Documento CODHES 23 De la seguridad a la prosperidad democrática by CODHES

DOCODHES 23 umentos

Documentos CODHES • Chocó: agua y fuego

• Cifras e indicadores del desplazamiento forzado y derechos humanos en Colombia • Las repatriaciones: obstáculos, retos y alternativas para alcanzar la integración local • En el borde del conflicto: Guerra y desplazamiento en las fronteras • Huyendo de la guerra • En los límites del Plan Ecuador • Tras las huellas del conflicto • Desplazamiento forzado y enfoques diferenciales • Los límites de la guerra • Arauca: Dilemas de guerra, desafíos humanitarios

No hay una variación significativa de las tendencias de desplazamiento forzado en Colombia entre el último año del gobierno de Uribe y el primero del presidente Juan Manuel Santos. Se mantiene la salida forzada de miles de personas que huyen de enfrentamientos armados, bombardeos y ametrallamientos aéreos, en medio de un conflicto que persiste sin solución militar, no obstante la continuidad de la política de seguridad democrática y su proceso de militarización del territorio y la sociedad, no exenta de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

• Confinamiento: la otra cara de la crisis humanitaria y de derechos humanos • Tensión en las fronteras: un análisis sobre el conflicto armado, el desplazamiento forzado y el refugio en las fronteras de Colombia con Ecuador, Venezuela y Panamá • Las sobrevivientes cuentan: la experiencia de las mujeres en las masacres de Chengue y El Tigre • Inclusión desde la diversidad: una caracterización de las minorías étnicas en situación de desplazamiento forzado en Barrancabermeja • Política pública para mujeres en situación de desplazamiento, Auto 092: Un proceso de incidencia social • ¿Consolidación de qué? Informe sobre el desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia 2010 • Territorios en confrontación: impacto del conflicto armado sobre la población civil en la Orinoquía y Amazonía Colombiana • El día en que se dañó la tranquilidad. Violencia sexual en las masacres de La Gabarra y el Alto Naya

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES- es una organización no gubernamental de carácter internacional que promueve la realización y vigencia integral de los derechos humanos de las personas desplazadas, refugiadas y migrantes teniendo como referente, en casos específicos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Refugiados y los Principios Rectores sobre los Desplazamientos Internos. Desde los Derechos Humanos, CODHES asume como mandato la construcción democrática de la paz, la justicia y equidad social, como vía segura para prevenir el desarraigo, el destierro y el despojo.

CODHES 23 De la seguridad a la prosperidad democrática en medio del conflicto

• Las mujeres en la guerra: de la desigualdad a la autonomía política

CODHES - Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

Gráfico 2 Número de personas desplazadas por municipio de llegada 2011(1) 16.000

Gráfico 4 Desplazamiento en zonas CCAI 1999-2011(1) Total desplazamiento zonas CCAI (Eje izquierdo) % con respecto al total nacional (Eje derecho)

14.902

14.000 12.000

450.000

11.215

10.000

400.000

8.000

350.000 5.924

300.000

1.866

1.610

1.575

Cali

Tarazá

San Andrés de Tumaco

Anorí

40.000 34.333

30.000 25.000 20.000 15.000

2.849

2.515

2.212

2.199

2.902

1.820

Bolívar

Huila

Caquetá

Chocó

Meta

4.404

Valle del Cauca

Nariño

Antioquia

Cauca

4.957

Córdoba

9.601

5.000

Fuente: CODHES – SISDHES (2011).

Según CODHES, por lo menos 18.088 personas, que corresponden al 20% del total de la población afectada en el primer semestre de 2011, fueron forzados a salir en forma colectiva de sus lugares de origen en 36 eventos de desplazamiento masivo, ocurridos en desarrollo de operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, bombardeos y enfrentamientos armados3. Por lugar de recepción, el mayor número de desplazamientos masivos se presentó en el nordeste de Antioquia. Al municipio de Amalfi arribaron 5.500 personas procedentes del municipio de Anorí. El municipio de Tarazá fue escenario del desplazamiento forzado de 3.132 personas procedentes de veredas de los municipios de Ituango, Valdivia y la zona rural de Tarazá. También se registraron desplazamientos

3 Para el mismo período, Acción Social reporta 19 desplazamientos masivos, con un total de 7.469 personas afectadas.

20 Documentos Codhes Nº 23

17%

19%

20%

33%

17%

25%

15 28%

100.000

10 5

50.000 1999

2000

2001

2002

2003

Total desplazamiento zonas CCAI Eje izquierdo

Gráfico 3 Número de personas desplazadas por departamento de llegada 2011(1)

10.000

20%

19%

200.000

Fuente: CODHES – SISDHES (2011).

35.000

21%

150.000 Amalfi

Bogotá D.C.

Medellín

2.000

27% 16%

250.000 2.131

El Charco

3.132

Cartagena

3.857

4.000

Popayán

5.941

6.000

24%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011-1

% con respecto al total nacional Eje derecho

Fuente: CODHES – SISDHES (2011).

masivos en Ricaurte (Nariño), 1.045 personas; Timbiquí (Cauca), 1.000 personas; y Buenaventura (Valle del Cauca), 889 personas. Los desplazamientos masivos ocurrieron por enfrentamientos entre grupos que provienen de procesos de desmovilización y rearme de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), combates entre estos grupos y la Fuerza Pública, y entre la guerrilla de las FARC y el Ejército y/o la Policía. De acuerdo con la matriz de monitoreo de CODHES, el primer lugar de presuntos responsables de desplazamientos masivos lo ocupan nuevos grupos paramilitares como las “Águilas Negras”, los “Rastrojos” y los “Machos”. En segundo lugar, las FARC, que al igual que los grupos paramilitares presionan con hechos violentos la salida masiva de pobladores en zonas de su influencia. Otras causas de desplazamientos masivos obedecen a combates entre la guerrilla de las FARC y el ELN con la Fuerza Pública en zonas pobladas y a operaciones de las Fuerzas Militares en zonas de mayor intensidad del conflicto (bombardeos de la Fuerza Aérea y operaciones terrestres del Ejército). Cabe anotar que del total de personas desplazadas durante el semestre, 24.993 (27,85%) provienen de municipios CCAI (Centro de Coordinación y Acción Integral), en los cuales se lleva a cabo el Plan Nacional de Consolidación Territorial, establecido desde el año 2007, que busca “Fortalecer la legitimidad, gobernabilidad y presencia del Estado en zonas específicas del territorio nacional donde había sido débil y en las que se estaba avanzando en la seguridad” (Presidencia de la República - Centro de Coordinación de Acción Integral, s.f.). Estas 24.993 personas (aproximadamente 5.000 familias) se desplazaron de 72 de los 86 municipios CCAI. Adicionalmente, de los 100 municipios con mayor tasa de desplazamiento, 32 se encuentran en zonas CCAI. La información de CODHES indica que los municipios con mayor número de población desplazada ubicados en zonas CCAI son: Anorí (5.924), Tumaco (3.857), Tarazá (3.132), Buenaventura (1.555) y Timbiquí (1.268) (gráfico 4). Hay conflicto y el desplazamiento continúa 21

Mapa 2. Tasa de desplazamiento por 100.000 habitantes en zonas CCAI

Mar Caribe

Mapa 3. Tasa de expulsión por 100.000 habitantes en zonas CCAI

Mar Caribe

Fuente: CODHES - 2011(1)

Venezuela

Panamá

Fuente: Acción Social – 2011(1)

Venezuela

Panamá

Océano Pacífico

Ecuador

Ecuador Brasil

Brasil

0- 194

0- 669

195- 1465

670- 1600

1466- 6204

Perú

1601- 3474

6205- 16402

3475- 7289

16403-72965

7290- 58816

De acuerdo con cifras de Acción Social, de las 44.144 personas desplazadas por expulsión durante el primer semestre del año, 23.469 (4.694 familias) fueron de zonas CCAI. Esto corresponde a un 53,16% del total reportado. Estas personas se desplazaron de 84 de los 86 municipios que forman parte del Plan Nacional de Consolidación. Los dos municipios en los cuales no se registraron desplazamientos por expulsión fueron Pueblo Bello (Cesar) y San Juan del Cesar (La Guajira), que forman parte de la Zona CCAI de la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, de los 100 municipios con mayor 22 Documentos Codhes Nº 23

Perú

tasa de expulsión, 39 están en zonas CCAI (CODHES, 2011). De acuerdo con el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (SISDHES), de CODHES, y el primer estudio de la Conferencia Episcopal de Colombia sobre desplazamiento, entre el 1º. de enero de 1985 y el 30 de junio de 2011, alrededor de 5.281.360 personas han sido desplazadas en Colombia. Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (2011a, p. 39), en los últimos 14 años, el 90% de los grupos familiares se han desplaHay conflicto y el desplazamiento continúa 23

Gráfico 5 Desplazamiento forzado acumulado 1985-2011(1) 6.000.000

450.000 400.000

4.000.000

300.000 250.000

Fuente: CODHES 2011 (1)

3.000.000

200.000

2.000.000

150.000 100.000

1.000.000

2010

2011-1

2009

2007

2008

2005

2006

2003

2004

2001

2002

1999

CODHES- Desplazamiento por año Eje izquierdo

2000

1997

1998

1995

1996

1993

1994

1991

1992

1989

1990

1987

1988

1985

1986

50.000 0

Mapa 4. Desplazamiento por 100.000 habitantes

Mar Caribe

5.000.000

350.000

Venezuela

Panamá

Desplazamiento acumulado Eje derecho

Fuente: CODHES – SISDHES (2011).

zado una sola vez, mientras que el 7% y menos se han desplazado dos veces y el 1% lo ha hecho tres o más veces (gráfico 5). Por su parte, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional registra un acumulado de 3.692.783, que corresponde a personas que han sido desplazadas entre el 1º de enero de 1997 y el 30 de junio de 2011. De acuerdo con el SISDHES, los municipios que presentan una mayor afectación por tasa de desplazamiento, según municipio de llegada (número promedio de desplazados por cada 100.000 habitantes) son Anorí (Antioquia), 72.965; Amalfi (Antioquia), 55.396; Tarazá (Antioquia), 16.401; Ricaurte (Nariño), 12.229; y Timbiquí (Cauca), 11.968 (grá-

Océano Pacífico

Ecuador Brasil

Gráfico 6 Municipios más afectados por tasa de desplazamiento Tasa por 100.000 habitantes 72.965,25

354- 1933 1934- 6204

55.396,52

80.000

0- 353

70.000 60.000 50.000

16403- 72965

24 Documentos Codhes Nº 23

44.215,2770

4.685,98

Caloto

San Andrés de Tumaco

6.204,12

8.992,28

El Rosario

Fuente: CODHES – SISDHES (2011).

Bajo Baudó

9.871,20

Timbiquí

Tarazá

Amalfi

Anorí

10.000

El harco

11.968,47

20.000

12.229,37

30.000

Ricaurte

16.401,77

40.000

Perú

6205- 16402

fico 6). Las fumigaciones y erradicación de cultivos de coca, la presencia activa de guerrillas y nuevos grupos paramilitares y el control de rutas del narcotráfico explicarían el desplazamiento en estas regiones del norte y suroccidente del país. (gráfico 6) Los municipios con mayor tasa de expulsión (número promedio de personas obligadas a salir por cada 100.000 habitantes), según el registro de Acción Social, son Anorí (Antioquia), 58.816; El Rosario (Nariño), 7.289; Medio Baudó (Chocó), 5.890; El Charco (Nariño), 3.754; y Tumaco (Nariño), 3.474 (gráfico 7). Hay conflicto y el desplazamiento continúa 25

Mapa 5. Tasa de expulsión por 100 habitantes Acción Social - 2011(1)

70.000 60.000

58.816,28

Mar Caribe

Gráfico 7 Municipios más afectados por tasa de expulsión Acción Social Tasa por 100.000 hab.

50.000 40.000

2,953,41

2.765,59

2.523,54

2.480,57

2.378,80

Argelia

Timbiquí

Leguízamo

Buenaventura

Puerto Guzmán

3.474,20

San Andrés de Tumaco

3.754,19

El Charco

5.890,16

Medio Baudó

Anorí

10.000

7.289,04

20.000

Venezuela

Panamá

El Rosario

30.000

Fuente: Cálculos con base en el SIPOD – Acción Social.

Océano Pacífico

El desplazamiento forzado en tiempos de elecciones Los procesos electorales locales para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, en situaciones de conflicto armado, han sido escenario de intensificación del desplazamiento, como estrategia de control y dominación por parte de grupos armados irregulares. Algunas de las estrategias de los grupos armados y políticos que intentan controlar la institucionalidad local han sido:

Ecuador Brasil

0.00-445.74 445.75-1413.95 1413.96- 3754.19

Perú

3755.20-7289.04 7289.05-58816.28

La salida forzada es más notoria en los municipios del Pacífico colombiano, epicentro de la expansión del conflicto armado en la última década, y las comunidades más afectadas siguen siendo afrodescendientes que habitan territorios comunitarios. No todos los desplazados que salen de un lugar a otro se registran y no todos los registrados son incluidos en el sistema oficial. CODHES advierte, una vez más, sobre los altos niveles de subregistro y no inclusión, que para este periodo fueron de 34,02% y 24,89%, respectivamente. 26 Documentos Codhes Nº 23

1. Presiones armadas para que los electores voten por determinado candidato, según acuerdos entre políticos y grupos armados irregulares. Ante situaciones de amenaza, intimidación y asesinato, a quienes no se someten a esta forma violenta de homogeneización política solo les queda el camino del desplazamiento forzado, lo que constituye una grave constricción del derecho a elegir. 2. Presiones armadas para que candidatos de otras tendencias no participen en las elecciones (amenazas, asesinatos, sabotaje), que derivan en el desplazamiento forzado de candidatos/as y dirigentes políticos, lo que constituye una violación del derecho a ser elegido. 3. Presiones armadas (paros armados) para sabotear las elecciones e impedir el proselitismo político de los candidatos y la libre participación de los electores. 4. Presiones armadas para movilizar electores de un lugar a otro (inscripción de cédulas y traslado de votantes) con el fin de imponer resultados favorables a determinados candidatos. 5. Presiones armadas, infiltración y/o corrupción de autoridades electorales para interferir en los escrutinios.

Es evidente que las mayores presiones de grupos armados irregulares se concentran en municipios y departamentos de altos niveles de ingreso por concepto de regalías por explotación minera, en zonas claves para economías ilícitas y en regiones de despojo y concentración de tierras. Hay conflicto y el desplazamiento continúa 27

En los últimos diez años se consolidó la cooptación de buena parte de la institucionalidad local por parte de poderes ilegales, que trasciende cargos de elección popular y abarca otras instancias del Estado (Fuerza Pública, Fiscalía, institucionalidad rural, notarías, oficinas de registro, corporaciones regionales) o contratadas por el Estado (salud, juegos de azar, obras públicas). Las elecciones del 30 de octubre pusieron a prueba la capacidad del Gobierno y de las instituciones para evitar esta infiltración ilegal en el poder territorial y asegurar el pleno ejercicio de la democracia. Desde el cierre del registro electoral y antes del día de elecciones, las personas desplazadas hacen parte de una ciudadanía a la que se le impide el libre ejercicio del derecho a elegir. La Organización Electoral tiene el deber de hacer efectiva la orden de la Corte Constitucional para que asegure la participación de los desplazados en las elecciones. Una lectura de las cifras de desplazamiento forzado correspondientes a los años electorales más recientes (1997, 2000, 2003, 2007) indican que los comicios territoriales (para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles) en medio del conflicto armado han sido escenario de intensificación del desplazamiento. Con excepción del año 2003, cuando el desplazamiento registró una reducción considerable (49%), en cada proceso electoral de carácter regional se advierte un fuerte incremento de la salida forzada de personas en circunstancias que pueden atribuirse a violencia política e injerencia armada en los resultados electorales (tabla 1). Hay que tener en cuenta que 2002 fue año preelectoral para comicios locales; sin embargo, fue año de elección presidencial, en el cual resultó favorecido Álvaro Uribe Vélez, bajo la promesa de la derrota militar de las FARC, ante el fracaso del proceso de paz adelantado por su antecesor Andrés Pastrana Arango. Frente a la disminución del crecimiento real de la cifra de desplazamiento forzado presentado en 2003, CODHES preguntó: ¿Es posible garantizar que la disminución de la cifra responda a una nueva situación de seguridad en el país y que, en consecuencia, esa sea la tendencia hacia el futuro? ¿Es una contracción coyuntural en medio de la reestructuración del conflicto y el reacomodamiento de actores armados o es una disminución estructural que da cuenta de nuevos escenarios de paz, democracia y realización de derechos? (CODHES, 2004) (gráficos 8 y 9).

PDV - Recepción Acción Social

500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

1999

2000

2002

2003

2010

PDV - Recepción Acción Social PDV - Expulsión Acción Social PDV - Recepción CODHES Fuente: CODHES – SISDHES (2011).

En ese momento, CODHES llegó a la conclusión de que la contracción del desplazamiento forzado no respondía a una lógica de restitución de derechos y garantías de seguridad, que se tradujeran en un alivio de las condiciones de vida de la población desplazada. Por el contrario, esta disminución obedeció a una lógica de control territorial por parte de la Fuerza Pública y los grupos al margen de la ley, incluidos los posdesmovilizados. Gráfico 9 Dinámica del desplazamiento vs. riesgo electoral 1.400.000 1.200.000

PDV - Recepción CODHES

600.000

1999

96.696

114.106

279.218

2000

329.549

265.341

317.375

2002

451.650

451.136

412.553

2003

260.899

260.165

207.607

2006

301.509

296.912

221.187

2007

339.641

333.580

305.966

PDV - Recepción CODHES

2010

131.652

120.201

280.041

PDV - Expulsión Acción Social

28 Documentos Codhes Nº 23

2007

800.000

PDV - Expulsión Acción Social

Fuente: SISDHES-CODHES.

2006

1.000.000

Tabla 1 Estadística de PDV vs. riesgo electoral Año

Gráfico 8 Dinámica del desplazamiento vs. riesgo electoral

400.000 200.000 0

1999

2000

2002

2003

2006

2007

2010

Fuente: CODHES – SISDHES (2011).

Hay conflicto y el desplazamiento continúa 29

CODHES concluyó que la reducción se tradujo en “el confinamiento de poblaciones

convertidas en verdaderos rehenes de los actores del conflicto, el crecimiento de las solicitudes de refugio en otros países que aumenta la diáspora de compatriotas hacia el exterior y el desplazamiento no reconocido que ocurre en medio de las fumigaciones de cultivos ilícitos”. Desde esos años (2003-2004) era evidente el reacomodamiento de los actores armados (incluso se habló de la reestructuración del conflicto) y, por supuesto, de nuevas formas de acción, coacción y control sobre la población civil. Tanto las guerrillas, sometidas a una fuerte ofensiva gubernamental, como los paramilitares, que adelantaban en esos años un cuestionado proceso de desmovilización, diversificaron sus estrategias: menos masacres, más asesinatos selectivos, más confinamiento y menos desplazamiento, más desplazamiento individual y unifamiliar, y menos desplazamientos masivos. Ocho años después surgen los mismos interrogantes y se mantiene el desafío de los poderes armados frente a la democracia en los territorios en los que prevalece el conflicto y se expande la violencia. Esas modalidades de sometimiento de la población civil se mantienen, aun en áreas de fuerte control militar y policial, como el corredor del Pacífico (que atraviesa los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en la frontera con Ecuador) y zonas como el nordeste, el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño, además del departamento de Córdoba. Hay un interés específico de los grupos armados irregulares por controlar los procesos electorales para incidir en los resultados y asegurar el dominio sobre las autoridades que serán elegidas el 30 de octubre. Por parte de los paramilitares y narcotraficantes, para mantener el dominio sobre tierras despojadas y asegurar su uso de acuerdo con intereses económicos asociados a la minería, a la expansión de monocultivos destinados a la agroindustria de los biocombustibles y al tráfico de drogas (procesamiento y exportación); por parte de las guerrillas, para mantener el dominio territorial, controlar zonas de explotación minera y las regalías que producen y, por supuesto, cultivos de coca y rutas del narcotráfico.

Tabla 1 Estadística de PDV vs. riesgo electoral Año

PDV - Recepción Acción Social

PDV - Expulsión Acción Social

PDV - Recepción CODHES

1999

96.696

114.106

279.218

2000

329.549

265.341

317.375

2002

451.650

451.136

412.553

2003

260.899

260.165

207.607

2006

301.509

296.912

221.187

2007

339.641

333.580

305.966

2010

131.652

120.201

280.041

Fuente: SISDHES-CODHES.

30 Documentos Codhes Nº 23

Los partidos políticos que avalan candidatos y los procedimientos de aval por la vía de firmas de ciudadanos deberían ser muy estrictos en las zonas más afectadas por el conflicto armado y el desplazamiento forzado. La presencia de grupos armados y el control de la institucionalidad local son indicios de hechos que pueden alterar la selección de candidatos, el libre ejercicio de los derechos a elegir y ser elegidos, y los resultados de las elecciones. Como organización que integra desde su fundación la Misión de Observación Electoral (MOE, 2011, p. 273), CODHES ha recomendado: nA

las instituciones acatar las órdenes de la Corte Constitucional para garantizar plenamente los derechos políticos de la población desplazada, emitidas en el marco de la Sentencia T-025 de 2004, que tienen plena vigencia para las jornadas electorales que se avecinan. En esta dirección, es urgente que la Organización Electoral tome medidas efectivas para que la población desplazada pueda ejercer su derecho al voto en las zonas de llegada. n La Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Organización Electoral, debe crear mecanismos seguros para que la población desplazada pueda denunciar las presiones a que pueda llegar a ser sometida por funcionarios, candidatos y actores armados en el marco de la contienda electoral.

La continuidad de la seguridad democrática o el fracaso de un embrujo Si bien los resultados operativos de la Fuerza Pública contra las guerrillas muestran cierta contracción en el período de transición entre los gobiernos de los presidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez, es evidente que se mantiene el modelo de seguridad democrática con algunos cambios que se empiezan a implementar. Según el informe al Congreso por parte del Ministro de Defensa Rodrigo Rivera, entre agosto de 2010 y mayo de 2011 fueron abatidos 325 guerrilleros frente a un total de 468 entre agosto de 2009 y mayo de 2010, mientras que 325 fueron capturados y 1.606 se desmovilizaron, frente a 468 y 2.075 del período anterior, respectivamente. El Ministerio de Defensa cambió el nombre de la “red de cooperantes” por el de “redes sociales de seguridad”, manteniendo el principio de la participación ciudadana, es decir, involucrar a civiles en el conflicto armado. Este programa está en marcha en los departamentos de los Llanos Orientales y del Eje Cafetero y se extenderá próximamente al Valle del Cauca y Cundinamarca (Informe del Ministro de Defensa al Congreso de la República, 2011). Durante el gobierno pasado y durante el Ministerio de Defensa ejercido por el actual Presidente de la República se implementó una política de seguridad orientada a establecer pleno control de la Fuerza Pública sobre el territorio nacional. Esta política fue presentada como exitosa, al punto que se anunció el “fin del fin” y la inminencia de un país sin guerrilla, sin paramilitarismo y sin narcotráfico. El Gobierno insiste en la continuidad de esta política, aun cuando admite una “nueva visión” de las amenazas y un “nuevo dimensionamiento real” de la seguridad y la defensa en el país4. Por eso, anuncia que la “visión estratégica de la Política busca que el 4

En su informe al Congreso, el ministro de Defensa Rodrigo Rivera le explicó al Congreso que “una

Hay conflicto y el desplazamiento continúa 31

esfuerzo operativo de la Fuerza Pública se aplique de manera diferencial, teniendo en cuenta las características de la zona a intervenir”. Este modelo simultáneo de “posconflicto y conflicto” se manifiesta en el establecimiento de “zonas rojas” en las que “hay presencia de grupos armados al margen de la ley y el objetivo es “acabar con la violencia”. “Zonas amarillas”, “donde estos grupos han sido desarticulados” y ahora es posible “crear condiciones suficientes para la gobernabilidad democrática”. “Zonas verdes” o consolidadas en las que “se propiciarán condiciones óptimas de seguridad para la prosperidad”5. Así, en 2010, las zonas “verdes” –Fase III6 o de Consolidación–, “donde las amenazas han sido superadas y la institucionalidad del Estado prima sobre la ilegalidad”, constituyen el 68,99% del territorio nacional, lo que para el Gobierno es una mejoría notoria con respecto a 2004, cuando estas zonas consolidadas abarcaban solo el 46,52% del país (Ministerio de Defensa, 2011). Para el mismo año 2010, las “zonas amarillas” o Fase II, en las que “ya existe el control por parte de la Fuerza Pública y ha terminado exitosamente la Fase I o de “control de área”, constituyen el 24,92%, frente a un 36,66% del año 2004. Por último, las zonas rojas, “en las que aún no se ha logrado vencer la persistencia de la violencia y la criminalidad”, que representaban en 2004 el 14,82%, se redujeron en 2010 al 6,08%. El argumento central del Gobierno es que la seguridad ha mejorado porque se han reducido el número de homicidios. En parte, es cierto, si se compara el número de homicidios en 2002 (28.837) con el total de homicidios en 2010 (15.459) (Ministerio de Defensa Nacional, 2011, p. 11). Incluso, existe una variación del -2% durante los primeros seis meses del año 2011 con respecto al mismo periodo de 2010, al pasar de 7.479 a 7.297. Las cifras oficiales también muestran menos asesinatos de sindicalistas7 y concejales en el período analizado (tabla 10). Sin embargo, el conflicto armado interno y su impacto sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario no muestra un balance positivo. Si bien los homicidios comunes se han reducido en un 2%, la variación correspondiente a las víctimas relacionadas directamente con el conflicto armado interno se ha incrementado. De hecho, de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, las masacres aumentaron en un 29%, al pasar de 17 casos durante el primer semestre de 2010 a 22 en el primer semestre de 2011. Así mismo, se incrementó nueva visión de las amenazas y sus características, así como un dimensionamiento real del estado de la seguridad y la defensa, fueron el insumo principal de las estrategias que se desarrollan en el marco de esta Política, desde comienzos del nuevo gobierno” (Informe del Ministro de Defensa, 2011, p. 9). 5 Según el Ministerio de Defensa, si bien hay un “[…] avance hacia condiciones aceptables, en muchos territorios que presentaban situaciones críticas de seguridad […]”, también persisten “niveles de seguridad medios en zonas donde el esfuerzo en seguridad debe transformarse, e incluso la necesidad de reforzar las acciones en algunas zonas en las que aún no se ha logrado vencer la persistencia de la violencia y la criminalidad, dos tareas fundamentales para el futuro inmediato” (Ministerio de Defensa Nacional, 2011, p. 15). 6 Ministerio de Defensa Nacional. “Logros y retos de la política integral de la defensa y seguridad para la prosperidad”. 2011, p. 26. 7 Entre el 1º. de enero y 22 de agosto de 2011, según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), asesinaron a 21 sindicalistas.

32 Documentos Codhes Nº 23

Tabla 2 Cifras situación de derechos humanos. Comparativo enero-junio 2010 y 2011 Enero-junio 2010

Enero-junio 2011

Variación en el periodo (%)

7.479

7.297

-2

Casos de masacres

Víctimas de masacres

Homicidios

101

Homicidios de alcaldes y exalcaldes

250

Homicidios de concejales

-40

Homicidios de indígenas

-88

Homicidios de docentes sindicalizados

-20

Homicidios sindicalistas de otros sectores

-50

131

177

66.626

44.151

-34

185.539

125.917

-32

995

196

-80

Civiles heridos por MAP y MUSE

-6

Civiles muertos por MAP y MUSE

1.200

Militares heridos por MAP y MUSE

164

154

-6

Militares muertos por MAP y MUSE

Homicidios de docentes no sindicalizados

Homicidios de periodistas Secuestro Personas expulsadas (fecha de salida)** Personas expulsadas (fecha de declaración)** Eventos por mina antipersonal (MAP) y munición sin explotar (MUSE)

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.

el número de víctimas de estas masacres, que pasaron de 81 a 101, y también crecieron los asesinatos selectivos de indígenas, de 41 durante los primeros seis meses de 2010 a 55 durante el primer semestre de 2011 (gráfico 10). Estas cifras indican que la continuidad de la política de seguridad democrática, que tanto reclama el expresidente Uribe y reafirma el presidente Santos, puede haber significado una mejoría para algunos sectores privilegiados de la sociedad (ganaderos, industriales, inversionistas extranjeros y banqueros), pero no para los sectores más vulnerables que, además, siguen soportando la violencia y el despojo (campesinos pobres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y, dentro de este universo de víctimas, por supuesto, las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes). El ejemplo más dramático es el asesinato de 50 víctimas de despojo y desplazamiento en los últimos nueve años por parte de grupos paramilitares, los antiguos y los que se rearmaron para evitar a sangre y fuego la restitución de tierras. Es decir, la política de seguridad democrática no garantizó la vida de 38 líderes y lideresas de población desplazada inmersa en procesos de reclamación de tierras durante el gobierno del presidente Uribe (2002-2010) ni tampoco evitó la muerte violenta de 12 de ellos, asesinados durante los primeros diez meses de gobierno del presidente Juan Manuel Santos (7 de agosto de 2010-30 de junio de 2011). Hay conflicto y el desplazamiento continúa 33

Gráfico 10 Víctimas directas del conflicto armado interno. Enero-junio 2010-2011 180 160 140 120 100 80 60 40 20

Enero-junio 2010

Civiles muertos por MAP y MUSE

Civiles heridos por MAP y MUSE

Secuestro

Homicidios de periodistas

Homicidios sindicalistas de otros sectores

Homicidios de docentes

Homicidios de docentes no sindicalizados

Homicidios de indígenas

Homicidios de concejales

Homicidios de alcaldes y exalcaldes

Víctimas de masacres

Casos de masacres

Enero-junio 2011

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.

Pese a la insistencia del gobierno en llamar “bacrim” (bandas criminales) a los grupos paramilitares que nunca se desmovilizaron y a los que surgieron tras el proceso de desmovilización, es evidente que se trata de una prolongación del paramilitarismo en las nuevas condiciones del conflicto armado. Como lo advirtió CODHES en forma reiterada desde 2003, cuando se realizaban las conversaciones del Gobierno y las AUC en Santa Fe de Ralito, departamento de Córdoba, no todos los que se desmovilizan son paramilitares, no todos los paramilitares se están desmovilizando y, en algunas regiones, están emergiendo nuevas estructuras paramilitares con el mismo modus operandi: apoyo de Fuerza Pública; respaldo de algunos empresarios; financiación con actividades ilícitas, especialmente del narcotráfico; y acciones dirigidas contra líderes sociales y políticos acusados de guerrilleros. En los últimos dos años es evidente la tendencia a la unificación de discursos y acciones del paramilitarismo (“Rastrojos”, “Urabeños”, “Paisas” y “Águilas Negras”) en contra de organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades que reclaman restitución de sus tierras. Estas operaciones requieren inteligencia, seguimiento y coordinación que trascienden en sus objetivos y formas de acción a simples bandas criminales de delincuencia común. Además, operaciones centralizadas de la Fuerza Pública como “Troya Caribe” y “Troya Pacífico” dejaron al descubierto relaciones entre estos grupos armados y agentes e instituciones del Estado en diversas regiones del país8.

8 515 capturados dejó como saldo la Operación Troya Caribe contra las bacrim, según reveló el comandante general de las Fuerzas Militares, Almirante Edgar Cely (W Radio.com.co, 2011). En total se han realizado más de 250 acciones ofensivas contra estos grupos en el marco de las operaciones Caribe y Tro-

34 Documentos Codhes Nº 23

No es cierto que haya una debilidad del presidente Santos en temas de seguridad como sugieren algunos de sus antiguos amigos. Lo que hay es una continuidad de una política fracasada, que parece reforzar la designación del nuevo ministro Juan Carlos Pinzón. Es decir, incremento del presupuesto militar, más militarización del territorio, restitución del fuero militar para integrantes de la Fuerza Pública acusados de graves violaciones de los derechos humanos y nuevos ataques contra las organizaciones que defienden los derechos humanos en Colombia9. Queda el interrogante de la viabilidad de la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en las zonas en donde se profundizará el conflicto y sigue perdida la llave para abrir la puerta de una salida no militar al conflicto armado en Colombia. Lo expuesto por las cifras oficiales y los datos de CODHES tienen un común denominador: existen formas de violencia con objetivos específicos. Es decir, la violencia selectiva sigue siendo un punto de discusión de los avances de la seguridad. En el escenario de la confrontación y acciones armadas, el panorama de la seguridad también registra cifras que no indican, precisamente, resultados positivos de la política de seguridad ni en el actual gobierno ni en el pasado. El aumento de ataques contra la infraestructura durante los primeros seis meses registra un incremento del 45,8%, en el que las voladuras de las torres de energía presentaron un mayor peso, crecieron de 14 a 36. Adicionalmente, frente a los hechos de inseguridad en las vías y los secuestros de trabajadores de petroleras (como los casos de Vichada y Caquetá), varios gremios empresariales han manifestado su preocupación por la acción de los grupos armados al margen de la ley (Elespectador.com, 2011) (ver tabla 3 y gráfico 11). 2010 fue año de transición del gobierno Uribe al gobierno Santos. Justamente 2010 registra el mayor aumento de bajas (muertos y heridos) por parte de la Fuerza Pública desde 2002. En 2004 y 2005, según cifras oficiales, se reportaron 2.539 y 2.352 bajas de integrantes de la Fuerza Pública, respectivamente, mientras que en 2010 las bajas de la Fuerza Pública ascendieron a 2.540 (Ministerio de Defensa Nacional, 2010) (ver gráficos 12 y 13). Del mismo modo, la comparación entre 2010 y 2011, en el primer semestre de cada año, muestra un aumento del 3,9% en las bajas de la Fuerza Pública: asesinados, 10,2%; heridos, 2,6%. n Entre enero y junio de 2011 se presentó una disminución del 24,2% en las desmovilizaciones de los “grupos armados ilegales” (GAI, es decir, las guerrillas) (ver tabla 3). n Según la información del Ministerio de Defensa, para los GAI se registran 73.232 neutralizados, y para las bacrim, un total de 13.588. Según estas cifras oficiales, la Fuerza Pública ha logrado neutralizar casi cuatro veces más guerrilleros de los que

ya. El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos puso en marcha las operaciones Troya Caribe y Troya Pacífico para combatir a las bandas criminales en la zona norte (especialmente, en el departamento de Córdoba) y en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, hasta la frontera con Ecuador. El Plan Troya Pacífico fue anunciado en mayo de 2011 por el presidente Santos (Presidencia de la República, 2011). 9 Entrevista del Ministro de Defensa con la alianza informativa de Caracol Radio y TV, y El Espectador (Caracoltv.com, 2011).

Hay conflicto y el desplazamiento continúa 35

Tabla 3 Variaciones de las cifras de la seguridad democrática. Enero-junio 2011 Comparativo 2

Bajas Fuerza Pública

2000

-3,6

206

227

10,2

1500

Heridos Fuerza Pública

904

806

-10,8

1064

1092

2,6

1000

1.071

967

-9,7

1270

1319

3,9

500

Fuerzas Militares

285.546

273.684

-4,2

283.024

282.794

-0,1

Policía Nacional

158.929

161.416

1,6

158.824

161.288

1,6

Total

444.475

435.100

-2,1

441.848

444.082

0,5

Bajas de la Fuerza Pública

200,0

30,0

Asesinatos Fuerza Pública

Heridos Fuerza Pública

190,9

157,1

-60,9

-16,7

Voladura de puentes Voladura de vías Total

Bacrim

Variación %

161

Voladura de torres de energía

GAI

Ene-Jun 2011

167

Voladura de oleoductos

Infraestructura

Ene-Jun 2010

Asesinados Fuerza Pública

Total Pie de fuerza (Fuerza Pública)

2500

Comparativo 3

Ene - May Ene - May Variación 2010 2011 %

Gráfico 12 Histórico de las bajas de la Fuerza Pública, 2002-junio de 2011

33,3

45,8

723

-15,2

1016

897

-11,7

Abatidos

233

140

-39,9

272

186

-31,6

2000

Desmovilizados individuales

1.073

714

-33,5

1256

845

-32,7

1500

Total

2.159

1.577

-27,0

2.544

1.928

-24,2

Capturas

1.361

1.608

18,1

1.639

1.968

20,07

Total

-15,4

-14,81

1.387

1.630

1752,0

1.666

1.991

19,51

2004

2005

2006

2007

2008

2010

Ene.-Jun. 2011

2500 2.052

1.949

1.853

1.699

1.635

1.537

1.852

1.800

1.692

1.092

1000 699

597

590

717

594 457

500 0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

373

2008

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. Asesinados Fuerza Pública

Gráfico 11 Ataques a infraestructura, 2002-junio de 2011

2009

Gráfico 13 Bajas de la Fuerza Pública, 2002-junio de 2011

853

2003

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional.

Capturas

Abatidos

2002

488

468

227

2009

2010

Ene.-Jun. 2011

Heridos Fuerza Pública Fuente: Ministerio de Defensa Nacional.

500

existían en 2002 y, aún así, esos grupos mantienen sus estructuras y una capacidad de reclutamiento que asegura la perdurabilidad de sus organizaciones. n En el caso de las bacrim, los neutralizados superan el número de integrantes de las AUC que anunciaron su desmovilización en 2003 (alrededor de 12.000). Sin embargo, el Gobierno estima que el número actual de integrantes de las bacrim puede llegar a 13.000 (ver gráficos 14 y 15).

400 300 200 100 0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Voladura de oleoductos

Voladura de puentes

Voladura de torres de energía

Voladura de vías

2008

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional.

36 Documentos Codhes Nº 23

2009

2010

Ene.-Jun. 2011

Una lectura de las cifras oficiales permite afirmar que: 1. El eje central de la política de seguridad democrática (PSD) es la neutralización de los grupos armados al margen de la ley. Es decir, evitar su accionar. Sin embargo, las cifras oficiales registran aumentos de acciones de estos grupos, sobre todo en secuestros, homicidios selectivos, masacres y atentados contra la infraestructura. Así mismo, el aumento en las bajas de la Fuerza Pública revela un aumento del impacto y magnitud en la confrontación armada. Hay conflicto y el desplazamiento continúa 37

Bajas Fuerza Pública Bacrim

GAI

Infrestructura

Pie de fuerza (Fuerza Pública)

38 Documentos Codhes Nº 23

Total

Abatidos

Capturas

Total

Desmovilizados individuales

Abatidos

Capturas

Total

Voladura de vías

Voladura de puentes

Voladura de torres de energía

Voladura de oleoductos

Total

Policía Nacional

Fuerzas Militares

Total

Heridos Fuerza Pública

Asesinados Fuerza Pública

345.435

313.406

11.197

1.846

1.966

7.385

869

310

329

6.865

1.412

1.690

3.763

917

248

100

483

184

117.020

110.123 86

228.415

2.450

1.853

597

2003

203.283

2.236

1.537

699

2002

8.475

1.468

1.870

5.137

529

129

227

155

381.525

128.390

253.135

2.352

1.635

717

2005

9.082

1.990

2.165

4.927

539

180

241

106

406.740

139.386

267.354

2.293

1.699

594

2006

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional.

9.940

1.703

1.966

6.271

469

232

127

366.488

122.788

243.700

2.539

1.949

590

2004

2.753

636

2.117

8.470

3.037

2.067

3.366

232

122

406.278

135.644

270.634

2.257

1.800

457

2007

Tabla 4 Cifras de la política de seguridad democrática

2.462

375

2.087

7.128

3.461

1.184

2.483

260

138

431.571

145.871

285.700

2.065

1.692

373

2008

2.894

2.843

5.474

2.638

584

2.252

153

437.548

152.359

285.189

2.320

1.852

468

2009

3.488

3.440

4.673

2.381

507

1.785

113

435.367

159.071

276.296

2.540

2.052

488

2010

282.794

20.781 73.232 12.455

845 1.928 1.968 1.991

13.588

1.133

14.185

186

38.266

4.151

1.344

194

1.819

794

897

444.082

22.371

1.319 161.288

17.161

5.210

Total

1.092

227

Ene-Jun/ 2011

Gráfico 14 Neutralizados de los GAI. 2002-junio de 2011

8.000

6.000

7.000

4.000

5.000

2.000

3.000 1.000 0 2002

2003

2007 Capturas

2008

2004 2005

2009 2010

Abatidos

2006 2007 2008 2009 2010 Ene.-Jun. 2011

PDV - Capturas

Abatidos

Desmovilizados individuales Fuente: Ministerio de Defensa Nacional.

Gráfico 15 Neutralizados de las bacrim. 2002-junio de 2011

3500

3000 2500

2000 1500

1000 500

Ene.-Jun. 2011

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional.

2. Los grupos armados al margen de la ley, a pesar de los resultados operacionales de la PSD, sostienen acciones en todos los departamentos del país, sin importar si la zona es considerada “verde”, “amarilla” o “roja”. 3. Las cifras demuestran (una vez más) que la PSD no logra proteger completamente a cierta parte de la población que continuamente es blanco de las acciones de los diferentes grupos armados. De manera específica, miembros de la Fuerza Pública, como el director de la Policía Nacional general Oscar Naranjo, reconocen que la seguridad en lo rural no anda bien (elcolombiano.com, 2011). Hay conflicto y el desplazamiento continúa 39

4. La desprotección de la población se sustenta también en las continuas amenazas a organizaciones sociales, líderes, funcionarios públicos, sindicalistas, indígenas y periodistas. Durante 2011 han circulado un total de 149 amenazas, entre individuales y colectivas. 5. El Centro Integrado de Inteligencia Electoral (CI2E) reveló que existen 171 municipios en riesgo alto, 187 en riesgo medio y 620 en riesgo bajo, en relación con las amenazas directas contra el proceso electoral que se realizará en octubre. Diez municipios de cinco departamentos concentran el mayor riesgo: Arauca (Arauca), Huila (Neiva), Meta (Villavicencio, Acacías, Puerto Gaitán y Castilla Nueva), Casanare (Aguazul), Sucre (Tolú, Coveñas) y Antioquia (Yondó). 6. Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) informó que existen 359 municipios en riesgo por el nivel de intensidad del conflicto, de los cuales 12% (43) tienen riesgo alto, 15% (54) riesgo medio y 73% (262) riesgo bajo; 221 municipios presentan riesgo alto por la interferencia de los grupos guerrilleros en el proceso electoral; 139 (63%), mientras que 82 (37%) pueden presentar un deterioro en la seguridad (MOE, 2011, pp. 229-237). Las guerrillas pueden interferir en el proceso electoral a través de: 1) acciones violentas de disputa territorial, 2) acciones de saboteo y obstrucción directa al proceso electoral, 3) atentados contra autoridades públicas y candidatos, y 4) presuntos apoyos a determinados candidatos. 7. Según la MOE, en 2007 se presentaron 102 acciones contra el proceso electoral: 33 candidatos muertos, 49 amenazados, 12 sufrieron atentados y 8 fueron secuestrados. 8. De acuerdo con el SISDHES-CODHES, entre enero y julio de 2011 se han presentado 20 asesinatos, 4 secuestros y 12 amenazas (individuales y colectivas) a candidatos a cargos de elección popular. También se han registrado 14 homicidios selectivos, 13 a funcionarios públicos, y 1 homicidio y 4 intentos de homicidio a periodistas; y 34 homicidios y 3 atentados contra líderes sociales y comunales10. En cuanto a la violencia contra el movimiento sindical colombiano se destaca la persecución de docentes en Córdoba (5 asesinatos hasta junio de 2011). Así mismo, han sido asesinados 38 sindicalistas entre 2010 y 2011 a nivel nacional11. 9. Hay conflicto armado y la población civil sigue siendo la más afectada por sus formas de degradación asociadas a graves, sistemáticas y, en ocasiones masivas, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. 10. Es evidente que las guerrillas replantean sus estrategias en medio de la ofensiva militar, pero también lo es que la solución militar anunciada una y otra vez por el pasado gobierno y prolongada por el actual presidente, no tiene fin y refleja agotamiento en términos operativos. Más que acusar al Gobierno de debilidad en materia de seguridad o de explicar nuevas estrategias de una guerrilla con inmensa capacidad de adaptarse a las ofensivas militares, se trata de revisar la salida militar como una forma eficaz para superar el conflicto, y la lucha contra la guerrilla como la forma válida para superar sus causas. 11. Los nuevos grupos paramilitares surgidos luego de la desmovilización son responsables de gran parte de las amenazas, homicidios selectivos y masacres, en su afán de preservar el despojo de tierras y asegurar el control político y social en buena parte del territorio nacional. Las denuncias reiteradas de relación de apoyo entre la Fuerza Pública y estos grupos generan inseguridad y desconfianza hacia los organismos de

Tabla 5 Presupuesto sector central, 2011 (millones de pesos corrientes) Gastos de personal

Unidad ejecutora

Gastos Total de Transferencias generales funcionamiento

Total de inversión

Total presupuesto

Gestión general - MDN/(3)

78.839

131.584

1.239.173

1.449.597

3.000

1.452.597

Comando General FF.MM.

14.851

29.870

559

45.279

18.800

64.079

Ejército Nacional

3.881.410

1.020.528

192.170

5.094.108

392.615

5.486.723

Armada Nacional

664.698

233.389

37.120

935.207

468.902

1.404.109

Fuerza Aérea Colombiana

325.742

534.667

36.586

896.995

282.083

1.179.077

Salud - Fuerzas Militares

62.756

329.910

259.472

652.139

14.000

666.139

Dirección General Marítima - DIMAR

17.839

24.192

41.660

7.000

48.660

Total Fuerzas Militares

5.045.685

2.304.141

1.765.158

9.114.984

1.186.400

10.301,384

Gestión General - Policía Nacional

3.648.633

758.975

855.005

5.262.613

194.132

5.456.745

50.715

472.991

68.810

592.516

10.965

603.210

Total Policía Nacional

3.699.348

1.231.966

923.815

5.855.129

204.826

6.059.955

Total Sector Central - Fuerza Pública

8.745.033

3.536.107

2.688.973

14.970.113

1.391.226

10.361.339

Salud- Policía Nacional

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional - República de Colombia.

seguridad por parte de la población civil. Claro ejemplo de esta situación se puede apreciar en Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Nariño y Meta, especialmente. 12. El gasto en defensa y seguridad representa, en promedio (2002-2011), el 4,5% del PIB; el año 2009 tiene el mayor gasto en seguridad y defensa, con un 5,1% del PIB. En 2011, el presupuesto destinado para las Fuerza Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) es de más de diez millones de millones de pesos, mientras que el presupuesto para la Policía Nacional es de seis millones de millones de pesos. Además de la magnitud del gasto en seguridad y defensa frente a los porcentajes del PIB de otros sectores del Estado, Gráfico 16 Gasto en defensa y seguridad GDS como porcentaje PIB, 2002-2011 14 12 10 8 6 4 2 0

2002

2003

2004

2005

Gasto seguridad y defensa

2006

2007

2008

Presupuesto sector

2009

2010

2011-1

Presupuesto Fuerza Pública

10 Se incluyen los líderes en procesos de restitución de tierras. 11 Comunicado CUT-Córdoba, junio 21 de 2011.

40 Documentos Codhes Nº 23

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional.

Hay conflicto y el desplazamiento continúa 41

las anteriores cifras representan el peso de las Fuerzas Militares en el desarrollo del conflicto armado en comparación con el papel de la Policía Nacional, como también lo sustenta la proporción de tropas que las primeras tienen en la Fuerza Pública (ver tabla 5 y gráfico 16).

Los retos en la implementación de la Ley de Víctimas

La expedición de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) es un paso importante hacia el reconocimiento de la tragedia humanitaria que para una parte numerosa y significativa de la sociedad colombiana ha significado el prolongado conflicto armado interno que durante las dos administraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez se intentó desestimar sistemáticamente. Así mismo, esta ley posiblemente contribuirá a la ejecución de políticas públicas en materia de asistencia, atención y reparación a los distintos tipos de grupos sociales victimizados por los actores armados legales e ilegales en nuestro país. La Ley 1448 de 2011 tiene un importante significado político y simbólico, al igual que ciertos avances de tipo jurídico (interpretación de la ley atendiendo a lo que resulte más conveniente para las víctimas en los casos de reparación administrativa) y social (reconocimiento del campesinado como grupo de especial protección constitucional; inclusión de las parejas del mismo sexo, sindicalistas y refugiados dentro del universo de víctimas; desarrollo del enfoque diferencial de género; creación de un día nacional para conmemorar la memoria y solidaridad con las víctimas; ampliación de algunas medidas de asistencia en materia de salud y educación, y condonación total de deudas contraídas con el sector financiero en los predios que llegaran a ser restituidos o formalizados en los próximos años) (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 2011b). No obstante, lo cierto es que no todo es tan bueno como se ha dicho en forma reiterada para referirse a la Ley de Víctimas. Por esta razón, resulta necesario presentar los problemas y desafíos que significa esta ley para nuestro país en los próximos años. Más que un análisis técnico o jurídico del texto aprobado por el Congreso de la República, lo que aquí nos interesa es presentar un balance político con el cual esperamos aportar a la construcción de sentido y nuevos cursos de acción que posibiliten la incidencia de las víctimas del conflicto en este proceso, así como de las organizaciones defensoras de derechos humanos y la comunidad internacional.

¿Cuáles son los aspectos más problemáticos de la Ley de Víctimas? Las víctimas no fueron consultadas Pese a que en el proyecto de Ley de Víctimas presentado por el Partido Liberal en el año 2008 se realizaron una serie de audiencias congresionales y foros regionales, en esta oportunidad no fueron convocadas audiencias públicas con el fin de tener en cuenta las propuestas y sugerencias formuladas por las organizaciones de víctimas. Esto último impidió que se consultaran aspectos de forma y de fondo desarrollados en la ley con los propios afectados, lo cual, aparte de contravenir los estándares internacionales que rigen la materia, se erige en un aspecto negativo que resta legitimidad social al texto finalmente aprobado. 42 Documentos Codhes Nº 23

Los retos en la implementación de la Ley de Víctimas 43

Los congresistas Iván Cepeda y Luis Carlos Avellaneda –pertenecientes al partido de oposición Polo Democrático Alternativo– alertaron insistentemente sobre este aspecto durante los cuatro debates que antecedieron la aprobación definitiva de la ley, sin que su preocupación hubiera sido atendida por los miembros de las distintas bancadas que componen la coalición mayoritaria de gobierno.

La ley se constituye en un retroceso frente al desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional en materia de desplazamiento forzado La Sentencia T-025 de 2004 y sus posteriores autos de cumplimiento se han constituido en una herramienta jurídica que propende a garantizar el mínimo vital de la población en situación de desplazamiento, a partir de la ejecución simultánea y ordenada de una serie de políticas públicas encaminadas a garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas de este flagelo. La vulnerabilidad manifiesta de esta población, así como las fallas masivas y sistemáticas en la prevención y atención del desplazamiento forzado por parte del Estado colombiano, llevó a que la Corte considerara a este grupo poblacional como sujeto de especial protección constitucional y declarara el estado de cosas inconstitucional (ECI). Teniendo en cuenta lo anterior, la Ley de Víctimas, en lugar de haber restringido el alcance de algunos derechos consagrados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional para el caso de la población desplazada, debió haber reconocido la base de garantías y derechos con los que ya contaba este tipo de víctimas. En este sentido, el capítulo de la ley correspondiente a la Atención de las víctimas del desplazamiento forzado se constituye en una figura que les otorga una “excesiva discrecionalidad […] a las autoridades administrativas encargadas de la atención de la población desplazada en temas cruciales para la superación del ECI” (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 2011b, p. 11), como el registro, la ayuda humanitaria de emergencia, la vivienda digna, el retorno o la reubicación. A su vez, la mención marginal de los indicadores de goce efectivo de derechos definidos por la Corte Constitucional podría llevar a que el Gobierno nacional dejara de tener en cuenta estos instrumentos de medición de la realización o no de los derechos de la población desplazada, lo cual, en la práctica, se constituiría en la eliminación de los criterios objetivos definidos por la propia Corte para determinar o no la cesación de la condición de desplazado. Problemas en la definición del universo de víctimas Pese a la importancia y significado político que tiene el reconocimiento del conflicto armado interno en el marco de la Ley de Víctimas –hecho que marca una diferenciación tajante entre el gobierno de Uribe y el de Santos, al menos en este aspecto–, la definición de víctima contenida en la Ley 1448 de 2011 puede llegar a ser más restrictiva para el caso del desplazamiento forzado, debido a que la Ley 387 de 1997 reconoce una serie de situaciones que no necesariamente tendrían que guardar relación con hechos ocurridos con ocasión del conflicto, como “disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público” (art. 1). 44 Documentos Codhes Nº 23

Por otra parte, el reconocimiento de la condición de víctima desde el 1º. de enero de 1985, no tiene como fundamento ninguna razón política, jurídica, social o histórica que pudiera otorgarle validez frente a las víctimas y sus organizaciones, a la vez que excluye a todos aquellos que antes de esta fecha tuvieron que sufrir agresiones físicas, graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Más grave aún es que para la restitución de tierras se reconozcan solamente los casos de despojo y abandono forzado ocurridos a partir del 1º. de enero de 1991, lo cual viola el derecho a la igualdad de este tipo de víctimas frente a las demás. Adicionalmente, la exclusión de los tenedores de tierra de los beneficios de la restitución y el desconocimiento de la condición de víctimas que adquieren los combatientes de los grupos armados ilegales en aquellos casos en los que se producen graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) son dos situaciones que se encuentran en contravía de los principios y normas internacionales que rigen la materia. Finalmente, la exclusión explícita que el texto aprobado hace en relación con las víctimas de la delincuencia común podría llevar a que durante la implementación de la ley no se reconozcan a las víctimas de los nuevos grupos paramilitares, considerados por el Estado colombiano como simples bandas criminales (bacrim) asociadas con el negocio del narcotráfico y la delincuencia.

Desconocimiento de la responsabilidad del Estado con ocasión de los crímenes cometidos en el marco del conflicto La ley no reconoce la responsabilidad histórica, política y jurídica que les corresponde al Estado y sus agentes como consecuencia del conflicto armado. Lo anterior, no solamente se constituye en una negación de los deberes que tiene cualquier Estado en la garantía y respeto de los derechos de sus ciudadanos, sino que además es una disposición que desincentiva la confianza de las víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales hacia las instituciones encargadas de velar por que estos hechos no se repitan nunca más. La cooptación del Estado por parte de poderes mafiosos e ilegales a nivel regional, las sentencias proferidas por parte de las cortes internacionales en las que se condena al Estado colombiano por graves violaciones a los derechos humanos, y la connivencia y alianzas entre ciertos grupos ilegales y agentes del Estado (algunos de ellos de alto nivel y jerarquía, como se pudo demostrar en el caso de los congresistas que se vieron envueltos en el escándalo reciente de la parapolítica), obligan a que se reconozca la responsabilidad histórica y procesal del Estado colombiano en la comisión de crímenes violatorios de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, como un hecho importante que contribuya significativamente a la verdad, la paz y la reconciliación nacional. Confusión en relación con el efecto reparador que se les otorga a algunas medidas de asistencia humanitaria y prestación de servicios sociales En el desarrollo de su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha dejado bastante claro que en un contexto de justicia transicional es inaceptable la inclusión de los montos destinados a la asistencia humanitaria y los servicios sociales como parte de la reparación a Los retos en la implementación de la Ley de Víctimas 45

las víctimas de la violencia12. Por lo tanto, la diferenciación conceptual y jurídica que la Corte ha establecido entre asistencia humanitaria (ayuda material o logística entregada como parte de una respuesta a la vulnerabilidad manifiesta causada por una situación catastrófica), programas sociales (política social para la efectiva garantía de los derechos económicos, sociales y culturales) y reparación (derecho que tienen las víctimas a ser resarcidas por el daño causado en su vida, honra y bienes), necesariamente debía conducir a que la Ley de Víctimas evitara confundirlas y asimilarlas entre sí. En este sentido, a pesar de que el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 establece que la ayuda humanitaria y los servicios sociales de asistencia que presta el Estado “en ningún caso serán descontados de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas”, termina otorgando carácter reparador a la priorización y atención preferente en el marco de la política social. Así mismo, la ley contempla una serie de medidas para que los beneficiarios puedan finalmente acceder a ciertos derechos de ciudadanía a causa de su victimización, lo cual resulta ser un hecho claramente inconveniente. Al respecto, cabe recordar que “es un despropósito ofrecer vivienda, salud y educación a alguien por ser víctima de la violencia. Esos son derechos que ya están previstos dentro del Presupuesto General de la Nación. Pero a las víctimas se los están cobrando doble” (Romero Silva, 2011).

Sostenibilidad fiscal elevada a principio rector de la ley Para el Congreso no fue suficiente con que todos los artículos de la ley tuvieran que contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda –entidad encargada de sugerir la votación favorable o no de las proposiciones presentadas por los congresistas durante el trámite aprobatorio, atendiendo al criterio de viabilidad fiscal–, sino que además elevó a principio general de la ley el concepto de sostenibilidad fiscal. Aunque CODHES reconoce que la ley debe tener en cuenta el principio de realidad fiscal, también considera que la supeditación de la realización efectiva de los derechos de las víctimas atendiendo a la proporción de recursos que el Gobierno está dispuesto a garantizar –a partir de una comprensión particular y sesgada de la realidad fiscal del país– resulta ser una medida que pone en riesgo el derecho a la reparación integral y transformadora de este importante segmento de la población. Los distintos informes anuales de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano ubican a Colombia como un país de renta media-alta. Lo anterior sugiere que el principal problema de nuestra sociedad no es la escasez de riqueza sino la altísima concentración e inequidad en su distribución. De ahí que la Ley de Víctimas podría ser financiada con arreglo a los preceptos establecidos tanto en el derecho internacional como en el interno, siempre que se destinen algunas fuentes tributarias adicionales a las que consagra la ley para este propósito13.

12 A manera de ejemplo, ver Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-1199 de 2008, magistrado ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla, Bogotá, 4 de diciembre de 2008. 13 Al respecto, ver Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (2010).

46 Documentos Codhes Nº 23

La ley desconoce el principio de la reintegración patrimonial de las víctimas El texto aprobado no contempla el reconocimiento del daño moral causado a las víctimas, así como tampoco la reintegración patrimonial de los bienes perdidos más allá de las tierras que resultaron objeto de despojo. Lo anterior limita en parte el efecto reparador de la restitución de los predios, toda vez que esta medida debería estar acompañada de otras acciones complementarias encaminadas a garantizar el restablecimiento de las condiciones de vida de quienes resultaron empobrecidos y marginados como consecuencia del abandono forzado de sus tierras. La pérdida de animales, herramientas, cosechas, rentas y otro tipo de ganancias dejadas de percibir por parte de las víctimas del despojo, no serán tenidas en cuenta como parte de la restitución que se llevará a cabo. Por otra parte, las políticas públicas encaminadas a la estabilización socioeconómica de la población que decida retornar o reubicarse en predios rurales dependerán en buena medida del desarrollo posterior que al respecto se establezca en la Ley General de Tierras y Desarrollo Rural que presentará en esta legislatura el Gobierno nacional. Ausencia de medidas concretas para realizar efectivamente los derechos a la verdad y la justicia Uno de los grandes problemas de la Ley de Víctimas es que no desarrolla medidas concretas para realizar efectivamente los derechos a la verdad y la justicia. A diferencia de lo que sucede con el derecho a la reparación, en el que específicamente se prevén una serie de medidas relacionadas con la restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización y garantías de no repetición, la Ley 1448 de 2011 no establece acciones específicas y eficaces para “determinar la verdad acerca de las violaciones perpetradas, ni para garantizar la investigación e imposición de sanciones proporcionales a los autores y partícipes en dichas violaciones en términos de justicia” (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 2011b, p. 16). Esto último se constituye en un vacío estructural de la ley, debido a que el amplio nivel de generalidad que caracteriza el reconocimiento de los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas en el texto finalmente aprobado podría llevar a que se posponga indefinidamente el esclarecimiento de las circunstancias, hechos y responsables directos de los crímenes sistemáticos cometidos contra una parte significativa de la población colombiana durante los últimos 25 años. Cláusulas y figuras que restringen el alcance de algunos derechos consagrados en la ley La Ley de Víctimas contempla una serie de disposiciones que podrían llegar a perjudicar a los beneficiarios de la indemnización administrativa. El contrato de transacción, por ejemplo, es una figura en la cual “la víctima acepta y manifiesta que el pago realizado incluye todas las sumas que este debe reconocerle por concepto de su victimización, con el objeto de precaver futuros procesos judiciales o terminar un litigio pendiente” (art. 132). Más allá de la constitucionalidad o no de esta medida, lo cierto es que la inclusión de esta figura jurídica deja a las víctimas en la encrucijada de tener que escoger entre Los retos en la implementación de la Ley de Víctimas 47

una indemnización oportuna y expedita (la que se entrega por vía administrativa en el marco de la Ley de Víctimas) o una que se caracterice por ser justa e integral (la que se entrega por vía judicial después de un proceso que puede tardar varios años), lo cual, muy probablemente, terminará incentivando la renuncia al acceso a la justicia por parte de las víctimas a cambio de la entrega inmediata de una parte de la reparación a la que tienen derecho. Por otra parte, la revisión de las indemnizaciones por solicitud del Ministerio de Defensa, que tendría que hacer el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas creado a través de esta ley, podría llegar a ser una atribución “incongruente con las funciones propias del Ministerio de Defensa, que consisten en diseñar y ejecutar las políticas de defensa nacional. Para una víctima del Estado, en particular del Ejército o de la Policía, el hecho de someter su solicitud a revisión del propio Ministerio de Defensa podría significar un menoscabo en la garantía de imparcialidad a la cual tiene derecho” (Moreno y Tacha, 2011). Finalmente, la inclusión de la figura de contrato de uso para el caso de los predios restituidos en los que se desarrollen proyectos productivos agroindustriales resulta ser una medida que protege los intereses de los grandes y medianos empresarios rurales que se beneficiaron económicamente en el momento en que una parte importante de las víctimas del desplazamiento forzado fueron despojadas o se vieron obligadas a dejar sus tierras, como consecuencia del ejercicio de la violencia e intimidación por parte de los grupos armados ilegales.

Amplia discrecionalidad del Ejecutivo en la reglamentación de temas cruciales Gran parte de los temas más relevantes y de fondo de esta ley serán resueltos por el Poder Ejecutivo en los próximos seis meses. La amplia discrecionalidad otorgada por el Congreso al Presidente de la República para se encargue de reglamentar 16 aspectos estructurales de la Ley de Víctimas es un hecho que obliga a pensar sobre los alcances reales que podría llegar a tener o no esta norma. Algunos de los aspectos cruciales que el Presidente deberá resolver en el corto plazo son: los montos de la indemnización por vía administrativa; el plan de financiación de la política pública de atención y reparación a las víctimas; aspectos concernientes a la protección, participación, rehabilitación, atención, reparación y adecuación de la institucionalidad creada en el marco de la ley, así como consultar y expedir los decretos con fuerza de ley para garantizar los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, rom y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras14. Sobre los desafíos de la sociedad civil frente a la ley de víctimas La aprobación de la Ley de Víctimas reconfigura la relación de las organizaciones de víctimas entre sí, entre estas y las organizaciones de derechos humanos, y entre todas las

14 Al respecto, ver Movice (2011).

48 Documentos Codhes Nº 23

anteriores y el Estado colombiano. Es por esto que durante los próximos años la agenda social y política de las organizaciones que promueven la democratización del país, la justicia social y la paz deberá readecuarse teniendo en cuenta las nuevas complejidades, posibilidades y escenarios que se empiezan a vislumbrar a partir de la entrada en vigencia de esta norma. Las organizaciones de víctimas y aquellas que sin pretender representarlas buscamos contribuir a la defensa de sus intereses y necesidades, tendremos que ser capaces de coordinar acciones encaminadas a mejorar aspectos específicos de la ley, al mismo tiempo que nos preparamos para acompañar y hacer estricto seguimiento de su aplicación. De ahí que las acciones más urgentes que tendremos que adelantar en el corto y mediano plazo son:

Demandar algunos aspectos puntuales de la ley Las organizaciones de derechos humanos deberemos preparar y presentar a la mayor brevedad una demanda en la que se desarrollen argumentos de fondo en contra de varios aspectos problemáticos contenidos en la ley. En este sentido, resulta muy importante que la Corte Constitucional cuente con herramientas que le permitan interpretar, modular o declarar inexequibles aquellas partes del texto aprobado que restringen o menoscaban los derechos de las víctimas. Al respecto, CODHES insiste en recomendar la rápida preparación y radicación de la demanda por parte del equipo redactor compuesto por algunos espacios y organizaciones de derechos humanos creados para este fin. Incidir en la reglamentación de la ley En el corto plazo, las organizaciones de víctimas y derechos humanos deberemos preparar propuestas y habilitar espacios de diálogo con el Gobierno nacional, con el fin de incidir favorablemente en cada uno de los 16 temas de la ley que serán objeto de reglamentación en los próximos meses. Participar activa y decididamente en este proceso es una de las acciones estratégicas más urgentes e importantes que tendremos que llevar a cabo, sobre todo, si aspiramos a que los mecanismos, disposiciones y acciones específicas que se establezcan para hacer realidad lo contenido en el papel, no resulten contrarios a los intereses y necesidades de los distintos tipos de víctimas que se beneficiarán con esta norma. Hacer seguimiento y control durante la implementación de la ley Durante los próximos diez años, las distintas expresiones organizadas de la sociedad civil deberemos prepararnos para realizar ejercicios de seguimiento y control en los que se presenten periódicamente los avances, retrocesos, estancamientos y riesgos asociados a la implementación de la Ley de Víctimas en las distintas regiones del país. Frente a este último aspecto, resulta fundamental desarrollar acciones que conduzcan a: a) hacer seguimiento oportuno respecto a la inclusión o no del universo de víctimas al nuevo registro único que se crea en el marco de la ley; b) realizar estudios e informes periódicos sobre el conflicto interno y sus consecuencias para las distintas poblaciones que habitan los territorios; c) hacer monitoreo constante en relación con los distintos tipos de riesgos, amenazas y violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de la población reclamante de tierras; d) acompañar los procesos de restitución Los retos en la implementación de la Ley de Víctimas 49

de tierras y evaluar sus verdaderos alcances, atendiendo a una perspectiva en la que se tenga en cuenta un enfoque de derechos; e) evaluar el éxito o fracaso de la política de indemnización administrativa a las víctimas y, en términos generales, producir información útil respecto al estado de avance en la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas.

Sobre los grandes retos que deberá afrontar el Gobierno nacional durante los procesos de restitución de tierras El contexto general de aplicación de esta ley estará mediado por un marco generalizado de violencia política y social, en el que no se sabe hasta qué punto podrá garantizarse efectivamente el derecho a la prevención, protección y garantías de no repetición para las víctimas que accederán a los beneficios estipulados en el programa de restitución de tierras. Lo anterior genera una serie de retos para el Gobierno nacional sobre los cuales recae el éxito o fracaso de esta política. A continuación se presentan los que a juicio de CODHES resultan más relevantes. Garantizar condiciones de seguridad a la población El marcado enfoque contrainsurgente y militarista del modelo de consolidación democrática de los territorios con el que se ha pretendido asegurar la protección de las comunidades que habitan zonas consideradas como de alto riesgo en materia de seguridad, no solo resulta una medida insuficiente para asegurar el monopolio de la fuerza por parte del Estado, sino que además ha traído como consecuencia el aumento del desplazamiento forzado en dichos territorios. En consecuencia, resulta urgente desarrollar estrategias regionales y colectivas de protección, en las que se supere el enfoque militarista de la consolidación por uno más integral y con perspectiva de derechos, en el que la política pública de restitución de tierras se desarrolle en un contexto social democrático que fortalezca el incipiente tejido social debilitado como consecuencia del conflicto. Para CODHES, la experiencia significativa que ha representado para el país el modelo de protección regional y local agenciado por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio podría llegar a ser la base de un modelo de protección alternativo para las comunidades a las que se les restituyan sus predios. Garantizar la estabilización socioeconómica de las víctimas que decidan retornar o reubicarse La restitución de tierras por sí sola no garantiza la inserción del campesino en las dinámicas productivas. En este sentido, retomando la línea argumentativa propuesta por Carlos Salgado, se considera que: […] la política de tierras debe involucrar no sólo la adjudicación o entrega de un activo (la tierra) por parte del Gobierno sino que también debe expresarse como un espacio para corregir la falla de reconocimiento del campesino despojado como un actor social determinante en la sociedad colombiana, lo que necesariamente tiene repercusiones en la concepción del modelo de desarrollo agropecuario. […] los campesinos después de ser objeto de políticas de focalización

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pasaron a desempeñar un papel residual ante el desempleo como productores. Esta desvalorización constituye una “falla de reconocimiento” a partir de la cual se desconocen los derechos del campesinado, se niega cualquier redistribución de activos a su favor –“falla de redistribución”– y hace que finalmente la sociedad ni reaccione ni se conmueva frente a fenómenos como el desplazamiento forzado interno. (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 2009, p. 14)

Esta falla de reconocimiento del campesinado debe corregirse con una reformulación del modelo rural agrario y la creación de medidas complementarias posrestitución que garanticen el goce efectivo de los derechos de la población en situación de desplazamiento, al mismo tiempo que se activen programas de apoyo para la generación de ingresos rurales que permitan el desarrollo productivo de las economías campesinas de pequeña y mediana escala en una economía de mercado. De no ser así, la restitución de bienes podría terminar siendo una política que legitima un modelo de desarrollo rural que no reconoce al campesino, a la vez que lo utiliza para demostrar que en el país se han corregido las fallas que en el pasado no permitieron la garantía del derecho a la propiedad para el conjunto de los agentes económicos.

Comprender la restitución de tierras como un componente más dentro de una política amplia e integral desde un enfoque de derechos La integralidad de los derechos que deben ser garantizados en forma efectiva a la población víctima del despojo implica que el Estado debe reorientar una serie de políticas con el fin de garantizar el mínimo vital a los cientos de miles de víctimas de este delito en nuestro país. Por lo tanto, las políticas públicas de atención a esta población deben realizarse simultáneamente y desde una lógica en la que prime un principio de complementariedad. Para el caso específico de la restitución de tierras, al menos se debería articular esta política pública con aquellas encaminadas a garantizar el derecho a la vivienda digna, el retorno y la generación de ingresos. De no ser así, ante la imposibilidad de lograr la articulación necesaria entre la restitución de tierras y las condiciones para el desarrollo productivo del campesinado, el proceso de restitución estaría condenado al fracaso. Reflexión final La Ley 1448 de 2011 aprobada por el Congreso de la República, pese a ser un avance importante hacia el reconocimiento de las víctimas de la violencia y a contemplar una serie de acciones para reparar el daño causado a una parte numerosa y significativa de la sociedad colombiana, presenta una serie de problemas de fondo que restringen el alcance real de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por parte del conjunto de víctimas existentes en nuestro país. Por otra parte, esta norma resulta ser una de las grandes herramientas simbólicas que le permite al presidente Juan Manuel Santos diferenciarse de su antecesor, al mismo tiempo que se amplía la coalición política que apoya al partido de gobierno, y empieza a tomar fuerza la aceptación de un discurso que afirma el posconflicto, la reinstitucionalización de la democracia colombiana y el respeto a los derechos humanos por parte del Estado y sus agentes. Los retos en la implementación de la Ley de Víctimas 51

Adicionalmente, es posible que esta ley genere la creación de algunas condiciones para legalizar y formalizar la propiedad rural, lo cual muy probablemente será la cuota inicial para convocar con mayor fuerza y legitimidad a la inversión extranjera, continuando así la empresarización del campo y el impulso de las locomotoras minera y agroindustrial iniciadas durante el gobierno pasado. Existen elementos de contexto que nos deben llevar a ser cautelosos en relación con los alcances sociales que podría tener al final del día esta ley. Uno de ellos es el carácter marcadamente neoliberal de un sector importante del Gobierno –especialmente, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Planeación Nacional–; otro, son los intentos por restringir el poder de la cortes en relación con la expedición de sentencias que tengan consecuencias fiscales, y la falta de claridad sobre el dinero que el Gobierno está realmente dispuesto a destinar para reparar a las víctimas y realizar programas y proyectos exitosos que permitan la inclusión socioeconómica del campesinado en el modelo de desarrollo rural. Para CODHES, la Ley 1448 de 2011 representa una conquista histórica de las víctimas en Colombia, no obstante que su contenido estuvo mediado por los intereses e interpretaciones que al respecto hicieron los diversos y divergentes sectores que componen la coalición mayoritaria de gobierno. En este sentido, se considera que la Ley de Víctimas afirma una perspectiva de derechos que debemos profundizar y seguir mejorando, a la vez que alertamos a la sociedad colombiana sobre sus inminentes riesgos y peligros.

CODHES Informa Boletín de la Oficina en Ecuador de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Nº 1 Quito, 19 de septiembre de 2011 www.codhes.org

El refugio en Ecuador: el dilema de los derechos frente a la seguridad Ecuador y Colombia restablecieron plenamente sus relaciones diplomáticas el 26 de noviembre de 2010, dos años y nueve meses después de la ruptura provocada por el ataque colombiano a un campamento guerrillero en Angostura el 1º. de marzo de 2008. El período de ruptura coincidió con la decisión del Gobierno ecuatoriano de aplicar un “registro ampliado” para otorgar estatus de refugiados a personas que reclamaban protección, la mayoría de nacionalidad colombiana que argumentaba violencia generalizada en el marco del conflicto armado y ausencia de garantías en su país. Además, la Cancillería del Ecuador incluyó el tema de los refugiados colombianos entre las cinco condiciones que fijó el Gobierno para el restablecimiento de las relaciones entre ambos países15. Aun así, durante los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez y en los primeros meses del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la Cancillería colombiana mantuvo la posición de negar la existencia de refugiados colombianos en Ecuador y la inclusión de este tema en la agenda binacional. En los últimos meses se advierte un cambio en la posición del Gobierno colombiano que, al parecer, ya reconoce la existencia de los refugiados y acepta discutir el tema en la Comisión Binacional16. Además, el nuevo gobierno colombiano reconoce que hay un conflicto armado y abanderó una Ley de víctimas y restitución de tierras que, aun cuando no reconoce explícitamente a los refugiados como parte del universo de víctimas, ha generado expectativas dentro y fuera del país17. En Ecuador, entre tanto, durante el primer semestre de 2011 y en pleno proceso de fortalecimiento de las relaciones binacionales, el Gobierno volvió sobre el tema de los refugiados anunciando mayores controles en la admisibilidad de personas solicitantes de refugio y adoptando medidas administrativas en esa dirección que han generado preocupación ante un eventual retroceso en el reconocimiento de refugiados. 15 Las cinco condiciones del Gobierno ecuatoriano al Gobierno colombiano para el restablecimiento de las relaciones con Colombia eran: 1) Que desvirtúe y termine con la campaña de vincular al Ecuador y sus autoridades con las FARC, 2) Que comprometa la presencia efectiva de la Fuerza Pública en la zona fronteriza, 3) Que visibilice la entrega de la información solicitada sobre la incursión del 1º. de marzo, 4) Que haga efectiva la entrega de información de las computadoras encontradas en Angostura y 5) Que haya una contribución de Colombia al ACNUR en relación con los refugiados. Ver República del Ecuador - Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador (2008a). 16 Los gobiernos de Ecuador y Colombia anunciaron el 22 de julio de 2011 la reestructuración de la Comisión de Vecindad e Integración Ecuatoriano-Colombiana (COVIEC), creada en 1989, y de acuerdo con el embajador Juan Salazar Sancisi, director de Relaciones Vecinales y Soberanía de la Cancillería ecuatoriana, dentro de los cinco temas a tratar en esta Comisión está el de los refugiados colombianos en Ecuador. 17 La Ley 1448 del 10 de junio de 2011 fue expuesta en Quito ante las autoridades gubernamentales, organismos internacionales, ONG y refugiados en agosto de 2011 por el senador ponente Juan Fernando Cristo. La Ley reconoce el conflicto armado y establece mecanismos para la reparación integral de las víctimas. Ver Congreso de la República (2011).

52 Documentos Codhes Nº 23

El refugio en Ecuador: el dilema de los derechos frente a la seguridad 53

Estas manifestaciones públicas y las medidas administrativas podrían responder a constantes presiones para convertir el tema de refugiados en un asunto de seguridad, antes que humanitario. No obstante, el Gobierno insiste en que mantendrá la tradición de observar plenamente el derecho internacional de los refugiados, pero que ejercerá nuevos controles para la admisión y el reconocimiento. Como se advierte, tanto en la ruptura como en el restablecimiento de relaciones, el tema del refugio de personas de nacionalidad colombiana en Ecuador ha estado presente y ha impactado de diversas formas las políticas de los dos gobiernos. Este primer informe semestral sobre refugio, conflicto armado y derechos humanos de CODHES Ecuador incluye una lectura de la magnitud y las dinámicas del flujo de refugiados colombianos a este país vecino, las zonas de origen y llegada de estas personas, una observación preliminar sobre las nuevas disposiciones adoptadas por el Gobierno de Ecuador, aborda hechos como el reconocimiento del conflicto armado en Colombia y la aprobación de la Ley de Víctimas en los refugiados, hace un seguimiento parcial a medios ecuatorianos en materia de refugio e inicia una discusión proactiva sobre el impacto de la crisis bilateral en el tema de los refugiados. De otra parte, el informe recoge datos del refugio colombiano en varios países del mundo y de refugiados de otras nacionalidades en Ecuador y revisa cifras oficiales sobre número de personas refugiadas en Ecuador con relación al número de habitantes y personas capturadas y acusadas de delitos comunes, según su nacionalidad para establecer el impacto de la migración en la inseguridad.

La política del Ecuador en materia de refugio El Gobierno ecuatoriano formuló en 2008 una política orientada al reconocimiento del refugio de miles de colombianos con ocasión del conflicto armado interno en el vecino país. Se implementará un modelo mixto en la protección de las personas que la necesiten. Este modelo da respuesta a posibles flujos masivos de refugiados y a las solicitudes individuales, legaliza a las miles de personas que se llaman invisibles porque no se han atrevido a acercarse a nuestras instituciones públicas o porque desconocen que tienen derechos en el Ecuador. (República del Ecuador - Ministerio de Relaciones Exteriores, 2008b, p. 15) Para dar protección a las personas “invisibles”, Ecuador inició un proceso novedoso en América Latina que se realizó entre 2008 y 2010, denominado “registro ampliado”, orientado a resolver, especialmente, la situación de desprotección de miles de refugiados colombianos en el país. El resultado del registro ampliado fue el reconocimiento del estatus de refugiado a aproximadamente 28.000 colombianos, la inmensa mayoría en las provincias de la frontera norte (Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi), con lo cual, el número total de colombianos reconocidos como refugiados en Ecuador ascendió a 54.523. Es importante destacar que, una vez culminado el procedimiento especial de registro ampliado, las solicitudes de refugio se mantienen en un promedio de 1.500 cada mes18, lo que indica que hay per-

18 La información fue suministrada por la Oficina en Ecuador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Dirección de refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador y corresponden a 2011.

54 Documentos Codhes Nº 23

sonas en territorio colombiano que siguen considerando que no tienen garantías para su vida o su libertad y que requerirían protección, en este caso del Gobierno ecuatoriano. En este contexto, el Gobierno nacional adoptó nuevas medidas durante el primer semestre de 2011 para hacer más estricto el control sobre las solicitudes de refugio, mediante la incorporación de nuevos instrumentos administrativos relacionados con lo que denomina la “inadmisibilidad motivada”19, una figura con la cual intenta blindar el proceso de admisión a partir de la consideración previa de que podría haber abusos en el uso del derecho del refugio. En efecto, desde enero de 2011, el Gobierno ecuatoriano aplica el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 1635 de marzo de 2009 (aprobado mediante el acuerdo ministerial 003 del 11 de enero de 2011), que establece que: […] al recibir solicitudes de refugio manifiestamente infundadas o abusivas podrá inmediatamente, o como máximo, hasta dentro de los diez días hábiles subsiguientes, declarar su inadmisión motivada a trámite, sin que para ello sea necesaria resolución por parte de la Comisión. En estos casos, se emitirá una certificación de presentación de la solicitud, que tendrá una validez de diez días hábiles; y, con la notificación de inadmisión, se otorgará hasta 30 días hábiles de plazo, para que la persona cuya solicitud no fuere admitida, regularice su situación migratoria o abandone el país.

La preocupación principal es que la intención legítima de controlar los abusos del derecho al refugio pueda derivar en limitaciones y restricciones a ese derecho por parte de las autoridades encargadas de notificar la “inadmisión motivada” que se hace sin el acto administrativo que implicaría una resolución de la Comisión. Más preocupación genera el procedimiento para hacer efectivo que la persona afectada “abandone el país” frente a hechos que podrían vulnerar el principio de no devolución (non refoulement) que contempla el derecho internacional de los refugiados.

Las estadísticas de refugio en Ecuador Ecuador es un país abierto al refugio. El gobierno del presidente Correa ha insistido en la ciudadanía universal y el respeto por el derecho internacional de los refugiados. Si bien la inmensa mayoría de los refugiados reconocidos son de nacionalidad colombiana, hay casos de personas de otros países que han obtenido el estatuto de refugiados en los últimos años en Ecuador, Cuba, Afganistán, Perú, Iraq, Irán y Haití, además de nacionales de países africanos. Según la Dirección de Refugiados del Ecuador, hasta agosto de 2011 se recibieron 145.655 solicitudes de refugio de personas de diversas nacionalidades, de las cuales 54.523 fueron reconocidas con el estatus respectivo, 98,8% correspondientes a personas de nacionalidad colombiana.

19 Decreto 1635 de 2009, reglamentado mediante Acuerdo Ministerial No. 003 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración en enero de 2011.

El refugio en Ecuador: el dilema de los derechos frente a la seguridad 55

Cuadro 1 Refugiados reconocidos en Ecuador hasta junio de 2011 Principales países de origen Colombia

Total refugiados reconocidos 53.618

Cuba

240

Afganistán

116

Perú

Iraq

Irán

Haití

Nigeria

China

Pakistán

Rusia

Sahara Occidental

Venezuela

Total

tre de 2011, de 8.488 solicitudes de colombianos admitidas a trámite, 1.470 fueron reconocidas (17,3%).

¿Dónde están los refugiados en Ecuador? Los datos oficiales permiten una aproximación a las tendencias de ubicación de las personas refugiadas en Ecuador, entre las que sobresale la provincia de Pichincha y su capital Quito como el primer sitio de asentamiento. Además, las tres provincias fronterizas del norte (Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi) concentran al 42% del total de los refugiados que provienen de Colombia y que decidieron quedarse cerca a la frontera. Este acomodamiento geodemográfico de refugiados alcanza la provincia de Imbabura, que si bien no es limítrofe, configura zona de tránsito de la frontera a la capital del país; además, se mantiene una tendencia de asentamiento de refugiados en las provincias de Guayas, Azuay y Santo Domingo. Expectativas laborales, cobertura de servicios y cercanía con el país de origen son algunas de las motivaciones de los refugiados colombianos en su proceso de asentamiento y reasentamiento en territorio ecuatoriano. Cuadro 2 Personas refugiadas en Ecuador por provincia, datos a 30 junio de 2011

54.245

Fuente: Dirección de Refugiados de la Cancillería del Ecuador. Elaboración CODHES.

El reconocimiento de refugiados Según la Dirección de Refugiados de la Cancillería, en la actualidad el 76% del total de solicitudes de refugio ante el Gobierno ecuatoriano son admitidas a trámite, mientras que el 24% corresponden a solicitudes consideradas como “manifiestamente infundadas o abusivas”20. Según las cifras de la Dirección de Refugiados, el Gobierno del Ecuador admitió a trámite 10.632 solicitudes entre enero y agosto de 2011, de las cuales 1.593 (14,9%) concluyeron en otorgamiento del estatus de refugiado (República del Ecuador – Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2011a). Es decir, a 9.039 (85,1%) solicitudes no se les concedió el refugio durante el primer semestre de 2011. Si el Gobierno afirma que admite a trámite el 76% del total de solicitudes, entonces el total aproximado de solicitudes de enero a agosto de 2011 ascendería a 13.989, lo que quiere decir que alrededor de 3.357 ni siquiera fueron consideradas en este período. Antes de 2008 se presentaron 65.442 solicitudes de refugio por parte de colombianos, de las cuales 18.342 fueron reconocidas, es decir, que del total acumulado hasta ese año, el reconocimiento de solicitudes fue cercano al 28%. En 2009, año de aplicación del registro ampliado, se presentaron en total 30.404 solicitudes, 25.872 (85%) de las cuales obtuvieron el estatus de refugiado. En 2010, de 23.875 solicitudes presentadas, 8.007 fueron reconocidas (33,5%). Para el primer semes20 Entrevista de CODHES con el ministro José Sandoval, director de la Dirección de Refugiados de la Cancillería del Ecuador, 8 de agosto de 2011.

56 Documentos Codhes Nº 23

% del total de refugiados en el país

Provincia

Personas refugiadas

Pichincha

16.184

29,70

Sucumbíos

12.088

22,10

Esmeraldas

6.012

11,03

Carchi

4.842

8,88

Imbabura

4.258

7,81

Guayas

2.976

5,46

Azuay

2.104

3,86

Santo Domingo

1.844

3,38

Orellana

1.492

2,73

562

1,03

2.105

4,02

54.467

100,00

79,52

Manabí Otras provincias Total

79,52

16,46

Fuente: Dirección de Refugiados, Cancillería del Ecuador. Elaboración CODHES.

Los colombianos refugiados ¿de dónde vienen? De acuerdo con datos acumulados de 2000 a 201121, los refugiados colombianos reconocidos en el Ecuador provienen principalmente de Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, 21 Datos de la Dirección de Refugio del Ecuador, agosto de 2011.

El refugio en Ecuador: el dilema de los derechos frente a la seguridad 57

Cuadro 3 Principales departamentos de origen en Colombia de los refugiados en Ecuador Departamento

Hasta 2008 (%)

2009 (%)

2010 (%)

jul-11 (%)

Putumayo

14,50

10,70

Nariño

13,10

21,50

55,40

23,80

Valle del Cauca

11,64

15,50

13,87

Caquetá

4,40

4,20

0,94

3,30

Cauca

2,90

4,09

3,75

5,10

Antioquia

3,39

3,92

3,25

6,90

Fuente: Dirección de Refugiados, Cancillería del Ecuador. Elaboración CODHES.

Caquetá, Cauca y Antioquia. Sin embargo, son en total 25 los departamentos de Colombia señalados como lugar de origen de los refugiados reconocidos. Estos departamentos incluyen toda la frontera terrestre con Ecuador afectada desde comienzos de la década pasada por múltiples formas de violencia y conocida como epicentro de las acciones del Plan Colombia (Nariño y Putumayo). Otros dos departamentos se extienden por el cordón del Pacífico y la Región Andina, en donde se libra buena parte de la confrontación armada reciente (Cauca y Valle del Cauca). Las otras dos regiones son Antioquia, el principal centro de expulsión de desplazados en Colombia, y Caquetá, escenario de una intensa confrontación entre Fuerza Pública y la guerrilla de las FARC. En 2008, cerca del 50% de los refugiados reconocidos en Ecuador procedían de estos seis departamentos; en 2009, año del registro ampliado, el porcentaje aumentó a 77,2%; en 2010, al 83,21%, y para el primer semestre de 2011, al 70%. Es decir, la mayoría de los refugiados colombianos en Ecuador provienen de seis departamentos en los que confluye la violencia paramilitar y narcoparamilitar (Antioquia), las operaciones ofensivas más grandes de la Fuerza Pública contra la guerrilla de las FARC (Caquetá), los llamados “laboratorios de paz” del Plan Colombia en la frontera con Ecuador (Nariño y Putumayo) y la región en la que el conflicto armado ha sido más intenso en los últimos dos años por la persecución contra el máximo líder de las FARC, “Alfonso Cano” (Valle del Cauca y Cauca)22.

Refugiados, medios y opinión pública El refugio de colombianos es un tema de información recurrente en los medios de comunicación del Ecuador pero, paradójicamente, es un asunto muy limitado, casi desconocido, en los medios colombianos. Mientras en Colombia se ignora la suerte de los colombianos refugiados, en Ecuador tiende a crecer una percepción negativa del refugio que se manifiesta en formas de es22 En el Boletín de CODHES Informa No. 78, relativo a este mismo período, se incluyen mapas y análisis de todas las regiones de Colombia que expulsan desplazados internos y refugiados a países como Ecuador.

58 Documentos Codhes Nº 23

tigmatización, señalamiento y xenofobia. Esta percepción negativa se amplía a personas de otras nacionalidades (cubanos, haitianos, africanos, especialmente) y afecta también a migrantes regulares e irregulares. Entre enero y agosto de 2011, CODHES realizó una observación parcial y limitada de 50 noticias publicadas en nueve medios de comunicación ecuatorianos, así como en agencias internacionales de noticias con corresponsales en Ecuador, escogidas en forma aleatoria23. El estudio muestra desde un manejo profesional de la información hasta formas de presentación de las noticias sobre refugiados que distorsionan y sesgan la información. Es sabido que en el proceso de construcción de la noticia intervienen periodistas y editores que bien pueden tener conocimiento del contexto histórico y el marco legal internacional que regula el refugio, o bien presuponen una relación per se entre refugio y hechos delictivos. Esta tendencia podría responder a un reflejo en los medios del debate político entre el Gobierno y la oposición, en el que el refugio y las migraciones son señaladas como la causa de la inseguridad ciudadana y alimenta una visión securitista que restringe y afecta los derechos de las personas refugiadas y migrantes. El análisis indica que 19 noticias sobre refugio de colombianos en Ecuador hicieron uso apropiado de diversas fuentes sobre un mismo hecho y le dieron un tratamiento profesional al tema24. Otras 15 noticias muestran un manejo parcial, dado que la única fuente es el Estado25. 14 noticias registraron una posición negativa, asociando refugio a hechos delictivos que aumentan la percepción de inseguridad en Ecuador: “Delincuencia motiva depuración del plan de visa de refugiados”, titulaba el diario El Universo (2011b); “Nacionalizarse, la mejor defensa”, refiriéndose a que figuras como el asilo político, el refugio y la naturalización impiden que la justicia extradite a miembros del crimen organizado (Hoy, 2011a); “Refugiados, problema de Colombia con Ecuador”, noticia en la que se argumentaba que la inseguridad y el desempleo estaban directamente asociados con la masiva llegada de colombianos a ciertas zonas del Ecuador (La Hora, 2011).

23 Los medios de comunicación incluidos en la observación fueron El Universo, El Comercio, Hoy, La Hora, El Mercurio, El Telégrafo, Notimex, AFP y Andes. 24 Algunos ejemplos de noticias con un manejo adecuado de las fuentes: “El refugiado es vulnerable en Ecuador”, publicada por el diario El Comercio del 21 de junio de 2011, utiliza múltiples fuentes para construir la noticia; recurre a una persona refugiada, a representantes de organizaciones de la sociedad civil, a un funcionario de ACNUR Ecuador y a la Dirección de Refugio de la Cancillería, mostrando así varios matices del hecho (El Comercio, 2011a). “Cada mes 1500 colombianos llegan a Ecuador huyendo de la violencia”, publicada por el diario El Universo del 20 de junio de 2011, también utiliza diversas fuentes para su elaboración: ACNUR, una organización de la sociedad civil, la Dirección de Refugio de la Cancillería y declaraciones del presidente Rafael Correa (El Universo, 2011a). 25 A continuación se presentan ejemplos de noticias en donde las únicas fuentes consideradas fueron estatales: “Ecuador endureció requisitos para conceder status de refugiado”, publicada por el diario El Telégrafo del 18 de junio de 2011, solo recurre a la Dirección de Refugio de la Cancillería y a las declaraciones del presidente Rafael Correa para la realización de la noticia (El Telégrafo, 2011). “Correa dice que endureció requisitos para conceder status de refugio”, divulgada por el diario El Comercio del 18 de junio de 2011, utiliza las declaraciones del presidente ecuatoriano como única fuente; aunque recurre cifras de ACNUR, solo representan parte del contexto de la noticia y no una opinión alterna a la oficial (El Comercio, 2011b).

Resumen de prensa del boletín Nº 78 sobre desplazamiento forzado, refugio y conflicto armado en Colombia, primer semestre de 2011 59

Solo dos noticias resaltaron el refugio desde una visión positiva o constructiva. “Defensoría del Pueblo pide que no se discrimine a los refugiados en el sistema financiero”, titulaba, por ejemplo, el diario El Comercio (2011c). Es significativo que aun cuando el tema es el refugio, los refugiados no son considerados fuentes válidas, toda vez que solo cuatro de las noticias analizadas los incluyeron como primera fuente de información. En los meses de junio y julio se produjeron más noticias relacionadas con el refugio, debido al anuncio del presidente del Ecuador, Rafael Correa, de que el Gobierno se proponía revisar las visas otorgadas durante el registro ampliado y sugería establecer controles más efectivos y rigurosos a la hora de otorgar el reconocimiento de refugiados: “Se han reducido drásticamente las solicitudes de refugio porque ahora se exigen muchos más requisitos, y esto será revisado estrictamente para darle el estatus de refugiado al que verdaderamente lo merece. Antes era muy laxo el proceso, eso ya ha sido corregido” (El Comercio, 2011d). Los titulares de prensa ampliaron el debate: “Ecuador establece mayores controles para indocumentados y refugiados” (El Universo, 2011c); “Ecuador endureció requisitos para conceder status de refugiado” (El Telégrafo, 2011); “Ecuador depura visas de refugiados colombianos tras detectar irregularidades” (El Mercurio, 2011); “Revisará Ecuador visas de refugio otorgadas a colombianos en 2009” (Notimex, 2011a). Las declaraciones del presidente Correa se presentaron en un contexto en el que sectores de opinión responsabilizaron al Gobierno por el incremento de la inseguridad ciudadana, en algunos casos criticando el precepto constitucional de “ciudadanía universal” y la política de apertura de fronteras que promovió el Gobierno desde el inicio de su mandato26. Como se sabe, la nueva Constitución Política, aprobada en 2008, incluyó el concepto de “ciudadanía universal” y desarrolló principios de libre movilidad y respeto a los derechos humanos y el fin de la condición de extranjero. El inciso 6 del artículo 416 de la Constitución ecuatoriana señala que Ecuador “Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales”. El numeral 7 del mismo artículo “Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos”. Sin embargo, estos preceptos constitucionales aún no se reflejan en las leyes y normas administrativas en torno a la regulación de las migraciones, y la percepción de inse-

26 “Círculos de opinión han sugerido que la aplicación de la norma constitucional ecuatoriana de libre movilidad es una de las causas del crecimiento de la inseguridad en el país”, noticia publicada por la agencia internacional Notimex (2011b). “Se han reducido drásticamente las solicitudes de refugio porque ahora se exigen muchos más requisitos, y esto será revisado estrictamente para darle el estatus de refugiado al que verdaderamente lo merece. Antes era muy laxo el proceso, eso ya ha sido corregido”, subrayó el Mandatario. Ello en respuesta a las críticas de opositores que han advertido que refugiados supuestamente se escudan en esa condición para cometer delitos en el país” (El Telégrafo, 2011).

60 Documentos Codhes Nº 23

guridad ciudadana asociada a la migración crea un clima adverso para avanzar en una reglamentación progresiva27. Es evidente que el refugio y la migración entraron como temas de la agenda política de la oposición y del Gobierno a través de los medios de comunicación. El subsecretario de Asuntos Migratorios, Consulares y de Refugio, embajador Leonardo Carrión respondió en una entrevista que parte de la decisión de revisar el registro ampliado obedece a que hubo colombianos que pidieron el asilo e incurrieron en actividades delictivas. Y “aunque remarca que el índice delincuencial de colombianos en el país es bajo, la infiltración de antisociales gracias a este programa es evidente” (El Universo.com, 2011b). De la misma forma, José Sandoval, director de la Dirección de Refugiados de la Cancillería, declaró que algunas personas ven el refugio “como la solución fácil, viable y gratuita a una regularización migratoria” y añadió que “el trabajo inescrupuloso de algunos abogados y ONG ha fomentado recursos judiciales” para conseguir ese visado (Hoy. com.ec, 2011b). Cabe anotar que desde el 2 de agosto de 2011 entró en vigencia la Resolución 0012011 del Consejo Consultivo de Política Migratoria, que establece como requisito para la obtención de visa de inmigrante la presentación del pasado judicial de acuerdo con el país de origen. Para los ciudadanos colombianos sigue siendo un requisito para ingresar al país, independiente de la obtención de visa. Convertir el refugio en un hecho noticioso asociado solo a casos de delincuencia puede reducir el tema a un lugar común y generar un imaginario social e institucional negativo que afecta la imagen y restringe los derechos de las personas refugiadas. Una información equilibrada, que divulgue la realidad (aun aquella con connotación negativa), que reafirme los derechos y el sentido humanitario del refugio y que destaque los elementos positivos que pueda tener la presencia de personas diferentes y diversas, puede contribuir a formar una opinión pública con capacidad de comprender y tomar posición frente a los hechos. Hay esfuerzos en esa dirección por parte de algunos medios de comunicación, periodistas y organizaciones, que han promovido talleres y reuniones con periodistas y editores para analizar estos temas y contribuir a ese proceso de formación de opinión pública en Ecuador, el mismo que también debería hacerse en Colombia28.

¿Securitizando el refugio? Ecuador realizó en 2010 un censo de población cuyos resultados empiezan a divulgarse y permiten analizar el impacto del refugio en la sociedad ecuatoriana. Según este censo, Ecuador tiene una población de 14.483.499 habitantes, lo que significa que el número

27 Desde la promulgación de la Constitución de Montecristi se convocó a un proceso participativo para formular un código migratorio que adecuara la legislación vigente a la norma constitucional, toda vez que la ley actual data de 1973. Sin embargo, este proceso aún no culmina y, en consecuencia, no existe un marco normativo que regule una nueva política migratoria en Ecuador. 28 ACNUR y otras organizaciones, como Medios para la Paz, han promovido talleres y reuniones con periodistas y editores en diferentes espacios para analizar estos temas y contribuir a ese proceso de formación de opinión pública en Ecuador.

El refugio en Ecuador: el dilema de los derechos frente a la seguridad 61

de refugiados reconocidos por el Gobierno ecuatoriano (aproximadamente 55.000) representa el 0,37% del total de la población. Si además de los refugiados reconocidos se incluyen las solicitudes pendientes (estimadas en 20.000) y la población colombiana en necesidad de protección internacional (estimada en 135.000), el porcentaje de población en situación de refugio con respecto al total de la población ecuatoriana sería del 1,8%. Por supuesto que la existencia de un conflicto armado en Colombia que se prolonga por más de cuatro décadas y que afecta en forma directa el territorio y la sociedad ecuatoriana, puede provocar cierta fatiga y cansancio en la medida en que se convierte en un problema crónico y sostenido. Aun así, los testimonios de algunos refugiados colombianos son de reconocimiento y agradecimiento a las autoridades y a las comunidades que los acogieron, y hay numerosos ejemplos de integración a la sociedad local y de aporte al desarrollo y el emprendimiento. Ante la insistencia de relacionar el refugio con hechos delictivos y a propósito de la legítima preocupación sobre la posible vinculación de extranjeros en la comisión de delitos, CODHES solicitó a la Comandancia General de la Policía en Ecuador un reporte sobre personas detenidas según delito y nacionalidad del presunto responsable. El informe de la Policía indica que del total de detenidos durante 2010, el 95,3% corresponde a ecuatorianos, el 3,37% a colombianos, el 0,59% a peruanos, el 0,2% a cubanos y el 0,54% a otras nacionalidades. Los resultados de personas detenidas por delitos cometidos entre enero y agosto de 2011 indican que el 95,4% corresponde a ecuatorianos, el 2,9% a colombianos, el 0,8% a peruanos y el 0,2% a cubanos (Policía Nacional del Ecuador, 2011). El debate político abierto puede ser positivo, si tiene en cuenta los derechos de las personas refugiadas y contribuye a su realización, pero puede ser negativo en la medida en que presione cierta regresividad en la política oficial sobre el refugio, que incluso fue valorada positivamente en el marco de la Conferencia Regional Humanitaria sobre la Protección de Personas Refugiadas y Desplazadas, realizada en Quito, en noviembre de 201029. Algunos hechos administrativos generan preocupación, como el citado artículo 3 del Decreto Presidencial No. 1635 del 25 de marzo de 2009 y su reglamentación mediante el Acuerdo 003 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, los cuales introducen en el proceso de solicitud y reconocimiento de refugiados una etapa previa de admisión de las peticiones, en razón de que estas puedan ser infundadas o abusivas. A propósito de estas medidas, la Convención sobre refugiados de 1951 establece límites al uso de estatuto: […] no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del

29 En la Conferencia Regional Humanitaria sobre la Protección de Personas Refugiadas y Desplazadas participaron delegados de 15 gobiernos y Estados, y delegaciones de 16 países de la región. En el marco de esta Conferencia se reconoció como una buena práctica el “registro ampliado” por parte de un Estado signatario de la Convención de 1951 (Comité de Seguimiento al Plan de Acción de México, 2011, p. 16).

62 Documentos Codhes Nº 23

país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país. (art. 33)

El mismo artículo se refiere a las obligaciones de los Estados parte de la Convención, al señalar: Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligren por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas. El Gobierno ecuatoriano tiene plena autonomía para regular la política de refugiados y ejercer control ante eventuales casos de abuso de la figura del refugio. En consecuencia, debe presentar ante la justicia a las personas que, en calidad de refugiados, hayan infringido la ley nacional. En todo caso, el Estado debe asegurarse de que los procedimientos judiciales respetan el derecho internacional de los refugiados. CODHES toma nota de la declaración de las autoridades ecuatorianas en el sentido de que los controles se ejercen teniendo en cuenta el derecho internacional de los refugiados y que Ecuador mantiene su política de pleno respeto y acatamiento a los tratados internacionales: El canciller Ricardo Patiño indicó la importancia de tomar precauciones en materia de refugio ya que actualmente en Ecuador existe un problema serio de seguridad y por lo tanto hay que observar la realidad del país. “Seguimos creyendo en el trato humanitario, en la solidaridad, en la ciudadanía universal, esos conceptos nosotros los seguimos defendiendo”30.

El refugio de colombianos en otros países31 Según el último informe de ACNUR Global Trends 2010, 395.577 personas de nacionalidad colombiana están refugiadas o en condiciones similares alrededor del mundo. En los primeros 10 países hay 121.718 colombianos reconocidos como refugiados. Para algunos países como España, que podría estar entre los primeros 10 por número de refugiados colombianos reconocidos, no fue posible acceder a cifras con datos acumulados de reconocimiento hasta la fecha. El argumento de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es que, después de un tiempo, las personas refugiadas pueden acceder a la doble nacionalidad. En España, para el año 2010, según la CEAR se presentaron 123 solicitudes de asilo de colombianos, 93 de ellas en Madrid. Colombia es el sexto país de origen en las solicitudes de asilo en España. En Panamá, según un estudio reciente de la Universidad de Panamá con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados (2010), entre 12.000 y 14.500 personas podrían 30 La declaración del canciller Ricardo Patiño se produjo luego de una reunión con la directora de ACNUR para las Américas Marta Juárez, el 4 de agosto de 2011 (ver República del Ecuador - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2011b). 31 Este informe no es exhaustivo, es una descripción que se fundamenta en las consultas directas realizadas por CODHES en los países citados. No todas las oficinas que atienden refugiados ofrecen información pública sobre el tema y persisten muchas precariedades para tener datos confiables.

Resumen de prensa del boletín Nº 78 sobre desplazamiento forzado, refugio y conflicto armado en Colombia, primer semestre de 2011 63

Cuadro 4 Colombianos refugiados en el mundo Principales países de asilo

Refugiados reconocidos

Fecha y fuente

Ecuador

54.523

Julio 2011 - Dirección de Refugio Ecuador DR

Estados Unidos

33.455

Diciembre 2010 - MinJusticia

Canadá

16.054

Diciembre 2010 - ACNUR Global Trends 2010

Costa Rica

10.279

Junio 2011 - ACNUR

Venezuela

2.734

Julio 2011 - CONARE-ACNUR

Panamá

1.328

Diciembre 2010 - ACNUR

Chile

814

Julio 2011 - ACNUR

Brasil

628

Julio 2011 - MinJusticia

Argentina

403

Julio 2011 - ACNUR

México

247

Julio 2011 - Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)

Total 10 países

121.718

Fuente: CODHES, agosto de 2011, fuentes y periodos citados. Nota: Elaborado de acuerdo con la información disponible en los diferentes países para datos acumulados de refugiados reconocidos hasta diciembre de 2010 y primer semestre de 2011.

estar en condición de reclamar su derecho a la protección internacional, es decir que son personas que se encuentran en condiciones similares al refugio sin ser reconocidas como tales. La oficina del Consejo Noruego para Refugiados en Panamá estima que aproximadamente se reciben 60 solicitudes de refugio al mes en ese país; sin embargo, según ACNUR, solo un pequeño porcentaje es admitido a trámite y el 6% es reconocido. El porcentaje restante no salvan la primera etapa (admisión), por lo tanto, tampoco pasan a la Comisión de Elegibilidad. Según ACNUR, en Panamá existen a la fecha 479 solicitudes de refugio por parte de ciudadanos colombianos. A pesar de la baja tasa de reconocimiento, es importante señalar que el número de solicitudes de asilo por parte de colombianos se ha mantenido constante, representando un 90% del total de las solicitudes de asilo en el país. Según el Censo Binacional de 2004, las personas con estatus de PTH (protección temporal) en frontera llegan a 920, de las cuales aproximadamente 550 son de nacionalidad colombiana y el resto dependientes o familiares panameños. En Costa Rica, desde 2010 y hasta el 30 de junio de 2011, se han reconocido 10.279 refugiados colombianos, según ACNUR. En el primer semestre de 2011 se han presentado 335 solicitudes de colombianos y hay 430 pendientes en su totalidad. Hasta 2010, el porcentaje de aceptación de refugiados era de 20% a 30%; en la actualidad es de un 10%. Es decir, el porcentaje de solicitudes de refugio por parte de colombianos se ha mantenido, pero disminuyó el de aceptación. La baja proporción de reconocimiento responde en parte a los mecanismos ordenados en la Nueva Ley de Migración y Extranjería (Ley número 8764 del 19 de agosto de 2009). Ahora, la decisión pasó de Migración a una Comisión de Elegibilidad integrada por tres ministerios: Seguridad, Relaciones Exteriores y Trabajo. El proceso de reconocimiento como refugiado tarda entre seis meses y un año, tiempo en que la persona no tiene derecho a trabajar. Desde la Nueva Ley de Migración y 64 Documentos Codhes Nº 23

Extranjería, los refugiados deben pagar un suma de US$145 (antes eran 48) anuales por el carné (aplica para extranjeros también) y deben adquirir, obligatoriamente, un seguro médico por un valor de US$25 mensuales. Por esta razón, muchos de los refugiados no pueden obtener los documentos requeridos. Los principales problemas que afrontan los refugiados colombianos en Costa Rica son el acceso a empleo y a servicios de salud y educación, así como la discriminación y la estigmatización social por ser refugiados, por ser colombianos y, en ocasiones, por ser afrodescendientes. En el imaginario colectivo existe la idea de que “si tuvieron que salir de su país es porque deben o hicieron algo”, y a los refugiados colombianos se los asocia con el narcotráfico y el sicariato. En Venezuela, las principales dificultades que enfrentan los colombianos se relacionan con el desempleo, la cobertura en salud y educación, y la discriminación por parte de nacionales. La mayor parte de la población refugiada se halla en los estados fronterizos de Táchira, Zulia y Apure. Más de la mitad de dicha población habita en viviendas precarias, sin agua corriente y dos tercios de ella subsisten con jornales de mano de obra. En México, de 2007 a mayo de 2011, se han reconocido a 247 colombianos como refugiados, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados del gobierno federal. En 2009 se reconocieron 16; en 2010, 39; y hasta mayo de 2011, 14. Las principales dificultades que atraviesan los refugiados colombianos en México son el desempleo, la integración y la discriminación y estigmatización por la asociación de su nacionalidad con el narcotráfico. Sin embargo, es necesario precisar que aunque enfrentan faltas de oportunidades de trabajo, muchos de ellos son reconocidos por sus altos niveles educativos y de preparación frente a otros ciudadanos de diferentes nacionalidades. El proceso para obtención del reconocimiento de refugio toma cinco meses aproximadamente. En Argentina, el número de colombianos reconocidos como refugiados en 2010 era de 403. Durante ese año hubo 11 reconocimientos individuales. Entre 2005 y 2010 se presentaron 748 solicitudes de asilo por parte de colombianos, siendo la segunda población en importancia. En 2010 hubo 157 peticiones y a finales de ese año estaban pendientes 203. En Chile, según información proporcionada por ACNUR, viven 812 refugiados colombianos reconocidos. Durante 2010 hubo 66 reconocimientos. En este mismo año se presentaron 220 solicitudes y a finales había 246 por definir.

Resumen de prensa del boletín Nº 78 sobre desplazamiento forzado, refugio y conflicto armado en Colombia, primer semestre de 2011 65

Referencias bibliográficas Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Reportes registro único de población desplazada. Disponible en: <http://www.accionsocial.gov.co/ EstadisticasDesplazados/>. Caracoltv.com. “Ministro de Defensa promete ordenar la casa”. 12 de septiembre de 2011. Disponible en: <http://www.caracoltv.com/noticias/nacion/articulo-239015-ministro-de-defensa-promete-ordenar-la-casa>. CODHES Informa No. 47. Bogotá, 1º. de abril de 2004. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. Política de tierras para la población desplazada. Propuesta de lineamientos en el marco de las órdenes del Auto 008 de 2009. Bogotá, noviembre de 2009. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (Equipo Nacional de Verificación). Notas para el diseño un plan estructural de emergencia estructural para la reconstrucción y reparación integral a las víctimas en Colombia. Bogotá, diciembre de 2010. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: garantizar la observancia de los derechos de la población desplazada. 2011a. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. Balance aproximativo de la ley de víctimas aprobada por el Congreso de la República. Ley 1448 de 2011. Bogotá, junio de 2011b.

El Mercurio. “Ecuador depura visas de refugiados colombianos tras detectar irregularidades”. Quito, 6 de julio de 2011. Disponible en: <http://www.elmercurio.com. ec/287545-ecuador- depura-visas-de-refugiados-colombianos-tras-detectar-irregularidades.html>. El Telégrafo. “Ecuador endureció requisitos para conceder status de refugiado”. 18 de junio de 2011. Disponible en: <http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_ zoo&task=item&item_id=7201&Itemid=2>. El Universo.com. “Cada mes 1500 colombianos llegan a Ecuador huyendo de la violencia”. Quito, 20 de junio de 2011a. Disponible en: <http://www.eluniverso. com/2011/06/20/1/1355/cada-mes-1500-colombianos-llegan-ecuador-huyendoviolencia.html>. El Universo.com. “Delincuencia motiva depuración del plan de visa de refugiados”. Quito, 27 de junio de 2011b. Disponible en: <http://www.eluniverso. com/2011/06/27/1/1355/delincuencia-motiva-depuracion-plan-visa-refugiados. html>. El Universo.com. “Ecuador establece mayores controles para indocumentados y refugiados” Quito, 30 de junio de 2011c. Disponible en: <http://www.eluniverso. com/2011/06/30/1/1360/ecuador-establece-mayores-controles-indocumentadosrefugiados.html?p=1360&m=1860>. Hoy.com.ec. “Nacionalizarse, la mejor defensa”. 18 de julio de 2011a. Disponible en: <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/nacionalizarse-la-mejor-defensa-488443. html>.

Comité de Seguimiento al Plan de Acción de México. Memorias de la Conferencia Regional Humanitaria sobre la Protección de Personas Refugiadas y Desplazadas. Quito, agosto de 2011.

Hoy.com.ec. “Veinte mil personas esperan ser reconocidas como refugiadas en el Ecuador”. 9 de abril de 2011b. Disponible en: <http://www.hoy.com.ec/noticiasecuador/veinte-mil-personas-esperan-ser-reconocidas-como-refugiadas-en-ecuador-468815.html>.

Congreso de la República. Ley 1448 de 2011 (junio 10) por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C., 10 de junio de 2011. Disponible en: <http://www.bibliotecajuridica.com.co/LEY_1448_DE_2011.pdf>.

Informe del Ministro de Defensa al Congreso de la República. 2011. Disponible en: <http://www.mindefensa.gov.coirj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/Descargas/Documentos_home/memoriass2010-2011.pdf>.

elcolombiano.com. “En materia de seguridad, general Naranjo dijo que la realidad y la percepción están distantes”. 5 de julio de 2011. Disponible en: <http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/en_materia_de_seguridad_general_naranjo_dijo_que_la_realidad_y_la_percepcion_estan_distantes/en_materia_de_seguridad_general_naranjo_dijo_que_la_realidad_y_la_percepcion_estan_distantes.asp>. El Comercio.com. “El refugiado es vulnerable en Ecuador”. 21 de junio de 2011a. Disponible en: <http://www.elcomercio.com/seguridad/refugiado-vulnerable-Ecuador_0_502749888.html>. El Comercio.com. “Correa dice que endureció requisitos para conceder status de refugio”. 18 de junio del 2011b. Disponible en: <http://www.elcomercio.com/politica/Correa-Ecuador-endurecio-requisitos-refugiado_0_501549867.html>. El Comercio.com. “Defensoría del Pueblo pide que no se discrimine a los refugiados en el sistema financiero”. 26 de julio de 2011c. Disponible en: <http://www.elcomercio. com/negocios/Defensoria_del_Pueblo-Superintendencia_de_Bancos-discriminacion_0_524347657.html>. El Comercio.com. 18 de junio del 2011d. Disponible en: <http://www.elcomercio.com/politica/Correa-Ecuador-endurecio-requisitos-refugiado_0_501549867.html>. Elespectador.com. “Incertidumbre empresarial”. 4 de julio de 2011. Disponible en: <http:// www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-281883-incertidumbre-empresarial>.

66 Documentos Codhes Nº 23

La Hora. “Refugiados, problema de Colombia con Ecuador”. Ibarra, 26 de junio de 2011. Disponible en: <http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/ show/1101163850/-1/Refugiados,%20problema%20de%20Colombia%20con%20 Ecuador.html>. Ministerio de Defensa Nacional. Avance de la Política de Defensa y Seguridad. Marzo de 2010. Disponible en: <http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info_estadistica/Avance_ Pol%C3%ADtica_Defensa_Seguridad.pdf>. Ministerio de Defensa Nacional. Logros y retos de la Política Integral de Defensa y Seguridad para la Prosperidad. Julio de 2011. Ministerio de Defensa Nacional. Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad. Año. Disponible en: <http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Documentos_Home/pispd.pdf>. Misión de Observación Electoral, MOE. Mapas y factores de riesgo electoral, elecciones de autoridades locales Colombia 2011. Bogotá, agosto de 2011. Moreno, María Camila y Tacha, Viviana. “La ley de víctimas: preguntas pendientes”. razón púbica.com. 2011. Disponible en: <http://razonpublica.com/index.php/politica-ygobierno-temas-27/2021-la-ley-de-victimas-preguntas-pendientes.html>. Movice. “16 temas fundamentales sujetos a reglamentación por parte del gobierno en la ley de víctimas”. En: La verdad, la justicia y la reparación no sólo son derechos… sino

Resumen de prensa del boletín Nº 78 sobre desplazamiento forzado, refugio y conflicto armado en Colombia, primer semestre de 2011 67

principios éticos fundamentales para el restablecimiento del sistema democrático y garantizar la no repetición de los crímenes. 8 de marzo de 2011. Notimex. “Revisará Ecuador visas de refugio otorgadas a colombianos en 2009”. Quito, 5 de julio de 2011a. Disponible en: <http://noticias.lainformacion.mx/mundo/ revisara-ecuador-visas-de-refugio-otorgadas-a-colombianos-en-2009_WVrgqgGzRn6GaJOlCHQkQ6/>. Notimex. “Ejercerá Ecuador mayor control en concesión de visas y refugio”. Quito, 30 de junio de 2011b. Disponible en: <http://es-us.noticias.yahoo.com/ejercer%C3%A1ecuador-control-concesi%C3%B3n-visas-refugio-191900033.html>. Policía Nacional del Ecuador - Dirección General de Operaciones. Informe sobre detenidos por diferentes delitos a nivel nacional, periodos: enero-diciembre 2010 y enero-agosto de 2011. Informe entregado a CODHES por solicitud. Quito, 16 de septiembre de 2011. Presidencia de la República – Centro de Coordinación de Acción Integral. Reporte Ejecutivo Plan Nacional de Consolidación. S. f. Disponible en: <http://www.accionsocial.gov. co/contenido/contenido.aspx?catID=535&conID=4594>. Presidencia República de Colombia. “Declaración del presidente Juan Manuel Santos tras la presentación del Plan Troya Pacífico”. Tumaco, Nariño, 4 de mayo de 2011. Disponible en: <http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Mayo/Paginas/20110504_18.aspx>. República del Ecuador - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. “Ecuador reitera su posición pacífica y soberana”. Boletín de prensa No. 716. Quito, 23 de diciembre de 2008a.

Sistema de Información de Derechos Humanos y Desplazamiento (SISDHES)

Ficha departamento de Córdoba

República del Ecuador - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Política de Ecuador en materia de refugio. Quito, septiembre de 2008b. República del Ecuador - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Estadísticas de la Dirección de Refugio. Agosto 2011a. Disponible en: <http://www.mmrree.gob.ec/refugiados/estadisticas/indice.html>. República del Ecuador - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. “ACNUR comprometido con Ecuador para fortalecer el refugio”. Quito, 4 de agosto de 2011b. Disponible en: <http://www.mmrree.gob.ec/2011/bol755.asp>. Romero Silva, Marco. “Comisión advierte vacíos en ley de víctimas por montos de reparación”. El Tiempo, 5 de agosto de 2011. Disponible en: <http://n.eltiempo.com/justicia/comisin-advierte-vacos-en-ley-de-vctimas-por-montos-de-reparación/8635424>. W Radio.com.co. “Plan ‘Troya’ deja 515 capturados en Caribe colombiano, revela almirante Cely”. 18 de junio de 2011. Disponible en: <http://www.wradio.com.co/nota. aspx?id=1491632>.

68 Documentos Codhes Nº 23

Ficha regional Bajo Cauca 69

San Bernardo del Viento

Mar Caribe

San Antero Momil Tuchín

Purísima Moñitos

Puerto Escondido

Santa Cruz de Lorica

Chimá

San Andrés de Sotavento Chinú

Cotorra San Pelayo Ciénaga de Oro

Cereté Los Córdobas

Según el DANE (2010), el 88,8% de las viviendas del departamento cuentan con servicio de energía eléctrica, el 22,5% con alcantarillado, el 53,6% con acueducto, el 29,7% con gas natural y el 24,4% con teléfono. El 53,0% de los ho-

Sahagún

Sucre

Montería £

San Carlos

Canalete

Pueblo Nuevo

Mapa 1. Departamento de Córdoba Planeta Rica Valencia

Ayapel

Buenavista

Bolívar

Tierralta Puerto Libertador

Antioquia

Información base De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (Censo 2005 y proyección 2010), Córdoba cuenta con una población total de 1.582.718 habitantes, de los cuales 823.524 viven en la cabecera y 719.194 en el resto. El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) para el departamento es de 59,08%: 42,27% en la cabecera y 76,42% en el resto (ver tabla 1).

Tabla 1 Situación de la población del departamento Departamento (%)

Variable

Nación (%)

Población bajo la línea de pobreza

66,27

49,00

Población bajo la línea de indigencia

28,47

15,65

Población con NBI

59,08

27,63

Fuente: DANE (2010).

Tabla 2 Vivienda, hogares y población con NBI (30 de junio de 2010) Viviendas-Censo

Hogares general

Personas 2005

Cabecera

159.371

164.320

743.886

Resto

156.557

150.924

Total

315.928

315.244

Área

Proyección 2010

Porcentaje NBI

743.886

42,27

719.023

76,42

315.244

1.462.909

59,08

Fuente: DANE (2010).

70 Documentos Codhes Nº 23

50,4% Hombres 49,6%

Fuente: DANE (2010).

Gráfico 2. Pertenencia étnica 14 12 10 8

La Apartada

Montelíbano

gares están conformados por cuatro personas en promedio. El 18,7% de la población mayor de 15 años presenta un nivel de analfabetismo, que es más alto para el resto del departamento (27%), mientras que en la cabecera es del 11,3%. El 17,9% de la población no cuenta con ningún nivel educativo y solo el 7,2% ha alcanzado el nivel superior o de posgrado. El 38,3% completó la educación básica primaria y el 28,6% la secundaria. El 51,5% de la población se dedica a actividades relacionadas con el comercio, el 8,3% con la industria, el 32,2% con servicios y el 8,0% a otras actividades.

Gráfico 1. Distribución por sexo

Contexto general 13,2 6 Con una extensión territorial de 23.980km2, el departamen10,4 to de Córdoba está ubicado en la región de la Costa Atlán4 tica y limita al Norte con el mar Caribe, al Occidente con el 2 departamento de Antioquia, al Oriente con el departamen0 to de Sucre y al Sur con los departamentos de Antioquia y Indígena Negro, mulato, afrocolombiano, Bolívar. Tiene 30 municipios, dos de los cuales, Tuchín y San afrodescendiente José de Uré, fueron aprobados por la Asamblea Municipal Fuente: DANE (2010). en junio de 2007 (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2010). De acuerdo con su distribución geográfica, Córdoba se divide en dos regiones claramente diferenciadas. La primera, ubicada al norte y al centro, es de tierras planas y allí se originan los ríos Sinú y San Jorge, y se hallan la mayoría de los municipios. La segunda, al sur, ostenta un relieve montañoso, gracias a la presencia de las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel en la cordillera occidental. También se encuentra el Parque Nacional Natural Paramillo, reserva que posee una de las mayores concentraciones de flora y fauna de América del Sur. El sistema hidrográfico de Córdoba es bastante amplio y complejo, formado por grandes ríos que desembocan primero en el río Cauca y luego en el Magdalena, a la altura de la depresión momposina. También se calculan 110.000 hectáreas de superficie pertenecientes a las ciénagas. En el municipio de Tierralta se encuentra la hidroeléctrica Urrá I, una de las más grandes de América Latina, y a futuro el proyecto Urrá II (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003-junio 2008). El departamento también es rico en recursos minerales, fuente de megaproyectos y reservas de petróleo, carbón y otros minerales. Adicionalmente, posee varios corredores estratégicos entre el Paramillo y el Urabá antioqueño, entre Ayapel y el sur de Bolívar, entre este y La Apartada con el Urabá chocoano y antioqueño, entre San Andrés de Sotavento y Chinú y los Montes de María, y entre el Alto San Jorge y el Alto Sinú (Valencia, Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano) y las zonas costaneras Ficha departamento de Córdoba 71

Mujeres

Mapa 2. Corredor estratégico RUTAS DE SALIDA A LA COSTA

Departamento de Córdoba

Erradicación Policía por aspersión

1.858 hectáreas detectadas anualmente

Departamento de Antioquia

Departamento

9.926 hectáreas detectadas anualmente

Detección Erradicado Detección inicial Fase I actual

Antioquia

9.596

7.455

Córdoba

4.857

2.399

1.858

14.453

9.854

11.784

Total

9.926

Fuente: Diócesis de Montelíbano (2010).

(Canalete, Los Córdobas y la zona rural de Montería), rutas que hacen estratégico al departamento para los grupos armados ilegales. La concentración de la tierra y su tenencia han sido factores de violencia constante. De hecho, se han presentado luchas que dieron origen a intentos de reformas agrarias violentas y no violentas en el Alto Sinú, y Alto y Medio San Jorge en las décadas de los cincuenta al setenta. Actualmente, la concentración de la tierra se mantiene en la margen izquierda del río, donde el 12% de la población posee el 80% de la tierra (Defensoría del Pueblo, 2010a)2. Los grupos armados ilegales han profundizado la problemática de la tierra, al apropiarse de grandes extensiones, sobre todo en el Alto y Medio San Jorge, forzando desplazamientos masivos con los que sometieron a la población campesina mediante métodos como las amenazas, torturas y masacres (Diócesis de Montelíbano, 2010). Por esta razón, el departamento ha sufrido varias colonizaciones. Guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación NacioMapa 3. Concentración del territorio Mar Caribe 1.600.000

Sucre

1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000

Antioquia

400.000 200.000 Uso del suelo: 2.502.060 hectáreas Agricultura

Otros

Forestación

Bolívar

Ganadería

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 77,1% predios menores 15,7 % de la superficie de 20 hectáreas

Antioquia

72 Documentos Codhes Nº 23

4,5% predios mayores de 100 hectáreas

51% de la superficie

Fuente: Diócesis de Montelíbano (2010).

nal (ELN), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) se han disputado sus territorios. Posteriormente, surgieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). En los últimos años, grupos posdesmovilizados como los “Traquetos”, los “Vencedores de San Jorge”, los “Paisas”, las bandas de “Don Mario” y las “Águilas Negras” han ejercido una fuerte presión. Por otra parte, el territorio es apto para el cultivo de hoja de coca, el transporte de drogas ilícitas e insumos para su procesamiento, el tráfico de armas y el establecimiento de retaguardias para los grupos armados ilegales. El Estado hace presencia a través del Ejército Nacional y las brigadas XVII y XI, el Batallón de Infantería Junín, el Batallón Contraguerrillas No. 10 y el Gaula, con jurisdicción en todo el departamento, así como con el Batallón de Infantería Rifles en Ayapel. En los 30 municipios está la Policía Nacional. Desde los años cincuenta, el departamento de Córdoba ha sido constantemente golpeado por la violencia bipartidista. Allí tuvo su origen y se fortaleció el EPL desde 1967. Por otra parte, a partir de su VII Conferencia, las FARC replantearon sus objetivos políticos y se expandieron, ubicándose especialmente en el Nudo de Paramillo, donde también mezclaron sus actividades con el narcotráfico y con la siembra de hoja de coca entre 1993 y 1995, lo que las ayudó a crecer, y a crear los frentes 57, 58, 18 y las columnas móviles. La principal lucha de esta guerrilla fue contra las AUC y las ACCU por el control territorial del Urabá antioqueño, ocasionando los mayores desplazamientos de los últimos años. Por otra parte, las acciones de las AUC se concentraron a través de cuatro bloques: el Bloque Córdoba, comandado por Salvatore Mancuso y con presencia en todo el departamento; el Bloque Héroes de Tolová, dirigido por Diego Murillo, alias “Don Berna” y su accionar se centró en Valencia; el Bloque Mineros, al mando de alias “Cuco Vanoy”, ubicado en Puerto Libertador, Montelíbano, La Apartada y Ayapel; y el Bloque Elmer Cárdenas, coordinado por alias el “Alemán”, que actúa en los municipios de Canalete, Los Córdobas, Arboletes y San Juan de Urabá. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) (2010), las autodefensas se transformaron en los grupos “posdesmovilizados”, los cuales actúan en los mismos municipios que sus antecesores y están comandados por los mandos medios de aquellos, de lo que se deriva que realmente las AUC no desmovilizaron sus estructuras militares ni económicas en este departamento. Por el contrario, ampliaron su presencia a otros municipios y aumentaron el número integrantes, este último calculado en 7.500 hombres armados y más de 12.000 incluyendo redes de apoyo. Los “Urabeños”, herederos de “Don Mario”, reciben apoyo de las “Águilas Negras”; por su parte, los “Paisas” están aliados con los “Rastrojos” del Valle del Cauca; los “Urabeños” imperan en San Bernardo del Viento, mientras que los “Paisas” dominan en La Rada, municipio de Moñitos. En el Alto Sinú ocurre otro tanto; en Tierralta, los “Paisas” ejercen el poder, mientras que en Valencia mandan los “Urabeños” (ver tabla 3). Con este panorama se puede deducir que el conflicto armado y la crisis humanitaria en Córdoba, lejos de solucionarse, se han incrementado, convirtiendo al departamento en foco de enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, y entre estos y la Fuerza Pública. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2010b), el departamento de Córdoba Ficha departamento de Córdoba 73

Tabla 3 Presencia de los nuevos grupos armados ilegales, posdesmovilizados 2008

2009

Ayapel

Buenavista

Cereté

Cereté Ciénaga de Oro

La Apartada Lorica

Lorica Los Córdobas

2008

2009

2010

2011

Los “Paisas”, los “Traquetos”, “Águilas Negras” (organización liderada por mando medios de “Héroes de Tolová”).

Los “Paisas” (banda antes liderada por "Don Mario"), “Grupo de Limpieza A.N. (4)”, “Águilas Negras”, los de Urabá, los “Rastrojos”, OGDIS.

Los “Rastrojos”, los “Urabeños”, “Águilas Negras”, los “Paisas”, “Oficina de Envigado”, ERPAC, FARC

“Águilas Negras”, los “Paisas”, los “Rastrojos”, los “Urabeños”, “Traquetos”, “Vencedores de San Jorge”, la “Empresa”, FARC

Momil Montelíbano

Montelíbano

Montería

Moñitos

Planeta Rica

Puerto Escondido Puerto Escondido Puerto Libertador Puerto Libertador Purísima

Purísima Sahagún

San Antero

San Antero San Bernardo del Viento San José de Uré San Pelayo

Tierralta

Valencia

Valencia Fuente: INDEPAZ (2010).

ha tenido un total de 19 situaciones de riesgo entre 2006 y 2010, distribuidas en cinco informes de riesgo de inminencia, seis informes de riesgo coyuntural y ocho notas de seguimiento. De este total, se han declarado 11 alertas tempranas por parte de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT). Nueve informes de riesgo declaran a la población indígena del departamento en riesgo inminente. Se han identificado a los nuevos grupos armados ilegales posdesmovilización de las AUC (los “Urabeños”, los “Rastrojos”, entre otros) como principal factor de amenaza. Los “Urabeños” tienen presencia en 20 de los 32 municipios, los “Paisas” en los 12 restantes, seguidos por las FARC. Según informes de inteligencia de la Policía Nacional, los “Urabeños” cuentan con un pie de fuerza de aproximadamente 500 hombres y los “Paisas” de 190.

Situación de derechos humanos y crisis humanitaria En el departamento de Córdoba, el asesinato de los líderes que reclaman sus tierras ha sido una constante. Se puede recordar casos emblemáticos como el de Yolanda Izquierdo, quien fue asesinada frente a su casa en febrero de 2007, y el de Azael Hernández, quien

desapareció en junio de 2008. De acuerdo con la revista Semana (2010), entre enero y octubre de 2010 hubo un total de 182 desaparecidos. Los asesinatos selectivos, las amenazas, los desplazamientos y las masacres se están volviendo constantes en el departamento. Adicionalmente, la prostitución se ha incrementado, en especial la infantil, en regiones donde también ha aumentando la presencia de combatientes. El reclutamiento forzado hace parte del día a día. Los nuevos grupos armados ilegales ofrecen hasta $400.000 mensuales a los jóvenes, a cambio de su ingreso, en un departamento donde casi 100.000 menores de edad y jóvenes entre 10 y 19 años no tienen otras opciones. A pesar de que el conflicto armado interno se ha tratado de justificar por la presencia del negocio del narcotráfico, la realidad es otra. Se ha establecido que cerca de 9.346 hectáreas han sido despojadas a los campesinos a consecuencia del actuar de los grupos armados ilegales, y cerca de 34.000 del baldío de la Ciénaga Grande se encuentran en proceso de desecación y apropiación ilegal. Vale la pena resaltar que no solo se utilizan estrategias de apropiación violenta de las tierras (amenazas de los grupos posdesmovilizados a campesinos y desplazados), sino que también se recurre en algunas ocasiones a engaños, y a instrumentos jurídicos y administrativos (ventas de fincas a testaferros de antiguos paramilitares) (Defensoría del Pueblo, 2010a). El 18 de febrero de 2011, los indígenas zenúes que viven en el Cabildo Tierra Santa de La Apartada denunciaron el asesinato de Arnaldo Manuel Benítez Garcés, quien era el celador del lugar. Ese mismo día, el gobernador del cabildo fue amenazado de muerte y se vio obligado a cerrar la oficina en donde atendía a la población. Durante 2010 y el primer semestre de 2011, 15 miembros de esa comunidad han sido asesinados y 150 familias han tenido que desplazarse por amenazas o atentados (eluniversal.com.co, 2011). Por estas acciones se responsabiliza a las denominadas bandas criminales que quieren quedarse con las tieMar Caribe rras de los indígenas en el Bajo Cauca y el Alto San Jorge. Córdoba sigue siendo uno de los departamentos con mayor cantidad de cultivos ilícitos. De hecho, presenta un crecimiento continuo desde 2009: 3.113 hectáreas para ese Antioquia año y 3.889 hectáreas para 2010.

Sucre

Bolívar

Mapa 4. Situación actual del acceso y tenencia de la tierra

FARC (Frentes 5, 18, 58) AUC (Bloques Elmer Cárdenas, Héroes de Tolová, Córdoba y Sinú) Despojo de tierras

Fuente: Diócesis de Montelíbano (2010).

Antioquia

Ficha departamento de Córdoba 75

Gráfico 3. Cultivos de coca

Tabla 4 Homicidios enero 2005 a mayo 27 de 2011

5.000 3.889

4.000

3.113

3.000

2.302

2.000 1.000 0

640

2001

789

389

2002

1.710

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos (SIMCI) – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2010).

Situación de derechos humanos y violencias asociadas Homicidios El pasado 7 de enero de 2011, dos estudiantes de Biología de la Universidad de los Andes de la ciudad de Bogotá, Margarita Gómez de 23 años y Mateo Matamala Neme de 26, fueron asesinados en el municipio de San Bernardo del Viento, al parecer por orden de Roberto Vargas, alias “Gavilán”, antiguo sicario de Salvatore Mancuso, hoy cabeza de los “Urabeños”, por quien el Gobierno nacional ofreció $500 millones. La muerte de estos estudiantes fue la punta del iceberg para por fin evidenciar la dura situación que ha vivido el departamento de Córdoba, recrudecida en los últimos cuatro años, después de la desmovilización de las AUC. De acuerdo con el Observatorio del Delito de la Gobernación de Córdoba (2010), en los primeros 15 días del mes de enero de 2011 se han presentado 36 homicidios (por lo menos 31 atribuidos a los grupos posdesmovilizados1),

470

500 400

512

256

259

231

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: DIJIN (2010).

Gráfico 5. Tasa de homicidios Córdoba 40,00

30,61

30,00

32,85

35,76

23,41 17,96

15,97

17,39 11,85

10,00 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: DIJIN (2010), DANE (Proyección año 2010).

2010

2011

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

158

253

366

512

532

576

Total

241

Fuente: Observatorio del Delito, mayo 27 de 2011.

7 más que en el mismo periodo de 2010. Según la misma fuente, en 2010 se presentaron 575 homicidios, en 2009, 539 y en 2008, 512.

Crisis humanitaria

Año

174

100

0,00

2009

Tabla 5 Desplazamiento forzado en el departamento de Córdoba 1999-2011 (I)

354

200

20,00

2008

566

600

2007

Desplazamiento forzado

Gráfico 4. Homicidios Córdoba

300

2006

Febrero

618

2003

2005

Enero

1.858

1.535

Declaración de la gobernadora del departamento Martha Sáenz Correa a los medios de comunicación.

76 Documentos Codhes Nº 23

A.S. recepción A.S. expulsión

CODHES

1999

4.441

10.653

20.259

2000

16.410

11.911

8.743

2001

20.201

16.889

7.099

2002

17.132

15.037

20.593

2003

4.730

4.508

2.682

2004

5.051

4.992

3.211

2005

8.362

7.426

4.163

2006

7.540

8.049

6.778

2007

8.884

9.291

6.386

2008

13.188

13.599

12.879

2009

6.081

8.029

8.636

2010

4.864

7.461

12.062

2011(I)

1.739

2.435

2.849

Fuente: SISDHES-CODHES.

Ficha regional Bajo Cauca 77

Gráfico 7 Desplazamiento Centro de Coordinación de Atención Integral (CCAI)

Gráfico 6 Desplazamiento Córdoba 1999-2011 25000

14000

45000

20000

12000

15000

10000

8000

25000

5000

6000

20000

4000

40000

10000

2000

CODHES- SISDHES

Acción Social- SIPOD- Recepción

2011-1

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

5000 2001

Fuente: CODHES- SISDHES 2011.

15000

2000

2011-1

2010

2009

2008

2007

2005

2006

Acción Social- SIPOD- Recepción

30000

1999

CODHES- SISDHES

2004

2003

2002

2001

2000

1999

35000

Total nacional (eje derecho)

Desplazamiento forzado 2010 Durante 2010 se presentaron en Córdoba cuatro desplazamientos masivos que han dejado en situación de vulnerabilidad a 560 personas (113 familias, 240 menores de edad, 107 mujeres y 92 hombres). Dichos desplazamientos se han registrado, por orden de mayor afectación, en el municipio de Montelíbano, tras el asesinato de cuatro civiles y las posteriores amenazas proferidas por nuevos grupos armados; en el municipio de Tierralta, vereda La Chica, por combates entre las FARC y el Ejército Nacional; en el municipio de Tierralta, vereda El Jagüe, debido al temor entre la población por las desapariciones forzadas de tres jóvenes; en el municipio de Cáceres; en el municipio de Tierralta y Montelíbano por la presencia de nuevos grupos armados; y en el municipio de Puerto Libertador a causa de combates entre las FARC y otros actores armados. En la vereda Piñalito, municipio de Pueblo Nuevo, cerca de 80 habitantes abandonaron sus casas por temor a los enfrentamientos entre los grupos posdesmovilizados que tienen presencia en la zona. La mayor parte de sus habitantes se desplazaron, luego del asesinato de un hombre en medio de una cancha de fútbol. La mayoría de ellos se encuentran viviendo en Montería y Sincelejo, y manifiestan que no quieren retornar a sus viviendas, debido a que la situación de orden público todavía es difícil. Los desplazamientos registrados en el departamento de Córdoba se intensificaron en los meses de mayo y junio, especialmente por la presencia de nuevos grupos armados que han generado temor entre la población, obligándola a abandonar sus tierras. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) (2010), entre enero y septiembre de 2010 asistieron a 969 personas en condición de desplazamiento expulsadas del departamento de Córdoba y a 445 personas que llegaron a él. Los cordones de miseria en los municipios se han incrementado a causa del desplazamiento forzado. Además de que estos no cuentan con los instrumentos necesarios para responder adecuadamente a estas necesidades, la situación de las familias es crítica porque la mayoría de ellas son numerosas, lo que origina hacinamiento y, por ende, graves problemas sociales como maltrato intrafamiliar y abuso de menores de edad. 78 Documentos Codhes Nº 23

Fuente: CODHES- SISDHES, Córdoba 1999-2011

Desplazamiento forzado 2011 De acuerdo con SISDHES-CODHES, durante 2011 se han presentado en Córdoba los siguientes desplazamientos masivos: n 21 de enero de 2011: 72 familias de las veredas Nuevos Aires, Junín y Tres Puertas fueron desplazadas a causa de los combates entre las “Águilas Negras” y los “Paisas”. 21 de febrero de 2011: 73 personas fueron desplazadas a causa de los enfrentamientos entre el Ejército y grupos al margen de la ley en el municipio de Nuevos Aires. n 18 de enero de 2011: 272 personas desplazadas a causa de los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. Los combates se presentaron en la vereda Parcelas de Venezuela, corregimiento Palmira, y se trasladaron al municipio de Tierralta. n 24 de abril de 2011: 281 personas desplazadas por la presencia de actores ilegales en las carreteras.

Confinamiento En La Doctrina, corregimiento del municipio de Lorica, ningún habitante puede transitar sin permiso después de las 7:00 p.m. Los jóvenes son utilizados como informantes por distintos grupos armados. Esta región costera es importante porque sus vías de acceso comunican con las playas de San Antero y San Bernardo del Viento.

Reclutamiento El reclutamiento es una vieja práctica de los grupos armados ilegales, conocida por la mayoría de los asentamientos subnormales y barrios populares de Montería, así como por numerosas poblaciones urbanas y rurales del departamento porque la han padecido. Jóvenes de barrios de Montería han dicho en repetidas ocasiones que los reclutadores les ofrecen entre $500.000 y $600.000 mensuales por trabajar con ellos. Ficha departamento de Córdoba 79

Gráfico 8 Víctimas minas antipersonal/municiones sin explotar (MAP/MUSE) 20

10 5 0

Mapa 5. Región del sur de Córdoba Situación de derechos humanos y de conflicto

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Programa de Acciçon Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA). Amenaza colectiva a

Minas antipersonal A pesar de que 2008 fue el año pico para el mayor número de víctimas de minas antipersonal (15), se puede ver que nuevamente las víctimas se incrementaron entre 2009 y 2010 en un 100%, al pasar de 3 a 6 respectivamente (ver gráfico 8).

Región del sur de Córdoba La región del sur de Córdoba, donde se concentra gran parte de la crisis humanitaria y de derechos humanos que vive la zona, está conformada por siete municipios (Ayapel, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y San José de Uré). Allí se presenta un indicador de NBI más alto que la media nacional, que para el municipio de Valencia llega a 76,12% (ver tabla 6). La espiral de violencia y de violaciones y vulneraciones a los derechos humanos en esta región se debe a la permanente presencia de los grupos armados ilegales, que han protagonizado, junto con la Fuerza Pública, constantes luchas territoriales, violencia sociopolítica y un conflicto armado interno que

funcionarios públicos y candidatos por parte de un grupo sin identificar. Dos miembros del grupo

Presencia de los “Urabeños”, los “Paisas”

Valencia

y “Águilas Negras”.

posdesmovilizado los “Urabeños” capturados por el Ejército Nacional.

Asesinado líder del Cabildo Porvenir - La Paz

por actor no identificado. Montelíbano Puerto Libertador

Tierralta

Mapa 5. Región del sur de Córdoba Referencias geográficas

la movilidad de pobladores hacia otros municipios. Hay disputa con las “Águilas Negras”. Asesinato intencional de civil y amenaza colectiva

y tres heridos en incursión realizada por un grupo sin identificar. Atentado al alcalde del municipio

a causa de amenazas por extorsión. Bombardeo de grupo sin identificar deja

una persona muerta y tres heridas. Asesinado líder comunal

por actor sin identificar.

Grupo de las “Águilas Negras” impide

Tres civiles asesinados intencionalmente

por acciones de los “Urabeños”. Asesinado conductor de candidato

a la alcaldía por actor no identificado. Cuatro víctimas de masacre perpetrada

por los “Urabeños”.

Urabá antioqueño Buenavista

Ayapel

Bolívar Sur de Bolívar

Tierralta

Serranía de San Jerónimo

por actor no identificado. la movilidad de pobladores hacia otros municipios desde la vereda Pica Viejo por disputa con los “Paisas”.

Cuatro docentes desplazados

Antioquia

por parte de los “Urabeños”.

Un agente de la Policía Nacional muerto

Un menor de edad asesinado.

Sucre

Amenaza colectiva de las “Águilas Negras” Grupo posdesmovilizado los “Paisas” impide

Nacional) muertos por hostigamiento de las FARC.

Fuente: Diócesis de Montelíbano (2010).

Cuatro civiles asesinados por grupo sin identificar.

produce abandono de 21 casas.

Dos agentes del Estado (Ejército

Océano Atlántico

Actor no identificado asesinó a líder comunal.

La Apartada Puerto Libertador

Montelíbano

San José de Uré

Serranía de Abibe

En la zona CCAI de Córdoba hay presencia de grupos armados ilegales como las FARC

y grupos posdesmovilizados como los “Paisas”, los “Urabeños” y las “Águilas Negras”. Tres miembros de las FARC capturados y dos desmovilizados deja acción

del Ejército Nacional en Tierralta. Captura de siete miembros del grupo posdesmovilizado los “Urabeños” por parte

del Ejército Nacional en Montelíbano. Así mismo, en este municipios se presentaron tres víctimas por masacre de grupos o actores no identificados. Captura de dos miembros de los “Urabeños”

deja combate entre el Ejército Nacional

y el grupo posdesmovilizado. Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo 80 Documentos Codhes Nº 23

Ficha departamento de Córdoba 81

ha ocasionado una grave crisis humanitaria difícil de resolver. Sin embargo, en este departamento también se han llevado a cabo “dos procesos de paz”, el primero en los años ochenta en el corregimiento de Juan José, Puerto Libertador con el EPL. Posteriormente, entre 2004-2006 se realizó el “proceso de desmovilización de las AUC” en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, Tierralta. Tabla 6 Municipios del sur de Córdoba Municipio

Población total

NBI (%)

Ayapel

62.158

61,55

Buenavista

16.680

61,34

La Apartada

12.721

53,43

Montelíbano

50.000

47,44

Puerto Libertador

21.706

59,42

Tierralta

89.749

73,20

Valencia

23.257

76,12

Fuente: Diócesis de Montelíbano (2010).

Comunidades en riesgo, restricción a la libre movilización Los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado y en situación de confinamiento debido al interés de los frentes 18 y 58 de las FARC en mantener el control territorial sobre los cultivos ilícitos y preservar las lealtades políticas de su proyecto armado. Por otra parte, desean contener la expansión de los nuevos grupos posdesmovilizados y de la Fuerza Pública. Los métodos empleados han sido el uso indiscriminado de minas antipersonal, desplazamientos forzados, combates con interposición de la población civil y restricciones a la libre movilización. Por esta razón se prevé que aumenten las desapariciones forzadas, la toma de rehenes, los homicidios selectivos y de configuración múltiple, los ataques indiscriminados, la utilización de métodos o medios para generar terror, la destrucción de bienes civiles, la afectación de bienes indispensables para la supervivencia, el desplazamiento y el reclutamiento forzado de niños y niñas, jóvenes y adolescentes (Defensoría del Pueblo, 2008). De acuerdo con la Diócesis de Montelíbano (2010), las consecuencias del confinamiento son: ausencia del Estado, permanente influencia de los grupos armados ilegales, presencia de retenes ilegales en las carreteras y caminos veredales, administración del conflicto y control social por parte de grupos armados en corregimientos y caseríos, control de los medios de transporte, asesinato de mototaxistas y transportadores intermunicipales, asesinato de personas que se transportan en medios públicos y deterioro de las vías. En las veredas de Cereté, Planeta Rica y Tierralta, 66 personas han sido asesinadas en lo que va corrido del año y 400 habitantes del municipio de Venezuela temen el regreso de los “Paisas” o “Urabeños”. En los corregimientos de San Francisco del Rayo y Pueblo Bello hay toque de queda, los habitantes dicen que después de las 4:00 p.m. no es recomendable salir de las casa (Defensoría del Pueblo, 2011, p. 7). 82 Documentos Codhes Nº 23

En zonas rurales de los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, la población es víctima de los abusos de los grupos ilegales, en especial en veredas apartadas, en donde es obligada a trabajar sin ninguna compensación, bajo amenaza de ser multada. El sector del transporte público ha sufrido restricciones porque los grupos al margen de la ley limitan los horarios y lugares de circulación, y obligan a los conductores a transportar personas y materiales relacionados con sus actividades ilícitas (Defensoría del Pueblo, 2011, p. 7). Así mismo, no permiten que las personas vayan a la zona dominada por el grupo rival.

Política de prevención y alertas tempranas El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ha informado sobre la situación en el departamento de Córdoba. Desde el año 2006, el SAT ha descrito los riesgos y los factores de amenaza y de vulnerabilidad de distintos municipios, corregimientos, veredas y resguardos a través de las notas de seguimiento al Informe de Riesgo No. 006-06 del 9 de febrero de 2006. Municipio de Tierralta Por medio del informe de riesgo No. 022-09 del 28 de septiembre de 2009, el SAT de la Defensoría del Pueblo alertó sobre la delicada situación del municipio. En este advirtió que 17.500 habitantes se encontraban en riesgo por la presencia de grupos al margen de la ley como las FARC (frentes 5, 58 y 18) y las “Águilas Negras”. Los principales afectados eran los niños, las niñas y adolescentes que estaban ante un alto grado de sufrir reclutamientos forzados, violencia o explotación sexual con fines comerciales. Estos grupos iniciaron una actividad de terror sobre la población campesina para obtener el control territorial y económico por medio de ataques dirigidos a la población civil, siembra de minas antipersonal y retenes ilegales para controlar el movimiento de personas en la región. También vigilaban el ingreso de víveres y utilizaban civiles para limpiar caminos veredales, proporcionar información, y transportar o salvaguardar armas y estupefacientes. Adicionalmente, impusieron una política de control social basada en la intimidación, la amenaza, el seguimiento a líderes, lideresas y trabajadores comunitarios, provocando el desplazamiento forzado de quienes son amenazados de muerte, lo cual configura graves infracciones al derecho internacional humanitario y la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la integridad personal de los pobladores (Defensoría del Pueblo, 2009). Los indígenas pertenecientes al pueblo embera katío, asentado en el Parque Nacional Natural Paramillo, dado el tránsito permanente de los grupos ilegales (FARC y “Águilas Negras”) por sus territorios, son víctimas de accidentes por minas antipersonal, homicidios, amenazas, intimidación y regulación de la vida cotidiana. El Estado hace presencia mediante la Policía Nacional (tiene estaciones en las cabeceras corregimentales), el Batallón Junín de la Décimo Primera Brigada del Ejército Nacional y las autoridades civiles (Gobernación de Córdoba, Alcaldía Municipal de Tierralta, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de la Protección Social, Ministerio del Interior y de Justicia y Personería Municipal). Ficha regional Bajo Cauca 83

Montelíbano Este municipio tiene un alto valor dentro del conflicto armado en la región: los “Paisas”, “Águilas Negras” y “Rastrojos” utilizan la zona como un corredor para movilizarse y realizar actividades ilegales, en su mayoría asociadas al narcotráfico. Al mismo tiempo, buscan ejercer poder social por medio de acciones que aterrorizan a la población, tales como homicidios, atentados, extorsiones, amenazas, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, desplazamientos, enfrentamientos armados en medio de la población civil, ocasionando graves afectaciones a sus derechos fundamentales (Defensoría del Pueblo, 2011, p. 3). Los corregimientos de Tierradentro y Los Córdobas del municipio de Montelíbano ofrecen ventajas estratégicas para el intercambio de productos, insumos químicos y armas. Tierradentro está ubicado en un punto intermedio entre las serranías de San Jerónimo y Ayapel, convirtiéndolo en sitio de importancia para los grupos ilegales porque les permite el acopio de base de coca que se produce en las montañas del Nudo de Paramillo. Por otra parte, el corregimiento de Los Córdobas facilita el acceso a la troncal de occidente y a vías que llevan a la capital departamental (Defensoría del Pueblo, 2011, p. 6).

afectadas, planes municipales de reducción de riesgos, subsidios de vivienda y subsidio familiar de subsistencia (Presidencia República de Colombia, 2011). En el Boletín 527 de enero 13 de 2011, la gobernadora de Córdoba Marta Sáenz Correa informó que los recursos destinados a la población damnificada deben ser canalizados a través de un operador privado contratado por la Asamblea Departamental, que en esta ocasión podría ser la Cámara de Comercio de Montería. A comienzos de 2011 hubo una disminución en las lluvias en todo el territorio nacional, pero en marzo, el invierno empezó de nuevo. Pese a todas las alertas y compromiso político por parte de los gobernantes, los municipios de este departamento se vieron nuevamente afectados. Un caso es el del municipio de Ayapel, en donde la apertura de una boca en el río Cauca dejó a 3.700 familias afectadas. Esta situación ya se había presentado con anterioridad y los puntos críticos nunca fueron intervenidos. A pesar de ser uno de los departamentos más afectados (211.587 familias, en su mayoría por avalanchas, inundaciones y vendavales), en marzo de 2011 se denunció corrupción en la entrega de ayudas a los damnificados en distintos municipios, al hallar sobrecostos en los kits de alimentos y aseo que debían ser suministrados a 44.179 familias.

Puerto Libertador En este municipio también hay presencia de las “Águilas Negras, los “Paisas”, “Rastrojos” y las FARC, que se disputan el control de los corredores y las vías de transporte para actividades relacionas con el narcotráfico. Para aumentar el control territorial, estos grupos recurrieron a acuerdos como la alianza “Águilas Negras”-“Urabeños” y “Paisas”-“Rastrojos” con el fin de reducir el radio de acción de su rival y sacarlo de las zonas de desarrollo del narcotráfico (Defensoría del Pueblo, 2011, p. 7).

Política pública Es importante recordar que cuatro de los siete municipios hacen parte de la zona de consolidación del CCAI (Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia), además de San José de Uré. Las estrategias empleadas para lograr la recuperación del territorio se han centrado en las de carácter militar y policivo, lejos de realizar medidas de prevención y protección que realmente atiendan las causas estructurales del conflicto armado, como la pobreza, el bajo acceso y cobertura de salud y educación, la concentración del territorio y el despojo cultural, social y político, producto del dominio paramilitar de la zona. Por otra parte, la población carece de conocimientos y herramientas para proteger y restituir sus derechos fundamentales. Tampoco cuenta con infraestructura adecuada que le permita usar su tiempo libre en actividades lúdicas y deportivas. Los casos de dengue y leishmaniasis han aumentado y la seguridad alimentaria se ha deteriorado. Al respecto, el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos no ha implementado estrategias eficaces de sustitución de cultivos, por lo que las comunidades argumentan que no se obtienen los beneficios esperados, debido a la falta de apoyo financiero, técnico y de comercialización a los productos lícitos. Finalmente, el dinero fácil pagado a los jóvenes por realizar el oficio de raspachines generó en la población el aumento de problemáticas sociales como el incremento en el consumo de alcohol y la prostitución, caldo de cultivo para sostener el reclutamiento y apoyo social de la población a los grupos armados ilegales (Diócesis de Montelíbano , 2010). En enero de 2011, el Gobierno nacional lanzó la operación Troya con el objetivo de combatir, capturar y judicializar a integrantes de las bandas criminales que operan en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bajo Cauca y Urabá. En las operaciones participa el Ejército, la Policía, la Infantería de Marina y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Temporada invernal 2010-2011 El departamento de Córdoba ha sido uno de los más perjudicados por el invierno en el país. Hasta el momento se reportan 168.551 afectados por las lluvias. Para el 6 de agosto de 2010, el departamento reportaba 38 mil personas damnificadas. Los municipios más afectados eran Montería, Ayapel, San Pelayo, Cereté, San Carlos, Tuchín, Ciénaga de Oro, Lorica y Chimá (Serrano, 2010). El entonces ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio recomendó a pescadores y turistas de Córdoba tomar las medidas de prevención para afrontar este fenómeno climático. A este llamado de atención se le sumó el del Secretario de Gobierno de Córdoba, que se mostró preocupado por la situación, pues solo se estaba al inicio de la temporada y ya estaban afectados 11 municipios (Serrano, 2010). La situación se complicó el 16 de diciembre de 2010, cuando se desbordó el río Sinú, afectando aproximadamente a 300.000 habitantes de los municipios de Cereté, Cotorra, San Bernardo del Viento, San Pelayo y Lorica (elespectador.co, 2010). Las fuertes lluvias en el Nudo de Paramillo, en donde nacen los ríos Sinú y San Jorge, aumentaron los niveles de las aguas, que alcanzaron los 4.000 metros cúbicos por segundo. En enero de 2011, los gobernadores de la Costa Caribe presentaron un plan para dar respuesta a la situación en la que se encuentra esta parte del país. Este consiste en planes regionales de recuperación y reconstrucción, gestión territorial, facilidades para la construcción o reconstrucción de establecimientos institucionales y de servicios en las zonas 84 Documentos Codhes Nº 23

Ficha departamento de Córdoba 85

Hidroeléctrica del Urrá En 2008, la empresa Urrá solicitó una licencia ambiental para ejecutar el “proyecto hidroeléctrico río Sinú” con el objetivo de generar 350 megavatios de energía y controlar las inundaciones causadas por el río. El proyecto estaría localizado en Tierralta, en el Parque Nacional Natural Paramillo, y sería necesario inundar 54.000 hectáreas. Esta licencia fue rechazada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el argumento de que los parques nacionales no pueden ser tocados. Adicionalmente, este proyecto inundaría cerca del 12% del Parque Natural. Debe mencionarse que la construcción de esta hidroeléctrica inundó 7.780 hectáreas de bosque, de las cuales 417 forman parte de la zona de resguardo indígena de los emberas. Por otra parte, la Corte Constitucional le dio la orden a la empresa de indemnizar a los indígenas que habitan la región. Así mismo, se han identificado casos en los que desmovilizados han devuelto algunos predios a campesinos que habían sido desplazados, pero vuelven a ser amenazados por los grupos que aún operan en el departamento.

86 Documentos Codhes Nº 23

Referencias bibliográficas Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Estadísticas poblacionales 2005-2010. Bogotá: DANE, 2010. Defensoría del Pueblo. Nota de Seguimiento No.035-08 del Sistema de Alertas Tempranas. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2008. Defensoría del Pueblo - Defensoría delegada para la evaluación del riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado. Informe de riesgo No. 022-09. Defensoría del Pueblo, 28 de septiembre de 2009. Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial Número 058 del 14 de abril de 2010. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2010a. Defensoría del Pueblo - Defensoría delegada para la evaluación del riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado. Diagnóstico de la situación de acceso y tenencia de la tierra en el departamento de Córdoba. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 29 de diciembre de 2010b. Diócesis de Montelíbano. Presentación en el II Aniversario del IEH. Bogotá: noviembre de 2010. El Espectador. “Alerta roja en Córdoba por desbordamiento del río Sinú”. El Espectador: 16 de diciembre de 2010. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/ nacional/articulo-240792-alerta-roja-cordoba-desbordamiento-del-rio-sinu>. Fecha de consulta: 21 de enero de 2011. El Meridiano de Córdoba. “Niños Huérfanos o sin colegio son el rastro de la ola criminal en Córdoba”. Montería, octubre 27 de 2010. Disponible en: <http:// elmeridianodecordoba.com.co/history/27102010/index1eb7.html?option=com_co ntent&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=70>. Fecha de consulta: 21 de enero de 2011. El Universal. “Amenazas y crímenes contra varios indígenas de los zenú”. La Apartada: 6 de marzo de 2011. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.co/monteria/ sucesos/amenazas-y-crimenes-contra-varios-indigenas-de-los-zenu-12905>. Fecha de consulta: 7 de marzo de 2011. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. V Informe sobre narcoparamilitares en 2010. Bogotá: INDEPAZ, 2010. Observatorio del Crimen de la Gobernación de Córdoba. Informes mensuales año 2010. Montería: Gobernación de Córdoba, 2010. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Diagnóstico Estadístico Departamento de Córdoba 2003-2009. Bogotá: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2010. Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (PAICMA). Víctimas Minas Antipersonal. Disponible en: http://www.accioncontraminas.gov.co/ Paginas/AICMA.aspx . Fecha de consulta: 29 de julio de 2011 Presidencia República de Colombia. “Gobierno acoge con gran entusiasmo propuesta de la Costa Caribe para superar emergencia invernal”. Cartagena: 3 de enero de 2011. Disponible en: <http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Enero/ Paginas/20110103_02.aspx>. Fecha de consulta: 21 de enero de 2011. Revista Semana. “El botín de las tierras”. Bogotá, 16 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/botin-tierras/148770-3.aspx. Fecha de consulta: 21 de enero de 2011. Serrano, Nidia. “38 mil personas han sido afectadas por inundaciones”. Montería: El Universal, 6 de agosto de 2010. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.co/ multimedia/local/38-mil-personas-han-sido-afectadas-por-inundaciones>. Fecha de consulta: 21 de enero de 2010. Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Colombia: Monitoreo de cultivos de coca 2009. Bogotá: SIMCIUNODOC, Junio 2010. Ficha departamento de Córdoba 87

Dos personas fueron asesinadas a machete en la zona rural del municipio de Montelíbano. Se desconocen los autores de este crimen. El líder comunitario y presidente de la Asociación de Desplazados del Corregimiento El Quindío John Jairo Martínez Vides fue asesinado, al parecer, por miembros del grupo armado ilegal “Águilas Negras”. Durante su gestión lideró un proceso de resistencia pacífica y denuncia, logrando la reubicación de 15 familias, que en 1996 se vieron obligadas a desplazarse debido a los combates que se registraban en la zona entre la Fuerza Pública y grupos al margen de la ley. Un grupo de aproximadamente 15 hombres armados llegó al municipio Los Córdobas y asesinó al dueño de la tienda más grande del pueblo. Luego, abrieron fuego contra algunos jóvenes que se encontraban en la plaza central, dejando como saldo tres jóvenes muertos. Seis personas, entre ellas un menor de edad, fueron degolladas en la vereda Colonia 72, municipio de Buenavista.

Mayo 21 de 2010

Junio 28 de 2009

Junio 29 de 2010

Julio 19 de 2010

Julio 5 de 2011

Octubre 19 de 2010

La lideresa indígena Carmen Fuentes fue asesinada en Montelíbano.

El Registro Nacional de Desaparecidos reporta que del 1 de enero de 2007 al 1 de febrero de 2010 se registraron 738 personas desaparecidas en Córdoba.

Desde hace más de un año, en el municipio de Montelíbano se viene registrando la presencia de grupos que se autodenominan “Águilas Negras” y los “Paisas”. Según el diario El Meridiano de Córdoba, mediante una serie de amenazas, estos grupos intimidaron a la población del pueblo Villa Carmina. Actualmente, la mayoría de los habitantes han abandonado el pueblo para proteger su vida.

Una jornada de violencia en la región del San Jorge en el departamento de Córdoba deja un saldo de cinco personas muertas, de acuerdo con El Universal de Cartagena. De las cinco víctimas, cuatro fueron asesinadas con arma de fuego y una fue degollada. Los hechos se presentaron en los municipios de Buenavista, Planeta Rica y San José de Uré.

El Director nombrado para el centro educativo de la comunidad fue abordado en la vía de acceso y, por tanto, no pudo ejercer su labor.

Tres personas fueron asesinadas a 15 minutos del casco urbano de Montelíbano.

Mayo 15 de 2010

Julio de 2010

La Consejería en Proyectos (PCS) alerta frente a lo que puede ser el resurgimiento de las masacres en el país. Asegura que a la fecha del comunicado, 24 personas han perdido la vida en estas circunstancias. Particularmente, en el departamento de Córdoba, el pasado 23 de marzo hubo una masacre, que dejó un saldo 16 personas asesinadas, en hechos ocurridos en los municipios de La Apartada, Montelíbano y Puerto Libertador. Se desconocen los responsables de estos actos. Así mismo, destaca que estos hechos (masacres), llevadas a cabo por los grupos armados con el fin de generar temor en la comunidad, son una de las principales causas que generan desplazamiento forzado y crisis humanitarias en el país.

En el corregimiento de San Juan, zona rural del municipio de Puerto Libertador, siete personas fueron asesinadas en una taberna.

Abril 09 de 2010

Marzo 21 de 2010

En un hecho atribuido al grupo armado ilegal “Águilas Negras” fue asesinado Teófilo Vidal, líder comunitario y veedor por el Partido Liberal, quien además adelantaba un proceso de restitución de tierras a favor de desplazados que tuvieron que abandonar sus tierras por la presencia de grupos paramilitares. Vidal había denunciado las amenazas, por lo que se le había asignado un esquema de seguridad, que fue ineficiente dado que acabaron con su vida.

Cuatro personas fueron asesinadas en el municipio de Buenavista.

Febrero 06 de 2010 Febrero 16 de 2010

Asesinato de un estudiante en zona rural del municipio de Los Córdobas.

Desplazamiento forzado de toda la comunidad de un corregimiento (no especificado) del municipio de Los Córdobas por parte de un grupo armado, que asesinó a un campesino de la región.

Junio 29 de 2009

Noviembre de 2009

Asesinato de un miembro de la comunidad en un establecimiento público por parte de actores armados en el municipio de Los Córdobas.

Enero 02 de 2009

Anexo 1. Las muertes que no debemos olvidar

Sistema de Informaciรณn de Derechos Humanos y Desplazamiento (SISDHES)

Ficha regional Bajo Cauca

Ficha regional Bajo Cauca 91

El desarrollo del departamento en los últimos años se ha caracterizado por tres decepciones: un crecimiento débil, pobreza y desigualdad persistentes. Al compararlo con el desempeño de otras regiones, especialmente, Cundinamarca y Valle, el crecimiento en el mejor de los casos es modesto y, en el peor, inadecuado para enfrentar eficaz y rápidamente la pobreza. En Antioquia, la pobreza continúa siendo aguda, con cerca de 3’027.300 antioqueños pobres, de los cuales 1’372.957, se encuentran en indigencia. (Gobernación de Antioquia, 2008, p. 11)

Mapa 1. Municipios del departamento de Antioquia

San Juan de Urabá Arboletes Necoclí San Pedro de Urabá

Turbo

De acuerdo con el DANE (2010)1, el índice de necesidades básicas insatisfechas para el departamento es de 23,02% para el área urbana y de 47,69% para el sector rural. A pesar de que Antioquia tiene porcentajes de NBI relativamente inferiores al promedio nacional (27,78%) y al rural nacional (53,53%), la situación no deja de ser difícil, dadas las condiciones de desprotección social para algunos grupos poblacionales como niños, niñas, adolescentes y mujeres. La identificación de la desigualdad como problema para el desarrollo es reiterada y a ella se suma una especie de “desequilibrio subregional”, que se manifiesta en la concentración de los procesos de desarrollo en ciertas regiones del departamento, especialmente en el Valle de Aburrá.

Nechí Caucasia Apartadó Carepa

El Bagre

Cáceres

Chigorodó Tarazá

Zaragoza

Mutatá Valdivia

Ituango

Segovia Anorí

Carolina Briceño

Murindó

Vigía del Fuerte

Peque Toledo

Campamento Remedios Amalfi Yarumal Sabanalarga Uramita San Andrés Guadalupe Buriticá Angostura San José Vegachi Cañasgordas de la Montaña Carolina Liborina Yalí Gómez Frontino Belmira Santa Rosa Plata Giraldo de Osos Yolombó Olaya Abriaquí Santafé Entrerríos Maceo Cisneros Sopetrán de Antioquia Don Matías Santo San Pedro Barbosa Domingo San Roque Caicedo San Jerónimo Puerto Berrío Girardota Concepción Bello Urrao Ebéjico Copacabana San Vicente Alejandría Caracolí Anza San Rafael Peñol Medellín Guarne Marinilla Guatapé HeliconiaItaguí San Carlos Rionegro Betulia Sabaneta Armenia Granada Santuario Angelópolis Envigado Puerto Nare La Estrella Concordia Titiribí Cocorná Retiro Amagá San Luis Carmen Caldas La Ceja Venecia Salgar de Viboral Puerto Montebello La Unión Triunfo San Fredonia Tarso Francisco Bolívar Santa Bárbara Hispania Pueblorrico Sonsón Abejorral Jericó Betania La Pintada Argelia Támesis Valparaíso Andes Nariño Jardín Caramanta

Dabeiba

Yondó

Información base El departamento de Antioquia tiene una extensión de 63.612 km2. Cuenta con 125 municipios, distribuidos en nueve regiones, cuya variedad de climas y productos es notable. Su diverso relieve comprende zonas que van desde el nivel del mar, selvas húmedas hasta climas fríos y páramos. La capital, Medellín, es considerada la segunda ciudad de la nación. El departamento se caracteriza por una fuerte identificación histórica de sus orígenes, lo que le ha permitido emprender una serie de proyectos de desarrollo tendientes a la industrialización y el comercio. Sin embargo, el conflicto interno y el narcotráfico han incidido de manera directa en su desarrollo social y en la calidad de vida de los habitantes, generando una profunda desigualdad. Según el Plan de Desarrollo “Antioquia para todos, manos a la obra”, período 2008-2011: 92 Documentos Codhes Nº 23

Esta inequitativa concentración resulta más aún preocupante si se consideran las pocas opciones con las que han tenido que desenvolverse las otras subregiones. Mientras el Valle de Aburrá aporta el 70% del PIB de Antioquia, la región que le sigue, el Oriente, aporta tan sólo el 8.3%; Urabá, el 7.3%; el Suroeste el 5.0%; el Norte 4.1%; Nordeste, 2.4%; Occidente, 2.1%; y el Magdalena Medio, apenas el 1.4%. De otra parte, se estima que por fuera de los 10 municipios que conforman el Valle del Aburrá, más del 80% de los municipios registran niveles de pobreza por encima del 80%; lo que a todas luces indica que el modelo vigente, excesivamente concentrador, no sólo ha sido inequitativo sino también poco efectivo en la oferta de soluciones adecuadas que contribuyan a resolver la falta de crecimiento económico y de bienestar de la población antioqueña. (Gobernación de Antioquia, 2008)

Esta concentración del desarrollo y la suma de los eventos del conflicto han derivado en la densidad poblacional de las diferentes regiones del departamento. Así, tan solo en la capital y los municipios del Valle de Aburrá converge más del 50% (3.427.266) de los seis millones de habitantes.

Región del Bajo Cauca Está ubicada al Norte y limita con los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Es recorrida por el río Cauca, que le da su nombre, y por la carretera que comunica a Medellín con la Costa Atlántica. Seis municipios hacen parte de la región (Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza), cuyas poblaciones albergan a más de 20 mil habitantes, pero no superan los 100 mil. 1 La metodología del NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado son clasificados como pobres. Los variables seleccionadas son: vivienda inadecuada con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, hogares con alta dependencia económica y hogares con niños/niñas en edad escolar que no asistan a la escuela.

Ficha regional Bajo Cauca 93

Tabla 1 Comparativo nacional-Antioquia-Bajo Cauca

Tabla 3 Acceso a la salud

Municipio

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Medellín

2.214.494

2.239.003

2.265.244

2.291.378

2.317.336

2.343.049

Cáceres

28.945

29.709

30.511

31.344

32.178

Caucasia

87.532

89.815

92.139

94.485

El Bagre

46.020

46.375

46.769

Nechí

20.668

21.209

Tarazá

32.943

33.827

Zaragoza

26.959

Antioquia Total nacional

Concepto

Número

Cobertura

33.043

Subsidiado

175.462

67,70

96.871

99.297

Contributivo

33.355

12,90

47.150

47.514

47.875

Total

208.817

80,60

21.771

22.329

22.902

23.480

34.751

35.175

36.156

37.151

27.327

27.708

28.098

28.477

28.845

5.682.276

5.758.478

5.835.008

5.911.330

5.988.458

6.065.846

42.888.592

43.405.387

43.926.034

44.450.260

44.977.758

45.508.205

Fuente: DANE (2010). Proyecciones de poblaciones municipales por área 2005-2020.

La región posee unos índices de NBI elevados, a pesar de que los del departamento están por debajo de la media nacional. Sin embargo, se aprecian unas condiciones de pobreza y marginalidad bastante altas, tanto en las cabeceras municipales como en las zonas rurales. Tabla 2 NBI comparativo nacional-Antioquia-Bajo Cauca Personas con NBI Departamento

Municipio

Cabecera Prop. (%)

Resto Prop. (%)

Total Prop. (%)

Medellín

12,33

18,28

12,42

Cáceres

61,25

68,48

66,81

Caucasia

48,55

70,84

52,41

El Bagre

40,41

71,33

50,75

Nechí

62,40

76,67

68,13

Tarazá

62,02

61,90

61,97

Zaragoza

45,74

82,69

64,30

Antioquia

15,90

47,48

22,96

Total nacional

19,66

53,51

27,78

Antioquia

Fuente: DANE. Necesidades básicas insatisfechas (NBI), por total, cabecera y resto, según municipio y nacional a 30 de junio de 2011.

El acceso al servicio básico de la salud, en las categorías de afiliados, régimen subsidiado y contributivo apenas alcanza el 80%, lo que muestra un alto porcentaje (20%) sin ningún tipo de cubrimiento. Según Gómez et ál. (2003, p. 33), desde el punto de vista económico, los aspectos más sobresalientes son “su tradicional riqueza aurífera y la explotación ganadera”. A par94 Documentos Codhes Nº 23

Afiliados a la seguridad social en salud, 2008

Fuente: Dirección Seccional de Salud de Antioquia.

tir de estas variables económicas se ha desarrollado el territorio, sobre todo en los primeros años del siglo XX con la llegada de empresas mineras, todas ellas de capital esencialmente extranjero. A esto se suma la ejecución de proyectos de intercomunicación vial y la actividad ganadera2. Desde los años setenta se definieron las dinámicas territoriales que hoy conocemos: un nuevo boom de la explotación aurífera, un incremento muy fuerte de la migración hacia estos territorios, la aparición de grupos armados y “la municipalización de Tarazá, El Bagre y Nechí” como “claro indicador de crecimiento, concentración poblacional y de recursos. También la consolidación tanto de élites locales en su capacidad de jalonar proyectos, como de organizaciones clientelistas de los partidos tradicionales con control sobre tales municipios” confirmaron lo que sería el futuro de las relaciones poblaciónterritorio en la región (García, 1993). Durante esta época, la presión sobre la tierra llevó a la invasión de predios tanto rurales como urbanos, junto con una falta de “legalización” de la propiedad, que hizo al departamento susceptible a todo tipo de fenómenos de despojo3. La aparición de cultivos ilícitos se constituyó en un nuevo factor dinamizante del poblamiento. La disputa de recursos legales e ilegales y una fuerte presencia de grupos armados comenzaron a caracterizar la zona. De hecho, no es la escasez lo que hace de la región una de las más atrasadas del departamento sino su abundancia, que parece convertirse en obstáculo para su desarrollo.

Contexto regional La zona está rodeada por los municipios de Amalfi, Anorí y Segovia, pertenecientes a la región del nordeste, e Ituango y Valdivia, a la región norte antioqueña. Es recorrida por los ríos Cauca y Nechí. En la actualidad, su principal actividad económica es la minería. En la segunda mitad del siglo pasado tuvo su auge con la producción del oro, generando un proceso de colonización, cuyo objetivo, en primer lugar, era huir de la violencia bipartidista. Los flujos migratorios provinieron de Bolívar y áreas deprimidas de Antioquia. El desarrollo de los municipios se basó en las confrontaciones con las compañías mine-

2 Proyectos de ferrocarriles y de carreteras. El primero jamás se ejecuta y el segundo se materializa en la Troncal del Norte. 3

Al respecto, puede verse Ibáñez Londoño (2008, caps. I, II y III).

Ficha regional Bajo Cauca 95

Mapa 2. Zona del sur de Córdoba y del norte de Antioquia

Los Córdobas

CÓRDOBA

San Juan de Urabá Arboletes Necoclí

San Pedro de Urabá Ayapel

Valencia

Nechí

La Apartada

Turbo Montelíbano Apartadó

Chigorodó

Caucasia

Puerto Libertador

Carepa

El Bagre Cáceres

Tierralta Tarazá

Zaragoza

Mutatá Valdivia

Ituango

Anorí Dabeiba

Briceño Yarumal

ras, paros cívicos y tomas campesinas de los cascos urbanos con el fin de acceder a los servicios públicos y protestar por el incremento del conflicto armado. A pesar de esta riqueza y auge económico, el Estado no tuvo una presencia fuerte, situación que fue aprovechada por las guerrillas para afianzarse, gracias al apoyo de las comunidades. En la región también fue débil la protección de los derechos de propiedad y posesión de bienes patrimoniales, dada la existencia de terrenos baldíos, de propietarios anónimos y de la lasitud del sistema institucional de entrega, registro y respeto a la propiedad. En los años ochenta, de forma paralela a la actividad guerrillera, se desplegaron acciones cívicas que fueron a su vez obstaculizadas por la guerrilla. También se incrementaron los combates entre la Fuerza Pública y las guerrillas, ocasionando múltiples desplazamientos a las cabeceras municipales y fuera de la región, lo que incrementó la problemática de la carencia de la tierra y el crecimiento de los cascos urbanos de forma desproporcionada. Entre 1982-1986 surgió la Unión Patriótica, partido político que encontró respaldo en los movimientos sociales. Sin embargo, este respaldo fue respondido con el incremento de las masacres y asesinatos selectivos por parte de los grupos armados ilegales. A comienzos de la década de los ochenta surgieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), financiadas por los narcotraficantes y grandes empresarios de la región con el fin de prestar “seguridad y defensa” contra las guerrillas. Si bien el objetivo era lograr una “pacificación” de la zona, no se logró debido al curso que siguió el conflicto. El Bajo Cauca se convirtió en una región estratégica para las guerrillas debido a su posición privilegiada, que permite la comunicación entre el Urabá, la Serranía de San Lucas y el Magdalena Medio. En Cáceres y Zaragoza se establecieron las Fuerzas Armadas ANTIOQUIA

96 Documentos Codhes Nº 23

Revolucionarias de Colombia (FARC), mientras que en Anorí, en el nordeste antioqueño, se asentó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el frente Camilo Torres. Después, su presencia se amplió con los frentes José Antonio Galán, María Cano, Compañero Tomás y la Compañía Anorí. Adicionalmente, Ituango se constituyó en el municipio en donde se presentaron con mayor intensidad las acciones y confrontación armada, dada su ubicación en el Nudo de Paramillo, región estratégica para los grupos armados, puesto que comunica con el Bajo Cauca, el Sur de Bolívar y el Magdalena Medio. A finales de los años sesenta, el ELN se estableció en el nordeste antioqueño debido a la existencia de recursos mineros y de tierras baldías, condiciones que hacían parte de su discurso político: “evitar el ‘saqueo’ de los recursos o cambiar las condiciones en que el Estado realiza su comercialización, así como decidir sobre la distribución de las tierras”. Por otra parte, el frente Francisco Garnica del EPL se instaló a comienzos de los años ochenta en las serranías de San Lucas y Ayapel, y en las llanuras costeras de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Alto Sinú y río San Jorge. Caucasia fue su epicentro político, en donde se convirtieron en un apoyo importante para la lucha campesina por la distribución de la tierra. En 1973, el Ejército le propinó una fuerte derrota militar al ELN en Anorí, lo que les permitió a las FARC consolidar su presencia con los frentes 5, 18 y 35. Sin embargo, debido a la capacidad de recuperación del ELN, nuevamente surgió con fuerza en los años ochenta. Por esta razón, esta región se convirtió en sede de tres grupos guerrilleros fuertes y con influencia sobre la comunidad, que dirigieron su ofensiva contra el Ejército, las instituciones financieras y las principales compañías mineras (Mineros de Colombia y la firma francesa OIC). El ELN, en su política de atentar contra la infraestructura, dinamitó un tramo del Oleoducto Central de Colombia, originando el derrame de petróleo y una explosión cerca de Machuca, que causó la muerte de 84 civiles, la mitad de ellos niños. Esta situación le ha generado un alto costo político a esta guerrilla. Paralelamente, Anorí se convirtió en el municipio con mayor cultivo de hoja de coca en Antioquia y en uno de los que tiene mayor número de laboratorios de procesamiento de cocaína. La aparición de las AUC en el departamento a mediados de los ochenta coincidió con la expansión de la actividad del narcotráfico, puesto que estas organizaciones tenían como objetivo defender sus intereses de los ataques de la guerrilla. Ejemplo de ello es el grupo “Muerte a Revolucionarios del Nordeste”, que se extendió desde el Magdalena Medio al Bajo Cauca, y enfocó sus acciones contra los dirigentes de la Unión Patriótica y líderes cívicos y comunitarios. Posteriormente, en los noventa, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) consolidaron su presencia en Tarazá, Caucasia y la franja occidental de Cáceres. En el municipio de Caucasia prácticamente tuvieron su origen, debido a que era la zona de refugio del clan Ochoa y donde confluyeron todos sus miembros, desde Castaño hasta “Doble Cero”. En Segovia y Zaragoza, las acciones armadas se consolidaron por la intervención de Castaño y el “Negro Vladimir”. Se recuerda la masacre de Segovia del 11 de noviembre de 1988, en la fueron asesinadas 43 personas. Es importante anotar que la dinámica de crecimiento de las ACCU en este territorio contó con el auspicio de la Fuerza Pública, y el Estado se vio obligado a admitir su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no haber garantizado los derechos básicos a la vida, la integridad personal y la propiedad a través de varias Ficha regional Bajo Cauca 97

medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Anexo 1). El pasado 4 de noviembre, la Policía de Antioquia informó sobre la captura de 11 miembros de los “Paisas”, dos de ellos expulsados de esta institución en 2009 por comprobarse sus vínculos con este grupo. Adicionalmente, la investigación involucra a varios uniformados de esta institución4. En su proceso de expansión y en su lucha contra el EPL, las ACCU protagonizaron en 1996 y 1997 dos de los años más violentos de toda la historia del conflicto colombiano, perpetrando masacres, asesinatos selectivos y ocasionando el desplazamiento de miles de colombianos. También se puede recordar la masacre de 19 personas en la vereda La Granja del corregimiento El Aro, municipio de Ituango. Igualmente, lograron incidir en las elecciones de 1997, presionando el retiro y la renuncia de varios aspirantes a cargos locales. Entre 1997 y 2001 trataron de consolidar el corredor estratégico que comunica a las regiones de Urabá, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo para comercializar el alcaloide y atacar a las guerrillas que estaban asentadas en estas regiones. Su accionar se plasmaba en masacres y desplazamientos. Las ACCU se aliaron con narcotraficantes de todos los departamentos con el fin de expropiar a campesinos y apoderarse de la actividad minera (Viborita y El Naranjal) para que les sirviera como fuente de financiación. De esta manera, “Doble Cero” consolidó su presencia en Segovia, Cáceres, Tarazá y Caucasia. Posteriormente, el “Bloque Mineros”, bajo el mando de Ramiro Vanoy, cubrió parte del nordeste, el Bajo Cauca, el norte antioqueño y el sur de Bolívar. “Cuco Vanoy”, antiguo esmeraldero de Muzo, y Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, formaron parte del grupo ilegal los “Pepes” (Perseguidos por Pablo Escobar), que se dedicó a combatir al jefe del cartel de Medellín. La muerte de Escobar le permitió a Vanoy convertirse en exportador de cocaína hacia México y Estados Unidos. Posteriormente, en 2002, con el beneplácito de Vicente Castaño, Carlos Castaño le vendió a Vanoy la franquicia del “Bloque Mineros”, tornándose en un influyente comandante de las AUC. También hizo presencia el Bloque Central Bolívar, comandado por Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, quien controló grandes cultivos de hoja de coca y se apropió de manera violenta de cerca de 50 minas de oro. Con la desmovilización de “Cuco Vanoy” y de “Macaco”, pero sin el efectivo desmonte de sus estructuras, los hombres de dichos grupos, bajo otras “denominaciones”, han asumido el control en este territorio. Ante la no desmovilización de sus estructuras económicas y armadas, los grupos paramilitares continuaron delinquiendo e incluso fortaleciéndose. La información anterior demuestra que sus estructuras económicas y armadas siguen intactas, debido, entre otras cosas, a la falta de voluntad política del Gobierno para indagar lo suficiente sobre sus estructuras financieras, las rutas del narcotráfico y el auspicio y colaboración de algunos funcionarios del Estado, que permitieron su actuar y presencia en estas zonas. Así mismo, a pesar de que el Gobierno no los considere como paramilitares, su accionar, el financiamiento y el impacto humanitario sigue siendo igual al de estos grupos. Únicamente ha cambiado su visibilidad y estructura interna. En la actualidad la Fiscalía y la Policía reconocen a 8 principales grupos sucesores de las autodefensas: “Los Urabeños”, con influencia en 9 departamentos y 79 municipios y 4

W Radio. Minuto 60. 4 de noviembre de 2010.

98 Documentos Codhes Nº 23

Tabla 4 Departamentos, municipios y grupos narcoparamilitares, primer semestre 2010 Departamento

Municipios

Grupos narcoparamilitares

Antioquia

Amalfi, Anorí, Apartadó, Arboletes, Bello, Belmira, Betulia, Briceño, Buriticá, Cáceres, Campamento, Cañasgordas, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Dabeiba, Ebejicó, El Bagre, El Peñol, Entrerríos, Envigado, Frontino, Itagüí, La Pintada, Liborina, Maceo, Medellín, Mutatá, Nechí, Necoclí, Peque, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Remedios, Rionegro, Sabanalarga, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, San Jerónimo, San Roque, Santafé de Antioquia, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, Segovia, Sopetrán, Tarazá, Turbo, Uramita, Valdivia, Vegachí, Yalí, Yarumal, Yolombó, Yondó, Zaragoza

“Águilas Negras”, “Héroes de Castaño”, los “Paisas”, los “Rastrojos”, los “Urabeños”, “Oficina de Envigado”

Córdoba

Ayapel, Buenavista, Canalete, La Apartada, Lorica, Los Córdobas, Montelíbano, Montería, Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Sahagún, San Antero, San Bernardo del Viento, San Pelayo, San José de Uré, Tierralta, Valencia

“Águilas Negras”, ERPAC, los “Paisas”, los “Rastrojos”, los “Urabeños”, “Oficina de Envigado”

Fuente: Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ (2010).

con 1120 miembros; “Los Rastrojos” con operaciones en 10 departamentos y 50 municipios con 1394 miembros; “Los Paisas” con 7 departamentos y 45 municipios de influencia, cuentan con 415 miembros; “ERPAC” (Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano)” con una influencia en 6 departamentos y con 770 miembros, “Renacer” con influencia en 11 municipios del departamento del Chocó y con 100 miembros; “Nueva Generación” con operaciones en 3 municipios del departamento de Nariño y con 114 miembros; “Los del Magdalena Medio” con influencia en 8 municipios y 4 departamentos con 80 miembros y por último “Los machos” con una influencia en 2 departamentos del Valle del Cauca y con 44 miembros en sus filas. (Aragón, Guerrero y Ramírez, 2010) Por su parte, si bien la MAPP/OEA comparte la visión del Gobierno en cuanto a que estos grupos “son bandas criminales al servicio del narcotráfico”, reconoce que la percepción de los líderes sociales y pobladores (de que son la continuación del paramilitarismo) “debe tenerse seriamente en cuenta” (MAPP/OEA, 2009), puesto que evidencia la existencia de una facción armada con capacidad de intimidación, que no solamente afecta el proceso de reintegración de los excombatientes, también la búsqueda de la verdad, justicia y reparación de las víctimas. La MAPP/OEA ha identificado 28 zonas que comprenden 153 municipios (14% del total) con presencia de estos grupos que afectan de manera especial a la población vulnerable mujeres, niñas, niños, indígenas y afrocolombianos. […] A partir de estas áreas, la Misión identifica un corredor crítico de afectación que parte desde el Urabá, en dirección hacia el oriente, pasando por el sur de Córdoba, el Bajo Cauca, el sur del Bolívar, Barrancabermeja y algunos municipios aledaños, el sur del Cesar, llegando hasta la provincia de Ocaña, en el municipio de Norte de Santander (Ver Anexo B)5.

Es importante decir que en estos territorios, especialmente los ubicados en el noroccidente, se dio

Ficha regional Bajo Cauca 99

[…] Es relevante mencionar, la directa relación que tienen estas disputas, con la confrontación que se da en el señalado corredor de afectación. Mientras que la facción al mando de “Don Mario” pretende extender su influencia desde Urabá hacia el oriente, incursionando en la capital del departamento, la “Oficina de Envigado” y su brazo armado, “Los Paisas” pretenden ampliar su presencia desde Medellín, llegando al sur de Córdoba y extendiendo su influencia hacia Barrancabermeja (Santander). Esta situación ha comprometido las condiciones de seguridad de las víctimas. Persiste el temor de las personas que fueron afectadas por la presencia paramilitar en el Bajo Cauca y en el departamento de Córdoba. Esta dinámica está asociada a la desconfianza y en ocasiones la inoperancia de las autoridades locales, así como a la falta de control o presencia de la Fuerza Pública en varios corregimientos de Tarazá como Puerto López, Puerto Claver del Bagre, Pato, Vegas de Segovia, Guaimaro, Piamonte (Cáceres) y Cuturú (Caucasia). A esto se suma la poca presencia de organizaciones de víctimas en las zonas. (MAPP/OEA, 2009)

También se han presentado amenazas al proceso de reinserción en el sur de Córdoba, Bajo Cauca, el sur de Bolívar y Barrancabermeja. […] Este atentado podría corresponder a retaliaciones por la negativa a ser reclutados, o por la disputa de diferentes grupos al interior del Puerto Petrolero. Esta acción generó el desplazamiento de algunos desmovilizados e hizo más evidente la presencia de una facción armada, sobre la cual ya había indicios tras la aparición de encapuchados, que portando armas largas, se movilizaron en camionetas con vidrios polarizados, por algunas de las comunas. En el sur de Bolívar, también se ha presentado la salida forzada de ex combatientes, por amenazas luego de que éstos se negaran a participar en las facciones armadas ilegales que estaban en la zona. (MAPP/OEA, 2009)

Homicidio de un miembro de la comunidad

Grupo no identificado atacó a una emisora

indígena zenú por el grupo posdesmovilizado los “Rastrojos”.

comunitaria, dejando a una persona herida. Candidato a la alcaldía amenazado

por actor no identificado.

Un líder comunitario y presidente de la JAC

asesinado por grupo no identificado.

Siete personas heridas en atentado

ejecutado por actor sin identificar.

Grupos posdesmovilizados

perpetraron masacre y resultaron muertos cuatro indígenas.

Candidato a la alcaldía por el partido de la U

Combate entre los “Rastrojos”

resultó herido intencionalmente por acciones de un actor sin identificar.

y las “Águilas Negras”. Captura de seis miembros de

Periodista amenazado por grupo no identificado.

grupos posdesmovilizados por parte de la Policía Nacional.

Nechí Caucasia Por acciones de un grupo

El Bagre

no identificado, se presentó el desplazamiento forzado de 1.500 personas de las zonas rurales del municipio.

Cáceres

los “Paisas” y los “Urabeños”.

Tarazá

Dos civiles heridos por uso de

Ituango

armas prohibidas (minas, armas trampa) por parte de las FARC.

Zaragoza

Nueve civiles heridos intencionalmente

en ataque de los “Urabeños” a un billar.

Valdivia Briceño

Presencia de los “Rastrojos”,

Candidato a la alcaldía (persona

Anorí

protegida) por el Partido Verde herido intencionalmente por actor no identificado.

Amenaza a un candidato a la

alcaldía por actor sin identificar. Asesinato de una persona

manos de un actor no identificado.

Presencia de los “Urabeños”, los

“Rastrojos” y GPD. Homicidio de tres indígenas zenúes

Combate entre las FARC y el Ejército Nacional

Los “Rastrojos” asesinaron a una persona.

deja dos muertos del grupo insurgente.

En masacre resultaron asesinados

En ataque indiscriminado por parte

cinco indígenas zenúes por grupos posdesmovilizados.

de las FARC quedaron heridos dos civiles. Un miembro del Ejército Nacional resultó herido

Según esta misma fuente, se calcula que cerca de 7.000 desmovilizados de las AUC no están participando en el Programa de Reintegración y que en algunas regiones, como el Bajo Cauca, Córdoba, Norte de Santander, Santander, continúan delinquiendo mientras participan en el Programa. Asimismo, describe la capacidad de reclutamiento de menores y jóvenes de estas estructuras armadas, especialmente en regiones como Norte de Santander, la Sierra Nevada, Cauca, Nariño, Córdoba y Chocó. De acuerdo con datos oficiales, en 2008 fueron capturados 257 desmovilizados vinculados con estos grupos, de los cuales 183 tuvieron alguna relación con la Alta Consejería para la Reintegración. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (Gobernación de Antioquia, 2008), desde la extradición de “Don Berna” se estima que existen entre 150 y 200 pandillas en la ciudad de Medellín, conformadas en gran parte por cerca de los 4.500 efectivos paramilitares desmovilizados en esta ciudad. Solo en 2009, según el Instituto de Medicina

a causa de una emboscada iniciada por un grupo no identificado.

Amenaza a cuatro inversionistas extranjeros

por las FARC.

Las FARC realizaron un ataque a objetivo militar.

La acción fue recibida por la Policía Nacional.

Desplazamiento forzado de 5.000 personas

provenientes de 38 veredas por acciones de grupo sin identificar.

Mapa 3. Bajo Cauca antioqueño. Situación de derechos humanos y de conflicto

Candidato a la alcaldía amenazado

por actor sin identificar. Líder comunal y presidente de JAC

asesinado por las FARC.

Desplazamiento forzado de

aproximadamente 100 personas por las FARC. Se realizó un retén ilegal por las FARC, en el

cual salió herido un civil.

En la mayoría de los municipios del Bajo Cauca antioqueño hacen presencia grupos posdesmovilizados como

los “Paisas“, los “Rastrojos“, los “Urabeños“ y “Águilas Negras“ y grupos ilegales armados como las FARC. En Ituango, la Policía Nacional capturó a 12 miembros de las FARC. Periodista amenazado en Tarazá por grupo posdesmovilizado los “Urabeños“. El Ejército Nacional capturó en Cáceres a dos miembros del grupo posdesmovilizado los “Urabeños“.

el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, y posteriormente de las Autodefensas Unidas de Colombia; también fue una importante zona de operación del Bloque Minero y del Central Bolívar.

100 Documentos Codhes Nº 23

por

grupo no identificado.

La Policía Nacional capturó en Caucasia a un miembro de los “Rastrojos“. El Ejército Nacional capturó en Zaragoza a

cinco miembros de los “Urabeños“.

Ficha regional Bajo Cauca 101

Legal (IML), se registraron 2.899 homicidios en la ciudad y entre el 1 y 24 de enero se cometieron 184. El informe ratifica que en la región del Bajo Cauca en la actualidad hay cuatro grupos sucesores de los paramilitares: los “Paisas”, los “Rastrojos”, los de Urabá y el grupo conformado por paramilitares del “Bloque Mineros”. Adicionalmente están presentes los frentes 18 y 36 de las FARC. De igual forma, en Antioquia hay 16 congresistas implicados por nexos con paramilitares. Además, el exalcalde y 12 servidores públicos del municipio de Tarazá están procesados por vínculos con paramilitares y/o narcotraficantes. En Medellín, en septiembre de 2008, el director de una Notaría fue arrestado por el escándalo de la parapolítica. Además, fueron detenidos el Jefe de Inteligencia del presidente Uribe, así como su primo por conexiones con los paramilitares. Es importante anotar que estas regiones (Bajo Cauca-sur de Córdoba) hacen parte de las zonas de consolidación del Centro de Coordinación de Atención Integral (CCAI), que son: Pacífico (Nariño, Cauca, Valle y sur del Chocó), río Caguán, Macarena, Cordillera Central, Oriente Antioqueño, Bajo Cauca, sur de Córdoba, Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta, Putumayo, Arauca y Catatumbo.

Situación de derechos humanos y crisis humanitaria De acuerdo con el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2008), Antioquia fue uno de los ocho departamentos que presentó crecimiento absoluto (25%) en las cifras de homicidios, al pasar de 2.271 en 2008 a 2.846 en 2009. De igual manera, concentró el 18% del total de homicidios presentados en el país durante 2009, incrementando su participación frente a 2008, cuando fue del 14%. Este departamento, Tabla 5 Cifras situación de derechos humanos en Antioquia Comparativo enero-septiembre 2009-2010 Variables

Variación en el periodo (%)

Ene. - Sep. 2009

Ene. - Sep. 2010

1.980

2.098

Casos de masacres

Víctimas de masacres

Homicidios de alcaldes y exalcaldes

-100

Homicidios de concejales

100

Homicidios de indígenas

-83

Homicidios de maestros no sindicalizados

100

Homicidios de sindicalistas de otros sectores

100

Homicidios de periodistas

Secuestros

144

294

136

-54

Civiles heridos por MAP-MUSE

-24

Civiles muertos por MAP-MUSE

-100

Homicidios

Eventos por mina antipersonal (MAP)munición sin explotar (MUSE)

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia.

102 Documentos Codhes Nº 23

junto con Córdoba, también exhibió un incremento en los años anteriores (2007 y 2008). La ciudad de Medellín registró el 50% del total de muertes del departamento, 1.432 (64%) más que en 2008. Le siguieron en su orden Itagüí con 183 (6%), Caucasia 124 (4%), Bello con 106 (4%) y Apartadó con 54 (2%). Salvo Apartadó, los otros municipios también presentaron aumento en las cifras con respecto a 2008. Según la misma fuente, el incremento de los homicidios tiene que ver con el negocio del narcotráfico: control de las rutas y corredores para comercializar los estupefacientes a nivel internacional, control de las zonas donde están ubicados los cultivos ilícitos y laboratorios, y control del microtráfico y el expendio de drogas. Este incremento puede ser resultado de la reorganización y disputa entre los grupos armados ilegales, luego de la extradición de los jefes de las autodefensas a los Estados Unidos, hecho que provocó una fragmentación de los mismos y el ingreso de nuevas organizaciones. De acuerdo con la Personería de Medellín, en esta ciudad tienen presencia la “Oficina de Envigado”, los “Paisas” y los “Rastrojos” al mando de alias “Comba” y otra banda perteneciente al grupo de alias “Cuchillo”. Vale la pena anotar que en Antioquia se cometieron dos homicidios de funcionarios públicos, los exalcaldes de Yondó y Olaya. Adicionalmente, en 2009 fueron asesinados cinco miembros de la etnia zenú, asentada en territorios con cultivos ilícitos, como Caucasia y Zaragoza (Bajo Cauca) y Montelíbano y Puerto Libertador en el sur de Córdoba. Esta ruta, que comprende gran parte del Nudo de Paramillo, es estratégica para la comercialización de la droga y armas debido a la salida al mar por el golfo de Urabá. En Antioquia se presentaron 4 masacres en Medellín, que dejaron un saldo de 18 víctimas, y 2 en Envigado con 9 víctimas. Adicionalmente, en Barbosa, Ituango, Puerto Berrío, Sabaneta y Yalí hubo 11 casos y 47 víctimas. De estas, 7 eran mujeres, 2 de ellas menores de edad, y 40 hombres, entre ellos un menor de edad. En total se presentó un incremento del 57% en el número de víctimas y del 47% en el número de casos frente a 2008.

Violencias asociadas La zona ha presentado un incremento sostenido en el número de hechos que pone en peligro la vida y la integridad de sus habitantes. Por lo tanto, una reducción en las cifras oficiales de delito o de denuncias no significa necesariamente una disminución de los fenómenos delincuenciales (Pardo, 2001 y 1998, pp. 197-233). Al respecto, debe entenderse que una de las variables que se debe tener en cuenta es la presencia de actores ilegales, que asumen el control de los escenarios del conflicto, situación que conduce a que las comunidades no denuncien la totalidad de los actos delictivos. Una lectura plana de cifras sobre seguridad sin advertir eventuales elementos que alteren el margen de error cuantitativo obstaculiza la posibilidad de que estas se interpreten en contexto (Bonilla y Ariza, 2007). Adicionalmente, una importante cantidad de víctimas de homicidio han sido arrojadas a ríos o sus cuerpos han desaparecido. Por lo tanto, en la lectura de los reportes se debe entender que estos se fundamentan en el número de diligencias de levantamiento de cuerpos, lo que en un contexto como el nuestro puede informar una cifra que no responde a la realidad. De acuerdo con el IML (2010), la región del Bajo Cauca ha presentado un incremento en los casos y en las tasas de homicidio, siendo cuatro veces mayor que la tasa nacional Ficha regional Bajo Cauca 103

y dos veces la tasa departamental. Las estadísticas para el año 2009 son reveladoras, dado el fuerte crecimiento que se viene registrando desde el año 2007 (tabla 7). Los registros por municipio parecen contradictorios; por ejemplo, para el año 2008, oscilan entre los 126 (Instituto de Medicina Legal) y los 231 (Secretaría de Salud Departamental). Sea cual sea la cifra es muy superior a la de años anteriores y presenta una tendencia al incremento de casos. Según Medicina Legal, con corte a junio 30 de 2010, se han registrado 138 homicidios, la mayoría en Caucasia (102), cifra que se acerca al total de casos del año 2008 (103) y a alrededor de la mitad de los del año anterior (217) para dicho municipio. Los restantes municipios parecen observar un descenso, lo cual sería posible si se sostiene la tendencia durante el segundo semestre del año (tabla 8).

Tabla 6 Homicidios. Comparativo nacional-Antioquia-Bajo Cauca Casos nacional

Año

Tasa nacional

Casos Antioquia

Tasa Antioquia

Casos Bajo Cauca

Tasa Bajo Cauca

2004

18.888

44,58

2.272

40,00

2005

17.234

40,18

2.555

44,00

2006

16.274

37,49

2.335

41,00

2007

16.318

37,15

2.075

36,00

2008

15.250

34,31

2.399

41,00

126

2009

17.717

39,39

4.481

74,82

417

158

Fuente: Instituto de Medicina Legal (2010).

Violencia sexual En torno a la violencia sexual puede ocurrir una situación similar a la de los homicidios. Los casos parecen mantenerse en un número promedio (50) durante los últimos años. Sin embargo, en una región con presencia de grupos armados y tendencia al desplaza-

Tabla 7 Homicidios. Municipios Bajo Cauca, Antioquia Año

Cáceres

Caucasia

El Bagre

Nechí

Tarazá

Zaragoza

2004

2005

2006

2007

2008

103

2009

217

2010

185

Tabla 9 Valoraciones por violencia sexual. Comparativo nacional-Antioquia-Bajo Cauca, 2004-2009

Fuente: Instituto de Medicina Legal (2010).

Año

Casos

Tasa nacional

2004

17.912

42,28

2005

18.474

43,07

2.113

37,00

2006

19.592

45,14

2.319

40,30

2007

21.095

48,02

2468

42,00

2008

21.202

47,70

2.709

45,82

2009

21.612

48,05

3.063

51,14

Tabla 8 Antioquia. Necropsias por causa de muerte según municipio, enero a junio de 2010

En estudio

Natural

Violenta accidental

Violenta homicidio

Cáceres

Caucasia

102

El Bagre

Nechí

Tarazá

Zaragoza

Total general

Violenta sin determinar 1

Violenta suicidio 1

Violenta tránsito

Total general

120

1 1

3 4

138

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Base de datos SIRDEC-DRIP (2010). Nota: Datos sujetos a cambios por actualización. Proyectó: Patricia Tirado C. Bogotá, septiembre 13 de 2010.

104 Documentos Codhes Nº 23

Tasa Antioquia

Casos Bajo Cauca 53

Fuente: Instituto de Medicina Legal (2010).

Tabla 10 Valoraciones por violencia sexual municipios Bajo Cauca – Antioquia, 2004-1009

Causa de muerte

Municipio del hecho

Casos Antioquia

Cáceres Tasa

Caucasia Casos

Tasa

El Bagre Casos

Tasa

Nechí

Año

Casos

2004

2005

2006

2007

166

2008

15,95

2009

18,65

Tarazá

Tasa

Zaragoza

Casos

Tasa

Casos

Tasa

39,16

4,24

8,96

2,8

38,2

4,21

5,45

7,02

Fuente: Instituto de Medicina Legal (2010).

Ficha regional Bajo Cauca 105

miento pueden estar presentándose muchos más casos que no son denunciados por los escasos escenarios de atención y protección.

Crisis humanitaria Desplazamiento forzado Según fuentes de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y Acción Social, entre 1999 y 2009, el departamento de Antioquia se ubicó en el

Tabla 11 Desplazamiento forzado Antioquia, 1999-junio 2011 Año

A.S. Recepción

A.S. Expulsión

CODHES

1999

26.498

24.616

24.257

2000

79.963

68.265

46.251

2001

78.041

84.690

56.094

2002

60.200

62.975

37.139

2003

33.696

35.246

27.831

2004

34.435

33.842

40.832

2005

36.102

38.486

18.893

2006

32.582

31.495

26.870

2007

31.160

31.612

29.144

2008

32.035

29.913

52.276

2009

26.296

23.708

45.774

2010

23.672

22.615

49.171

2011(I)

13.398

12.501

34.333

Desplazamiento 2010 Ituango El 3 de abril se registró un desplazamiento masivo desde la zona rural de Ituango hacia la cabecera municipal, de 1.274 personas pertenecientes a 322 familias: 660 niños/niñas, 285 mujeres, 13 gestantes y 322 hombres. El desplazamiento se produjo en tres momentos: al 4 de abril, 952 personas; al 9 de abril, 1.086; y al 15 de abril, 1.150. De acuerdo con información del Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada (CMAIPD), el desplazamiento se produjo por amenazas de las FARC, mediante las que conminaban a las comunidades a abandonar sus viviendas. Además, este grupo armado ilegal ha sembrado minas antipersonal en los caminos transitados por la población. El 15 de abril, 420 familias (1.550 personas) iniciaron el retorno a sus lugares de origen. Entre el 16 y el 19 del mismo mes retornaron otras 192 familias (704 personas) de las veredas El Cedral y La Miranda. Según la propuesta de los líderes, el retorno se organizó de la siguiente manera: viernes 16 de abril: veredas La Miranda y El Cedral; sábado 17 de abril: veredas La Vega del Inglés, Santa Ana, La Armenia, La Redonda, La Prensa, Buenavista y San Bartolo; domingo 18 de abril: vereda San Juan Badillo; lunes 19 de abril: vereda El Ocal, Birrí-Birrí y Badillo.

Fuente: CODHES-SISDHES

Amalfi El 28 de enero tuvo lugar un desplazamiento masivo de 282 personas (143 familias) que fueron expulsadas de cinco veredas del municipio de Anorí hacia la cabecera municipal de Amalfi. Al igual que en el desplazamiento anterior, los responsables fueron las FARC.

Gráfico 1 Desplazamiento forzado en Antioquia, 1999-junio 2011 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

1999

2000

CODHES-SISDHES

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Acción Social SIPOD recepción Fuente: CODHES- SISDHES 2011.

106 Documentos Codhes Nº 23

segundo lugar, seguido de Bogotá, en cuanto a expulsión y recepción de personas en condición de desplazamiento forzado. Según información brindada por la Personería de Antioquia, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010 se recibieron 25.959 declaraciones de personas en condición de desplazamiento, 17.642 de las cuales se registraron en Medellín. El total de familias que declaró en el departamento fue de 8.082 (5.971 hombres, 8.337 mujeres, 1.091 menores de edad, 2.932 adultos mayores, 641 miembros de comunidades afrocolombianas y 142 de comunidades indígenas, de los cuales 98 pertenecen a la comunidad zenú). Por otro lado, en el departamento se registraron 2.343 desplazamientos intraurbanos para un total de 619 familias afectadas.

2007

2008

2009

2010

2011-1

Nechí El 1 de agosto se registró un desplazamiento masivo de 370 personas (96 familias). Entre el 1 y el 6 de agosto llegaron desplazadas al casco urbano de Nechí 54 familias (223 personas) provenientes de la vereda Parcelas de Londres, y 42 familias (163 personas) de la vereda Correntoso, corregimiento El Colorado. El desplazamiento se produjo como consecuencia de los combates que libran grupos armados ilegales en la zona y la posterior circulación de un panfleto en el que uno de dichos grupos conminaba a la población a abandonar la vereda, a más tardar el 4 de agosto. Apartadó El 19 de mayo se desplazaron 100 personas de las veredas de Bellavista y San José de Apartadó, debido a combates y uso de bienes por parte del Ejército. Ficha regional Bajo Cauca 107

Zaragoza El 21 de octubre se desplazaron 81 personas (24 familias) de Pueblo Nuevo. Según manifestaron sus habitantes, aproximadamente 50 hombres vestidos con prendas privativas del Ejército, sin identificar a qué grupo pertenecían, llegaron a la vereda y los obligaron a abandonarla. De acuerdo con la fuente, únicamente dos hogares permanecieron allí. Medellín El 9 de junio se desplazaron 67 personas de las veredas La Trinidad y San Francisco, luego de una masacre. Cáceres El 28 de diciembre se desplazaron 57 personas (11 familias, 27 niños/niñas, 19 hombres) de las veredas San Francisco, Astillero, Santa Isabel y Bejuquillo. El hecho se produjo por enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley. El 4 de febrero de 2011, desde las veredas Los Conchos hasta el municipio de Cáceres, 29 personas (6 familias) tuvieron que desplazarse a causa de amenazas a varios trabajadores mineros de la región por parte de un grupo armado al margen de la ley . Urrao El 15 de febrero, 55 personas (11 familias) pertenecientes a la comunidad afrocolombiana se vieron obligadas a desplazarse por combates entre el Ejército y las FARC, registrados en la desembocadura de la quebrada Turriqui en el río Quipardó. Toledo El 3 de abril, 31 personas (9 familias, 18 niños/niñas, 7 mujeres, 2 gestantes, 6 hombres) se vieron forzadas a abandonar la vereda de Helechales del municipio de Toledo y dirigirse al casco urbano del mismo municipio debido a la incursión y los homicidios de un grupo armado al margen de la ley. Las principales causas de desplazamiento en el departamento han sido las amenazas, las desapariciones forzadas, los asesinatos, las masacres, el reclutamiento forzado y los combates. Los principales actores armados responsables de los desplazamientos masivos Tabla 12 Causas del desplazamiento Actores responsables Departamento Municipio

FARC Frente

Paramilitares posdesmovilización

“Águilas Negras”

“Rastrojos”

“Paisas”

Antioquia

Caucasia

Antioquia

Apartadó

Antioquia

Bello

Antioquia

Urrao

Antioquia

Medellín

Antioquia

Ituango

Antioquia

Zaragoza

Fuente: SISDHES-CODHES (2010).

108 Documentos Codhes Nº 23

en Antioquia han sido las FARC, los grupos posdesmovilización, las “Águilas Negras”, las autodefensas, los paramilitares y las Convivir (tabla 12). A octubre de 2010, solamente en Medellín, Ituango y Zaragoza se habían registrado campañas de divulgación de las nuevas políticas respecto del registro de la población desplazada por parte de Acción Social y el Ministerio Público. Sin embargo, únicamente en Medellín se les informó a las personas y hogares víctimas de desplazamientos forzados que podrían declarar por acciones de fumigaciones.

Desplazamientos Antioquia primer semestre de 2011 Entre enero y junio de 2011 se han presentado seis desplazamientos en Antioquia, todos de tipo masivo. Amalfi El 24 de enero se desplazaron 5.500 personas (1.100 familias, 1.357 niños/niñas y 35 mujeres gestantes) de 15 veredas del municipio Dos Bocas al casco urbano de Anorí. El hecho se produjo por la supuesta presión de las FARC en respuesta a las fumigaciones contra cultivos ilícitos en el Bajo Cauca y nordeste antioqueño. El desplazamiento comenzó el 24 de enero con 789 personas (310 familias), pero a partir del día 25 aumentó el número, hasta llegar a 5.500 para el 27 de enero. Tarazá El pasado 18 de febrero, 3.132 personas (625 familias) tuvieron que desplazarse de los municipios de Ituango, Valdivia y Tarazá. Los campesinos sostienen que se vieron obligados a abandonar sus tierras porque las autoridades de Policía les fumigaron los cultivos de cacao, yuca y plátano que hacían parte del proyecto de sustitución de cultivos ilícitos, impulsado por las Naciones Unidas. Amalfi 441 personas (88 familias) tuvieron que desplazarse desde cinco veredas del municpio de Anorí hasta Amalfi. Al igual que otros desplazamientos, este fue presuntamente motivado por presiones de las FARC. El 1 de febrero se inició el retorno, mismo día, en horas de la mañana (8:00 a.m.), en que las FARC detonaron un camión-bomba en un puente que comunica a Anorí con Campamento. Cáceres El 19 de abril, 95 personas (20 familias, 15 de ellas pertenecientes a la etnia zenú) tuvieron que desplazarse debido a los combates entre grupos armados al margen de la ley y a la muerte de un líder comunitario. Turbo 125 personas (25 familias) tuvieron que desplazarse desde Turbo y Chigorodó debido al asesinato del líder de la comunidad embera. Chigorodó El 15 de mayo, 80 personas (18 familias) tuvieron que desplazarse por el asesinato de un líder de su comunidad. Ficha regional Bajo Cauca 109

MAP/MUSE Según el Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal (PPAICMA), en 2009 hubo 421 accidentes por MAP y MUSE con un saldo de 670 víctimas (civiles y militares), lo cual representa una disminución del 15% en el número de víctimas con respecto a 2008 (792) y del 9% de accidentes (462). En Antioquia se presentaron 55 eventos, que equivalen al 13% del total nacional, siendo Tarazá el municipio más afectado. Tabla 13 Víctimas de minas antipersonal, departamento de Antioquia

Mapa 4. Reporte de amenaza de riesgo, 2009.

Mar Caribe

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH. Elaboración Codhes.

Venezuela

Panamá

2008

2009

Enero-junio 2010

Enero-junio 2011

Eventos por MAP-MUSE

266

289

995

196

Civiles heridos por MAP-MUSE

Civiles muertos por MAP- MUSE

Fuente: Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal (2011).

Océano Pacífico

Reclutamiento ilegal No existen reportes sobre este tema específico, a pesar de que varios informes, como los del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia, mencionan capturas y dados de baja, y de que el mismo Gobierno calcula que un 20%, de los integrantes de estos grupos son menores de 18 años6. Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos, del total de desmovilizados, 2.417 eran mayores de edad, mientras que 221 eran menores de 18 años. De estos últimos, 157 integraban las filas de las FARC; 58, las del ELN, ylos 6 restantes, las del ERG (Vicepresidencia de la República, 2009, p. 65). Durante el año 2009, en el departamento se presentaron 270 casos, cifra similar a la del año 2008 (267), de los cuales 26 ocurrieron en el municipio de El Bagre (p. 66). Política pública El departamento de Antioquia está promoviendo el desarrollo de planes estratégicos regionales con el ánimo de potenciar la “articulación e integración” de los territorios (Gobernación de Antioquia, 2006). Estos instrumentos están siendo discutidos actualmente en las regiones y se proyecta su articulación con el Plan de Desarrollo Departamental. A su vez, este último admite que la zona se caracteriza por “problemáticas políticas, económicas y sociales sumamente complejas” (Gobernación de Antioquia, 2008, p. 9), las cuales se han tomado en cuenta para la formulación de sus ejes estratégicos. Para la Administración Departamental han sido igualmente relevantes los problemas de orden social y de seguridad de la zona que se han dado a conocer en los últimos meses.

6 Al respecto puede consultarse: Ministerio de Defensa (2007), Le Figaro (2007) y Vicepresidencia de la República (2008).

110 Documentos Codhes Nº 23

Ecuador Brasil

Perú

La presencia de cultivos y minería ilícita ha permitido observar una dinámica de control de la zona por parte de grupos armados de diferente orden (Vicepresidencia de la República, 2009, pp. 25 y 70). No obstante, no es exclusivamente la presencia de estos grupos lo que ha dinamizado la violencia en la región, pues los modelos de desarrollo fundamentados en la extracción mineral y la ganadería extensiva han configurado de manera histórica el territorio. La región ha sido considerada vital dentro de los planes de copamiento militar de la seguridad democrática, Ficha regional Bajo Cauca 111

[cuyo] propósito es reforzar y garantizar el Estado de derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática, el libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, el imperio de la ley y la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común. Los objetivos estratégicos planteados en la Política fueron: 1. Consolidación del control estatal del territorio 2. Protección de la población 3. Eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia 4. Mantenimiento de una capacidad disuasiva 5. Eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. (Presidencia de la República, 2009)

En la región se ha concentrado un número importante de efectivos y recursos, gracias al denominado Plan Nacional de Consolidación, el cual se viene ejecutando desde el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), cuya característica es que se trata de una propuesta que busca articular “todas las acciones sociales del Estado para producir un cambio definitivo que hiciera posible un escenario nacional en el que la seguridad territorial garantice la prevalencia del orden jurídico constitucional y permita que todas las instituciones funcionen de manera libre y permanente, de tal forma que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos” (Presidencia de la República, 2009, p. 5). A través de esta modalidad se definirá la acción de prevención de graves violaciones de derechos humanos, y de protección y atención a las víctimas. La estrategia de los planes se concentra en la acción militar, y las acciones complementarias del Estado son elementos que permiten consolidar finalmente el control territorial de los cuerpos de seguridad. Lamentablemente, esta hipermilitarización de la región descuida a la Fuerza Pública como agente de violación de derechos. La concentración de los esfuerzos lleva a observar a la población como agente de otros grupos y, por lo tanto, el clima de sospecha altera la función misma de los organismos de seguridad. Las posibilidades de control y participación social por dicho temor se reducen de manera ostensible y, en consecuencia, los diagnósticos sociales tienden a ser minimizados o justificados. En todo caso, los análisis de riesgos se descuidan y se vician como una herramienta de la estrategia de seguridad, lo que se traduce en una ruptura de la integralidad de las acciones de prevención y protección7.

Temporada invernal 2010-2011 El departamento de Antioquia ha sido uno de los más afectados por la temporada invernal que se viene presentando desde 2010, principalmente con el Fenómeno de la Niña, el cual se prolongó hasta los primeros meses de 2011. De acuerdo con Colombia Humanitaria, desde abril de 2010 hasta mayo de 2011 se registró un total de 11.779 personas y 30.506 familias afectadas. En junio de 2010, una persona murió a causa de un derrumbe en el municipio de Valdivia. Adicionalmente, se debe mencionar el desbordamiento de las quebradas en los municipios de Sonsón y Bello que afectó a 120 familias. Un mes más tarde, el desbordamiento de los ríos Cauca y Nechí provocó inundaciones en los cascos urbanos y zonas rurales de los municipios de Caucasia, El Bagre, 7 Para más detalles, revisar ficha de evaluación del sistema de planeación para la prevención y la protección.

112 Documentos Codhes Nº 23

Zaragoza y Nechí. Este último fue el más afectado. Sus escuelas y el coliseo fueron habilitados como albergues, por lo que fueron suspendidas las actividades escolares (Caracol Radio, 2010a). A esto se sumó la advertencia de la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare (CORNARE), que les informó a las administraciones de Alejandría y San Francisco sobre posibles desbordamientos de ríos y quebradas. En agosto de 2010, 350 familias fueron afectadas por las lluvias en Turbo, de las cuales 80 perdieron víveres y enseres por el desbordamiento de río Guadualito. La situación continuaba crítica un mes después por la creciente del río Tarazá que afectó a los habitantes de los barrios San Nicolás, La Balastrera, La Lucha, La Capilla y La Avenida, y dejó como saldo una persona muerta y 150 damnificadas. El 5 de diciembre de 2010 se presentó una de las tragedias más grandes del invierno. En Bello, un alud de tierra sepultó a 85 personas, destruyó un alto número de viviendas y produjo millones de pesos en pérdidas. La Alcaldía de Bello realizó un estudio durante los días posteriores al deslizamiento y dio cuenta de un “flujo de tierra” generado por el efecto de aguas subterráneas acumuladas, a partir de los fuertes aguaceros caídos durante varias semanas en la región y el país, así como por la acumulación de aguas infiltradas provenientes del macizo rocoso y derrames de un lavadero de camiones que funcionaba en la parte alta del deslizamiento (Caracol Radio, 2010b). El terreno también estaba conformado por materiales sueltos, resultantes de la acumulación de tierra y escombros. La capital departamental no ha sido ajena al invierno. En los barrios Villatina y La Sierra se presentaron deslizamientos, en donde hubo pérdida de vidas. En el barrio el Poblado, la Alcaldía expidió un decreto congelando las licencias de construcción. Así mismo, la ciudad se declaró en emergencia amarilla, teniendo en cuenta que para noviembre las lluvias se incrementaron en un 60%8. Tabla 14 Muncipios más afectados Personas afectadas

Familias afectadas

Turbo

11.463

4.441

Bello

8.002

3.559

Mutatá

6880

1.376

Necoclí

6.473

2.538

Rionegro

5350

1070

Caucasia

4.942

1.266

Municipios

Tomado de: Alta Consejería para las Regiones y la Participación Ciudadana (2010/2011).

8 La ciudad en varias ocasiones estuvo incomunicada de otras regiones del país por los derrumbes en las vías.

Ficha regional Bajo Cauca 113

114 Documentos Codhes Nº 23 Ficha regional Bajo Cauca 115

La Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de la comunidad de paz de San José de Apartadó, considerando que 43 de sus miembros fueron asesinados desde que declararon su neutralidad en marzo de ese año. El 12 de diciembre de 1997, a poca distancia de la base militar de la Brigada XVII, en el camino que conduce del municipio de Apartadó al corregimiento de San José de Apartadó, dos de los miembros de la indicada comunidad, Darío Georgia y Dayla Patricia Zúñiga, fueron desaparecidos, sin que hasta la fecha se haya vuelto a tener noticia de ellos.

El 17 de diciembre de 1997

La Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Eduar Rancheros, miembro del Equipo Misionero de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, que acompaña a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la cual también se encuentra protegida por medidas solicitadas el 17 de diciembre de 1997. El señor Rancheros fue objeto de amenazas por parte de miembros del Ejército Nacional en Carepa, Urabá. La Comisión ratificó el mantenimiento de las medidas cautelares originalmente solicitadas el 17 de diciembre de 1997 a favor de las personas que se encuentran en el campamento de desplazados del Coliseo de Turbo y Bocas del Atrato.

El 10 de junio de 1998

El 11 de enero de 1999

La Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de la señora Gloria Isabel Cuartas Montoya, alcaldesa de Apartadó, y de su familia. La señora Cuartas había sido objeto de amenazas y hostigamiento en represalia por las denuncias que como alcaldesa, a lo largo de toda su gestión municipal, formuló en contra del actuar de la guerrilla y de los grupos paramilitares con apoyo del Ejército. Al finalizar su gestión, se ha agravado el peligro contra su vida e integridad personal.

La Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de de una comunidad que había sido desplazada por la violencia a la localidad de Turbo. Algunos de sus miembros, refugiados en el Coliseo Deportivo Municipal o en albergues especialmente construidos para tal efecto, habían sido asesinados en el transcurso del año. Unos. El 11 de diciembre, dos individuos armados, identificados como paramilitares, entraron al Coliseo Deportivo de Turbo buscando a un miembro de la comunidad. El 14 de diciembre, otro paramilitar fue visto inspeccionando el albergue “Unidos Retornaremos”.

El 17 de diciembre de 1997

La Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de miembros y líderes de la comunidad indígena zenú de San Andrés de Sotavento, localidad de Córdoba, en especial para el señor Rosember Clemente Teherán y otros 11 indígenas. A principios de 1994, los miembros de dicha comunidad comenzaron a ser objeto de violentos ataques como resultado de sus luchas para obtener tierras que consideraban de su pertenencia. En mayo y junio de 1996, varios líderes y miembros de la comunidad fueron muertos, y otros recibieron amenazas. En octubre y noviembre de 1997, un líder indígena fue desaparecido y dos fueron asesinados. En relación con estos hechos, la Comisión abrió el caso, bajo el número 11.858; la solicitud de medidas cautelares a favor de la comunidad fue reiterada el 7 de enero de 1998.

El 18 de junio de 1996

Anexo 1. Medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH

Anexo 2 Tasa departamental de desplazamiento por cada 100.000 habitantes, 1999-2009

Anexo 3 Relación entre la minería y las regiones del país

La Guajira

La Guajira Atlántico

Mar Caribe

Atlántico

Mar Caribe

Magdalena

Cesar

Sucre

Sucre Bolívar

Córdoba

Panamá

Antioquia

Chocó

Venezuela

Chocó

Boyacá

Vichada

Cundinamarca

Arauca

Boyacá

Casanare

Cundinamarca

Meta Huila

Cauca

Vichada

Meta Guainía

Guaviare

Guaviare Nariño

Nariño Vaupés

Caquetá

Tolima

Valle del Cauca

Guainía

Venezuela

Quindío

Océano Pacífico

Huila

Cauca

Risaralda

Norte de Santander

Santander

Caldas

Casanare

Tolima

Valle del Cauca

Arauca

Quindío

Océano Pacífico

Bolívar

Córdoba

Panamá

Antioquia

Santander

Caldas Risaralda

Norte de Santander

Vaupés

Caquetá Putumayo

Putumayo

Ecuador

Brasil

Brasil Amazonas

Amazonas

72- 1729 1730- 5404 5405- 8637 8638- 11825

REGIÓN MINERAL

Perú

1. Nordeste antioqueño

Cobre, oro y molibdeno

11826- 15285

2. Cañçon del río Cauca

Oro y metales básicos

15286- 25694

3. Departamentos de Nariño y Putumayo

Oro y metales básicos

Fuente: SISDHES-CODHES, febrero de 2010.

116 Documentos Codhes Nº 23

Perú

4. Oriente Oro 5. Serranía de San Lucas

Oro

6. Zona montañosa de Santander

Oro

7. Huila

Oro y metales básicos

Fuente: Ministerio de Minas y Energía.

Ficha regional Bajo Cauca 117

Anexo 3 Relación entre el cultivo de coca y los 150 municipios más expulsores

Referencias bibliográficas Alta Consejería para las Regiones y la Participación Ciudadana. Fenómeno de la Niña - Antioquia 2010/2011. Disponible en: <http://www.regiones.gov.co/Acuerdos/ InformacionRegional/fenomenonina/Antioquia.pdf>.

Mar Caribe

Aragón Maldonado, Isaura Lorena, Guerrero Amezquita, Hernán David y Ramírez Bernal Angélica Lucía. Paramilitarismo y bandas emergentes después de la ley de justicia y paz: balance de la política de desmovilización. Bogotá, 2010.

Sucre

Bonilla, Daniel y Ariza, Libardo. “El pluralismo jurídico: contribuciones, debilidades y retos de un concepto polémico”. En: Tamanaha, Brian, Engle Merry, Sally y Griffiths, John. Pluralismo jurídico. Estudio Preliminar. Bogotá: Siglo del Hombre Editores Universidad de los Andes - Instituto Pensar, 2007.

Bolívar

BHP BILLITON £ BHP BILLITON £

MONTELÍBANO PUERTO LIBERTADOR

£BHP BILLITON

Antioquia

Caracol Radio. “Doce mil damnificados por invierno en Antioquia”. 26 de julio de 2010a. Disponible en: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1332002. Fecha de consulta: 21 de enero de 2011. Caracol Radio. “Revelan las causas del deslizamiento de tierra que ocasionó la tragedia en Bello”. 7 de diciembre de 2010b. Disponible en: http://www.caracol.com.co/ nota.aspx?id=1395820. Fecha de consulta: 24 de enero de 2011. DANE. Censo 2005-Proyección 2010. Estadísticas poblacionales. Defensoría del Pueblo - Defensoría Delegada para la evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto armado. Sistema de Alertas Tempranas, SAT. Informe especial de riesgo electoral - Elecciones regionales 2011. Bogotá, Colombia, julio de 2011. García, Clara Inés. El caso del Bajo Cauca Antioqueño: cómo ver las regiones. Bogotá: Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios Regionales – CINEP, 1993. Gobernación de Antioquia. Plan de Desarrollo “Antioquia para todos, manos a la obra”. Periodo 2008-2011. Disponible en: <http://www.antioquia.gov.co/index.php/plande-desarrollo>. Gobernación de Antioquia. Sistema Departamental de Planificación. Medellín: Departamento Administrativo de Planeación – Dirección de Planeación Estratégica Integral, 2006. Gómez Giraldo, Lucella, Arango, Marta Eugenia, Maya, Maryorie y Bejarano, Olga. Bajo Cauca. Desarrollo regional: una tarea común universidad-región. Medellín: Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios Regionales, 2003. Ibáñez Londoño, Ana María. El desplazamiento forzado en colombia. Bogotá: Universidad de los Andes, 2008. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Cuarto informe sobre grupos narcoparamilitares. Primer semestre 2010. Bogotá: INDEPAZ, 2010. Ministerio de Defensa Nacional. Reclutamiento forzoso de niños, 2007. Disponible en: <www.mindefensa.gov.co>. Fecha de consulta: enero de 2010. Ministro de Defensa Nacional. “La guerra atroz de las FARC contra los niños de Colombia”. Le Figaro, 7 de febrero de 2007. Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, MAPP/ OEA. Decimosegundo informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en colombia, OEA/Ser.G. CP/doc. 4365/09 corr. 1, 9 de febrero de 2009.

118 Documentos Codhes Nº 23

Ficha regional Bajo Cauca 119

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Panorama Actual del Bajo Cauca Antioqueño. Serie Geográfica No. 29. Bogotá, diciembre de 2006. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República. Indicadores sobre derechos humanos y DIH Colombia Año 2009. Presidencia de la República – Centro de Coordinación de Acción Integral. Reporte ejecutivo Plan Nacional de Consolidación. 2009. Rubio Pardo, Mauricio. “Crimen con misterio. La calidad de la información sobre crimen y violencia en Colombia”. Colombia Coyuntura Social, 18: 197-233, mayo de 1998. Rubio Pardo, Mauricio. «La justicia penal. Juicio sin sumario». En: De Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio. El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Bogotá: Colciencia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Universidad de Coimbra CES, Universidad Nacional de Colombia y Siglo del Hombre Editores, 2001. Vicepresidencia de la República. FARC es el principal grupo ilegal que recluta niños y niñas en el país. Bogotá, 1 de febrero de 2008. Disponible en: <http://www.vicepresidencia.gov.co/2007/noticias/2008/febrero_04_08.html>.

Sistema de Información de Derechos Humanos y Desplazamiento (SISDHES)

Ficha regional DEPARTAMENTO DE LA Guajira

120 Documentos Codhes Nº 23

se reconoce como perteneciente a ningún grupo étnico es de 249.149 (40,24%). La tasa de analfabetismo en el departamento alcanzaba en 2010 un 35,6%, 15,8% en la zona urbana y 61,4% en la rural (DNP, 2011b). El 31,4% de la población igual o mayor a 15 años es analfabeta, en su mayoría indígenas de las rancherías de los wayúus y los wivas de la Baja Guajira. Según el censo 2005 del DANE, el 29,3% de la población no tiene ningún nivel educativo. El 25,2% completó la educación básica primaria, frente al 13,2% que terminó la secundaria. Tan solo el 2,9% de los habitantes de La Guajira han cursado estudios profesionales y solo el 0,7% ha cursado estudios de posgrado (Alta Consejería para la Reintegración, 2008, p. 17). El 51,7% de la población se dedica a actividades relacionadas con el comercio, el 9,7% con la industria, el 29,1% con servicios y el 9,5% se ocupa en otras actividades.

Mapa 1. Departamento de La Guajira, municipios. Mar Caribe Uribia

Manaure Riohacha £

Maicao

Riohacha

Magdalena

Albania

Hatonuevo

Dibulla

Distracción Barrancas San Juan del Cesar

Fonseca

Venezuela

El Molino

Cesar

Villanueva Urumita La Jagua del Pilar

Tabla 1 Viviendas, hogares, población y personas con NBI, 30 de junio de 2010 ViviendasCenso

Hogares general

Personas 2005

Proyección 2010

Proyección 2011

Porcentaje NBI (%)

Cabecera

69.026

75.111

367.604

446.285

462.257

40,50

Resto

54.052

53.582

313.971

372.410

384.352

91,90

Total

123.078

128.693

681.575

818.695

846.609

65,23

Fuente: DANE (2010).

La población indígena de La Guajira asciende a 278.212, que equivale al 44,94% de la población total del departamento. Adicionalmente, existe una población de mulatos y afrodescendientes estimada en 91.773 (14,82%), mientras que la población que no 122 Documentos Codhes Nº 23

50,5% Hombres 49,5%

Mujeres

Fuente: DANE (2010).

Gráfico 2. Pertenencia étnica 50 40 30 20

44,94

40,24 14,82

Información base De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2010), La Guajira cuenta con una población de 818.695 habitantes. El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) abarca al 65,2% de la población: 40,5% en la cabecera y 91,9% en el resto, es decir, la concentración NBI está localizada en áreas rurales (DANE, 2009) (tabla 1). Según las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 - Prosperidad para todos, La Guajira es el tercer departamento con mayor pobreza del país; de hecho, más de la mitad de su población total exhibe esta condición (DNP, 2011a, p. 27) y, junto con Chocó y Cauca, registra uno los mayores índices de pobreza extrema (CEPAL, 2009, p. 4). De acuerdo con cifras del DANE (2010), de las 123.078 viviendas de La Guajira, 76.308 (62%) cuentan con servicio de energía eléctrica, solamente 63.139 (51,3%) gozan del servicio de acueducto y 47.139 del servicio de alcantarillado (38,3%).

Área

Gráfico 1. Distribución por sexo

10 Contexto general 0 El departamento de la Guajira, con una extensión de 20.848 Indígena Mulato... 2 km , tiene una participación territorial en el total nacional del Fuente: DANE (2010). 1,83% (DNP, 2007, p. 11). Limita por el norte con el mar Caribe, por el oriente con la República Bolivariana de Venezuela, por el occidente y el sur con los departamentos del Cesar y Magdalena. En el departamento habitan cinco grupos indígenas, que residen entre la pampa y las montañas. Los wayúus, la población indígena más numerosa del país, constituyen más del 43,7% de la población general; ocupan principalmente el sur de la región, mientras que la gran mayoría habita en el norte, incluyendo el estado de Zulia en Venezuela. En el extremo sur, en toda la falda de la Sierra Nevada de Santa Marta, están las comunidades kogui (3%), wiwa y arzaria (menos del 1%) (Alta Consejería para la Reintegración, 2008). El departamento exhibe una variedad de fauna y ecosistemas desplegada en tres subregiones claramente diferenciadas: Alta, Media y Baja Guajira. La Alta y Media Guajira se caracterizan por un clima muy seco, salinidad, alta susceptibilidad a la erosión (actualmente muy severa) y horizontes endurecidos (Álvarez Gallardo, 2011). En la Alta Guajira se localizan “unas pequeñas serranías, cuyas alturas no pasan los 650 metros sobre el nivel del mar y que llevan los nombres de Cosinas, Jarara y Macuira” (Vicepresidencia de la República, 2003-2007a), la serranía de Simarua y el cerro de la Teta, entre otros. Allí también se ubica el Parque de la Macuira, en medio de un suelo desértico, árido y seco, debido a la humedad de las nubes empujadas por vientos alisios del noroeste. Los arroyuelos y la vegetación silvestre de la serranía de la Macuira sirven de hábitat a una variada fauna. En esta zona se localizan los corregimientos Media Luna, Masiruma, Nazareth y Siapana, pertenecientes a la jurisdicción del municipio de Uribia, capital indígena de Colombia. Al extremo de la península se observan siete puertos naturales: Puerto López, Puerto Inglés, Puerto Chimare, Puerto Estrella, y los tres más importantes de esta región: Portete, Puerto Nuevo y Puerto Bolívar.

Ficha regional departamento de La Guajira 123

Otro

Portete y Puerto Nuevo han sido puntos de entrada de mercancías traídas desde Panamá y otros países, que son comercializadas en la ciudad de Maicao. Puerto Bolívar fue inaugurado por El Cerrejón en noviembre de 1984, “como el más importante puerto carbonífero de América Latina (Revista Mundo Cerrejón, 2009). Los habitantes de algunos de estos puertos viven dinámicas de desplazamiento y continuas violaciones de sus derechos humanos, pues la Guajira es una ruta estratégica para la entrada y salida de productos ilícitos, comercializados por grupos al margen de la ley. En los resguardos wayúus del Cabo de la Vela y Puerto Bolívar se desarrolla el proyecto de plantas eólicas Jepirachi, ejecutado por las Empresas Públicas de Medellín con el apoyo de los ministerios de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y de Minas y Energía, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Colciencias y el Banco Mundial. Este “megaproyecto permitirá a Colombia vender alrededor de 800 mil toneladas de emisiones de carbono al mundo, por 3,2 millones de dólares”. […] Brindará una solución energética renovable que se llevará a otras regiones a través del sistema interconectado” (Censat, Agua Viva, 2005). Paradójicamente, la Alta Guajira carece del servicio de luz eléctrica. En la Alta y Media Guajira existen las reservas de gas natural más grandes de Colombia, que son distribuidas por el interior del territorio nacional y llevadas al vecino país de Venezuela desde “los pozos de (Chuchupa y Ballenas). También existe la explotación de la sal marina (Manaure)” (Vicepresidencia de la República, 2003-2007a). La mayoría de las reservas de gas del país están en La Guajira y en la cordillera nororiental (González Posso, 2011). Los principales municipios del departamento son Manaure, Uribia, Maicao, Albania y la ciudad de Riohacha. La Baja Guajira se caracteriza por una vegetación de selvas húmedas y secas, bordeadas por la cordillera oriental y la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se asientan los municipios de Dibulla, Hatonuevo, Barrancas, Distracción, Fonseca, San Juan del Cesar, Molino, Villanueva, Urumita y la Jagua del Pilar. Los ríos Palomino, Badillo, Cesar y Ranchería irrigan la zona. En La Guajira, la concentración de la tierra y su tenencia están relacionadas con su riqueza. Esto se explica porque gran parte de los suelos de la región Caribe, específicamente del departamento, “tienen predominancia de arcillas (esmectitas, vermiculita y micas) en el 70-75% de los suelos” (Malagón Castro, 2003, p. 16). De acuerdo con estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), los suelos de la región Caribe tienen importantes procesos de “salinización, sodización y calcificación que abarcan cerca del 28% (IGAC, 1997; Cortés, 1982), […] que se concentran en la Alta y Media Guajira” (p. 17), mientras que parte de la Media y toda la Baja Guajira geológicamente incluye “el bloque tectónico de la Sierra Nevada de Santa Marta (predominio de rocas plutónicas intermedias del Triásico, Jurásico y sedimentarias)” (p. 14). […] las rocas sedimentarias son de gran interés, teniendo en cuenta que asociados a ellas se encuentran recursos minerales no renovables de gran importancia para la economía del país: calizas, hierro, sal, yeso, minerales y rocas industriales tales como piedras de enchape, arcillas para ladrillos, industrias químicas y artesanías, gravas y agregados pétreos. También se encuentran depósitos energéticos, principalmente petróleo, gas y carbón. (INGEOMINAS, 2001, p. 52)

124 Documentos Codhes Nº 23

Estas tierras tienen suelos productivos, aptos para la ganadería y la cosecha, con la mayor concentración hídrica del departamento, y allí opera la mina a cielo abierto más grande del mundo (El Cerrejón). La capacidad de producción de carbón para 2007 se estimó en 31,1 millones de toneladas métricas. Para el periodo 2000-2006, la extracción de carbón pasó de 17,2 a 28,4 millones de toneladas/año. Las reservas de la mina se estiman en 3.670 millones de toneladas explotables para los siguientes 100 años (Alta Consejería para la Reintegración - Presidencia de la República, 2008, p. 3). El Cerrejón, desde comienzos del proceso de explotación en 1983 hasta la actualidad, ha expropiado y desplazado a varias comunidades y resguardos indígenas. Ejemplo de ello es el desalojo violento de la comunidad de Tabaco, corregimiento del municipio de Hatonuevo, el 9 de agosto de 2001 (Red colombiana frente a la gran minería transnacional, La Guajira, 2011). La mayoría de sus más de 700 habitantes aún están en espera de su reubicación (Conflicto y sociedades rurales, 2001). Estos acontecimientos han permitido a El Cerrejón obtener una extensión de 69.000 hectáreas de suelos fértiles. A pesar de las medidas de prevención y renovación de faunas en las tierras explotadas, no ha habido una disminución de la contaminación del ambiente (ruido, polvo, accidentes en la línea férrea, etc.), soportada a diario por los campesinos, en su gran mayoría wayúus, que viven en la falda de El Cerrejón. La Guajira se convirtió en departamento mediante el Acto Legislativo No. 1 del 28 de diciembre de 1964, que entró en vigencia a partir del 1 de julio de 1965. En 1975, el Estado colombiano se interesó por este territorio cuando se descubrió el yacimiento de 32.000 hectáreas que componen El Cerrejón zona norte, e inició el periodo de negociaciones y licitaciones para su explotación. En tal sentido, Carbocol e Intercol, filiales de Exxon, firmaron con el Gobierno colombiano un contrato de explotación por 33 años (1977-2009), que fue renovado por 25 años más (2009-2034). Entre 2000 y 2001, Carbocol vendió su participación en El Cerrejón zona norte al consorcio integrado por subsidiarias de Billiton Company, Anglo American y Glencore. En 2002, este consorcio extendió su participación comprando a Intercor el 50% restante. En 2006, Glencore vendió su participación a la empresa europea Xstrata plc, actual propietaria de El Cerrejón junto con BHP Billiton y Anglo American (Revista Mundo Cerrejón, 2009, p. 12). El Estado hace presencia con el Ejército Nacional a través de la Unidad de Caballería, adscrita al Grupo Blindado Gustavo Matamoros D´Costa, con jurisdicciones en Uribia, Maicao y Albania; el Grupo Mecanizado No. 2 Coronel Juan José Rondón, en Buenavista; el Batallón de Infantería Mecanizado No. 6 de Cartagena, con sede en Riohacha; la Décima Brigada Blindada, en Cesar y La Guajira; el Grupo Gaula de La Guajira, con sede en Riohacha; el Batallón de Artillería de Campaña No. 10 Santa Bárbara, en Buenavista (Ejército Nacional de Colombia, s.f.). Así mismo, en la Región 8 de la Policía Nacional, comandada por el general Brigadier Oscar Gamboa, operan 18 instituciones de Policía en los municipios del sur de La Guajira, y 13 en los municipios del norte (Alta Consejería para la Reintegración - Presidencia de la República, 2008). Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) actúan con los frentes 41 - Cacique Upar, 19 y 59 - “Resistencia Wayúu”; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) interviene con los frentes Luciano Ariza y Gustavo Palmesano, en los municipios de DiFicha regional departamento de La Guajira 125

bulla, Riohacha y San Juan del Cesar (Vicepresidencia de la República, 2003-2007b)). Al finalizar la década de los noventa, con la reestructuración de varios grupos de justicia privada, especialmente los denominados “Mamey”, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) –lideradas inicialmente por Salvatore Mancuso y posteriormente por “Jorge 40”– entraron a disputar el poder de la guerrilla en estas zonas y lograron una notable influencia en el área. Desde el año 2002, la implementación de la Política de Seguridad Democrática impulsada por el Estado colombiano, con el objetivo de recuperar los territorios controlados por grupos al margen de la ley, estuvo acompañada de violaciones masivas de derechos humanos que recayeron sobre los indígenas que habitan la zona (aruakos, kankuamos y wiwas), quienes en medio del conflicto se vieron directamente afectados. A pesar de que el Gobierno nacional quiso mostrar avances de la Política de Seguridad Democrática en la región, la organización Wiwa Yagumaiun Bukuanarúa informó que durante los años 2005-2006, antes de la desmovilización del Frente Norte de las AUC, la tasa de homicidios de líderes e indígenas de esta comunidad iba en aumento. En 2007 fue asesinado por desconocidos un indígena wiwa en el municipio de San Juan del Cesar. Hay que destacar que esta comunidad, que tiene menor población frente a la comunidad wayúu de La Guajira, ha tenido que enfrentar una gran crisis humanitaria a causa de las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. A mediados de 2002, la guerrilla inició una contraofensiva para desalojar a las AUC de Riohacha y San Juan del Cesar, expresada en el incremento en la intensidad de la confrontación y la tasa de homicidios en estos municipios. En aquel momento, las autodefensas contuvieron el accionar de la guerrilla, pero, en ese contexto, crecieron las amenazas contra la población civil, y la relativa estabilidad en el dominio de las AUC se debilitó. A partir de 2004, la intensidad de la confrontación se mantuvo en Riohacha, San Juan del Cesar y Dibulla, y se extendió a los municipios de Maicao, Fonseca, Villanueva y Urumita, donde se registraron altas tasas de homicidio. Cabe mencionar que en Maicao se dio la disputa entre autodefensas y un grupo de resistencia armada (Vicepresidencia de la República, 2003-2007b, p. 4). En la zona también actúan las “Águilas Negras” –grupo que nació después de la desmovilización de las AUC–, lo cual se evidenció en la captura de algunos de ellos, que se dedican a la extorsión y al sicariato, y quienes se han adueñado de negocios en Maicao (Vicepresidencia de la República, 2003-2007b, p. 5). Además de retomar el dominio de los puertos de la península de La Guajira, las “Águilas Negras” controlan actualmente el tráfico de gasolina, mediante el cobro de vacunas a comerciantes de diferentes municipios, quienes prefieren guardar silencio por temor al incremento extorsivo y a las amenazas en su contra. Entidades estatales (hospitales y escuelas) y transportadores de pasajeros a zonas de difícil acceso también son víctimas de estos delitos. La desaparición forzada por parte de las organizaciones al margen de la ley y el desplazamiento han aumentado en la región, y algunos pobladores huyen al vecino país de Venezuela para evadir las exigencias extorsivas1. 1 Testimonio de una víctima wayúu de la Alta Guajira. Los nombres, hechos y lugar se reservan por seguridad. Entrevista, 25 de junio de 2011.

126 Documentos Codhes Nº 23

Tabla 3 Presencia de los nuevos grupos armados ilegales, posdesmovilizados 2008

2009

2010

Dibulla

Fonseca

Hatonuevo

Maicao

La Jagua del Pilar

Riohacha

Maicao

Uribia

Barrancas

Manaure Mingueo Riohacha Uribia

2008

2009

“Águilas Negras”, liderado por “alias Pablo”; “Banda de Riohacha y Maicao”, liderada por “Monoteto” y “Leo”; “Alta Guajira”, creada por los “Mellizos”; “Autodefensas Gaitanistas”, los “Nevados”

“Águilas Negras”, los “Rastrojos”, los “Urabeños”, los “Paisas”

2010

Los “Rastrojos”, los “Urabeños, los “Paisas”

Fuente: INDEPAZ (2010).

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), se puede apreciar la transformación de las autodefensas en nuevos grupos “posdesmovilizados”, que tienen presencia en los municipios de Dibulla, Fonseca, Maicao, Riohacha y Uribia. El conflicto armado y la crisis humanitaria, lejos de solucionarse, se han incrementado en el departamento, convirtiéndolo en un foco de enfrentamientos armados entre los mismos grupos armados ilegales, y entre estos y la Fuerza Pública. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los informes de riesgo han identificado a los nuevos grupos armados ilegales posdesmovilización de las AUC (“Rastrojos”, “Urabeños”, “Paisas” y “Águilas Negras”) como el principal factor de amenaza. Estos actúan en zonas rurales de la Alta y Media Guajira, en Dibulla, Albania, Riohacha, Maicao, Uribia y en 5 de los 15 municipios del departamento. Por otro lado, las FARC, con el Frente 59 - “Resistencia Wayúu” del Bloque Martín Caballero, y el ELN con el reducto de su antiguo Frente “Luciano Ariza” operan en Albania, Riohacha y Maicao, cerca a la frontera con Venezuela. Además, suelen transitar con regularidad por zonas estratégicas de los corregimientos de Montelara, Carraipía y La Majayura en el hinterland de la Serranía del Perijá, específicamente en los Montes de Oca. La ubicación geográfica del departamento ha facilitado la práctica del contrabando de mercancías de todo tipo, salida de estupefacientes y entrada de productos ilícitos, entre ellos armas ilegales, en el marco del conflicto armado. Un caso evidente fue en ingreso de las armas del M-19 en 1981 (Castro Caicedo, 1986, p. 145). Esto hace que La Guajira sea catalogada como lugar estratégico, debido a sus puertos naturales y a su ventaja fronteriza.

Situación de derechos humanos y crisis humanitaria De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (s.f.), están registradas 492 víctimas, de las cuales 86 son mujeres y 406 hombres. Ficha regional departamento de La Guajira 127

El incremento del conflicto armado interno en Colombia, la degradación de los actores armados, y la utilización permanente de medios y métodos prohibidos por la normativa humanitaria han causado graves violaciones de los derechos humanos, tanto individuales como colectivas, e infracciones al derecho internacional humanitario. Esta situación impacta a La Guajira. “Las masacres, los homicidios selectivos y de configuración múltiple, los ataques indiscriminados, la siembra de minas antipersona, las acciones de terror y los desplazamientos forzados son expresiones de la irracionalidad del conflicto que demandan la intervención urgente del Estado” (Defensoría del Pueblo, s.f.) y de las organizaciones de la sociedad civil. La Defensoría del Pueblo en La Guajira, con base en el Informe de Riesgo No. 002 del 27 de enero de 2009, en julio de 2011 solicitó a las autoridades tanto civiles como militares que se adoptaran medidas de prevención en Maicao para controlar el índice delincuencial y las consecuencias del conflicto armado interno que vienen acosando a este municipio. Esta misma entidad aseguró que los múltiples enfrentamientos entre grupos irregulares y la Fuerza Pública han desencadenado desplazamientos masivos desde las zonas rurales (El Informador, 2011). La acción institucional se ha agotado en las estrategias y operativos adelantados por la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado, debido a que las instituciones y las autoridades civiles no han desplegado mayores gestiones. Adicionalmente, se ha obstruido la acción de la Defensoría, al no reconocer la dinámica del conflicto en el departamento, ni los niveles de vulnerabilidad de la población civil. Así mismo, se ha comprobado la falta de acciones de prevención y protección de comunidades y líderes sociales por parte de las autoridades civiles, destacándose la escasa atención que han tenido las recomendaciones contenidas en el mencionado informe de riesgo. Los escenarios de riesgo en la región no solo se mantienen sino que se han complejizado debido a la incursión de nuevas estructuras armadas, tanto de la insurgencia como de grupos armados ilegales posdesmovilización de las antiguas AUC (Defensoría del Pueblo, 2009, pp. 1-35). Existe tensión interinstitucional frente al diagnóstico de DDHH porque la Policía Nacional desestima en ciertas ocasiones el nivel de las amenazas presentadas por la Defensoría del Pueblo. Esto se evidenció en Riohacha cuando el Defensor del Pueblo ratificó el informe de riesgo emitido por el SAT que daba cuenta de la situación de inseguridad que se vivía en la región. El Comandante de la Región 8 de la Policía Nacional desatendió dicho informe en el marco del Consejo de Seguridad Departamental, liderado por el gobernador Jorge Pérez Bernier. Cabe recordar que la masacre de Bahía Portete de 2004 tuvo lugar cuando se presentaba un pico en la violencia armada, periodo en el que se produjeron transformaciones importantes en el patrón de violencia dominante en esta región. Las cifras indican que las muertes por violencia fueron, hasta 2001, resultado de las confrontaciones asociadas a la operación del contrabando y el narcotráfico, incluyendo los ajustes de cuentas entre jefes y familias, así como a los crímenes atribuidos a la delincuencia organizada. En ese año, la tendencia se invirtió, ya que el número de civiles muertos era generado por acciones suscitadas por el conflicto armado (Grupo de Memoria Histórica, 2004).

128 Documentos Codhes Nº 23

La presión armada ejercida por los grupos ilegales obligó a los comerciantes a contratar ejércitos privados de defensa. Posteriormente, se convirtieron en actores que extorsionaban empresas privadas e incluso estatales. Un ejemplo son los dineros destinados a la salud y las víctimas que pretendieron denunciar estas irregularidades a tiempo. En la zona, la mayoría de violaciones de derechos humanos se relacionan con asesinatos selectivos (líderes sociales), que progresivamente fueron afectando al conjunto de la población civil. La Nota de Seguimiento del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, No. 017 de 28 de julio de 2010 señala: Las conductas vulneratorias de los derechos fundamentales que se vienen presentando en Maicao, afectan los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y seguridad personal, las cuales se materializan en amenazas de muertes, homicidios, secuestros, desplazamientos forzados, extorsiones que ponen en riesgo la vida de las víctimas de las mismas. (Defensoría del Pueblo, 2010)

Según la Vicepresidencia de la República, el control sobre los puertos de la Alta Guajira permitió a las autodefensas obstaculizar el aprovisionamiento de insumos y pertrechos a las FARC y al ELN. Mientras tanto, para proteger su actividad ilícita, contrabandistas y narcotraficantes se asociaron con el excomandante de las autodefensas, alias “Jorge 40”, quien ingresó a la zona con el Bloque Norte de las AUC a comienzos de 2000 (Vicepresidencia de la República, 2003-2007b, p. 3). Tras su desmovilización, quedaron al mando de Arnulfo Sánchez González, alias “Pablo” (El Espectador, 2010), y luego de su captura, la estructura quedó a cargo de alias “La Pantera” y de alias “Cobra”, quienes coordinaban la actividad paramilitar en la zona y los negocios de drogas ilícitas de la banda de la “Alta Guajira”. Sin embargo, estos dos paramilitares fueron capturados en agosto de 2011 y en este momento están siendo relevados. A partir de 2004, la intensidad de la confrontación se mantuvo en Riohacha, San Juan del Cesar y Dibulla, y se extendió a los municipios de Maicao, Fonseca, Villanueva y Uramita, en donde se registraron altas tasas de homicidio. Cabe mencionar que la disputa entre autodefensas y un grupo de resistencia armada se produjo en Maicao principalmente por el control del contrabando en la región, el ingreso de precursores químicos para el procesamiento de alcaloides, la salida de pasta de coca y cocaína, y la entrada de armas y gasolina. Por otra parte, la desmovilización de 1.166 hombres y mujeres del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia en la vereda Quebrada El Sol (corregimiento de Guachaca, municipio de Santa Marta), el 3 febrero de 2006, así como la concentración y posterior desmovilización del Bloque Norte de las AUC, que se llevó a cabo en los municipios del Copey y Valledupar (Cesar) en marzo de 2006, se tradujeron en una reducción en la tasa de homicidios de ese mismo año (Vicepresidencia de la República, 2003-2007, p. 4). Sin embargo, como se mencionó, la renuncia a la desmovilización por parte de las Autodefensas Campesinas del Magdalena supuso la permanencia de las prácticas violentas por parte de las diferentes organizaciones armadas ilegales. De ahí que los asesinatos selectivos, las torturas y las desapariciones persistieran, y en ciertos periodos se incrementaran. También continuaron las extorsiones, las presiones armadas Ficha regional departamento de La Guajira 129

y las violaciones de los derechos humanos de los pobladores de la región, motivando el desplazamiento forzado y acrecentando las condiciones de miseria.

Municipio de Maicao La Guajira heredó el sistema matrilineal de los wayúus, que implica el liderazgo de las mujeres en todo el territorio. Por esta razón, reconocidas lideresas han tenido que abandonar sus hogares. Es el caso de Carmen Ramírez, que después de la masacre de Bahía Portete en 2004 empezó a luchar contra las violaciones de DH, situación que la llevó al exilio debido a los constantes atentados contra su vida. Por otra parte, los panfletos distribuidos durante 2009 y 2010 han intimidado a diversas organizaciones sociales, gremios comerciales como Ayatawacoop (importadores de gasolina venezolana), y a organizaciones como Sutsuin jieyu Wayúu (Fuerza de Mujeres Wayúu), que por su activismo han soportado más de cuatro amenazas por parte de los grupos posdesmovilizados. Violencias asociadas Situación de derechos humanos y violencias asociadas Homicidios Las amenazas contra figuras femeninas en los municipios de Manaure, Maicao, Riohacha, Albania, San Juan del Cesar y el corregimiento de Palomino, entre diciembre de 2010 y enero de 2011, dejaron un saldo de nueve víctimas atacadas por sicarios (Diario del Norte, 2011). Sin embargo, las investigaciones no esclarecen los acontecimientos. Según informe de la Policía, la violencia se ha incrementado. En marzo de 2011 se registraron 26 muertes violentas, cerca de $30 millones fueron robados en la modalidad de asaltos, mientras que la reacción de las autoridades permitió la captura de 20 personas, Gráfico 3 Homicidios Guajira, tasa por 100.000 habitantes 90 80

85,63 80,21

70 60 50

46,22

43,32

40 30

29,08

29,73

29,06

2007

2008

2009

26,68

20 10 0

2003

2004

2005

2006

2010

Fuente: Policía Nacional y Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. Las tasas de homicidio de 2003 y 2004 se calcularon con la población proyectada por el DANE en el censo de 1993, y las de 2005 a 2009 con base en la población proyectada por el censo de 2005 (Vicepresidencia de la República, 2009, p. 2). La tasa de 2010 del ranking: 50 jurisdicciones subnacionales más violentas del mundo en 2010 [tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes] ubica a La Guajira en el puesto 48 (Seguridad, Justica y Paz y Movimiento Blanco, 2010).

130 Documentos Codhes Nº 23

Gráfico 4 presuntamente vinculadas a diferentes delitos y bandas Homicidios de indígenas, 2000-2009 criminales (Diario del Norte, 2011b). 150 A comienzo de enero de 2011, el Diario del Norte 119 100 (2011c) realizó un monitoreo del departamento, el 33 33 50 23 cual arrojó un total de 15 muertes a causa de disparos 17 13 0 de bala. Para el 9 de abril, el mismo diario alertó sobre Riohacha Maicao Uribia el aumento del índice de muertes, que alcanzó las 262. Sutsuin Jiyeyu Observatorio También informó sobre el incremento de actos violenWayúu. del Programa Presidencial de DH tos en sitios fronterizos, siendo Maicao el municipio y DIH. más afectado, con un promedio de un muerto por día (Diario del Norte, 2011d). La población más vulnerable son los comerciantes guajiros y de la comunidad árabe que allí habitan. A comienzos de abril de 2011 fueron asesinados dos miembros de este sector económico por sujetos fuertemente armados y movilizados en motos. En el periodo 2000-2009, 111 indígenas fueron asesinados. Los municipios más afectados fueron Riohacha con 33 víctimas, Maicao con 23, San Juan del Cesar con 17, Barrancas con 13 y Uribia con 13 (Vicepresidencia de la República, 2010, pp. 24 y 27). Por otra parte, una investigación de la alianza de Sutsuin Jiyeyu Wayúu, Fuerza de Mujeres Wayúu concluyó que los responsables de estos hechos son organizaciones presuntamente paramilitares. El itinerario se centra en los municipios de Maicao, donde entre el 2 de septiembre de 1995 y el 6 septiembre de 1999 hubo 12 víctimas, y entre el 13 de mayo de 2000 y el 12 de diciembre de 2009, 118. En los nueve municipios con bajo seguimiento por parte de esta organización (Uribia, Manaure, Riohacha, Fonseca, Hatonuevo, Dibulla, Albania, San Juan del Cesar y Barrancas) hubo 91 víctimas durante el periodo comprendido entre el 21 de septiembre de 2000 y el 21 de septiembre de 2009 (Sutsuin Jiyeyu Wayúu, s.f.). El gráfico 4 muestra un comparativo en cuanto a homicidios de indígenas en los municipios de Riohacha, Maicao y Uribia durante este periodo, sobre la base de las cifras de la alianza Sutsuin Jiyeyu Wayúu, Fuerza de Mujeres Wayúu, que solo presenta datos de homicidios wayúus, en contraste con las cifras oficiales del informe departamental sobre homicidios de indígenas del Programa Presidencial sobre DDHH y DIH. Las FARC y el ELN han utilizado como corredor la zona que va desde Dibulla hasta el sur de La Guajira, incluidos algunos corregimientos al norte de Valledupar, entre ellos Patillal, en el caso de las FARC. El ELN utiliza la misma estrategia en la vereda del Pénjamo, por la carretera de oriente, entre las poblaciones de Pelechua y las Flores hasta Caracolí, pasando por las veredas de Saramagua, Guamaca, La Laguna, todas pertenecientes a la jurisdicción de Dibulla; Casa Aluminio en Dibulla, vía de acceso a Caracolí en San Juan del Cesar y El Limón, jurisdicción de Riohacha, y Caracolí en San Juan del Cesar, lo cual ha impactado el incremento de la crisis humanitaria de estas poblaciones (Defensoría del Pueblo y Conferencia Episcopal, 2003, p. 5). La Nota de Seguimiento del SAT No. 017 de 28 de julio de 2010 señala el riesgo que representan los grupos al margen de la ley durante el periodo electoral, expresado en 2 Diario del Norte. “Seguridad en Maicao: un problema de cuidado, 34 muertes violentas durante el 2011”, 9 de abril de 2011d. Disponible en: <http://www.diariolanoticia.com/>.

Ficha regional departamento de La Guajira 131

presiones constantes a los sufragantes. En acciones recurrentes, tanto las FARC como el ELN han sido responsables de las voladuras de los gasoductos y puentes de la vía férrea de El Cerrejón, al igual que de extorsiones a comerciantes, presiones armadas y quemas de fincas de ganaderos de la zona (Caracol Radio, 2011). Estas presiones recaen sobre la población indígena y los líderes tradicionales (Defensoría del Pueblo y Conferencia Episcopal, 2003, p. 6). Se debe anotar que en esta última etapa de la confrontación, la disputa territorial en la Alta Guajira entre los “Rastrojos”, los “Paisas” y los “Urabeños” motiva la mayoría de los asesinatos selectivos cometidos en la zona. Otro tanto sucede con las disputas entre las “Águilas Negras” y la banda de la Alta Guajira por controlar las rutas de la droga y su comercialización. Todas las organizaciones ilegales reclutan personas en la región, aunque a veces lo hacen en otras zonas para luego movilizarlas a delinquir en La Guajira. Dadas las condiciones de pobreza en las que vive la mayoría de la población, las personas se ven a veces forzadas o seducidas por la retribución que obtienen por las actividades que realizan al margen de la ley, tales como asaltos, extorsiones, atentados, asesinatos y masacres, entre otras conductas, todas violatorias de los derechos humanos.

Crisis humanitaria De acuerdo con cifras de CODHES – SISDHES (2011), desde el año 1999 al primer semestre de 2011, La Guajira reporta un total de 52.680 personas desplazadas por municipio de llegada, con una tasa de desplazamiento de 614,20 por 100.000 habitantes. El punto más alto se alcanzó en 2004, con 10.106 personas. Durante el primer semestre del año 2011, el total de desplazados alcanzó 965 personas y los municipios más afectados por tasa de desplazamiento (por 100.000 habitantes) fueron Maicao (925,33), Dibulla (596,87), Urumita (166,51), El Molino (130,40) y Distracción (112,27). Por otra parte, Acción Social reconoció para el departamento de La Guajira en el período 1999-2011(1), a 73.819 personas desplazadas por recepción, y a 66.179 por expulsión, con tasas por 100.000 habitantes en promedio equivalentes a 871,28 y 772,60, respectivamente. Igualmente reportó que para el período de enero a junio de 2011, los

Gráfico 6 La Guajira – Número de personas desplazadas por departamento de llegada 1999-2011(1) 12.000

60.000

10.000

50.000

8.000

40.000

6.000

30.000

4.000

20.000

2.000

10.000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

CODHES- SISDHES

2006

2007

2008

2009

2010

2011-1

Desplazamiento acumulado Eje derecho Fuente: CODHES – SISDHES (2011).

desplazamientos ascendieron a 239 para recepción (los municipios más afectados por tasa por 100.000 habitantes fueron Dibulla: 445,36, Urumita: 124,24, El Molino: 97,30, Distracción: 83,77 y Riohacha: 81,86), y para expulsión (los cinco municipios con mayor tasa por 100.000 habitantes fueron Dibulla: 339,32, Hatonuevo: 75,01, Barrancas: 50,90, Maicao: 48,19 y Riohacha: 45,88). En el Informe de Riesgo No. 052/04 (Vicepresidencia de la República, 2003-2007b, p. 5), el SAT confirmó las acciones del Bloque Norte de las AUC sobre los puertos de embarque y descargue de mercancías para garantizar el paso de contrabando, el ingreso de precursores para procesamiento de drogas, la salida de narcóticos, así como la entrada de armas y de combustibles. En 2004, en la Alta Guajira hubo 12 asesinados, 30 desaparecidos y 580 personas desplazadas (ONIC, 2004). En mayo de 2008, la Defensoría del Pueblo registró un total de 888 personas en situación de desplazamiento entre Maicao, Maracaibo y Uribia; para la misma fecha, la Cruz Roja y ACNUR en Venezuela tenían inscritas en Maracaibo a 306 personas con necesidad de protección (Grupo de Memoria Histórica, 2004, p. 70).

Gráfico 7 La Guajira - Desplazamiento por recepción, 1999-2011(1)

Gráfico 5 Desplazamiento forzado en La Guajira, 1999-junio 2011 14000

14.000

80.000

12000

12.000

70.000

10000

10.000

8000

8.000

6000

6.000

4000

4.000

2000

2.000

1999

2000

CODHES-SISDHES

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Acción Social SIPOD recepción Fuente: CODHES – SISDHES / SIPOD – Acción Social (2011).

132 Documentos Codhes Nº 23

2009

2010

2011-1

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1999

2000

2001

2002

Acción Social - Recepción

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011-1

Desplazamiento acumulado Eje derecho

Fuente: CODHES- SISDHES (2011) con datos de Acción Social.

Ficha regional departamento de La Guajira 133

Gráfico 8 La Guajira - Desplazamiento por expulsión, 1999-2011(1) 70.000

12000

60.000

10000

50.000

8000

40.000 6000

30.000

4000

20.000

2000

Acción Social - Expulsión

2011-1

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

10.000 0

Desplazamiento acumulado (eje derecho)

Fuente: CODHES- SISDHES.

Por otra parte, en el Informe de Riesgo 017 de julio de 2009 (Defensoría del Pueblo, 2009), el SAT alertó sobre la situación que padecían las comunidades wayúus y afrodescendientes de los municipios de Dibulla y Riohacha debido a la presencia de los grupos ilegales “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC) y los “Paisas”, que se disputaban el control de la carretera troncal del Caribe en el trayecto comprendido entre Riohacha y Dibulla. Este hecho vulneraba los derechos de los afrodescendientes e indígenas ubicados en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. La creciente penetración de las AGC se unió a la pretensión del Frente 59 de las FARC de ampliar su presencia en la región. Las comunidades más vulnerables eran Barbacoas, Galán, Tomarrazón, Los Moreneros, Juan y Medio, Las Casitas, La Balsa, La Palma, entre otras, habitadas por indígenas y organizaciones afrodescendientes, como la Fundación Afroguajira. Al mismo tiempo, el conflicto aumentaba en el corredor minero y agropecuario de Riohacha, donde se localizan los asentamientos rurales de Tigreras, Choles, Anaime, Los Comejenes, Matitas, que se encuentran en riesgo por el proyecto expansivo de las AGC y las acciones del Frente 59 de las FARC que intentan impedir la penetración de estructuras armadas ilegales posdesmovilización y de la Fuerza Pública. Igualmente, el informe manifiesta el riesgo en que están las comunas 1, 5, 6 7 y 10 en Riohacha debido a la presencia simultánea de las estructuras armadas ilegales posdesmovilizados de las AUC, las AGC, los “Rastrojos” y los “Paisas”. Sin embargo, con anterioridad a la fecha de emisión del Informe (2009), ya corrían las amenazas contra dignatarios de las juntas de acción comunal y la población vulnerable estigmatizada en panfletos de “limpieza social”, que se difundían en los sectores mencionados. El Informe también expone el alto riesgo al que son sometidos el pueblo wayúu, la comunidad árabe musulmana y los dignatarios de las juntas de acción comunal, entre otros sectores de la sociedad civil de esta zona. El Informe de Riesgo 007 de junio de 2010, emitido por el SAT, señaló el peligro al que está expuesta la Alta Guajira, debido a la disputa entre la estructura armada ilegal sucesora de las AUC comandadas por alias «Pablo» y las llamadas “Águilas Negras”, la cual 134 Documentos Codhes Nº 23

pone en riesgo a varios sectores y organizaciones wayúus (Noticias 5 en punto, 2010). El informe alertó sobre nuevos desplazamientos de esta comunidad, que tuvo que huir de la acción de los grupos que actúan al margen de la ley, y sugirió que las instituciones públicas brindaran medidas urgentes y especiales de protección. El contenido de riesgo y la necesidad de emitir alerta temprana como lo recomendó la Defensoría fue desestimado por el comandante de Policía del departamento, quien manifestó que el informe había sido estudiado por los miembros del Comité Interinstitucional de Alerta Temprana, que en videoconferencia con el Ministerio del Interior y de Justicia determinó que el informe no se correspondía en su totalidad con la realidad. Adicionalmente, argumentó que se requería la denuncia ciudadana para determinar exactamente en qué zonas operaban esos grupos delictivos, y así neutralizarlos de forma definitiva (La Guajira, 2010). A unas horas de la noticia del asesinato del dirigente Luis Alfredo Socarrás Pimienta, el SAT de la Defensoría del Pueblo emitió una nueva Nota de Seguimiento (N.S. No. 017 de 28 de julio de 2010), que señala textualmente: “Las conductas vulneratorias de los derechos fundamentales que se vienen presentando en Maicao, afectan los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y seguridad personal, la cuales se materializan en amenazas de muerte, homicidios, secuestros, desplazamiento forzados, extorsiones que ponen en riesgo la vida de las víctimas de las mismas”.

Confinamiento En el norte, en las zonas rurales de Carraipia, Majayura, Limoncito, en las comunidades de Washington, Parrantial, Orroko, jurisdicción de Maicao, en los corregimientos de Nazareth, Siapana, y en las comunidades indígenas de Masiruma, Jarara, Pusheo, Marquetalia, Poropo y Jojoncito, jurisdicción del municipio de Uribia, así como en todas las carreteras y trochas que conducen a la Alta Guajira, el tránsito es restringido e intransitable en horas de la noche debido a que los grupos posdesmovilizados presentes en este sector del departamento han impuesto toque de queda y ley seca mediante retenes (cobro de vacuna a carros de pasajeros), restricción al paso de personas desconocidas y a aquellas que estén circulando a pie o en motocicletas. El acto cobarde de degollar, descuartizar, torturar cuerpos, profanar tumbas sagradas para un wayúu, extorsionar por amenazas de intimidaciones –para proteger interés de lucro–, no es parte de nuestra costumbre, porque para arreglar los problemas, en los wayúu, se hace en vía de una reparación integral –donde ambas familias quedan felices y satisfechas–, por la práctica del Pütchipu –Palabrero, mediador de conflictos, vocero de paz– que ha traído a nuestro pueblo en una fraterna y pacífica paz durante generaciones; puesto que si no hay una paz integral, no es posible reparar ningún daño, estoy seguro que si supiéramos quienes son nuestros aliados y enemigos, si no actuaran como simples camaleones de monte, que de día se visten como el ejército, y de noche llegan como delincuentes de civiles a matar y a profanar nuestras tumbas para intimidarnos, estoy seguro que si supiéramos quienes son, hoy mismo arreglaríamos el problema3.

Testimonio de un Pütchipu wayúu, de la Alta Guajira, entrevistado en mayo de 2011.

Ficha regional departamento de La Guajira 135

En diciembre de 2010, el SAT emitió un informe de riesgo que declaró como desplazados a los campesinos de la Serranía de Perijá, debido a los combates entre el Ejército y los grupos de insurgencia (Diario del Norte, 2010). Así mismo, en julio de 2011, el Defensor advirtió sobre el sinnúmero de actividades ilícitas y la ola de secuestros de comerciantes en el municipio de Maicao, y sugirió que se redoblara la seguridad. Finalmente, advirtió que las zonas rurales eran las más afectadas, dados los desplazamientos masivos por múltiples enfrentamientos entre grupos irregulares y la Fuerza Pública. “Esta dependencia ha estado pendiente a que se adopten las ayudas humanitarias pertinentes a los sectores en donde se han presentado los desarraigos” (El Informador, 2011).

Municipios del sur

Municipios del norte

Hatonuevo

14.796

20.458

San Juan del Cesar

29.532

Barrancas

Dibulla

Población total Proyección NBI (2005) población (2010) cabecera (%)

NBI resto (%)

NBI total (%)

32,38

97,99

58,69

35.189

24,58

73,66

44,79

26.462

30.610

28,75

79,23

54,15

22.000

27.146

39,36

71,00

66,52

Riohacha

169.311

213.046

40,60

85,45

49,10

51,53

95,89

68,36

Maicao

103.124

141.917

Uribia

116.674

144.990

43,26

98,42

96,05

19.429

23.897

28,00

86,21

60,95

Fuente: DANE (2005), Boletín Censo General 2005, Perfil de cada municipio.

Mar Caribe

Mapa 2. Municipios del sur de La Guajira Fuente: SISDHES-CODHES (2011).

Hatonuevo

Magdalena

Barrancas San Juan del Cesar

Cesar

136 Documentos Codhes Nº 23

Venezuela

Tres personas muertas

en masacre por grupo no identificado.

San Juan del Cesar

Tabla 4 Municipios del sur y norte de La Guajira

Riohacha £

dejan como saldo dos personas civiles heridas y dos muertas.

Dibulla

Región del sur y norte de La Guajira

Albania

Acciones de los “Urabeños”

Mapa 3. Zona CCAI de La Guajira Fuente: SISDHES-CODHES

La espiral de violencia y de violaciones y vulneraciones de los derechos humanos en los municipios del sur se debe a su cercanía a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y a la Serranía del Perijá, utilizadas como corredores del tráfico de estupefacientes, que terminan en el sector fronterizo del norte de La Guajira y los puertos naturales de la zona alta. Esto ha permitido la permanente presencia de los grupos armados ilegales, que, junto con la Fuerza Pública, han protagonizado constantes luchas territoriales, violencia sociopolítica y un conflicto armado interno que ha ocasionado una grave crisis humanitaria difícil de resolver (Diario del Norte, 2010). En La Guajira no se ha llevado a cabo ningún acuerdo de paz o de desmovilización, como en los departamentos del Cesar, Magdalena y Córdoba en 2006, mediante la Ley 975 de 2005.

Comunidades en riesgo - Restricción a la libre movilización A mediados de diciembre de 2010, la Defensoría del Pueblo declaró a los campesinos del Perijá como población desplazada, debido a los enfrentamientos armados registrados entre el Ejército Nacional y las FARC en las zonas rurales del Sierrón, Las Pavas, Surimena, Montelagua y Monte Fresco, y en la zona cafetera, en jurisdicción del municipio de Barrancas. En consecuencia, más de 200 campesinos viven en casas de familiares y amigos, quienes les brindan albergue y alimentación (Diario del Norte, 2010). Los grupos armados que operan con mayor frecuencia en la zona del sur del departamento son el Bloque 59 y ELN, poniendo en riesgo a la población civil que queda en medio de las confrontaciones entre el Ejército y los grupos ilegales. Por otra parte, en el norte, específicamente en Dibulla, se han erradicado grandes hectáreas de cultivo de hoja de coca y se han allanado laboratorios de pasta de coca. Adicionalmente, los municipios de Riohacha y Maicao se han convertido en zonas estratégicas para acceder a la frontera y al territorio de la Alta y Media Guajira, en jurisdicción de Uribia. Ficha regional departamento de La Guajira 137

En comparación con el año 2010, cuando se incautaron 6 toneladas y 155 kilogramos de marihuana listos para exportar, durante 2011 se han decomisado 7 toneladas y 416 kilos, avaluados en 850 mil dólares (Hoy es Noticia, 2011). Además, fueron incautados a alias “Cobra” y alias “Pantera”, ocho fusiles, 12 granadas de fragmentación, siete morteros de 60 milímetros, 4.807 cartuchos, 162 proveedores para fusil y 3.200 kilogramos de marihuana (El Espectador, 2011). Estos hechos explican la importancia estratégica del departamento.

Política pública Las operaciones militares de la Fuerza Pública se han incrementado con el objetivo principal de recuperar el territorio que de cierta manera han controlado la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico. Las acciones de las FARC y del ELN en el departamento se han reducido de manera notable desde 2008, gracias a la presión ejercida por la I División del Ejército, la II y X Brigadas, los Batallones de Artillería que operan en la zona (No. 10 Santa Bárbara), las Tropas de Reacción Divisionaria y el Batallón Contraguerrillas No. 2 Guajiros. En respuesta, las FARC y el ELN se replegaron hacia las zonas montañosas altas de la Sierra Nevada de Santa Marta y hacia la frontera con Venezuela. Por el contrario, las acciones de las nuevas bacrim, derivadas de los grupos disidentes o rearmados de los paramilitares, se incrementaron en más de un 100% anual, con el año 2006 como uno de los más dramáticos, cuando sus acciones aumentaron en un 150% con relación al año anterior (Fundación Cultura Democrática, 2009, pp. 292-293). Entre las capturas más notables cabe destacar, en 2007, la de 15 integrantes de los frentes 59 y 19 de las FARC, que operan en la región, y de 8 personas sindicadas de integrar el Frente 6 de diciembre del ELN. En 2008, dos personas fueron detenidas, una sindicada de integrar el Frente 6 de Diciembre y otra de pertenecer al Frente Gustavo Palmesano Ojeda del ELN (p. 293). Igualmente se destaca la muerte del segundo comandante del Frente 19 de las FARC, en el año 2007, en combates donde también murieron 4 integrantes de esa organización y 3 del ELN. En 2008 se dieron de baja 2 guerrilleros del Frente 59 de las FARC y 5 del ELN. Entre las acciones de la Fuerza Pública en la zona sobresalen los golpes contra los grupos posdesmovilización, por ejemplo, la captura de alias “Pablo”, dirigente de la banda de la Alta Guajira en noviembre de 2010, y la de sus sucesores en agosto de 2011. Igualmente se destaca la Operación Poseidón I, en la que se incautaron 725 kilos de clorhidrato de cocaína, pertenecientes a los grupos posdesmovilizados los “Paisas” (p. 149). Mediante la Operación Sagitario, miembros de la Policía Nacional lograron capturar a 12 miembros de los “Rastrojos”, quienes estaban entre Riohacha y los corregimientos de Palomino y Mingueo (Dibulla). Estas personas estarían vinculadas a 32 homicidios en los últimos meses en La Guajira. Con estos 12 detenidos, asciende a 32 el número de capturados por pertenecer a estructuras criminales en lo que va corrido de 2011. Así mismo, en un despliegue operativo para contrarrestar la inseguridad en el departamento, la Policía de la región 8 se desplegó hasta Barranquilla, donde capturó a Robinson Miranda Rodríguez, alias el “Niño”. A lo anterior se suma el arresto de figuras importantes de esta banda, como Marlon Jair Jiménez y Luis Antonio Villareal Zabaleta, alias el “Cangrejo”(La Guajira, 2011). 138 Documentos Codhes Nº 23

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y Conferencia Episcopal (2003, p. 3), las políticas del Gobierno contra cultivos y tráfico de coca demuestran que en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde el 39% del territorio pertenece a La Guajira, el 35% al Magdalena y el 25% al Cesar, desde 2005 no se realizan actividades de aspersión. Sin embargo, en 2010 se reportó la erradicación manual de 238 hectáreas de cultivos de coca (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – Gobierno de Colombia, 2011, p. 40). Según esta misma fuente, en el departamento se incautaron cerca de 1.636 kilogramos entre base de coca y cocaína, y se detectó siembra y cultivo de hoja de coca en Dibulla (p. 85).

Ficha regional departamento de La Guajira 139

Referencias bibliográficas Alta Consejería para la Reintegración - Presidencia de la República. Diagnóstico Socioeconómico Departamento de La Guajira. Bogotá, D.C., febrero de 2008. Disponible en: <http://www.reintegracion.gov.co/Es/proceso_ddr/Documents/pdf_investigaciones/esp_la_guajira.pdf>. Álvarez Gallardo, María Fernanda. Disponibilidad de uso de la tierra en Colombia. Conflicto de uso de suelo. Bogotá, D.C., 2011. Caracol Radio. “Ganaderos advierten que las FARC están sembrando el terror en la frontera con Venezuela”. 15 de enero de 2011. Disponible en: <http://www.caracol.com. co/nota.aspx?id=1411524>. Castro Caicedo, Germán. El Karina. Bogotá: Plaza y Janés Editores, 1986. Censat, Agua Viva. Informe Expedición Energética a la Guajira. Riohacha, 20 al 24 de mayo de 2005. Disponible en: <www.odg.cat/documents/enprofunditat/Transnacionals_espanyoles/Informe_Guajira.pdf>. Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Mapa estadístico. Disponible en: <http://www.comisiondebusqueda.com/guajira.htnl>. Fecha de consulta: 2 de noviembre de 2011. Comisión Econónica para América Lativa y el Caribe (CEPAL). Objetivos de desarrollo del milenio en América Latina y el Caribe. Erradicar de la pobreza extrema y el hambre. Colombia, 2009. Disponible en: <http://www.eclac.org/colombia/noticias/documentosdetrabajo/1/39731/Objetivos_1_y_2.pdf>. Conflicto y sociedades rurales. 10 años de desalojo de la comunidad de Tabaco. 22 de julio de 2011. Disponible en: <http://conflictoysociedadesrurales.wordpress. com/2011/07/22/287/>. Contraloría General de la República. Elecciones 2011. Estrategia de vigilancia y control fiscal. Bogotá: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana - Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras. Defensoría del Pueblo y Conferencia Episcopal. Informe de la Comisión de Observación de la Crisis Humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta. Bogotá, 2003. Disponible en: <http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/humanas/2004945/docs_curso/ descargas/3ra%20sesion/Basica/Defensoria%20Informe%20Sierra%20Nevada. pdf>. Defensoría del Pueblo. Informe de Gestión del Sistema de Alertas Tempranas, SAT. 2009. Disponible en: <http://www.defensoria.org.co/red/?_item=110205&_ secc=11&ts=2&hs=1102>. Defensoría del Pueblo. Noticias de Derechos Humanos. “En Dibulla y Riohacha, comunidades wayúu y afrodescendientes son las de mayor riesgo”. 15 de julio de 2009. Disponible en: <http://www.defensoria.org.co/red/?_item=0301&_ secc=03&ts=2&n=712>. Defensoría del Pueblo. Nota de Seguimiento No. 017 del 28 de julio de 2010. Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas (SAT). S. f. Disponible en: <http://www.defensoria.org.co/red/?_item=1102&_secc=11&ts=2. Fecha de consulta: 2 de noviembre de 2011. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Sistema de Consulta Información Censal. Censo 2005. Disponible en: <http://190.25.231.242/cgibin/ RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN= WebServerMain.inl>.

140 Documentos Codhes Nº 23

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. “Proyecciones nacionales y departamentales de población 2005-2020”. Estudios Postcensales, 7: 129 y 130, 2009. Disponible en: <http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/ proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf>. Fecha de consulta: 2 de noviembre de 2011. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Censo general 2005. Perfil departamental La Guajira. Estadísticas poblacionales. 13 de septiembre de 2010. Disponible en: <http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_ CG2005/44000T7T000.PDF>. Departamento Nacional de Planeación, DNP. Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Documento regional, La Guajira. Bogotá: DNP, 2007. Disponible en: <http://www.google.com.co/search?rlz=1C1SKPH_enUS390CO407&sourceid=chro me&ie=UTF-8&q=Agenda+Interna+para+la+Productividad+y+la+Competitividad%2 CDocumento+regional%2C+La+Guajira%2CDepartamento+Nacional+de+Planeaci %C3%B3n+DNP%2CBogot%C3%A1%2C+junio+2007>. Departamento Nacional de Planeación, DNP. Informe al Congreso 2009-2010. Bogotá: DNP, julio de 2010. Disponible en: <http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?filetick et=GlWI5ot4pJQ%3D&tabid=822>. Departamento Nacional de Planeación, DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 20102014: Prosperidad para todos. Bogotá: DNP, 2011a. Disponible en: <http://www.dnp. gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=mXt-R20LpjA%3d&tabid=1238>. Departamento Nacional de Planeación, DNP. Regionalización Plan Plurianual de Inversiones 2011-2014. Preliminar e indicativa. La Guajira. 2011b. Disponible en: <http://www. dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=n-JqGdmaahc%3d&tabid=1263>. Diario del Norte. “Defensoría declara campesinos del Perijá como desplazados”. 20 de diciembre de 2010. Disponible en: <http://www.diariodelnorte.net/judiciales/ regionales/4778--defensoria-declara-a-campesinos-del-perija-como-desplazados. html>. Fecha de consulta: 6 de agosto de 2011. Diario del Norte. “Sigue violencia contra población femenina. Baleadas nueve mujeres en La Guajira”. 4 de marzo de 2011a. Disponible en: <http://www.diariolanoticia.com/ judiciales/regionales/5600-sigue-violencia-contra-poblacion-femenina-baleadas-nueve-mujeres-en-la-guajira.html>. Fecha de consulta: 6 de agosto de 2011. Diario del Norte. “Mes violento para La Guajira. Asesinatos, hurtos, accidentes y capturas incrementaron en marzo”. 4 de abril de 2011b. Disponible en: <http://www.diariolanoticia.com/>. Diario del Norte. “Van 15 personas asesinadas a bala en 20 días”. 14 de enero de 2011b. Disponible en: <http://www.diariolanoticia.com/judiciales/regionales/5109-van15-personas-asesinadas-a-bala-en-20-dias.html>. Fecha de consulta: 7 de agosto de 2011c. Diario del Norte. “Seguridad en Maicao: un problema de cuidado, 34 muertes violentas durante el 2011”. 9 de abril de 2011d. Disponible en: <http://www.diariolanoticia. com/>. Ejército Nacional de Colombia. S.f. Disponible en: <http://www.ejercito.mil.co/wap/ index.php?idcategoria=239210>. El Espectador.com. “Capturado alias ‘Pablo’”. 15 de noviembre de 2010. Disponible en: <http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-234995-capturado-aliaspablo>. El Espectador.com. “Capturan dos cabecillas de banda criminal ‘Alta Guajira’”. 6 de agosto de 2011. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo289993-capturan-dos-cabecillas-de-banda-criminal-alta-guajira>.

Ficha regional departamento de La Guajira 141

El Informador. “Defensor del Pueblo pide que en Maicao se adopten medidas de protección”. 12 de julio de 2011. Disponible en: <http://www.el-informador.com/index. php?option=com_content&view=article&id=20644:defensor-del-pueblo-pide-queen-maicao-se-adopten-medidas-de-proteccion&catid=77:la-guajira&Itemid=420>. Fundación Cultura Democrática. Cuando la madre tierra llora. Bogotá, 2009. Gobierno en línea del orden territorial. Hatonuevo. Nuestro municipio. Mapas. Mi Guajira, 23 de julio de 2009. Disponible en: <http://www.hatonuevo-laguajira.gov.co/ nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx1-&x=1962621>. González Posso, Camilo. Petróleo y transformación de conflictos. Bogotá, D.C.: INDEPAZ, 2011. Grupo de Memoria Histórica. La masacre de Bahía Portete: mujeres wayúu en la mira. Informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá: CNRR – Grupo de Memoria Histórica, Ediciones Semana, 2004. INGEOMINAS. Introducción a la geología con ejemplos de Colombia. Bogotá: INGEOMINAS, 2001. Disponible en: <http://erosion.com.co/index.php?option=com_ docman&task=doc_download&gid=896&Itemid=237>. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. “Informe de paraeconomía y narcoparamilitarismo en 2008”. Punto de Encuentro, 52, 2008. Disponible en: <http://www.indepaz.org.co/attachments/395_revista_PE52-3.pdf>. La Guajira. “Comando de Policía rechaza informe de alerta temprana”. 26 de junio de 2010. Disponible en: <http://www.periodicolaguajira.com/index.php/judiciales/ judiciales/1328-comando-de-policia-rechaza-informe-de-alerta-temprana>. Fecha de consulta: 6 de agosto de 2011. La Guajira. “Policía arresta a 12 personas señaladas de pertenecer a los ‘Rastrojos’”. 10 de mayo de 2011. Disponible en: <http://www.periodicolaguajira.com/index.php/ judiciales/judiciales/2128-policia-arresta-a-12-personas-senaladas-de-pertenecer-alos-rastrojos->.

Revista Mundo Cerrejón. “Puerto Bolívar en sus inicios. Más de dos décadas en la historia nacional”. 2009. Disponible en: <http:// www.cerrejon.com/site/Portals/0/Documents/Mundo_cerrejon/Ed57_Sep2009.pdf>. Seguridad, Justica y Paz y Movimiento Blanco. “Juárez, por tercer año consecutivo, es la urbe más violenta del planeta”. Comunicado de prensa. México, D.F., 12 de enero de 2011. Disponible en: <http://www.movimientoblanco.com/Documentos/comunicados_sobre_seguridad/BOLETIN_12ENERO2011_mb_y_consejo_ciudadano. pdf>. Sutsuin Jiyeyu Wayúu, Fuerza de Mujeres Wayúu. Itinerario de víctimas wayúu. Blogger. Disponible en: <http://www.blogger.com/profile/10787994530513610008>. Fecha de consulta: 6 de junio de 2011. Vicepresidencia de la República - Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Guajira. Diagnóstico Departamental 2003-junio 2007a. Disponible en: <http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/DiagnosticosDepartamento.aspx>. Fecha de consulta: 1o. de noviembre de 2011. Vicepresidencia de la República - Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Diagnóstico Departamental Guajira 2003-2007b. Disponible en: <http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/dd/2003-2007/guajira.pdf>. Fecha de consulta: 2 de noviembre de 2011. Vicepresidencia de la República - Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Diagnóstico Estadístico de La Guajira. Diciembre de 2009. Disponible en: <http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/de/2003-2008/guajira.pdf>. Vicepresidencia de la República - Programa presidencial sobre DDHH y DIH. Impacto de la política de seguridad democrática sobre la violencia y los derechos humanos. 2010. Disponible en: <http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2010/estu_tematicos/ImpactoSegDemocratica_ViolenciayDH.pdf>.

Malagón Castro, Dimas. “Ensayo sobre tipología de suelos colombianos - Énfasis en génesis y aspectos ambientales”. Rev. Acad. Colomb. Cienc., 27(104): 16, 2003. Disponible en: <http://www.docentes.unal.edu.co/glvasque/docs/SUELOS%20DE%20 COLOMBIA.pdf>. Noticia es Hoy. “Incautadas más de tres toneladas de marihuana en Maicao”. 31 de marzo de 2011. Disponible en: <http://hoyesnoticiaenlaguajira.blogspot. com/2011_03_01_archive.html>. Noticias 5 en punto. “Defensoría del Pueblo-Alta Guajira en alto riesgo”. 10 de junio de 2010. Disponible en: <http://noticiascincoenpunto.blogspot.com/2010/06/defensoria-del-pueblo-la-alta-guajira.html>. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - Gobierno de Colombia. Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2010. 2011. Disponible en: <http://odc.dne.gov. co/docs/publicaciones_nacionales/Censo_coca_colombia_2010.pdf>. ONIC. “Paramilitares asesinaron 12, desaparecieron 30 y desplazaron 580 wayúu de Bahía Portete”. 5 de mayo de 2004. Disponible en: <http://colombia.indymedia.org/ news/2004/05/12596.php>. Red colombiana frente a la gran minería transnacional, La Guajira. Cómo desalojaron a los habitantes de la comunidad de Tabaco en La Guajira. Video. 12 de abril de 2011. Disponible en: <http://reclameguajira.blogspot.com/2011/04/seminario-taller-lamineria-en-el-choco.html>.

142 Documentos Codhes Nº 23

Ficha regional departamento de La Guajira 143

DOCODHES 23 umentos

Documentos CODHES • Chocó: agua y fuego

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CODHES 23 De la seguridad a la prosperidad democrática en medio del conflicto

• Las mujeres en la guerra: de la desigualdad a la autonomía política

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