Documentos CODHES 22 El día que se dañó la tranquilidad

• Chocó: agua y fuego • Las mujeres en la guerra: de la desigualdad a la autonomía política • Cifras e indicadores del desplazamiento forzado y derechos humanos en Colombia • Las repatriaciones: obstáculos, retos y alternativas para alcanzar la integración local • En el borde del conflicto: Guerra y desplazamiento en las fronteras • Huyendo de la guerra • En los límites del Plan Ecuador • Tras las huellas del conflicto • Desplazamiento forzado y enfoques diferenciales • Los límites de la guerra • Arauca: Dilemas de guerra, desafíos humanitarios • Confinamiento: la otra cara de la crisis humanitaria y de derechos humanos • Tensión en las fronteras: un análisis sobre el conflicto armado, el desplazamiento forzado y el refugio en las fronteras de Colombia con Ecuador, Venezuela y Panamá • Las sobrevivientes cuentan: la experiencia de las mujeres en las masacres de Chengue y El Tigre • Inclusión desde la diversidad: una caracterización de las minorías étnicas en situación de desplazamiento forzado en Barrancabermeja • Política pública para mujeres en situación de desplazamiento, Auto 092: Un proceso de incidencia social

En el Auto 092 de 2008, la Corte Constitucional, con base en la existencia de 183 casos conocidos de violencia sexual (VS) en el marco del conflicto armado en Colombia, estableció que “la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano” (acápite III.1.1.1.). Esta caracterización planteó el interrogante sobre la posible presencia de crímenes de lesa humanidad en los casos de VS, a pesar de que la Corte no afirmó expresamente que estos constituían dicho crimen internacional. Por esta razón, además de ordenar al Estado prevenir, juzgar y sancionar los hechos delictivos, invitó a determinadas organizaciones sociales a dar inicio a un seguimiento riguroso de este fenómeno.

CODHES, en el marco de esta invitación, ha realizado una labor de acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las órdenes emitidas por dicho tribunal, incluidas aquellas referidas al Anexo reservado de 183 hechos de VS. De esta forma, en diciembre de 2009 publicó, en una primera etapa, el informe Las sobrevivientes cuentan y, con la decisión de seguir adelante en la labor de investigación encomendada, inició una segunda etapa en la que hoy presenta el documento El día en que se dañó la tranquilidad. Este último tiene como objetivo principal investigar, analizar e indagar los hechos de VS ocurridos contra las mujeres en las masacres de La Gabarra de 1999 y del Alto Naya de 2001. Asimismo, pretende ir más allá de la mera documentación o recuperación de la memoria de los casos estudiados para unirse a los esfuerzos de la academia y de organizaciones sociales en abordar el tema de la VS u otras formas de violencia contra la mujer en contextos de conflicto armado desde otra perspectiva.

Este documento corresponde al trabajo y valentía de estas mujeres, víctimas y sobrevivientes del conflicto armado colombiano. Sus voces se introducen por medio de estos espacios en el debate democrático para reforzar la existencia de verdades no oficiales y plantear nuevas hipótesis con el fin de prevenir la repetición de este tipo de conductas. Determinar en el contexto los arreglos de género y la ocurrencia de violaciones sexuales puede representar la forma adecuada para crear políticas públicas que no solo tiendan a retribuir el daño ocasionado, sino a prevenir este tipo de violencias y a dar garantías suficientes para proteger la dignidad humana de cada persona.

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

• ¿Consolidación de qué? Informe sobre el desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia 2010 • Territorios en confrontación: impacto del conflicto armado sobre la población civil en la Orinoquía y Amazonía Colombiana

CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS

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La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES- es una organización no gubernamental de carácter internacional que promueve la realización y vigencia integral de los derechos humanos de las personas desplazadas, refugiadas y migrantes teniendo como referente, en casos específicos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Refugiados y los Principios Rectores sobre los Desplazamientos Internos.

Desde los Derechos Humanos, CODHES asume como mandato la construcción democrática de la paz, la justicia y equidad social, como vía segura para prevenir el desarraigo, el destierro y el despojo.

Violencia sexual en las masacres de La Gabarra y el Alto Naya

CODHES 22 El día en que se dañó la tranquilidad

Documentos CODHES

Lina María Céspedes-Báez

El día en que se dañó la tranquilidad Violencia sexual en las masacres de La Gabarra y el Alto Naya

Lina María Céspedes-Báez

DOCODHES 22 umentos

El día en que se dañó la tranquilidad Violencia sexual en las masacres de la Gabarra y el Alto Naya

CONTENIDO 7 AGRADECIMIENTOS

Bogotá, agosto de 2011

ISBN: 978-958 99715-5-0 © Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES

8 PRESENTACIÓN 10 RESUMEN EJECUTIVO 12 INTRODUCCIÓN

Marco Romero Presidente

Jorge Rojas Director

Lina M. Céspedes-Báez Dirección de la investigación y redacción

Lina M. Céspedes-Báez, Bibiana Ortiz y Nina Chaparro Área de Género CODHES

Bibiana Ortiz Apoyo para diseño y ejecución del trabajo de campo en la Gabarra y en el Alto Naya

CODHES Cra. 6 Nº 34-62, oficina 302, Bogotá D. C. Tel.: (57-1) 232 5666 codhes@codhes.org www.codhes.org

CAPÍTULO 1

15 RAZÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA

CAPÍTULO 2

31 CONTEXTO: LAS DINÁMICAS DEL CONFLICTO

32 Contexto nacional 35 Contexto en La Gabarra, Norte de Santander 37 Contexto en el Alto Naya, Cauca

CAPíTULO 3

43 LAS MASACRES: ¿DÓNDE ESTABAN LAS MUJERES?

44 La Gabarra: “Díganle a la gente que pa’ allá vamos” 51 El Alto Naya: “Si dicen algo, no queda ni el nido de la perra”

CAPíTULO 4

59 “ESTO NO ES PURO CUENTO”. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN LOS TALLERES Y ENTREVISTAS

CAPÍTULO 5

67 CONTAR PARA ACTUAR

Marta Rojas Preparación editorial

Martha Gómez Diseño

Emma Ariza Revisión de textos

Daniel Hincapié Mapas

Mujeres de La Gabarra Imagen de portada

Ediciones Antropos Ltda.

Cra. 100B Nº 75D- 05, Bogotá D.C. Colombia PBX: (57-1) 433 7701 Impresión

CAPÍTULO 6

71 CONCLUSIONES 74 Línea de tiempo

Agradecimientos Este informe es producto de un trabajo en equipo, cuyas protagonistas fueron las mujeres de La Gabarra y el Alto Naya que decidieron valientemente participar en este proyecto. Sin ellas, este documento no hubiera sido posible. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) agradece la confianza que ellas depositaron en la organización y la generosidad con que asumieron este diálogo.

Asimismo, CODHES quiere reconocer especialmente a la Embajada de Canadá y al Consejo Noruego de Refugiados por la financiación de esta segunda etapa en la investigación de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado colombiano.

CODHES también agradece la colaboración de personas y organizaciones que nos abrieron las puertas para entrevistas, nos facilitaron los contactos y discutieron con nosotros la metodología y los hallazgos de la investigación. Merecen especial mención Alejandra Miller, de la Ruta Pacífica (Cauca); Yolvi Padilla, de Geneva Call; Alexandra Quintero y Liliana Chaparro, de la Corporación Sisma Mujer; y Luz Piedad Caicedo, de la Corporación Humanas. A Viviana Krsticevic y Alejandra Vicente, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), les debemos la oportunidad de poder presentar el primer informe en Washington, D.C., y establecer un constante intercambio de ideas y materiales. A Elisabeth J. Wood, un reconocimiento por el tiempo que le dedicó a la discusión de la metodología y los hallazgos preliminares.

Finalmente, es esencial mencionar a Luis González, ex director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación (FGN), y a Patricia Hernández y Édgar Carvajal Paipa, fiscales de esta Unidad, quienes con su preocupación por la violencia sexual en Colombia han ido abriendo espacios de discusión y reflexión en el interior del Estado, donde informes como este han tenido resonancia gracias a su incansable labor.

En enero de 2011, la Fiscalía General de la Nación publicó un informe en el que documenta 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas. Se conoce que el 10% de la población se encuentra en condición de desplazamiento (5,2 millones de personas entre 1985 y 2010) y que alrededor de 380 mil personas buscaron o siguen buscando refugio en 36 países del mundo. En su mayoría, las víctimas no eran combatientes. Eran hombres, mujeres, niños y niñas en estado de indefensión que fueron atacados sin que a los agresores les importara su condición de población civil, mucho menos que se tratara de personas protegidas por el derecho internacional humanitario.

En la cotidianidad de un conflicto armado tan prolongado, la muerte y el dolor se observan como una tragedia lejana a la que, casi siempre, se responde con indiferencia.

Así se paraliza una sociedad, a veces indolente, a veces impotente, una sociedad que se resguarda en los centros urbanos, de espaldas a lo que ocurre en las zonas de la guerra, en las montañas, las fronteras, las selvas y los ríos. Así, las cifras de la guerra muestran la magnitud de la violencia, el panorama de la confrontación, la crisis humanitaria y la degradación del conflicto, pero no revelan la forma como ocurrieron los hechos.

Se sabe de masacres, de asesinatos selectivos, de sicarios que disparan y huyen, de bombas y de atentados, pero siguen siendo noticias de la violencia que hacen invisible las formas a las que acuden los victimarios para causar más dolor, para generar terror, para provocar pánico y generalizar el miedo. Matar al adversario, real o supuesto, no basta. A veces, civiles son disfrazados de enemigos y dados de baja como “combatientes” para producir “positivos”. En ocasiones se tortura hasta provocar la muerte. La destrucción y el despojo son parte del mensaje que crea el imaginario de la guerra, la imagen de la tierra arrasada que antecede al desplazamiento forzado. Pero hay otras formas de imponer el miedo, de confirmar quién manda, de recordar que los guerreros buscan trofeos para reafirmarse entre sí y humillar al adversario o a quien califican como tal. Se agrede a las mujeres para reafirmar una supuesta “hombría” entre la tropa o para decirles a las víctimas que el poder de las armas está acompañado de un poder masculino. Hombres con armas que abusan sexualmente de mujeres sometidas por la fuerza, ultrajadas en su cuerpo y estrujadas en su dignidad.

La violencia sexual ha sido una constante en las historias de guerras y contiendas armadas en la Colombia de comienzos y mediados del siglo XX y sigue siendo una práctica constante, sistemática y deliberada en la que incurren todos los que participan en el conflicto. Así mismo, el alto grado de impunidad en la judicialización de estos crímenes constata la existencia de una cultura patriarcal y machista que permea los órganos estatales. Según el cuarto informe de seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual, elaborado por la Mesa de Seguimiento, de los casos de violencia sexual tramitados hasta el 29 de septiembre de 2010 por la Fiscalía General de la Nación, en la actualidad, luego de tres años de la expedición del Auto, 140 se encuentran en la etapa de investigación sin tener vinculado a un presunto autor (73,3%), solo 17 casos se encuentran en juicio (8,96%) y 16 se encuentran en etapa de investigación con vinculación del presunto autor (8,9%).1

La Corte Constitucional, en el más importante ejercicio de goce efectivo de derechos para las personas desplazadas, ordenó a la Fiscalía abordar específicamente el tema de la violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto armado y determinó que hay casos emblemáticos que deben ser resueltos como acción ejemplarizante de la justicia. La respuesta, sin embargo, sigue siendo lenta y la acción de los servidores de la justicia desconoce procedimientos que salvaguarden la dignidad de las víctimas que siguen prefiriendo el anonimato que prolonga la impunidad.

La Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de víctimas presentada por el Gobierno y aprobada por el Congreso de la República, incorpora medidas específicas para las mujeres víctimas de violencia sexual, particularmente en lo relacionado con el tema probatorio en el marco de procesos judiciales, situación que ha sido quizás una de las principales causas de la revictimización.

Pero, ¿cómo acercar a las mujeres agredidas sexualmente en medio del conflicto armado para que ejerzan sus derechos y contribuyan a que se conozca la verdad, se haga justicia y se repare a las víctimas? Aproximarse a esta realidad, identificar patrones y comportamientos de agresividad sexual asumidos antes, durante y después de las masacres, leer los códigos con los cuales se construye el lenguaje intimidante de los agresores y conocer las historias desde el relato de las mujeres hacen parte de los propósitos de las investigaciones realizadas por CODHES con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados y la Embajada de Canadá.

Las masacres de Chengue (departamento de Sucre) y La Hormiga (departamento del Putumayo) fueron el comienzo de una tarea que ahora continúa con el análisis de las incursiones paramilitares en el Alto Naya y La Gabarra, cuya ruta de muerte y desplazamiento seguimos en clave de derechos de las mujeres. Conocer la verdad desde el relato de las víctimas, sin perder de vista el contexto en el que se producen los hechos violentos ni los intereses que representan los victimarios, es parte de lo que intenta explicar este estudio.

Por alguna razón, el conflicto armado en Colombia se dirige y se orienta desde cuarteles masculinos. Son hombres los miembros de la cúpula militar, de los secretariados y los comandos centrales, de los bloques que se proclaman como “héroes”. ¿Cómo entender la violencia sexual contra las mujeres desde esta masculinidad en un país en el que predomina una visión machista de la guerra? Si bien hay mujeres en las filas de los grupos armados y de las Fuerzas Militares, es evidente que la guerra sigue siendo profundamente masculina en su concepción y dirección, aun cuando, paradójicamente, sus consecuencias deben leerse en perspectiva de género.

CODHES presenta este informe reconociendo el valor de las sobrevivientes y las víctimas, con profundo respeto por las comunidades que padecieron (y siguen padeciendo) las consecuencias de la degradación del conflicto y con la esperanza de que la voz digna de las mujeres contribuya a que, por fin, se haga justicia.

Jorge Rojas R. Presidente de CODHES

1 Mesa de Seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional, Anexo reservado, “Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual”, mayo de 2011.

PRESENTAción

9

En el Auto 092 de 2008, la Corte Constitucional, con base en la existencia de 183 casos conocidos de violencia sexual (VS) en el marco del conflicto armado en Colombia, estableció que “la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano” (acápite III.1.1.1.).

Esta caracterización planteó el interrogante sobre la posible presencia de crímenes de lesa humanidad en los casos de VS, a pesar de que la Corte no afirmó expresamente que estos constituían dicho crimen internacional. Por esta razón, además de ordenar al Estado prevenir, juzgar y sancionar los hechos delictivos, invitó a determinadas organizaciones sociales a dar inicio a un seguimiento riguroso de este fenómeno.

CODHES, en el marco de esta invitación, ha realizado una labor de acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las órdenes emitidas por dicho tribunal, incluidas aquellas referidas al Anexo reservado de 183 hechos de VS. De esta forma, en diciembre de 2009 publicó, en una primera etapa, el informe Las sobrevivientes cuentan y, con la decisión de seguir adelante en la labor de investigación encomendada, inició una segunda etapa en la que hoy presenta el documento El día en que se dañó la tranquilidad. Este último tiene como objetivo principal investigar, analizar e indagar los hechos de VS ocurridos contra las mujeres en las masacres de La Gabarra de 1999 y del Alto Naya de 2001. Asimismo, pretende ir más allá de la mera documentación o recuperación de la memoria de los casos estudiados para unirse a los esfuerzos de la academia y de organizaciones sociales en abordar el tema de la VS u otras formas de violencia contra la mujer en contextos de conflicto armado desde otra perspectiva.

Los criterios que se tuvieron en cuenta para escoger como objeto de estudio las masacres de La Gabarra y el Alto Naya fueron: (i) la unidad de análisis debía ser una masacre, no en el entendido de una unidad totalizadora, sino como un punto de partida espacio-temporal; (ii) los eventos debían seleccionarse con base en documentos distintos RESUMEN EJECUTIVO

al de Amnistía Internacional, Cuerpos marcados, crímenes silenciados, por cuanto era importante abrir el espectro a los nuevos informes que durante los últimos años estaban cobrando relevancia en torno al tema objeto de investigación; (iii) las masacres debían tener características diversas en cuanto a la finalidad, las dinámicas del conflicto y los arreglos de género; (iv) era conveniente que los casos evidenciaran características distintas a las masacres de Chengue y El Tigre, analizadas en el informe Las sobrevivientes cuentan.

El documento se encuentra dividido en seis capítulos. El primero expone la razón de la investigación y la metodología. El segundo, titulado “Contexto: las dinámicas del conflicto”, profundiza en las dinámicas locales, regionales y nacionales del conflicto armado. El tercero, denominado “Las masacres: ¿dónde estaban las mujeres?”, recoge los relatos de las mujeres entrevistadas.

El cuarto, “Esto no es puro cuento”, se centra en el análisis de la información reunida en los talleres y entrevistas. El quinto, “Contar para actuar”, pretende hacer una serie de reflexiones sobre la contribución de estos relatos a la verdad social y jurídica. El último presenta las conclusiones de la investigación y las pone a consideración del lector.

En cuanto a la metodología, esta tuvo principalmente tres fases. Una primera de revisión documental, cuyos referentes fueron decisiones judiciales, informes de otras organizaciones sociales, textos académicos y lo informado por los medios de comunicación. Una segunda que se enfocó en las entrevistas con expertos, como fiscales, investigadores y académicos. Y una tercera que consistió en la síntesis de los talleres y entrevistas con los/ las sobrevivientes de las masacres.

La investigación se pensó como una oportunidad para reconstruir la dignidad de las víctimas, entendida, en términos de Hanna Arendt, como la posibilidad de vivir en una comunidad política en donde se puede emitir un juicio, una opinión y, en general, participar en lo público. En ese sentido, se dio prioridad a su participación y se procuró conseguir una verdad que tuviera como

base el diálogo entre estas y la inclusión de sus narraciones en las versiones oficiales de los hechos.

Las víctimas, como protagonistas de los relatos, constituyeron a su vez elementos de análisis para la prevención e investigación de la VS en el marco del conflicto armado colombiano.

La estrategia metodológica se realizó sobre el supuesto de que los casos de VS podrían enmarcarse en el lenguaje del derecho penal internacional como crímenes de lesa humanidad. Esto exigió ahondar en el estudio del contexto de cada caso para así verificar su carácter sistemático y/o generalizado en contra de la población civil, es decir, para establecer la existencia o no de este tipo de crímenes. Lo anterior permitió una aproximación más compleja en la que, por ejemplo, se logró determinar que lo antes percibido como un acto aislado, se podía entender ahora como elemento de una estrategia de control por parte del grupo armado. De igual forma, la importancia de determinar el contexto se incrementa, ya que puede convertirse en un elemento probatorio significativo respecto a aquellas situaciones, como es el caso de las violaciones sexuales en el conflicto armado colombiano, en las que la coerción restringe el consentimiento. Cabe mencionar que este último es de muy difícil comprobación debido a factores como miedo, vergüenza o por las exigencias de realización de la prueba por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Esta lógica de investigación constituye un importante aporte para el estudio de la VS en el conflicto armado colombiano y, asimismo, cuestiona la forma en que tradicionalmente los investigadores y operadores jurídicos se han acercado a este tema.

En el caso concreto, pone en evidencia el permanente ambiente de coerción presentado antes, durante y después de las masacres de La Gabarra y el Alto Naya, lo que permitió corroborar que la pregunta por el consentimiento de las víctimas de VS se tornaba insuficiente en el proceso. Por consiguiente, la actividad probatoria debía desplazarse de la voluntad o comportamiento de la víctima a los hechos susceptibles de ser comprobados.

A partir de los resultados del presente informe se presentan una serie de conclusiones fundamentadas en el propósito de incluir a las mujeres víctimas y sobrevivientes de las masacres como protagonistas de los relatos y agentes de sus derechos. La investigación, más que un espacio de juicios o interrogatorios, debe ser asumida como un escenario de participación en donde se reclaman derechos, se revelan historias, se construye verdad y se hace parte de una comunidad política. Pueden resaltarse dos conclusiones principales: la primera insiste en que las investigaciones sobre VS deberían trabajar con hipótesis que permitan establecer un vínculo entre el hecho punible y los objetivos estratégicos del grupo armado, con el fin de no dar por hecho la existencia de conductas aisladas que pueden ser parte de una cadena de acontecimientos o el preludio de nuevos sucesos como masacres. La segunda muestra las ventajas de haber implementado una metodología basada en la existencia de un crimen de lesa humanidad, puesto que evidenció el papel principal que tiene la determinación del contexto en la investigación de este tipo de delitos. En efecto, las dificultades que se presentan en fundamentar la prueba sobre el consentimiento de la víctima pueden ser superadas, si se toma una perspectiva donde la carga de la prueba se vuelque al contexto y sean los hechos objetivos los que determinen la situación de coerción.

El documento que hoy se presenta corresponde al trabajo y valentía de estas mujeres, víctimas y sobrevivientes del conflicto armado colombiano. Sus voces se introducen por medio de estos espacios en el debate democrático para reforzar la existencia de verdades no oficiales y plantear nuevas hipótesis con el fin de prevenir la repetición de este tipo de conductas. Determinar en el contexto los arreglos de género y la ocurrencia de violaciones sexuales puede representar la forma adecuada para crear políticas públicas que no solo tiendan a retribuir el daño ocasionado, sino a prevenir este tipo de violencias y a dar garantías suficientes para proteger la dignidad humana de cada persona.

11

INTRODUCCIÓN “Afortunadamente a mí no me sucedió nada, pero a otras mujeres sí; durante la masacre no violaron a las mujeres1, sino después; cuando le gustaba una mujer al comandante se la llevaban y si era casada, le decían al esposo: ‘no se preocupe, ya se la traemos’; a otras, las obligaban a cocinarles, lavarles sus vestidos y después a algunas las dejaban ir, las demás no sabemos qué pasó”.

Claudia, mujer de La Gabarra2

Esta investigación tuvo por objetivo indagar por la ocurrencia de eventos de violencia sexual contra las mujeres en el contexto de dos masacres en Colombia, La Gabarra (1999) y Alto Naya (2001). Su metodología tuvo un alto componente de contribución directa de las mujeres a través de entrevistas grupales o individuales. El fin primordial era hacer de este trabajo una oportunidad para afianzar y proteger la dignidad de ellas por medio de su protagonismo en la reconstrucción del evento violento en primera persona. De esta forma, las historias y el análisis que aquí se recogen no son solo testimonio de una vivencia, en realidad son construcción de comunidad política, participación y afianzamiento de la agencia de estas mujeres, de los funcionarios que colaboraron y de los académicos que se interesaron por esta labor.

La verdad ha sido un bien esquivo en el conflicto colombiano, precisamente porque se ha buscado tener una sola versión de los hechos y acallar las voces disímiles, disidentes y contradictorias. Tal vez, la verdad se ha ido escapando porque ha sido difícil entender que esta verdad que se añora es un proceso, un discurso, un diálogo político en el que distintas voces chocan, se abren paso, se bifurcan (Payne, 2008). De esta manera, esta investigación se propuso alentar un diálogo entre las víctimas de las masacres, enmarcado en una metodología que permitiera rebasar la simple anécdota y brindara elementos de análisis para la prevención e investigación de la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano.

En 1951, Hannah Arendt escribió que la dignidad humana necesitaba una nueva garantía, una nueva forma de ser protegida y asegurada, pues la vida sin esta no constituía un valor por sí mismo, algo que mereciera ser defendido (Arendt, 1994). Arendt estaba preocupada por lo sucedido en la primera mitad del siglo XX y por lo que los regímenes totalitarios y las burocracias estaban creando: personas totalmente excluidas, sin posibilidades de participación política y reclamo de sus derechos, en pocas palabras, seres humanos que fácilmente podían desecharse, es decir, individuos a los que fácilmente podía sometérseles a tortura, desapariciones y experimentos. Por esta razón, Arendt no solo dedicó múltiples libros a la comprensión de qué generaba y permitía este tipo de atrocidades, sino a la identificación y explicación de lo que hace digna la vida de un ser humano: la acción.

En La condición humana, Hannah Arendt (1998) explica que todo ser humano es un principio en sí mismo, un individuo signado por la encrucijada de ser igual a los demás en la común humanidad, que a veces puede ser terrorífica, pero con la posibilidad de ser distinto y único por ser un comienzo y una potencialidad. Si bien este ser puede trabajar y existir en el mundo, lo único que le otorga dignidad es que puede actuar, en el sentido de vivir en una comunidad política y crear, ser el comienzo de un movimiento, emitir una opinión o callar cuando lo considere necesario. De esta manera, la acción tiene como escenario principal 12 El día en que se dañó la tranquilidad

el espacio público donde los derechos son reconocidos, donde la justicia y la libertad son objetivos que se persiguen constantemente y donde la responsabilidad es la contrapartida al reconocimiento de la autonomía. Para Arendt, las personas son seres sociables y políticos por excelencia, de ahí que la participación en la construcción del espacio y la opinión pública sean determinantes para acceder a la dignidad.

En el caso de Colombia, la presencia del conflicto armado en la vida de las personas ha generado graves amenazas y violaciones a la dignidad humana de los nacionales, residentes y extranjeros. Esto se hace evidente, no solo en la comisión de delitos y atrocidades masivas sino en el deterioro de los espacios de participación política. La violencia no solo impacta el cuerpo y la psiquis de los individuos, también afecta el tejido social e impide la libertad de expresión y asociación, derechos determinantes en la construcción de lo público. Para el caso de las mujeres, la violencia asociada al conflicto ha significado una variable más que se suma a los mecanismos tradicionales de discriminación, ya que ha convertido los espacios públicos en ámbitos tanto de difícil acceso como de peligro y miedo. A su vez, asociado a las luchas por el territorio y la hegemonía en ciertas zonas, los grupos armados legales e ilegales han ido estableciendo normas de control social que han favorecido el heterosexismo, en pocas palabras, arreglos de género tradicionales con su división estricta entre lo público/ masculino, lo privado/femenino1. En este contexto, tener una vida pública, ya sea a través del activismo, de lo político, del magisterio, de la prestación de servicios de salud o del comercio, representa para una mujer un aumento en el riesgo de ser atacada o amenazada.

Por lo menos desde el año 2000, las organizaciones de mujeres y de derechos humanos han venido documentando estos hechos y poniéndolos en conocimiento del Estado colombiano y de la comunidad internacional. De la misma manera, han realizado una extensa labor para poner al descubierto el uso de la violencia sexual como estrategia propia de los actores armados para alcanzar sus objetivos. En el año 2008, la Corte Constitucional expidió el Auto 092, en el que hizo un reconocimiento de la incidencia de la violencia sexual y otro tipo de violencias contra las mujeres en el contexto del conflicto armado y le ordenó al Estado prevenir, juzgar y sancionar estos hechos delictivos. Esta providencia judicial dio inicio a una investigación más sistemática sobre el fenómeno y propició un diálogo constante al respecto entre esta corporación y los actores y organizaciones sociales.

Lo anterior ha permitido abrir espacios de debate frente a afirmaciones que anteriormente eran contundentes e indiscutibles. Especialmente, ha permitido poner en tela de juicio la premisa de que la violencia sexual del conflicto no es más que el recrudecimiento de la violencia sexual en tiempos de paz (Amnistía Internacional, 2004; Consejería de Proyectos, 2006; Oxfam Internacional, 2009). Más allá de la discusión teórica o empírica al respecto, este giro en los supuestos de la investigación le ha dado paso a hipótesis más complejas que se preguntan por la mayor o menor incidencia dependiendo de los contextos (Walker, 2009, pp. 18-62). Por ese motivo, en este trabajo se les dio relevancia a factores como la finalidad atribuida a la masacre, su modus operandi, la dinámica del conflicto armado y los arreglos de género. El resultado es un acercamiento a las discontinuidades de la violencia sexual en el conflicto armado, a su predominio en etapas de control y consolidación del grupo armado 1

Para ahondar en esta afirmación se pueden consultar los informes de la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado (2001-2009).

Introducción 13

en la región y a su aparición intermitente en las masacres. Asimismo, el estudio da cuenta de que los arreglos de género permiten prever no solo qué mujeres serán atacadas o amenazadas con este hecho delictivo, sino quiénes podrán y se sentirán más cómodas al hablar de ello.

La exposición está dividida en seis capítulos. El primero de ellos expone la razón de esta investigación y la metodología, el segundo ahonda en las dinámicas nacionales, regionales y locales del conflicto armado, el tercero se detiene en los relatos de las mujeres, el cuarto analiza la información, el quinto reflexiona brevemente sobre la contribución de estos relatos a la verdad social y jurídica y el sexto pone en consideración del lector algunas conclusiones.

CAPÍTULO 1

Razón de la investigación y metodología

14 El día en que se dañó la tranquilidad

15

“Una nación está construida sobre grandes olvidos y grandes actos de memoria”.

Hermann Giliomee1

En abril de 2010, CODHES inició la segunda etapa en sus investigaciones sobre violencia sexual en contra de las mujeres, en el marco del seguimiento al cumplimiento del Auto 092 de 2008. Tras los hallazgos de la primera etapa, recogidos en la publicación Las sobrevivientes cuentan (CODHES, 2010), la organización decidió seguir adelante con la labor que le fuera encomendada por la Corte Constitucional en 2008: procurar el acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, especialmente a aquellas referidas en el Anexo reservado2 de dicha providencia. Desde el comienzo, esto supuso (i) convocar a las demás organizaciones de la sociedad civil y de base interesadas en la promoción de los derechos humanos de la población desplazada y de las víctimas del conflicto para la conformación de unas mesas de seguimiento, y (ii) el establecimiento de una estrategia de investigación en el interior de CODHES que permitiera avanzar en la comprensión del fenómeno de la violencia basada en el género (VBG)3 en el marco del desplazamiento y del conflicto armado.

La convocatoria de las demás organizaciones derivó en el establecimiento de las dos mesas de seguimiento al Auto 092, que producen básicamente informes para la Corte Constitucional respecto del cumplimiento de sus órdenes puntuales, las cuales podrían ser resumidas en acceso a la justicia para las mujeres sobrevivientes de violencia de género en el marco del conflicto armado y el diseño e implementación de los programas especialmente dirigidos a las mujeres en situación o riesgo de desplazamiento. La estructuración de una estrategia investigativa en el interior de CODHES supuso una profundización en el contenido del Auto 092 y una reflexión respecto de los avances realizados por otras organizaciones en este campo, con el fin de no duplicar esfuerzos y sacar mayor provecho de los recursos disponibles.

Ahondar en la argumentación del Auto 092 implicó prestar especial atención al lenguaje jurídico utilizado por la Corte, especialmente a aquel que señaló que la violencia sexual en contra de las mujeres era “una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano […]” (2008, acápite III.1.1.1), el cual sugería la adecuación típica de dichas conductas como crímenes de lesa humanidad. Si bien la Corte, 1

Payne (2008, p. 30).

2

El Anexo reservado del Auto 092 de 2008 contiene 183 casos catalogados como de violencia sexual en el contexto del conflicto armado colombiano. La información contenida en el Anexo proviene de diversas fuentes, de las cuales merecen ser destacadas las siguientes: (i) ONG colombianas que pusieron en conocimiento de la Corte Constitucional los hechos, en la sesión de información técnica respecto del tema de mujeres llevada a cabo por este tribunal en el marco del seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, la cual declaró el estado de cosas inconstitucional respecto del desplazamiento forzado en Colombia; (ii) el informe Cuerpos marcados, crímenes silenciados, elaborado por Amnistía Internacional y publicado en 2004; (iii) los informes de organismos internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2006 y 2002), y (iv) de noticias publicadas en revistas como Semana.

3 Se ha entendido que la violencia basada en el género “es cualquier daño perpetrado contra la voluntad de una persona que está enraizado en desigualdades de poder relacionadas con los roles de género.Incluye violencia física, sexual y psicológica, amenaza de violencia, coerción o privación arbitraria de la libertad” (Ward y Brewer, 2004, p. 22).

16 El día en que se dañó la tranquilidad

en la extensa narración y argumentación de su decisión, no hizo uso específicamente de este concepto jurídico, propio del derecho penal internacional, sí se detuvo en las circunstancias de utilización y los fines perseguidos por la violencia sexual en contra de las mujeres y tocó en varias ocasiones el universo más amplio de la VBG. Esta forma de enfrentar el tema permitió trasladar la discusión jurídica institucionalizada de este tipo de violencia del campo de los efectos colaterales del conflicto al de los contextos de ataques generalizados y/o sistemáticos en contra de la población civil; en otras palabras, recogió lo que muchas organizaciones de mujeres ya habían expresado desde, por lo menos, principios del siglo XXI4, y encuadró una conducta muchas veces minimizada en el conflicto en el repertorio de violencias graves y atroces5.

Esta interpretación sugirió una conexión con el elemento internacional de la conducta, es decir, el contexto, aquello que transforma un hecho cometido en cierta jurisdicción en algo de interés para la comunidad internacional6. Por supuesto, el alto tribunal no se detuvo en el asunto, pero sin abandonar la premisa de la habitualidad y generalidad de los hechos, ordenó a la Fiscalía General de la Nación investigar lo que ha venido ocurriendo en esta materia. Esta incorporación del lenguaje del derecho penal internacional en el tratamiento judicial de las conductas de violencia contra las mujeres supuso, entonces, la pregunta por el contenido de un crimen de lesa humanidad y la necesidad de ahondar en su contexto. En efecto, una conducta puede ser común y extendida, como lo puede ser el homicidio en una ciudad contemporánea, pero solo podrá calificar como crimen de lesa humanidad si esa habitualidad está encuadrada en un contexto en el que existe un ataque sistemático y/o generalizado en contra de la población civil en que el perpetrador actúa con conocimiento de dicho ataque.

Se entiende por ataque la comisión múltiple de actos de maltrato a la población civil7.

Cuando se habla de generalización, el factor determinante es el cuantitativo, es decir, el número de víctimas. Por su parte, la sistematicidad hace referencia al aspecto cualitativo en el que

4

Ya la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, había expresado en su informe de 2002 que la violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano podía constituir crimen de lesa humanidad (ONU, 2002). En los informes de la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado se comienza a rastrear el uso del término desde el IV informe, en el que se empieza a incorporar el Estatuto de Roma como normativa relevante para estudiar la violencia que afecta especialmente a las mujeres. Ya a partir del VI informe se expresa contundentemente que los delitos sexuales son crímenes de lesa humanidad (Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, 2006).

Los informes de la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado pueden considerarse representativos de un amplio sector de las organizaciones de mujeres, por cuanto en su seno se reúnen algunas de las organizaciones no gubernamentales (ONG) más representativas en la materia.

5

Para una discusión más profunda sobre los aciertos y desaciertos de esta estrategia de la Corte, ver Céspedes-Báez (2010, pp. 1-14).

6

“De la misma manera, se dice que el contexto es propiamente el elemento internacional del crimen, en otras palabras, lo que transforma una conducta cometida en cierta jurisdicción en un asunto de interés de la comunidad internacional. En esta lógica, esta característica permite diferenciar actos aleatorios de violencia de los crímenes de lesa humanidad y, además, reconoce la vulnerabilidad aumentada de la víctima y la gravedad de la conducta. En efecto, una persona que es atacada en un ámbito de violencia generalizada y/o sistemática tiene a la mano menos medios de defensa que aquella que es víctima de un ataque aleatorio en un medio en el que la violencia no tiene estas notas específicas. Asimismo, el victimario plantea una amenaza mayor por cuanto en aquellos escenarios los correctivos jurídicos y sociales se encuentran generalmente desarticulados y desposeídos de efectividad. Más aún, se ha dicho que un crimen de lesa humanidad propicia o asegura el ambiente para los crímenes de otros” (Céspedes-Báez, 2010, pp. 6-7).

7

“Prosecutor v. Kunarac”, Caso IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, febrero 22 de 2001, par. 416.

Razón de la investigación y metodología 17

predomina la naturaleza organizada de los actos, de manera que tras los actos individuales puede discernirse un patrón (Schomburg, 2007, p. 129). Así, la sistematicidad se evidencia en un plan preconcebido8, en el fin que se persigue con el ataque, ya sea destruir, perseguir o debilitar a una comunidad. Por esta razón, se dice que basta un solo acto9 en el contexto adecuado para que se considere crimen de lesa humanidad, porque la conducta no es el ataque, sino parte del mismo10.

El ataque siempre se habrá de dirigir en contra de la población civil, la cual ha sido definida por el artículo 3 común a las convenciones de Ginebra como las personas que no toman parte en las hostilidades. Si bien la diada combatiente/civil se hace más difusa en los conflictos armados internos y no convencionales, puesto que el camino que hay que recorrer entre una y otra categoría está poblado por colaboradores, simpatizantes o personas que prefieren ignorar lo que ocurre, el artículo 50 del Protocolo Adicional I a las convenciones de Ginebra y la costumbre internacional indican que en caso de duda siempre se ha de privilegiar la condición de civil. Esta aclaración es muy útil para el caso colombiano, en que los grupos armados en conflicto tienden a fundamentar sus acciones con base en criterios de simple colaboración o inacción de la población, comportamiento que no despoja a la población civil de su condición de tal, salvo que entre a hacer parte directa de las hostilidades (Céspedes-Báez, 2010).

Al hablar del conocimiento que debe tener el perpetrador del ataque, se hace referencia a su estado mental. En este orden de ideas, el conocimiento requerido no es más que (i) estar al tanto de los hechos que conforman el ataque, sin necesidad de que se tenga conciencia de los detalles o la política que lo sustentan, (ii) conocer objetivamente que su conducta corre el riesgo de ser parte de este ataque y (iii) tener la conciencia del riesgo de que su conducta es más peligrosa por el hecho de presentarse dentro del contexto del ataque o que su conducta fomenta la comisión de otros crímenes (Ambos, 2006, pp. 212-213).

Según lo expuesto, es fácil deducir que para establecer la ocurrencia de un crimen de lesa humanidad ha de determinarse el contexto; de otra manera, la conducta podrá tipificarse a lo sumo como crimen de guerra y, si no se llenan los requisitos de esta figura, como delito regido por las normas domésticas (Céspedes-Báez, 2010, p. 9). En este orden de ideas, la Corte Constitucional estaba hablando de crímenes de lesa humanidad sin nombrarlos, pero al mismo tiempo manifestaba que no era de su resorte probar ni tipificar las conductas que constituían el Anexo reservado y que por ello daba traslado del mismo a la FGN. Esto planteaba un dilema con el contenido del Anexo, en la medida en que la Corte se había basado en 183 casos conocidos para pronunciarse sobre la habitualidad y generalidad de la violencia sexual en contra de las mujeres, pero no dejaba de manifestar que ese inventario de hechos no era más que un dossier para que la FGN hiciera lo de su competencia. Esto implicó que CODHES asumiera, desde el comienzo, la aseveración de la Corte como una pregunta

8

“Prosecutor v. Bagilishema”, ICTR-95-1A-T, pars. 77 y 78.

9

“Prosecutor v. Kunarac”, par. 417.

10

“For example, the act of denouncing a Jewish neighbour to the Nazi authorities – if committed against a background of widespread persecution – has been regarded as amounting to a crime against humanity. An isolated act, however, - i.e. an atrocity which did not occur within such a context – cannot” (“Prosecutor v.

Kunarac”, par. 431).

18 El día en que se dañó la tranquilidad

de investigación y el Anexo reservado como un acervo de casos que merecían ser analizados para establecer el contexto.

Es pertinente aclarar que esa pregunta que nace de la afirmación de la Corte Constitucional también implicó, en esta segunda etapa de investigación, la pregunta por la utilidad de hablar de crímenes de lesa humanidad en el contexto colombiano. En otras palabras, la idea fue poner en tela de juicio el uso de una expresión que se ha vuelto corriente en la realidad nacional, para cuestionarse si enmarcar lo que ha venido ocurriendo en el conflicto armado en los arquetipos de los crímenes internacionales facilitaba la persecución y prevención de los delitos. En ese sentido, la estructura metodológica de la investigación tuvo como uno de sus puntos nodales la búsqueda de información de acuerdo con los elementos del crimen de lesa humanidad. De esta manera, se podía comprobar si asumir una investigación con la hipótesis de un crimen internacional facilitaba o no la labor investigativa.

La determinación del contexto en las violaciones de los derechos humanos no solo es esencial cuando se tiene como objetivo el litigio de los casos a nivel internacional, sino que constituye una metodología de investigación en sí misma (Agirre Aranburu, 2010, pp. 609627) que permite encontrar la conexión entre hechos que, en un principio, pueden aparecer simplemente como aislados. En otras palabras, la investigación de este tipo de casos en escenarios de conflicto debe mantener una aproximación sistemática que permita entender el vínculo que existe entre conductas delictivas, ya sean individuales o masivas, y las metas a gran escala de los grupos armados. Aproximarse de esta manera a los hechos violentos permite discernir, por ejemplo, que detrás de una serie de desapariciones ocurridas en fechas y lugares cercanos hay algo más que coincidencias, puesto que una conducta recurrente puede ser la forma de comenzar a delinear las estrategias a mayor escala que despliegan los grupos armados para controlar una población y/o un territorio.

De la misma manera, identificar el contexto permite establecer la razón por la cual la humanidad en su conjunto está interesada en la persecución de ese crimen y por qué se justifican figuras jurídicas tales como la jurisdicción universal, las cortes internacionales y la colaboración entre Estados. Desde el Tribunal Militar Internacional de Núremberg hasta los desarrollos vertidos en el Estatuto de Roma, el derecho internacional ha procurado, no solo consagrar la responsabilidad individual pasiva a nivel internacional, sino la responsabilidad que los actos de los individuos tienen para con la comunidad internacional. Como lo ha señalado Shoshana Felman, los tribunales creados para juzgar lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial no solo conocieron y establecieron responsabilidades con respecto a actos aislados, sino que llevaron al estrado al régimen nazi en su conjunto y a un sistema específico de exterminio. En este sentido, se buscó reparar, junto con el daño particular infligido a una persona, el daño histórico colectivo que se le produjo a un grupo perseguido (Felman, 2002, pp. 10-23).

En lo tocante a conflictos armados internos, especialmente en situaciones de conflicto difuso y prolongado, como en el caso colombiano, el contexto permite que la investigación tenga como pregunta orientadora si los hechos aislados hacen parte o no de una dinámica de enfrentamiento, dominio y control de los grupos armados hacia la población civil. Esto redunda en grandes beneficios que comienzan con la asignación de competencia, el establecimiento de hipótesis y el diseño de una política criminal acorde con el panorama que arrojan los casos. Para dar una idea de la trascendencia del contexto en estas circunstancias, basta Razón de la investigación y metodología 19

pensar en las mujeres que se ven forzadas a convivir con jefes de grupos armados en zonas de conflicto, ya sea por temor, coerción o, simplemente, por preservar su vida. En tales escenarios no es extraño que las mujeres padezcan agresiones físicas y psicológicas que, sin una perspectiva de contexto, terminan siendo tipificadas como violencia intrafamiliar, cuando en realidad lo que allí se manifiesta es un hecho delictivo que está íntimamente conectado con el control y dominio territorial de un grupo armado. En el instante en que esas conexiones se hacen evidentes, lo que una vez fue considerado un acto aislado, manifestación de una discriminación de género latente en la sociedad, pasa a ser un acto concatenado o parte de una estrategia de agresión a la población civil que manifiesta una discriminación de género en circunstancias de conflicto armado.

En materia de violencia sexual, el establecimiento del contexto es de suma importancia, en especial porque la determinación probatoria del hecho es compleja. En efecto, la prueba directa de la violencia sexual casi siempre descansa en la contención entre el testimonio de la víctima y su contradicción por el victimario. Generalmente, es difícil encontrar más testigos y, si los hay, estos pueden negarse a testificar por vergüenza, miedo a la retaliación o simplemente para evadir el enfrentamiento con el perpetrador. Las pruebas de medicina legal tienen un espectro muy limitado, pues los exámenes han de tomarse casi de inmediato, en condiciones bastante exigentes de higiene e insumos (Quintero y Otero, 2011), cuestiones que casi nunca están presentes en escenarios de conflicto armado o de justicia transicional, donde el común denominador ha sido no acudir a las autoridades a tiempo por diversos factores, tales como desconfianza, aislamiento, ignorancia, entre otros. Esta circunstancia implica que la prueba de la violencia sexual deba sustentarse de manera más amplia en las circunstancias que rodearon el hecho y que dan pie al establecimiento de indicios.

El contexto ha sido una parte de indiscutible establecimiento en la investigación y juzgamiento de crímenes internacionales que han estado relacionados con el homicidio y la desaparición desde la puesta en marcha del Tribunal de Núremberg (Ratner et ál., 2009). Sin embargo, en materia de violencia sexual, la presencia de este componente como elemento probatorio es reciente, data de los tribunales ad hoc de Ruanda y la antigua Yugoeslavia (De Brouwer, 2005). En efecto, un estudio de la legislación nacional e internacional en materia de tipificación del delito de violación sexual deja entrever cómo la violencia sexual ha ido desplazando su énfasis de la fuerza a la coerción, del no consentimiento de la víctima a la identificación de entornos que ni siquiera permiten que se hable de consentimiento. Lo explicitado tiene incidencia en materia de pruebas y de reconocimiento de fenómenos sociales. En cuanto a lo primero, una descripción normativa que hace énfasis en el no consentimiento pone toda la carga de la prueba en la víctima y en su consideración como individuo libre y autónomo que debe emitir una declaración que ponga de manifiesto su querer. En cambio, las descripciones normativas que dan relevancia a la coerción se relacionan directamente con el contexto, cuestión que trasladará la carga de la prueba de una comprobación del comportamiento individual de la víctima a la determinación de unas circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se encontraban víctima y victimario. En cuanto a lo segundo, la primacía de la prueba sobre el consentimiento o su ausencia reconoce y propende a la protección de la libertad sexual de los individuos, mientras que el énfasis en la coerción parte de la constatación de ambientes de discriminación y sociedades de desigualdad (MacKinnon, 2006, pp. 237-246).

20 El día en que se dañó la tranquilidad

Patricia Smith ha señalado que las leyes de violación sexual han estado signadas por dos preocupaciones: la protección de la intimidad sexual masculina y el temor de que las mujeres mientan cuando están en el estrado (2006, p. 95). El que el ordenamiento jurídico se preocupe por estos dos factores no tendría problema si los intereses de las mujeres también se encontraran protegidos en la ley, tales como las dificultades probatorias, los peligros particulares que ellas enfrentan en la vida cotidiana y que las exponen más a la violación, sus dificultades en el acceso a la justicia, entre otros. La evolución legal que se ha dado desde los tribunales internacionales ad hoc ha procurado reflejar estas realidades y responder a los intereses de las mujeres y de otros grupos discriminados que están más expuestos a la violación y a la violencia sexual a través de definiciones más centradas en la coerción y en el establecimiento de parámetros de prueba que le dan preeminencia al contexto. Hasta el momento, el Estatuto de Roma y sus Elementos del crimen han cristalizado esta tendencia, aunque uno de los retos más grandes en esta materia es trasladar estos avances a los contextos en que el conflicto armado es difuso y a la violencia sexual que ocurre en tiempos de paz.

En esta lógica, este trabajo pretende ser un aporte al establecimiento de contextos para la investigación de la violencia sexual en el conflicto armado colombiano. Por esa razón, el informe partió del establecimiento de las dinámicas del conflicto a nivel nacional, regional y local, con el fin de encuadrar los hechos relatados por las mujeres participantes en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los eventos. Este ejercicio se basó, no solo en la lectura de documentos, sino en entrevistas grupales e individuales con las mujeres sobrevivientes, con los líderes, funcionarios públicos y expertos. Este análisis permitió evidenciar que la población del Alto Naya y de La Gabarra vivió en un ambiente permanente de coerción antes, durante y después de la masacre. Esta constatación fue fundamental, por cuanto puso en evidencia que la determinación del consentimiento de las víctimas de violencia sexual era irrelevante y que ello debía reflejarse en las investigaciones del delito.

Asimismo, puso de presente que el esclarecimiento de los hechos delictivos de toda índole no puede asumirse como actos aislados, sino que debe partir de la hipótesis de que son manifestaciones de un mismo fenómeno: la coerción ejercida sobre una población por parte de un grupo armado.

Lo anterior no significa que en ambientes de coerción no puedan existir relaciones o encuentros sexuales consentidos, sino que, en estas situaciones, la investigación del delito no debe basarse en la prueba del consentimiento, ni en enfrentar lo sucedido como si se tratara de un hecho delictivo individual, en el que un perpetrador lleva a cabo actos ilícitos que no tiene conexión con lo que está sucediendo en materia de orden público en la zona. Ahora bien, esto tampoco quiere decir que se presuma de entrada la culpabilidad del implicado, ni que baste el testimonio de la víctima para dar por configurado el delito, simplemente significa que la actividad probatoria se desplaza de la vida, comportamiento y querer de la víctima, a cuestiones fácticas y objetivas que pueden ser probadas.

Como se puede observar, haber utilizado una estrategia de investigación que tenía como uno de sus componentes claves aproximarse a los hechos como si estos fueran crímenes internacionales, permitió comprender cómo la presencia de los grupos armados en la vida cotidiana de estas mujeres, y de la población civil en general, produjo ambientes de coerción en los que hablar de consentimiento, de libertad y autonomía no tenía sentido para entender configurado un delito. Los testimonios de las sobrevivientes de las dos masaRazón de la investigación y metodología 21

cres objeto de investigación dan cuenta de la zozobra, la angustia y las constantes amenazas a las que estaban expuestas. Los informes de diversas organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, las noticias, las sentencias de jueces nacionales, los informes de agencias del Estado, etc., corroboran lo dicho por ellas. En un futuro, ojalá cercano, se sabrá si el aparato judicial asumirá esta tarea como crímenes de guerra y/o lesa humanidad; por el momento, basta decir que la determinación del contexto fue esencial, no tanto para encontrar un patrón, para lo cual es menester ahondar en lo sucedido en otras masacres y áreas del país, como para comenzar a cuestionar la forma en que los investigadores, fiscales y jueces han de acercarse a la determinación de la violencia sexual.

En concreto, para llevar a cabo esta labor, se establecieron algunos criterios de selección, por cuanto era imposible asumir los 183 casos. En primer lugar, se mantuvo la unidad de análisis masacre11 establecida en la investigación recogida en Las sobrevivientes cuentan, pero no como una entidad totalizadora, sino como el punto de partida espacial y temporal para proceder a la indagación por las dinámicas de la violencia ejercida en contra de las mujeres, en particular, la violencia sexual.

El informe anterior había arrojado algunas conclusiones acerca de las variaciones de este fenómeno de acuerdo con las dinámicas del ataque violento y la necesidad de tomar en cuenta el antes, el durante y el después. Por esa razón, consideramos que la unidad nos iba a servir para identificar una población, un periodo de tiempo y un lugar, pero que no debía ser tomada como acontecimiento cerrado, que se agotaba en sí mismo. En segundo lugar, se decidió abrir el espectro a eventos que no estuvieran reseñados en el informe hito de Amnistía Internacional, Cuerpos marcados, crímenes silenciados, por cuanto otras fuentes habían cobrado relevancia en los últimos años respecto de esta situación, lo que demostraba que otras esferas públicas, distintas a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos de mujeres, habían mostrado interés en el tema y lo consideraban objeto de información y debate público12.

Asimismo, se mantuvo de alguna manera el propósito de escoger dos eventos que tuvieran características diversas según (1) la finalidad atribuida a la masacre, ya fuera por el mismo grupo armado o por la población u otros actores relevantes, tales como la Defensoría del Pueblo o los medios; (2) las dinámicas del conflicto en la zona para la época, y (3) los arreglos de género prevalecientes en el lugar de los hechos. Finalmente, se tuvo en mente analizar eventos violentos de esta índole que marcaran diferencias con las masacres de Chengue y El Tigre, examinadas en el informe Las sobrevivientes cuentan. La aplicación de los criterios anteriores a los 14 eventos violentos catalogados como masacres en el Anexo reservado del Auto 092 de 2008, arrojó la selección de La Gabarra (21 de agosto de 1999) y Alto Naya (9 al 13 de abril de 2001).

gación judicial han adelantado hipótesis diversas respecto de los objetivos de los ataques.

En el caso de La Gabarra, la finalidad de controlar territorialmente un corredor estratégico para el tráfico de drogas y un sector con alta presencia de cultivos de coca (Villarraga, 2007). Para el Alto Naya, la hipótesis de la retaliación respecto del secuestro de La María ha tomado fuerza (Caicedo et ál., 2006; Jimeno et ál., 2010, p. 10), a pesar de que algunos de los paramilitares desmovilizados han procurado desmentirla13.

2. En lo tocante a las dinámicas del conflicto, las diferencias estuvieron dadas por la marcada presencia del narcotráfico en La Gabarra y el componente étnico-territorial del Alto Naya. Esto permitió matizar lo que en principio parecía una disputa por el control de una población casi idéntica en los dos escenarios, ya que se pudo identificar que el objetivo en el caso de La Gabarra era hacerse a la economía de un pueblo próspero de frontera, sin llegar a la “tierra arrasada”, mientras que la cuestión en el Naya era desplazar a toda la población para despejar un corredor. A lo anterior se suma que La Gabarra era un pueblo constituido, mientras que en el Alto y el Bajo Naya lo que existía eran pequeños caseríos, veredas con asentamientos dispersos y una frágil economía.

3. Respecto de los arreglos de género, la decisión se tomó con base en supuestos obtenidos de la experiencia, en la medida en que no se conocían ni se conocen hasta el momento de la investigación y redacción de este informe, trabajos específicos que den cuenta de los mismos en los sitios donde se produjeron las masacres. En esa medida, se partió de que la población de La Gabarra tenía una propensión a tener arreglos de género más equitativos que en el Alto Naya, debido a que la población víctima no era parte de una comunidad indígena con dinámicas patriarcales, estaba en general más insertada en las redes comerciales y vivía en un casco urbano.

La investigación que aquí se presenta pretende ir más allá de la documentación de casos o recuperación de la memoria individual o colectiva14 y unirse a los esfuerzos recientes de las organizaciones sociales y de la academia para dar un viraje en el abordaje de este tema15.

De esta manera, este trabajo une los avances jurisprudenciales y doctrinarios en la materia, a nivel nacional e internacional, con la construcción de narrativas no hegemónicas16 de los hechos con el fin de dar cuenta de las variaciones de lo “contado” y lo que está por “contarse”, de las contradicciones y silencios que permean los discursos sobre lo ocurrido y las

13 Vale la pena recordar que José Éver Veloza, alias “HH”, comandante del Bloque Calima de las Autodefensas, el cual ordenó la masacre del Naya, manifestó que la incursión en esa zona fue alentada por familias y empresarios de Cauca y Valle del Cauca, “en momentos en que la guerrilla arremetía con más fuerza en la región y ante hechos perpetrados por el ELN como el secuestro masivo de unas 150 personas dentro de la Iglesia La María, de Cali, en mayo de 1999”. No obstante esta aseveración, en otros apartes ha negado que la masacre haya tenido como fin una retaliación (Verdad Abierta, marzo 30, 2011; enero 22, 2009).

14

1. En lo que atañe a las finalidades, a pesar de que las dos masacres mostraban similitudes en haber sido anunciadas y su cercanía en el tiempo, la literatura especializada y la investi-

“En la documentación actual, las referencias a los ya conocidos tipos de violencia contra el cuerpo femenino son recurrentes, tratándose generalmente de violaciones y abusos sexuales, escasamente denunciados con temor y vergüenza para las sobrevivientes de masacres o habitantes de zonas bajo control armado” (Meertens, 2005, pp. 256-276).

15 Ver, entre otros, Corporación Sisma Mujer (2009), Corporación Humanas (2010); Casa de la Mujer (2009);

Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (2009) y Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado (2010).

11

Se entiende por masacre el asesinato colectivo de más de tres personas (Sánchez, 2004, p. 52).

12

Por esfera pública se entiende “un cuerpo de personas privadas reunidas para discutir asuntos de interés público o común […], el espacio en el que los ciudadanos deliberan sobre problemas comunes, por lo tanto, un espacio institucionalizado de interacción discursiva” (Fraser, 1997, pp. 97-99).

22 El día en que se dañó la tranquilidad

16 Cuando se habla de narrativas hegemónicas se hace referencia a las narraciones creadas por instancias que tienen el poder de generar verdades oficiales, las cuales son en su mayoría públicos fuertes, en el mejor sentido de Nancy Fraser, tales como las ramas del poder público o aquellos delegados para hablar por el Estado, v. gr., los historiadores oficiales.

Razón de la investigación y metodología 23

variaciones de la violencia en contra de las mujeres, dependiendo de quién cuenta y en qué contexto se cuenta. Como se puede observar, la base de la investigación está dada por el interrogante acerca de cómo se construye la verdad, lo que deriva en la cuestión de la prueba, de la justicia (Foucault, 1996) y de la democracia.

En efecto, los estudios sobre la democracia y la justicia han señalado el diálogo como la base de la democracia y la necesidad de un “dominio comunicativo de los conflictos” para gestionar las demandas de justicia (Fraser, 2008, pp. 241-242). Sin embargo, en situaciones como las que vive el Estado colombiano, en las que el conflicto, si bien se ha transformado, sigue latente, y en las que los procesos de desmovilización siguen adelante, dándoles preeminencia a las confesiones de los victimarios, es pertinente preguntarse por las omisiones en los recuentos de la historia y por el efecto de sacar a la luz nuevas versiones de los hechos. Como se verá en las páginas siguientes, que existan versiones contradictorias, enfrentadas y, algunas veces, carentes de sentido, no implica un desacierto de las labores de recordación, sino un aporte fundamental a la construcción deliberativa de la democracia, un reconocimiento a que la verdad judicial se construye con base en esos retazos de memoria y a que el tiempo de la ficción/acción casi nunca coincide con el de la narración (Ricoeur, 2006).

Esta constatación desembocó en el uso del término coexistencia contenciosa, acuñado por Leigh A. Payne (2008), por medio del cual se ilustra cómo las narraciones dispares sobre un mismo hecho no son de por sí dañinas para el desenvolvimiento democrático y judicial, sino todo lo contrario, puesto que alientan el debate y la necesidad de convertirse en agente de la propia historia. No obstante, a pesar de lo comprensivos y conciliadores que pueden resultar estos términos y miradas sobre el fenómeno, sigue quedando en pie la pregunta por la participación, pues si de contar la historia se trata, de ponerla a circular y de incidir en el debate sobre lo que pasó y no debería volver a pasar, la cuestión de cómo acceder a las corrientes comunicativas y a los espacios de producción de pensamiento y opinión sigue siendo prioritaria17. Tanto el proceso judicial como los medios de comunicación siguen presentando fascinación por la voz del victimario, de ahí que sea urgente que la sociedad civil y la academia reflexionen cómo y dónde pueden ser insertadas las voces de las víctimas y de los sobrevivientes, cómo sus nociones de justicia y equidad pueden ser tomadas en cuenta para hablar del pasado, vivir el presente, proyectar el futuro. La dignidad humana de las víctimas y sobrevivientes solo puede ser asegurada a través de su participación en los espacios públicos, por la posibilidad que tengan de contar o callar su vivencia, emitir su opinión y proponer acciones con base en ella.

En esta lógica, esta investigación constó de tres partes, que si bien estuvieron claramente delimitadas metodológicamente, en algunos momentos se encontraron en el tiempo: una revisión documental de informes de otras organizaciones sociales, de textos académicos, decisiones judiciales y de medios de comunicación; entrevistas con expertos, entre ellos, fiscales, investigadores y académicos, y la elaboración de talleres y entrevistas con las/los sobrevivientes de las masacres.

En el caso de La Gabarra, la población víctima de la masacre se ubicó a través de organizaciones presentes en la región, especialmente Progresar, la Asociación Campesina del

17

Para ahondar en la pregunta por los espacios de participación, ver Fraser (2008).

Catatumbo (Ascamcat) y el Consejo Noruego para Refugiados. Se realizaron tres visitas a la ciudad de Cúcuta, donde reside una buena parte de la población desplazada por la masacre.

La primera de estas tuvo como fin establecer contactos con algunas de las sobrevivientes y contarles cuál era el objetivo y alcance de la investigación. De la misma manera, se realizaron entrevistas con funcionarios y activistas. En la segunda visita se llevó a cabo un taller con 15 mujeres sobrevivientes de la masacre, en el que, por medio de la socialización de los resultados de Las sobrevivientes cuentan, se abrió un espacio para reconstruir el antes, el durante y el después de la masacre. El grupo de mujeres estuvo conformado por campesinas, profesoras y comerciantes. Las escasas preguntas que guiaron la conversación tuvieron como objetivo devolverles su papel protagónico en el contexto del evento violento. Por esta razón, interrogantes por su vida cotidiana, la imagen de sí mismas, sus dolencias, anhelos y sueños fueron determinantes para enfocar esta experiencia en los relatos de sus vidas. Durante el taller, algunos relatos condujeron a eventos específicos de violencia sexual, razón por la cual se hizo la tercera visita para llevar a cabo una entrevista individual sobre aquéllos. De la misma forma, en la segunda visita se realizaron dos encuentros individuales con mujeres líderes que no participaron en el taller.

En el caso del Alto Naya, la metodología varió significativamente, en la medida en que se escogió como población víctima para esta investigación a Mar Caribe la reasentada en la finca La Laguna (Timbío, Cauca), la cual conforma el cabildo Kitek Kiwe, que reúne a más o menos 249 personas, la mayoría de la etnia nasa, algunas familias mestizas y una mínima proporción de guambianos (Jimeno et ál., 2010, p. 10). Esto supuso reconocer que la estructura comunitaria imponía la toma de decisiones conjunta por parte de la población y la dificultad de las mujeres para hablar en público de sus experiencias.

Así, se hicieron cuatro visitas a Popayán y tres a la finca La Laguna. En las visitas a aquélla se llevaron a Panamá cabo entrevistas con organizaciones sociales claves con presencia en terreno, entre las que vale la pena destacar a la Ruta Pacífica, Comunitar, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), con la idea de recoger información sobre las circunstancias y los hechos Océano Pacífico de la masacre. Por su parte, en La Laguna se llevó a cabo una reunión con las autoridades indígenas, y otra con las mujeres del cabildo, con el fin de exponer los objetivos de la invesValle tigación. En la segunda visita se recorrió la del Cauca finca, se acompañó al gobernador indígena en algunas de las entrevistas que para el momento estaba haciendo con las familias del cabildo y se habló con algunas mujeres sobre la posibilidad de realizar

Norte de Santander Venezuela

Mapa 1.

Razón de la investigación y metodología 25

24 El día en que se dañó la tranquilidad

Ecuador

Fuente: CODHES.

una entrevista individual con ellas en el siguiente viaje. En la tercera visita se llevaron a cabo siete entrevistas con mujeres del cabildo, en las que se usaron preguntas parecidas a las utilizadas en La Gabarra, con idénticos objetivos18.

Este documento que hoy presentamos es el resultado de la vivencia de estas mujeres, de su trabajo y valentía, de las ganas de unir sus voces al debate democrático, a la narrativa de este país y al de la historia en general. Sus formas de contar lo sucedido se juntan en este texto con los relatos de activistas, funcionarios/as y académicos/as que con determinación apoyaron el desarrollo de esta investigación. Por motivos de seguridad, los nombres propios no serán referidos, sino se hará uso de nombres ficticios para proteger la identidad de estas personas.

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18

De acuerdo con la decisión de las mujeres que participaron en esta investigación, ninguno de los talleres fue grabado en audio o video, tan solo sus testimonios fueron cuidadosamente anotados. En ese sentido, sus identidades serán mantenidas bajo la más estricta confidencialidad.

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28 El día en que se dañó la tranquilidad

Razón de la investigación y metodología 29

CAPÍTULO 2

Contexto: las dinámicas del conflicto

Razón de la investigación y metodología 31

Los eventos violentos no se dan en el vacío, no son un simple presente continuo, ajeno a un análisis de un antes y un después. Las masacres objeto de esta investigación1 se encuadran en un repertorio de violencia mucho más amplio y cumplen un objetivo que excede la temporalidad de su ocurrencia. Por esta razón, es importante tener claridad de las dinámicas generales y específicas del conflicto para la época de los ataques a la población civil de La Gabarra y el Alto Naya. No sobra aclarar que, muchas veces, la pregunta por el contexto pasa por la cuestión más amplia por la naturaleza del conflicto armado; sin embargo, esa indagación excede el objeto de nuestro estudio2. De ahí que en esta parte nos dediquemos a exponer los hechos más relevantes de la situación del país y de las regiones afectadas por las incursiones paramilitares de 1999 y 2001, Norte de Santander y Cauca, respectivamente, sin aventurar reflexiones teóricas en torno a ellos.

Contexto nacional3 La década de los ochenta estuvo marcada por una extensión territorial de las principales guerrillas colombianas: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL). Esto significó ampliar su presencia a zonas con mayor densidad poblacional e integración urbana y económica.

De manera concomitante, el narcotráfico se estaba fortaleciendo, las estructuras paramilitares estaban viendo su nacimiento y consolidación, mientras la acción del Estado procuraba responder, sin mucho éxito, a los nuevos desafíos planteados por estas transformaciones.

En este escenario, la presencia paramilitar ha de entenderse como un proyecto político, económico y social de alta complejidad, al cual se irían integrando élites locales, con el fin de capitalizar la fragmentación y baja institucionalización del país. Si bien tiene raíces en la violencia clásica colombiana, este proyecto registra su génesis inmediata en la reacción a la primera elección popular de alcaldes en 1988, para contrarrestar los temores de ciertos sectores de la sociedad frente a la posible integración de nuevos actores políticos de las izquierdas o de tendencias reformistas4.

De la misma forma, este proyecto se inscribe en un panorama de compra intensiva de tierras por parte de los narcotraficantes para la ampliación de los cultivos de coca, la instalación de laboratorios y la puesta en marcha de la infraestructura para su comercialización. El resultado fueron oleadas de colonización, expansión de la frontera agraria, desplazamiento 1 Este capítulo está basado principalmente en los siguientes trabajos: González et ál. (2009) y Velásquez (2009).

2

Para un estado del arte al respecto, ver González et ál. (2009, pp. 17-46).

3

El énfasis de esta exposición estará puesto en el fenómeno paramilitar, en la medida en que las dos masacres que serán analizadas fueron perpetradas por esta estructura. En este sentido, el hecho de que no se toque en profundidad el tema de la guerrilla no constituye exoneración o desconocimiento de sus constantes violaciones de los derechos humanos de la población civil.

4

“[…] en el momento en que se presentan este tipo de situaciones que involucran un nivel de reforma, las élites políticas tienden a crear o utilizar aparatos armados para conservar el control del territorio de tal forma que constituyen una serie de autoritarismos subnacionales replicados en una parte importante del territorio nacional. Al respecto, la cercanía de cambios estructurales o bruscos del nivel nacional en los regímenes políticos tiene como respuesta de las élites regionales la conformación de estrategias regionales de control político. Lo que se percibe es una estrategia de copamiento no sólo del Estado sino de todo tipo de instituciones que puedan llegar a ubicarse en la esfera pública” (Velásquez, 2009, p. 152).

32 El día en que se dañó la tranquilidad

forzado, asentamiento y confinamiento fuera de la institucionalidad propia del aparato legal estatal. Así, los mecanismos democráticos de gestión de conflictos, expansión económica, movilidad social y de participación política fueron cooptados por un modelo radical violento basado en la creación y eliminación de un enemigo común, el cual será nombrado como “guerrillero/a” o “colaborador/a de la guerrilla”.

En este punto cobra importancia la teoría expuesta por Veena Das acerca del rumor (Ortega, 2008, pp. 95-144). Efectivamente, el conflicto colombiano ha estado cruzado por actos de habla y de narración que han permitido construir al otro como el enemigo y que han facilitado los actos violentos en contra de poblaciones enteras. Esta estrategia no ha sido exclusiva de un solo actor armado, sino que ha sido una constante de cada uno de los grupos legales e ilegales que toman parte en el conflicto. Como se verá más adelante, muchos de los testimonios de las mujeres que participaron en esta investigación apuntan a que los paramilitares antes, durante y después de la incursión las tacharon a ellas, o a otras personas cercanas y conocidas, de “guerrilleras”, “colaboradoras”, incluso “amantes de guerrilleros”. Asimismo, las versiones libres, declaraciones prensa de los desmovilizados y entrevistas hechas con los principales jefes paramilitares están llenas de este tipo de referencias con el fin de explicar por qué razones atacaron. En esta línea, los actos de etiquetamiento e injuria están íntimamente ligados a la “jerga” del conflicto y permiten una apología de la eliminación del otro, de lo que se deriva el carácter esencial de interrogarse por los discursos que subyacen y sostienen actos de la magnitud de masacres, los cuales no se limitan al ejercicio de la violencia física, sino que pasan por el territorio del lenguaje y su poder racionalizador. Por esta razón, el papel de las víctimas y sobrevivientes de la violencia que cuentan su historia y contradicen los hechos expuestos por los actores armados no solo permite un ejercicio de la memoria, una construcción de la verdad y un debate democrático a la manera de las coexistencias contenciosas de Leigh Payne (2008), sino una deconstrucción de lo que el discurso violento generó al crear sus enemigos.

Los últimos años de la década de los noventa fueron el momento de expansión y consolidación del proyecto paramilitar alrededor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), creadas en 1997. A esto contribuye la desvertebración de las organizaciones de Pablo Escobar y “el Mexicano”, el creciente liderazgo y apoyo regional empresarial a los hermanos Vicente y Carlos Castaño y sus Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), junto con la autorización de las Cooperativas de Seguridad Rural – Convivir, bajo el gobierno de Ernesto Samper Pizano. Esto permitió que para 1998 los paramilitares hubieran comenzado a hacer presencia, no solo en Córdoba, Sucre, Urabá y el Magdalena Medio, sino en la zona de las sabanas de la costa Caribe, Chocó, Cesar, Bolívar y los Santanderes. Para ese instante, los diferentes grupos paramilitares evidenciaban cierto grado de coordinación, un plan estratégico de control territorial y un discurso político. Vale la pena detenerse en el modelo de expansión territorial de los paramilitares, el cual, por lo menos en la década de los noventa y principios de la siguiente, demuestra una lógica contrapuesta a la de las guerrillas.

El origen del esquema paramilitar estuvo íntimamente ligado a las zonas económicamente integradas a la economía nacional e internacional, en las que la fragmentación del Estado les permitió formar alianzas con los poderes locales para oponerse a la amenaza guerrillera y una proyección subsecuente a territorios más apartados y de alguna manera Contexto: las dinámicas del conflicto 33

emergentes5. No obstante, en los años bajo estudio, la presencia de cultivos ilícitos y corredores estratégicos para el tráfico de estupefacientes y armas determinaron un viraje en las proyecciones sobre la tierra y privilegiaron el control territorial sobre el control de la tierra (Almario et ál., 2004). También ha existido una asociación prístina entre el desarrollo rural alrededor de megaproyectos agroindustriales, agroforestales, energéticos y viales, la expansión paramilitar y el desplazamiento forzado (CODHES, 2011). Estas premisas generaron un tratamiento y relacionamiento diverso y binario con la población civil, por cuanto ya no era una prioridad contar con las alianzas y la simpatía de los habitantes, sino que era menester provocar su desaparición, desplazamiento o subyugación.

Simultáneamente, en 1998 iniciaba el gobierno del Andrés Pastrana, bajo la promesa del proceso de paz con las FARC. A pesar de ello, la última década del siglo XX se vio marcada por el constante entrecruzamiento de lógicas de guerra y paz, las cuales tuvieron como telón de fondo la zona de despeje, el aumento de las operaciones militares de los paramilitares y la continuación de los ataques por parte de las FARC a la población civil. Esto precipitó, no solo el fracaso de los diálogos de paz6, sino una entrada al siglo XXI signada por una escalada de los actos masivos de barbarie, un creciente interés por el control territorial del país y una prolongación de la guerra que de nuevo transformó las formas de relacionarse con la población y lo público7.

Esta nueva dinámica, junto con una notable desarticulación estatal, propició la imposición de una forma particular de actuar la violencia de parte de los actores armados: la masacre8. En el caso de los paramilitares, esta acción violenta hace parte de un repertorio específicamente dirigido a provocar la incursión paramilitar, por medio de la cual se “libera” una zona geográfica determinada del control o influencia guerrillera, con el ánimo de iniciar un proceso de concentración de la tierra y/o de control territorial paramilitar. Este proceso, que si bien, en palabras de Carlos Castaño, seguiría adelante y culminaría con la consolidación y legitimación del proyecto paramilitar, en realidad iría a desembocar en una guerra prolongada sin expectativas cercanas de paz o de tregua (Sánchez y Lair, 2004), en la que los civiles se convertirían en el objetivo militar por excelencia del conflicto con el fin de imprimir y transmitir su mensaje. En efecto, la masacre es un espacio de interacción “donde hacen presencia los actores armados para desplegar sus lógicas de violencia real y

simbólica como una forma de ejercitar, reiterar o disputar el poder” (González, 2009, p. 72).

Este espacio tiene como acción principal el sacrificio, la inscripción de una consigna en el cuerpo y la mente de las víctimas que ha de ser replicada por medio del rumor y del miedo.

Igualmente, “es una estrategia de terror sobre la población civil que es resultado de la falta de control permanente del territorio, lo cual configura una serie de lealtades y soberanías fluidas y precarias” (González, 2009, p. 73). A su vez, la masacre es una forma de marcar el territorio, de recomponer el mapa político del país y de establecer nuevas prioridades y alianzas. Por esa razón, aunque cada masacre es única, con objetivos distintos, el repertorio del terror utilizado sigue un mismo patrón: la ordalía en masa, la necesidad de asistir a la violencia de los otros, la performance de lo que no tiene límites en la imaginación, motivo por el cual, la masacre no solo es fuerza, sino significado y desarticulación de lo conocido por medio de rebasar las fronteras de lo posible.

Contexto en La Gabarra, Norte de Santander Norte de Santander es un departamento ubicado en la parte nororiental del país que limita con Venezuela, de ahí su importancia geoestratégica como corredor comercial de frontera y conexión con la Costa Atlántica y los llanos orientales colombianos. Cuenta con importantes reservas naturales y varias cuencas hidrográficas, entre ellas la del río Catatumbo, perteneciente a la vertiente del río Maracaibo. Asimismo, posee importantes reservas carboníferas y una accidentalidad geográfica bastante variada, de selvas, montañas y planicies. La zona formada por el río Catatumbo limita por el norte y el occidente con Venezuela, en donde se ubica el oleoducto Caño Limón-Coveñas; por el oriente con el departamento del Cesar, por medio del cual se puede acceder a la Serranía del Perijá; por el sur con la capital del departamento, Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia y Villa del Rosario (Egea y Soledad, 2007, p. 190).

Estas características geográficas han hecho de la zona del Catatumbo una región paradigmática en materia de pugna por el control territorial. Los distintos grupos armados han tenido presencia allí, por lo menos desde la déLa Gabarra cada de los setenta (Asociación para la Promoción El Carmen Social Alternativa - Minga, et ál., 2008, pp. 64-72) y se la han disputado, por lo menos en los úlTeorama

5

“A diferencia de las guerrillas, los paramilitares nacen en zonas prósperas e integradas a la economía nacional y mundial, cuyas élites se sienten amenazadas por el avance guerrillero, el abandono estatal y las políticas de modernización y de paz” (Velásquez, 2009, p. 78).

Convención

El Tarra

Tibú

San Calixto

Cesar

6

Venezuela

“En 1999, la cúpula de las autodefensas se reúne con dirigentes políticos regionales y nacionales, con narcotraficantes, militares y otros sectores de la sociedad, que buscaban apoyo de las AUC para evitar el establecimiento de un pacto definitivo entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC en el marco de las negociaciones de paz de la época” (Velásquez, 2009, p. 154).

7 “[…] se va produciendo entonces un insensible deslizamiento a la noción de guerra popular prolongada, el cual a su vez implica formas distintas de relacionarse con la población, una actividad más sistemática de captar recursos, un componente ‘administrativo’ o de intendencia, especialmente destinado a ello, y en definitiva, avalar algún tipo de acciones intermedias, de transacciones con las formas de poder local existentes, de orientaciones prácticas a sus propias redes de apoyo para actuar en esa dirección” (Velásquez, 2009, p. 107).

8

De 166 masacres en 1991, con 929 víctimas, se pasó a 402 masacres en 1999, con 1.842 víctimas (Alcántara e Ibeas, 2001, p. 259).

34 El día en que se dañó la tranquilidad

CÚCUTA

Santander

Mapa 2. Región del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander.

Contexto: las dinámicas del conflicto 35

Valle del Cauca

Océano Atlántico

Región de Urabá

Océano Pacífico

Panamá

Ecuador

timos 30 años, como un espacio de poder a partir del cual pueden ejercer una especie de “soberanía” desde la ilegalidad sobre recursos naturales, rutas de tráfico comercial y poblaciones aisladas de la institucionalidad estatal. La apropiación del territorio por los grupos armados ha significado la transformación de las estructuras políticas, económicas y sociales con el fin de implantar el proyecto particular de expansión económica y de dominación del espacio de estas estructuras violentas.

A partir de los años noventa, con la apertura económica del gobierno de César Gaviria Trujillo, la cual implicó la instauración de políticas neoliberales y flexibilización de los intercambios y régimen de fronteras para el intercambio de bienes y servicios, las conexiones transnacionales de los negocios al margen de la ley se vieron facilitadas, junto con una transformación de las políticas sociales del Estado que afectaron a los grupos sociales menos favorecidos. Históricamente, el ELN ha sido una presencia fuerte en la región, especialmente por sus vínculos con el robo de crudo y atentados contra los principales oleoductos del país; sin embargo, la presencia de las FARC comenzó a aumentar desde el momento en que los cultivos de coca y el procesamiento de alcaloides se extendieron por la región.

Aunque los cultivos de coca comenzaron en la zona desde los años ochenta, su auge se puede ubicar en el año 1996, momento en que La Gabarra (Tibú) se convirtió en uno de los principales centros de producción y negociación. Las FARC procuraron capitalizar la presencia de este mercado y a través de la “oferta” de protección para los sectores vinculados a las actividades ilícitas implantaron un régimen de alianzas y fidelidades que desvió la composición de los conflictos hacia mecanismos violentos, apartándola de la escasa institucionalidad estatal que tenía allí presencia. Esto también provocó migraciones a la zona de colonos, por la prosperidad generada por el nuevo esquema económico. Muchas personas de la región se insertaron en las dinámicas del negocio por voluntad propia o presionadas por las circunstancias. En esta lógica, la mayoría de la población quedó atrapada en medio de la dominación guerrillera, muchas veces obligada a colaborar directa o indirectamente en las transacciones o, simplemente, a callar y omitir lo que estaba sucediendo. Esto contribuyó al etiquetamiento de los civiles como afines a la guerrilla y su posterior transformación en enemigos que debían ser destruidos como parte de los objetivos del proyecto paramilitar.

Desde 1998, las estructuras paramilitares habían hecho presencia en la frontera sur del Cesar, con el ánimo de controlar el tráfico de coca y contrabando en la región. La idea de la incursión paramilitar en Norte de Santander estaba alentada por la creación de un corredor que dividiera el norte del centro del país, para así unir la región del Catatumbo con Urabá. AsimisVenezuela mo, se pretendía controlar el influjo de la guerrilla desde Arauca en el departamento y controlar la frontera con Venezuela. No solo una comprensión de las dinámicas paramilitares había hecho previsible lo que estaba por venir en la región del Catatumbo, pues existía una amenaza expresa: Carlos Castaño, líder de las AUC, le dijo al periódico de circulación nacional El Tiempo, en una entrevista publicada el 15 de marzo de 1999, que iba a iniciar una arremetida en la región del Catatumbo (Corporación Colectivo de Abogados Brasil Luis Carlos Pérez, s.f.). Incluso, Castaño llegó a alardear que pasaría allí la Navidad descansando en una hamaca (Villarraga, 2007, p. 391).

Perú

Océano Pacífico Tolima

Mapa 3. En el círculo, zona del Alto Naya al norte del departamento del Cauca.

POPAYÁN

Huila Nariño

Caquetá

Contexto en el Alto Naya, Cauca9 El caso del Alto Naya está enmarcado en la problemática que aqueja a la región del Pacífico colombiano10, especialmente por sus riquezas naturales y su ubicación geográfica, que la convierte en una zona estratégica para establecer corredores de intercambio, ya que conecta, entre otras, la Amazonía con el Pacífico y el Valle del Cauca con Ecuador. Adicionalmente, su estructura geográfica incluye la cresta de la cordillera occidental y la desembocadura al océano Pacífico, todo lo que cual la provee de ecosistemas bastante variados y de una inmensa fertilidad. También es una zona poblada por distintos grupos socioculturales, especialmente afrocolombianos e indígenas11 que, luego de varias migraciones12 en diversas épocas desde la Colonia, se establecieron en la cuenca del río Naya13. Como se puede obser-

9

Las fuentes documentales básicas de este acápite son: García y Jaramillo (2008) y Caicedo et ál. (2006).

10

“La Región del Pacífico colombiano se encuentra ubicada al occidente de Colombia. Limita en el Norte por la frontera con Panamá, al Sur por la frontera con Ecuador, al Oriente por la cordillera Occidental de los Andes y al Occidente por el océano Pacífico” (García y Jaramillo, 2008, p. 10. Ver mapa 3).

11

“La población aproximada es de 22.823 habitantes, de los cuales 14% son nasa, el 78% afrocolombianos, el 1% esperara siapidaara, el 1% blanco-mestizo y el 5% restante corresponde a la población que permaneció desplazada. El lugar más poblado y céntrico es el corregimiento La Playa, en donde se concentran alrededor de 1.200 personas y al que se llega después de doce horas de camino por trocha, a lomo de mula, desde El Ceral, punto hasta el que llega la carretera que viene de Buenos Aires” (Caicedo et ál., 2006, p. 13).

12

“Los primeros asentamientos conocidos fueron los enclaves mineros basados en la esclavitud de población negra. Abolida la esclavitud en 1851, la población negra se distribuyó por toda la región, estableciendo poblados en la parte baja y media del río Naya. En la parte alta, la población mayoritaria está representada por indígenas nasa (paez), procedentes de los resguardos de la cordillera central llegados a comienzos de los años cincuenta del siglo pasado, huyendo de ‘la violencia’. También viven en la parte alta del río Naya un número significativo de familias campesinas blancas y mestizas de otras zonas del país, expulsadas por la ‘violencia’ o por la adversa estructura de tenencia de la tierra en sus regiones de origen” (García y Jaramillo, 2008, p. 13).

13

“La cuenca hidrográfica del río Naya está ubicada entre los departamentos del Valle y Cauca, limita por el Oriente con los cerros de San Vicente (3.000 msnm) y Cerro Naya (2.650 msnm) sobre la cordillera occi-

Contexto: las dinámicas del conflicto 37

var, esta área geográfica ha estado determinada por un constante dilema, en la medida en que su potencial comercial y de explotación ha significado una tensión permanente entre los intereses de los grandes inversionistas y el arraigo territorial de las poblaciones que habitan esas tierras.

Desde la década de los ochenta, cuando la expansión del narcotráfico y su subsecuente compra de tierras inició su auge, la región se ha visto asolada por una concentración de la propiedad inmueble e inversiones de dineros del narcotráfico en proyectos agroindustriales, mineros e industriales. Asimismo, en la década de los noventa, el impacto del Plan Colombia14 provocó el desplazamiento de los cultivos cocaleros del Putumayo hacia Nariño y desde allí hacia el litoral Pacífico, lo que implicó una mayor presencia de guerrillas como las FARC y el ELN, la primera con el ánimo de beneficiarse de los cultivos ilícitos, la segunda con el fin de encontrar un refugio en las regiones altas del Naya (Jimeno et ál., 2010, p. 18). Como era de esperarse, esto estimuló la ofensiva paramilitar para disputar el control guerrillero.

La tierra ha tenido un papel protagónico en esta región. Si bien la Constitución de 1991 propendió hacia un acercamiento multicultural a esta cuestión, su visión planteaba una profunda revolución en la tenencia de la tierra, especialmente para el caso de los grupos afrocolombianos e indígenas, que tenía efectos directos sobre los latifundistas. Colombia ha sido un país caracterizado por las altas tasas de concentración de la tierra y para ello se han impulsado numerosas políticas y leyes, sin que hasta el momento se haya producido una implementación satisfactoria15. De hecho, los años 2000 a 2009 estuvieron caracterizados por una consolidación en la tendencia, lo que otorgó al país el primer lugar en América Latina16. Ahora bien, esta falta de operatividad de las normas y políticas se debe a distintos

dental; por el Occidente con el océano Pacífico; por el Norte por la divisoria de aguas de los ríos Yurumanguí y Naya, y por el Sur con la de los ríos Naya y San Juan de Micay. Comprende un área aproximada de 300.000 hectáreas y se encuentra bajo la jurisdicción de los municipios de Buenaventura en el departamento del Valle, y López de Micay y Buenos Aires, en el departamento del Cauca” (García y Jaramillo, 2008, p. 13).

14

El Plan Colombia es un acuerdo de cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos que se negoció y entró en vigencia en 1999, durante las administraciones de Andrés Pastrana Borrero y Bill Clinton, respectivamente. Fue concebido como “una estrategia integral de cooperación bilateral, cuyo objetivo general es combatir las drogas ilícitas y el crimen organizado, para así contribuir a la reactivación económica y la consecución de la paz en Colombia, al tiempo que se fortalece el control sobre la oferta de drogas ilícitas en las calles norteamericanas. Este acuerdo está basado en el principio de responsabilidad compartida, según el cual se reconoce que el problema mundial de las drogas es una responsabilidad común y compartida por toda la comunidad internacional, que exige una visión integral y equilibrada para enfrentar la demanda y la oferta de drogas ilícitas” (Departamento Nacional de Planeación, 2006, p. 10).

15 “[…] el 0,4% de los propietarios agrícolas controlan el 61% de los predios rurales, mientras que las tres cuartas partes de los propietarios poseen el 10% de los predios” (García y Jaramillo, 2008, p. 16).

16

“The analysis of land concentration trends in Colombia in this chapter allows one to reach four conclusions. First, the period between 2000 and 2009 was marked by a higher land concentration. Given the high indexes of concentration that prevailed in 2000, already the highest in Latin America, it would have been difficult to predict additional increases. However, there were increases from the year 2005 onwards. Second, instead of an increase in the size of properties, land concentration was the result of the acquisition of additional properties by the then existing owners. Third, the relative stability of the indexes of con-centration contrasts with the significant appearance of new owners filed in the national cadastral registry. These new owners may have resulted from the purchase of plots, the cadastral updates, or land seizures as a result of the armed conflict. Fourth, the Colombian municipalities with the highest concentration are located in isolated zones, which have significant natural resources, poor soil quality, and the presence of colonization processes and armed groups” (Ibáñez y Muñoz, 2010, p. 310).

38 El día en que se dañó la tranquilidad

factores, de los cuales vale la pena resaltar precisamente las reacciones violentas de parte de ciertos sectores privilegiados que pretenden contrarrestar el cambio17.

La cuenca del río Naya ha estado determinada por esta problemática, especialmente por las dificultades en su titulación, a pesar de que la Ley 70 de 1993 pretendió dar seguridad jurídica a estos territorios por medio del reconocimiento de los derechos de propiedad colectiva a las comunidades afrocolombianas. En esta disputa por la titularidad jurídica se han enfrentado los colectivos y la Universidad del Cauca, la cual alega un derecho minero otorgado por el general Santander en 1827. Este conflicto pone en evidencia una de las aristas del conflicto en Colombia: la exclusión de la población rural del acceso a los medios de producción, especialmente la tierra, la incapacidad del Estado para poner a funcionar los mecanismos legales para garantizar la equidad y los ciclos de violencia que se generan alrededor de la resistencia a las políticas de redistribución.

Para el año 2000, la presión de los grupos guerrilleros sobre la población civil era casi irresistible, en especial por el decaimiento de la producción de alimentos, la llegada de nuevos migrantes y los fracasos en la titulación de las tierras. Al mismo tiempo, el ELN adoptó como táctica habitual el secuestro, y muchas de sus víctimas fueron retenidas en la zona de la cuenca del río Naya, tales como los secuestrados de la iglesia La María en Cali y del km.

18. Esto propició que sus habitantes fueran catalogados de “colaboradores” de la guerrilla y que muchos sobrevivientes de la masacre de 2001 identificaran este hecho como motivación principal de los paramilitares para acometer la incursión.

Desde el año 2000, la Compañía Huracanes del Bloque Farallones de Cali y el Bloque Calima de las AUC comenzaron a hacer presencia en la zona. Se establecieron en el corregimiento de Timba y controlaron las veredas aledañas al Naya. Asimismo, de acuerdo con su forma de operar, restringieron el acceso de alimentos a la zona, extorsionaron, y llevaron a cabo homicidios y desapariciones. A la par, el ELN, luego de que los secuestrados del km. 18 fueran rescatados, inició una ofensiva en contra de los pobladores del Naya por su supuesta colaboración con los paramilitares. Aunado a lo anterior, la columna móvil Jacobo Arenas y los frentes XXX y VI de las FARC hicieron presencia en la zona. En últimas, la presencia armada era alta y las tensiones que se generaron alrededor de esta fueron deteriorando la vida de la comunidad. Los rumores comenzaron a circular, “si los paramilitares vienen o si no”; de la misma manera, las dinámicas de etiquetamiento se pusieron en marcha, “si se es colaborador o no”, y todo ello convirtió la vida cotidiana en un acontecer de silencio, temor, vida y muerte.

El preludio de la masacre estuvo precedido por una serie de homicidios que parecen no responder a un patrón específico, sino que se cometían principalmente sobre las vías de acceso, de manera aparentemente aleatoria sobre la población que iba o venía del mercado, de los poblados cercanos o que simplemente transitaba por esos caminos. Aunado a lo anterior, el Ejército colombiano, específicamente la III Brigada, fue puesta al tanto de los sucesos del Naya y, a pesar de ello, no hizo presencia en la zona, tal y como se deduce del expediente de la decisión judicial emitida por el Consejo de Estado (2007) al respecto.

17

Ver Capítulo 2, Contexto Nacional de esta publicación.

Contexto: las dinámicas del conflicto 39

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40 El día en que se dañó la tranquilidad

Contexto: las dinámicas del conflicto 41

CAPITULO 3

Las masacres: ¿dónde estaban las mujeres?

Razón de la investigación y metodología 43

La Gabarra: “Díganle a la gente que pa’ allá vamos” Todo comenzó con los chismes, los rumores –dicen ellas–, más o menos desde febrero o marzo de 1999 empezó a correr la voz de que los paramilitares iban a entrar en la zona del Catatumbo, y no era para menos, si se tiene en cuenta que Carlos Castaño lo había anunciado por los medios de comunicación. De esta manera, ellas relatan cómo la zozobra se comenzó a instalar paulatinamente en sus vidas. En un principio, las habladurías iban y venían, muchas veces se desvanecían sin que la gente les prestara atención, pero cierta duda se iba apoderando de los habitantes de la región, hasta que el 28 de mayo de 1999 “se dañó la tranquilidad”1 de una vez por todas.

Yo no sé para qué quieren hablar de eso. ¿Para qué recordar? Si todo va de mal en peor. Tantas penas. Por ahí uno oía que ya venían, imagínese. Pero cuando se supo lo de mayo, ahí sí que se dañó la tranquilidad, sí, ese día.

La fecha que recuerda esta mujer coincide con el comienzo de la arremetida de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en el Catatumbo. Efectivamente, Departamento Departamento del Cesar luego de un entrenamiento de aproximadamente tres de Córdoba Venezuela Panamá meses, un grupo de más o menos 200 paramilitares salió de Tierra Alta, Córdoba, hizo escala en Cesar, sitio en el que se unieron unos 50 hombres más, y entró alrededor del 23 de mayo de 1999 en la zona del Catatumbo en camiones de ganado.

Salvatore Mancuso, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para la época, señaló que los hermanos Carlos y Vicente Castaño crearon un bloque para entrar en la región2. La Ecuador Brasil idea, según explicó, era debilitar al comando central del ELN, el cual, si bien ya venía siendo disminuido por los paramilitares, seguía encontrando en el Catatumbo un lugar adecuado para replegarse, reconstituirse y protegerse.

Perú Asimismo, manifestó que otro de los objetivos era adueñarse de los negocios de narcotráfico de la zona. El mando del bloque recayó en Salvatore Mancuso y fue inicialmente conformado con hombres de Urabá que se entrenaron en Córdoba y Montes de María. Según su relato, el bloque fue comandado directamente por Armando Alberto Pérez Betancourt, alias “Camilo”, capitán retirado del Ejército Nacional3. Incluso, Mancuso afirmó que hubo muy pocos tropiezos con las Fuerzas Militares, pues en las noches no había retenes y además los hermanos Castaño habían mandado con antelación a alias “Gustavo Océano Pacífico

Océano Atlántico

1

Testimonio de mujer participante en la entrevista en grupo realizada el 5 de octubre de 2010.

2

Versión libre rendida por Salvatore Mancuso el 26 de febrero de 2009.

18” a la zona para que hiciera alianzas con los militares; de ahí que se haya aseverado que las tropas del Ejército combatieron a la guerrilla junto con los paramilitares.

Tanto en los testimonios de las mujeres que hicieron parte de esta investigación como en las versiones libres de Salvatore Mancuso, se ha hecho énfasis en que las personas que llegaron con la arremetida paramilitar no eran de la zona. Eso implicó que los hermanos Castaño buscaran el establecimiento de alianzas con los militares y con miembros de la guerrilla.

Se ha dicho que Gerson Álvarez, de los Pepes, consiguió que un comandante del Frente 33 de las FARC y otro del ELN les prestaran ayuda, en la medida en que el desconocimiento del terreno obraba como una gran desventaja para el copamiento del área. También se ha afirmado que un soldado del Batallón Héroes de Saraguro sirvió como guía en la región.

Claudia, una mujer de 42 años, conocida por su papel destacado en la comunidad, piensa que todo comenzó a cambiar desde 1998, más o menos en octubre, cuando los campesinos –ella dice “raspachines”–4 marcharon hacia Cúcuta en señal de protesta por las fumigaciones y porque “se habían traído el Ejército y la Policía”. El paro comenzó con los profesores, pero según cuenta, la guerrilla aprovechó esa situación y obligó a los campesinos a marchar hacia la capital del departamento. Se quedaron varios días con sus noches en el Parque Santander y en algunas ocasiones vieron pasar camionetas con uniformados que gritaban: “Gabarreros, los vamos a matar, hijueputas, los vamos a acorralar como ratas de alcantarilla”. El paro se levantó en noviembre, lo que significó volver a La Gabarra a reiniciar las rutinas; sin embargo, la amenaza de los uniformados se quedó petrificada en el ambiente. No se hablaba de ello, pero “los gabarreros” sabían que una sentencia estaba pesando sobre su cabeza.

Claudia recuerda el 28 de mayo de 1999, el día en que “se dañó la tranquilidad”, como un viernes en el que se estaban haciendo los preparativos para celebrar el día de la madre.

Ella vivía en el casco urbano, cerca del centro, de manera que estaba al tanto de todo lo que estaba pasando ese día y el fin de semana. El 29, todo el mundo estaba en la calle, pues los fines de semana eran agitados en el pueblo, con mucha población flotante, barullo y promesa de fiesta. “Éramos muy rumberos, las noches eran como el día, viernes, sábado y domingo, íbamos a El Festín y al Planchón a bailar”. Para nadie era un secreto que la economía de la coca campeaba y que el flujo de plata alentaba los negocios, entre bares, restaurantes y hoteles. “Las prostitutas eran las que más ganaban y ellas dicen que mientras estuvo la guerrilla no abusaron de ellas, dizque eran muy respetuosos”. Claudia no siente vergüenza por esta situación, dice que “eso era lo que había” y que la vida en La Gabarra era ordenada y feliz, no tenían miedo, tal vez lo único que les causaba inquietud “era Satanás, las lloronas y las gritonas, nada más”.

Por su parte, las mujeres campesinas, las que vivían en fincas fuera del casco urbano y que “bajaban” al pueblo los fines de semana, tienden a tener una visión más idealizada de la vida en La Gabarra. Hablan de “un pueblo de pobres trabajadores”, religioso y noble que vivía de las plantaciones de plátano, cacao y otros productos agrícolas. “Era gente sana, de allí salieron muchos abogados, curas y monjas”, dice Flor. Sonia, por su lado, reitera esa visión y comenta que su marido tenía un “bar de niñas”, lo que ilustra la extensión y normalización del trabajo sexual en la vida cotidiana del pueblo.

3

Hay que anotar que Salvatore Mancuso, en su versión libre del 26 de febrero de 2009, anotó que el capitán Armando Alberto Pérez Betancourt se encontraba aún como miembro activo del Ejército Nacional cuando inició el reclutamiento para la conformación del Bloque Catatumbo y la ofensiva en esa región. Por su parte, el portal Verdad Abierta (s.f.), lo reporta como retirado para ese momento.

44 El día en que se dañó la tranquilidad

4

Persona que recoge la hoja de coca.

Las masacres: ¿dónde estaban las mujeres? 45

A eso de las 9 a.m. del sábado 29 de mayo, mientras se estaban preparando para las presentaciones y actividades propias del día de la madre, un niño se acercó a Claudia y le dijo que “las AUC se habían metido”. Por un instante ella dudó de lo que le habían dicho, trató de calmar al niño y seguir con los preparativos; no obstante, recordó la amenaza que los uniformados hicieron a los gabarreros en el Parque Santander de Cúcuta. Eso la alentó a ir a buscar más información: Yo me fui a averiguar, primero hablé con el corregidor, me dijo: “Sí, los paramilitares vienen bajando”; le pregunté: “¿Está seguro?”, él me respondió: “Sí”. Sin embargo, fui hasta la empresa de transportes Tranzan y pregunté y me dijeron: “Sí, ellos están haciendo retenes, bajan a la gente, revisan un listado y los dejan, el resto se regresa, no pueden decir nada”. Yo me dije, tenemos que hacer algo, entonces volví al colegio, entregamos rápido los obsequios a las madres, repartimos la comida y de inmediato informamos que el acto se terminaba, porque la situación estaba complicada, ese día no sabíamos qué más hacer, decidimos entonces que todos se refugiaran en sus casas y no salieran.

Esa noche no entraron en el casco urbano de La Gabarra, pero mucha gente se desplazó hacia Venezuela y Cúcuta5. Las mujeres comerciantes y profesoras decidieron dejar el pueblo, pues ya sabían qué les podía pasar si los paramilitares entraban en la zona: iban a ser acusadas de colaboradoras de la guerrilla, por darles comida, posada o simplemente por tener una vida pública. De hecho, la dueña de una de las residencias del pueblo salió para nunca más volver, pues ya se oían rumores de que ella había sido amante de un jefe guerrillero y que por eso los paramilitares la estaban buscando.

Los días que siguieron fueron de zozobra. Las noticias de lo que estaba pasando en la región del Catatumbo llegaban al pueblo y lo iban sumiendo en el terror. La gente no sabía si irse o quedarse. Rosa6 confiesa que comenzó a sufrir de dolores de cabeza, insomnio y picadas en el pecho.

Es que la del casco urbano fue como la sexta masacre, se imagina, de mayo a agosto todo lo que pasó. Socuavó, km. 18, km. 25, Mirador, Vetas y el casco urbano –las cuenta una a una con los dedos de la mano–. Yo me salvé porque me fui antes, yo no podía más, le dije a mi marido que la que se iba de ahí era yo, que quemara los papeles, hasta el grado de bachiller se quedó allá. La gente se quería ir, pero no había

5

“La Coordinadora de la Unidad Territorial de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República certificó el 22 de mayo de 2001 (fls. 37-38 cuaderno principal), que como consecuencia de los hechos ocurridos el 29 de mayo de 1999 en el corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú, en cumplimiento de las funciones atribuidas por la ley 387 de 1997 prestó ayuda humanitaria de emergencia a 3.012 personas que se desplazaron forzosamente de esa región en forma masiva en los siguientes eventos: 6 de junio de 1999: 2.245 personas provenientes de La Gabarra, quienes emigraron hacia el municipio José María Samprun, en Casigua del Cubo, estado Zulia, de Venezuela, de donde fueron entregadas a la Red de Solidaridad Social en Bocas de Grita y luego conducidas a la ciudad de Cúcuta; 12 y 13 de junio de 1999: 625 personas provenientes del corregimiento La Pista-Río de Oro, quienes fueron transportadas y registrada por el gobierno venezolano en el coliseo menor Eustorgio Colmenares Batista, y que a finales de junio de ese mismo año se produjeron dos nuevos desplazamientos masivos: uno de 60 personas y otro de 82 personas provenientes de la misma región, de los cuales solo 9 familias ingresaron al coliseo y el resto retornaron voluntariamente a sus lugares de origen” (Consejo de Estado, 2006).

6

Entrevista realizada el 6 de octubre de 2010.

46 El día en que se dañó la tranquilidad

gasolina. Yo dije que me iba porque la gente estaba mal de la cabeza, yo también, los nervios, mire, la gente hacía de comer y no comía. Yo una tarde fui de casa en casa, de los familiares y amigos, y todo se estaba pudriendo, en las cocinas todo se pudría.

Después volví a mi casa y lo mismo, todo podrido, entonces decidí que me iba. Me fui.

Las mujeres entrevistadas el 5 de octubre de 2010 identificaron algunos casos de violencia sexual en contra de mujeres, los cuales tuvieron lugar antes de la masacre del 21 de agosto del mismo año. Si bien ellas no tenían una relación cercana con las víctimas de estas conductas, afirmaron que los hechos eran conocidos por todos en la región y que se comentaban entre vecinos y conocidos. Todas las participantes coinciden en que a una mujer comerciante de la región la secuestraron y después la encontraron con un palo metido por la vagina. También, que a una mujer llamada Sandra la violaron y le contagiaron una enfermedad de transmisión sexual que la obligó a ir a Bogotá a buscar tratamiento. De la misma manera, hablan de una mujer embarazada en el campo que también fue empalada.

Otra historia que se repite es el secuestro de una bacterióloga con otros muchachos. Cuentan que los tuvieron tres días amarrados: “¡Qué no le harían a esa muchacha!”, exclaman.

Finalmente, hablan de una mujer que en Vetas fue violada por 30 paramilitares en su casa.

No especifican fechas o lugares exactos, la única referencia es que fue antes de la entrada de los paramilitares en el casco urbano de La Gabarra.

Una investigadora de la Fiscalía General de la Nación (FGN) que estuvo a cargo de la investigación de los hechos de la masacre del 21 de agosto de 1999 cuenta que hubo un hecho violento conocido como “la masacre de la familia ballena”, que tuvo lugar unos días antes de la entrada en el casco urbano de La Gabarra en Filo Gringo. En ese episodio, a una mujer embarazada le abrieron el vientre y le metieron un palo por la vagina. No se supo si estos hechos ocurrieron mientras seguía con vida o si le fueron infligidos después de su muerte7.

Entre el 29 de mayo y el 21 de agosto de 1999 –fecha en la que ocurrió lo que se conoce como la masacre de La Gabarra–, las ACCU continuaron su avanzada de retenes y masacres por la región. Rosa recuerda que en Socuavó a los “paras les tocó bajarse del camión”, pues la guerrilla les había tumbado el puente. En efecto, hubo fuertes combates, pues el ELN, el EPL y las FARC se unieron para impedirles el paso8. El Ejército tardó en reaccionar cuatro días, pero no hizo esfuerzos por retomar el control del área9, simplemente impuso toque de queda en Tibú (Villarraga, 2007, p. 392).

7

Entrevista realizada el 10 de octubre de 2011.

8

“El Comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander en el oficio que remitió a la Secretaría Interior de dicho departamento, el 31 de mayo de 1999, manifestó que el día 29 anterior se presentaron cruentos combates entre miembros de las autodefensas y la guerrilla, por lo que ese comando ordenó el aseguramiento de las vías y control del casco urbano del municipio de Tibú; que ese mismo día fueron llevados a Tibú 4 cadáveres y un quinto cuerpo fue hallado por el Ejército y fue llevado a la cabecera del mismo municipio y que algunos líderes de La Gabarra llegaron a la ciudad de Cúcuta e informaron en la Defensoría del Pueblo que el grupo de 400 hombres pertenecientes a las autodefensas se encontraba cerca de la vereda (fls. 212-213 cuaderno principal)”. (Consejo de Estado, 2006).

9 “Las medidas adelantadas por los miembros de las autoridades militares y de policía que operaban en la zona no mostraron ninguna eficacia, al punto que el grupo de autodefensas logró llegar el 21 de agosto de 1999 a la cabecera del corregimiento La Gabarra y dar muerte a otras 27 personas, masacre que se sumó a las que habían cometido antes en la misma región y en particular en la cabecera del municipio de Tibú el 17 de julio de ese mismo año, tal como aparece documentado en las investigaciones que sobre los últimos

Las masacres: ¿dónde estaban las mujeres? 47

El 20 de agosto de 1999, los paramilitares instalaron un retén en el km. 46. Rosa dice que mataron a 11 personas. El 21 era sábado, fin de semana en que la gente del campo bajaba al pueblo, en que los habitantes de La Gabarra salían a los bares y tiendas a bailar y a tomarse unos tragos. Había algo de miedo en el ambiente, pero eso no impidió que las calles estuvieran relativamente llenas, eso sí, no tanto como antes. Otra de las entrevistadas refiere que la mujer que trabajaba en el hogar infantil le contó que mientras ella estaba tomando el fresco, hacia las 6 o 7 de la noche, frente a la puerta de su casa ubicada en el centro, vio que de una camioneta se bajaron hombres vestidos con camuflado y pasamontañas. Ahí mismo se metió a la casa y con toda su familia se escondió en el baño, debajo de los tanques de agua, por si acaso había balacera.

Los recuentos de cuándo comenzó y cuánto duró la masacre varían, pero la nota común es que hablan de un tiempo corto, entre media hora y una hora y media. La investigadora de la FGN dice que no fue más de media hora, pues alias “Camilo” negoció con los del Ejército, y estos últimos le dijeron que si no cumplía su objetivo en media hora, a ellos les tocaba entrar para evitar el establecimiento de su responsabilidad en los hechos. Indica que Albeiro Valderrama Machado, alias “Piedras Blancas”, contó que las ACCU no pretendían quitar la luz al entrar al pueblo, sino que como irrumpieron lanzando tiros al aire, uno de ellos le disparó al transformador sin intención. Ella considera que de no haber sido así, la masacre hubiera sido peor, pues los paramilitares no conocían el pueblo y la falta de electricidad les dificultó la movilidad.

Para las mujeres, el inicio de la masacre está dado por el corte en el fluido eléctrico y de las líneas telefónicas, entre las 6 y 7 de la noche. Ninguna de ellas estuvo presente en el escenario principal de la masacre, es decir, en el sitio escogido por los paramilitares como lugar central de sus actos de terror, que en este caso fue la zona de la vida nocturna: en el planchón, cerca al río, en donde estaban las pesas del ganado. Muchas ya se habían desplazado, otras se encerraron en sus casas, las que vivían en la periferia tan solo oyeron los disparos. Dicen que los paramilitares no tocaron puertas, simplemente que estuvieron en los bares, tales como El Festín, en El Nogal, en la fuente de soda El Paraíso y en el Hotel del Río, entre otros sitios públicos. No tuvieron tiempo para separar hombres de mujeres, simplemente obligaban a la clientela a acostarse boca abajo, según cuenta Hilda, que dice tener conocimiento de los hechos porque su cuñada estaba en una fuente de soda y fue obligada a ello. Añade que su cuñada le contó que mientras los tenían reducidos en el piso, varios paramilitares se le montaron encima y la mordieron mientras le decían palabras obscenas.

A mi cuñada sí le tocó, ella me contó que esa noche estaba en una fuente de soda,

hechos mencionados adelantó la Procuraduría contra funcionarios del Ejército y de la Policía y que puede apreciarse en el informe que presentó el Procurador Departamental de Cúcuta al Procurador General de la Nación el 21 de julio de 1999 (fls. 1-8 cuaderno de pruebas No. 8) y el informe que presentó la comisión interinstitucional que visitó el corregimiento La Gabarra el 24 de agosto de 1999 (fls.139-143 cuaderno de pruebas No. 3). 5.5. Pero, además de que las acciones militares que se adelantaron con ocasión de la incursión paramilitar en el corregimiento La Gabarra no mostraron ninguna eficacia, se advirtió la ausencia de intervención de los miembros del Ejército y la Policía que operaba en la región, ante la llegada del numeroso grupo de paramilitares en su paso por sitios donde se hallaban instalados los comandos de esos cuerpos armados, además, de la colaboración que, según la investigación disciplinaria que adelantó la Procuraduría, le prestó al grupo un miembro de la Policía” (Consejo de Estado, 2006).

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con una gente, tomándose algo. Que de pronto quitaron la luz, todo quedó negro negro y que entraron unos hombres y les gritaron que se tiraran al piso. Ella tenía una blusa verde y los tipos se le montaban encima y la mordían y le decían un montón de cosas, la morbosearon, y que luego se decían entre ellos en voz alta: “Esa de la camisa verde está como para…”, usted sabe, para “eso”.

El número de muertos fluctúa de acuerdo con la fuente de la información. Las investigaciones de la Procuraduría arrojan 27 muertos (Consejo de Estado, 2006); el informe elaborado por Minga, 21 (Asociación para la Promoción Social Alternativa, 2008, p. 81); y el artículo de Álvaro Villarraga, 39 (Villarraga, 2007, 392). Ahora bien, estas dos últimas fuentes ponen de presente que muchos cuerpos fueron arrojados al río Catatumbo, de ahí que el número exacto de homicidios sea difícil de establecer. Las mujeres relatan que ellas supieron que a muchos los mataron y los “picaron”, es decir, fueron descuartizados y arrojados al río. No tuvieron noticias de violencia sexual y ni siquiera identifican el episodio de la cuñada de Hilda dentro de ellos. Eso sí, la dueña de la fuente de soda asevera que a las “niñas” de ciertos bares y cantinas las fueron matando paulatinamente después de la masacre, “las desaparecían y las picaban con machete”.

Los paramilitares uniformados se fueron, pero los que habían entrado vestidos de civil se quedaron. Algunas oyeron decir que les habían dejado una razón: “Esto es solo el comienzo”. Por esa razón, luego de las masacres, de nuevo hubo una ola de desplazamiento10. Al día siguiente, 22 de agosto de 1999, la FGN y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron presencia hacia el mediodía. Llegaron en helicópteros del Ejército. Una mujer que era parte de ese equipo comentó que fue muy difícil convencer al Ejército de que los transportara hasta allá11. Algunos cuerpos ya no estaban en el lugar de los hechos, habían sido trasladados por los familiares a las salas o comedores de sus casas. No había cadáveres de mujeres. Los demás estaban en el lugar de la masacre y nadie los reclamaba o decía conocer su nombre.

Ella dice que, al parecer, eran vendedores de coca que no se acomodaron a las nuevas reglas del juego de los paramilitares. Esta mujer recuerda particularmente los olores, el estado de shock de la gente y su propia inexperiencia. Nunca en su vida había hecho el levantamiento de un cadáver y el médico que se encargó de las necropsias apenas acababa de comenzar su rural. Dentro de las preguntas que hicieron la FGN y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) no se incluyó violencia sexual.

Para la misma época de la toma del casco urbano de La Gabarra, Marcela presenció una masacre de campesinos en una finca. Ella era estudiante y estaba en la zona haciendo unas investigaciones en agricultura. Al mediodía llegaron 10 paramilitares fuertemente armados, obligaron a los hombres a acostarse en el piso, y separaron a las mujeres y se las llevaron. Ella dice que se salvó porque tenía con ella el carné de la universidad; sin embargo, la obligaron

10

Según el Sistema Institucional de Información sobre Desplazamiento, Conflicto Armado y Derechos Humanos (SISDHES), en 1999 se reportaron en corregimiento de La Gabarra, del municipio de Tibú 1.495 personas en situación de desplazamiento, y para el año 2000, 650. Así mismo, estimó que en tres municipios del Alto Naya ocurrieron desplazamientos masivos durante el 2001. En el municipio Buenos Aires se desplazaron 622 personas en el 2000, 4.630 en el 2001 y 4 en el 2002. En el Municipio de López 561 en el 2001, y en el municipio de Santander de Quilichao, 1.115 en el 2000, 5.247 en el 2001 y 96 en el 2002.

11

Entrevista realizada el 11 de octubre de 2010.

Las masacres: ¿dónde estaban las mujeres? 49

a presenciar cómo mataban a los 30 trabajadores con un tiro de gracia. Después la sacaron a la carretera y le dijeron que caminara hasta el pueblo más cercano y no volviera más por ahí.

La masacre del casco urbano de La Gabarra marcó la consolidación de la presencia de las ACCU en el Catatumbo. Aun así, los abusos en contra de la población civil continuaron.

Carmenza12 vivía en Vetas hacia el año 2000, tenía un negocio que le había dejado un primo, del cual decían que se había vuelto paramilitar. La ACCU acostumbraba a hacer retenes en la zona y ese día hicieron uno cerca de su casa. Alias “el Lobo” era el comandante que estaba a cargo esa noche, había tormenta y todo estaba muy oscuro. Repentinamente, un hombre joven, moreno y uniformado tumbó la puerta, “se metió a la pieza” y le puso el fusil en las costillas. Le ordenó darle toda la plata que tenía y, luego de robarla, le dijo que se quitara la ropa. “Yo tenía miedo de que violara a mi hija, pues las dos dormíamos en la misma pieza.

Ese tipo era un centinela. Me violó a mí. Parece que no se dio cuenta de la presencia de mi hija”. La niña de 10 años vio todo lo sucedido. “Eso, después de lo de La Gabarra, violaron un montón de mujeres; les decían a los maridos: ‘Ya se las traigo’”. Al mes, Carmenza decidió irse de ahí, abandonar el negocio, tenía miedo de que violaran a su hija o de que las mataran a las dos. Ella no quería que le pasara lo mismo que a la mujer del panadero: “No ve que esos tipos entraron en el negocito, se pusieron a beber, les dijeron que los iban a matar y cuando ya estaban borrachos borrachos lo hicieron, la degollaron”.

Julia13 se fue a La Gabarra en 1997, pues quería trabajar y en las fincas era fácil ubicarse como cocinera. Allá conoció a un joven indígena del Huila y comenzaron un noviazgo. Hacia finales de 1998, los paramilitares retuvieron a su novio y le obligaron a quitarse la camisa, pues esa era una de las formas que usaban los paramilitares para reconocer a los guerrilleros por las marcas del morral en la espalda. Él tenía marcas de fumigador de cultivos ilícitos; sin embargo, no le creyeron y se lo llevaron. A Julia le llegaron los rumores de que lo habían matado cerca al río, por eso se fue a buscar el cuerpo en una lancha. Antes de encontrarlo, vieron muchos cuerpos de hombres y mujeres, la mayoría descuartizados: “Uno los reconocía por las uñas, si tenían pintadas las uñas”. Apenas pudo enterrarlo, se fue de la zona. En el año 2000 volvió y comenzó a trabajar en una finca de Morro Frío, cerca de La Gabarra. Allá se convirtió en la mujer del “patrón”. Cuando tenía dos meses de embarazo, los paramilitares entraron “con todo” en la región. Pasados unos meses, una mañana se despertó sola en la finca, los obreros y hasta el “patrón” se habían “volao”, pues temían por su vida. Ella salió a ver si encontraba a alguien por el camino y se tropezó con dos paramilitares que le dijeron: “¿Usted está buscando gente? Nosotros tenemos gente”.

Y me llevaron pa’ un rancho en el que había varias personas. Claro que antes me sentaron en un filito, al lado de un árbol, con otras cuatro mujeres, y uno de ellos me dijo: “Usted va a hablar lo que es” –y me pegó con la cacha del fusil en las costillas–, “¿a quién le vende la mercancía su compañero? Se la vende a los guerrilleros y no nos da nada a nosotros”. Me llevaron pa’ arriba y dije que tenía sed, así que me dieron agua de un hueco, todita amarilla, y yo tomaba y vomitaba y tomaba y vomitaba. Y me llevaron pa’ arriba y en la finca se veía de lejos un montón de paras y me presen-

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Entrevista realizada el 2 de diciembre de 2010.

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Entrevista realizada el 2 de diciembre de 2010.

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taron a un hombre que estaba echado en una hamaca; le dijeron: “Mire, esta es la mujer del ‘Boyaco’”; estaba en la hamaca con una pantaloneta y con una mujer, una muchacha vestida de camuflado. El tipo les dijo: “Llévensela, hagan con ella lo que quieran, porque aquí no vino a decir mentiras”. Me llevaron al camino y me sentaron en una piedra. Por ahí subían 20 civiles con un paraco negro, ahí venían las cuatro mujeres con las que yo estaba abajo. El negro pasó y me puso la mano en la cabeza y me preguntó: “¿No tiene nada más qué decir?”, y yo dije que no con la cabeza. Otra vez me llevaron pa’ arriba y el negro le dijo al de la hamaca: “Esta es la señora que estaba preñada”. El de la hamaca me dijo: “Ni se le ocurra perder ese guerrillero que lleva en la barriga, porque ahí sí se muere, nosotros no tenemos nada con los niños”.

Después me pusieron a identificar unos arrieros, luego, los mataron.

A Julia no la pusieron a cocinar, le dijeron que no hiciera nada. Esa noche le dolió el estómago y tuvo mucho temor de perder el niño. Allá duró cinco días más con otras mujeres, a quienes se llevaban por turnos para el monte y a las dos horas las devolvían. Una noche le tocó a ella, la llevaron por “un corte de coca” y al final se encontró con un señor sentado.

Este se la llevó para su carpa y ella quiso escapar, pero él la cogió del brazo.

Yo grité y el tipo se dio cuenta de que tenía fiebre, pues él era el “médico”, y le dijo al muchacho que me había llevado que me devolvieran y me dieran unas pastillas. El “médico” tenía una cicatriz en la cara. Después, el negro me preguntó que cómo iba y yo le conté lo del “médico”, y él me dijo que se iba a encargar de que eso no pasara más y así fue, no me llamaron más, pero sí llamaban a las muchachas. Nos pusieron a lavar uniformes. El agua salía roja. Al quinto día nos soltaron, a mí por embarazada, a una muchacha que tenía paludismo y a una señora de edad. Me dijeron que solo querían la cabeza y los huevos de mi marido porque me había dejado botada. Estábamos muy lejos de La Gabarra, todo estaba solo, daba miedo. Por ahí se apareció un pescador y nos dejó un pescado. Llegamos a La Gabarra, no sé después de cuánto tiempo. Los de Copetrán nos llevaron gratis a Cúcuta.

Julia mira a su hijo y dice que él es su ángel de la guarda, fue por él que no la violaron, que no le hicieron nada, que la dejaron ir.

De la información recabada en las entrevistas, es posible identificar cómo las sobrevivientes coinciden en que la masacre no era el escenario propicio para la violencia sexual, sobre todo, porque todas ellas tenían conciencia de la corta duración del evento violento y la poca oportunidad que tuvieron los paramilitares para ser selectivos. De la misma manera, lo hizo la funcionaria pública que participó en la investigación de los hechos. Asimismo, a través de sus relatos, las mujeres hicieron hincapié en que el antes y el después de la masacre fueron los momentos en que supieron de más episodios de violencia sexual o se vieron enfrentados directa o indirectamente a ellos.

En lo que atañe al desplazamiento forzado, solo una de ellas (Carmenza) identificó la violencia sexual como causa principal del mismo, específicamente el miedo de que su hija fuera violada. Las demás mujeres hicieron referencia a temores más generales como la muerte violenta, el peligro en que estaban sus familiares, la zozobra. La reconstrucción de su vida no ha sido fácil en los sitios de recepción y su relación con La Gabarra está signada por la mezcla de la nostalgia y el temor.

Las masacres: ¿dónde estaban las mujeres? 51

El señor de la droguería se enteró que yo era de La Gabarra y cada vez que me asomo por allá me dice: “Quiubo gabarra”, y yo le digo que no me diga así, que me va a hacer matar.14

Finalmente, cuando se les preguntó si querían volver, la mayoría manifestó sentimientos encontrados, puesto que ellas consideran que la situación no ha cambiado, que la desmovilización de los paramilitares en el año 2005 no significó una reducción en la violencia y que tal vez lo que una vez fuera suyo no haya forma de recobrarlo.

El Alto Naya: “Si dicen algo, no queda ni el nido de la perra” Lucía cuenta que los paramilitares hicieron presencia en la región desde finales de 1999.

Ella había nacido en el Alto Naya y su marido, Augusto, era del Putumayo; tenían una casa en Patio Bonito, justo en la parte del camino donde comenzaba el “carreteable”, un lugar perfecto para poner un restaurante y una tienda para atender a la clientela que iba y venía del Alto Naya. Para abastecer el negocio, era preciso ir frecuentemente al pueblo más cercano, Timba, a tres horas en carro. Sin embargo, desde mediados del año 2000, solo las mujeres podían hacer ese viaje, pues las AUC comenzaron a matar a los hombres que se atrevían a ir hasta allá. De esta manera, las mujeres tenían que “coger camino” solas y someterse a las preguntas y requisas de los paramilitares. A Lucía solo la dejaban comprar $50.000 para abastecer su tienda.

Una mayora recuerda que desde 1998 comenzaron a tener miedo: “Ya había mucho rumor, que iban a entrar, los que salían a llevar las remesas oían por ahí que los paras iban a entrar”. Ella vivía en el corregimiento La Playa, un lugar que recuerda como propicio para cualquier clase de cultivo:

Joaquincillo Pto. Merizalde

Río Naya

La Concepción San Francisco La Playa Alto Sereno El Playón

Río Mina

Palo Polo Agua Panela Las Minas Patio Bonito

La Paila

Campamento La Silvia

El Ceral

Mapa 4. Cuenca del río Naya

Fuente: García, Pedro y Jaramillo, Efraín. Colombia: el caso del Naya. Desarraigo territorial de poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes como un objetivo de guerra. Bogotá: Editorial Códice, 2008, p. 16.

La tierra era muy buena, el maíz nacía fácil, a los tres meses ya estábamos recogiendo choclo, todo era pa’ nosotros porque era muy difícil sacar los productos, Santander Quilichao quedaba a tres días de camino. Sí, como en el 99 empezamos oír que no dejaban pasar, que los paras no dejaban pasar remesas, mucho menos personas, que mataban personas, que las quemaban.

La mayora tuvo siete hijos, solo tres llegaron a la vida adulta, los demás se murieron antes de llegar a la adolescencia por diversas enfermedades. Para la época de la masacre, una de ellas tenía 18 años y unos cuantos días antes de la masacre fue retenida por paramilitares cuando iba por el camino con otras personas: Ese día, mi hija salió a traer remesas a la una de la mañana. Iba a traerme unas medicinas de Patio Bonito que queda en un filito. Los paras los vieron y los llamaron y le preguntaron que si sabían de la guerrilla. Ellos dijeron que no. Los interrogaron como dos horas y luego los soltaron. Saliendo en otro filo, los pararon otra vez. En La Silvia otra vez y les hicieron las mismas preguntas. A ella se la llevaron solita y la metieron en una pieza oscura porque dijeron que era guerrillera. La sacaban y le preguntaban otra vez. Los paras la botaron al suelo y ella quedó mareada y le dijeron: “Váyase y piérdase o la acabamos”. La maltrataron y a los que iban con ella les quitaron la plata. A las demás mujeres no le hicieron lo que a ella porque llevaban niños, más de malas ella que había dejado a la niña conmigo. Cuando llegó al pueblo se enteró de que habían matado gente, por eso se devolvió ahí mismo para La Playa, estaba preocupada por nosotros. Subiendo vio muertos, ella dice que descuartizados con motosierra. En el camino no se encontró ni un arriero.

Clementina, una joven mujer indígena nasa, también tiene presente el miedo que sintieron en esos días. Ella relata que su marido manejaba un camión y que un día se encontró con unos miembros de las AUC por la carretera: “Por el lado de Santander de Quilichao, se lo llevaron a La Balsa y lo mataron dentro del carro. Dijeron que las remesas que llevaba eran para la guerrilla”. Los rumores son una parte esencial de su relato: “Antes de la masacre se oía que en Timba estaban matando gente, que bajaban gente de las chivas, que tenían listas. La gente le decía a uno que no bajara al pueblo con botas15”.

El 15 de diciembre de 2000, las AUC mandaron unas cartas a la población en las que exhortaban a la comunidad a irse del Naya. Lucía cuenta que se las daban al chofer de la chiva o al Presidente de la Junta para que las repartieran: “Y nosotros piense que piense para dónde podíamos coger”. Sin embargo, añade: “La guerrilla nos decía que si nos íbamos, éramos objetivo militar de ellos”. Para el 25 de diciembre llegaron otras cartas, esta vez en papel rojo, con el mismo mensaje. Ya se habían desplazado la mayoría de las comunidades afrocolombianas y tal vez quedaban solo siete familias en las cercanías. Por ese motivo, Lucía y su familia decidieron irse para Timba, Valle del Cauca.

Nada de lo que estaba sucediendo en el Naya era desconocido para las autoridades. En diciembre de 2000 se presentó una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue tramitada y decidida de manera favorable a los

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Testimonio de la entrevista grupal realizada el 6 de octubre de 2010.

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En el conflicto colombiano, tener botas pantaneras ha estado fuertemente asociado a ser parte de la guerrilla.

Las masacres: ¿dónde estaban las mujeres? 53

CALI Valle del Cauca Jamundí Alto del Naya

Vereda La Ventura

Timba Buenos Aires

Cauca Mapa 5. Masacre en el Naya

Fuente: El País, julio 26 de 2010 <http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/alerta-por-posible-masacre-en-cauca> (Consultado el 17 de abril de 2011).

peticionarios en marzo de 2001 (Consejo de Estado, 2007). La Defensoría del Pueblo alertó al Ministerio del Interior, al de Defensa, a la III Brigada del Ejército, a la Red de Solidaridad Social y la Fiscalía General de la Nación (Caicedo et ál., 2006, pp. 27-29). Para el momento, no existía el Sistema de Alertas Tempranas (SAT)16, sin embargo, la Defensoría sí dio noticia de lo que estaba aconteciendo, tal y como consta en la Resolución Defensorial No. 9 (Defensoría del Pueblo, 2001).

En efecto, desde el año 2000, el Bloque Calima se había establecido en una vereda de Buenos Aires, Lomitas, muy cerca de Santander de Quilichao. La idea era controlar el tráfico de estupefacientes que provenía de la cordillera occidental y posicionarse en una zona estratégica que les permitiera tener presencia en Cali, capital del Valle del Cauca, y replegarse a zonas rurales, específicamente en el departamento del Cauca. Lomitas ofrecía todas estas ventajas, en especial porque contaba con vías alternas de comunicación por Jamundí y por Villa Rica. Asimismo, Éver Veloza, alias “HH”, indicó en su versión libre que otra de las motivaciones de la entrada en el Naya tenía que ver con la erradicación del ELN, pues era conocido que esta zona le servía como área de repliegue. Las FARC también hacían presencia en la región, específicamente en el corredor que iba del Alto Naya a Buenaventura, un paso estratégico para dominar el mercado de la droga. Adicionalmente, el Naya se ha caracterizado por ser una zona maderera, lo que ha implicado la presencia de grandes empresas y capitales que atrajeron a los grupos guerrilleros por la posibilidad de extorsión.

16 La Defensoría del Pueblo pone al servicio de las comunidades y de las instituciones del país un Sistema de Alertas Tempranas para monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo de la población civil por los efectos del conflicto armado interno y promover la acción de prevención humanitaria con el ánimo de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas² (Defensoría del Pueblo, s.f.).

54 El día en que se dañó la tranquilidad

La orden de Carlos Castaño fue clara: había que hacer presencia en el Naya y, sobre todo, controlar López de Micay, un municipio del Cauca con salida al mar. Alias “HH” indica que, para cumplir con su cometido, recogieron gente de diferentes frentes y que la organizaron en una finca de Mazamorrero, Cauca. Quienes estuvieron al mando de la operación fueron Elkin Casurrubia Posada, alias “el Cura”, Luis Fernando Arce Martínez, alias “Chilapo” y Jair Alexander Muñoz, alias “Sisas” (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, 2011). Hacia el 5 de abril de 2001, la presencia de las AUC se hizo notar en la zona, a través de enfrentamiento con guerrilleros del ELN. Después de varios combates, el 9 de abril un miliciano de esta guerrilla fue secuestrado y les sirvió como guía en los días subsiguientes; así mismo, señaló quién era guerrillero o colaborador de la guerrilla17. No ha sido posible establecer a ciencia cierta cuántos paramilitares entraron en la zona en ese momento, las cifras van desde 200, según alias “HH”, hasta 500, de acuerdo con el informe de ILSA (Caicedo et ál., 2006, p. 30).

Lucía dice que eran 300 hombres fuertemente armados y vestidos de camuflado, eso fue lo que oyó decir, pues a su casa solo llegaron unos cuantos. Además, alias “HH” había divido el grupo para establecer controles en distintos puntos de la región. Era la mañana del 10 de abril de 2001 y, como siempre, Lucía se había levantado temprano, había abierto la puerta y se había puesto a arreglar las cosas para el día. Era martes santo y ya desde el día anterior los paramilitares se habían dedicado a interceptar personas que pretendían tomar la chiva para Santander de Quilichao o para Timba (García y Jaramillo, 2008, p. 35).

Serían como las 6 o 7 de la mañana cuando llegaron. Me tiraron al piso para requisarme; dizque les habían dicho que en mi casa escondían armas y decían que mi esposo era guerrillero. Yo traté de hablar con ellos. Se llevaron a mis hijos para la cocina para matarlos. Todos tenían acento costeño, eran morenos. De pronto, uno me dijo que tenía que pelar en cinco minutos cinco pollos, y yo sentía tanto miedo que me desmayé. Luego, me preguntaron que si estaba embarazada, yo les dije que no.

Eran como las 10 de la mañana. A las 12 llegó más gente y empezaron a coger a los que iban subiendo y escogieron a quiénes iban a matar, en el barranco, los ponían en el barranco. Los paras tenían una lista igualita a la lista que hizo el Ejército cuando liberó a los de La María. Cuando liberaron a los secuestrados, recogieron nombres y cédulas de la gente que estaba por ahí. Solo escogían hombres. A las 2 de la tarde nos metieron en una pieza, con una señora y unos trabajadores y mis hijos. A la señora le dio ganas de orinar, pero no la dejaron salir. Mi esposo abrió un hueco en la esquina y con una sábana tapó a la señora mientras ella orinaba. A las 4 comenzó un tiroteo y la motosierra, yo oía lamentos, pero el que nos cuidaba nos dijo que miráramos al piso, nos amenazaron con hacernos lo mismo.

Frente al restaurante de Lucía y su esposo mataron a cinco personas, a Daniel Suárez, su esposa, dos de sus sobrinos y a un alguacil. Ella cuenta que uno de sus hijos vio los cadáveres y que refirió signos de tortura en el de la señora: arañazos en el cuello y mutilación de las manos. Daniel Suárez era colono del Naya, tenía un bar y se dice que un paramilitar lo vio entregando plata a la guerrilla. Su esposa tenía fama de desconfiada y quisquillosa; algunos

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Versión libre de Éver Veloza, alias “HH”.

Las masacres: ¿dónde estaban las mujeres? 55

relatos se detienen en un episodio anterior a su muerte en el que los paramilitares le obligaron a vaciar su cartera, para lo cual ella cogió una especie de estera para poner sus cosas sobre esta y evitar que se ensuciaran. Lucía especula que esta pudo ser una de las razones por las cuales las AUC le cortaron las manos.

Lucía no olvida las malas palabras que utilizaban los paramilitares con las mujeres, en especial les decían “perras” todo el tiempo. Tampoco que estaban bajo el influjo de estupefacientes, ella dice que los vio fumar algo que no eran cigarrillos. A las 5 de la tarde, los paramilitares se alistaron para irse, no sin antes ordenarle a Augusto, su esposo, que cargara una mula con armas y base de coca. “Antes de coger camino con mi esposo, dijeron: ‘Si dicen algo, no queda ni el nido de la perra’”. Obligaron a su marido a acompañarlos. Lucía sabía que nada bueno podía pasarle, por eso al otro día se fue a buscarlo. En el camino, un arriero le dijo que lo habían encontrado muerto cerca a La Silvia. Apenas supo esto, se fue para un caserío llamado Aures, allá encontró a un inspector de policía que estaba dispuesto a ir con ella por el cuerpo. “Lo enterramos calladitos, sin papeles, ni nada”. Después se fue para Cerro Azul, a visitar a su familia, y allá llegó la guerrilla a darle el pésame: “Me dijeron que se iban a vengar por eso y yo me puse bravísima, yo les dije que era culpa de ellos y la guerrilla amenazó con matarnos, y yo les dije: ‘Listo, comience por allá y me deja a mí de últimas’”.

Mientras cocinan, un grupo de seis mujeres intercambian historias sobre cómo vivieron la masacre18. Ellas coinciden en que todo comenzó en El Ceral; cuentan que allí asesinaron a dos mujeres, eso han oído, porque ninguna de ellas lo presenció: “Apenas nos contaron lo que estaba pasando, salimos a correr monte adentro”. Por su lado, Lucía, en su entrevista individual, dice que algunas personas comentan que a una de las mujeres de El Ceral la encontraron semienterrada, que antes de violarla y asesinarla, “la bajaron a rastras del filo y cuando la enterraron le dejaron las manos por fuera”. También cuenta que en Los Robles decapitaron a otra señora, tal vez sea la misma que refiere El Espectador (2009) como Gladys Ipia, a quien le mutilaron las manos. Ni Lucía ni las mujeres en la cocina hacen referencia a posibles ataques de violencia sexual en contra de las mujeres de El Ceral; sin embargo, la mayora, entrevistada individualmente, afirma que a ella le contaron que en El Ceral violaron a una muchacha y a una señora antes de matarlas por ser supuestamente guerrilleras.

Finalmente, entre el 13 y el 14 abril de abril de 2001, los paramilitares siguieron hacia El Playón y La Playa. Por el camino continuaron cometiendo homicidios. En Río Mina entraron a un caserío en el que vivían más o menos 12 familias, las sacaron de sus casas y les dijeron que tenían 20 minutos para irse. La mayora dice que allí no hubo masacre, por lo menos eso es lo que se sabe. Todas las mujeres se refirieron a “la compañera Juana Bautista”, una mujer afrocolombiana que fue torturada y violada el viernes santo, cuando los paramilitares ya iban de bajada. La mujer tenía una discapacidad mental y, al parecer, increpó a los paramilitares al verlos llegar y les dijo que era guerrillera y que los iba a matar (Cinep, s.f.).

No hay acuerdo en los detalles de la violación, pero una de las mujeres indígenas dice que a ella le contaron que le metieron un palo en la vagina.

En su versión libre, alias “HH” se ha referido a la colaboración del Ejército. Ha explicado cómo la incursión se planificó con ellos y la ayuda prestada para el transporte de los

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paramilitares en camiones de su propiedad (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2010).

Adicionalmente, el expediente de la acción de grupo surtida ante la jurisdicción contencioso-administrativa colombiana da cuenta de que el Ejército fue alertado de la presencia paramilitar en la zona y que no desplegó ninguna acción para evitarla, mucho menos para impedir una masacre que se venía anunciando desde finales del año 2000 por parte de diferentes ONG y la Defensoría del Pueblo. Si bien las mujeres entrevistadas y expertos citan la retaliación por el secuestro de La María como uno de los móviles de la masacre, Éver Veloza ha sido enfático en negarlo, así como lo ha hecho con el uso de las motosierras. Este ha aseverado que estas masacres no se planificaron, que no se llevaron listas y que la motivación era simplemente reducir a la guerrilla y controlar corredores estratégicos, tales como López de Micay y Puerto Merizalde. De la misma manera, ha aceptado degollamientos, y el asesinato y mutilación de las manos de una señora.

Entrevista en grupo realizada el 27 de noviembre de 2010.

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Las masacres: ¿dónde estaban las mujeres? 57

Referencias bibliográficas Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN. “Sesenta ex ‘paras’ reconstruirán la masacre de El Naya”. Santander de Quilichao: ACIN, 22 de marzo de 2011.

Disponible en: <http://www.nasaacin.org/portalnuevo/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=1791:sesenta-ex-paras-reconstruiran-la-masacre-de-elnaya&catid=1:ultimas-noticias>. Fecha de consulta: 28 de marzo de 2011.

Caicedo, Luz Piedad et ál. Desplazamiento y retorno. Balance de una política. Libro 3. El limbo en la tierra. Reubicación de la población desplazada del Alto Naya en Timbío, Cauca.

Bogotá: Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA, 2006.

CINEP. Banco de Datos Noche y Niebla. S.f. Disponible en: <https://www.nocheyniebla. org/consulta_web.php>. Fecha de consulta: 28 de marzo de 2011.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. “Juana Bautista Angulo Hinestroza”. Sin Olvido, 176. 13 de abril de 2010. Disponible en: <http://justiciaypazcolombia.com/Juana-Bautista-Angulo-Hinestroza,3120>. Fecha de consulta: 28 de marzo de 2011.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, agosto 15 de 2007, radicación número 190012331000200300385-01, magistrado ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez. _____, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, enero 26 de 2006, radicación número AG-250002326000200100213-01, consejera ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio, actor: Jesús Emel Jaime Vacca y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa y otros.

CAPITULO 4

“Esto no es puro cuento”.

Análisis de la información recogida en los talleres y entrevistas

Defensoría del Pueblo. Sistemas de Alertas Tempranas (SAT). S.f. Disponible en: <http:// www.defensoria.org.co/red/?_item=1102&amp>. Fecha de consulta: 17 de abril de 2011. _____. Resolución Defensorial No. 009, mayo 9 de 2001. Disponible en: <http://www.iidh. ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_438003671/Resoluciones-Colombia/ Resolucion%20009.htm>. Fecha de consulta: 28 de marzo de 2011.

García, Pedro y Jaramillo, Efraín. Colombia: el caso del Naya. Desarraigo territorial de poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes como un objetivo de guerra. Bogotá: Editorial Códice, 2008.

González, Fernán et ál. Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado. Bogotá: Cinep, Ediciones Ántropos, 2009.

Ortega, Francisco (ed.). Das, Veena. Sujetos del dolor, agentes de dignidad. Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, 2008.

Payne, Leigh A. Unsettling Accounts. Neither Truth nor Reconciliation in Confessions of State Violence. Durham: Duke University Press, 2008.

Verdad Abierta. Versión libre de Salvatore Mancuso de febrero 26 de 2009. S.f. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-jefes/661-perfil-armando-albertoperez-betancur-alias-camilo-. Fecha de consulta: 17 de marzo de 2011.

Villarraga, Álvaro. “El paramilitarismo en Norte de Santander, incursión de las ACCU, emergencia al poder y desmovilización del Bloque Catatumbo”. En: Corporación Nuevo Arco Iris. Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá: Intermedio Editores, 2007.

Las masacres: ¿dónde estaban las mujeres? 59

El objetivo básico de esta segunda etapa de la investigación de las masacres y la violencia sexual en contra de las mujeres era ahondar en la posibilidad de establecer una relación entre las tres características ya anotadas (finalidad, dinámicas del conflicto y arreglos de género) y el evento violento. Así, la idea era probar que dependiendo de la variación de una o varias de estas características, la violencia sexual tendía a manifestarse de una u otra manera, cuestión que abriría la puerta para una explicación del porqué y el cómo de estos actos violentos.

En pocas palabras, la idea era examinar si esas variables podían ligarse a la ocurrencia de la violencia sexual más que de una manera casual. Obviamente, esto permitiría entender esta conducta como algo más que simple violencia oportunista o “de consumo” y ligarla a las estrategias de los actores armados1.

Si bien no existían hipótesis contundentes al comienzo de esta investigación, el informe Las sobrevivientes cuentan había trazado ciertas pautas, tales como la urgencia por “descentrar” los escenarios de las masacres y trasladarlos a lugares menos protagónicos; la necesidad de indagar sobre el posicionamiento de cada una de las mujeres en el entorno social y la importancia de darle un lugar privilegiado a la vida cotidiana en aras de entender por qué en ese sitio y de esa manera. En las anteriores secciones se ha dado cuenta con amplitud de la finalidad asignada a la masacre por los actores y las víctimas, y de las dinámicas del conflicto desde una perspectiva nacional y local. Por esa razón, es menester darles un espacio a los arreglos de género que pudieron ser determinados a través de las entrevistas en grupo e individuales con las víctimas, funcionarios, académicos y expertos2.

Es un hecho que los arreglos de género en La Gabarra eran más variados y, por decirlo de alguna manera, más igualitarios para ciertos actores sociales. Basta recordar el caso de Claudia, quien por su profesión siempre ejerció liderazgo en el pueblo y tuvo un diálogo directo con los actores armados legales e ilegales. Sin embargo, por esa misma razón, su vida se hallaba en constante peligro y los rumores de que los paramilitares la estaban buscando con nombre propio la llevaron a desplazarse antes de que ocurriera la masacre del casco urbano.

Lo mismo le sucedió a la dueña de una de las residencias más importantes de La Gabarra, una mujer que todos identificaban como una comerciante exitosa, con muchas conexiones y una vida social bastante activa. Sin embargo, cuando los rumores comenzaron, no tardó en ser tachada de “amante de un comandante guerrillero”. Adicionalmente, cuando las mujeres hablaron de las violencias sexuales de las que tuvieron razón de oídas, siempre ponen de presente que estas víctimas eran mujeres dedicadas al comercio o profesionales, como el caso de la bacterióloga. Ahora bien, la palabra “comercio” tiene distintas connotaciones, pero la mayoría de las veces hace referencia a ser dueña de una tienda, local, residencia o bar.

1

“Accounts of rape by both victims and perpetrators suggest that rape is often consumed, acted out as a desirable and pursued sexual event, albeit one immersed in violence and physical domination. Although this might sound evident and horrific at the same time, I think it is important to separate rape as consumption from rape as a war strategy because the former is underpinned by a different logic, one strongly embedded in peacetime, ‘normal’ gender ideology” (Boesten, 2010, p. 119).

2

Vale la pena recordar que en el momento de la redacción del informe no se conocen trabajos sistemáticos sobre la materia. Tal vez de lo único que se tuvo noticia fue de que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP - OEA), a través de una de sus funcionarias, había realizado un trabajo en este sentido con mujeres de La Gabarra. Cuando se estableció comunicación con ella, manifestó que por el momento no podía proveer información al respecto pues estaba pendiente el visto bueno de la organización y su publicación.

60 El día en que se dañó la tranquilidad

También es interesante constatar que aquellas mujeres que tenían una vida pública o de liderazgo anterior a la masacre pudieron hablar con más desenvoltura sobre la violencia sexual ocurrida, la economía de la coca, la presencia de actores armados y el aire festivo del pueblo. Por el contrario, las mujeres campesinas o con vidas menos públicas no refirieron esos episodios en sus relatos y se centraron en una visión casi idílica en la que insistían en que todos ellos eran pobres y en que la excelencia del pueblo estaba dada por la presencia de personas que luego se convirtieron en sacerdotes o abogados. Asimismo, estas mujeres campesinas en su mayoría confesaron tener miedo de ser asociadas con La Gabarra, tanto que una de ellas contó cómo apenas nació su hijo se fue a Cúcuta a registrarlo para que no quedara como nacido en “ese pueblo”. Esto contrasta con el orgullo que exhiben las mujeres líderes, como Claudia.

En el caso de Carmenza, la única víctima directa de violencia sexual encontrada en esta investigación, es esencial poner de presente que ella misma reconoció no sentir vergüenza por la recapitulación de lo que le sucedió, entre otras, porque ya había contado su historia ante las autoridades, con el ánimo de calificar para una reparación administrativa, y porque ella dice tener en su vida un dilema mayor: uno de sus hijos fue supuestamente ejecutado extrajudicialmente por el Ejército. Si bien ella no era una mujer líder, con una profesión que le diera notoriedad, la constante exposición a los trámites ante el Estado colombiano y la ayuda de otras mujeres desplazadas como Claudia han permitido que maneje lo sucedido de esa manera.

En lo referente al Alto Naya, varias cosas deben tenerse en mente, entre ellas, que la región estaba bastante apartada de los cascos urbanos, la población en su mayoría era campesina y/o perteneciente a la comunidad afrocolombiana o nasa, y que la vida en comunidad no era tan activa en los caseríos. La mayora recordó “que los ranchitos quedaban bien lejos, solitos, había que caminar”. Por su parte, Lucía se ríe y dice: “Yo no sé por qué éramos así, dejábamos que nos atropellaran, pero es que no sabíamos qué era eso de los derechos, eso vino después. Si yo hubiera sabido lo de los derechos, no hubiera dejado que se llevaran a mi marido así como así”. Luego de que Lucía perdió a su esposo en la masacre, inició un proceso de subversión de los arreglos de género, de la mano de algunas personas de su comunidad y de organizaciones como la Ruta Pacífica.

Las otras mujeres nasas entrevistadas no respondieron abiertamente a la pregunta por la situación de las mujeres antes de la masacre, simplemente cuentan cuáles eran sus actividades, todas ellas ligadas a los estereotipos femeninos. De la misma manera, la presencia de la coca para la producción de cocaína es claramente evadida, solamente Lucía se refirió a la misma cuando contó que los paramilitares obligaron a su marido a cargar la mula con una pasta de coca. El mutismo de estas mujeres puede explicarse de diversa manera, aunque lo primero que debe ser anotado en este punto es que, desde la masacre de 2001, el cabildo Kitek Kiwe ha hecho un gran esfuerzo por permanecer unido y funcionar realmente como una comunidad. Esto ha implicado que cada decisión que concierne a sus miembros debe ser consultada y tomada en grupo. De esa forma, muchas personas, en especial las mujeres, no se sienten cómodas poniendo al descubierto detalles de su vida anterior y presente, pues saben que su fortaleza reside precisamente en la unidad de su relato y de su historia. Igualmente, si bien es posible notar cambios en los posicionamientos de las mujeres en la finca La Laguna, especialmente después de que Lucía asumiera un papel público en su comunidad, “Esto no es puro cuento”. Análisis de la información recogida en los talleres y entrevistas 61

la desconfianza en estudios que solo se centren en las mujeres sigue estando presente en las personalidades de este cabildo. Esto último fue evidente en una de las primeras reuniones que se llevó a cabo con algunos de sus representantes, todo ellos hombres, en la que uno puso de presente que su cosmovisión no permitía poner a hombres a un lado y mujeres al otro. Pese a que esta fue una posición aislada en la reunión, puede entenderse como una ilustración de algunos de los obstáculos que encuentran las mujeres para sentirse cómodas al hablar de sus propias experiencias.

Como se puede observar, los arreglos de género no solo dan cuenta de quién puede ser víctima de violencia sexual, sino de quién habla y cómo habla sobre esta. Finalmente, todas las participantes en los talleres y en las entrevistas se refirieron a los casos conocidos por rumores o por terceras personas sin problema, pero solo aquellas que contaban con una experiencia en lo público se extendieron en los detalles de los casos, proporcionaron nombres de personas que podían saber más y demostraron un alto grado de interés en proseguir con una investigación de este corte.

Al lado de las tres características ya mencionadas, es determinante hacer mención de la importancia del cómo operó la masacre para poder prever eventos de violencia sexual. Esta premisa no fue tomada como criterio de selección de los objetos de estudio, puesto que solo iba a poder ser llenada de contenido luego de la revisión documental y de las entrevistas. Tal como se esbozó en Las sobrevivientes cuentan, esta variable va a ser determinante para entender la incidencia de la conducta y permite aventurar la conclusión de que las escaladas de violencia con amplitud de tiempo y espacio la propician y favorecen, de ahí que los escenarios de control y dominación le sean más favorables que escenificaciones cortas del terror, como lo son ciertas masacres.

En La Gabarra, los relatos oficiales, no oficiales y de las víctimas condujeron a la corroboración de que la incursión del 21 de agosto de 1999 en el casco urbano fue corta, que no hubo tiempo de separar a hombres de mujeres y de entrar en las casas de la población. Esto permite explicar por qué la violencia sexual no tuvo un papel protagónico en la masacre, como sí ha sucedido en otras, por ejemplo, El Salado. Solamente se tuvo noticia del ataque a la cuñada de Hilda en la fuente de soda, consistente en mordiscos e insinuaciones obscenas.

Ahora, esto no pretende negar la ocurrencia de otros actos de violencia sexual, solo busca identificar dónde y cuándo ocurren. Para el caso de la incursión de las ACCU en el Catatumbo, la incidencia de los relatos es alta fuera del contexto de la masacre y más bien están ligados a la ocupación y dominio de los paramilitares.

El Alto Naya es una masacre que se podría llamar “de camino”, es decir, una masacre que se va dando de manera continuada por los sitios por los que van avanzando los actores armados, en este caso las AUC. Por este carácter, se podría decir que la violencia sexual ha de encontrar un escenario más propicio. Tal vez, de eso dan cuenta las marcas en el cuello de la esposa de Daniel Suárez, el secuestro de la hija de la mayora, aunque ella afirma que su hija no le dijo que le hubieran hecho nada distinto a pegarle, y los relatos sobre la violación, tortura y homicidio de Juana Bautista.

En este punto, vale la pena referirse a una expresión presente tanto en La Gabarra como en el Naya, que va de boca en boca, no solo de las víctimas sino de funcionarias, cuando se habla de mujeres secuestradas o retenidas por los actores armados: “¡Qué no les habrán hecho!”. Es una exclamación constante que busca atribuirle palabras a una duda y 62 El día en que se dañó la tranquilidad

a la imposibilidad de ofrecer pruebas contundentes al respecto, algo que pasa con bastante frecuencia en materia de violencia sexual. Incluso es una manera de romper el silencio y decir que hay escenarios en los que la probabilidad es más alta y que, por tanto, las autoridades y los investigadores deberían reconocerlo a través de los mecanismos de indagación adecuados.

Todo lo anterior parece conducir a que lo que más influye en la incidencia y variaciones (Wood, 2009) de la violencia sexual son las formas en que se desarrollan las masacres y los arreglos de género. La finalidad y las dinámicas específicas del conflicto en la región no fueron de particular ayuda para desentrañar las dinámicas de esta conducta delictiva en los casos estudiados. Quizá, estas variables puedan aplicarse con más éxito a lo que sigue después de la masacre, es decir, a la dominación y control, por cuanto los objetivos de los grupos armados estarán determinados de alguna manera por lo que buscan y la manera en que los demás actores armados legales e ilegales les harán frente.

No se puede desconocer que la mayoría de la violencia sexual referida por relatos de terceras personas o por conocimiento directo está relacionada con un ataque a la población civil. Más allá de si la categoría de crimen de lesa humanidad presta alguna función específica para facilitar o no la persecución de estos delitos, de lo que no hay duda es de que la violencia sexual, junto con el hurto, la tortura, la extorsión, entre otras conductas, juega un papel importante en el amedrentamiento de la población. De eso dan cuenta los rumores que se perpetúan, los cuales se detienen y ahondan en detalles macabros como los empalamientos, las mutilaciones y degollamientos. Incluso en esta perspectiva, el sexo oportunista o “de consumo” encuentra un lugar y lo arraiga dentro de las violencias propias del conflicto armado. Ahora, el dilema es si todas estas violencias son parte de un repertorio estratégico de terror o si simplemente suceden por la relajación en los controles sociales y jurídicos de la población. Quizá sea en este punto donde la labor de los entes investigadores debe ser más decidida y de avanzada para poder desentrañar las relaciones entre ciertos delitos y consecución de otros fines, tales como despojo, tortura o disminución del enemigo. El Auto 092, con su insinuación del carácter de crimen de lesa humanidad de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado impulsó un acercamiento más estudiado y metodológico a estos delitos, permitió profundizar preguntas de investigación, tales como las que guiaron este estudio. Muchos interrogantes nuevos descansan sobre la mesa y es obligación del Estado y la sociedad colombiana buscar respuestas que permitan reconocer que esto, como dijo alguna de las entrevistadas, “no es puro cuento”.

Finalmente, no sobra preguntarse en qué estado procesal están los casos del Anexo reservado del Auto 092 referentes a estas dos masacres. Este documento refiere como fuentes de información de estos eventos violentos una revista y un informe de una ONG internacional: un artículo de septiembre 22 de 2007 de la Revista Semana (2007) para el caso de La Gabarra, y el informe Cuerpos marcados, crímenes silenciados, de Amnistía Internacional (2004), en lo tocante al Alto Naya. El primer documento recoge testimonios de mujeres víctimas de violencia sexual en el año 1999 y otros en los que no es posible identificar la fecha. Hasta el momento no se tiene noticia de condenas por estos hechos3, ni ha sido posible establecer si 3

Entrevista con personal de la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, en la ciudad de Cúcuta.

“Esto no es puro cuento”. Análisis de la información recogida en los talleres y entrevistas 63

están siendo investigados por la FGN. Al respecto hay que anotar que se tiene conocimiento de que varias investigaciones por violencia sexual se están llevando a cabo en la Unidad de Justicia y Paz - Seccional Cúcuta, pero no ha sido posible conocer específicamente los hechos por cuanto existe reserva del sumario.

En el segundo documento se indicó que “hay importantes indicios de que la violencia sexual se empleó habitualmente” en varias masacres perpetradas por paramilitares, una de ellas, la del Alto Naya” (Amnistía Internacional, 2004, p. 19). De la lectura del informe de Amnistía Internacional es difícil discernir cuál fue la fuente, cuántas mujeres fueron violadas y en qué circunstancias. A través de una entrevista con la persona encargada de redactar el informe, la señora Giulia Tamayo4, se pudo determinar que mucha de la información contenida en ese informe había sido recabada anteriormente por otros investigadores de Amnistía o facilitada por organizaciones nacionales. Asimismo, la señora Tamayo afirmó que, a pesar de no tener nombres, números o cita de la fuente, Amnistía Internacional solo publica este tipo de referencias cuando existen testimonios o denuncias reiteradas. CODHES solicitó a Amnistía Internacional, a través de Giulia Tamayo, la desclasificación de la información primaria con que cuenta la organización con el fin de indagar sobre los casos concretos. Se sabe que Amnistía recibió una petición similar de la FGN y que esta ya fue contestada. Hasta el momento, CODHES no ha obtenido respuesta.

En una entrevista con el fiscal Joaquín Arias, encargado de investigar la masacre del Alto Naya, el 1º de septiembre de 2010, se pudo establecer que el proceso hasta ahora estaba comenzado y que las referencias a la violencia sexual eran escasas. La única alusión presente fue la de Juana Bautista, frente a la cual, para el momento de la entrevista, no se contaba con más información que con la que circulaba en los relatos de la población víctima. El Fiscal manifestó haber tenido problemas para entrar en la zona donde se dice que Juana Bautista está enterrada y para obtener colaboración de la comunidad.

4

Referencias bibliográficas Amnistía Internacional. Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. 13 de octubre de 2004, AMR 23/040/2004.

Boesten, Jelke. “Analyzing Rape Regimes at the Interface of War and Peace in Peru”. The International Journal of Transitional Justice, vol. 4, 2010.

Revista Semana. “Crímenes silenciados”. Septiembre 22 de 2007. Disponible en: <http:// www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=106402>. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2011.

Wood, Elisabeth J. “Violencia sexual durante la guerra: Hacia un entendimiento de la variación”. Revista Análisis Político. Nº 66, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales - IEPRI-, Bogotá, Siglo del Hombre Editores. Mayo - Agosto de 2009.

Entrevista realizada vía Skype en marzo 10 de 2011.

64 El día en que se dañó la tranquilidad

“Esto no es puro cuento”. Análisis de la información recogida en los talleres y entrevistas 65

CAPÍTULO 5

Contar para actuar

Las masacres: ¿dónde estaban las mujeres? 67

Miriam Jimeno (2010), en uno de sus artículos, ha propuesto que la categoría víctima tiene un alto contenido político, ya que permite que diferentes personas de la sociedad civil se unan en espacios públicos para compartir “la verdad”, formen opinión y se movilicen. En la misma línea de Leigh Payne, Jimeno afirma que este discurso compartido de las víctimas tiene efectos políticos “en tanto construye una versión compartida de los sucesos de violencia […] y sirve de puntal para una ética del reconocimiento y para acciones de reclamo y reparación”. De esta manera, esta investigación ha sido una ocasión para asistir a la construcción de estrategias por parte de las mujeres para reclamar sus derechos, para revelar sus historias, para reconocer lo padecido por las otras, en últimas, para reiterar que son parte de una comunidad política. Los movimientos de víctimas no son pasivos, la participación de estas mujeres en entrevistas y talleres es una muestra de su papel proactivo en la construcción de una “verdad” a partir de su vivencia, en últimas, de su emocionalidad (Jimeno, 2010).

A pesar de lo anterior, si bien el lenguaje de las víctimas no es simple sentimiento, sino que parte de una ordenación y escogencia de los énfasis en ciertos hechos a través de una racionalización, las lógicas del derecho siempre han sido reacias a incorporarlo sin que medie una especie de traducción a través del argot jurídico y de la presencia de la prueba. Ese temor a la expresión emocional se hace más evidente en la distancia que el derecho penal ha interpuesto entre la víctima, el victimario y su proceso (Eisenstat, 2004, p. 1115), aunque de la misma manera indica que detrás de cualquier daño, delito o problema simplemente contractual existen relatos emocionales que son presentados de manera jurídica ante los tribunales. Esto implica que la búsqueda de la prueba no es más que un paso en la construcción de un tipo muy particular de verdad, la judicial, la que no es más que una refinación de otro tipo de verdad, la social. Esa labor de encontrar el medio probatorio más adecuado para estos casos debe comenzar con el reconocimiento de que estas historias no son simples leyendas, sino indicios que deben desatar la actividad probatoria de fiscales y posibles victimarios. Solo así podrá por lo menos iniciarse un diálogo jurídico, la única manera de llegar a la mentada verdad del proceso, pues ya está visto que en materia de verdad social el proceso comenzó hace rato.

Es un hecho que este tipo de informes no pueden obrar como prueba directa de los eventos acaecidos, por cuanto están mediados por la necesidad de ocultar la verdadera identidad de las víctimas, ya que sus vidas aún corren peligro; la imposibilidad de recabar datos más exactos, debido a los periodos cortos de investigación y la imposibilidad de llegar a todas las zonas por motivos de orden público; y la desconfianza de las comunidades hacia el accionar del Estado. A pesar de lo anterior, investigaciones como estas son de gran utilidad porque permiten reforzar verdades no oficiales, abrir espacios de participación que de otra manera las víctimas no tendrían, servir de indicios para la labor de los fiscales y jueces, y adelantar hipótesis que posibiliten prevenir que estas conductas se sigan sucediendo.

En efecto, si existe un compromiso para entender por qué razón y en qué contextos ciertos tipos de violencia se presentan, será posible diseñar políticas públicas y criminales que no solo estén enfocadas en el daño ocasionado, sino en las formas de evitarlo. De ahí que la pregunta por el contexto sea tan determinante y la presencia de un cuestionamiento sobre la relación entre arreglos de género y violencia sexual deba seguir presente en este tipo de estudios. Ya está visto que ciertas mujeres están más expuestas a padecerla, que en ciertos escenarios su incidencia es más alta y que hablar de ella depende en alta medida del 68 El día en que se dañó la tranquilidad

lugar que las mujeres sienten que ocupan en el mundo de las relaciones sociales. Así, todas estas variables deben estar presentes en la investigación judicial y en las estrategias que el Estado colombiano tenga proyectadas para evitar que estas conductas se repitan. Como se dijo al principio, en realidad, la columna vertebral de este esfuerzo investigativo es la pregunta sobre las garantías necesarias para proteger la dignidad humana de cada individuo; si esta premisa básica se olvida, todos y cada uno de los hallazgos van a ser siempre insuficientes.

Contar para actuar 69

Referencias bibliográficas Eisenstat, Steven. “Revenge, Justice and Law: Recognizing the Victim’s Desire for Vengeance as a Justification for Punishment”. Wayne Law Review, 50, 2004. Disponible en <http:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=962175>. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2011.

Jimeno, Myriam. “Emociones y política. La víctima y la construcción de comunidades emocionales”. Estudios de Antropología Social, 16/1, abril 2010.

CAPÍTULO 6

ConclusIones

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Las masacres: ¿dónde estaban las mujeres? 71

Las conclusiones que aquí se presentan tienen como base los dos informes hasta el momento realizados por CODHES en la materia. En ese orden de ideas, se apoyan en la investigación de la violencia sufrida por las mujeres en el contexto de cuatro masacres (Chengue, El Tigre, La Gabarra y Alto Naya) y en las metodologías aplicadas para llevar a cabo ese objetivo.

Sobre la metodología: n La unidad de análisis masacre no fue una entidad totalizadora, sino un evento que permitió identificar un momento y un espacio a partir del cual se realizó el trabajo investigativo. De esta manera, la masacre como hecho violento fue un punto nodal a partir del cual una serie de hechos ilícitos dispersos en el tiempo adquirieron relevancia como preludio de lo que estaba por suceder o consolidación de lo sucedido. n Las dinámicas generales del conflicto no permitieron prever con tanta precisión si la violencia sexual habría de presentarse o no; más bien el modus operandi del evento violento específico, en este caso, la masacre, fue el que determinó qué tipo de violencia se ejercería sobre las mujeres. n Los arreglos de género fueron un factor determinante para establecer si una mujer estaba más expuesta a ser objeto de ataques por parte de los grupos armados ilegales que actuaron en estas dos masacres, entre ellos, la violencia sexual. De la misma manera, los arreglos de género permitieron prever quiénes tenían más posibilidades de hablar sobre la violencia que afecta específicamente a las mujeres, participar más activamente en la reconstrucción de lo sucedido y sugerir más fuentes de información. n Dejar de asumir que la violencia en contra de las mujeres, especialmente la sexual, durante los conflictos armados es un continuo, permite ahondar en ejercicios investigativos que ayudan a comprender cuál es el lugar de este tipo de conductas en las estrategias de los grupos armados. De esta manera, es posible identificar cuáles mujeres estarán más expuestas a la violencia y qué mecanismos podrían implementarse para evitarla.

esas relaciones o acercamientos sexuales. En cambio, una perspectiva basada en el contexto hace hincapié en hechos objetivos que parten de la determinación de la existencia o no de coerción. Esto promueve una labor probatoria, que sin dejar de ser rigurosa, asume los entornos en los que se enmarca el delito y las condiciones fácticas que lo facilitan.

Asimismo, la investigación, en general, y la judicial, en particular, ha de estar encaminada a la prevención del delito. Esto significa comprender qué factores propician la aparición de la conducta violenta. Por ejemplo, en el caso de la Gabarra, los arreglos de género más equitativos y la vida pública de ciertas mujeres terminaron por exponerlas de una manera más acentuada a las amenazas y a la violencia. n La investigación debe ser asumida como un espacio de participación para las víctimas y sobrevivientes y no como un espacio para adelantar juicios de valor sobre la falsedad o veracidad del delito. Si bien tanto los procesos judiciales como las investigaciones académicas han de terminar con un juicio de verdad sobre los relatos, ello no es óbice para descalificar prima facie la reconstrucción narrativa de la víctima. La verdad es la conclusión de los procesos investigativos y no su premisa metodológica.

Sobre la investigación de la violencia sexual: n Los entes investigadores de esta clase de hechos delictivos deberían trabajar con hipótesis que permitieran conectar este tipo de conductas con objetivos estratégicos de los grupos armados, con el fin de no aislar conductas violentas que pueden ser el preludio de una masacre o la consolidación de lo obtenido por medio de ella. Tener una hipótesis no significa dar por probados los hechos, pero sí podría facilitar la comprensión de la incidencia reiterada de un modo de actuar. n Haber implementado una metodología que se basara en los elementos propios del crimen de lesa humanidad permitió precisar el rol fundamental que tiene la determinación del contexto en la investigación de estos delitos. Si bien se precisan más investigaciones que ahonden en la hipótesis de que en Colombia la violencia sexual en el marco del conflicto armado constituye un crimen internacional, el análisis realizado alrededor del contexto permitió evidenciar lo diferentes que pueden ser las aproximaciones investigativas a este delito, dependiendo de si se da primacía al consentimiento o a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho. Las consecuencias más evidentes de estos enfoques se observan en la labor probatoria que se ha de desplegar en los procesos judiciales. En efecto, una perspectiva basada en el consentimiento vuelca en la víctima una labor probatoria bastante complicada en la que debe demostrar su no querer entrar en

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Conclusiones 73