputa del control territorial y los ataques sistemáticos a la población, constituye un riesgo latente para su la pervivencia de los Awá como pueblo.

Es así como, durante el primer semestre de 2012, cuatro indígenas del pueblo Awá han desaparecido y cinco han sido asesinados. En marzo, un miembro del pueblo desapareció en el municipio de Santacruz de Guachavéz (Nariño), y en abril tres indígenas más desaparecieron cuando regresaban de un asentamiento Awá en el Ecuador (HBSNoticias, agosto 6 de 2012). Los cuerpos sin vida de dos de estos últimos fueron encontrados posteriormente (Caracol Radio, agosto 6 de 2012); asimismo, un miembro de la Guardia Indígena y un Gobernador (Resguardo Alto Cartagena) también fueron asesinados (UNIPA, 2012c; CAMAWARI, 2012b).

Así pues, en el territorio ancestral de los Awá, se presentaron entre enero y agosto de 2012 por lo menos 13 acciones bélicas entre hostigamientos, combates y ataques a objetivos militares, con mayor intensidad en los meses de abril (3) y junio (5) y cerca de 51 acciones que son violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

En cuanto a atentados a infraestructura, especialmente petrolera y energética, entre enero y junio, solamente en Putumayo se efectuaron 41 atentados a infraestructura petrolera según el Ministerio de Minas y Energía (2012). De la misma manera, entre julio y agosto se han registrado ataques, atentados y afectación de infraestructura petrolera y energética en los municipios de Orito, San Miguel, Puerto Asís, Valle del Guamuéz,Puerto Leguízamo, Tumaco y Ricaurte (en este último por combates). En este sentido, las voladuras de oleoductos han generado dos derrames de crudo entre julio y agosto, estos afectaron fuentes hídricas8 con lo que se puso en riesgo la seguridad alimentaria de la comunidad, además del daño ambiental y cultural (entendiendo la estrecha relación del pueblo con la naturaleza, su comprensión del territorio como elemento fundamental para la vida y su responsabilidad ancestral de protegerlo).

Adicionalmente, uno de los atentados de Tumaco perpetrado por las FARC, fue contra torres de energía que dejaron sin servicio a 6 municipios de Nariño y a Buenaventura en el Valle del Cauca; además de ello minaron los alrededores de las torres ubicadas en el

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Las fuentes afectadas fueron: La quebrada La dorada, Ríos Güisa, Guelmambí, Ispí y Saundé, que pasan por los municipios de San Miguel, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán y Tumaco). (Diócesis de Tumaco, 2012; Radio Santafe, Junio 21 de 2012).

Resguardo Inda Sabaleta y cinco indígenas del pueblo Awá resultaron víctimas de las mismas entre ellos, un joven que pasaba por allí y cuatro indígenas contratados por la compañía de energía para reparar las torres.

Respecto a la afectación del pueblo Awá por MAP y MUSE, existen dos factores que permiten identificar la magnitud del riesgo para el pueblo Awá. El primero es la cantidad de eventos que se presentaron en 2011 y 2012 que indica la presencia de MAP y MUSE (Ver gráfica 2) y el segundo es el uso de MAP por los grupos armados para evitar la erradicación manual de cultivos de uso ilícito, para la protección de laboratorios de procesamiento de coca y para restringir las actividades de la población ejerciendo control social entre otras (PAICMA, 2008), y por lo tanto, las víctimas de MAP y MUSE que se han presentado este año (31 civiles y 46 de la fuerza pública) han sido en áreas rurales.

Gráfica 2. Eventos de MAP y MUSE 300

255

200

137

100 19

47

81

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166

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122

122

70

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eventos

Exponencial (Eventos )

FUENTE: PAICMA, Situación minas julio de 2012.

Lo anterior produce, por ejemplo, restricciones a la movilidad y acceso para la población y en consecuencia condiciones de confinamiento. Es así como, se identificaron durante el primer semestre de 2012 dos casos y una alerta: el primero, en el Resguardo de Integrado Milagroso-Cuaiquer Viejo, donde 845 indígenas resultaron confinados (Camawari, 2012a); el segundo, en el Resguardo de Inda Sabaleta en Ricaurte, donde hasta la fecha de elaboración de este boletín continuaban confinadas 454 familias pertenecen al pueblo, luego de los atentados a las torres eléctricas en el municipio de Tumaco en semanas anteriores. (OCHA, 2012b). Con respecto a la alerta, emitida por OCHA (2012a) para el municipio del Valle del Guamuéz, dado que los campos minados se incrementaron por la presencia de erradicadores manuales en el territorio y 113 personas estaban en riesgo de confinamiento.

Ahora bien, aún cuando “la gente de la montaña” ha realizado importantes esfuerzos por resistir en el territorio y no desplazarse a pesar de la presión de los actores, a través por ejemplo, de tener albergue en lugares cercanos a los resguardos que les permitan volver una vez las hostilidades han cesado o la situación de peligro ha disminuido; el desplazamiento forzado y de manera menos visible el refugio continúa.

Durante el primer semestre de 2012, en los municipios de Ricaurte, Roberto Payán, Tumaco, Valle del Guamuéz y San Miguel, en los que existe territorio Awá, se han

producido por lo menos 2 desplazamientos masivos del pueblo Awá (2.745 personas): el primero en febrero y el segundo en agosto, ambos en el Resguardo Inda-Sabaleta; como consecuencia del confinamiento, la presencia de MAP por las acciones de erradicación, las confrontaciones armadas, los homicidios selectivos y violencia sexual9.

Asimismo, otro tipo de victimizaciones ocurren en el territorio las cuales, a pesar de haber sido advertidas tanto por organizaciones indígenas y organismos humanitarios, permanecen invisibles. En particular, se evidencia el reclutamiento forzado y utilización de niñas, niños, adolecentes y adultos por parte de actores armados, no solamente para actividades militares y logísticas sino muchas veces para “prestar servicios sexuales” a los miembros de estos grupos (Mesa de Género EHL, 2011).

Economías legales e ilegales que irrumpieron en el territorio ancestral En el territorio Awá convergen los cultivos de uso ilícito y toda la estructura de la locomotora minero-energética, vocaciones de uso del territorio diferentes a las tradicionales que rompen con las dinámicas económicas de los pueblos, vulneran sus derechos y ponen en riesgo su pervivencia física y cultural.

Frente a cultivos de uso ilícito, según el último censo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2012), Nariño y Putumayo son dos de los tres departamentos con mayor crecimiento de hectáreas cultivadas de coca para 201110. No obstante, Nariño fue el departamento que en 2011 tuvo mayor número de hectáreas asperjadas, mientras Putumayo ocupó en quinto lugar (UNODC, 2012). En consecuencia, según declaraciones del Ministro de Defensa, Nariño y Putumayo serán el laboratorio de la nueva estrategia anti-drogas en Colombia que continúa basada en aspersión aérea y erradicación manual, a pesar de los irrisorios resultados en la reducción de las hectáreas cultivadas y los impactos humanitarios de estas prácticas.(El País, Julio 28 de 2012) Tales impactos, causados por las aspersiones indiscriminadas durante años, se entienden como la perdida de cultivos de pan coger, enfermedades en personas y animales, muertes de niños por reacción a los químicos, pérdida de autonomía de los pueblos (en tanto no pueden decidir acerca de las acciones que se desarrollan en sus territorios) y la contaminación de fuentes hídricas y de recursos medicinales tradicionales; las erradicaciones manuales, por su parte, han generado el significativo incremento de siembra de MAP y señalamientos por parte de los grupos armados a miembros de la comunidad Awá.

Adicionalmente, las actividades no tradicionales o las trasformaciones arbitrarias en los modos de producción en el territorio (especialmente los relacionados con explotación no

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La violencia sexual como arma de guerra, permanece invisible, las niñas y mujeres están siendo utilizadas en actividades de comercio sexual y tráfico de personas por parte de los actores armados en los pasos fronterizos (Mesa de Género EHL, 2011).

10 De hecho, según el informe en mención de los cinco municipios con mayor área cultivada de coca en el país, cuatro hacen parte del territorio Awá (Tumaco, Barbacoas, Puerto Asís y Roberto Payán).

sostenible de recursos naturales), y los megaproyectos, irrumpen en la armonía de los pueblos, su cosmogonía y su autonomía.

Respecto a la minería en el territorio Awá es necesario afirmar que legalmente no existen áreas de reserva especial para explotación minera, zonas mineras indígenas ni zonas mineras de comunidades negras11 (Ministerio de Minas y Energía, 2012). A pesar de ello, en los Resguardos de Hojal La Turbia (Tumaco) y Gran Rosario existe explotación minera ilegal. En consecuencia, la Guardia Indígena, en ejercicio de su autonomía y ante la omisión gubernamental, ha exigido a las compañías mineras la salida de su territorio, lo que ha resultado en amenazas hacia la población. (UNIPA, 2012b). Asimismo, la explotación de hidrocarburos que se presenta con mayor intensidad en el departamento de Putumayo implica riesgos intrínsecos: en primer lugar, por ser su infraestructura objetivo constante de los actores armados lo que presenta factores para el recrudecimiento de las confrontaciones armadas, incluso dentro de Resguardos por donde pasan los oleoductos; y en segundo lugar, por los impactos ambientales de la explotación indiscriminada de recursos naturales y los insumos utilizados para la misma (maquinaria, químicos, etc.).

Hace cuatro años, en 2008 como lo advirtió la Defensoría del Pueblo (2008), el pueblo Awá fue y continúa siendo vulnerado en sus derechos fundamentales por las vulneraciones mencionadas a lo largo de este apartado, a pesar de las múltiples denuncias al respecto. En este sentido, no han sido suficientes las medidas adoptadas por el gobierno nacional, ni las sugeridas por la Corte Constitucional o los organismos internacionales para garantizar la pervivencia de los Awá; las situaciones que constituyen riesgos y vulneraciones directas se mantienen sin mecanismos visibles y efectivos de prevención ni protección, y la afectación se intensifica con la mutación de la guerra y la aparición de nuevas dinámicas económicas en el territorio.

Pueblo Embera Resistencia

En

Situación

De

Desplazamiento,

Confinamiento

Y

El pueblo Embera continúa siendo víctima de desplazamiento forzado, amenazas, señalamientos, desaparición forzada, asesinato de líderes y miembros de comunidades, violación de niñas y mujeres, y otras violaciones a derechos fundamentales, a nivel individual y colectivo, a pesar de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el auto 004 de 200912 y de las sentencias de la Corte Constitucional en materia de protección del derecho a la consulta previa de comunidades embera y la protección de sus derechos colectivos (Cfr. inter alia, las decisiones contenidas en las sentenciasT-769 de 2009, y T-129 de 2011, y T-601 de 2011, por citar las más recientes providencias del Alto Tribunal9).

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A excepción de Tumaco, donde está constituida la zona para el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.

Que contiene órdenes relativas a la obligación del Estado de construir planes de salvaguarda étnica, para 34 pueblos dentro de los cuales está el pueblo Embera en sus tres grandes familias: Chamí, Katío y Dovidá.

En el año 2001 (4 de Junio), la CIDH otorgó medidas cautelares a Kimi Domicó, Uldarico Domicó, Argel Domicó, Honorio Domicó, Adolfo Domicó, Teofan Domicó, Mariano Majore, Delio Domicó, Fredy Domicó y otros miembros de la Comunidad Indígena Embera Katio del Alto Sinú, secuestrados en el cabildo comunitario y zonas aledañas. En este caso la CIDH solicitó al Estado colombiano adoptar de manera urgente las medidas necesarias para establecer el paradero y proteger la vida e integridad personal de las personas amparadas con dichas medidas, y adoptar las acciones necesarias para proteger a los demás miembros de la Comunidad Indígena Embera Katio del Alto Sinú. Sin embargo, como es de conocimiento público, el líder Kimi Pernía Domicó, fue asesinado por paramilitares. Actualmente, continúa la persecución, los señalamientos y hostigamientos a los líderes de estas comunidades y otros hechos violatorios del DIH y los derechos humanos.

Entre tanto, el 15 de marzo de 2002 la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de 40 indígenas Embera Chamí de los resguardos y asentamientos de Cañamomo-Lomaprieta, San Lorenzo, Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Escopetera-Pirza, Totumal, La Trina, La Albania, Cerro Tacón, La Soledad, y miembros del Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC). El 25 de febrero de 2010, este mismo órgano otorgó medidas cautelares a favor de 87 familias de la Comunidad Alto Guayabal-Coredocito, del Resguardo Embera Uradá Jiguamiandó, Municipio de Carmen del Darién (Chocó). No obstante, persisten las amenazas derivadas del conflicto armado y sus factores vinculados y subyacentes.

Por cuanto Pueblo Rico (Risaralda) y Alto Andágueda (Chocó) son las principales zonas de expulsión de familias Embera, es fundamental visibilizar su situación y las acciones del Estado en materia de atención humanitaria y el proceso de retorno y reubicación pondrán a prueba la implementación del decreto ley 4633. El gobierno nacional ha manifestado voluntad para avanzar en el proceso de retorno, de manera que de resultar exitoso, sería el primer retorno indígena del país en condiciones de voluntariedad, dignidad, seguridad y sostenibilidad, y marcaría la pauta para retornos de otros pueblos y comunidades indígenas.

Emberas en Chocó y Risaralda Más de 500 personas Embera katío y Chamí de Chocó y Risaralda residen actualmente en Bogotá, algunas familias desde hace 10 años. En el caso de las comunidades del Alto Andágueda y Risaralda, se han generado retornos sin acompañamiento estatal y otros en el marco de acuerdos entre las comunidades a través de sus autoridades representativas, y los gobiernos de turno. En el caso de las familias del Alto Andágueda que se desplazaron hacia Bogotá, en 2006 tuvo lugar el primer retorno y un segundo intento, en el año 2008. Sin embargo los dos intentos fueron fallidos, pues el Estado no garantizó

condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad y no cumplió con los compromisos adquiridos con las comunidades.

En marzo del presente año, las comunidades Katío en situación de desplazamiento en Bogotá, radicaron su plan de retorno ante la Unidad de Víctimas y el Ministerio del Interior, y a partir de ese momento iniciaron reuniones con el gobierno nacional para efectos de avanzar con el proceso. Sin embargo, el 11 de junio del año en curso, alrededor de 500 Embera Katío y Chamí decidieron manifestarse pacíficamente en protesta por las dilaciones del gobierno nacional frente al plan de retorno. Ese mismo día la Unidad de Víctimas en cabeza de Paula Gaviria, firmó un acuerdo con líderes y lideresas Embera para avanzar en el proceso de retorno y reubicación.

Sin embargo, desde tiempo antes de la firma de los acuerdos para el retorno y reubicación y hasta la fecha, persisten las violaciones a derechos humanos e infracciones a DIH en territorios Embera del Alto Andágueda (Chocó) y Pueblo Rico y Mistrató (Risaralda).

Respecto a crisis humanitaria en Risaralda, la organización regional indígena de Risaralda (CRIR) y ONIC, denunciaron las siguientes violaciones a derechos humanos y DIH entre los meses de mayo-junio: •

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Mayo 24 de 2012, se desplazaron 437 indígenas Embera-Chami y Katio al corregimiento de Santa Cecilia (Risaralda) a causa de combates entre el Ejército y el frente Aurelio Rodríguez de las FARC. Ante este hecho, la ONIC denunció la invisibilización por parte del Ejército de los enfrentamientos y hostigamientos en esta zona; y las afectaciones contra la población civil, además de la ausencia de un presupuesto por parte de la Alcaldía Municipal de Pueblo Rico para brindar ayuda humanitaria a la población desplazada.

Junio 2 de 2012, en horas de la mañana, se presentaron las capturas por parte del Gaula-Risaralda de los líderes y comuneros, DANIAL WUASORNA AIZAMA, JUAN ANTONIO SIAGAMA ARCE, FERNAIN SIAGAMA, líderes de las comunidades indígenas del municipio de Pueblo Rico; JOSE ABEL WUASORNA, líder indígena del municipio de Mistrató; ORLANDO QUERAGAMA ARCILA Autoridad del Consejo Regional Indígena Risaralda-CRIR. Además, se tiene información de 10 indígenas de los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, con órdenes de captura por parte de La Fiscalía.

Junio 10 de 2012, El día 10 de Junio del presente año siendo las 8:15 de la noche fue asesinado por un encapuchado el señor CARLOS DARIO ARCE BERNAZA y quedaron heridas las señoras GILMA ARCE BERNAZA y YOLANDA CORTEZ ARCE en la comunidad de Puerto de Oro en el municipio de Mistrató (Risaralda) dentro del Resguardo Unificado EmberaChamí.

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Junio 22 de 2012, Cinco comunidades indígenas del Resguardo Unificado del Río San Juan se desplazaron al corregimiento de Santa Cecilia a causa de combates entre la Guerrilla de las FARC y el Ejército en las veredas Waisur y Arenal.

Junio 21 de 2012. En la vereda Itaurí del Resguardo Unificado una pareja indígena en compañía de dos menores de edad del pueblo Embera-Chami se dirigieron a pescar en el río Tarama. Cuando regresaban a su casa, aproximadamente a las 10 p.m., la pareja y los menores de edad recibieron disparos por miembros de la Octava Brigada del Batallón San Mateo, al creer que era guerrilleros, la mujer María Andrea Onogamá Arcila, de 22 años, quien se encontraba en estado de embarazo resultó herida; al igual, que su compañero Orlando GuatiquíNayasa, de 28 años de edad. Como consecuencia del ataque, María Andrea, perdió a su bebé de ocho meses de gestación. La mujer fue trasladada al hospital San Jorge de Pereira, donde falleció después de haber quedado en estado de coma. Después de la verificación de los hechos, el Coronel Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, a nombre de la Octava Brigada del Batallón San Mateo asumió la responsabilidad del hecho y pidió disculpas al CRIR por el error cometido13.

La situación del Alto Andágueda se torna cada vez más crítica, toda vez que en lo que va corrido del año se han presentado dos desplazamientos masivos. El primero de ellos tuvo lugar el 28 de mayo, en el cual, 650 personas de las comunidades Pechugaré y Bajo Curripipí se vieron obligadas a desplazarse hacia la cabecera municipal de Pueblo Rico, debido a enfrentamientos entre el Ejército y las FARC. Días después las familias retornaron al territorio, pero sin las debidas garantías de voluntariedad, dignidad, seguridad y sostenibilidad.

El segundo desplazamiento masivo del año ocurrió el día 18 de julio, a pocas horas de la reunión entre indígenas y gobierno nacional, en la cual se establecieron compromisos por parte de entidades nacionales y entes territoriales en el marco del retorno y reubicación.

Este nuevo desplazamiento, según las organizaciones indígenas, fue ocasionado por un bombardeo del Ejército. Según la organización OREWA, Este hecho tuvo lugar en las comunidades Brisas, Palma, Pescaito, Paságueda, Uripa, Quebrada Monte y Conondo del resguardo del Alto Andágueda por espacio de 50 minutos (de 4 a 4:50 am).

Dicho bombardeo provocó el desplazamiento de más de dos mil personas, quienes se vieron obligadas a desplazarse desde sus comunidades hacia la comunidad de Aguasal.

Es así como desde el evento del bombardeo a la fecha, estas personas viven hacinadas en la institución educativa Enrique Arce de Aguasal, y aunque recibieron apoyo alimentario por parte de la Cruz Roja, aún no ha sido posible la garantía de la atención humanitaria en el marco del decreto ley 4633. Si bien, las autoridades del territorio y la organización regional han tratado de evitar desplazamiento hacia las cabeceras

13ONIC,

24 de Julio de 2012. Comunicado: No existen garantías de seguridad para el retorno Emberá

municipales y ciudades, la situación es tan crítica que después de casi dos meses de hacinamiento, algunas familias empezaron a desplazarse hacia Bogotá.

Cabe anotar que en el Alto Andágueda no existe un goce efectivo de derechos, buena parte de niños y niñas no cuentan con esquema completo de vacunación, varios han muerto por desnutrición, no hay garantías para el acceso a salud, educación, alimentación, además del pésimo estado de los caminos. A esto se suma la importancia que representa el territorio para el sector minero, ante lo cual deben preverse medidas de protección al territorio. Es así como el principal reto del gobierno, consiste en brindar una atención oportuna en el marco de la nueva institucionalidad estipulada por la ley 1448 y decreto ley 4633 de 2011, sin dejar de lado el cumplimiento de las órdenes dictadas por la Corte Constitucional en el auto 004, particularmente el plan de salvaguarda Embera.

Situacion Del Pueblo Afrocolombiano Este escenario de guerra que en la actualidad colombiana contiene una expresa concentración territorial demanda ser leída y analizada en clave de derechos, sobre lo cual, implica suponer dudas frente a la vigencia de la igualdad en derechos para diversos sectores del pueblo colombiano. Por consiguiente, vuelve a matiz la estratificación de derechos en tanto se entiende que hay derechos de primera y de segunda, ante los cuales, el tratamiento y relevancia destinada por la institucionalidad define el rango al que se pertenece.

En esta perspectiva, no es difícil notar en Colombia que el tratamiento diferencial a la luz de los derechos, ha tenido lugar al otorgamiento de la menor relevancia, cuando de pueblos afrocolombianos se trata, la profunda afectación que ya ha sido reconocida por diversos actores del nivel nacional e internacional en el marco del conflicto, no ha tenido lugar a respuestas institucionales proporcionales a la realidad. Puesto en otros términos, la celeridad, competencia y compromiso institucional con las que se abordan los impactos del conflicto en el pueblo afrocolombiano no solo del Litoral Pacífico, sino en las distintas regiones donde se ubican; no es comparativamente equiparable con los mecanismos dispuestos en atención a otros segmentos de la población víctima.

Es pertinente anotar que, siendo desigual el tratamiento institucional, tampoco hay una lectura humanitaria de las problemáticas que el conflicto armado ha venido estructurando, sin que mínimamente se esté revisando y sometiendo a un análisis, las afectaciones en mayor o menor proporción en lógica de derechos. La adopción de un procedimiento que posibilite de forma razonable llegar a consideraciones de fondo para determinar desde el escenario institucional posturas frente a la continuidad o no del conflicto agudo y desproporcionado al que se ha sometido los pueblos afrocolombianos.

Cabe resaltar que los hechos e impactos que hacemos referencia también han sido constato por Verdadabierta en 2010; al cual se refiere a un orden establecido de masacres, asesinatos selectivos, decapitaciones, persecución de líderes, confinamientos y desplazamientos forzados, los cuales, evidencia la proliferación, agudización y degradación del conflicto armado colombiano.

En igual perspectiva y tal como lo ha constatado la Corte constitucional, el impacto del conflicto armado sobre pueblos afrocolombianos ha sido desproporcionado. A fecha del 31 de octubre del año 2010, se habían cometido 10 masacres en municipios de comunidades afrocolombianas, cinco en Barbacoas, y las otras restantes en el charco. La protuberancia y ascendencia significativa de las cifras de asesinatos en municipiosafrocolombianos, también es seguida porel Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia en particular, afirma que desde Enero a Octubre del año 2010 se habían cometido 524 homicidios en el país, y más del 50% entre Tumaco (202), Barbacoas (41), El Charco (16) e Iscuandé (12)”14. Es más, la situación de los municipios de la costa y pie de monte costero del Departamento de Nariñoen 2011 y 2012 continúa evidenciando márgenes de homicidio superior a la media nacional. Las organizaciones de base afrocolombianas y la Diócesis de Tumaco afirman que con la creciente cifra de asesinatos se amplía cada vez más la zozobra, el miedo y la desconfianzade la población en relación con la fuerza pública por el manejo y la falta de transparencia con las cifras de asesinato y homicidios que a todo vapor produce el conflicto armado15.

Posterior a las alertas generadas por los comunicados provenientes del pacifico colombiano el Periódico el Tiempo preciso quelas cifras oficiales permiten afirmar que los homicidios en la población de Tumaco son elevados y extremados en tanto que el riesgo de ser asesinada es 5 veces mayor al promedio nacional16. Sin duda alguna los asesinatos traducen un escenario que talla las apuestas de una dinámica de control territorial por parte de grupos armados como FARC, Rastrojos, Águilas Negras y Bandas de delincuencia y narcotráfico.

Es igualmente preocupante la situación de los territorios de la Costa del Caucadonde la marginalidad y abandono estatal también presentasemejanzas con los pueblos afrocolombianos de la costa nariñense. Lospobladores de la Costa caucanaperviven ensus territorios comodescendientes de las víctimas ocasionadas por la institucionalidad esclavista, hoy los asiste un marco de revictimización por cuenta de los embates del conflicto armado que aterriza y sacude territoriossobre los que pesan valores estratégicos otorgados por la lectura global de economía y geopolítica colombiana.

14Verdadabierta.com. Comunidades afros de Nariño bajo el fuego de un conflicto degradado. Febrero de 2010 15Diócesis de Tumaco. Comunicado público 05 de Septiembre de 2011 y 22 de Agosto de 2012.

16http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12166213.html

Es así como en comunidades que cuentan con medidas de protección en el marco del auto 005 de 2009, la crisis humanitaria se ha agudizado. En esta providencia, la Corte Constitucional identificó una serie de factores de riesgo, los cuales persisten, con el agravante de que el gobierno nacional no ha dado cumplimiento de ninguna de las órdenes del auto 005.

Situación en la costa Pacífica caucana La crisis humanitaria del Norte del Cauca y la postura de las organizaciones indígenas, puso en la agenda del país la situación de esta región, sin embargo, el impacto del conflicto armado en la Costa Pacífica Caucana es aún poco visible. En los municipios Guapi, Timbiquí y López de Micay, con población mayoritariamente afrocolombiana, han tenido lugar frecuentes violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. De igual modo, esta región del departamento reviste un gran interés económico, para el desarrollo de proyectos agroindustriales, y otro tipo de obras y actividades, de igual modo, como una de las rutas para el tráfico de drogas.

La costa Pacífica Caucana, es una región con un altísimo potencial aurífero y de explotación de otros minerales, “según el mapa de catastro minero que reposa en la Corporación Autónoma Regional del Cauca, hay más de 18 títulos mineros y 90 solicitudes pendientes para la explotación de minerales como el oro”17. De manera que la población se ha enfrentado a la envestida tanto de la minería legal como de la ilegal, actividad acompañada por presiones y amenazas por parte de actores armados. Así mismo, el cultivo de palma aceitera y otros intereses del capital público y privado, que implican afectación de las comunidades del pueblo afrocolombiano, sin embargo dichos proyectos se han implementado sin garantías al derecho a la consulta previa y consentimiento previo, libre e informado.

En esta región hace presencia grupos armados post desmovilización, los frentes 29 y 60 de las Farc, y las columnas Milton Hernández, y Lucho Quintero del Eln, quienes se disputan el control del territorio.

Las violaciones a derechos humanos y DIH persistieron durante el primer semestre del 2012. A pocos días del inicio de año, Cococauca denunció asesinatos, acciones bélicas y violaciones a derechos humanos y DIH. Los comunicados de Enero y Febrero refirieron muertes violentas cada dos días en Guapi, heridos, amenazas, enfrentamientos y acciones de control territorial por parte de los grupos armados que tuvieron como consecuencia el confinamiento de la población y el temor por el recrudecimiento del conflicto armado en la región.Igualmente, OCHA, en su boletín humanitario No. 5-6, del 27 de febrero al 18 de marzo, señaló que “Desde el 1 de marzo se han registrado al menos 17

El Espectador. Entre la minería legal, ilegal y tradicional. La ruta del oro en el Cauca. 6 de marzo de 2012,

tres incursiones y ataques contra la Fuerza Pública por parte de grupos armados no estatales en la cabecera municipal de Timbiquí. Los ataques dejaron cuatro civiles heridos, entre ellos un menor de edad. Además, hubo daños en las redes eléctricas y en viviendas y bienes civiles. La zona céntrica del casco urbano ha sido desalojada”.

El fenómeno del confinamiento y el desplazamiento intraurbano, ha tenido lugar en el municipio de Guapi por causa del control de actores armados sobre territorios rurales y la cabecera municipal. El 13 y 14 de Febrero, se reportó el desalojo violento de 45 viviendas del Barrio Santa Mónica de Guapi, al parecer, por parte de los Rastrojos.

Cococaucaseñaló en su comunicado que “En este barrio residen alrededor del 40% de personas desplazadas que están siendo revictimizadas, sitio donde también se aumentaron los reclutamientos forzados a menores.”.

En lo que va corrido del segundo semestre del año, El consejo comunitario mayor Cococauca, reporta acciones bélicas, fumigaciones a territorios colectivos, asesinatos, violencia sexual, víctimas de artefactos explosivos, en los municipios de la Costa Pacífica Caucana. En distintas regiones del país, organizaciones de base y étnico territoriales, han denunciado efectos nocivos de las fumigaciones sobre la salud y los cultivos de pancoger. En la costa pacifica caucana, las fumigaciones son frecuentes, las organizaciones han denunciado fumigaciones incluso en 3 ocasiones en menos de 15 días.

De igual modo, del 24 de julio al 19 de Agosto Cococauca reporta 4 explosiones en instalaciones de infraestructuras militares en Guapi y en zonas cercanas a estas, lo cual ha tenido como consecuencia el desplazamiento intraurbano de varias familias, el cual no es visibilizado en los registros, y ha provocado heridas y muertes a pobladores que habitan o transitan cerca de las instalaciones militares. Cabe anotar que las instalaciones militares, se encuentran muy cerca del casco urbano, lo cual implica riesgos para la población civil y en razón de ello, frecuentes infracciones al DIH.