Documento CODHES 7 En los Límites del Plan Ecuador

Documentos CODHES No. 7

CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO CODHES

En los límites del Plan Ecuador

Bogotá, diciembre de 2007 •1•

Documentos CODHES No. 7

EN LOS LÍMITES DEL PLAN ECUADOR Marco Romero Presidente Jorge Rojas Director Alexis Ariza Coordinación Investigación y Trabajo de campo en Putumayo.

Zully Laverde Coordinación Investigación y Trabajo de campo en Nariño

Diciembre de 2007.

Marcela González González Investigador asistente Adriana Carrillo Alejandra Romero Hernán Rojas Omar Salazar Colaboradores.

Bibiana Ortiz Diana Rivera Sistema de Información sobre desplazamiento forzado y derechos humanos SISDHES

ISBN: 978-958-44-2481-6

Caratula: Alejandro Rojas A. alrojas.grafico@gmail.com Diagramación e Impresión: Ediciones Ántropos Ltda.

PBX: 433 7701 • Fax: 433 3590 www.edicionesantropos.com

Impreso en Colombia El Contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de CODHES y no compromete a la agencia cooperante.

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Contenido

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EN LOS LÍMITES DEL PLAN ECUADOR

I.

Presentación .................................................................................. 5 El Conflicto Armado Interno .......................................................... 11 LAS FARC ...................................................................................... 11 LAS FUERZAS ARMADAS ......................................................... 15 EL PARAMILITARISMO EN EL PUTUMAYO ......................... 21 HOMICIDIOS Y SECUESTROS ................................................. 28 TENDENCIAS Y PROYECCIÓN .............................................. 29

II.

Economías del Conflicto ............................................................. 31 EL PETRÓLEO ........................................................................... 31 EL NARCOTRÁFICO ................................................................ 34

III.

Crisis Humanitaria y Desplazamiento Forzado ............................. 41 CIFRAS DEL DESPLAZAMIENTO ........................................... 47 DESPLAZAMIENTOS MASIVOS ............................................. 53

IV.

Respuesta del Estado: Políticas Públicas para la atención a la Población Desplazada ............................................................ 57

NARIÑO EN LA ENCRUCIJADA I.

II.

Intruducción .................................................................................

CONTEXTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO ......................

Necesidades Básicas Insatisfechas ...................................................

Cooperación Internacional en Nariño ..............................................

Cooperación para Población Vulnerable .......................................

73 74 74 76 76

INTENSIFICACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO ..................................................................... 77 1. Presencia de actores armados ..................................................... 77 El riesgo por las elecciones ........................................................ 78 2. Cultivos de uso ilícito ............................................................... 79 ¿Los cultivos de uso ilícito en Nariño: un problema de cifras? ....... 80 Fumigaciones y erradicación manual Cultivos de Coca ............. 81 •3•

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1. Las fumigaciones continúan ........................................................ 82 2. Incremento de las acciones armadas .......................................... 83 3. Rearme Paramilitar .................................................................... 84 4. Aumento de los homicidios en el departamento ........................ 85 Criminalidad en Tumaco .............................................................. 86 III.

DESPLAZAMIENTO FORZADO Y CRISIS HUMANITARIA .......................................................... 88 1. El desplazamiento forzado en Nariño durante los últimos años ............................................................ 88 Tendencias del desplazamiento forzado ..................................... 89 El desplazamiento transfronterizo ............................................... 90 Fumigaciones y Desplazamiento ................................................ 90 Los desplazamientos masivos ....................................................... 92 2. La situación de vulnerabilidad del Pueblo Awá frente al conflicto armado ........................................................... 93 3. La situación de la Cordillera y el drama de las minas antipersonales ........................................................ 94 El caso de Samaniego ............................................................... 96 4. Política Pública y Respuesta Institucional ................................. 96 El Plan Integral Único de Restablecimiento –PIUR ................. 101 CONCLUSIONES .......................................................................... 103 Anexos ......................................................................................... 105

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EN LOS LÍMITES DEL PLAN ECUADOR No es fácil la situación de Colombia en el vecindario. Las relaciones políticas con Venezuela están afectadas por un duro enfrentamiento entre los presidentes tras la abrupta decisión del gobierno colombiano de suspender la medición del gobierno bolivariano para un acuerdo humanitario, mientras que las relaciones con Ecuador siguen girando alrededor de los impactos del conflicto armado y de las fumigaciones de cultivos de coca en la frontera.

Las relaciones con Venezuela motivan la convocatoria de emergencia de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y absorbe buena parte de la agenda diplomática colombiana, mientras que en la frontera sur persisten focos de tensión no resueltos que, pareciera, merecen menos atención por parte del gobierno nacional.

Según el Ministro de Defensa del Ecuador, su país no limita en el norte con Colombia sino con las guerrilla de las FARC y el ELN y esta dura afirmación refleja el nivel de afectación y preocupación de su gobierno por los impactos de la guerra irregular colombiana que se hacen visibles en la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito en la frontera, el uso indebido de su territorio por parte de los actores armados, el desplazamiento continuo de población y el incremento de las solicitudes de asilo.

Para Ecuador el conflicto es una amenaza externa que el gobierno colombiano intenta minimizar con argumentos como la reducción de cultivos de coca y amapola en los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo, la extinción del paramilitarismo y la derrota estratégica de las guerrillas. No obstante, estas afirmaciones reiteradas tienen poca credibilidad en el vecino país y en las zonas fronterizas del conflicto armado en donde la gente padece los impactos de la guerra.

Por estas razones, el gobierno del presidente Rafael Correa propuso un programa de acciones sociales, derechos humanos y seguridad en las cinco provincias ecuatorianas que rodean la frontera con Colombia (Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas, Imbabura y Orellana) bajo el nombre de Plan Ecuador, para intentar una atención integral a las comunidades de ambos países que habitan la zona limítrofe y con la intención de mitigar los impactos del conflicto armado colombiano en su territorio.

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Presentación

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Este Plan Ecuador debe ser objeto de un juicioso estudio por parte del gobierno y la sociedad colombiana que no deberían minimizar ni, mucho menos, menospreciar el esfuerzo del vecino país para enfrentar una realidad de abandono y pobreza, agravada por la amenaza cierta que proviene del país del norte.

Reducir las relaciones con Ecuador a la aplicación de la fase dos del Plan Colombia, sin evaluar los resultados e impactos de la aplicación de esta estrategia entre los años 2000 y 2007, puede prolongar y agravar la tensión binacional antes que resolver las causas que la motivan. El Plan Colombia sigue siendo una estrategia de guerra de los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos cuyos resultados en términos de paz, democracia, superación del narcotráfico y fortalecimiento de la justicia son controvertidos por una realidad de violencia, mafias e impunidad en diversas regiones del país.

Cinco años después de implementación de esta estrategia de cooperación entre Estados Unidos y Colombia se diseminaron los cultivos de uso ilícito en el sur y el oriente del país y se fragmentaron los carteles de la droga, de tal manera que se garantiza la producción de drogas para abastecer la demanda. El conflicto armado se extendió en forma dramática hacia Nariño, convertido hoy en un laboratorio de guerra y ahora se mueve hacia los departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada, mientras que la guerra continúa en Caquetá, Guaviare, Tolima, Meta, Huila y Putumayo, epicentro del llamado Plan Patriota, ahora conocido como Plan Consolidación. Por lo menos 1.200.000 personas fueron expulsadas de sus territorios en este período, en el que el desplazamiento adquirió la dimensión de crisis humanitaria. Justicia, desarrollo y democracia, siguen siendo referentes retóricos en la zona de frontera con Ecuador.

Es evidente que en la frontera colombo-ecuatoriana confluyen hoy dos modelos distintos de seguridad, dos procesos diferentes de desarrollo y una situación conflictiva, con altos niveles de violencia, que deberían ser abordados de manera franca por los dos gobiernos en la mira de construir una agenda binacional antes que profundizar las diferencias.

Para ello, es necesario que el gobierno de Colombia admita que su conflicto interno es un factor que perturba las relaciones y afecta cualquier proceso de integración regional y sub regional y que se requiere de propuestas inteligentes antes que echar más gasolina al fuego.

El énfasis debería estar puesto en un Plan Binacional concertado con las comunidades que incorpore la erradicación manual de cultivos de uso ilícito, planes de desarrollo alternativo, inversión social, plena vigencia de los derechos humanos y fortalecimiento de la institucionalidad democrática local. Tal vez estos sería más efectivo para combatir a las guerrillas, desmantelar de verdad el paramilitarismo y reducir los efectos perversos del narcotráfico y el conflicto armado en el cordón fronterizo •6•

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Para contribuir a la construcción de una agenda común es necesario conocer la realidad del conflicto en la frontera común. Este documento recoge una observación sobre la evolución del conflicto armado en los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo, sus tendencias e impacto sobre la población civil, la dimensión y magnitud de una crisis humanitaria y de derechos humanos no superada y sobre las respuestas institucionales y sociales para enfrentarla.

Así mismo, transcribe el Plan Ecuador, para que su divulgación y análisis en Colombia contribuya a promover un diálogo binacional entre las organizaciones sociales, no gubernamentales, Iglesia y academia, para identificar esfuerzos y definir estrategias que ayuden a superar el conflicto armado y la crisis humanitaria y de derechos humanos en la frontera de los dos países y promueva otras formas de integración y desarrollo. En Colombia asumimos que hacia el sur occidente limitamos con el Plan Ecuador y que la frontera puede ser un escenario de paz y solidaridad entre los dos pueblos.

Esta publicación contó con el apoyo de Paz y Desarrollo de Canadá. El informe de investigación sobre Putumayo se realizó gracias al convenio suscrito entre CODHES y la Agencia de Cooperación Española AECI. El informe de investigación sobre el departamento de Nariño se hizo en el marco del proyecto de fronteras que adelanta CODHES con el Consejo Noruego para Refugiados. A estas agencias expresamos nuestro público agradecimiento por su apoyo. CODHES es responsable del contenido de esta publicación que no compromete en ningún momento a las agencias donantes.

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Informe sobre conflicto interno armado, crisis humanitaria y desplazamiento forzado en el departamento del Putumayo.

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Las otras fronteras del Putumayo:

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I. El conflicto armado interno “A finales de junio pasado (2005), tras el ataque de las FARC contra la base militar de Teteyé, que dejó 22 militares muertos, el presidente Álvaro Uribe anunció el aumento del pie de fuerza en el Putumayo. El Gobierno informó que 4.600 soldados de un batallón energético y vial se concentrarían en la protección del Oleoducto Trasandino y que dos brigadas móviles, además de los soldados de la brigada 27 y de los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta, serían destinados a la lucha contra los frentes de las FARC. Seis meses después, el balance no es positivo”

LAS FARC: Desde su entrada en el departamento en la década de los 80 -cuando paulatinamente fueron ocupando los territorios dejados por los entonces grupos guerrilleros M-19 y EPL tras sus respectivos procesos de desarme- las FARC han adoptado una estrategia de control territorial significativo en la región, bien a través de la inserción en el tejido social en las zonas rurales por medio del control de las dinámicas alrededor de los cultivos de uso ilícito, o bien a través del amedrantamiento de los campesinos y el desarrollo de acciones armadas relacionadas con atentados contra la infraestructura y hostigamientos contra las diferentes formas de presencia Estatal en el Departamento.

El frente 32, el de mayor tradición en la región, inicialmente se asentó a través de las actividades ilícitas alrededor de la economía petrolera propia de las zonas donde se lleva a cabo este tipo de explotación, la colonización y la ubicación alrededor de la frontera con el Ecuador. Posteriormente, ya entrados en una dinámica de expansión y fortalecimiento armado a través de la financiación de las redes del narcotráfico y la economía de la coca se asentarían en el medio y bajo Putumayo en los municipios del Valle del Guamuez (La Hormiga), Puerto Asís, Orito, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Mocoa y Puerto Garzón. Simultáneamente y de forma paulatina, fueron haciendo presencia los frentes 48, 2, 13, 14, 15 y 491.

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1- Vicepresidencia de la República: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. «Panorama Actual del Putumayo». Septiembre de 2000.

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Para inicios de la primera década del siglo XXI, Las FARC, en el marco de sus actividades financieras, ya se encontraba ejerciendo la presión que hasta hoy pesa sobre los diversos grupos sociales vinculados con las diferentes formas de economía ilícita en la región. Si se tiene en cuenta que para esta época el Departamento del Putumayo poseía casi el 41% de la superficie de cultivos de coca del país (66.022 Hectáreas registradas a Agosto de 2000 en el Departamento, de 162.510 registradas en todo el país durante el mismo período2) es posible comprender, por lo menos de manera inicial, el importante aporte que el narcotráfico tuvo, e incluso al día de hoy tiene, en las dinámicas financieras de las FARC, así como en la economía “subterránea” de la región3.

De acuerdo al trabajo de campo, las fuentes oficiales y de los datos arrojados por el seguimiento a prensa del Sistema de Información SISDHES de CODHES, durante el 2006, las FARC, en el departamento del Putumayo realizaron, entre otras acciones, alrededor de 39 ataques contra la población civil y bienes protegidos (incluidos entre estos la voladura de 4 puentes), 9 ataques a la infraestructura eléctrica de la región y 65 ataques a la infraestructura petrolera, estos últimos, particularmente en los municipios de Orito, Puerto Caicedo, San Miguel y Valle del Guamuez4. De igual manera, fueron atacados entre 225 y 356 vehículos civiles (8 de ellos de pasajeros y 6 de carga); realizados 32 ataques contra la fuerza pública, fundamentalmente en los municipios de Puerto Leguízamo, Villa Garzón, Valle del Guamuez, Puerto Asís7; y reportados 17 retenes ilegales, cifra que corresponde al 27% del total nacional8.

En los primeros días del mes de enero de 2006, en la vereda Carrizal del municipio de Santiago, volaron tres torres de energía, dejando sin el suministro de luz a las 3 cuartas partes del Departamento, hecho que sumado a la voladura de una torre de baja potencia en el municipio de Orito, y a las voladuras realizadas a finales de diciembre de 2005 que dejaron sin fluido al municipio de Puerto Asís, y a las poblaciones de Orito, La Hormiga, La Dorada y San Miguel, terminaron por dejar sin energía eléctrica 9 de los 13 municipios del departamento.

2- Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, «Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca», Junio 2006.

3 - Estos aspectos serán revisados con mayor cuidado en el siguiente capítulo.

4- Vicepresidencia de la República, Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Informe 2006.

5- Ibíd. Vicepresidencia de la República, de acuerdo a esta fuente 8 de ellos de pasajeros y 6 de carga 6- De acuerdo a las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo.

7- Fundación Seguridad y Democracia, Balance Seguridad 2006. Diciembre 21 2006.

8- Ibíd., Fundación Seguridad y Democracia.

9- El Tiempo, «Qué pasa en el Putumayo?» Enero 10 2006, el subrayado es nuestro.

“(…) El 31 de diciembre pasado, las FARC volaron ocho pozos petroleros y dejaron sin luz al bajo Putumayo. Unos días después, hicieron lo mismo con varias torres de energía (…) Además, dinamitaron dos puentes, hostigaron al poblado fronterizo de San Miguel e intimidaron al transporte público, impidiendo que sus cerca de 1.000 vehículos salieran a prestar el servicio. El comercio y los transportadores se quejan de pérdidas millonarias en plenas fiestas, aunque la gente intentó salir a celebrarlas pese a la adversa situación. La Policía prometió elevar su pie de fuerza en 2.000 hombres; el Ejército anunció que traería tropa de otras zonas y blindados de Departamentos vecinos”9.

“El año 2006 comenzó con un nuevo ataque de la guerrilla de las FARC a la infraestructura petrolera en el departamento del Putumayo; en esta

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ocasión en inmediaciones a la localidad de Orito, donde hay un complejo petrolero, los insurgentes activaron cargas explosivas contra varios pozos, causando el derrame del crudo sobre los ríos Guamuez y Putumayo. Este evento plantea de nuevo cuestionamientos acerca de la situación de seguridad en este departamento y en especial sobre la capacidad de la Fuerza Pública para evitar este tipo de acciones de sabotaje por parte de la subversión”10.

“Tres explosiones en una de las torres de la línea de Jamundino, vereda El Carrizal del municipio de Santiago, en límites con Nariño, dejaron sin luz a más de medio Departamento. Ahora son ocho municipios los que están en penumbras. Puerto Asís, Orito, La Hormiga, San Miguel y Puerto Caicedo, que habían quedado a oscuras desde Año Nuevo, otra vez vuelven a sacar sus velas y las plantas eléctricas. A estas poblaciones se sumaron Mocoa, Villagarzón y Puerto Guzmán, que el año pasado vivieron una situación similar por otro atentado”11.

También en las primeras semanas de enero de 2006, fueron volados los puentes sobre el río San Lorenzo, y el río Cuembí, entre el corregimiento de Puerto Vega y la vereda La Carmelita, en zona rural de Puerto Asís; así como tres tramos del oleoducto Trasandino en las veredas La 35, La 29 y La Tesalia. “(…) Guerrilleros de las FARC volaron ayer un puente sobre el río Cuembí, entre el corregimiento de Puerto Vega y la vereda La Carmelita, en zona rural de Puerto Asís (Putumayo). Según el gobernador Fabián Belnavis, el nuevo hecho “afecta el transporte de crudo, porque allí hay una petrolera, y las comunicaciones”. El Ejército mantiene combates con la guerrilla en el medio y bajo Putumayo12.

“Tres personas resultaron heridas luego de un hostigamiento del frente 48 de las FARC al municipio de San Miguel, en el bajo Putumayo, informó la Policía departamental. El ataque, que terminó alrededor de las 2 de la mañana de ayer, habría alcanzado algunos tramos del oleoducto Trasandino. Este municipio, La Hormiga y Puerto Asís siguen sin energía tras la voladura, el pasado viernes, de dos torres”13.

A Mediados de junio de 2005, en la zona rural del municipio de San Francisco compañías del Ejército desactivaron una carga explosiva, que miembros de las FARC habían instalado en la base de la torre de conducción energética No 100.

A finales de Julio, se registraron combates entre miembros de la XVII Brigada del Ejército y guerrilleros de frente 32 las FARC en inmediaciones de Orito, cuando intentaban instalar cargas explosivas a lo largo de varios tramos del oleoducto que recoge el crudo de campos petroleros como El Toroyaco y del Cidral. De acuerdo a la prensa, durante los enfrentamientos murieron dos subversivos.

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10- Fundación Seguridad y Democracia, «Los Ataques al Putumayo», Enero 12/2006.

11- El Tiempo, «La luz no le duró ni un día a Putumayo», Enero 5/2006.

12- El Tiempo, «Breves Nación» Edición Bogota, Enero 11/2006.

13- El Tiempo, «Medidas por Masacre en el Naya» Febrero 2/2006.

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En los primeros días de Agosto, en el sector de El Jauno, localizado entre los municipios de Villagarzón y Mocoa, miembros de las FARC derribaron una torre de energía, que, nuevamente dejó sin servicio de luz a los municipios de Orito, San Miguel, Valle de Guamuez, Puerto Asís y Puerto Guzmán.

En Octubre, en la vía que de Puerto Asís conduce al sector conocido como Kilili, la Policía del Departamento del desactivó un artefacto explosivo que había sido instalado por este grupo irregular.

Tras triangular nuestras diversas fuentes14, la presencia en el departamento, o por lo menos el reporte que sus acciones se han presentado, en el último año, de manera aproximada, puede establecerse de la siguiente forma: Frente 48: rivera del río San Miguel (Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asís, San Miguel y Leguízamo), los límites del Departamento con el Caquetá y la frontera con el Ecuador.

Frente 32: Orito, Puerto Caicedo, Villa Garzón y Puerto Guzmán.

Frente 13: Puerto Guzmán, Mocoa moviéndose entre el Departamento, y las inmediaciones de Santa Rosa y el Piedemonte del Departamento del Cauca.

Frente 2: Alto Putumayo (Santiago) teniendo que desplazarse paulatinamente hacia el Departamento de Nariño frente a la presión ejercida por el ejército.

Frente 49: Aunque operan fundamentalmente en el Departamento del Caquetá, tienen incidencia en piamonte-Puerto Guzmán

14- Entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, respuestas a derechos de petición enviados a las diferentes entidades territoriales como parte de la estrategia de recopilación de información en la fase inicial del proyecto; análisis de prensa y de hechos acontecidos durante el 2006 en el Departamento, y los documentos desarrollados por la Defensoría del Pueblo, la Vicepresidencia de la República, y el equipo PIU del Putumayo,

Este control territorial, además estaría acompañado de diferentes formas de presión a la población civil, particularmente en las zonas rurales del departamento, que incluye el establecimiento de cuotas para cada una de las fases del proceso del cultivo y comercialización de la coca (de acuerdo al número de hectáreas cultivadas, por la producción y cultivo de la hoja, el establecimiento de laboratorios propios y el cobro de dineros por la protección de laboratorios foráneos, por la seguridad de las aeronaves y del transporte vía fluvial); el control de las vías y las posibilidades de movilización en la región; y la generación de amenazas que conllevaron a desplazamientos forzados de funcionarios públicos y políticos que de alguna manera entrasen en contravía contra su proyecto, más que político, centrado, a estas alturas de la historia en las redes del narcotráfico en el departamento y la región occidental del país.

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Vale decir que ninguna de estas situaciones es nueva en el departamento.

Varias de las entrevistas desarrolladas en el trabajo de campo revelan que el Putumayo, por lo menos en los últimos 20 años ha sido del control de este grupo irregular. Que sus acciones no solamente se limitan a lo militar y al desarrollo de las actividades propias del narcotráfico, sino también, tal vez en parte frente a la necesidad de reestablecer su asentamiento en el tejido social, al desarrollo de formas organizativas especialmente en las zonas rurales A pesar de la poilítica gubernamental de sustitución de cultivos, fortalecimiento de las fuerzas armadas en la región, y las diferentes formas de fumigación, las FARC siguen ejerciendo un control importante de las dinámicas económicas y sociales del Putumayo.

LAS FUERZAS ARMADAS: “A raíz de las movilizaciones sociales de gran magnitud que tuvieron lugar entre 1996 y 1998, concentradas en el reclamo de intervención estatal para atender las necesidades de una economía campesina que no encontraba salida por fuera del cultivo de la coca, el Estado se compromete con las demandas campesinas y pretende reforzar su presencia en un territorio fuertemente disputado por los actores armados” 15.

Como respuesta a los hostigamientos de las FARC en los últimos años, así como frente al tema de orden público, la reacción fundamental por parte del Estado -en el marco del Plan Patriota- ha consistido en un aumento significativo en el pié de fuerza por parte de las fuerzas armadas, contando con la presencia en el Departamento de múltiples batallones y brigadas entre las que se destacan la de la Vigésima Séptima Brigada y el Batallón de ASPC No.27 “Simona de la Luz Duque de Alzate” en el municipio de Mocoa, el Batallón de Infantería No. 25 “General Roberto Domingo Rico Díaz” en Villagarzón, el Batallón de Infantería de Selva No. 49 “Sl. Juan Bautista Solarte Obando” la zona de La Tagua, municipio de Puerto Leguízamo, el Batallón de Contraguerrillas No.59 “Mayor Bayardo Prada Ojeda” y la Brigada Móvil No13 en el corregimiento de Santana, el Batallón de Plan Especial Energético y Vial No. 9 «Gr. José Maria Gaitán» en el municipio de Orito, y el Batallón Plan Especial Energético Vial No.11 “Ct. Oscar Giraldo Restrepo” en Puerto Asís16.

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15- Comité Técnico Gobernación del Putumayo, RSS, OPD, OIM, ACNUR. Plan Integral Único PIU para la Atención a la Población en Situación de Desplazamiento por la Violencia en el Departamento del Putumayo, 2005. Pp10 16- http://www.ejercito.mil.co/index.php

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“Entre las seis de la tarde y las cinco de la mañana no circularán vehículos en las carreteras del Putumayo, especialmente en el sector Puerto Asís-Santa Ana. (…) La decisión fue adoptada por el presidente Álvaro Uribe, luego de la realización de un consejo de Seguridad en el Departamento del Putumayo. La restricción también cobija la circulación nocturna por las aguas del Putumayo, y otros afluentes, con el fin de proteger a la población civil de los ataques de la subversión. El Mandatario sostuvo que el desplazamiento entre las 5:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde será organizado por el Ejército y la Policía Nacional en caravanas, para impedir que los terroristas incineren los vehículos. Esta restricción se suma a la de Puerto Triunfo-Medellín y Sincelejo-Cartagena. También hay restricción en otras vías secundarias”17.

“El presidente Uribe decidió prohibir el tránsito vehicular y fluvial en el Putumayo, desde las 5:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., para preservar la vida de los ciudadanos, sus bienes y restringir el movimiento de la subversión. El desplazamiento nocturno será organizado por las Fuerzas Armadas en caravanas, para evitar que las FARC “incineren vehículos”18.

Este aumento, a la vez se ha visto reflejado en una mayor presencia por parte del Ejército en las zonas viales, las torres de energía, la periferia del oleoducto, las zonas de explotación petrolera, las áreas rurales de los diferentes municipios, y, particularmente las cabeceras municipales.

Durante el 2006, en materia de operaciones militares, las fuerzas armadas buscaron generar formas de trabajo que les permitieran detectar anticipadamente los posibles intentos de agresión contra la infraestructura del Departamento, aspecto que permitió entre otras acciones, la desactivación de por lo menos 9 campos minados, y 11 artefactos explosivos a lo largo del año19, y en este sentido, logrando un avance significativo en materia de recuperación de las carreteras principales de la región, y en lo relacionado a protección, en un sentido amplio de la palabra. Sentido que, de acuerdo a las secuelas que traería frente a la población civil, en todo caso obliga a reflexiones desde distintos niveles.

17- El Tiempo, «Suspenden trafico nocturno en vías y ríos del Putumayo», Enero 7 2006 18- El Tiempo, «Uribe acepta Incursión en Ecuador», Enero 2 2006 19- Ver Anexo 1: Bitácoras de Prensa.

20- El Tiempo, «Pruebas para rastrear uso de explosivos en Putumayo no serán indiscriminadas», Marzo 17 2006

“Después de un consejo de seguridad realizado el miércoles en Puerto Asís, el ministro dijo que se realizarán pruebas científicas para detectar a las personas que han manipulado explosivos (absorción atómica).

El objetivo es detener la escalada de atentados terroristas que han convertido a ese Departamento en el más afectado por los ataques contra la infraestructura petrolera y en el segundo más golpeado por la voladura de torres eléctricas, después de Antioquia. Las reacciones a la medida, que se aplicaría especialmente en el medio y bajo Putumayo, no se hicieron esperar. Aunque el Ministro de Defensa reiteró ayer que los procedimientos no serán indiscriminados y que en todo caso estarán a cargo de la Fiscalía y se harán con orden judicial, algunos sectores expresaron su temor por un eventual repunte de las capturas masivas”20 .

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Desde una lectura inicial, poco prevenida y sin mayores grados de crítica los resultados arrojados por estas acciones pueden resultar bastante significativos: más de 19 allanamientos a campamentos, laboratorios y caletas de las FARC, más de 150 presuntos guerrilleros detenidos y un aproximado de de 80 dados de baja en combates, de acuerdo a los diferentes medios de comunicación; una reducción del 40% en materia de atentados contra infraestructura energética con relación a 200521, del 6% en materia de homicidios22, del 37% en actos de terrorismo23 y la publicación de comunicados y reportes por parte de los miembros del gobierno, incluido el Presidente, sobre los avances logrados en materia de seguridad democrática son muestra de esta tendencia: “Los primeros resultados se dieron en el marco de la operación “Ejemplar 1”, donde soldados del Batallón Contra el Narcotráfico No.2 “Coyaimas”, sostuvieron combates contra un reducto de la cuadrilla 48 de las FARC, en la vereda Puerto Colombia, área general del corregimiento de Teteyé en el Departamento de Putumayo, allí fue dejado fuera de combate un antisocial perteneciente a mencionada cuadrilla, a quien se la hallo en su poder un fusil AK-47, 140 cartuchos calibre 7.62 para Ak47, 4 proveedores, un chaleco porta proveedores, un equipo de campaña y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Posteriormente en desarrollo de la misma operación fue desmantelado un campamento perteneciente a la cuadrilla 48 de las FARC, en el sitio conocido como San Miguel jurisdicción del Municipio de San Miguel, en el Departamento del Putumayo, las edificaciones contaban con dos cambuches con capacidad para albergar a 30 terroristas, dos puestos de enfermería, un comedor, dos ranchos adecuados para cocinas, dos economatos, un deposito de almacenamiento, dos casas que eran utilizadas como alojamiento de los cabecillas, una estructura adecuada como guardia, un polígono, 5 canchas para polígono y 10 fusiles de madera.”24 “En últimas horas efectivos del Ejército Nacional, neutralizaron un atentado que pretendían realizar guerrilleros de las FARC en el Departamento del Putumayo, dando de baja al subversivo que planeaba ejecutarlo. El comandante de la Vigésima Séptima Brigada, Coronel Nicolás Yara Serrato, quien dirige personalmente las operaciones, señaló que en desarrollo de la operación ‘Espoleta II’ soldados del Batallón de Infantería No.25 ‘Roberto Domingo Rico Díaz’ dieron de baja a un terrorista de las FARC cuando pretendía dinamitar la torre de energía 59 localizada en la vereda El Cascajo, jurisdicción del municipio de Santiago (Putumayo). El terrorista, aún sin identificar portaba una granada de fragmentación, dos artefactos explosivos tipo cono, 50 kilos de pentonita y 20 metros de cordón detonante. El delincuente muerto en combate pertenecía a las estructuras urbanas de las FARC, desempeñándose como uno de sus cabecillas”25.

“Unidades antiterroristas del Ejército Nacional, ocuparon y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de alcaloides, al tiempo que

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21- De 15 a 9, Según el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.» Ataques contra Infraestructura Pública». http://www.derechoshumanos.gov.co/ obser v atorio/indicador es/2006/infr aestructurapublica.pdf 22- 404 en el 2005 vs 381 en 2006 según el reporte 2006 sobre la situación en DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la república.

23- 62 en el 2005 vs 39 en 2006, Ibíd.

24- Agencia de Noticias del Ejército, Desmantelado Campamento de las FARC, 25 de diciembre de 2006 http://www.ejercito.mil.co/index. php?idcategoria=188589 25- Agencia de Noticias del Ejército. ANE, 26 de enero de 2006

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retuvieron a seis presuntos miembros de las FARC que se dedicaban al proceso de la hierba, en desarrollo de operaciones militares adelantadas en el municipio de Puerto Asís, en el Departamento de Putumayo.

El reporte del centro de operaciones del Comando del Ejército señala, que los hechos ocurrieron en una zona boscosa de la vereda Sevilla, 7 kilómetros al noreste de la población, escenario de la operación ‘Presidente’. Hasta la construcción clandestina, de la cuadrilla 48 de las FARC, ingresaron efectivos del batallón de contraguerrillas 87, de la Brigada Móvil 13, aprehendiendo a Álvaro Jaigaji Vargas, Jhon Jaigaji Rodríguez, Elmar Jair Jaigaji Vigal, Luis Armando Chidoy Chindoy y los hermanos Angel Javier y Jorge Jiménez Jiménez. En el interior del laboratorio las tropas hallaron cuarenta galones de gasolina, setenta más de gasolina preparada, 45 kilos de cal, veinte kilos de hojas de coca en proceso y cien kilos de precursores químicos. Los retenidos y el material incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación ”26.

Estrategia que a su vez vino acompañada de alrededor de 88 enfrentamientos armados entre el Ejército y los grupos irregulares (84 de ellos contra las FARC27) en las áreas rurales de Orito, Puerto Asís y Santiago; del desplazamiento de alrededor de 2000 personas durante el primer trimestre del 2006 -incluyendo un desplazamiento masivo a través del área de frontera con el Ecuador28, y de más de 89.000 personas durante el 200629; así como de represalias por parte de las FARC contra la población civil, concretadas, como se ha visto en las páginas anteriores, en la incineración de vehículos (a pesar de las caravanas de acompañamiento) y amenazas por parte de este grupo armado contra quienes circularan en el territorio, a través del decreto de un paro armado a inicios del mes de Marzo.

“Erradicada la coca –gasolina de la guerra– erradicadas las FARC: esa era, más o menos, la teoría oficial en boga. Y en efecto, por obra de la erradicación aérea, de varias decenas de miles de hectáreas, el Departamento pasó a tener, a lo sumo, unos cuantos miles. Pero ni las FARC desaparecieron ni la seguridad mejoró (…)

26- Agencia de Noticias Ejército (ANE), 03 de febrero de 2006 27- Fundación Seguridad y Democracia, Balance Seguridad 2006. Diciembre 21 2006.

28- Particularmente de sectores alrededor de la rivera rió san miguel, Teteyé, la Carmelita, Pto Colón, y posteriormente en el Valle del Guamuez, Este aspecto lo revisaremos con mayor atención en el capítulo 3 de este documento.

29- Ver capítulo 3: Desplazamiento y Crisis Humanitaria.

30- El Tiempo, «Qué pasa en el Putumayo?» Enero 10 2006.

(…)Algo, pues, no funciona. Al parecer, la relación coca-guerrilla no es tan directa como algunos quisieran. Ni el aumento del pie de fuerza, ni la reducción de los cultivos de coca –la más notable en el país- han impedido que los frentes 48 y 32 sigan tan activos como siempre en Putumayo. De allí la pregunta, que tiene repercusiones nacionales y de seguridad: ¿qué explica lo que pasa en Putumayo?30

En este orden de ideas, la realidad de los habitantes del Departamento, presentada por varios medios de comunicación, y expresada de manera preocupante durante el trabajo de campo, nos muestra a su vez los efectos colaterales de las acciones Estatales en materia de conflicto armado en el departamento del Putumayo: la violación constante del principio de distinción al vincular a campesinos como informantes, el uso de escuelas, fincas • 18 •

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y viviendas de la población civil como sedes de acampada o para la construcción de trincheras -como en el caso San Miguel-, y el desarrollo de campañas “integrales” donde se brinda atención Psicosocial por parte de las fuerzas armadas a los civiles afectados por cualquier hecho de violencia; los rumores de campesinos asesinados y posteriormente vestidos como guerrilleros, así como sobre el señalamiento -sin pruebas concretas- por parte de miembros del Ejército a campesinos como colaboradores de la guerrilla, para justificar operaciones armadas; y la presentación de múltiples denuncias sobre maltrato y abuso de autoridad por parte de la fuerza pública, y en especial de las fuerzas militares contra la población civil, dan cuenta de ello31.

Problemática ahondada ante la ausencia de denuncias formales frente a estos hechos por temor a represalias y, en palabras de uno de los funcionarios del Departamento: “un cierto temor reverencial a las fuerzas armadas por parte tanto de habitantes como de funcionarios”. ¿Probablemente causadas más en razón de un desconocimiento real de las normativas en materia de DIH y DIDH por parte de los funcionarios de las fuerzas armadas? ¿Aún a pesar de las capacitaciones dadas por la ESAP en estos temas? ¿Probablemente por una dificultad de entendimiento de las relaciones sociales tan complejas que genera la presencia histórica de grupos ilegales y su inserción en el tejido social en zonas como las del Putumayo? ¿Probablemente por una lectura indiscriminada de los campesinos como delincuentes cuando estos se dedican al cultivo de la coca como única posibilidad viable de sustento? A pesar de las múltiples versiones, no resulta tan sencillo encontrar una respuesta.

Hay que resaltar que el gobierno nacional y las instituciones que le acompañan han realizado esfuerzos importantes para generar una apropiación real, tanto en funcionarios públicos como en miembros de las fuerzas armadas, del espíritu del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; que incluso se han llevado esfuerzos conjuntos entre las oficinas de Derechos Humanos a nivel departamental con la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, para generar diplomados y capacitaciones al respecto, en la búsqueda de un mejor ejercicio de la fuerza armada por parte de los miembros de la Fuerza Pública, pero, desafortunadamente en un gran número de casos, los efectos concretos de estos ejercicios no se ven reflejados en las acciones militares por parte de las fuerzas armadas en medio del conflicto.

Probablemente, como comentó un miembro del Ejército “porque los grupos ilegales no van a respetar el DIH cuando se den los enfrentamientos, cuando realicen hostigamientos y emboscadas, o cuando instalen explosivos en el marco de los diferentes atentados a infraestructura que se dan en la región, e incluso, como definitivamente lo han demostrado, no tendrán en cuenta ni el principio de distinción ni la convención de Ginebra cuan• 19 •

31- 4 de los entrevistados durante el trabajo de campo reportan hechos de violencia por parte de las Fuerzas Armadas, donde campesinos fueron arrestados en las zonas rurales del departamento mientras se movilizaban de una vereda a otra (en 2 de los casos con bultos de coca o pasta de coca para ser comercializada) y posteriormente aparecieron muertos, vestidos con uniformes camuflados o de negro, y reportados como miembros de las FARC muertos en combate en zonas aledañas a San Miguel y el Valle del Guamuez, así como en el municipio de Sibundoy en Septiembre del 2006. De igual forma, tanto población entrevistada como funcionarios de la Defensoría del Pueblo y las oficinas del Gobierno (tanto municipal como departamental), e incluso de Acción Social UT Putumayo, reportan múltiples quejas por parte de campesinos que han sido golpeados e incluso amenazados con armas de fuego por parte de las Fuerzas Armadas durante las jornadas de erradicación de cultivos ilícitos.

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do instalen retenes ilegales, ataquen y asesinen a civiles, siembren campos minados o incendien vehículos –aún con civiles al interior de los mismos-”. Ningún acrtor armado puede justificar infracciones al Derecho Internacional Humanitario con la excusa de que el enemigo tampoco respeta estas normas.

En este sentido, el informe de las Defensoría del Pueblo, en sus recomendaciones señala: “Frente a los abusos de la fuerza publica en contra de la población, se señala por parte de las organizaciones comunitarias e indígenas que se investiguen por parte de la procuraduría, hasta ahora no se tiene un informe de dichas situaciones, en la zona del bajo Putumayo han ocurrido capturas y acciones del ejército y la policía con presencia de individuos encapuchados, en el caso de que esto ocurra es importante recomendar y exigir que no vuelvan a ocurrir. La comunidad informe ante la procuraduría sobre el control en el paso de gasolina, insumos y alimentos, señalando específicamente el lugar donde se dan para dar paso a la investigación correspondiente, para hacer el seguimiento requerido. Para esta función es importante la labor de los personeros” 32.

En este orden de ideas, vale la pena tener en cuenta, además, los distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional desde y alrededor de la sentencia T-025, donde se exige a las autoridades33 desarrollar programas preventivos de atención a la población de zonas de conflicto que pueda resultar afectada por operaciones militares de permanente ocurrencia; como las sucedidas en el Departamento del Putumayo durante los últimos 10 años, y que seguirán ocurriendo durante un período importante durante los años venideros.

32- Informe Defensoría del Pueblo, Oficina de Atención al Desplazado del Departamento de Putumayo, 2006- 2007, pp36.

33- Locales y departamentales, militares y de policía, en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada.

34- Varias de estas denuncias han sido acompañadas por la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, quienes han venido desarrollando un trabajo de acompañamiento in loco frente a los graves efectos que estas acciones han traído en materia de crisis humanitaria sobre los habitantes del departamento.

Programas relacionados no solamente con proyectos productivos y saneamiento básico, cuya importancia no se pone en duda, y tal como lo veremos más adelante responden a unas necesidades particulares del Departamento; sino también con la protección a la sociedad civil de los efectos (accidentales o no) de las acciones militares emprendidas en el Departamento y que, (de forma indiscriminada o no) afectan a los habitantes de la región en su integridad física o mental; en hechos de violencia y maltrato como los reportados en Piñuña Negro contra los campesinos en las jornadas de erradicación; en hechos como los reportados en el trabajo de campo por las comunidades indígenas en el mes de mayo de 2006, o como los permanentemente denunciados por las comunidades de la Dorada en San Miguel sobre los efectos de las fumigaciones y erradicaciones, tanto en lo referente a su posibilidad de sustento como en lo referente a las agresiones y maltratos por parte de miembros del ejercito34.

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Si bien la apuesta por la recuperación del territorio nacional es una apuesta totalmente legítima por parte del Estado, es de tener en cuenta que dicha recuperación no es posible, bajo ninguna circunstancia, si se pasa por encima de los derechos y del cuidado de sus habitantes.

EL PARAMILITARISMO EN EL PUTUMAYO: “Se han desarticulado las estructuras visibles, pero siguen intactas las políticas y las económicas”, señala el analista Garzón. Las denuncias sobre la injerencia de algunos jefes de las AUC en la campaña para el Congreso indican que ese aparato tiene aún plena vigencia. Por eso, porque desmovilización no equivale a desparamilitarización, en varias regiones la realidad parece darle la razón a ‘Diego Vecino’, jefe del ‘Héroes de los Montes de María’, que alguna vez dijo: “Se acaban las AUC como marca registrada. Pero el paramilitarismo sigue”35.

Para la comprensión de la presencia en 2006 de grupos paramilitares en la región, y en este sentido, incluso las dinámicas actuales de su presencia en el departamento, es necesario ubicarse en dos momentos históricos recientes, sean estos: La presencia de las AUC hasta antes del proceso de paz desarrollado con esta organización y su correspondiente desmovilización, siendo la del Bloque Sur Putumayo del Bloque Central Bolívar (con 504 integrantes), en Marzo de 2006, el evento más significativo al respecto, y posteriores desmovilizaciones de menor escala a lo largo del resto del año que reportaron alrededor de 76 entregas individuales36, incluidas estas las de los meses de Agosto y Septiembre en el Corregimiento de Santana (en la vía Puerto Asís-Mocoa).

Previamente a la desmovilización37, los miembros de las AUC se encontraban distribuidos en los municipios de San Miguel, Valle de Guamuez, Puerto Asís y Puerto Caicedo, buscando hacer contrapeso al control territorial de las FARC y procurando debilitarles en lo referente al control de las redes del narcotráfico en el Departamento. Dicha presencia, estuvo relacionada fundamentalmente con asesinatos selectivos de supuestos colaborado• 21 •

35- El Tiempo. Así siguen mandando los paras, Marzo 05 2006 36- De acuerdo a informes de la oficina del Alto comisionado Para la Paz y el informe 2006 de la Vicepresidencia de la República, Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

37- Las Autodefensas han tenido presencia en el Departamento del Putumayo desde finales de la década de los 80’s y ya desde entonces, se reconocían conexiones con el narcotráfico, particularmente en la medida que estos grupos se encontraban asentados en terrenos reconocidos como de Gonzalo Rodríguez Gacha. Dicho asentamiento a su vez, estaba relacionado con las dinámicas de procesamiento y explotación de la Coca. Posteriormente, el debilitamiento de los diferentes carteles entre 1992 y 1996, sumado a una ofensiva guerrillera, particularmente por parte de las FARC, llevaron a las autodefensas a un proceso de relativo repliegue, que en todo caso no dejó de lado las presiones contra la sociedad civil ni la búsqueda del fortalecimiento de sus redes de comercialización alrededor de la coca. A finales de 1997, e inicios del 98, las Autodefensas en el Putumayo, presentan una nueva etapa de desarrollo, caracterizada principalmente por frecuentes amenazas contra la población civil, asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas; hechos de violencia perpetrados con especial fuerza en los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamuez (La Hormiga), San Miguel, Puerto Leguízamo y Villa Garzón.

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res de las FARC, múltiples masacres, alrededor de 396 Fosas comunes38, y presión contra la población, civil con especial énfasis en los cascos urbanos y cabeceras municipales, particularmente en la zona del bajo Putumayo: “La Dorada Municipio de San Miguel en donde hacen presencia permanente y esporádicamente en la vereda San Carlos, también tienen como su zona de influencia La Hormiga, el Tigre, El Placer en el Valle del Guamuez”39. (…)Un tercer lugar donde concentran su accionar es en la cabecera municipal de Orito con alguna presencia en el cruce del Yarumo y algunas entradas hacia la zona del Empalme, Inspección de policía Jardines de Sucumbíos.

Además otro sitio que mantienen bajo su control es en la Cabecera municipal de Puerto Asís e incursionan en Puerto Vega y Santa Ana. (…) Según informe de Pastoral Social “las AUC actúan en el casco urbano del municipio y realizan algunas incursiones en la zona rural de La Cabaña, La Cristalina y Jordán. Su presencia y consolidación se dio simultáneamente con las fumigaciones del año 2000. Estas dos situaciones provocaron el desplazamiento forzado de varias familias a otras veredas, al casco urbano y fuera del municipio del Valle del Guamuez”. (…)Por último encontramos que otro espacio de accionar paramilitar tiene como zona de influencia, Puerto Caicedo e incursionan desde la vereda San Pedro hasta El Cedral en Puerto Umbría”40.

38- De acuerdo a declaraciones del Fiscal General de la Nación Mario Iguarán en Septiembre de 2006. Este tema lo abordaremos con mayor profundidad en el capítulo 3.

39- Ibíd., Informe Defensoría del Pueblo, Oficina de Atención al Desplazado del Departamento de Putumayo, 2006- 2007.

40- Ibíd., Informe Defensoría del Pueblo, Oficina de Atención al Desplazado del Departamento de Putumayo, 2006- 2007.

41- Ver capítulo 3 de este mismo documento.

De acuerdo con la defensoría del pueblo, y con las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, aún después del proceso de desmovilización en el 2006 se identifica un reagrupamiento de los diferentes grupos paramilitares, en donde prima su ubicación según áreas de cultivos ilícitos. Según el trabajo de terreno de esta institución, la comunidad manifiesta que la presencia paramilitar continúa con un nivel de accionar diferente, accionar que se relaciona con la generación de redes de sicariato, de grupos de no más de 3 personas, que se movilizan en motocicletas, vestidos de civil, extorsionando y amenazando a la población. Este sistema, además de disminuir significativamente el pie de fuerza utilizado para ejercer control territorial y del mercado de la coca, representa además la posibilidad de desvanecerse fácilmente en los cascos urbanos, y una difícil detección en las zonas rurales donde, de manera muy esporádica, realizan actividades.

Contrario a lo que se esperaría, los hallazgos del trabajo de campo reportan el fortalecimiento de las redes de narcotráfico de los grupos de autodefensa al interior de las zonas urbanas, ahora a través de la presencia de los llamados “grupos emergentes”41, grupos que por medio de asesinatos selectivos a través del sicariato, y del homicidio de expendedores y distribuidores de • 22 •

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coca en los cascos urbanos, se han ido posicionando paulatinamente alrededor de las dinámicas del narcotráfico, ahora, en parte acordonados por los diferentes contingentes del ejército que se interponen entre los cascos urbanos y las zonas rurales, y, paradójicamente, en esa misma medida, protegidos de los ataques de la guerrilla. En este sentido, arrojando la sensación de una delimitación territorial relativa tanto de funciones en lo que al proceso de producción y comercialización de la droga se refiere, como a territorios de presencia ilegal por parte de los diferentes actores42.

La defensoría del Pueblo advierte que se observa con preocupación, la aparición de nuevos grupos en la zona donde operaban las estructuras desmovilizadas. En ellas se verifica la participación de mandos medios – desmovilizados o no– que en algunos casos estarían reclutando a ex combatientes de las autodefensas. Estas estructuras, reportadas en el Sexto Informe (trimestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA), se encuentran en un proceso de expansión, encaminado al control de economías ilícitas.

Si bien según el VII Informe Trimestral de MAPP OEA, con la desmovilización del Frente Sur Putumayo, en el Departamento del Putumayo, se terminaron de desmovilizar las estructuras armadas del Bloque Central Bolívar, el mismo informe advierte sobre la continuidad en los fenómenos de reagrupamiento de sus miembros a nivel nacional en diferentes expresiones armadas y delincuenciales. (…)Tras el publicitado proceso de desmovilización de 504 de sus integrantes llevado a cabo en diciembre de 2005, en el corregimiento de Santana continúan ejerciendo control fundamentalmente en el casco urbano y en caseríos de los corregimientos de Santana y Puerto Vega (Puerto Asís) desde donde regulan el comercio de la base de coca. La fuerza pública hace presencia con el batallón Plan Especial Energético y Vial No 11, la Brigada 13 ubicada en el corregimiento de Santana y la Fuerza Naval del Sur que recorre el río Putumayo desde el municipio de Puerto Leguízamo43. (…) en el casco urbano del (Valle del Guamuez) existe presencia de las AUC, quienes ingresaron a la zona en 1998 y ubicaron su base de entrenamiento en el corregimiento del Placer. Las AUC continúan actuando en la inspección de policía del Tigre, generando temor en la población que se ve obligada a desplazarse desde el área rural.44

Así las cosas, sobre la base de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo con las unidades territoriales de Acción Social, la Defensoría del Pueblo, las Oficinas a cargo del tema de Derechos Humanos en la gobernación del Departamento y las alcaldías locales; con las Organizaciones Sociales, y de las respuestas de los Derechos de Petición; y tras su correspondiente triangulación con las bitácoras de prensa Presidencia de la República, y varios artículos de el diario El Tiempo y el Diario del Sur,, las acciones reportadas de grupos “emergentes” de autodefensa, se ubican de la siguiente forma: • 23 •

42- Sensación compartida, al parecer, no solamente por los habitantes del Departamento, los líderes de organizaciones sociales de distinta índole y los representantes de al población desplazada, sino también, en algunos casos, por varios funcionarios del Estado tanto en el nivel regional como nacional, según las entrevistas realizadas para la elaboración del presente informe. Sin embargo, hasta la fecha no existen documentos oficiales ni ningún tipo de pronunciamiento que otorgue a esta información un carácter de mayor peso distinto al de una mera hipótesis, sin ningún carácter acusatorio.

43- Informe Defensoría del Pueblo, Oficina de Atención al Desplazado del Departamento del Putumayo 2006-2007, Pp14.

44- Informe Defensoría del Pueblo, Oficina de Atención al Desplazado del Departamento del Putumayo 2006-2007, Pp14.

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Remanentes Bloque Central Bolívar: Puerto Asís Águilas Negras: Puerto Guzmán, Pie de Monte (cauca); Los Machos: Puerto Caicedo, Puerto Asís, La Hormiga (Valle del Guamuez), San Miguel; Rastrojos: Puerto Asís, Puerto Caicedo, La Hormiga, San Miguel, Villa Garzón.

Ante la movilidad del proceso de reagrupamiento que se viene presentando a lo largo del país, resulta extremadamente difícil afirmar que a la actualidad hayan zonas específicas de presencia de cada uno de estos “nuevos grupos” e incluso que sus nombres y formas de identificación no se encuentren fluctuando de manera permanente. Lo que si es un hecho confirmado, es que ya sea a través de la búsqueda de ciertos espacios de control del negocio del narcotráfico, o por medio de ataques a la población civil, en muchos casos presentados como efectos de delincuencia común, cada vez, con mayor fuerza, están haciendo muestra de su presencia y expansión en las zonas en las que tradicionalmente habían permanecido.

“Mientras el país se centra en el tema de la parapolítica en el congreso, se les está olvidando que en las regiones las autodefensas siguen accionando de manera soterrada (…) Desde hace mucho tiempo se ha sabido que el paramilitarismo tiene un asentamiento fuerte entre políticos importantes; eso no es nuevo, el asunto es que no se puede dejar de lado el hecho que además, sus peores acciones las realizan es en las regiones”45.

Vale llamar a atención sobre el hecho que en el marco de los efectos posteriores a la desmovilización, en el período Julio- Octubre de 2006, fueron descubiertas más de 10 fosas comunes en el Departamento, varias de ellas atribuidas a masacres y homicidios realizados por los grupos de autodefensa en los últimos años.

45- Entrevista a funcionario del gobierno encargado del tema de DDHH y Población Desplazada en uno de los municipios del departamento. Por solicitud del mismo nos reservamos los datos sobre su identidad.

“Tras la desmovilización del Bloque Central Bolívar, al mando de Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’, algunas de sus víctimas en La DoradaSan Miguel se acercaron a la Fiscalía para llevar a los investigadores hasta los sitios donde creían que estaban las fosas. A esto se sumó un llamado que el organismo hizo a través de los parlantes de la alcaldía municipal para que los parientes de desaparecidos entre el 2000 y el 2004 se acercaran a colaborar. (…)De inmediato, más de 20 familiares empezaron a hablar, tras admitir que tuvieron que guardar silencio todos esos años porque podían ser asesinados. La tarea cumple ya dos

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meses, pero aún falta mucho por hacer. Varios testigos aseguran que los muertos enterrados en fosas comunes podrían ser más de 500. Hasta ahora un equipo especial de fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, apoyado por el CTI, la Policía y el Ejército, ha identificado de forma preliminar 17 cadáveres de los 61 restos encontrados. Las pruebas de ADN darán el resultado final. Los testigos contaron que el municipio tenía influencia de las FARC, pero que los ‘paras’ llegaron en el 2000 y empezaron una cadena de crímenes contra quienes señalaron de ser auxiliadores de los subversivos. En las noches, cuentan, llegaban con lista en mano y se los llevaban de las casas y los desaparecían. Añaden que allí mandaban los comandantes ‘Blanco’, ‘Guillermo’, ‘90’ y ‘Tyson’, de ‘Macaco’. “Yo busco a mis cuatro hermanas, a ellas se las llevaron, las violaron y después las mataron”, contó una señora quien pidió que la ayudaran a encontrar los restos. Un hombre relató que le mataron a su compañera que estaba embarazada. Otra mujer dijo que el patrón de su esposo le debía más de 10 millones de pesos por su trabajo y que un día los ‘paras’ se lo llevaron. “Lo mandó a asesinar por la deuda”, dijo. Entre los restos aparecieron dos hombres con documentos ecuatorianos: Harold Vicente Valencia Ayovy y Jesús Aníbal Villareal Pozo46.

En el mes de Octubre, miembros del CTI hallaron ocho fosas comunes con 24 cuerpos descuartizados, gracias a la confesión de un desmovilizado. Para el período de publicación del presente informe, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, informó que con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el número de fosas comunes podría aumentar, que en el último semestre se han encontrado 211 cuerpos en el departamento, y que podrían llegar a ser hasta 3000 solamente en el Departamento del Putumayo.

“Los cadáveres estaban enterrados en decenas de fosas comunes en los predios rurales El Placer, La Dorada, El Tigre y San Miguel, del municipio de La Hormiga, conocido como Valle del Guamuez, en el bajo Putumayo”47.

Llama la atención que, de acuerdo a los informes oficiales en 2007 se ha podido establecer que en las fosas comunes del Putumayo habría ciudadanos ecuatorianos, lo que ha provocado diversas reacciones tanto del gobierno ecuatoriano, como de la prensa del vecino país.

“En cada comunidad de Sucumbíos, provincia fronteriza con Putumayo, hay un promedio de dos casos de personas que nunca regresaron de Colombia.

Gloria Vélez abraza a sus hijas, Shirley, de 11 años, y Lucero, de 9. Las tres lloran (…) Ella lleva siete años con aquella diaria ilusión, que se transforma también en una rutinaria desilusión. Santos Fermín Álvarez, su esposo, partió hacia Colombia la mañana del 14 de junio del 2000, y no regresó (…) Desapareció junto a sus amigos Gleicer Puente Lara y Carlos Ortiz, residentes en la comunidad Pacayacu, a 35 km de Nueva Loja y a 10 km de la frontera colombo-ecuatoriana. (…) Des-

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46- El Tiempo, «Desplazados destapan fosas con 61 restos», Octubre 23 2006.

47- http://www.eluniverso.com. «ALDHU insta a gobierno colombiano a aceptar responsabilidad en fosas comunes». Mayo 11, 2007.

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esperada por la ausencia, dos días después, Gloria fue a la frontera a indagar el paradero de su pareja, pero nadie le dio pistas. “Mejor me aconsejaron que no preguntara nada porque hasta nosotros corríamos peligro”, refiere. Tampoco denunció, porque “la ley no es capaz de ayudar al pobre” (…) Así transcurrió el tiempo. Hoy, las heridas por la desaparición de Álvarez, Puente y Ortiz vuelven a sangrar, y con fuerza, en sus esposas e hijos, una vez que hace dos semanas personal de la Fiscalía de Colombia desenterrara en La Dorada, frontera con Ecuador, los restos de 154 personas, entre estas al menos cinco ecuatorianas, según los primeros informes, víctimas de los paramilitares que operaron en la zona desde 1998.(…)Justamente la noticia de ese hallazgo provoca que familiares de personas que viajaban ocasionalmente o vivían en esa parte de Colombia, desde la década del noventa hasta el 2003, y no retornaron, se pregunten si esos restos son de sus parientes. (…) Pero es en la zona fronteriza que ese letargo de dolor se despierta al conocer el hallazgo de fosas comunes en el lado colombiano. Así como en Pacayacu se vuelve a hablar de los tres desaparecidos del pueblo hace siete años, en la parroquia El Eno, al sur de Nueva Loja, los parientes de Emiliano Espinales Bravo y José Leonardo Peña Calderón reviven su dolor.(…)“Un vecino de apellido Bermeo me avisó meses después que a Emiliano lo habían acribillado y hecho pedazos.

No denuncié en ningún lado porque como pasó en Colombia a una le da miedo”, agrega la mujer.

Elisa Estela Calderón es la madre del desaparecido José Peña, quien tenía 26 años. (...)Ella me conversó que unos paramilitares le cogieron en La Hormiga y se lo llevaron para matarle. No sabemos nada de su cuerpo, lo tenemos como muerto pero no denunciamos”, indica. (…)(se estima que) que el 20% de desaparecidos por ataques paramilitares en el Putumayo colombiano podría ser ecuatoriano. En cada comunidad hay un promedio de dos familias cuyos miembros están perdidos. Si se toma en cuenta que en el cordón fronterizo de Sucumbíos hay unas 250 comunidades, (...) serían unas 500 las víctimas del conflicto armado del vecino país. A ellos se suman los casos de comerciantes, médicos, profesores y agricultores, hombres y mujeres, que de distintos sectores del país ingresaban a esa conflictiva región, y que no retornaron. (…) El éxodo de ecuatorianos al Putumayo colombiano se dio por el boom de la coca en esa región, que entre 1985 e inicios del 2002 provocó un intenso movimiento económico y coincidió con la presencia de la guerrilla de las FARC. A inicios de 1998 comenzaron las masacres por la llegada de grupos paramilitares, cuya misión era combatir, al margen de la ley, a la guerrilla. Los paramilitares, según testigos y relatos de sus integrantes ante la Fiscalía colombiana, atacaban pueblos enteros, asesinaban a hombres, mujeres y niños, y sus cuerpos los arrojaban a los ríos o los enterraban en fosas, parte de las cuales hoy se están descubriendo. (…) El terror traspasó la frontera y cuando algún ecuatoriano no regresaba del vecino país, sus parientes no se atrevían a denunciar. Un miem-

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bro de la Fiscalía de Nueva Loja (...) explica que incluso las autoridades de Sucumbíos se negaban a conocer los casos porque estos se produjeron en otro país. No obstante, en los archivos de esa institución se registra un promedio de 40 denuncias al año, entre el 2001 y 2003, por desapariciones de personas en Nueva Loja, aunque sus parientes sabían que estas viajaron a Colombia, pero allá reinaba el terror y no podían ir a denunciar. (…) Mario Shingre, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo, y Fanny Pilco, de la Federación de Derechos Humanos de Sucumbíos, piden que el gobierno de Rafael Correa o algún organismo internacional levante un registro de desaparecidos ecuatorianos en esta zona de Colombia. (…) “Es difícil que la gente denuncie. Ahora que están desenterrando las fosas (en Colombia), hablan, y lo que han dicho en las comunidades es totalmente cierto. Sería interesante hacer una evaluación. Sería ideal que el Gobierno trate de establecer una cifra, que se forme un grupo de investigación”, dice Pilco48.

En este orden de ideas, en un comunicado, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos ALDHU, con sede en Quito, señala que «permanecen sepultados ilegalmente los cuerpos de al menos 10.000 víctimas de los paramilitares, en lo que constituye el peor genocidio cometido bajo gobiernos democráticos en la región».

Advierte, además, que «la mayoría de las víctimas fueron torturadas, desmembradas y ejecutadas con tiros de gracia, al estilo de las masacres nazis en la Alemania de Hitler». “(…) repugna a la conciencia democrática de América Latina que el régimen de (...) Uribe haya mantenido tan estrechos vínculos con los autores de estas masacres, permitiendo que altos funcionarios y dirigentes políticos y hasta parlamentarios uribistas hayan compartido negocios y beneficios con los genocidas». «(…)Los privilegios con que el gobierno colombiano premió durante más de tres años a los comandantes paramilitares retenidos en increíbles condiciones de lujo y confort en San José del Ralito, les permitieron a estos seguir disponiendo la ejecución de masacres, el tráfico de drogas, los crímenes por encargo, la extorsión de jueces y fiscales y su propia impunidad»,

Este documento afirma que los «nombres de los genocidas más feroces como Víctor Múnera, Salvatore Mancuso, Jorge Cuarenta, Edgard Cobos, Rodrigo Mercado, Gabriel Galindo, Ramiro Vanoy, Ramón Isaza, Manuel Jesús Piraban deben asociarse con las masacres, decapitaciones, torturas y ejecuciones de estos miles de campesinos».

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48- El Universo.com (Ecuador), «Fosas comunes dan pistas a parientes de perdidos fronterizos».

Mayo 13, 2007

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(…) la verdad profunda que evidencia a los mentalizadores y beneficiarios de este genocidio aún está lejana y apunta a que hasta ahora solo se empiezan a conocer las víctimas, los ejecutores, los cómplices y encubridores. (…)»Los verdaderos autores permanecen aún perfectamente ocultos gozando de plena impunidad, amparados en las más sólidas estructuras del poder político y económico dentro y fuera de Colombia».

HOMICIDIOS Y SECUESTROS:

De acuerdo al informe sobre situación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la vicepresidencia de la república, durante el 2006 fueron reportados 381 homicidios por el CIC de la Policía Nacional en el departamento del Putumayo. Sin embargo de acuerdo a las entrevistas de campo realizadas en el municipio de Puerto Asís, solamente en este municipio se reportó un promedio de 2 muertes por causas violentas a la semana durante el 200649. En el municipio de San Miguel las cifras tienden a ser más preocupantes, que de acuerdo a las entrevistas realizadas, arrojan un promedio de 15 muertes al mes. De estos crímenes, solamente 10 fueron reportados por la prensa nacional; el primero de ellos en Mocoa, donde fue asesinado por desconocidos el representante de la Mesa Departamental de Desplazados por el municipio, Lemesio Lesmes.

El segundo, también en Mocoa, donde, en la vereda La Tebaida, desconocidos detuvieron un vehículo de transporte público e hicieron descender y asesinaron a la comerciante de verduras y frutas de la plaza de mercado Gloria Amparo Realpe. El tercero de ellos, el ya mencionado asesinato del conductor de Cootransmayo. Los tres siguientes, en zona rural de los municipios de Puerto Caicedo y Puerto Asís donde guerrilleros de las FARC asesinaron a tres jóvenes, entre ellos un menor de edad, por negarse a ingresar a las filas guerrilleras. Los siguientes, todos en el mes de Junio: el primero al interior de un centro recreacional del municipio de Villagarzón, de una niña de 12 años de edad de edad, y posteriormente los homicidios de de Osiris Toro Álvarez, en el barrio Pablo Sexto de Mocoa; de Carlos Ramiro Cortéz Meneses, en la vereda El Zancudo del municipio de San Miguel; y de Oliver Papajilla Caicedo, un campesino de aproximadamente 35 años de edad, en zona rural del municipio de Villagarzón. Todos estos hechos, realizados por “desconocidos”.

49- Uno de los líderes desplazados en Puerto Asís, incluso asevera que en el hospital del municipio se reciben entre 1 y 2 muertos diarios, donde el 80% de estos son resultado de hechos de violencia.

50- CODHES, Diarios de Campo Putumayo. Texto sin publicar, Febrero de 2007.

“Más adelante, conversando con mis entrevistados varios de ellos me harían saber que esa una de las formas más recurrentes de reportar asesinatos sin inculpar a los “paras” desmovilizados. Tal vez la más conveniente”50.

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Por otro lado, el mismo informe de la vicepresidencia reporta 8 secuestros en la región en el mismo período. La Prensa reporta que en el mes de Marzo, en el sitio Hong Kong, (jurisdicción de Puerto Asís), guerrilleros de las FARC liberaron a dos policías: Éder Almanza y Carlos Alberto Legarda, que habían sido secuestrados meses antes; que en mes de Abril, en el municipio de San Francisco, agentes de la Policía capturaron a un Sargento activo del Ejército y otra persona, cuando trasladaban a un secuestrado; que en el mes de Julio, en Puerto Asís, miembros del frente 48 de las FARC secuestraron a un grupo de 13 médicos, enfermeras y auxiliares mientras realizaban una brigada de salud en la zona de atención, y que posteriormente, en el sector de Teteyé, fueron liberados 12 de ellos, quedando en poder del grupo, el auxiliar de farmacia de la EPS Selvasalud, Jairo Miranda. De igual forma, las desapariciones forzadas en el departamento son parte de la cotidianidad de los habitantes del mismo en el marco del miedo y la tensa calma que se vive en la región.

Tanto homicidios como desapariciones forzadas hacen parte del proceso de reacomodación de las fuerzas en el nuevo panorama del conflicto que se desarrolla en la región tras el proceso de desmovilización de las antiguas AUC: rearme de los nuevos grupos emergentes y disputa por el control entre estos y las FARC por las rutas y mercados de la coca en la región.

Bien por ajuste de cuentas, bien por acusaciones de ser colaboradores de uno u otro bando, o bien por la demostración concreta del poder armado de cada grupo como ejercicio de poder tanto frente a la población civil como frente a los bandos contrarios y posibles detractores.

TENDENCIAS Y PROYECCIÓN Al realizar una superposición de las zonas de presencia de los diferentes actores armados irregulares en el departamento, y sobre la base de lo comentado a lo largo de este apartado, son varias las inquietudes que pueden surgir: ¿Por qué a pesar de tener presencia en territorios “compartidos” no se reportan combates entre miembros de las FARC y de los grupos emergentes? ¿Es acaso que la disputa territorial y de cultivos es un tema superado y, como dicen algunas de las • 29 •

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personas entrevistadas, se ha dado una distribución de las zonas de cultivo entre estos grupos armados? ¿Es acaso que quienes viven específicamente estas disputas entre los grupos son los campesinos y los miembros de la sociedad civil del departamento? ¿Lo que sucede es que se encuentran separados por los cercos que han tejido las fuerzas armadas entre las zonas rurales y los cascos urbanos, y en este orden de ideas, por esta razón quienes confrontas a ambos bandos son las fuerzas del Estado?

De acuerdo a las entrevistas realizadas, las tres hipótesis son plausibles desde diferentes niveles de análisis. Aunque, contando con la reconfiguración del conflicto interno armado en la región, nada está dicho sobre el futuro del departamento en materia de violencia. Lo cierto es que aún a pesar de las acciones emprendidas por el plan patriota (y en algunos casos a consecuencia del mismo), los mayores perjudicados por estas dinámicas son los habitantes de la de la región. Bien por la imposibilidad sustantiva del Estado de garantizar seguridad permanente para las personas que, dado el caso, decidan apostarle a los lineamientos de la seguridad democrática y de sustitución de cultivos abanderados por el Presidente Uribe; bien por el señalamiento de los diferentes actores armados, particularmente contra campesinos e indígenas, de ser colaboradores de uno u otro bando, y las implicaciones que dichos señalamientos pueden tener contra la integridad y la vida de los habitantes de la región, más aún cuando no se tiene en cuenta que frente a la “convivencia” de los actores en la región, la única posibilidad que tienen, consiste en dar a cada uno lo que pida independientemente de simpatías o distanciamientos políticos o económicos.

“Si llegan de la guerrilla a pedir agua o lo que sea y ud no se los da, pues lo van golpeando y hasta lo matan. Si llega gente del ejército a lo mismo, pues también toca darles porque luego van y lo acusan a uno de colaborarle a la guerrilla y van y lo meten preso o lo desaparecen. Lo malo del asunto es que si ud le da a uno o al otro, pues el que queda lo va a señalar.

Dígame ud, ¿qué salidas le quedan a uno entonces? Hay que ver que pasa con los paras pero la situación por aquí no va a mejorar al corto plazo”51

51- Entrevista a Líder Desplazado en Puerto Asís.

A esta situación, constante en todo el país, se suma el hecho de ser una región que, como veremos en el próximo capítulo, subsiste fundamentalmente del cultivo de la coca. Campesinos cocaleros (no narcotraficantes, como ellos mismos lo enuncian), que frente al plan patriota, más que una solución a su seguridad encuentran dificultades frente a la posibilidad de judicialización, riesgos importantes a su posibilidad alimentaria, y la imposibilidad de tomar una distancia real frente a la guerra y al no ser señalados por los diferentes actores. Y con el temor a flor de piel frente a la zozobra que deja en el aire la reconfiguración de las fuerzas en conflicto en el que, aún sin quererlo, se encuentran permanentemente en medio.

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II. Economías del conflicto EL PETRÓLEO Inicialmente, vale la pena anotar que de acuerdo a INGEOMINAS, el Departamento del Putumayo hace parte de varias de las cuencas sedimentarias que actualmente se encuentran en producción, comenzando con la cuenca del Putumayo, que tiene un potencial de hidrocarburos estimado en 2.400 millones de barriles de petróleo equivalente, y que representa el 5.1% del total del país.

Este Departamento también hace parte de la cuenca sedimentaria denominada Caguán – Vaupés que aunque no se encuentra en producción, posee un potencial de hidrocarburos estimado en 500 millones barriles52. Para el año 2006, se produjeron 4,6 millones de barriles de petróleo en el Putumayo, lo que representa el 2,4% de la producción nacional53. El mayor volumen de producción proviene de los pozos Orito CPI (5.135 BPM), AcaeSan Miguel (1.500 BPM), Guayuyaco (1.135 BPM) y Santana (1.504 BPM), los cuales son áreas de producción exclusiva de ECOPETROL, en los dos primeros casos, y áreas de producción conjunta con la empresa canadiense Gran Tierra, en los otros. Adicionalmente, en el municipio de Orito, ECOPETROL posee una refinería que produce un pequeño volumen de 853 barriles diarios de combustible, es decir el 0,26% del volumen nacional, que es encabezado por Barrancabermeja y Cartagena.

En este sentido, actualmente el departamento no parece ser una prioridad en materia de producción de petróleo, sin embargo es una de las zonas con mayor potencial para el hallazgo de nuevas zonas de exploración. De acuer• 31 •

52- Ibíd., Departamento Nacional de Planeación. Pp. 52.

53- INGEOMINAS. «Producción a diciembre de 2006 por Departamento». http://www.minminas. g o v. c o / m i n m i n a s / s e c t o r e s . n s f / 870e3d03e406864905256def0072494c/ 8b79c9c789b5ff2705256def0070bd15/$FILE/ ATTOCWMZ/PETDEP-06.pdf

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do al Mapa de Tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, además de las 7 áreas actuales de producción, existen 11 áreas en exploración y 1 en estudio, las cuales son operadas por ECOPETROL y empresas extranjeras como Gran Tierra, Petrominerales (canadienses), C&C Energy & Emerald.

El Mapa de Tierras del departamento muestra que la mayor parte de la cuenca del Putumayo corresponde a áreas para el desarrollo de procesos competitivos de exploración o hace parte de procesos de exploración actuales por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y ECOPETROL. Una muestra del gran potencial de la región lo demuestra el reciente descubrimiento de significativos hallazgos de petróleo en el área Chaza, que estaba siendo explorado por la empresa Gran Tierra. De acuerdo a las entrevistas de campo estas exploraciones han generado conflictos de distinta índole en los territorios indígenas, en la medida que ni han sido concertadas, ni tienen en cuenta el valor simbólico que la tierra representa para las comunidades.

Por otro lado, la posibilidad de mayor inversión para el desarrollo de actividades de exploración petrolera tiene como principal dificultad el gran número de ataques contra la infraestructura petrolera de que es víctima el departamento. De acuerdo a la información de ECOPETROL y el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, durante 2006 se produjeron 106 ataques contra la infraestructura petrolera, de los cuales, como mencionamos anteriormente, 65 ocurrieron en el departamento del Putumayo, la mayor parte de ellos, a su vez, ocurrieron entre los meses de enero y marzo (40). En el departamento estos actos fueron ejecutados en los municipios de Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel y Valle del Guamuez, donde se encuentra ubicada la infraestructura petrolera de la Gerencia Sur de ECOPETROL (GSU). Estos ataques parecen corresponder a la estrategia de las FARC para demostrar el control territorial en el departamento y demostrar el fracaso de la Política de Defensa y Seguridad Democrática alrededor del paro armado desarrollado en este período. En respuesta, tal y como se mencionó en páginas anteriores, estos ataques han ocasionado el aumento en el pie de fuerza de la región, lo que se ha visto reflejado en una mayor presencia por parte del ejército en la periferia del oleoducto y las zonas de explotación petrolera.

Vale decir que frente al tema de explotaciones, la Defensoría del Pueblo UT Putumayo reporta la presentación de quejas por parte de la población civil frente a los altos grados de contaminación que estas presentaron durante el 2006, particularmente en los sectores “El Empalme”, y “Temblón 1 y2”.

Como retribución económica y ambiental de esta explotación, el Departamento del Putumayo y sus municipios son beneficiarios de regalías y compensaciones de conformidad con la Constitución Política del 91 y la Ley 141 de 1994 (Ley de Regalías). Sobre este tema, de manera preeliminar, es importante anotar que el total de las regalías a distribuir entre los Departamentos y municipios productores, los municipios portuarios y el Fondo • 32 •

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Nacional de Regalías corresponde al 25% del total de los recursos que genera la explotación petrolera, y de conformidad con la Ley 141 de 1994 y la Ley 756 de 2002, de estos recursos solamente entre un 16% a 40% se distribuye a entidades diferentes a los Departamentos y municipios productores.

Esto quiere decir que de los ingresos generados por la explotación del petróleo, sólo cerca de un 15% a 20% es distribuido a las entidades territoriales donde se produce la explotación al interior del Departamento. Durante el 2006 el total de las regalías giradas al Putumayo suman $57.019 millones de pesos54 desagregados de la siguiente manera:

En este orden de ideas, hay dos aspectos a considerar al respecto de los recursos de regalías: Por una parte, que estos son recursos que tienen destinaciones específicas, lo cual hace que resulten inflexibles para el uso de las entidades territoriales. La Ley de Regalías prevé que hasta que el departamento y los municipios beneficiarios de regalías y compensaciones no alcancen unas coberturas mínimas en alcantarillado, agua potable, educación básica, salud para la población pobre y máxima en mortalidad infantil, tendrán que hacer uso del 60% de estos recursos en el caso de los departamentos, y 75% en el caso de los municipios, para financiar inversiones destinadas a lograr estas coberturas. Adicionalmente esta Ley establece que forzosamente un 5% de las regalías deben destinarse a gastos de operación y funcionamiento, y 5% al pago de interventorías técnicas de los proyectos de inversión financiados. Lo anterior limita la posibilidad de destinarlos a otras inversiones prioritarias, tales como proyectos productivos para la generación de ingresos propios o el fomento de pequeñas y medianas industrias, o empresas agroforestales, que permitan disminuir la dependencia departamental frente a la producción petrolera.

Por otro lado, estos recursos, así como otros bienes primarios ofrecen numerosas oportunidades para la llegada, permanencia y fortalecimiento de grupos armados ilegales; en parte porque estas dependen fuertemente de activos duraderos e inmuebles y son también las de “mayor carga impositiva: las mismas características que hacen que a los gobiernos les sea fácil • 33 •

54- Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH. «Regalías 2006: Histórico de Regalías Pagadas». http://www.anh.gov.co/html/i_portals/index.php

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gravarlas con impuestos hacen que a los rebeldes les sea fácil saquearlas”55. Adicionalmente, en la medida en que estos fondos provienen de recursos naturales no renovables, con un comportamiento cíclico caracterizado por bonanzas temporales, se observa una mayor dificultad por parte de las entidades territoriales beneficiarias de realizar un manejo administrativo adecuado de los mismos. Municipios que antes no tenían acceso a grandes fuentes de financiación, se enfrentan, al momento de las bonanzas petroleras, con la responsabilidad de asignar una gran cantidad de recursos para los que no tienen capacidades administrativas instaladas, y en esta medida se observan mayores posibilidades de desviación de estos recursos, en muchos casos involuntaria, hacia la financiación indirecta de grupos armados ilegales.

Adicionalmente, el control de los recursos petroleros es fundamental para los grupos armados de la región en la medida en que este es utilizado para la fabricación de insumos químicos necesarios para la producción de base de cocaína en el Departamento. De acuerdo a la Agencia Nacional de Noticias Policiales, ANNP, en el mes de mayo, fue hallado un complejo utilizado para destilar el crudo sustraído ilegalmente del poliducto de ECOPETROL, en el cual se producía crudo refinado utilizado por el frente 32 de las FARC para la elaboración de base de coca en el Departamento56. De esta manera el control de los recursos petroleros no sólo favorece el posicionamiento y demostración de poder por parte de los grupos armados que se encuentran en la zona, sino que hacen parte de sus fuentes de financiación y su economía de guerra.

Al respecto, el informe de la Defensoría del Pueblo del Departamento de Putumayo establece que “la ubicación fronteriza del departamento con Ecuador y Perú, su acceso a importantes vías fluviales como los ríos Amazonas, Caquetá y Putumayo, los recursos provenientes de petróleo, la existencia de una importante actividad cocalera, la proyección de megaproyectos viales y energéticos, han hecho del Putumayo un lugar de importancia estratégica para los actores armados ilegales, que buscan aprovechar las ventajas financieras y militares que se derivan de las condiciones antes mencionadas. Manteniendo una activa disputa por estos recursos, que se traduce en altos niveles de violencia y desplazamiento forzado en el departamento57”.

EL NARCOTRÁFICO 55- Collier, Paul. «Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de políticas».

56- ANNP. Importante Operativo contra los intereses económicos de las FARC. Mayo 13 de 2006.

57- Informe Defensoría del Pueblo, Oficina de Atención al Desplazado del Departamento de Putumayo, 2006- 2007, pág. 14.

«La economía ilícita de la coca unida a la débil presencia del Estado, se constituyeron en factores coyunturales de primer orden para la intervención/expansión de los actores armados ilegales, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, quienes construyeron un poder paralelo en las áreas rurales bajo su dominio. También se asentaron en la región las Autodefensas Unidas de Colombia –

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AUC-, principalmente en zonas urbanas, repercutiendo en el incremento del conflicto armado. Estos actores entraron en disputa por el control territorial y su participación en el negocio del narcotráfico, como fuente de financiación, desencadenando una oleada de muertes y desplazamiento forzado que se convierte en una constante contra la población del Putumayo. Las masacres de El Tigre y La Dorada, ocurridas en el año 2000 realizadas por las AUC58generaron los primeros desplazamientos forzados que oficialmente se registraron y que en la historia reciente son un punto de partida para el análisis de la evolución del conflicto, como hechos concretos reconocidos de la agresión de que ha sido objeto la población civil”59.

Desde la vinculación de los grupos irregulares con las economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico, tanto en el departamento del Putumayo como en el resto del país, esta, no solamente se convirtió en una de sus fuentes más importantes de financiación para sus actividades militares, sino que a la vez, dadas las condiciones de pobreza y de dificultad para la comercialización de productos agrícolas legales (por las condiciones de las vías que comunican al departamento y la falta de estrategias de competitividad claras), se convirtió en un escenario favorable para la consolidación de bases de apoyo popular entre aquellos grupos poblacionales que hicieron del cultivo de la coca su principal, y en muchos casos única fuente de ingresos. Clara muestra de este hecho, es el reconocimiento de la existencia de grandes extensiones dedicadas a este cultivo por parte del Departamento Nacional de Planeación en los textos relacionados con la información básica del departamento; parte de las cuales se encuentran en zonas de resguardos indígenas (el Afilador, Piñuña Blanco, Buenavista, Santa Rosa del Guamuez y Yarinal).

De acuerdo con la Oficina Contra la Droga y el Delito del sistema de Naciones Unidas60 el cultivo de coca en el departamento del Putumayo llegó a un máximo de 66.000 hectáreas en el año 2000, hecho que, como mencionamos en páginas anteriores implicaba que el 40% del total nacional se encontrara siendo cultivado en esta zona. Después de cuatro años de reducciones importantes y consecutivas, el cultivo de coca en Putumayo alcanza 4.400 hectáreas en 2004, que representa únicamente el 5% del total nacional. Esta tendencia habría de modificarse entre los años 2004 y 2005 donde el aumento en este período reportó un crecimiento del 105%, en parte relacionado con la disminución del área de aspersión que se redujo de 17.524 hectáreas en 2004 a 11.763 en 2005. “la mayor parte de los cultivos de coca se establecieron en el piedemonte cercano a la frontera con el departamento del cauca. La aspersión aérea es particularmente difícil en terrenos montañosos, lo que puede ser una razón para el establecimiento de los cultivos en esta zona del país. En el cinturón de 10km a lo largo de la frontera con Ecuador,

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58- Mesa de trabajo Asistencia Humanitaria.

Diagnóstico de la situación de desplazamiento en el Departamento de Putumayo. Mocoa. 2003.

59- Comité Técnico Gobernación del Putumayo, RSS, OPD, OIM, ACNUR. Plan Integral Único PIU para la Atención a la Población en Situación de Desplazamiento por la Violencia en el Departamento del Putumayo, 2005.

60- Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca, Junio 2006.

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que cubre alrededor de 550.000 hectáreas de los departamentos de Nariño y Putumayo, (en 2005) se identificaron casi 4.000 hectáreas de coca, lo cual representa un aumento de 1.000 hectáreas (+32%) en relación con el 2004.”

Aunque a la fecha no existen cifras públicas oficiales sobre las hectáreas de coca en el Departamento, de acuerdo a la oficina de prensa de la Presidencia de la República, entre diciembre de 2005 y septiembre de 2006, fecha en la que el Gobierno suspendió la aspersión aérea en la frontera con Ecuador, los cultivos ilícitos habían aumentado en un 93% en Putumayo. Las cifras suministradas por la Policía Antinarcóticos registran un incremento de cultivos ilícitos en esta franja, pasando de 3.496 a 6.750 hectáreas, en ese mismo lapso de tiempo61. Adicionalmente, en el Consejo Comunal realizado en Puerto Asís el 25 de Julio de 2006, Acción Social reporta que para dicha fecha habían sido erradicadas 2.360 Hectáreas de cultivos ilícitos en lo corrido de ese año.

De acuerdo al censo de cultivos de coca de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas en Colombia, en el departamento del Putumayo fueron fumigadas, a través de aspersiones aéreas, alrededor de 574 hectáreas para 1997. Para el 98 esta cifra se incrementó a 3949, para 1999 a 4980, para el 2000 a 13508, presentando un incremento paulatino durante los siguientes 5 años, llegando a su punto máximo en el 2002 con 71894 y su mayor punto de disminución en 2005 con 11763.

61- http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/ sne/2006/diciembre/12/17122006.htm

Este incremento paulatino durante los últimos años de la década de los 90’s así como en los años posteriores al 2000, tal y como lo evidencia la gráfica, redundaron en una caída significativa en el número de hectáreas cultivadas en el departamento, y, en este sentido, de acuerdo a las entrevistas de campo, en la economía de los habitantes de la región. Razón por la cual, con el tiempo, los campesinos han generado nuevas estrategias para el cuidado de los cultivos y la protección de los mismos frente a las aspersiones. Apren• 36 •

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dizajes que, desafortunadamente no son extensibles a los cultivos de pancoger, y en este orden de ideas, hacen de las fumigaciones aéreas uno de los motivos fundamentales (adicionales al valor agregado de la coca) para la desaparición paulatina de cultivos legales como fuente de ingreso para los campesinos de la región.

“No obstante, debe tenerse en cuenta que la mezcla química tiene efecto sobre las hojas y no sobre las raíces o el suelo y por lo tanto el arbusto puede volver a su ciclo de producción mediante soqueo a unos 30cm. Del suelo para obtener una nueva cosecha en aproximadamente seis meses (…) Una vez que los lotes de coca son asperjados, se necesita entre seis y ocho meses para recobrar la productividad cuando se soguea y se resiembre. Sin embargo, cuando se presentan lluvias o cuando los campesinos lavan los arbustos inmediatamente después de la aspersión, diminuye la pérdida de la hoja de coca y el cultivo se recupera rápidamente”.

De acuerdo a las entrevistas de campo, el uso de estas estrategias así como el lavado de las plantas de coca con “aguamelasa”62 y “pony malta” han permitido a varios campesinos mantener sus cultivos de hojas de coca, aunque esto redunde en la pérdida de aquellos que, incluso en el marco de los planes de gobierno de sustitución, han logrado cultivar durante algún período como forma de ingreso alternativo. “la mezcla del herbicida, aplicada en concentraciones de exposición probablemente similares a las que resultan del programa de fumigación aérea, en 96 horas mató al 50% de los anfibios expuestos. Esta tasa de mortalidad indica un riesgo inadmisible para las ranas colombianas, sin importar si las especies están o no amenazadas o si sólo se encuentran en la zona donde ocurre la fumigación. (…) Esta identificación del riesgo potencial existente para los anfibios, es suficientemente grave como para justificar la suspensión de la fumigación hasta que se determine el verdadero nivel de riesgo o se encuentran alternativas más seguras”63.

Además del grave impacto ambiental que las aspersiones han tenido en las zonas fumigadas, de acuerdo al trabajo de campo, estas a su vez han ocasionado la destrucción de una parte importante de zonas de cultivos legales, incluso en áreas donde se venían desarrollando planes de sustitución voluntaria por parte de los habitantes de las zonas rurales de la región. En este sentido, posterior a los aprendizajes en materia de protección por parte de los campesinos de las hojas de coca, las fumigaciones aéreas, no han resul• 37 •

62- Una mezcla de agua con azucares naturales.

63- Interamerican Association for Environmental Defense: Programa de Fumigación Aérea del Plan Colombia- Análisis y Crítica del Informe del Departamento de Estado al Congreso de EEUU. Sobre el Riesgo para los Anfibios y Especies Amenazadas.

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tado un mecanismo efectivo para la destrucción de los cultivos ilegales y por lo contrario, se han convertido en un factor de agudización de la crisis económica y de recursos alimentarios para los campesinos de la región, hasta el punto de llegar, de acuerdo a las entrevistas con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, a “aumentar los grados de acidez de la tierra hasta un punto donde lo único que puede crecer en las zonas, son arbustos, y en este sentido, matas de coca (…) las fumigaciones lo que han logrado, es una tecnificación de la tierra para que el único cultivo posible en muchas zonas de la región, sea precisamente eso contra lo que estaban peleando”.

Frente a las erradicaciones manuales por su parte, se han reportado, como hemos mencionado en páginas anteriores, quejas de distinta índole por parte de los habitantes de la región frente a acciones de maltrato y estigmatización por parte de funcionarios de la Fuerza Pública, particularmente en las zonas de Piñuña Negro y Piñuña Blanco, donde miembros de varios territorios indígenas han sido sindicados como colaboradores de grupos guerrilleros, frente al encuentro, por parte de las fuerzas armadas de cultivos de coca en sus parcelas y zonas de cultivo. Estigmatización que, aún en el marco de la lógica del narcotráfico que se vive en la región, deja de lado el hecho de que el cultivo de la hoja de coca, en todo caso hace parte de los bienes de consumo tradicional por los grupos indígenas.

Si bien es justo reconocer que un efecto importante del plan patriota ha sido el incremento relativo de los niveles de protección de vías, estructura petrolera y cascos urbanos; lo difícil de la geografía de la zona así como la estrategia de guerrillas, hace que las FARC sigan siendo un actor predominante en las zonas rurales, y en este sentido, mantengan de manera importante el control de los cultivos de coca y amapola a lo largo del Departamento, así como de las dinámicas sociales de muchas de las veredas y corregimientos donde históricamente han tenido presencia, y en este orden de ideas, pre• 38 •

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senten formas de inserción en el tejido social, ya sea como los compradores principales de hojas y pasta de coca de los campesinos que se dedican a esta actividad, o mediante amenazas y ataques que generan formas de control social de difícil permeabilidad, inclusive, a pesar de la presencia de comandos del Ejercito en las cabeceras municipales.

“La mayoría de los campesinos venden la base de coca que ellos producen en pequeñas cocinas ubicadas dentro de las fincas o cerca de ellas. El conocimiento técnico para dicha actividad les fue transmitido durante la década de los 90 por los traficantes de droga para facilitar e incrementar la comercialización de la cocaína.

Muchos cultivadores de coca venden su producción como pasta de coca (un producto llamado pasta básica) lo cual constituye un indicado de la situación predominante del mercado de la coca en Colombia.

No obstante, debe tenerse en cuenta que los grupos armados tienden a monopolizar el mercado e incluso imponen sus precios y condiciones a los cultivadores. EN consecuencia los precios no siempre reaccionan a las leyes de la oferta y la demanda”64.

Así las cosas, estas tendencias deben revisadas con detenimiento, por lo menos en 2 niveles de análisis: 1.

Las implicaciones que tiene la erradicación masiva de la coca en un Departamento que, hace de este cultivo ilícito, uno de sus ejes de ingreso fundamental para las comunidades campesinas, ante la dificultad de generación de otro tipo de economías. La generación de otro tipo de cultivos y las posibilidades de comercialización hacia fuera del Departamento a precios competitivos de los productos lícitos generados en el sector agrario, enfrentan por la dificultad geográfica propia del Departamento, el control vial que ejercen los grupos ilegales. Por las lógicas que durante muchos años se han venido generalizando y naturalizando alrededor de la “cultura del narcotráfico” en las comunidades campesinas65, la coca se ha convertido en una unidad monetaria con la que se llegan a comprar incluso fincas y grandes extensiones de tierra.

2.

Ante la dificultad del terreno un adecuado acompañamiento por parte de las fuerzas militares a la población ubicada en las zonas rurales, los campesinos de la región terminan en condiciones de vulnerabilidad frente a los grupos ilegales luego de las jornadas de erradicación. En algunos de los casos revisados durante el trabajo de campo, se encontró que, incluso a pesar de la voluntad de algunos campesinos de realizar la sustitución de cultivos ilícitos – con las implicaciones en rentabilidad que esto conlleva- se han visto forzados a continuar con el cultivo de la coca por presión de los grupos ilegales.

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64- Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito. Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca, Junio 2006.

65- Sobre este punto, incluso en más de dos ocasiones, durante las entrevistas realizadas en terreno fueron denunciadas compras de materiales e insumos agrícolas, animales, e incluso fincas completas, con pasta de coca como unidad monetaria entre campesinos, y por parte de los grupos armados ilegales.

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“La agitación por las fumigaciones y la erradicación manual de coca rondaba ayer la carretera Panamericana, donde una intermitente batalla campal entre campesinos y policías deja ya 65 lesionados. Mientras las autoridades atribuyen la movilización de unas cinco mil personas a las presiones de las FARC, los cultivadores dicen que salieron porque están sitiados por los campos minados y porque están pasando hambre desde que arrancó la ofensiva contra la coca (…)

Lo anterior, sumado a la baja presencia de empresas privadas en el Putumayo66 y las consecuentes bajas oportunidades a nivel laboral, consolidan el cultivo de la coca como la principal fuente de ingresos para los habitantes de la región. De acuerdo a las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, a la fecha, de cada 15 desplazamientos forzados en el departamento, 10 de ellos son ocasionados por las acciones de erradicación de cultivos ilícitos, particularmente de las veredas aledañas a los ríos y a las zonas de frontera.

Las organizaciones sociales sugieren frente a esta situación, que más que soluciones para la sustitución de cultivos en el Departamento, los esfuerzos deberían concentrarse en la generación de soluciones para la sustitución y consolidación de fuentes de ingresos, competitivas con aquellas generadas desde las lógicas del cultivo de la coca. De lo contrario, es poco viable que los campesinos dejen de cultivar, o, tal como viene sucediendo en lo corrido del 2007, que como resultado de las erradicaciones forzadas por parte de las fuerzas armadas, se incrementen los desplazamientos masivos y las movilizaciones frente a la realidad de los campesinos de la región del no tener físicamente, nada que comer.

66- Ibíd. «Plan Integral Único para Atención a Población en Situación de Desplazamiento por la Violencia (PIU) en el Departamento de Putumayo». Pág. 23.

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III. Crisis humanitaria y desplazamiento forzado (…)Mientras a nivel nacional el año se cerró celebrando la disminución significativa en homicidios, secuestros y otros indicadores de violencia, y los colombianos batieron records viajando por las carreteras y llenando hoteles, el Departamento del Putumayo completará diez días a oscuras. ¿Qué pasa en ese Departamento?

Desde que el entonces ministro del Interior, Fernando Londoño, anunciara que allí no quedaba ni una mata de coca, lo lógico era asumir que la base del conflicto en el Putumayo estaba liquidada y, en consecuencia, las cosas habían cambiado radicalmente”67 Adicional a los efectos permanentes que tiene en materia humanitaria la presencia histórica de las FARC en el departamento y a las acciones que estas desarrollan para tratar de mantener el control territorial en la región, se suman los efectos del circulo de violencia que se crea alrededor de una economía que gira alrededor de la coca, contrapuesta a los intentos del Estado por su erradicación a través de las fuerzas armadas, sin tener planes adecuados para disminuir el impacto que dichas acciones tienen sobre las familias que viven del cultivo. Acciones entre las que se incluyen amenazas permanentes contra la población civil, confinamientos tanto en municipios como en zonas rurales, la prohibición de la salida de ambulancias a otros municipios después de las 6 de la tarde -como en el caso de Puerto Asís-, y la prohibición en algunas zonas como Teteyé y la Carmelita del traslado a los cascos urbanos y del uso de teléfonos celulares por parte de los habitantes frente a la acusación de ser informantes68.

Por otro lado, las condiciones de vulnerabilidad en las que vive la población desplazada en el departamento, donde existen quejas sobre personas • 41 •

67- El Tiempo, «Qué pasa en el Putumayo?» Enero 10 2006, el subrayado es nuestro.

68- De acuerdo a las entrevistas realizadas con los funcionarios encargados de los temas de DDHH y población desplazada en los municipios de Mocoa y Puerto Asís.

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desplazadas que llevan más de 2 años en la zona sin haber recibido atención humanitaria (particularmente en los municipios de Puerto Asís y Mocoa) y problemas de hacinamiento durante los desplazamientos masivos durante 2006 e incluso 2007 -en el caso de la Dorada-; generan una sensación constante de incapacidad por parte del Estado para atender de manera adecuada a la población desplazada que llega a los diferentes municipios receptores; y lo que es más preocupante, de parcialización en la aceptación o no aceptación de los declarantes como desplazados, en casos individuales.

La dificultad de generar programas de reasentamiento poblacional sostenibles que respondan a la gran necesidad de ofertas en vivienda (en gran medida por la imposibilidad de crecimiento territorial de los municipios y la negativa por parte de la población desplazada de asentarse en zonas rurales frente a la presencia de las FARC), hacen que la credibilidad de la población desplazada sobre el Estado y sus posibilidades de trabajo conjunto sea cada vez menor. Lo que a su vez intensifica la crisis humanitaria con respecto a la población desplazada, por lo menos en lo que tiene que ver con sus posibilidades de atención. “se admite como población desplazada a gente que, o bien no requiere la ayuda con tanta urgencia como otros, o bien no son realmente desplazados, porque el asunto de la ayuda tiene mucho que ver con aspectos políticos”.

A pesar de los esfuerzos realizados por las UAO municipales y oficinas de atención a la población desplazada en los municipios de mayor recepción, y en este sentido de los avances logrados en materia de atención y prevención, el distanciamiento con la población desplazada no deja de ser un asunto preocupante: Alrededor de un 18 de las personas recepcionadas en los diferentes municipios hacen parte de organizaciones de población desplazada, factor que dificulta, la atención por parte de los organismos del Estado, las organizaciones sociales y de cooperación y acciones concertadas que faciliten la restitución de sus derechos (…)La población desplazada se encuentra asociada en cuatro organizaciones: Asociación de Desplazados del Putumayo (ASOCIMAYO), Asociación de desplazados de Puerto Asís (ASODESPUAS), Cooperativa de trabajo población desplazada (COODESAP) y Proyecto Futuro. Asociaciones que cuentan con un total de 540 familias que suman un total de 2951 personas (…)69

69- Informe Defensoría del Pueblo, Oficina de Atención al Desplazado del Departamento del Putumayo 2006-2007, Pp14.

70- Sin necesariamente estar legalmente constituidas, y más como resultado de liderazgos intermitentes y sin grados reales de institucionalidad.

Así las cosas, las limitaciones en atención presentan una dinámica de doble vía en la que, aunque se encuentran casos importantes de acciones organizativas al interior de los asentamientos de población desplazada, con excepción de las cuatro arriba mencionadas, las organizaciones de población desplazada de los asentamientos70 no realizan acciones articuladas con el Estado.

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OPERACIONES HUMANITARIAS El mes de Marzo, “una nueva controversia se desató con el Ejército, luego que (…) fuera suspendida la entrega de los policías Carlos Alberto Legarda y Eder Luis Almanza en zona rural de La Dorada, bajo Putumayo , por parte de las FARC a una comisión humanitaria (…) A los combates que se registraron en el área (…) se sumaron las declaraciones del comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Alberto Ospina, quien aseguró que no sabía de la entrega de los policías y que “oficialmente nadie le había informado sobre el hecho”. Sin embargo, en los días previos a la entrega, el comandante de la VI División del Ejército, general Luis Alberto Ardila estuvo en Puerto Asís supervisando unas operaciones y al ser preguntado por los periodistas (…) respondió que estaba ahí por otros asuntos, pero no por la liberación. Así mismo, el comandante de Policía de ese Departamento, coronel Humberto Guatibonza, indicó que sabía de la liberación, pero ni él ni el comandante del Ejército de la zona habían recibido alguna instrucción sobre las operaciones que se adelantaban. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señaló que (…) estando en Puerto Asís, varias fuentes informaron sobre el riesgo de desplazarse a la zona señalada para la entrega (vereda el Afilador), por los intensos combates. En un comunicado, el CICR señaló que (esperaría) a que se den las garantías de seguridad, discreción y reserva para adelantar la gestión. Además, indicó que las FARC expresaron su voluntad de liberar “más adelante” a los uniformados. Por su parte, el candidato presidencial Álvaro Leyva, quien gestionó toda la entrega de los policías, señaló nuevamente que todo se frustró por culpa del Gobierno, que “saboteó la entrega al meter tropa en la zona (…)” . (…)Aunque el general Ospina admitió que sí había operaciones militares en el área, sin dar mayor explicación, (el 19 de Marzo) el Ministerio de Defensa emitió un comunicado de prensa en el que asegura (ba) que “las acciones militares se han incrementado por los reiterados ataques de las FARC”. También señala que el compromiso adquirido con Ecuador de fortalecer la seguridad en la frontera, así como los ataques a los pozos petroleros, el oleoducto y la infraestructura vial, son otros de los motivos para no cesar las operaciones. (…)El presidente Álvaro Uribe, en rueda de prensa en Rionegro (Antioquia), dijo que no se iba a referir sobre el tema y lo dejaba en manos del general Ospina. De otro lado, las familias de los dos policías, quienes recibieron la postergación de la entrega con pesimismo, señalaron que Uribe debe apiadarse de ellas y permitir que la CICR haga la gestión. “Es injusto lo que ha hecho el Gobierno, no entiende que somos madres, gente pobre, y que hicimos un gran esfuerzo para venir hasta el Putumayo”, señaló Alba Patrón, madre del policía Eder Luis Almanza. Ahora, afrontan otro drama: reunir el dinero que les prestaron para poder viajar. “Cuando los liberen ya no vamos a poder venir a recibirlos porque la plata que teníamos para hacerlo se nos fue en este viaje y no tenemos para hacer otro”, agregó Rosario Rosero, madre de Alberto Legarda71.

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71- El Tiempo, «Militares sabían o no de liberación?» Marzo 20 2006.

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Eventos como los anteriores, así como el enfrentamiento accidental entre el Ejército y la Policía en inmediaciones del municipio de Puerto Asís en el mes de enero, los múltiples reportes sobre transgresiones al Derecho Internacional Humanitario y abusos por parte de la fuerza pública contra campesinos de la región en zonas rurales de Puerto Asís, el Valle del Guamuez, Puerto Leguízamo y Orito, y contra la población indígena, bajo el argumento de ser colaboradores de la guerrilla, han hecho que la percepción con respecto al aumento del pie de fuerza sea asumida como la búsqueda de protección, de las infraestructuras petroleras y viales y no en la protección de las personas que habitan la región72. Estos hechos, que evidencian la crisis que vive la región, no solamente incidieron de manera significativa en la situación de orden público en el Departamento, sino también -y paradójicamente- en los procesos de intercambio humanitario, y ahondaron la ya bastante profunda crisis de gobernabilidad que se vivió en el Putumayo durante el 2006, por el cambio reiterado de funcionarios ante la renuncia o destitución, en 3 ocasiones, de los gobernadores departamentales.

72- Comentario reiterado en diferentes entrevistas en trabajo de campo con organizaciones desplazadas en los municipios de Puerto Asís, Orito, La Hormiga, Leguízamo y Mocoa.

73- Bitácoras de Prensa Bitácoras de Prensa Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República 2006 74- PDPMM, A Contra Corriente: Culturas Juveniles en el Magdalena Medio 2002/ Plataforma Conflicto Urbano y Jóvenes: Conflicto Urbano y Jóvenes 2003.

Desde otra perspectiva, vale la pena resaltar la preocupación referida por los habitantes de la región, e incluso presentada por parte de la Defensoría del Pueblo y de las oficinas encargadas de Derechos Humanos entrevistadas, sobre el incremento del reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos irregulares; el 22 de Febrero, en cercanías a Mocoa, un menor de 16 años de edad, perteneciente al frente 13 de las FARC, se entregó a una patrulla del Ejército que transitaba por la vía Mocoa – Pitalito; el 28 de Marzo, dos jóvenes de 16 y 17, pertenecientes a las FARC se entregaron ante unidades militares en el mismo municipio; el 11 de Marzo, en las zonas rurales de Puerto Caicedo y Puerto Asís, guerrilleros de las FARC asesinaron a tres jóvenes, entre ellos un menor de edad, que se negaron a ingresar a sus filas73. Según las entrevistas de campo con los funcionarios encargados de los temas relacionados con Derechos Humanos y Población Desplazada, pareciera que, particularmente el frente 47 de las FARC se encontrara desarrollando una estrategia de reclutamiento forzado en la región de “cualquier varón mayor de 13 años y menor de 30 en buen estado de salud”. De igual forma, pareciera que los grupos emergentes estuvieran estar reclutando jóvenes en los cascos urbanos de los municipios, dinámica a la que parecieran encontrar in grado importante de receptividad por parte de los jóvenes, como forma de empleo fácil y de obtención de dinero rápido a través de las actividades de información y extorsión propias de las autodefensas, además de las de la economía del narcotráfico.

Si bien esta es una tendencia que se ha dado a lo largo del país en los últimos 10 años74, y que ha tenido particular repercusión en el Departamento desde la entrada de los primeros grupos guerrilleros en la década de los 80, no deja de ser preocupante que aún en el marco de las negociaciones con las AUC, y en medio de la complejización de las nuevas formas de expresión del conflicto en Departamentos como el Putumayo, sean los jóvenes quie• 44 •

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nes empuñan las armas y mueren en los combates. Por supuesto, como consecuencia de la presencia de los grupos en las regiones, pero también, como efecto directo de la casi inexistente oferta para la vinculación laboral en actividades lícitas.

Finalmente, en los meses de Octubre y Noviembre, llaman la atención dos hechos particulares: 1. La emisión de comunicados y cartas por parte del secretariado de las FARC a las tres ramas del poder público, donde proponen la reactivación de los diálogos de paz con el gobierno del presidente Uribe y 2. La aparición de un reportaje sobre la situación de las cárceles del municipio de Puerto Asís: 1. “Las FARC piden despeje de Putumayo y Caquetá y cancelación de órdenes de captura contra el estado mayor. El Gobierno recomienda prudencia.(…) El grupo guerrillero dice que si el Gobierno brinda las garantías para el despeje durante 45 días de Florida y Pradera para el intercambio humanitario, “quedará al orden del día la búsqueda de acuerdos para superar el conflicto social y armado que azota al país”.

Es más, las FARC pidieron al Gobierno el despeje de los Departamentos de Putumayo y Caquetá, suspender las órdenes de captura contra el estado mayor y solicitar a la comunidad internacional no hacer calificativos de organización terrorista. El ex ministro Álvaro Leyva y Carlos Lozano, director del semanario VOZ, se mostraron optimistas por el pronunciamiento de las FARC. “Lo que hay que hacer es concluir exitosamente el primer momento, o sea, el acuerdo humanitario en los municipios de Pradera y Florida”, afirmó el ex ministro. “La carta muestra el compromiso de las FARC en la búsqueda de escenarios de paz. Si se logra concretar el acuerdo humanitario, el gobierno y las FARC podrán discutir directamente, sin intermediarios, las condiciones para un proceso de paz”, dijo Carlos Lozano. El ministro del Interior, Carlos Holguín, señaló que el tema requiere de “prudencia y paciencia”75.

Sobre este tema cabe mencionar, que si bien el tema de los diálogos con las FARC hacen parte de la agenda nacional, y en este orden de ideas, han tenido múltiples desarrollos tanto a favor como en contra de los mismos, desde los documentos emitidos por los el grupo guerrillero a este respecto, como por los textos, comunicados y entrevistas presentados por el gobierno nacional76, la solicitud expedita del despeje de los Departamentos de Caquetá y Putumayo brinda dudas importantes sobre la disminución de la presencia de este grupo ilegal en la región.

“Desde cuando la guerrilla secuestró a Ingrid Betancourt en plena campaña presidencial, pasando por la toma masiva de rehenes en la asamblea del Valle y hasta por el plagio de los tres cooperantes norteamericanos, la guerrilla ha sostenido que debe haber un despeje militar para viabilizar el acuerdo. Tal concesión es inaceptable para Uribe, cuya principal bandera de gobierno ha sido la recuperación del espacio controlado por que la guerrilla. Las FARC dicen haberse movido de la exigencia

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75- El Tiempo, «FARC abren camino hacia proceso de paz con Uribe» Octubre 3 2006 76- Véase: http://www.altocomisionadoparala paz.gov.co/farc/registro/index.htm

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del despeje de dos Departamentos (Putumayo y Caquetá) a la de dos municipios (Florida y Pradera, en el Valle), pero igual insiste en la desmilitarización de la zona. Y el gobierno asegura que avanzó, por ejemplo, al aceptar la fórmula de los facilitadores franceses, para dialogar en una zona de 180 km2 en la que no haya fuerza pública, pero tampoco acepta presencia guerrilla en el lugar. Mientras Uribe teme que la guerrilla aproveche militar y políticamente el despeje para fortalecer su posición, a las FARC les asusta la idea de ser engañadas por el gobierno y caer en una emboscada sin una retaguardia segura para su repliegue”77.

2. (…) Las autoridades de Puerto Asís se declaran impedidas para controlar a los 119 internos de la prisión local, que salen a diario y tienen celular. El centro de reclusión tiene capacidad para apenas 20 personas y sus celdas no cuentan con cerraduras. (…) El helicóptero que llegó el jueves a Puerto Asís para trasladar a Mocoa a 6 de los 119 reclusos del pueblo perdió el viaje: dos no parecieron. La misión tuvo que ser cancelada luego de que los tres guardias del penal (civiles desarmados que ganan el mínimo) no pudieron encontrarlos en el billar, ni en las casas de citas, ni en las calles de esta localidad de 29 mil habitantes. (…)La cárcel de Puerto Asís tiene solamente seis celdas sin rejas ni cerrojos, no cuenta con medidas sanitarias, las paredes están en mal estado, la mayoría de los internos no permanece en ella. Los más poderosos tienen la llave del único candado que los separa de la libertad.

Otros se van a alguna vereda cercana por dos o tres días. Algunos trabajan en el taller de la acera de enfrente y la mayoría sale a jugar billar, tomar cerveza o dar una vuelta en moto. Pero ninguno se fuga. “¿Quién se va a volar si saben que ahí pueden pagar su condena relajados?”, dice César Andrés Chapal, el personero del pueblo. (…)Aún es jueves, son las 5 p.m. y el alcalde, Armando Dulce, está nervioso. No por temor a que sus superiores lo reprendan por no encontrar a los reclusos, sino porque teme represalias de los internos. “El ambiente está caliente. A ellos no les gusta que los trasladen. Piensan que es culpa mía, pero yo no hice nada –dijo Dulce, quien se posesionó el 4 de octubre y renunció el 30–. El Alcalde me pidió que me quedara, pero esto es muy duro, no hay condiciones para albergar a los internos y uno tiene familia que cuidar”.

77- Revista Semana, Nuevo contrapunteo entre el gobierno y las FARC por tema de Intercambio, Septiembre 2006.

78- Una cárcel donde los presos mandan Nov. 20/2006.

(…)El mayor Hernando Guerrero, comandante de la Policía y responsable de la seguridad de Puerto Asís, Orito y Puerto Caicedo, se mostró molesto porque, aunque en varios consejos de seguridad ha denunciado que los presos de Puerto Asís viven en las calles, no se toman medidas para evitarlo. Luís Milton Taguada, un filósofo de 54 años que representa a los internos, afirma que ellos están en las calles porque no soportan estar un día entero en la cárcel: «Hay mucha humedad, hace calor, la comida no alcanza y sólo se puede dormir cuando no llueve, porque las colchonetas que tiramos al piso se mojan»78.

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Las anteriores dos noticias, nuevamente nos remiten a un tema excesivamente espinoso en lo referente a la situación en materia de Derechos Humanos y Crisis Humanitaria que se vive en el Departamento: La crisis de institucionalidad que vive el gobierno tanto municipal, como departamental, como nacional en materia de orden público y dominio territorial, y los efectos que dichas debilidades generan en la población civil.

“Efectivamente, desde una mirada por la ventana del hotel en Puerto Asís o en Mocoa durante el trabajo de campo, o a través de la ventana de cualquiera de los vehículos que permiten el traslado de un municipio a otro en las vías recorridas; o incluso, por el simple hecho de habernos encontrado con más de 3 retenes del ejército mientras viajábamos, es evidente el aumento del pie de fuerza. Sin embargo, la sensación de seguridad no es mayor, ni mía ni de *, que ha venido acompañándome en los viajes: “aunque se ve mucho ejército esta tierra es muy grande, y no hay cantidad de soldados que valga” me dice. “(…)”Que concerten la paz es complicado, pero mientras no se pongan de acuerdo nosotros seguimos en la mitad de las balas y peor ahora que los paras caminan libremente por las calles de la ciudad, ahí nos toca movernos pandito; porque a uno lo van matando si habla demasiado duro””79

CIFRAS DEL DESPLAZAMIENTO: Durante el período 1999-2006 se han presentado aproximadamente 89.114 expulsiones en los diferentes municipios del Departamento del Putumayo80, siendo Puerto Asís, el Valle del Guamuez (La Hormiga) y Puerto Guzmán, los tres que presentan un mayor porcentaje de expulsión con el 19.6%, 15,7% y 11.7% respectivamente.

Dependiendo de la fuente desde donde se revise, el Departamento del Putumayo ha recepcionado 43.415 personas desplazadas según el registro de Acción Social, y 55.028 de acuerdo con el sistema de información y seguimiento al desplazamiento forzado de CODHES (SISDHES); siendo los municipios de Mocoa, Puerto Asís y Villa Garzón los mayores receptores según Acción Social con el 36.1%, 29.1% y 7.1% respectivamente, sobre el

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79- CODHES, Notas Diarios de Campo-Putumayo, Texto sin publicar, 2007.

80- «aproximadamente» en la medida que el sistema de registro publicado por Acción Social en materia de expulsión no especifica si el Input para el municipio de San Miguel corresponde al municipio con este nombre en el Departamento del Putumayo, o a su homónimo en el Departamento de Santander; por lo que se asume que los datos de ambos municipios son incluidos a la base de datos bajo un solo nombre, lo que genera una distorsión en la información de alrededor de 3000 personas con respecto a la cifra del total departamental y no permite claridades sobre la gravedad del fenómeno de desplazamiento forzado en ambos municipios de manera discriminada.

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81- Del que asumimos, es aún mayor al presentado por la distancia entre las cifras CODHES – Acción Social.: El Estudio realizado por la Universidad de los Andes y la Conferencia Episcopal titulado Hacia una Política Preactiva Para la Población Desplazada (Ibáñez, Moya y Velásquez 2006) estimó que el subregistro llega a un 30% de las cifras oficiales. Por otra parte, la encuesta efectuada por Profamilia, con el apoyo de USAID, titulada Salud Sexual y «Reproductiva en Zonas Marginadas: Situación de las Mujeres desplazadas» indica que el 20% de las personas desplazadas nunca solicitó ser incluida en el SUR. La Procuraduría General de la Nación, en su Sexto Informe sobre el cumplimiento de las órdenes contenidas en la Sentencia T-025 de 2004 y los autos 176, 177 y 178 del 29 de Agosto de 2005, y 218 y 266 de 2006, de la Corte Constitucional, y ha constatado un incremento de los niveles de rechazo a las solicitudes de registro en el Sistema Oficial, que presentan los desplazados, cercano a un promedio nacional del 40%. (Romero, M. «Los Problemas Estructurales de la Política Frente al Desplazamiento Forzado». CODHES 2006. pp. 16).

82- Comité Técnico Gobernación del Putumayo, RSS, OPD, OIM, ACNUR. Plan Integral Único PIU para la Atención a la Población en Situación de Desplazamiento por la Violencia en el Departamento del Putumayo, 2005. Pp17.

total de esta fuente; y el 29.7% y 29.1% para los dos primeros según las cifras del SISDHES con una variación en el tercer lugar, en este caso ocupado por el Valle del Guamuez con un 13.2% sobre el total reportado por CODHES. En todo caso, para ambas fuentes, los porcentajes aportados por estos municipios suman más del 70% de la población recepcionada en el Departamento.

Hasta la fecha de publicación del presente documento, no existen informes oficiales sobre el registro de desplazamientos transfronterisos.

En todo caso, vale resaltar que estas cifras, en realidad no resultan del todo excluyentes, en la medida que las cifras de Acción Social se refieren al número de declaraciones recibidas, mientras las de CODHES buscan, a través del monitoreo permanente a las regiones, dar cuenta, de alguna manera y con las limitaciones propias de no tener la enorme infraestructura que posee el Estado, del subregistro de personas que no necesariamente se reportan frente al sistema de registro del gobierno81. Bien sea por “el desconocimiento sobre el funcionamiento y procedimientos del Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada –SNAIPD-, el temor a ser estigmatizado, amenazas, la incredulidad respecto a la prestación de los servicios a la población desplazada82”; por la negativa por parte de los funcionarios públicos de aceptar la declaración como válida para la inclusión de los declarantes en el sistema de registro; por el temor a represalias por parte de los estamentos de la fuerza pública (cuando los desplazamientos son ocasionados bien sea por acciones militares al interior de zonas rurales enmarcadas en una economía de la coca, o bien por cualquier actor ilegal a través de acusaciones de ser colaboradores del bando contrario), o • 48 •

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por el imaginario generalizado que el registro, por un lado favorece una cierta forma de discriminación y en este sentido una doble victimización, y por el otro, puede resultar equivalente a una denuncia83.

“Mientras el SUR es un sistema de identificación y registro, el sistema de CODHES acumula los datos procedentes de trabajo de campo, monitoreo de medios de comunicación y múltiples fuentes que van desde las organizaciones locales hasta instituciones locales nacionales e internacionales. Estos datos son indicativos del carácter estructural de los hechos violentos que generan el desplazamiento forzado, pero, en todo caso son insuficientes, dados los problemas de subregistro que afectan a todos los sistemas de información y dado e elevado número de personas rechazadas en los registros oficiales”84.

En este sentido, el tener en cuenta de manera permanente las cifras aportadas tanto por la Acción Social, como por el SISDHES, incluso en el marco de las limitaciones intrínsecas de cada una, permite el abordaje, dada la complejidad del desplazamiento forzado en Colombia, de diferentes dimensiones del mismo, y en este sentido, su análisis paralelo en tanto cifras oficiales del Estado por un lado, y las presentadas desde la sociedad civil desde el otro, brindando desde allí diferentes niveles de comprensión.

“En última instancia, el problema del registro remite a la caracterización pública del universo de víctimas de desplazamiento y a la eficacia de las políticas de seguridad (…) además, las fallas de registro y caracterización afectan estructuralmente la política pública, porque impiden construir una base completa para el desarrollo de una política integral de atención en planos institucional y financiero”85.

Algo en lo que sí concuerdan las fuentes, es en el hecho que a partir del año 2000 la cifra de recepción de población desplazada presentó un crecimiento importante con respecto a los años anteriores, cifra, en parte relacionada con los desplazamientos intradepartamentales generados por las masacres de “El Tigre” y “La Dorada” (San Miguel) realizadas por las AUC en este año86, y, posteriormente teniendo sus picos más altos en el 2002, según las cifras aportadas por Acción Social, y en el 2004 según las cifras CODHES. De acuerdo a estas últimas cifras, el proceso de desplazamiento en el Putumayo ha tenido un comportamiento constante en términos estadísticos, en especial en el período 2003-2006. En todo caso, vale mencionar que (…) la continuidad estructural del desplazamiento y la ausencia de políticas efectivas de prevención protección. (…) en los últimos años muestran una inequívoca de continuidad de la crisis humanitaria, lo cual ilustra el fracaso de la política de prevención87.

Según el Plan Integral Único para el putumayo, este Departamento “ha expulsado dos veces el tamaño de la población desplazada que ha recibido, • 49 •

83- lo cual no estaría lejos de la realidad, si se siguieran las normativas de los artículos 27 en su inciso segundo, 95-7, 229, 447 y 441 del código penal vigente, que consagran los derechos de la población civil a acceder a la administración de justicia, y en este sentido a la obligación de los servidores públicos de denunciar las conductas punibles que conozcan por cualquier medio, como en el caso del DELITO de desplazamiento forzado cometido por los diferentes actores armados contra las personas que se registran como población desplazada) 84- Romero, M. «Los Problemas Estructurales de la Política Frente al Desplazamiento Forzado».

CODHES 2006. pp. pp. 17-18.

85- Ibíd., Romero, M. pp. 13.

86- Comité Técnico Gobernación del Putumayo, RSS, OPD, OIM, ACNUR. Plan Integral Único PIU para la Atención a la Población en Situación de Desplazamiento por la Violencia en el Departamento del Putumayo, 2005. Pp10.

87- Ibíd., Romero, M. pp. 17. (Subrayados y Cursivas en el original)

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significando que ha expulsado el 20% y que ha recibido el 10% de la población total del Departamento (369.357 habitantes. DANE – 2004)”88 “(…) Cabe resaltar que como causa del conflicto armado se busca refugio en otros países, principalmente los vecinos: Ecuador, Panamá, Perú, y Venezuela; datos suministrados por ACNUR estiman que a marzo de 2005 se le ha reconocido asilo a 9.682 personas y están pendientes 6.714 solicitudes, de las cuales el 13% corresponden a Putumayo, ubicando a este Departamento como el segundo mayor expulsor hacia la República de Ecuador”89.

En lo referente al desplazamiento forzado durante el año 2006, el Departamento del Putumayo presenta cifras de recepción de 5733 personas de acuerdo a Acción Social y 9749 según lo reportado por el SISDHES-CODHES. De acuerdo a las cifras de Acción Social (en su nivel nacional), los tres principales municipios receptores son Mocoa (32.7%), Puerto Asís (26%) y Villa Garzón (9,2%), mientras que para el Sistema de Información de CODHES, este orden varía de manera significativa, siendo los municipios de Puerto Asís (47.5%), Valle de Guamuez (18%) y Mocoa (14.6%) quienes presentan las cifras más altas. Para la primera de las fuentes revisadas, los tres municipios mencionados suman alrededor del 67% del total de población desplazada durante el 2006; mientras para CODHES los municipios presentados por el sistema suman el 80% de la cifra total de desplazamiento en el Departamento durante el mismo año.

88- Comité Técnico Gobernación del Putumayo, RSS, OPD, OIM, ACNUR. Plan Integral Único PIU para la Atención a la Población en Situación de Desplazamiento por la Violencia en el Departamento del Putumayo, 2005. Pp11. (El resaltado es nuestro).

89- Ibíd., pp. 10.

De acuerdo al análisis trimestral sobre desplazamiento forzado en el departamento del Putumayo, del Sistema de Información de CODHES del SISDHES, durante el primer trimestre de 2006 se desplazaron 1913 personas, siendo la cifra más alta de desplazamientos durante todo el año. De acuerdo a las entrevistas de campo, dicha cifra correspondería en parte, como veremos más • 50 •

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adelante, a los desplazamientos masivos que se dieron en este período motivados por las acciones armadas de las FARC al inicio del año, y en parte, como efecto del paro armado decretado por esta organización en el mes de Febrero. Para el segundo trimestre se desplazaron 1508 personas, sumando un acumulado de 3421 personas para el total del primer semestre del año.

Para el siguiente trimestre se desplazarían 1460 que agregado a la cifra semestral nos arroja un resultado de 4881 personas desplazadas entre el 1ro de Enero y el 30 de Septiembre. Finalmente, en el cuarto trimestre, en el departamento del Putumayo se desplazaron 1162 personas, lo que nos arroja un total de 6043. De igual manera, de acuerdo a las entrevistas de campo, la reducción relativa de las cifras de desplazamiento entre cada trimestre, correspondió en parte al levantamiento del paro armado establecido por las FARC, y, particularmente en los cascos urbanos, al “acordonamiento” militar que las fuerzas armadas realizaron sobre los mismos por otra. Sin embargo, vale la • 51 •

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pena resaltar que en dos de las entrevistas realizadas a líderes desplazados, ellos también argumentaban que esta disminución también se debe a la percepción, por parte de los habitantes de la región, de la incapacidad de atención a la población por parte del Estado, y en este sentido, a la desesperanza frente a la posibilidad de recibir algún tipo de ayuda en caso de decidir desplazarse.

“Entre estar arriesgando la vida y no tener nada y tener que vivir en las peores condiciones, y tener que arriesgar la vida, pero por lo menos estar en la casa, pues la gente prefiere quedarse. De todas formas, aquí, esté uno donde esté, corre riesgo por los grupos armados, la coca, e inclusive el ejército. Entonces la gente ya no sale”.

Varias reflexiones se desprenden del análisis de las cifras de acuerdo a las entrevistas realizadas en el trabajo de campo realizadas en los diferentes municipios; reflexiones que en muchos de los casos se extienden a las dinámicas departamentales en materia de población desplazada: La primera de ellas tiene que ver con el desplazamiento “gota a gota” que se da de forma permanente tanto en términos interveredales como en términos intermunicipales, pero sobre todo en términos intradepartamentales; factor que afecta las cifras oficiales que dan cuenta sobe la crisis humanitaria en que vive la población desplazada, no solamente en el Departamento del Putumayo, sino en todo el país. Este desplazamiento, en la mayoría de los casos reporta un número mayor de personas expulsadas de los municipios que el número de personas recepcionadas; expulsiones que bien pueden ser de personas previamente recepcionadas que no encontraron asistencia adecuada por parte de las organizaciones del Estado90, o tuvieron que moverse nuevamente por señalamientos, generan un flujo de desplazamiento importante y permanente en los municipios de la región. Esto a su vez, hace que los recursos de atención inevitablemente terminen siendo insuficientes y en muchos casos inadecuados en materia de protección para la población desplazada recepcionada, y de prevención de nuevas expulsiones. Este aspecto lo revisaremos con mayor cuidado en el siguiente apartado de este documento.

90- Entrevista a líder desplazado.

La segunda, tiene que ver con el hecho que, tanto en razón de las dinámicas del conflicto y el narcotráfico en la región, como en razón de las políticas de apropiación de zonas específicas para el desarrollo de proyectos de in• 52 •

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fraestructura, existen desplazamientos con particularidades de etnia que no tienen un trato diferenciado por parte de las entidades del Estado, caso de las comunidades indígenas Coreguaje, y Siona entre otras.

“Pero también existe una economía política más profunda, ya que el desplazamiento es causado por poderosos intereses locales, que se apoyan en formas de coacción violenta para inducir el despojo de tierras, el despoblamiento de zonas económicas estratégica y su utilización ilegal, la apropiación de plusvalías en proyectos de infraestructura, la destrucción y la desactivación de procesos de organización social de las comunidades, el desarraigo cultural y la supresión de la pluralidad política. En estos dos niveles, el campesinado y los grupos étnicos asentados ruralmente son la principal víctima, pues se hallan en medio de la guerra sujetos por la pobreza y sometidos a la presión de las fuerzas del latifundio tradicional, los grades proyectos de agricultura comercial o explotación de recursos naturales y los capitales del narcotráfico”91

DESPLAZAMIENTOS MASIVOS:

De acuerdo a la información aportada por la Unidad Territorial Putumayo de Acción Social, entre el año 2000 y el 2006 se presentaron 26 desplazamientos masivos, con un total aproximado de 8363 personas, cifra correspondiente a 2128 familias. De estos desplazamientos el 23.1% se han presentado en el valle del guamuez; el 19,2% en el municipio de Orito; y el 11,5% en Puerto Asís. Desplazamientos que, en conjunto suman más del 50% del total de los éxodos masivos que se han presentados en el Depar• 53 •

91- Ibíd., Romero, M. pp. 18.

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tamento. Durante el 2006, de acuerdo a la información oficial de Acción Social, se presentaron 4 desplazamientos masivos: 1 en el municipio de Puerto Asís, de 53 personas en el mes de Abril, y 3 en el Valle del Guamuez durante los meses de Mayo, Agosto y Septiembre, correspondientes al 11.5% del total de desplazamientos masivos ocurridos en el Departamento en el período 2000-2006, pero a su vez, correspondiente al 75% de los desplazamientos ocurridos durante este año.

Por su parte, de acuerdo al SISDHES, durante el año 2006 se presentaron 5 desplazamientos masivos en el Departamento, donde en la mayoría de los reportados, no coinciden ni en fechas, ni en número de familias desplazadas con las cifras aportadas por la Unidad Territorial de Acción Social. A su vez, tal como se menciona en las páginas anteriores, en los registros de Acción Social tampoco aparece el registro de las 200 familias desplazadas masivamente del corregimiento “La Carmelita” en la jurisdicción de Puerto Asís reportado por la Defensoría del Pueblo, debido a la ocupación del ejército del colegio Ecológico El Cuembí; de acuerdo a las cifras SISDHES, el número asciende a 280 familias con un aproximado de 1400 personas.

Si asumimos la validez de ambas fuentes, entonces para el 2006 habremos de reportar 8 desplazamientos masivos en los meses de Enero, Marzo, Abril, Mayo, Agosto, septiembre, octubre y diciembre; siendo los municipios del Valle del Guamuez y Puerto Asís los mayores generadores de desplazamientos masivos, y en este sentido, y sobre la base de lo discutido un poco más arriba, los mayores receptores en tanto la naturaleza de estos desplazamiento; que de acuerdo a los datos arrojados por las diferentes fuentes de información, tienden a ser, aunque interveredales, con el mantenimiento de la población desplazada al interior de diferentes zonas dentro del municipio, es decir intramunicipales.

Al indagar con las comunidades, funcionarios públicos y líderes de las organizaciones de desplazados, en muchos casos se expresa que, adicional a las condiciones permanentes de vulnerabilidad en las que viven los habitantes de la región en tanto las retaliaciones por parte de los grupos ilegales frente a la presencia de tropas de la fuerza pública como parte del desarrollo del plan patriota; los enfrentamientos armados en la búsqueda del control territorial de zonas estratégicas y las disputas alrededor del control de los negocios articulados a las dinámicas del narcotráfico; la estrategia de fumigación aérea y erradicación manual, paulatinamente se ha convertido en una de las razones de mayor peso para este tipo de desplazamientos.

92- Informe de Asesor de Fronteras. Defensoría del Pueblo. 2006.

93- Ibíd. Informe defensoría del Pueblo, pp. 19.

“es así como existen hechos concretos como “capturas y judicializaciones a varios miembros de la comunidad entre ellos el enfermero del puesto de salud, un funcionario de Fensuagro y a otros habitantes”92”93

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Tal y como hemos revisado en capítulos anteriores, vale la pena tener en cuenta que una parte importante de la economía de los habitantes de las zonas rurales de la región, y en muchos casos de habitantes de los cascos urbanos, se mueve alrededor de las dinámicas cocaleras. En este sentido, la economía de enclave de muchas veredas, corregimientos y comisarías gira, particularmente en las clases campesinas, en torno al cultivo y procesamiento básico de la hoja de coca, por lo que; tanto las fumigaciones como las erradicaciones manuales, no solamente tienen efectos en la destrucción de los cultivos de pan-coger, en el aumento del temor por parte de los habitantes de estas zonas a la judicialización frente al desarrollo de una actividad de la que son concientes, es ilegal, y en materia de orden público en tanto las reacciones armadas de los grupos ilegales para evitar que estas jornadas de fumigación logren su objetivo; sino que también afectan de manera significativa y directa las posibilidades de ingreso de los campesinos frente a sus lógicas de cultivo y noción de lo productivo. (…) “La Propia corte constitucional ha señalado que un registro inadecuado conduce a la negación de los derechos de muchas personas que pueden estar sometidas a situaciones de desplazamiento. También ha indicado que el sistema oficial no registra casos de desplazamiento intraurbano, interveredal, desplazamientos de poblaciones procedentes de zonas de fumigación de cultivos de uso ilícito y casos de dobles o múltiples desplazamientos, que son los más frecuentes”94 “A la escuela ‘La Párker’ de La Hormiga, cabecera municipal de Valle de Guamuez (Putumayo), fueron trasladadas las 114 familias que el fin de semana pasado abandonaron sus parcelas por amenazas de las FARC, que las culpan de colaborar con las autoridades en la erradicación de cultivos ilícitos. Algunos caminaron hasta 45 minutos por vías destapadas desde las veredas El Triunfo, La Unión y Bellavista, para evitar que las amenazas de muerte se cumplieran. Aseguran que no regresarán si no les dan garantías. Ayer, tras una reunión del Comité de Desplazados , la Alcaldía decidió el traslado de las 467 personas, que desde el pasado viernes a las 4:30 de la tarde, cuando empezaron a llegar con sus pertenencias, fueron ubicadas en dos escuelas.

“Nos acusan de auxiliadores de la erradicación”, dijeron los labrie-

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gos a las autoridades de La Hormiga. El alcalde Artemio Solarte dijo que la situación es delicada. “No contamos con los recursos. Es necesario que el Gobierno nos ayude”, pidió. El Comité Internacional de la Cruz Roja llegó a la zona con ayudas en alimentos y frazadas para 15 días. “Esperamos que sea suficiente y que se logre un retorno lo antes posible; de lo contrario la situación se complicaría”, dijo Leandro Romo, personero de La Hormiga, quien informó que se espera la llegada de más familias”95.

94- Ibíd., Romero, M. Pp. 17.

95- El Tiempo, «Las FARC repiten las marchas cocaleras», Mayo 17 2006

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IV. Respuesta del Estado: políticas públicas para la atención a la población desplazada Simultáneo a las acciones militares emprendidas como respuesta a los atentados y por parte de las FARC, y particularmente en el transcurso del primer trimestre de 2006, el Estado, realizó una serie de actividades que procuraran reestablecer el funcionamiento adecuado del Departamento frente a los daños en infraestructura generados por las voladuras de torres de energía.

Este intento de reestablecimiento de la normalidad incluyó la generación de estrategias para la reparación de las torres de energía, así como el acompañamiento de caravanas en las carreteras que permitieran una mayor seguridad para los habitantes de la región.

“Las autoridades del Departamento anunciaron ayer que en menos de 48 horas debe estar restablecido el servicio. Pero a pesar de que se incrementó el control militar en el Departamento, la guerrilla voló ayer dos puentes vehiculares entre Teteyé y Cuendí, en zona de Puerto Asís.

El alcalde de Mocoa, Élver Cerón, pidió a la Fuerza Pública que asegure cuanto antes la zona donde se produjo la voladura de las torres, para que la electrificadora pueda empezar las reparaciones”96.

“Ayer, las autoridades civiles y militares se reunieron en Mocoa para analizar la situación y tomar medidas para lograr el regreso de la normalidad. Se anunció que habrá caravanas escoltadas para garantizar la movilidad por las carreteras que comunican con Nariño y Huila y el inicio inmediato de trabajos en las torres que están por fuera del sistema de interconexión. Pero mientras se logra la normalización, según las cuentas del gobernador encargado, Fabián Belnavis, las pérdidas para comerciantes y transportadores llegan a los 1.200 millones de pesos diarios. Unas 230 pequeñas empresas están semiparalizadas o paralizadas y algunos comerciantes, como Gilberto Guzmán, dueño de un almacén en Puerto Asís, señalan que ya están pensando en recortes de personal”97.

A lo largo de 2006 se presentaron avances importantes en la búsqueda de estrategias para una mayor y mejor cobertura en materia de atención a la población desplazada y las víctimas del conflicto interno armado en la re• 57 •

96- El Tiempo, «Putumayo se acostumbró a las Velas», Enero 06 2006 97- El Tiempo, «La luz no le duró ni un día a Putumayo», Enero 5 2006

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gión, como la adopción del Sistema Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada en el marco de la implementación del PIU desde el 2005, y el desarrollo de mesas temáticas, el logro de beneficios en vivienda para población desplazada y víctimas de la violencia (190 hogares en San Miguel, 119 hogares para reconstrucción y mejoramiento y 22 hogares destruidos para construcción a través de Fonvivienda), y la generación de un Esquema de articulación de las líneas programáticas del PIU en materia de prevención, atención humanitaria de emergencia y reestablecimiento socioeconómico.

Avances que demuestran que, aún a pesar de la falta de claridades por parte de varios funcionarios públicos sobre las nociones normativas del desplazamiento, de los distanciamientos existentes en la región entre desplazados no organizados y el aparato gubernamental, y de la falta de recursos representativos para el desarrollo de acciones afirmativas con efectos a largo plazo para la restitución de los derechos de la población en mayor grado de vulnerabilidad, por lo menos en las entidades territoriales existen grados importantes de voluntad política para la atención a la crisis humanitaria que se da en el Departamento, el problema, una gran limitación en su capacidad de respuesta.

A través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Acción Social y con la cooperación de organismos internacionales, durante el 2006 se asignaron un total de USD47.534.958 y 285.519• para el Departamento del Putumayo; asignaciones que en su mayor parte (cerca de un 60%) correspondieron a recursos de cooperación internacional, mientras un 40% correspondieron a contrapartidas de la Nación98.

98- Mirar cuadro anexo: «Relación de inversiones realizadas – Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación, Departamento de Putumayo, vigencia 2006».

99- UNJobs. «Colombia: Gobierno y PMA, una alianza en favor de los desplazados». http:// unjobs.org/archive/87891183104045247025 9613634384399803052667041 100- Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. «Programa Familias Guardabosques.» http://www.accionsocial.gov. co/contenido/contenido.aspx?catID=295&conID =205

Como se puede ver en el recuadro de la sección de Anexos, la mayor parte de los recursos (USD2.279.946) fue destinada al programa de Operación Prolongada de Socorro y Recuperación, así como a programas de erradicación y monitoreo de cultivos ilícitos a través del Programa de Familias Guardabosques y proyectos de desarrollo socio-empresarial y productivo de la Amazonía. El primero, busca proveer a la población desplazada de ayuda alimentaria y no alimentaria para recuperar su subsistencia mínima en asuntos relacionados con la alimentación, manejo de abastecimientos, aseo personal, alojamiento temporal, atención médica y psicológica99. Por su parte, el Programa Familias Guardabosques, “dirigido a poblaciones en ecosistemas ambientalmente estratégicos, que se hayan visto atrapadas o están amenazadas por los cultivos ilícitos y que deseen erradicarlos y adelantar alternativas productivas legales100, se complementa con los diferentes proceso de acompañamiento a las agroindustrias regionales. En este sentido, estas inversiones corresponderían a la fase de consolidación y reactivación económica de los lineamientos gubernamentales de atención a población vulnerable, al tiempo que coincide con los objetivos del Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos –PCCI. • 58 •

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La tercer gran intervención correspondió al programa de preparación de infraestructura regional en el corredor Pasto-Mocoa, que como parte del programa Vías Para la Paz, busca dar inicio la pavimentación del tramo Puerto Asís-Mocoa, una de las inversiones prioritarias señaladas por el Gobierno en el Concejo Comunal celebrado en julio 25 de 2006. Adicionalmente a este programa, se prevé la ejecución del muelle fluvial en el municipio de Puerto Leguízamo y un mejoramiento vial en el municipio de Santiago. Sumadas, estas obras generan inversión de alrededor de $1.227 millones de pesos, mediante el cual se busca dar salida al comercio departamental, fortalecer institucionalmente al Estado y aumentar la calidad de vida de la población.

De igual manera, de acuerdo a las cifras aportadas por Acción Social, en los municipios de Mocoa, Villagarzón y Puerto Guzmán, se están estructurando tres proyectos para el mejoramiento de la infraestructura educativa, con un costo estimado de $184 millones101, y se han presupuestado USD24.5 millones para ser invertidos en el Departamento del Putumayo para la nueva vía Puerto Caicedo-Villa Garzón que busca dar continuidad a la ya ejecutada vía Mocoa-Pitalito, que interconecta a los Departamentos del Putumayo y el Huila, a través de un acuerdo entre Acción Social, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS102.

Finalmente, una menor parte de los recursos, fue destinada al fortalecimiento de organizaciones de población desplazada y la generación de capacidades institucionales y organizacionales de estos y otros grupos poblacionales (en especial los jóvenes), infraestructura educativa y programas sobre salud sexual y reproductiva. Estas inversiones, que suman aproximadamente USD 700.000, corresponderían a la fase de prevención, en la medida que estimulan y fortalecen grupos de trabajo y organizaciones sociales para la prevención y atención de los riesgos y necesidades que puedan generar el desplazamiento.

Aunque, como se observa, la mayor parte de la inversión está dirigida a la atención humanitaria de emergencia, la Defensoría del Pueblo seccional Putumayo, señala que, si bien se han realizado esfuerzos para atender a la población en situación de desplazamiento, “se presentan muchas deficiencias en cuanto a la oportunidad y calidad en la atención, ejemplo de ello, la no entrega oportuna de ayuda inmediata y atención humanitaria de emergencia, (y) la falta de una adecuada atención en salud (…)”103.

Una de las principales críticas al respecto, tanto desde la población desplazada del municipio como por parte de, incluso algunos funcionarios encargados del tema de DDHH y Población Desplazada en el departamento, se dirige hacia la inefectividad de la ayuda institucional para la • 59 •

101- Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. «Inversión de Acción Social en Putumayo supera los 318 mil millones». http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=781&catID=127 102- Agencia presidencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional. «Más de 24 millones de dólares se invertirán en una nueva vía para el Putumayo». http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=127&conID=813 103- Defensoría del Pueblo, Oficina de Atención al Desplazamiento Forzado, Departamento de Putumayo. «Situación de Desplazamiento Forzado en el Bajo Putumayo». Pág. 26

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población que se desplaza de manera individual104, particularmente de la población desplazada de mayor antigüedad. Esta crítica se divide a su vez en dos niveles, que, aunque no están claramente diferenciados desde la percepción de la población desplazada, merecen un grado importante de atención en el análisis: El primero de ellos relacionado directamente relacionado con la intervención en materia humanitaria de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social para la protección a población en situación de desplazamiento, que a su vez se divide en las percepciones sobre la atención brindada directamente por la UT Putumayo, y la atención brindada por los operadores locales en el marco de los convenios establecidos entre Acción Social del nivel nacional y las entidades operadoras privadas CHF, PILAS y BATUTA. El segundo, con las dificultades de las Entidades Territoriales para atender a la población en situación de desplazamiento, y la generación de presupuestos departamentales y municipales que permitan un adecuado nivel de respuesta, aspecto que a su vez, guarda relación con el hecho de que estas situaciones exigen mecanismos flexibles de planeación en envío de recursos por parte de la Nación.

Sobre el primero, cabe decir que a través de los convenios realizados por la Acción Social los socios estratégicos arriba mencionados, en el período 20052007 se ha logrado la entrega de 2.078 ayudas alimentarias y la atención de 1.062 hogares en el marco de los programa de Atención Humanitaria y de Generación de Ingresos, cifra que corresponde a un aproximado de 5.300 personas.

104- «Plan Integral Único para Atención a Población en Situación de Desplazamiento por la Violencia (PIU) en el Departamento de Putumayo».

Pág. 21.

105- 3188 según cifras de Acción Social; 3758 de acuerdo a las cifras SIDHES

Estos programas, ejecutados por la Cruz Roja del Putumayo, que funciona como operador para el Departamento, han consistido entre otras, en la entrega de apoyos para arriendo, vestuario, hábitat (colchonetas, y toldillos), kits de cocina (ollas) y vajillas, acompañamiento psicosocial para la elaboración de los duelos sobre las pérdidas ocasionadas por el desplazamiento forzado (afectivas y materiales), orientación ocupacional y vinculación laboral a través de distintos convenios que permitan la generación de ingresos para las familias desplazadas durante periodos que oscilan entre los 9 y 12 meses de atención con una perspectiva centrada en la reactivación socioeconómica e intentos representativos de intervención que buscan, dentro de sus limitaciones mayores y mejores grados de integralidad. Resultados que si se tiene en cuenta el número de personas recibidas por los municipios de Puerto Asís y Mocoa, (donde se desarrolla este trabajo) solamente durante el 2006105, aunque insuficientes, no dejan de ser bastante importantes.

Por otro lado, en los últimos años se ha generado un sistema de evaluación para el registro desde el nivel central (lo que quiere decir que las declaracio• 60 •

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nes recibidas son enviadas a Bogotá, donde se define su aceptación) con profesionales destinados para esta tarea; factor que por un lado, aunque tiende a ampliar los tiempos de espera para la entrega de las ayudas con las inmensas dificultades para la población desplazada que dicho plazo implica, tiende a favorecer una entrega más equitativa de los recursos en muchos de los casos, disminuyendo la posibilidad de desvíos y casos de corrupción, pero por el otro, sigue teniendo las limitaciones de subjetividad propias de los funcionarios que reciben las declaraciones.

De acuerdo a las entrevistas realizadas en campo, la intervención de estos operadores ha contribuido de manera significativa al mejoramiento de la situación humanitaria de las personas desplazadas más recientemente. El gran problema que aparece entonces, se relaciona con la atención de la población desplazada de mayor antigüedad, donde se presentan casos de personas desplazadas que llevan más de 2 años en el departamento sin recibir siquiera el primer subsidio de arriendo o de ayudas alimentarias. Tarea que corresponde a la Unidad Territorial de Acción Social, pero que, debido precisamente a la centralización de actividades y autorizaciones en el nivel nacional resultan mucho menos eficientes y en muchos de los casos, incluso inoperantes.

Ahora bien, en lo referente a las posibilidades de atención desde las Entidades Territoriales y sus respectivas oficinas a nivel municipal y departamental, vale la pena decir que las limitaciones de flexibilidad administrativa, requerida para atender los desplazamientos gota a gota, en términos de recursos humanos106, materiales107 y presupuestales108, terminan, en gran medida por la ya mencionada ausencia de comprensiones de las normativas que protegen a la población desplazada por parte de un número importante de funcionarios públicos de la región, generando la percepción de que, a pesar de los intentos de inversión realizados por la nación, la ayuda desde este nivel resulta a la larga inexistente. Mientras, los desplazamientos masivos por su parte, por su magnitud y visibilidad, generan costos políticos que tienen frente a su no atención, favorecen la reunión de consensos, compromisos y voluntades políticas y administrativas. No obstante la atención a los mismos tampoco es inmediata, paradójicamente porque exige una movilización importante de recursos administrativos109, financieros y materiales110.

En este orden, en la medida en que la cantidad de desplazamientos tiende a ser variable en el tiempo, los elementos de planeación tradicional (como la previsión de una determinada cantidad de raciones correspondiente con el promedio mensual de desplazados) tienden a quedarse cortos o ser excesivos frente a las realidades del desplazamiento en el periodo requerido para atender la emergencia.

Por otra parte, en materia de inversión territorial, puede señalarse que las inversiones dependen de la disponibilidad presupuestal del municipio en el momento mismo del desplazamiento, lo cual disminuye con el correr de • 61 •

106- En lo que tiene que ver con funcionarios públicos encargados del registro y suministro de las ayudas.

107- Consecución, envío y suministro de ayudas alimentarias y no alimentarias.

108- Recursos monetarios y capacidad de incorporación de los recursos al presupuesto en cualquier momento de la vigencia y de manera inmediata.

109- Que incluyen la realización del registro, el envío de las declaraciones, la resolución peticiones de registro en el SUR, y la determinación de recursos correspondientes frente a las solicitudes.

110- El envío de las ayudas solicitadas.

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la vigencia y se supedita a la existencia de programas, con recursos aún disponibles, y previamente incorporados a los planes de desarrollo, los bancos de proyectos y el presupuesto territorial111.

Esto es especialmente grave en una situación de conflicto armado como la que afronta el Departamento, caracterizada por numerosos desplazamientos individuales (como mencionamos en el capítulo anterior, se presentaron 43.415 casos de desplazamiento recibido de acuerdo con cifras de Acción Social, y 55.028 de acuerdo con cifras de CODHES) y masivos (8 recibidos), lo que revela una condición cada vez más permanente y rutinaria del desplazamiento forzado en el país. Por una parte, el desplazamiento es legalmente una situación que requiere soluciones de emergencia (Ley 387 de 1997), pero que no tiene los mecanismos legales e institucionales para tratarle como tal. Claro ejemplo de ello es el hecho que de conformidad con el artículo 25 del Decreto 919 de 1987, la declaración de desastre en los términos fijados por el mismo decreto, permite disminuir los trámites en materia de contratación, así como los traslados presupuestales de recursos propios no comprometidos al momento del desastre, para atender dicha situación; no obstante, el desplazamiento no es considerado como una de las situaciones cubiertas por dicha declaración, y en consecuencia, se encuentra condicionado a las limitaciones presupuestales y administrativas que existan al momento de su ocurrencia.

Por otra parte, la atención humanitaria a otros grupos poblacionales, distintos a los desplazados, pero afectados por el conflicto (como aquellos que se ven incomunicados y sitiados por causa de los paros armados) tiende a resultar casi nula; a pesar de que ante los mismos es urgente prever y garantizar “acciones dirigidas a la seguridad alimentaria de población vulnerable como los niños, las niñas y jóvenes, grupos desplazados en los cascos urbanos, el desabastecimiento en las zonas rurales (la necesidad de sal y azúcar y elementos de aseo básico), la provisión de gasolina en hospitales y cascos urbanos”112. Dado este estado de emergencia departamental frente a la violación de los Derechos Humanos, no es posible admitir debilidades en la oportunidad y calidad de la inversión especialmente ante situaciones que exigen la entrega inmediata de atención humanitaria, ni la persistencia de mecanismos inflexibles para la entrega inmediata de la ayuda requerida.

111- Al respecto debe recordarse el principio presupuestal de universalidad, según el cual no es posible ejecutar ningún gasto sin que el mismo haya sido previamente incorporado al presupuesto territorial.

112- CODHES.» Paro armado en el Putumayo: Informes 2005". <http://www.codhes.org/Info/Informes/PARO_ARMADO_PUTUMAYO512.pdf> 113- Ibíd.. «Plan Integral Único para Atención a Población en Situación de Desplazamiento por la Violencia (PIU) en el Departamento de Putumayo». Pág. 23.

Respecto a los proyectos productivos, el Informe de la Defensoría del Pueblo de Putumayo, resalta que sobre los mismos no se tienen estudios de preinversión que demuestren su factibilidad, ni ofrecen subsidios no reembolsables para capital productivo, lo que genera dependencia sobre los créditos como única opción para acceder a la generación de ingresos en la medida que no existen auxilios de subsistencia para la primera etapa del establecimiento de los proyectos113. Estos proyectos, además, dependen de un constante acompañamiento de la Fuerza Pública, dado que, como hemos mencionado en los capítulos anteriores, sus beneficiarios tienden a conver• 62 •

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tirse en blanco de los grupos armados y en la medida en que sus cultivos, de resultar exitosos, podrían llegar a convertirse en una alternativa para el cultivo de la hoja de coca. En este sentido, se exige del Estado, estrategias distintas a una política exclusiva de militarización para garantizar la protección a la infraestructura energética y vial114, más aún cuando las FARC han demostrado una gran fortaleza territorial, tal como lo demuestran las acciones presentadas en el capítulo 1 del presente documento.

Tomado esto en consideración, y sobre el hecho de que el cultivo de hoja de coca tiene bajos costos de producción y una importante infraestructura armada de comercialización, vale decir que, a menos de que los proyectos productivos generados por el estado como posibilidad alternativa a la economía de la coca tengan un acompañamiento constante por parte de la Fuerza Pública y se conviertan en alternativas financieramente rentables frente a este negocio, estos no son, y no serán, soluciones sostenibles bajo el contexto actual del Departamento.

En relación con las inversiones nacionales en materia de erradicación de cultivos ilícitos (Programa Familias Guardabosques, Programa Presidencial contra los Cultivos Ilícitos y su Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia –SIMCI), se observa una debilidad en materia de prevención. Como lo señala el Auto 218 de 2006 de la Corte Constitucional, uno de las principales vacíos de la política pública de atención al desplazamiento es el enfoque preventivo que la debe caracterizar, especialmente cuando “se presentan situaciones específicas en las cuales se pueda anticipar que, por las particularidades de dichas situaciones, la acción legítima de la Fuerza Pública puede suscitar, como efecto indirecto, un desplazamiento de personas”115. Como lo hemos visto en capítulos anteriores, en el Putumayo esta situación se expresa en el marco de los procesos de fumigación y erradicación de cultivos ilícitos, donde poblaciones enteras se movilizan por causa de la erradicación de los cultivos de coca, poblaciones que en buena parte dependen de este ante la imposibilidad de hallar actividades productivas que generen un sustento a sus familias, y frente al temor de ser judicializados o de hallarse en medio de confrontaciones directas entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales.

“Aquí casi todo el mundo cultiva, pero en chiquito. No somos narcotraficantes, somos campesinos y pues si nada más se vende, pues toca buscar con qué comer (…) si el ejército viene a erradicar, o si nos fumigan, pues nos quedamos sin con qué comer”116

Asimismo es importante analizar la necesidad de inclusión este tipo de población dentro del marco de la definición de desplazado; pues aunque su desplazamiento tenga como principal motivación el desarrollo de actividades legítimas por parte del Estado, y el haberse visto obligados a abandonar actividades económicas ilícitas, cumplen primero con una condición de • 63 •

114- CODHES.» Paro armado en el Putumayo: Informes 2005".<http://www.codhes.org/Info/Informes/PARO_ARMADO_PUTUMAYO512.pdf> 115- M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. «Auto 218 de 2006». Sala Tercera de Revisión, Corte Constitucional. Pág. 30.

116- Entrevista a líder comunitario de La Dorada-San Miguel.

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vulnerabilidad, que, segundo, ha sido consecuencia de verse forzados a abandonar sus territorios de origen y actividades económicas ante la amenaza o vulneración de su vida, su integridad física y su sustento.

El Estado debe reconocer que, ante contextos en que el cultivo de coca es la mejor y a veces única oportunidad de generación de ingresos y búsqueda de sustento, sus acciones en el marco de compromisos de erradicación de cultivos se convierte en una causa más de desplazamiento y vulnerabilidad de los derechos de las personas.

Por otra parte, como hemos mencionado anteriormente “el difícil acceso a la tierra no permite el desarrollo de proyectos productivos, y limita las soluciones de vivienda digna”117. El Informe de la Defensoría del Pueblo de Putumayo señala que existe una baja disponibilidad de recursos económicos para la adquisición de tierra -especialmente en los municipios receptores- o a través de INCODER, lo que se suma a “la deficiencia en el nivel de concertación con la población desplazada, así como la articulación del INCODER con las diferentes instancias, bien sea el SNAIPD, los CDAIPD y el equipo PIU”118.

Se señala que “la política diseñada no está dando los resultados esperados, los requisitos y las condiciones para acceder a los subsidios no se ajusta a la condición económica y social de los hogares desplazados y del territorio (…) los subsidios rurales son menores a los urbanos, desconociendo que la construcción de vivienda rural presenta un mayor costo fundamentalmente por el transporte de los materiales”119.

117- Ibíd.. «Plan Integral Único para Atención a Población en Situación de Desplazamiento por la Violencia (PIU) en el Departamento de Putumayo». Pág. 22.

118- Defensoría del Pueblo, Oficina de Atención al Desplazamiento Forzado, Departamento de Putumayo. «Situación de Desplazamiento Forzado en el Bajo Putumayo». Pág. 29.

119- Ibíd.. «Plan Integral Único para Atención a Población en Situación de Desplazamiento por la Violencia (PIU) en el Departamento de Putumayo». Pág. 22.

120- Defensoría del Pueblo, Oficina de Atención al Desplazamiento Forzado, Departamento de Putumayo. «Situación de Desplazamiento Forzado en el Bajo Putumayo». Pág. 29.

121- Defensoría del Pueblo, Oficina de Atención al Desplazamiento Forzado, Departamento de Putumayo. «Situación de Desplazamiento Forzado en el Bajo Putumayo». Pág. 29.

Adicionalmente la adquisición de predios para beneficio de la población desplazada enfrenta varios inconvenientes “en primer lugar, muchos de los predios que se ofertan se encuentran ubicados en zonas de conflicto o de interés de los actores armados, en los cuales difícilmente la población que ha sido desplazada podría establecerse. Una segunda dificultad son los diferentes procesos de trámites, no solo para la adquisición de tierra, sino también para otras opciones como la protección de los bienes patrimoniales, la permuta, la extinción de dominio, entre otros”120. En este orden de ideas, aunque “en el tema de vivienda para población desplazada, la demanda es alta, sin embargo, los esfuerzos realizados por parte de los entes locales no han permitido beneficiar a una gran cantidad de población, los adelantos a nivel de compra de lotes, saneamiento básico, formulación de proyectos y presentación a las diferentes convocatorias se hace de manera esporádica lo que no genera impacto a nivel departamental121”.

La baja disponibilidad de recursos, se combina con bajas capacidades técnicas y financieras de los municipios para estructurar, cofinanciar y gestionar oportunamente proyectos viables para recibir financiación con cargo a otros recursos de la Nación o aplicar directamente por recursos de coopera• 64 •

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ción internacional. De acuerdo con el PIU, existe un gran desconocimiento por parte de las entidades territoriales de las fuentes auxiliares de recursos y de las metodologías para presentación de proyectos de inversión con cargo a dichos recursos. El diligenciamiento de las metodologías nacionales requieren de la existencia de un profesional capacitado para dicha labor, y de la voluntad política para contratar o delegar el personal necesario para estas labores, lo cual, ante la inestabilidad de los funcionarios locales112, por lo menos en el último año, resulta extremadamente difícil; en especial la de los mandatarios locales y departamentales, así como la falta de recursos para capacitarlos. “(…) Cuando el PIU ya está elaborado y los diferentes proyectos de inversión se encuentran diseñados, la gobernación se encuentra ante otra nueva dificultad y es la deficiente formulación en términos técnicos de los diferentes proyectos de inversión, corriendo el riesgo de ser rechazados por no cumplir con los mínimos requerimientos técnicos de los mismos”123.

En este sentido, resulta necesario que se observe a las distintas fuentes de financiación nacional e internacional como recursos complementarios a los esfuerzos locales, es decir como recursos de contrapartida en lugar de ser utilizados como fuentes individuales de financiación. La escasez de recursos es relativa, en la medida en que es posible gestionar proyectos con financiación simultánea de diferentes fuentes de recursos internacionales, nacionales y territoriales; y que además garantiza el desarrollo de proyectos de mayor envergadura, con una mayor posibilidad de generar apoyo y acompañamiento institucional e internacional.

Cabe resaltar que la intervención del PIU del Departamento de Putumayo evidencia esfuerzos por integrar recursos de fuente local, nacional y cooperación internacional. Con la conjunción de recursos del Departamento, Acción Social, Fomipyme, Ministerio de Agricultura, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones OIM, se ha logrado la financiación de proyectos para la generación de ingresos, fortalecimiento organizativo e institucional, infraestructura escolar, atención humanitaria de emergencia (alimentos, hábitat, arriendos), vivienda, salud y educación124.

De alguna forma, la reunión de estos fondos ha permitido destinar una mayor cantidad de recursos a inversiones cuya participación en el presupuesto departamental no es importante. De acuerdo a la información sobre la Intervención del PIU del Departamento en 2006, las partidas presupuestales destinadas a la financiación de programas de Asistencia Humanitaria de Emergencia y Fortalecimiento Organizacional e Institucional son reducidas ($12 millones y $69 millones respectivamente), y sólo gracias a la conjunción de recursos de la Nación y cooperación internacional, ha sido posible aumentar los recursos disponibles en $1.172 millones y $1.604 millones respectivamente. Lo anterior, a su vez, muestra una de las principales debilidades • 65 •

122- Ibíd.. «Plan Integral Único para Atención a Población en Situación de Desplazamiento por la Violencia (PIU) en el Departamento de Putumayo». Pág. 52.

123- Defensoría del Pueblo, Oficina de Atención al Desplazamiento Forzado, Departamento de Putumayo. «Situación de Desplazamiento Forzado en el Bajo Putumayo». Pág. 30.

124- Gobernación de Putumayo, Secretaría General y de Gobierno Departamental. «Presentación Plan Integral Único para Atención a Población en Situación de Desplazamiento por la Violencia (PIU) en el Departamento de Putumayo».

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en materia de inversión por parte de las entidades territoriales: la poca disponibilidad de recursos para la financiación de proyectos de atención humanitaria de emergencia o proyectos de generación de ingresos.

En relación con lo anterior y pasando a la inversión con recursos de las entidades territoriales tomamos como referente lo manifestado por el informe final de la Mesa Departamental de Organizaciones de Población Desplazada -OPD´s- del Putumayo a la Corte Constitucional, en donde se enuncia que: “los presupuestos asignados por parte de las entidades territoriales en varios municipios del Putumayo se ubican de la siguiente manera: (…)Para el Valle del Guamuez se aprobaron $187.906.283 para saneamiento básicos del Barrio la Unión (54 familias) según acuerdo 0167 junio 29 del 2006, actualmente este el proyecto se encuentra adelantando los trámites para la contratación.

Igualmente se asignaron $40 millones para población desplazada para apoyar la construcción de 38 viviendas en el área rural; se está esperando la adjudicación de los subsidios para ejecutar los recursos.

Para Mocoa la gobernación ha presupuestado y está en ejecución un proyecto de $187.000.000 para acueducto y alcantarillado del Barrio Palermo.

En Orito se presupuestaron $35.000.00 como rubro general sin destino específico de los cuales se ejecutaron $14.000.000 para compra de tierra y para vivienda, los restantes 19 millones se han ejecutado en diferentes apoyos a la OPD y otras necesidades de la población desplazada.

Puerto Leguízamo donde se tiene pensado ejecutar el proyecto de vivienda “Raicitas” para 50 familias, tiene un proyecto de apoyo por $30.000.000 para seguridad alimentaría, este proyecto se encuentra parado ya que solo se ha comprado la tierra y están esperando que el Banco Agrario cumpla sus compromisos.

En los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo y Sibundoy, Dasalud apoyó algunos proyectos de seguridad alimentaría cada uno por valor de 30 millones para un total de $90.000.000; en el municipio de Puerto Asís no se concluyó este proyecto por diferencias con la población desplazada beneficiaria, éste, fue ejecutado por la organización “Futuro Ambiental”; en los otros municipios la ejecución fue igualmente irregular y causó inconformismo entre la P.D beneficiaria.”125.

125- Defensoría del Pueblo, Oficina de Atención al Desplazamiento Forzado, Departamento de Putumayo. «Situación de Desplazamiento Forzado en el Bajo Putumayo». Pág. 28.

126- Derechos de Petición suministrados por los municipios de San Francisco, San Miguel y Sibundoy.

Por otra parte, según la información suministrada por las entidades territoriales126, el municipio de San Francisco tiene como políticas principales, la inversión en vivienda digna para la población desplazada por medio de la adquisición de lotes y financiación de estudios necesarios para la formulación de los proyectos; la generación de ingresos de la población a través de • 66 •

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comités de atención integral de población desplazada -donde se prioriza a la población desplazada para su contratación temporal en trabajos de la administración local-; y el tema educativo, mediante el trabajo conjunto con el SENA en materia de capacitaciones para población adulta, y el ingreso de la mayor parte de los menores al sistema educativo. En el municipio de San Miguel, dentro del presupuesto de la administración, durante la vigencia 2006, se ejecutaron: fondo de atención a grupos vulnerables y familias desplazadas, con una inversión de $57,3 millones y proyectos de saneamiento básico ambiental población desplazada y vulnerable por $67,3 millones. Finalmente en Sibundoy se destinaron los recursos a soluciones de vivienda, proyectos productivos y asistencia humanitaria.

En términos generales se observa que la mayor parte de los esfuerzos está concentrada en la financiación de proyectos en los sectores básicos de inversión, es decir en sectores como cobertura en educación básica y salud, así como en materia de agua potable y saneamiento básico; y que existe una limitada disponibilidad de recursos a nivel local para brindar atención humanitaria de emergencia a los desplazados127 (hecho ocasionado en gran parte porque la mayoría de los municipios deciden su gasto sobre márgenes muy reducidos). Esto parece tener su causa, en el hecho de que, como fue expuesto en el capítulo 2, la mayor parte de los recursos territoriales provienen de fuentes externas y con destinación específica prevista por la Ley (transferencias del Estado –como el Sistema General de Participaciones – SGP y las Regalías y compensaciones directas).

Frente a toda esta situación, vale decir que las entidades territoriales del Putumayo dependen excesivamente de recursos del Sistema General de Participaciones –SGP- y otros recursos de destinación específica como las regalías, cuyo uso es delimitado por reglamentación y orientaciones gubernamentales.

Si bien algunos de los usos de estos recursos no son contrarios a las inversiones prioritarias en materia de desplazamiento (pues se concentra en sectores como educación, saneamiento básico, alimentación escolar y salud), las mismas se concentran en las fases posteriores a la atención humanitaria de emergencia (consolidación y estabilización económica), que bajo un contexto de crisis humanitaria como la que afronta el Departamento, no permite dar una respuesta adecuada a las necesidades más inmediatas de la población desplazada. Cuando las necesidades primordiales se refieren al suministro de alimentos y un techo bajo el cual refugiarse, es difícil pedir a la población desplazada que crea en inversiones a mediano plazo como el ingreso de sus hijos al sistema educativo, más aún cuando la situación que afrontan exige que todos los miembros del grupo familiar participen en la generación de ingresos para obtener el sustento diario. La planeación a mediano plazo no es factible cuando las necesidades a corto plazo no han sido cubiertas.

Asimismo los recursos de destinación específica a los que nos referimos, resultan insuficientes para atender las necesidades de la población desplazada, en la medida en que estos no fueron considerados dentro de los cálcu• 67 •

127- Ibíd.. «Plan Integral Único para Atención a Población en Situación de Desplazamiento por la Violencia (PIU) en el Departamento de Putumayo». Pág. 21.

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los iniciales para la distribución de recursos. Al respecto se debe mencionar que la distribución de los recursos del SGP destinados a inversiones en educación, salud y saneamiento básico depende de factores como la población atendida y por atender en salud y educación en la vigencia anterior, así como la pobreza relativa y población urbana y rural certificadas por el DANE para la vigencia, lo cual no permite tener en cuenta los cambios en materia de composición demográfica, social y económica por causa de desplazamientos ocurridos a lo largo del año. Al respecto la Defensoría del Pueblo menciona que “los municipios receptores no disponen de los recursos suficientes, debido a que las transferencias que llegan del Sistema General de Participaciones –SGP-, no tienen en cuenta la movilidad de la población desplazada, enviando los recursos a los municipios expulsores notándose una deficiencia para la atención en los municipios receptores”128.

En consecuencia, los esfuerzos para el aumento de la cobertura educativa y en salud de la población más vulnerable de los municipios expulsores, se ven interrumpidos por causa de desplazamientos desde sus zonas rurales y urbanas, y dichas inversiones se pierden y deben duplicarse en las entidades territoriales receptoras, que se ven en la obligación de suplir con los recursos transferidos en dicha vigencia fiscal tanto las necesidades de su población, como las de aquellos nuevos grupos poblacionales producto del desplazamiento, que no se encuentran cubiertos en los censos bajo los cuales se distribuyeron inicialmente los recursos.

La ayuda del Estado es posterior al registro del desplazado en el SUR129, lo cual genera demoras en los tiempos de asignación de recursos y muchas veces no favorece la atención de toda la población desplazada. Por una parte nos volvemos a remitir al hecho que el registro de los desplazados y suministro de recursos se encuentre centralizado en la Nación, y que esto genera demoras en términos administrativos para la solución de las peticiones de registro y la asignación de recursos; y por otra parte a los posibles vicios de que la solución favorable de las solicitudes de registro del desplazado, dependa de la forma y objetividad en que se diligencien las aplicaciones por parte del funcionario de turno.

128- Ibíd.. «Plan Integral Único para Atención a Población en Situación de Desplazamiento por la Violencia (PIU) en el Departamento de Putumayo». Pág. 25.

129- Ibíd.. «Plan Integral Único para Atención a Población en Situación de Desplazamiento por la Violencia (PIU) en el Departamento de Putumayo». Pág. 21.

De otra parte, las posibilidades de generación de recursos territoriales propios es limitada, dada la condición de pobreza de la mayor parte de la población del municipio (cuyas posibilidades de tributación son bajas –impuesto de industria y comercio) o a la existencia de incentivos permanentes para la evasión indirecta de impuestos al interior de una lógica de ilegalismos (como los carteles de gasolina que favorecen la compra de gasolina por fuera de establecimientos que tributan la Sobreraza a la Gasolina); lo que aumenta la dependencia sobre recursos transferidos y con destinaciones específicas. La inflexibilidad de la mayor parte del Presupuesto de las entidades territoriales, es origen de insostenibilidad financiera para la atención inmediata de la pobla• 68 •

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ción desplazada y no da espacio para generar ejercicios de planeación flexibles que tengan en cuenta las dinámicas propias del desplazamiento, como su alta movilidad, su variabilidad en el tiempo, y la urgencia en el suministro de la atención humanitaria. Los tiempos y eficiencia para atención al desplazado, en consecuencia, dependen de una ruleta financiera, es decir, de la existencia inmediata o no de recursos libres de afectación y sin destino previamente definido. La construcción de una política adecuada en materia de atención a los desplazados, exige capacidades de planeación aún inexistentes en las entidades territoriales y nacionales, en parte porque se enfrentan a una situación que aunque rutinaria, sigue siendo permanentemente fluctuante en términos del movimiento y necesidades de las personas recibidas, en parte porque exige que la planeación sea lo suficientemente flexible para atender una situación de naturaleza imprevisible y para la cual las entidades territoriales, hasta este momento, tienen un manejo financiero limitado.

A pesar que el desplazamiento tiene una condición cada vez más permanente y rutinaria, y que es necesario que las entidades territoriales la asuman ya no como una emergencia imprevisible y transitoria sino como una condición que debe preverse y planearse cada vigencia, no existen recursos propios con los cuales atenderlas, ni metodologías o políticas nacionales que permitan hacerlo a través de recursos de destinación específica. En consecuencia, si bien “los comités municipales de atención a población desplazada CMAIPD cuentan con el compromiso formal de los alcaldes y los diferentes funcionarios delegados por parte de las instituciones, su accionar se limita a ofrecer respuestas asistencialistas posteriores a los hechos del desplazamiento y no se cuenta con un plan de prevención a comunidades en riesgo de desplazamiento”130. Las limitaciones presupuestales y en materia de ejecución tiene como consecuencia que los municipios no estén preparados para recibir y atender a la población desplazada.

En este sentido, aunque ha habido avances al respecto en materia de la construcción de comités de atención a la población desplazada, e incluso en lo referente a la generación de voluntades políticas sobre el tema, la asignación, distribución y uso de los recursos destinados a atender a la población desplazada, así como la coordinación y celeridad de las acciones emprendidas en el marco de la política de atención humanitaria de emergencia, siguen siendo insuficientes y no tienen en cuenta las dinámicas departamentales y locales.

El desplazamiento forzado con ocasión del conflicto interno armado, y la crisis humanitaria que este genera, son, sin lugar a dudas, situaciones que requieren de un cierto grado de flexibilidad financiera y en materia de planeación, que ni los sistemas presupuestales territoriales, ni los sistemas presupuestales nacionales, están preparados, en términos sustantivos, para asumir de manera efectiva, pero, y esto es tal vez el problema más grave, tampoco generan reflexiones o políticas que permitan darle soluciones reales.

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130- Defensoría del Pueblo, Oficina de Atención al Desplazamiento Forzado, Departamento de Putumayo. «Situación de Desplazamiento Forzado en el Bajo Putumayo». Pág. 26.

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Por otro lado, en lo relacionado con las acciones específicas de Acción Social, la problemática presenta. Por lo anterior, aún a pesar de los esfuerzos (especialmente en lo local), a finales de 2006, e incluso mediados de 2007, siguen existiendo “fallas estructurales de la política de seguridad del actual gobierno, cuyas respuestas a la crisis humanitaria y de derechos humanos, así como a la intensificación del conflicto en Putumayo han sido insuficientes”131.

131- CODHES.» Paro armado en el Putumayo: Informes 2005". <http://www.codhes.org/Info/ Informes/PARO_ARMADO_PUTUMAYO512.pdf>

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Informe sobre conflicto armado, desplazamiento forzado y respuestas institucionales en el Departamento de Nariño

Zully Laverde Coordinación Investigación y Trabajo de campo en Nariño

BOGOTÁ, JUNIO DE 2007 • 71 •

NARIÑO EN LA ENCRUCIJADA

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Desde hace varios años el conflicto armado se ha intensificado en el territorio nariñense, en numerosos municipios del departamento se hace visible la prolongación del conflicto, el incremento de las acciones armadas, los desplazamientos forzados y las numerosas violaciones de derechos humanos.

Esta crisis prolongada responde a diferentes dinámicas enmarcadas principalmente por el aumento de los actores armados ilegales y del pie de fuerza por parte del Ejército Nacional; el control de los territorios con presencia de cultivos ilícitos por parte de los actores armados ilegales; la disputa por las rutas de comercialización y distribución de la droga; y la política antinarcóticos basada inicialmente en fumigaciones aéreas y posteriormente en erradicación manual.

Durante el año 2007 diferentes organizaciones de la sociedad civil y miembros de comunidades pastorales que han trabajado en la defensa de los derechos humanos de las personas afectadas por el conflicto y por el desplazamiento en el departamento, han sido amenazados por grupos que se autodenominan Autodefensa de Nueva Generación. Sin embargo, esto no es hoy ni lo único ni más preocupante que ocurre en Nariño, en realidad se constituye en una expresión más de la profunda crisis que golpea al departamento y que afecta a cientos de personas.

En diferentes municipios del departamento existen restricciones para el ingreso y salida de sus habitantes por parte de grupos de guerrilla, gran parte de los habitantes de un municipio del departamento han sido victimas de confinamiento desde hace varios meses del presente año y continúan en esta situación, existen bloqueos, persisten los desplazamientos masivos y cada vez se cuentan mayores accidentes mortales causados por minas antipersonales.

Para abordar un análisis que incluya tendencias del conflicto armado, crisis humanitaria, economías ilegales y cultivos de uso ilícito, es necesario iniciar con un contexto general del departamento, que como es común en las regiones fronterizas presenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Luego se presenta un análisis de la intensificación del conflicto desde la presencia misma de los actores armados ilegales y de los cultivos de uso ilícito. Al final se observa la crisis humanitaria, dentro de la cual el desplazamiento forzado alcanza una de sus mayores expresiones en de un departamento en el que la población se encuentra inmersa en medio de un conflicto armado, que por el momento no vislumbra salidas pacificas.

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INTRODUCCIÓN

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I. CONTEXTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO El departamento de Nariño tiene una extensión de 33.268 km2, su población es de 1.531.777 habitantes132, de los cuales el 46% (704.971 personas) se encuentran ubicados en cabeceras y el 54% (826.806 personas) en zonas rurales. Aproximadamente un 18% de la población es afrodescendiente y el 74% mestiza.

En el departamento hay diferentes grupos indígenas que representan cerca del 9% de la población total, dentro de los cuales se encuentran los pueblos Awá, Pastos, Quillasinga, Emperara Siapidaara, Kofan e Inga. El pueblo Pastos es de los grupos indígenas más representativos del departamento con cerca de 64.000 habitantes. Los pueblos indígenas del departamento agrupan a 25.113 familias, las cuales suman una población de 137.086 personas que se localizan en 14 municipios de Nariño.

El departamento de Nariño limita al norte con el departamento de Cauca, al oriente con el departamento de Putumayo, al occidente con el océano pacífico y al sur con Ecuador (provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos), esta posición geográfica del departamento lo convierte en un territorio estratégico, propicio para el avance de los grupos ilegales, tráfico de armas, lavado de dinero, comercialización de insumos, y otras dinámicas particularmente referidas a su condición limítrofe con Ecuador. En la actualidad hay un incremento de acciones del conflicto armado interno y una grave descomposición del tejido social dado que la lucha territorial de los grupos armados ha involucrado a la población civil.

El departamento cuenta con 64 municipios dentro de los cuales es posible identificar cinco zonas: la costa pacifica, el piedemonte costero, la cordillera, el centro y la zona de frontera. (Ver división política del departamento en Anexo 1)

Necesidades Básicas Insatisfechas

132- Censo DANE, 2005

El área rural del departamento de Nariño es la que presenta más altos índices de NBI con 59,4 lo que representa el 70% frente a un 25,9 en zona urbana representando un 30%.

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En una comparación con el resto de departamentos fronterizos, Nariño mantiene niveles bajos de NBI tanto en zonas urbanas como rurales, siendo el segundo departamento fronterizo con menores niveles de NBI en zonas urbanas, y el cuarto en NBI en zonas rurales.

Fuente: Censo DANE 2005

Sin embargo, al igual que los otros departamentos de frontera, Nariño ha tenido históricamente altas tasas de NBI con relación al total nacional Como puede observarse comparando sus índices con los de la capital nacional.

Fuente: Censo DANE 2005

Las áreas rurales del departamento de Nariño son las más afectadas actualmente por el conflicto armado y la crisis humanitaria, la situación geográfica de muchos municipios, especialmente de la costa, hace que su acceso y comunicación con las cabeceras urbanas sea difícil y precaria. TeFuente: Censo DANE 2005 niendo en cuenta que las zonas rurales son las más vulnerables a los enfrentamientos de los grupos armados ilegales y por consiguiente al desplazamiento forzado de la población, esto no solamente disminuye la calidad de vida sino que aumen• 75 •

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ta el riesgo de vulnerabilidad de comunidades afrodescendientes e indígenas que en muchos casos quedan bajo el fuego cruzado confinadas en sus territorios.

Cooperación Internacional en Nariño En el departamento hay 40 proyectos de cooperación internacional actualmente en ejecución, que involucran US$ 63.499.670 y 57.562.278 euros. España tiene 9 proyectos actualmente en ejecución en el departamento, seguido de Estados Unidos –USAID y UNICEF con 6 proyectos cada uno, Comisión de la Unión Europea con 5 proyectos y UNDOC con 3 proyectos. La principal fuente de recursos en el departamento es la Comisión de la Unión Europea (• 45.960.000), seguido por los recursos de PMA (US$ 39.819.311), ONUSIDA (US$ 8.678.000), España (• 7.601.661), USAID (US$ 7.118.890) y UNDOC (US$ 4.294.143) entre los principales donantes.

Fuente: Agencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional 2007

Cooperación para Población Vulnerable En noviembre de 2006, Acción Social y la Unión Europea incluyeron al departamento de Nariño en la primera fase de proyectos productivos que beneficien a la población vulnerable en el marco del Programa Especial Desarraigados, durante 3 años, para lo cual se destinaron 13.800 millones de pesos. El Programa busca reducir el impacto del desarraigo, mitigar la pobreza y contribuir a la reconstrucción del tejido social, a través de proyectos que generen ingresos para las personas que se encuentran en esta situación, inicialmente población desarraigada y vulnerable o en riesgo de serlo, víctimas de la violencia, comunidades receptoras o de acogida y en resistencia.

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II. INTENSIFICACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Nariño es un laboratorio de guerra. En su terrtorio confluyen todas las expresiones armadas del conflicto, todas las consecuencias de la guerra y todas las vulnerabilidadessociales e institucionelespara superar la crisis. Organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y de la Iglesia, coinciden en afirmar que el departamento pasa por un momento difícil enmarcado por: 1) la acción directa de los grupos armados ilegales en diferentes zonas de especial influencia en el desarrollo de la producción, tráfico y comercialización de cultivos de uso ilícito, 2) la ofensiva del Ejército para recuperar territorios con influencia de grupos guerrilleros, 3) la crisis humanitaria por el desplazamiento forzado, las fumigaciones aéreas, las minas antipersonales y 4) el aumento de los índices de violencia y homicidios en numerosos municipios del departamento.

Resulta importante señalar la relación que existe en Nariño, entre el escalonamiento del conflicto y el aumento de los cultivos de uso ilícito que desde el año 2000 sufrieron un conocido incremento causado por la acción directa del Plan Patriota en Putumayo que significo el traslado de la mayoría de cultivos hacia este departamento vecino.

1. Presencia de actores armados Aproximadamente desde los años ochenta, el departamento de Nariño ha tenido una presencia histórica de la guerrilla de las FARC, Frente 8, 29 y 48 y del ELN Bloque Comuneros del Sur, sin embargo desde finales de los noventa, fecha en la que ingresaron las AUC a la región, hay una reconfiguración de los actores armados quienes empezaron a disputarse zonas de gran importancia geoestratégica y económica por el control de los cultivos de uso ilícito. Las AUC aparecieron principalmente en territorios con alta concentración de cultivos de coca tanto en la costa pacifica como en el piedemonte costero y la cordillera, bajo el mando del BLS Bloque Libertadores del Sur adscrito al BCB Bloque Central Bolívar. Después de la desmovilización de este Bloque de las AUC se puede hablar de una reconfiguración de la presencia de los grupos armados ilegales, en vista de que se • 77 •

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mantiene una presencia de nuevas estructuras paramilitares que se establecieron bajo nuevos nombres en áreas de influencia que anteriormente tenían las AUC en el departamento. Sin embargo, vale la pena señalar que por la reciente recomposición de estos grupos y su reciente presencia en el departamento.

Presencia de Actores Armados en Nariño 2007

Fuente: Codhes Mayo, 2007

El riesgo por las elecciones

133- Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas SAT. Informe de Riesgo Elecciones 2007. Pp. 20. Bogotá, Junio de 2007.

Durante el año 2007 por ser un año electoral, se incrementaron los riesgos en las regiones con presencia de grupos y actores armados ilegales. En el departamento de Nariño se conocieron indicios de amenazas o intimidaciones de los grupos armados frente a las elecciones a través de: comunicados panfletos, rumores, declaraciones públicas a los pobladores o precandidatos ofreciendo seguridad o apoyo económico, por parte de grupos de guerrilla de las FARC, frentes 29 y Columna Daniel Aldana, presentes en la zona de la costa pacifica, en el centro y suroriente del departamento; por parte del ELN y de los grupos paramilitares Águilas Negras, Rastrojos y Nueva Generación. La Defensoría del Pueblo señaló posibles atentados, amenazas, secuestros, desapariciones forzadas y homicidios contra precandidatos o candidatos, funcionarios de las administraciones municipales, líderes sociales, líderes comunitarios y representantes legales y autoridades de resguardos indígenas y territorios colectivos, especialmente en la zona de la cordillera occidental nariñense.133 • 78 •

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2. Cultivos de uso ilícito El cultivo de coca en el departamento se registra desde antes de 1990, sin embargo desde el año 2000, fecha que coincide con la acción del Plan Patriota y la fuerte política antinarcóticos en Putumayo, los cultivos en Nariño experimentan un importante crecimiento; para este periodo se registra también el ingreso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Bloque Central Bolivar- Frente Libertadores del Sur y es posible corroborar el incremento del cultivo de coca en los años posteriores.

El informe Censo de Cultivos Ilícitos, estimaba que para el año 2005 a nivel nacional Nariño era el segundo departamento en área sembrada después de Meta, se encontraron cultivos de coca en 24 de sus 64 municipios, con un total de 13.875 hectáreas. Al finalizar el Fuente: Censo de Cultivos Ilícitos UNDOC. Junio 2006 año 2004 habían 14.154 hectáreas de coca en Nariño, es decir que en el 2005 con relación a esos datos hubo una reducción del 2% en las hectáreas sembradas, sin embargo las cifras de erradicación por aspersión aérea y manual en el 2005 reportan un total de 63.342 hectáreas lo que supone que durante el año no solo se siembran muchas hectáreas nuevas sino que las erradicadas no necesariamente corresponden a las hectáreas encontradas al final del año anterior. Los cultivos de amapola reportan para el 2005 un número de 475 hectáreas, aumentando en un 3% con relación al año anterior.

Cultivo de coca en Nariño 1999-2005

En el departamento se pueden encontrar cultivos de coca en los municipios de: Tumaco, Olaya Herrera, Roberto Payán, Magüí Payán , Barbacoas, Ricaurte, La Tola, El Charco, Santa Bárbara, Leiva, El

Fuente: Censo de Cultivos Ilícitos UNDOC. Junio 2006

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Rosario, Policarpa, Cumbitara, Los Andes, La Llanada, Samaniego, Barbacoas, Santacruz, San Lorenzo, La Unión e Ipiales. Mientras que los cultivos de amapola se han desarrollado principalmente en San Pablo, La Cruz, San Bernardo, Albán, El Tablón, Buesaco, Pasto, Funes, Puerres, Córdoba, Potosí, Ipiales, Cumbitara, Los Andes, Linares, Samaniego, Guaitarilla, Santa Cruz, Mallama y Cumbal.

Cultivos de uso ilícito en Nariño

Fuente: Gobernación de Nariño. Plan de Desarrollo 2004-2007

¿Los cultivos de uso ilícito en Nariño: un problema de cifras?

Según información de la comunidad y diferentes autoridades locales, en Nariño existirían muchas más hectáreas sembradas con coca. En junio de 2006 la gobernación de Nariño cuestionó el último informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU que anunciaba una disminución, mientras que en el departamento existirían cerca de 50.000 hectáreas. Una cifra similar a la de la gobernación es utilizada en algunos informes periodísticos realizados sobre la región en los que se habla de aproximadamente 40.0000 hectáreas.

Para el caso de los cultivos de amapola, a finales del 2006 se afirmo por parte de la Policía General la erradicación total de amapola en el departa• 80 •

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mento, sin embargo el gobernador del departamento Eduardo Zuñiga denunció en diciembre de 2006 que aún existían dos mil hectáreas de amapola, frente a lo que el general Jorge Daniel Castro respondió calificando las denuncias del gobernador como cifras equivocadas que respondían a un problema político134.

Según la gobernación existen aproximadamente 400 hectáreas de amapola en Buesaco, Pupiales, Puerres, Cumbal, Ricaurte, La Llanada, Providencia y el Tablón de Gómez, que al tratarse de cultivos reducidos y casi huertos caseros, dificulta el cálculo para determinar su extensión135.

Los cultivos de coca que desde el año 2000 han logrado un importante incremento en el departamento, le deben mucho a las condiciones topográficas y la falta de vías de acceso para acceder fácilmente a todos los municipios de la costa, en donde en los últimos años se ha concentrado un importante número de cultivos.

Fumigaciones y erradicación manual Cultivos de Coca En el 2005 se estimaban en 86.000 las hectáreas cultivadas de coca, de las cuales se eliminaron 63.342 ha, el 90,9% por medio de aspersión aérea (57.630 ha.) y el 9.1% por medio de erradicación manual (5.712 ha.), la aspersión aérea durante este año fue la mayor de los cinco años.

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de 2000 a 2005 se fumigaron por aspersión aérea un total de 158.467 hectáreas de coca.

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2006.

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134- El Nuevo Siglo, Verifican que se acabó amapola en Nariño, Pp.2A. Diciembre 4 de 2006.

135- El Tiempo, «El Gobernador que mande en la Gobernación; no hay amapola», Pp. 1-17. Diciembre 4 de 2006.

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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2006.

Las aspersiones aéreas para los cultivos de amapola desde 1999 a 2005, reportaron un total de 4.514 hectáreas. En el año 2005, se estimaban 2.000 ha. de amapola, de las cuales se eliminaron 1.110 ha., el 43.6% (484 ha.) se erradicaron manualmente, mientras que el 56.4% (626 hectáreas) por aspersión aérea.

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2006.

1. Las fumigaciones continúan A pesar de los incidentes diplomáticos con Ecuador que se presentaron por el tema de la fumigación aérea en zona de frontera, las fumigaciones para los cultivos de coca en Nariño se iniciaron de nuevo en diciembre de 2006.

En los primeros meses del año se tuvo información por parte de organizaciones presentes en el departamento, que el área de influencia de éstas fue• 82 •

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ron principalmente los municipios de: Tumaco, El Charco, Santa Bárbara, Leiva, El Rosario, San Pablo, La Cruz, La Unión y el Peñol.

Según información suministrada por la Gobernación de Nariño, hasta el 30 de abril de 2007, la erradicación manual de coca reportaba 2.605 hectáreas y la aspersión de coca 18.947 hectáreas, cifras otorgadas por la Policía Nacional de Colombia Departamento Policía de Nariño.

2. Incremento de las acciones armadas Desde esa fecha es posible analizar el aumento de las acciones en el departamento reflejada en la intensidad de la confrontación armada, que según el Observatorio del programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, presento para Nariño en 1998 un rango de acciones entre 1-5 en municipios como Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Ipiales, Potosí, Córdoba. Puerres, Funes, Tangua, Pasto, Buesaco, Policarpa, Los Andes; para el año 1999 un rango de acciones entre 1-5 para municipios como Barbacoas, Roberto Payán y los más cercanos a Putumayo, dentro de los cuales empieza a parecer un rango de 6-10 acciones en Potosí; para el año 2000 la mayoría de acciones con rango de 6-10 se concentra en Ipiales, Buesaco, Pasto, Funes y siguen registrándose municipios en el rango de 1-5 acciones como Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Los Andes, Mallama, Santacruz, Samaniego, La Llanada.

En el año 2001 para Tumaco el rango asciende de 6-10 acciones al igual que para Pasto, Funes, Córdoba, Puerres y Barbacoas; en el año 2002 el núero de municipios afectados por las acciones en rango de 1-5 aumenta en donde se puede observar municipios que anteriormente no registraban acciones armadas como Cumbal, Olaya Herrera, sanata Bárbara, San Pablo, La Cruz, Ipiales, Santa Cruz, Consaca, La Florida, el rango de 6-10 aumenta igualmente para municipios como Barbacoas, Mallama y Pasto, y aparecen acciones en el rango de 11-20 en algunas veredas y corregimientos de Tumaco y Pasto.

En el año 2003 la mayoría de las acciones armadas en el rango de 6-10 y de 11-20 se registran en el sur de la costa pacifica y en el piedemonte costero, en municipios como Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Mallama, Cumbal, Guachuchal y en municipios de la cordillera occidental tales como Santacruz, Samaniego, La Llanada, Los Andes, Cumbitara y Policarpa, igualmente siguen presentándose acciones armadas de baja intensidad en casi todos los municipios del departamento.

Para el año 2004 continúa una intensificación del conflicto en Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Mallama, Cumbal, Ipiales, Pasto y Buesaco con rango de acciones registradas entre 11-20, y de igual manera se mantienen accio• 83 •

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nes de baja intensidad en los nueve municipios restantes de la costa pacifica y en municipios de la cordillera oriental como Pupiales, Contadero, Yacuanquer, Consaca, Sandona, La Florida, San Pablo, LA Cruz, San Bernardo, Alban y El Tablón.

Durante el año 2005 persiste el incremento de acciones armadas en Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Mallama, Santacruz, Samaniego, Guachuchal, Potosí, Ipiales, Córdoba, Puerres, Funes, Tangua, Pasto, la Florida, Sandoná con rango de acciones entre 1-20 y continúan registrándose acciones armadas en el rango de 1-5 en el resto de municipios de la cordillera occidental y la costa pacifica.

Para el año 2006 es posible identificar hay un registro de acciones en un rango de 21-50 en municipios como Tumaco, Ricaurte, Mallama y Pasto, en Barbacoas, Santacruz e ipiales en un rango de 11-20 y casi el resto de los municipios del departamento con acciones de 1-5.

3. Rearme Paramilitar La desmovilización del Bloque Libertadores del Sur se produjo en julio de 2005, sin embargo tres meses después, en octubre, empezaron a conocerse versiones sobre la presencia de grupos armados ilegales compuestos por personas, que los pobladores de algunos municipios como Leiva, Rosario, Policarpa y Cumbitara y de regiones ribereñas al río Patía y el eje vial Tumaco-Junín-Barbacoas, reconocían como miembros paramilitares antes de la desmovilización.

136- Revista Semana. La guerra no abandona a Nariño. Mayo 31 de 2006.

Durante los meses posteriores una serie de denuncias sobre la presencia de hombres armados, muchos de ellos conocidos antes de la desmovilización, lleva a concluir tal y como lo expresa la Revista Semana en mayo de 2006 frente a la desmovilización en Nariño que “en síntesis, se desmovilizaron los nuevos reclutas más un grupo mínimo de antiguos combatientes del Bloque Libertadores del Sur (BLS), pero dejaron intacta y operando la fuerza paramilitar real en dos zonas clave: la llanura pacífica, con Tumaco y el corregimiento Llorente como centros de operaciones, y el norte del departamento, en el área comprendida por los municipios de Rosario, Leiva, Cumbitara y Policarpa”136, el informe de la Revista también afirma que según denuncias que reposan en las oficinas de las autoridades nariñenses, dos meses antes de la fecha de desmovilización, las AUC reclutaron cerca de 400 jóvenes en Pasto y en los municipios bajo su dominio territorial, quienes debían concentrarse un mes antes de la fecha de dejación de armas a cambio de 18 meses del auxilio económico ofrecido por el gobierno nacional.

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En el departamento es evidente la presencia de nuevas estructuras paramilitares que han llegado a ocupar territorios estratégicos, el rearme ha venido desarrollándose desde las desmovilizaciones, el octavo informe trimestral de la MAPP/OEA ratifica la expansión de la estructura armada ilegal Organización Nueva Generación ONG, advertida en los 2 informes anteriores, esta estructura ha consolidado su control sobre las comunidades donde tenia mayor influencia el BLS del BCB, en municipios como Andes Sotomayor, Cumbitara, Policarpa, Leyva y El Rosario. Sin embargo la presencia de nuevos grupos paramilitares no solamente se observa en los municipios que hacen parte de la cordillera sino también en la zona de la costa y en el sur.

Con el propósito de mantener el control territorial de las zonas que especialmente mantienen una fuerte presencia de cultivos de uso ilícito en el departamento, después de la desmovilización varios de los reinsertados y nuevos miembros reclutados que han conformado grupos “bandas criminales al servicio del narcotráfico” operan principalmente en la zona costera del departamento conocidos como “Machos” y “Rastrojos” posiblemente bajo el mando de Wilber Valera alias “Jabón” y que una vez dada la desmovilización empezaron a bajar desde el municipio de Cauca para hacer presencia en Nariño.

A dos años de la desmovilización oficial de los grupos paramilitares en el departamento, estructuras paramilitares continúan teniendo fuerte presencia en los territorios anteriormente ocupados por el BCB, especialmente en lo relacionado con el control del narcotráfico. Pobladores e instituciones del Estado han coincidido en ratificar que aquella desmovilización no ha tenido los resultados esperados, “con el proceso de desmovilización del Bloque Central Bolívar de las AUC, se perfila un fenómeno de resignificación de la dinámica paramilitar, con el cambio de estructuras militares que operan hoy con nuevos nombres, como Nueva generación, Rastrojos, Mano Negra, Águilas Negras, con estos supuestos nuevos grupos se ha posibilitado el reingreso de los desmovilizados a administrar los negocios de lavados de activos, entre otros”137.

4. Aumento de los homicidios en el departamento La expansión de estos grupos, el hecho de que provengan de diferentes lugares y que con anterioridad hayan pertenecido a diferentes estructuras paramilitares ha desarrollado en la región lo que muchos denominan ajuste de cuentas y una limpieza entre ellos mismos. Según datos del Observatorio Departamental del Delito de Nariño, las muertes violentas registradas para 2006 en el municipio Tumaco ascienden a un número de 252, aportando a la mayor cantidad de homicidios del departamento, aunque frente al análisis de municipios por tasa poblacional por 10000 habitantes, Policarpa aparece como el municipio con el comportamiento homicida más elevado.

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137- Defensoría del Pueblo. Informe situación derechos humanos y Deerecho Internacional Humanitario del Pueblo Indígena Awá Departamento de Nariño». Bogotá, Junio de 2007. Pp. 64.

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En el año 2006, municipios como Sandoná y Potosí incrementaron sus tasas de homicidio en un 600% y 500% respectivamente con relación al 2005, municipios como Buesaco y Contadero en un 350% y 300%, Ancuya en un 250%, Iles, La Llanada, MaguiPayan, San Pedro de Cartago y Yacuanquer en un 200% y Chachaguí, Colón de Génova y Nariño en un 100%. (Ver Anexo) Las nuevas estructuras paramilitares se componen por mandos medios, no desmovilizados, desmovilizados y nuevas personas reclutadas. Existen alertas de rearme marcadas principalmente por la influencia en zonas de control de economía ilegal y cultivos de uso ilícito como los municipios de El Charco, Mosquera y Pizarro.

Criminalidad en Tumaco La situación del municipio de Tumaco es particular, dado que en los últimos años el aumento de acciones armadas, homicidios y asesinatos selectivos responde a una mayor presencia de los actores armados y nuevas estructuras paramilitares, que puede explicarse por la posición estratégica del municipio propicia por la cercanía con el pacifico, hecho que genera un interés particular por parte de todos los actores armados para controlar las rutas y el comercio de drogas de uso ilícito.

En los primeros tres meses de 2007 en un promedio mensual se registran 11 homicidios en el área rural de Tumaco y 6 en el área urbana, ocurridos principalmente en espacios de la vía pública y en los cuales las victimas son en su mayoría hombres. En la mayoría de casos no se tiene información sobre el contexto de las muertes y sus actores son desconocidos por establecer según la Policía, estos asesinatos no se relacionan directamente con el conflicto armado, sin embargo dadas las condiciones del municipio, su gran población flotante y los diferentes actores armados con presencia en él, según información recogida en trabajo de campo el gran número de muertes en corregimientos como Llorente y la Guayacana, entre otros, se debe aun ajuste de cuentas por negocios del narcotráfico que involucran a diferentes miembros de los grupos con presencia en la región.

Muertes Violentas por causa externa en Tumaco2007 Enero

Febrero

Fuente: Medicina Legal, Sijin, Policía.

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Marzo

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Fuente: Medicina Legal, Sijin, Policía.

Homicidios según sexo Tumaco 2007 Enero

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Fuente: Medicina Legal, Sijin, Policía.

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III. DESPLAZAMIENTO FORZADO Y CRISIS HUMANITARIA 1. El desplazamiento forzado en Nariño durante los últimos años Desde el año 2000 hasta el 2006 se observa un incremento del desplazamiento forzado en el departamento, causado principalmente por la intensificación del conflicto armado. Desde esa fecha es posible establecer que los municipios que han recibido mayor número de población desplazada son en su orden: Pasto, Tumaco, Santa Bárbara, Ricaurte, Samaniego, Taminango, Ipiales, Barbacoas, El Charco, Ricaurte, Los Andes y Policarpa.

Fuente: Sistema de Información de Codhes, Sisdhes

El departamento ha tenido durante los últimos años alertas tempranas para los municipios de Mallama, Ricaurte, Barbacoas y Tumaco. Hasta noviembre de 2006 el informe de riesgo elevado hasta el CIAT involucraba los municipios de Santacruz, Samaniego, La Llanada, Los Andes, Santa Bárba• 88 •

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ra, El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Leiva, El Rosario, Policarpa, Cumbitara, Maguí Payan, Roberto Payán y Cumbal. Es decir que cerca del 30% del total de municipios del departamento se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad frente al desplazamiento forzado.

Tendencias del desplazamiento forzado En desplazamiento forzado la tendencia de Nariño es actualmente hacia los desplazamientos masivos e intraveredales, dado que la presencia de los actores armados en los diferentes municipios es muy fuerte y los enfrentamientos producidos entre ellos y entre ellos y la fuerza pública son con frecuencia prolongados y de alta intensidad lo que involucra directamente a gran número de personas en una o más veredas.

Las comunidades al quedar en medio del fuego cruzado o al advertir que se acerca una avanzada de la fuerza Pública en zonas particularmente controladas por un actor armado ilegal, se desplazan para proteger sus vidas, en algunos casos los mismos actores ilegales (particularmente grupos guerrilleros) le avisan a las comunidades para que éstas conozcan con algunos días u horas de anterioridad que va a producirse un enfrentamiento en la zona, sin embargo ésta no es una generalidad, en vista de que la mayoría de veces las personas empiezan a desplazarse una vez advierten el inicio de los enfrentamientos armados.

Los nuevos grupos de rearme paramilitar que han causado desplazamientos en municipios de la costa pacifica y la cordillera, se caracterizan por dar ordenes expresas de desalojo a la comunidad o amenazas directas para miembros de ellas que suponen estar al servicio del narcotráfico, lo que demuestra la importancia que estos grupos otorgan al control geoestratégico del cultivo, tráfico y comercialización de drogas de uso ilícito.

Los desplazamientos intraveredales constituyen una tendencia fuerte en el departamento y una preocupación latente por su invisibilización en el registro, esto se debe principalmente a que los municipios de Nariño en su mayoría son muy grandes y cuentan con numerosas veredas a las cuales es más fácil llegar porque las vías de acceso hacia las cabeceras son con frecuencia muy restringidas, de manera que la recepción en cabeceras municipales donde pueden existir ocasionalmente mejores herramientas para atender los desplazamientos, no es la que se impone actualmente, siendo una tendencia clara que las personas se desplazan entre veredas vecinas mientras pasan periodos de riesgo y vuelven cuando la situación se ha normalizado o los actores armados se han ido, de manera que no hay suficiente control ni conocimiento frente a los desplazamientos que ocurren bajo estas condiciones, únicamente fue posible verificar esta información durante trabajos de campo.

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El desplazamiento transfronterizo Durante los primeros cuatro meses del 2007, se han registrado 2 eventos de desplazamiento transfronterizo desde los municipios de Tallambí y El Charco hacia Ecuador involucrando a 437 personas en esta situación. Los motivos de salida y cruce de la frontera de estas familias están originados en enfrentamientos de los grupos armados ilegales.

Los desplazamientos transfronterizos pueden ser numerosos por los enfrentamientos producidos en el sur del departamento que tiene una gran presencia de actores armados, sin embargo se encuentran también en su mayoría invisibilizados, las personas que cruzan la frontera con frecuencia no solicitan refugio ya sea por desconocimiento o por temor a ser rechazados y devueltos a Colombia, la mayoría de estos desplazamientos son temporales y ocurren cuando las acciones armadas se incrementan en los municipios de Ipiales y Cumbal.

En la Victoria, en el municipio de Ipiales, frontera con la provincia de Carchi, desde comienzos de 2007 se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el frente 48 de las FARC, la comunidad ha denunciado abusos de al autoridad por parte de miembros del Ejército como el robo de animales para su consumo y “hechos ejemplarizantes” por medio de los cuales miembros del Ejército han paseado cadáveres de presuntos guerrilleros para que toda la comunidad “mirara y aprendiera”, en el mes de abril se tuvo información de un desplazamiento hacia Ecuador desde la vereda La Estrella en la Victoria multifamiliar.

Fumigaciones y Desplazamiento Las fumigaciones de cultivos de uso ilícito son una causa importante en los desplazamientos forzados que se registran en el departamento, para el 2005, año en que se realizaron aspersiones continuas, se agudizó la crisis humanitaria porque las fumigaciones afectaron una gran parte de los cultivos lícitos de pancoger y las fuentes de agua, además de los daños sobre la salud, los animales y el medio ambiente, el desplazamiento fue expresión de esta realidad.

Fuente: Sisdhes

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Informe de Caso EL DESPLAZAMIENTO DE EL CHARCO EN MARZO Y ABRIL DE 2007: EL MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DEL DEPARTAMENTO Es preciso mencionar que desde el 23 de marzo de 2007 se presentó el desplazamiento masivo más grande de toda la historia del departamento en el municipio de El Charco ubicado en la costa pacifica, el éxodo causado por enfrentamientos entre la Infantería de Marina y el Frente 29 de las FARC, involucró a 1.460 familias cerca de 8.500 personas, que huyeron inicialmente de 11 veredas (Brazo seco, Vuelta Larga, Rosario, Montebajo, El Hojal, Alfonso López, Bocas del Taija, Banguela, Magadalena, Guabillo y San Francisco) aproximadamente durante cuatro semanas para proteger sus vidas y no quedar en medio del fuego cruzado. Durante esta fecha se registro por la misma causa, desplazamientos masivos en el municipio de la Tola con un total de 155 familias aproximadamente 800 personas.

Con el desplazamiento de El Charco se evidenció que muchas veredas de los municipios de la costa no cuentan con planes preventivos ni de contingencia para hacer frente a estos eventos, a medida que iba subiendo la avanzada del Ejército por las diferentes veredas de El Charco, iban saliendo numerosas familias desplazadas y las veredas vecinas funcionaban como albergues provisionales de la población, en vista de que la cabecera municipal se encontraba distante de las veredas desplazadas y de que el transporte es fundamentalmente fluvial. Ante la magnitud del desplazamiento la ayuda prestada inicialmente por las autoridades locales se vio rápidamente desbordada, por lo que fue necesario que agencias humanitarias presentes en la zona prestaran su ayuda para el censo y los primeros mercados, mientras llegaban las ayudas del Estado, las cuales llegaron 9 días después de ocurridos los primeros desplazamientos.

El desplazamiento forzado de gran parte de los habitantes del municipio del Charco estuvo agravado por el confinamiento de comunidades de las veredas de Pulbuza, La Quebrada y Santa Catalina, además de una crisis alimentaría en la parte norte del municipio donde veredas como San José del Tapaje habían sido recientemente fumigadas y por lo tanto solicitaban con urgencia alimentos dado que durante el periodo de fumigación gran parte de sus cultivos lícitos habían sido afectados.

El 10 de abril se conoció por fuente de la Personería Municipal el retorno de aproximadamente 600 familias pertenecientes a siete veredas: Hojal, Alfonso López, Quebradita, Rosario, Vuelta larga, Brazo Seco, Magdalena y algunas veredas de Taija, sin embargo a la fecha no era posible establecer si las condiciones de voluntariedad y seguridad estaban dadas para las personas que decidieran retornar.

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Los desplazamientos masivos Los eventos de desplazamiento forzado masivo en el departamento han aumentado en los últimos años, de 19.604 personas desplazadas en el departamento en el año 2006 13. 977 personas corresponden a desplazamientos masivos, esto quiere decir que del total de personas desplazadas en el 2006 el 71% corresponde a éxodos.

El desplazamiento forzado en el año 2005 sumo un total de 15.886 personas en el departamento y para el año 2006 esta cifra se incrementó en 3718 personas.

En lo que va corrido del 2007 la situación continua presentando incrementos con relación al mismo periodo del año anterior (enero-marzo) los eventos de desplazamiento masivo se incrementaron al pasar de 4 casos en 2006 a 11 eventos en el 2007.

A continuación se presenta un cuadro resumen de los eventos de desplazamiento masivo en Nariño de 2006 hasta la fecha:

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Fuente: Sisdhes, Codhes

2. La situación de vulnerabilidad del Pueblo Awá frente al conflicto armado Los grupos indígenas del departamento de Nariño han sido victimas del conflicto armado en todas sus expresiones: presencia de grupos armados en sus territorios, amenazas e intimidación por parte de los diferentes actores armados, combates y enfrentamientos dentro de sus territorios y resguardos, reclutamiento forzado, confinamiento, restricciones y bloqueos, desapariciones y homicidios.

No existe información suficiente y precisa acerca de la situación de derechos humanos de las comunidades indígenas y su afectación a causa del conflicto armado a lo largo del territorio nacional, sin embargo las continuas y constantes denuncias y pronunciamientos de las organizaciones indígenas del Pueblo Awá de Nariño, comenzaron a evidenciar el alto grado de vulnerabilidad de este grupo indígena frente al conflicto armado que se desarrollaba en su territorio.

La Defensoría del Pueblo en cumplimiento de su mandato constitucional de divulgar y promover la defensa de los derechos humanos colectivos e in• 93 •

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dividuales de los pueblos indígenas, realizó un informe sobre la situación de derechos humanos y derechos internacional humanitario de las comunidades indígenas awá del departamento de Nariño, específicamente las comunidades ubicadas en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Samaniego y Ricaurte138, el informe contiene importantes denuncias sobre la vulneración de estas comunidades.

Entre los principales problemas que afectan al derecho fundamental al territorio del pueblo indígena awá, se señala que el derecho a la constitución y titulación de resguardos se ha visto limitado por la inadecuada acción del INCODER en vista de que hay solicitudes radicadas por los indígenas en algunos casos desde hace 16 años, sin que se les garantice la titulación de los mismos139. En respuesta a estos hechos, la información suministrada por el INCODER en junio de 2007 a la Defensoría del Pueblo, según este mismo informe, señala que para la vigencia de 2007 no hay recursos económicos para garantizar el derecho de conformación para la titulación de estos resguardos.

El incremento del cultivo de coca y de la economía del narcotráfico trajo consecuencias negativas para las comunidades indígenas awá: destrucción gradual del territorio, violencia, descomposición y cambio cultural, debilitamiento de los lazos internos de solidaridad, afectándose especialmente los jóvenes140.

Por otra parte, la fumigación y erradicación de los cultivos de uso ilícito, en incremento desde el año 2000 en el departamento, ha tenido efectos negativos sobre el territorio del pueblo awá, quienes aseguran que con la realización de fumigaciones con glifosato, se vulneraron sus derechos fundamentales a la consulta y concertación; la salud de los miembros de las comunidades causando enfermedades tales como problemas digestivos, vómitos, irritaciones severas en la piel, problemas visuales, mareos, problemas respiratorios y dolores de cabeza, entre otros. La Defensoría del Pueblo asegura que en casi todos los resguardos con asentamiento de indígenas awá, se han reportado enfermedades leves y severas relacionadas con las fumigaciones.

3. La situación de la cordillera y el drama de las minas antipersonales

138- Defensoría del Pueblo. Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Pueblo Indígena Awá del departamento de Nariño. Bogotá, Junio de 2007 139- Ibíd., Pp. 32 140- Ibíd., Pp. 39

A partir del 2002, año en que las Autodefensas Unidas de Colombia con el Bloque Central Bolívar, Frente Libertadores del Sur, ingresó a diferentes municipios de la cordillera, empezó un escalonamiento del conflicto armado en los municipios de la cordillera como Samaniego, La Llanada, Los Andes Sotomayor, Policarpa y Cumbitara, municipios que habían tenido una histórica presencia guerrillera del ELN. La confrontación entre los diferentes grupos armados por el control social y territorial tiene el objetivo • 94 •

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preciso de controlar los ejes viales para las rutas de salida y comercialización de drogas de uso ilícito hacia la costa pacifica y hacia Ecuador, por lo que la presencia de grupos armados ilegales, en esta región produce un aumento en los enfrentamientos y en los eventos de desplazamiento de la población civil.

Según el Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República, los eventos por minas antipersonal (MAP) en Nariño han sido 75, de los cuales 73 han ocurrido en área rural y 2 en área urbana141, las municiones abandonadas sin explotar (MUSE) 202, de las cuales 200 han sido encontradas en área rural y 2 en área urbana.

Fuente: Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de laRepública 2007

El departamento de Nariño tiene una participación total de 2.66% entre MAP y MUSE a nivel nacional, ocupando el lugar número 11, después de Antioquia, Meta, Bolívar, Caquetá, Santander, Norte de Santander, Arauca, Cundinamarca, Cauca y Tolima, en eventos relacionados con minas antipersonales.

En la frecuencia de eventos causados por MAP y MUSE a nivel municipal en el departamento, el municipio de Samaniego es el primero en acci-

Fuente: Observatorio de Minas Vicepresidencia de la República Datos de 1990 a 1 abril de 2007

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141- Estadística teniendo en cuenta el periodo de 1990 a 1 de abril de 2007

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dentes con 16, seguido de Policarpa con 11, Barbacoas con 9, Los Andes con 6 e Ipiales con 5, entre los cinco municipios principales. El municipio con mayor número de incidentes registrados que no involucran victimas es Tumaco, seguido por Policarpa, Barbacoas, Los Andes y Ricaurte.

El caso de Samaniego En el municipio de Samaniego, desde el 2002, los indicadores de violencia se incrementaron y la situación de crisis humanitaria agravada por el desplazamiento forzado, asesinatos, reclutamiento forzado y las victimas de minas anipersona, empezó a presentar cifras alarmantes.

El tema de las minas antipersona en el municipio empezó a ser de opinión pública, el 30 de octubre de 2006, el alcalde de Samaniego Harold Montúfar afirmó “en el último año hemos atendido a 14 victimas por accidentes con minas, dos de ellas muertas y las demás con afectaciones graves.

Hay siete subregistros lo que da una cifra de 21 accidentes, un dato alto y preocupante”142.

Para el año 2006, 14 de las 87 veredas de Samaniego, correspondientes al 30% del territorio, se encontraban afectadas por minas antipersona, entre las veredas con mayor riesgo se encuentran Chuguldi, Las Cochas, Alto Cartagena, La Capilla, El Transval, La Planada y Buenavista. El incremento de las minas en esta región se explica por el creciente número de hectáreas de coca, calculadas para el año 200 en aproximadamente 500 hectáreas, y el interés territorial de diferentes actores armados.

El ELN con presencia en el municipio de Samaniego, anunció en Cuba durante la ronda exploratoria de las conversaciones de paz con el Gobierno Nacional, una propuesta de propiciar el desminado de varios corregimientos del municipio, dicho pronunciamiento generó tan buena expectativa, que las máximas autoridades de municipios vecinos a Samaniego se uniron para presentar una propuesta conjunta tanto al Gobierno Nacional como al Comando Central –Coce- del ELN, para que ésta sea incluida en una eventual agenda de negociaciones entre ambas partes143.

142- El Colombiano, Samaniego hace fila para desminado. Pp. 10A. Octubre 30 de 2006 143- El Mundo. «Desminado cubriría sur del país».Pp. B3. Noviembre 10 de 2006.

144- En este capitulo se destaca la información de los documentos Codhes: Respuesta Institucional en Nariño entre la emergencia humanitaria y la debilidad estatal, realizado por Edwin Tapia, noviembre de 2006 y Diagnósticos de Campo sobre los desplazados en Nariño. Codhes, abril de 2006.

145 Gobernación de Nariño Plan de Desarrollo Nariño 2004-2007. «La Fuerza del Cambio continúa». San Juan de Pasto. Pp. 17

4. Política pública y respuesta institucional144

El Plan de Desarrollo de Nariño 2004-2007 “La Fuerza del Cambio Continúa” incorpora los Derechos Humanos dentro de uno de los ejes transversales, de manera que éstos hacen parte de todos y cada uno de los procesos de planeación, ejecución y evaluación que lleve a cabo la administración en sus políticas145.

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Desde el año 2002 ante el incremento de los eventos de desplazamiento forzado en el departamento, se creo por parte de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, el Departamento y la Red de Solidaridad Social RSS,-hoy Acción Social-, una iniciativa institucional de intervención dirigida a la población en situación de desplazamiento, denominado Plan Integral Único de Restablecimiento –PIUR-.

La adopción de esta estrategia y la elaboración de un Plan para atender la problemática del desplazamiento, fue una iniciativa pionera a nivel nacional, el plan contempla tres esquemas de atención similares a los del nivel nacional, enfocados en: la organización sectorial de prestación de servicios sociales, el conjunto de programas de las entidades públicas del orden territorial y la oferta de cooperación internacional con ocasión de la aplicación de los programas y proyectos que ejecutan las agencias humanitarias asentadas en la región o indirectamente vía ONG operadoras.

La ley 387 de 1997 estableció tres componentes de atención al desplazamiento determinados en: prevención y protección al desplazamiento, atención humanitaria de emergencia y estabilización socioeconómica para el ámbito departamental.

En el tema de la prevención en el departamento de Nariño es posible observar dos grandes enfoques, por una parte el enfoque departamental que le apuesta a un fortalecimiento de las instituciones, tal y como lo expresa en su plan de desarrollo, para las entidades públicas y los procesos de las organizaciones sociales y comunitarias146; y por otra parte el enfoque nacional que bajo la adopción de la estrategia de seguridad democrática, ha incrementado el pie de fuerza en las cabeceras municipales, ha implementado las fumigaciones como parte de su política antinarcóticos y propone una presencia mayor en las zonas de cultivo de uso ilícito donde confluyen varios actores armados por la disputa del control territorial.

El enfoque departamental de cierta manera se expresa dentro del Eje de Derechos Humanos también contenido dentro del Plan de Desarrollo, que hace referencia a la población desplazada, en donde el departamento reconoce un incremento del desplazamiento debido a la violencia generalizada y al programa de erradicación de cultivos de uso ilícito147.

Se puede decir que para estos aspectos identificados como causales del desplazamiento en el departamento, los avances en el tema de prevención no han sido mayores, por el escalamiento del conflicto armado y el incremento en los índices de criminalidad puede decirse que la situación de violencia generalizada sigue siendo un aspecto latente y frente al cual no se adoptan las medidas necesarias para prevenir eventuales desplazamientos, y para el tema de las fumigaciones que han ocasionado numerosos desplazamientos tampoco hay hasta el momento una adopción de políticas que pueda con• 97 •

146- Gobernación de Nariño. Plan de Desarrollo de Nariño 2004-2007. «La Fuerza del Cambio Continúa» San Juan de Pasto. Mayo 29 de 2004.

Componente estratégico. Línea 1. Gobiernos con transparencia, legitimidad y seguridad. Páginas 114 a123.

147- Gobernación de Nariño Op. Cit. Pp.

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trarrestar de manera efectiva esta las medidas para prevenir los desplazamientos, pese a que en el auto 218 del 11 de agosto de 2006, la Corte Constitucional contempla que las fumigaciones al igual que otras acciones (hostigamientos, asesinatos, reclutamiento forzado, combates) manifestadas por el impacto del conflicto armado, constituyen un complejo marco causal para el desplazamiento. En este sentido y teniendo en cuenta que el pronunciamiento se orienta al establecimiento de programas o planes preventivos, que con relación a los eventos que como respuesta a acciones legitimas de la fuerza pública, susciten como efecto un desplazamiento de personas.

Como se puede observar en el siguiente gráfico el comportamiento del desplazamiento por recepción en el departamento de Nariño tuvo incremento significativo desde 1999, en el año 2003 disminuye con relación al año anterior y a partir de esa fecha presenta un incremento consecutivo hasta 2006, año en que supera el alto índice registrado en el año 2000.

Fuente: Sisdhes, Codhes 2007

Los principales municipios de recepción en el departamento, como se había mencionado anteriormente, son Pasto, Tumaco, Santa Bárbara, Ricaurte, Samaniego, Taminango, Ipiales, Barbacoas, El Charco, Ricaurte, Los Andes y Policarpa, que durante los últimos años se han encargado de recibir la mayor parte de los desplazados del departamento, la tendencia de desplazamiento en estos municipios ha sido reiterativa por lo que puede demostrarse que no se han adoptado los mecanismos necesarios para evitar nuevos desplazamientos por las mismas causas presentadas en estos municipios con anterioridad.

En el tema de protección se hace evidente la ruptura entre la aplicación de los dos enfoques, en vista de que cada uno hace una lectura distinta del conflicto armado y de la misma forma de las causales del desplazamiento • 98 •

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de la población. Los programas nacionales y departamentales implican una concepción diferente sobre las causas del conflicto, por un lado desde el ámbito departamental la acción parte del supuesto que una instituciones más legitimas, sensibilizadas con la problemática de los derechos humanos puede afectar los grados de riesgo y por el otro desde el frente de la Nación más que una política de prevención lo que esta en ejecución es una operación militar que busca recuperar el control de territorio y cortar las fuentes de financiación a los grupos ilegales generadas en el narcotráfico, por lo que se asume que indirectamente el control trae como consecuencia mayor protección.

Sin embargo en la medida en que la visión nacional no se incorpora acciones de protección durante el largo proceso de disputa y erradicación de cultivos, las comunidades quedan atrapadas en la disputa entre los actores armados (legales e ilegales). Es por estas situaciones que el esquema institucional, a pesar de la oferta que presenta, se muestra insuficiente y en ciertas zonas el desplazamiento es masivo y recurrente.

En el tema de la Atención Humanitaria de Emergencia (AHE) el principal actor es la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación internacional, Acción Social, quien por medio de convenios o acción directa, entrega los bienes y servicios que conforma este componte: -

Kits de Alimentación, Higiene/Aseo, Cocina/Vajilla y Hábitat.

Alojamientos Temporales.

Orientación y Atención psicosocial En lo urbano Subsidio de transporte (50% de un salario mínimo mensual, por una sola vez)

El modelo tiene dos variantes, en una es instrumentalizado directamente por la Acción Social vía su Dirección territorial y en la otra por ONG operadoras, a través de un esquema de subcontratación conocida como “Administración delegada”, en éste una ONG o un organismo internacional firma un contrato o convenio con Acción Social para la entrega de los kit de ayuda humanitaria de emergencia antes reseñados.

Bajo éste esquema se han contratado dos tipos de ONG operadoras para los casos de desplazamiento individual: · Organizaciones eclesiásticas o con fines similares como Pastoral Sociales, Corporación Minuto de Dios, entre otras. · Organizaciones sin ánimo de lucro.

En el caso de los desplazamientos masivos opera el Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR-, además en razón de su ubicación como zona de frontera es de suma importancia el papel que asume la oficina regional de • 99 •

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ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones –OIM, entre otras. A continuación se muestra el mapa de oferta en atención humanitaria, por nivel de gobierno y entidad responsable.

Según el sistema de información de Metas de Gobierno –SIGOB-148 en materia de atención en el año 2005 se ha venido prestando la asistencia humanitaria de emergencia a la población desplazada mediante distintos mecanismos: recursos de caja menor, proveedor regional de alimentos y expedición de resoluciones de alojamiento temporal. Mediante esta última estrategia.

Puede decirse que este componente de atención humanitaria de emergencia viene funcionando desde hace algunos años de manera regular, todavía se presentan muchas dificultades para los eventos de desplazamiento masivo, donde con frecuencia se presentan retrasos en la llegada de los primeros alimentos dado el gran número de personas en situación de desplazamiento.

Por ejemplo la respuesta de AHE para el desplazamiento masivo de El Charco (marzo, abril de 2007) por parte de Acción social se retrasó 9 días, primero por la dificultad de acceso a la zona para su verificación y después porque los alimentos que se dirigían por barco hacia la zona afectada, se retuvieron por cerca de tres días en Buenaventura, en este caso las primeras ayudas de alimentos las dieron organismos pastorales y ONG que acompañan el trabajo de la iglesia en la región, y algunos institucionales como el ICBF dirigida a los niños. Una vez llegadas las primeras ayudas hubo problema pues los Kits de cocina y ollas eran insuficientes para cubrir siquiera a la mitad de las familias en ese momento desplazadas.

Para el componente de estabilización socioeconómica puede decirse que los avances en el departamento no han alcanzado el nivel necesario, según la Gobernación, debido al bajo perfil ocupacional no ha sido posible construir alternativas de trabajo que permitan la reincorporación laboral de la población desplazada y el mejoramiento de su capacidad económica149.

Según el mismo Plan de Desarrollo, la situación económica en la cual se ve inmersa la población desplazada deteriora las relaciones familiares y agudiza aún más el desarrollo y crecimiento, en condiciones de dignidad de los hijos, toda vez que el 45% de los hogares están constituidos por jefatura femenina, donde la mujer se ve obligada a actuar como proveedora de bienes y atender las necesidades de padre y madre, debido al abandono del que ha sido objeto.

148- Información disponible en: http:// www.sigob.gov.co/ 149- Gobernación de Nariño. Plan de Desarrollo «La fuerza del cambio continúa». San José de Pasto. Pp. 23.

El tema central de este componente de estabilización socioeconomica es la posibilidad que tengan las personas para restablecer su plan de vida, en lo • 100 •

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cual la entrega de bienes y servicios públicos como la educación, la salud y la vivienda, es un elemento básico y fundamental que permite la realización de sus derechos.

En la materia la atención se realiza en tres dimensiones: 1) La oferta nacional canalizada vía los recursos de Ley 715, los cuales financian el acceso a la salud, educación y programas de vivienda de interés social; 2) Los programas del nivel nacional que se aplica en la región como Familias en Acción, Red de Seguridad Alimentaria –RESA-, y además aquellos que se establecen con ocasión de convenios de cooperación internacional y; 3) Las iniciativas territoriales, las cuales se financian con la participación en los ingresos corrientes de la Nación (Ley 715 de 2001), recursos propios y en el marco de convenios de cooperación Internacional.

El Plan Integral Único de Restablecimiento –PIURPor efecto de la situación humanitaria de la región durante la década, éste ha buscado salidas a esto, por ende desde 2002 el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada empezó a trabajar en la elaboración del Plan Integral Único de Restablecimiento –PIUR-, como instrumento para lograr la estabilización socioeconómica de las familias desplazadas, en su diseño participaron los Comités de los diez municipios que presentan las más altas estadísticas de desplazamiento, la Gobernación de Nariño, entidades nacionales como el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER, Acción Social y agencias internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones -OIM- y la ACNUR, entre otros, siendo aprobado el 15 de Abril de 2005.

“La misión del PIUR es construir, poner en marcha y dar seguimiento a un sistema eficiente y eficaz, basado en el marco legal nacional e internacional y en la política pública definida por el Estado colombiano, y en adecuados enfoques de derecho y transversales, para lograr el restablecimiento socioeconómico de la población desplazada asentada en el departamento de Nariño”150. Básicamente el PIUR tiene como objetivo facilitar el restablecimiento de 2.860 familias de diez municipios151, mediante la intervención institucional y social para la implementación de tres componentes o líneas estratégicas.

El PIUR es un instrumento que busca maximizar las posibilidades de los beneficiarios de rehacer de modo integral sus planes de vida es un una iniciativa del orden departamental y no tiene el carácter vinculante que tienen el Plan departamental de desarrollo, por ende su articulación dentro de los esquemas de atención del ámbito municipal es algo discrecional de los gober• 101 •

150- Plan Integral único de Restablecimiento de Nariño 2005-2006. Página.30.

151- Los municipios son: Pasto, Tumaco, Samaniego, Ipiales, Córdoba, Potosí, Los Andes-Sotomayor, Taminango, San Lorenzo y Linares.

Documentos CODHES No. 7 Líneas del PIUR

Fuente: Plan Integral Único de Restablecimiento de Nariño 2005-2006

nantes locales, por otro lado se espera articular el PIUR a los programas nacionales de inversión como las cadenas productivas del Ministerio de Agricultura y las iniciativas de Acción Social, así como contar con financiación proveniente de recursos municipales, departamentales, nacionales e internacionales.

El departamento de Nariño es un importante expulsor y receptor de población desplazada, esta crisis se profundiza en la medida en que la capacidad de respuesta institucional a este fenómeno se desborda ante los numerosos y frecuentes desplazamientos, especialmente de carácter masivo, que han tenido lugar en los últimos años. El comportamiento de algunos funcionarios del gobierno encargados de recibir las declaraciones en algunos municipios como Tumaco, limita el acceso a la información y a los derechos que tienen las personas en situación de desplazamiento.

Según organizaciones de población desplazada entrevistadas en el departamento, los niveles de atención y respuesta a los desplazamientos forzados están determinados por el número de personas afectadas en el desplazamiento, la visibilidad que pueda darse de este fenómeno especialmente en medios masivos y la cercanía que tengan con la capital del departamento, en donde la atención suele ser más efectiva. Esta situación es preocupante, más aún cuando no hay estrategias para prevenir de manera adecuada y efectiva el desplazamiento forzado en el departamento, mitigar sus múltiples causas y frenar los éxodos.

Esta situación sumada a la existencia de un numeroso grupo de personas en situación de desplazamiento esperando recibir ayudas iniciales, no son un panorama alentador que demuestre en este departamento la capacidad del Estado para solventar la crisis humanitaria causada por la intensificación del conflicto armado en su territorio, el desplazamiento forzado a pesar de que muchas instituciones estatales se esfuercen por demostrar lo contrario, es una de las expresiones más graves que puede ser palpada en cada visita a • 102 •

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los diferentes municipios y que lamentablemente tiende a incrementarse con el aumento de las acciones armadas desarrolladas a lo largo del territorio.

CONCLUSIONES ·

El incremento de los cultivos ilícitos en Nariño unido a la baja efectividad de las políticas antinarcóticos implementadas, explican la ubicación estratégica de los grupos armados ilegales y el resurgimiento de nuevas estructuras paramilitares para controlar el negocio de los cultivos de uso ilícito.

•

Los municipios de mayor recepción de desplazamiento son aquellos en donde los enfrentamientos de grupos armados ilegales son mayores y confluyen diversas dinámicas del conflicto armado.

•

Municipios como Tumaco y Samaniego presentan hoy una grave situación humanitaria, Tumaco por los altos índices de criminalidad que se explican por un aumento generalizado de la violencia en su territorio, la alta población flotante en corregimientos como Llorente y la Guayacana nuevos epicentros del negocio de los cultivos ilícitos, y por la débil respuesta institucional al desplazamiento forzado; y Samaniego por la disputa territorial de las guerrillas que hacen presencia en su territorio y en donde se han sembrado numerosas minas antipersonales colocando en riesgo a la población civil.

•

Los desplazamientos intraveredales y transfronterizos continúan caracterizados por la invisibilización por parte de las diferentes instituciones estatales por lo que no hay una definición de política consistente que haga frente a estos aspectos y disminuya la probabilidad de ocurrencia.

•

La agudización del conflicto armado en Nariño continúa siendo la causa más importante de los desplazamientos forzados de la población, el tema de la prevención de estos eventos no ha tenido en cuenta el mismo enfoque en el nivel departamental y el nivel nacional.

•

La aplicación de la política de seguridad democrática en muchos municipios del departamento ha significado un incremento del pie de fuerza en las cabeceras municipales lo que ha colocado de cierta manera en riego a la población civil. Las fumigaciones continúan siendo • 103 •

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una causa previsible de desplazamiento para la cual no se han adoptado las medidas correspondientes a la prevención.

•

En el tema del desplazamiento hay una tendencia generalizada de temor o miedo entre la población victima de esta situación a denunciar los hechos o a registrarse como desplazados, principalmente por la presencia de los actores armados dentro de la comunidad. Continúan existiendo problemas de información frente a la exigibilidad de los derechos y en general hay escepticismo frente a la capacidad de respuesta del Estado.

•

Diferentes instituciones estatales y otras dedicadas a la protección de los derechos humanos en Nariño, coinciden en afirmar que la situación actual del departamento es difícil por el escalonamiento del conflicto armado y la agudización de la crisis humanitaria, por lo que recomiendan visibilizar la realidad ante la opinión nacional.

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V. Anexos

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Anexos: 2006, Cronología del conflicto, crónica de la crisis humanitaria.

Fuente: Bitácoras de Prensa Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República.

Compilación, Ajustes, Georreferenciación y Complementación: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES. Base cartográfica: IGAC Codificación Municipios: DANE Período: Dic 28 2005-Ene 2 2007

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Colón: 48 Mocoa: 8, 16, 19, 20, 38, 39, 42, 57, 62, 68, 72, 74, 77, 81, 83, 95, 97, 113, 123,124.

Orito: 3, 5, 11, 12, 15, 22, 23, 24, 49, 50, 53, 71, 86, 88, 93, 94, 117.

Puerto Asís: 4, 10, 12, 14, 18, 26, 28, 35, 37, 43, 53, 61, 62, 64, 80, 82, 85, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 110, 114, 115, 118.

Puerto Caicedo: 29, 64, 118.

Puerto Guzmán: 59, 66, 76, 91, 100.

Puerto Leguízamo: 45, 53, 55, 56, 58, 69, 87, 119.

San Francisco: 47, 48, 63, 79, 103.

San Miguel: 1, 2, 30, 51, 52, 73, 125.

Santiago: 6, 21, 48.

Valle de Sibundoy: 48 .

Valle del Guamuez/La Hormiga: 7, 11, 17, 25, 46, 51, 75, 89, 102, 108, 1110, 118.

Villagarzón: 27, 29, 33, 40, 54, 60, 70, 78, 84, 88, 95, 107, 109.

1.

31/12/2005 En el municipio de San Miguel (Putumayo), sobre la vía que conduce a la batería Colón del oleoducto, unidades policiales desactivaron un artefacto explosivo compuesto por cinco cargas de pólvora, pentonita y anfo, que al parecer fue instalado por guerrilleros de las FARC.

2.

31/12/2005 En el municipio de San Miguel (Putumayo), guerrilleros de las FARC atacaron el puesto de policía, resultando heridos tres civiles y provocando cuantiosos daños materiales.

3.

31/12/2005 En las veredas Altamira y El Pepino, municipio de Orito (Putumayo), guerrilleros de las FARC dinamitaron simultáneamente ocho pozos productores de petróleo, uno de ellos amenaza con contaminar el río Putumayo.

4.

31/12/2005 En cercanías al municipio de Puerto Asís (Putumayo), al parecer guerrilleros de las FARC dinamitaron una torre de energía, dejando sin fluido eléctrico a este municipio y a las poblaciones de Orito, La Hormiga, La Dorada y San Miguel.

5.

03/01/2006 De las veredas El Empalme y Jardín de Sucumbíos, municipio de Orito (Putumayo), fueron desplazadas por causa de la situación de violencia, aproximadamente 300 personas, las cuales son atendidas en la vereda La Liberia.

6.

03/01/2006 En la vereda Carrizal del municipio de Santiago (Putumayo), desconocidos volaron tres torres de energía, dejando sin el suministro de luz a las 3 cuartas partes del Departamento.

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152- «La Hormiga» es la forma en la que los habitantes del Putumayo también denominan al municipio que el Instituto Agustín Codazzi, y los programas de Planeación del resto del país denominan «Valle del Guamuez».

7.

04/01/2006 En cercanías al municipio de La Hormiga152 (Putumayo), presuntos guerrilleros de las FARC incendiaron dos vehículos particulares.

8.

07/01/2006 En el corregimiento de Santa Elena, en la vía a Mocoa (Putumayo), guerrilleros de las FARC durante un retén ilegal, detuvieron una ambulancia y tras hurtar los medicamentos y los equipos procedieron a prender fuego al automotor.

9.

08/01/2006 En la vereda Planadas, en jurisdicción de Puerto Asís (Putumayo), un grupo de miembros del Plan Energético y Vial No. 11 del Ejército y personal de la Policía intercambiaron fuego en una confusa situación que los llevó a creer que se trataba de guerrilleros. Por estos hechos resultaron muertos tres militares y un policía.

10.

10/01/2006 Sobre el río Cuembí, entre el corregimiento de Puerto Vega y la vereda La Carmelita, en zona rural de Puerto Asís (Putumayo), guerrilleros de las FARC volaron un puente con artefactos explosivos.

11.

12/01/2006 En el sitio El Yarumo, sobre la vía que une Orito con La Hormiga (Putumayo), guerrilleros de las FARC instalaron un retén ilegal e incineraron ocho automotores entre tracto mulas y buses de servicio público.

12.

12/01/2006 En el municipio de Orito (Putumayo), guerrilleros de las FARC volaron tres tramos del oleoducto Trasandino en las veredas La 35, La 29 y La Tesalia.

13.

13/01/2006 En las veredas La Cabaña y La Pradera, municipio de Puerto Asís (Putumayo), se presentaron combates entre tropas del Batallón Plan Vial Especial Energético No. 11 y guerrilleros de las FARC.

14.

13/01/2006 En la región rural de Puerto Asís (Putumayo), desconocidos derribaron un puente que atraviesa el río Lorenzo.

15.

13/01/2006 En el municipio de Orito (Putumayo), guerrilleros de las FARC volaron una torre de baja potencia operada por la empresa de energía local. Por este hechos quedaron sin el servicio los municipios de Orito, La Hormiga y San Miguel.

16.

17/01/2006 En el municipio de Mocoa (Putumayo), fue asesinado por desconocidos el representante de la Mesa Departamental de Desplazados por el municipio de Mocoa, Lemesio Lesmes.

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17.

18/01/2006 En el municipio del Valle del Guamuez (Putumayo), tropas de la Brigada Móvil XIII del Ejército capturaron a once personas, sindicadas de pertenecer a las autodefensas.

18.

19/01/2006 En zona rural de El Cuembí, jurisdicción de Puerto Asís (Putumayo), por presiones de las FARC el docente Jairo Mesa, tuvo que abandonar su trabajo.

19.

19/01/2006 En el municipio de Mocoa (Putumayo), el diputado liberal Oscar Rojas, denunció amenazas de muerte contra su vida, por parte de desconocidos.

20.

20/01/2006 A altura de la vereda La Tebaida, municipio de Mocoa (Putumayo), desconocidos pararon un vehículo de transporte público, hicieron descender del vehículo y asesinaron a la comerciante de verduras y frutas de la plaza de mercado de Mocoa, Gloria Amparo Realpe.

21.

28/01/2006 En la vereda El Cascajo, municipio de Santiago (Putumayo), se presentaron combates entre soldados del Batallón de Infantería No. 25 del Ejército y subversivos de las FARC quienes intentaban volar varias torres de energía. Tras el combate, resultaron muertos un capitán del Ejército y un insurgente.

22.

29/01/2006 En el municipio de Orito (Putumayo), guerrilleros de las FARC atacaron a una brigada móvil del Ejército causando la muerte de dos soldados.

31/01/2006 En El Empalme, jurisdicción del municipio de Orito (Putumayo), se presentaron combates entre soldados de la Brigada Móvil No. 13 y presuntos miembros de las FARC, donde murieron un Capitán y un Sargento del Ejército.

23.

24.

03/02/2006 En el sitio Alto Comboy, municipio de Orito (Putumayo), soldados del Batallón de Contraguerrillas No. 59, Bayardo, perteneciente a la XXVII Brigada del Ejército destruyeron controladamente 16 minas antipersonal, pertenecientes al frente 48 de las FARC.

25.

05/02/2006 Seis presuntos miembros de las autodefensas fueron asegurados por un Fiscal Especializado de Puerto Asís (Putumayo), tras su captura por el Ejército Nacional en zona rural del municipio de Valle de Guamuéz (Putumayo) a mediados de enero de 2006.

26.

05/02/2006 En Puerto Asís (Putumayo), tropas de Contraguerrilla del Ejército Nacional, ocuparon y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de alcaloides, al tiempo que capturaron a 6 presuntos miembros de las FARC que se dedicaban al proceso de la hoja de coca.

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27.

14/02/2006 A la altura de La Palanca, jurisdicción rural de Villagarzón (Putumayo), fue asesinado Fernando Javier Gómez, conductor de un vehículo de servicio público, adscrito, a la empresa Cootransmayo.

28.

16/02/2006 En la vereda El Azul, ubicada a pocos kilómetros de Puerto Asís (Putumayo), tropas del Ejército desmantelaron un campamento al parecer de las FARC, el cual tenía capacidad para albergar a cerca de 30 personas y contaba con un amplio salón de conferencias construido en madera.

29.

16/02/2006 Entre las poblaciones de Villa Garzón y Puerto Caicedo (Putumayo), miembros de las FARC incineraron dos vehículos, un bus escolar y un bus de servicio público afiliado a la empresa Cootransmayo.

30.

17/02/2006 En el corregimiento de Puerto Colón, jurisdicción del municipio de San Miguel (Putumayo), miembros de la guerrilla de las FARC atacaron la Estación de Policía.

31.

17/02/2006 En los Llanos Orientales, Putumayo y Caquetá, la guerrilla de las FARC decretó un paro armado por lo cual los transportadores no están transitando por las carreteras. El paro tiene incomunicados a estos Departamentos.

32.

17/02/2006 Las FARC amenazaron con atacar los carros que circulen por las vías de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta, en respuesta a los bombardeos en el parque La Macarena (Meta).

33.

18/02/2006 En el corregimiento de La Castellana, jurisdicción del municipio de Villagarzón (Putumayo), los habitantes, no podrán censarse por amenazas de la guerrilla de las FARC que les han advertido que si responden la encuesta censal tendrán que irse del pueblo para siempre.

34.

20/02/2006 La guerrilla de las FARC publicó un comunicado en Internet, en el cual, aunque no fija una posición abierta sobre el intercambio humanitario, ni sobre la propuesta que sobre el tema hicieron Francia, Suiza y España, establece que si el Gobierno Uribe «se negó a desmilitarizar los municipios de Pradera y Florida para buscar un acuerdo de intercambio humanitario de prisioneros, no creemos que esté dispuesto a despejar de tropas los Departamentos de Caquetá y Putumayo, como nuevo escenario de los futuros diálogos de paz».

Las FARC descalifican el proceso de desmovilización con los paramilitares que atribuyen a un «cálculo electoral reeleccionista». Finalmente, dicen que «es imposible el diálogo con este Gobierno mientras persista en su estrategia mediática de calificar a la insurgencia como narcoterrorista y mientras siga criminalizando la protesta y la inconformidad popular.»

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35.

20/02/2006 En la franja norte del río Putumayo conocido como Playa Hong Kong, a tres kilómetros de Puerto Asís (Putumayo), miembros de las FARC emboscaron una patrulla de Policía, resultando heridos dos efectivos de la misma.

36.

21/02/2006 La guerrilla de las FARC, a través de un comunicado pidió al Gobierno desmilitarizar los Departamentos de Caquetá y Putumayo -casi tres veces lo que les despejó el ex Presidente Andrés Pastrana- para iniciar los diálogos de paz.

37.

21/02/2006 En Puerto Asís (Putumayo), efectivos del Batallón Batalla Pantano de Vargas del Ejército, destruyeron cinco minas tipo sombrero chino.

38.

21/02/2006 En la vereda Verde Yaco, jurisdicción del municipio de Mocoa (Putumayo), guerrilleros de las FARC incineraron un bus afiliado a la empresa Cootransmayo. Los guerrilleros obligaron a los pasajeros a bajarse y manifestaron que el bus fue incinerado por incumplir la orden difundida de apoyar el paro armado.

39.

22/02/2006 En cercanías a Mocoa (Putumayo), un menor de 16 años de edad, perteneciente al frente 13 de las FARC, se entregó a una patrulla del Ejército que transitaba por la vía Mocoa -Pitalito.

40.

22/02/2006 En un sector cercano al corregimiento de Puerto Umbría, jurisdicción del municipio de Villagarzón (Putumayo), presuntos miembros de las FARC activaron una carga explosiva al paso de dos camiones que transportaban soldados, quienes venían escoltando una caravana de vehículos entre públicos y particulares que horas antes habían partido de Puerto Asís con destino a Mocoa. En el hecho resultaron heridos cuatro soldados.

41.

22/02/2006 En Putumayo y Caquetá, guerrilleros de las FARC, amenazaron con incinerar las ambulancias que circulen por las carreteras de estos Departamentos.

42.

26/02/2006 En un predio de la vereda Santa Marta, jurisdicción del municipio de Mocoa (Putumayo), dos hombres de la Brigada 27 de Selva del Ejército, resultaron heridos al pisar una mina antipersonal, instalada por guerrilleros de las FARC.

43.

01/03/2006 En Puerto Asís (Putumayo), se desmovilizaron 504 integrantes del frente Sur Putumayo de las Autodefensas, que hacían parte del Bloque Central Bolívar.

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44.

01/03/2006 Los municipios del sur de Huila, Cauca y Putumayo se encuentran sin servicio de transporte de pasajeros, debido a que las FARC anunciaron paro armado, a partir del 1 de marzo del presente año.

45.

02/03/2006 En el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), guerrilleros de las FARC enviaron misivas de amenazas de muerte en contra de los concejales del municipio.

46.

03/03/2006 En una casa de la vereda Guaduales del municipio de La Hormiga (Putumayo), miembros de la Policía incautaron abundante material de guerra que al parecer pertenecía a las FARC. Entre los elementos incautados las autoridades reportaron el hallazgo de 10 granadas para mortero, 25 barras de indugel, 2 cohetes tierra - aire, 5 granadas para fusil, 3 minas antipersona, una mina metálica y 5 cargas con metralla, entre otros.

47.

05/03/2006 En la vereda San Miguel, jurisdicción del municipio de San Francisco (Putumayo), se presentaron combates entre tropas del Batallón Domingo Rico del Ejército y subversivos (al parecer de las FARC), quienes pretendían instalar artefactos explosivos alrededor de la torre de conducción eléctrica No. 90. Durante los combates murió un guerrillero.

48.

05/03/2006 En los municipios del Valle de Sibundoy, San Francisco, Colón y Santiago (Putumayo), guerrilleros de las FARC citaron a los alcaldes de dichas municipalidades, exigiéndoles dinero y amenazándolos de muerte a ellos y sus familias.

49.

06/03/2006 En zona rural del municipio de Orito (Putumayo), miembros del Ejército capturaron a ocho guerrilleros pertenecientes al bloque 48 de las FARC.

50.

07/03/2006 En el sitio conocido como Brisas de Rumiyaco, jurisdicción rural de Orito (Putumayo), en acciones combinadas entre Ejército y Policía, se capturó a cinco presuntos miembros de la guerrilla de las FARC.

51.

07/03/2006 En el sitio conocido como el Puente de la Roca, en la vía que de La Hormiga conduce al municipio de San Miguel (Putumayo), guerrilleros de las FARC instalaron un retén ilegal, donde llegó una unidad del Ejército y se inició un combate. En el fuego cruzado murió un civil que se encontraba en un automóvil detrás del carro del Ejército.

52.

07/03/2006 En el sitio conocido como el Puente de la Roca, en la vía que de La Hormiga conduce al municipio de San Miguel (Putumayo), guerrilleros de las FARC instalaron un retén ilegal e incineraron un automóvil por no acatar la orden de paro armado.

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53.

08/03/2006 En las poblaciones de Orito, Puerto Asís y Puerto Leguízamo (Putumayo), miembros de la Policía capturaron a 25 presuntos integrantes de la red de apoyo del frente 48 de las FARC.

54.

09/03/2006 En zona rural de Villagarzón (Putumayo), se presentaron combates entre tropas del Batallón Domingo Rico, adscritas a la Brigada XXVII de Selva y miembros de las FARC, en los cuales murió una subversiva.

55.

09/03/2006 En el kilómetro 11, en la vía que de Puerto Leguízamo conduce al corregimiento de La Tagua (Putumayo), presuntos miembros de las FARC hostigaron dos patrullas, una de la Infantería de Marina y otra del Ejército.

56.

13/03/2006 En el río Putumayo, en Puerto Leguizamo (Putumayo), las FARC hostigaron a una patrulla fluvial de la Armada. El ataque se hizo desde el islote Cartagena, que divide el río, a pocos metros de la frontera con Perú.

57.

15/03/2006 En el caserío de Santa Marta en Mocoa (Putumayo), guerrilleros de las FARC hicieron estallar un artefacto explosivo. En el hecho murió una mujer y tres de sus nietas resultaron heridas.

58.

20/03/2006 En las montañas de Piñuña Negro, jurisdicción del municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo), se presentó un combate entre tropas adscritas al Batallón de Infantería No. 49 «Juan Bautista Solarte» y guerrilleros de las FARC, en el cual murieron 2 presuntos guerrilleros.

59.

23/03/2006 En Puerto Guzmán (Putumayo), un joven de aproximadamente 25 años de edad que decidió desertar de las filas de las FARC, para acogerse al Programa Nacional de Desmovilización, llegó hasta las instalaciones de la estación de policía.

60.

23/03/2006 En Villagarzón (Putumayo), desconocidos asesinaron a un hombre.

61.

25/03/2006 En el sitio Hong Kong, en jurisdicción de Puerto Asís (Putumayo), guerrilleros de las FARC liberaron a dos policías Éder Almanza y Carlos Alberto Legarda que habían sido secuestrados meses antes.

62.

27/03/2006 En la vía que desde Mocoa conduce a Puerto Asís (Putumayo), presuntos guerrilleros de las FARC instalaron un retén ilegal, donde detuvieron a los vehículos de carga y de pasajeros.

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63. 02/04/2006 En el municipio de San Francisco (Putumayo), agentes de la Policía capturaron a un Sargento activo del Ejército y otra persona, cuando trasladaban a un secuestrado.

64.

11/04/2006 En zona rural de los municipios de Puerto Caicedo y Puerto Asís (Putumayo), guerrilleros de las FARC asesinaron a tres jóvenes, entre ellos un menor de edad, por negarse a ingresar a las filas guerrilleras.

65.

17/04/2006 Por el ataque a la base militar de Teteyé (Putumayo), la Fiscalía aseguró a tres presuntos integrantes de las FARC. La decisión la tomó por lo ocurrido el 25 de junio de 2005, cuando subversivos del frente 48 y del bloque Oriental de las FARC, atacaron la estación petrolera de Quillacinga, ubicada en la vereda Teteyé, del municipio de Puerto Asís. Allí perdieron la vida dos suboficiales y 21 soldados; otros 11 quedaron heridos y uno fue secuestrado.

66.

24/04/2006 En zona rural del municipio de Puerto Guzmán (Putumayo), dos jóvenes guerrilleros de las FARC se entregaron a unidades del Ejército.

67.

25/04/2006 Presuntos desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) estarían detrás de los atracos a ciudadanos y hurtos a las residencias que en los últimos días se han presentado en tres municipios del bajo Putumayo. Así lo estiman mandos oficiales del Comando de la Policía, tras señalar que agentes encubiertos y uniformados obtuvieron las primeras pistas de los implicados en esos delitos, en su desplazamiento hasta las localidades de San Miguel, La Hormiga y Orito, lugares donde más de 120 mil habitantes se han visto afectados por el hurto de dinero, joyas y electrodomésticos, entre otros objetos de valor. La piratería terrestre y los asaltos a negocios son otros de los inconvenientes que mantienen aterrados a los lugareños, indicaron varios de los pobladores. Señalaron que ex integrantes de la mencionada agrupación armada ilegal que tenía su zona de influencia en límites entre Colombia y Ecuador, han sido vistos por los mismos moradores dentro de las bandas delincuenciales que vienen atentando contra la tranquilidad de la comunidad.

68.

28/04/2006 En Mocoa (Putumayo), ante unidades militares, se entregaron dos adolescentes de 16 y 17 años de edad pertenecientes a las FARC.

69.

01/05/2006 A la altura del kilómetro 19 que desde el municipio de Puerto Leguízamo conduce al corregimiento de Tagua (Putumayo), presuntos guerrilleros de las FARC activaron varios artefactos explosivos al paso de soldados del Batallón de Selva No 49 del Ejército, hecho en el cual resultaron heridos dos soldados.

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70.

01/05/2006 Al interior de un centro recreacional del municipio de Villagarzón (Putumayo), desconocidos asesinaron a una niña de 12 años de edad de edad.

71.

08/05/2006 En el sitio conocido como Simón Bolívar, zona rural del municipio de Orito (Putumayo), se presentó un combate entre unidades contraguerrilleras No 74 de la VI División del Ejército y guerrilleros del frente 48 de las FARC, en los cuales murieron dos insurgentes.

72.

08/05/2006 En el barrio Pablo Sexto de Mocoa (Putumayo), fue asesinada por desconocidos Osiris Toro Álvarez.

73.

08/05/2006 En la vereda El Zancudo, jurisdicción del municipio de San Miguel (Putumayo), desconocidos asesinaron a Carlos Ramiro Cortéz Meneses.

74.

14/05/2006 En el balneario Rumbayaco, en la salida sur de Mocoa (Putumayo), presuntos guerrilleros de las FARC detonaron un artefacto explosivo, dejando 16 personas heridas y una muerta, las cuales se encontraban celebrando el día de la madre.

75.

14/05/2006 Cerca de 300 personas, la mayoría niños y campesinos de tres veredas de La Hormiga, Valle del Guamuéz (Putumayo) han llegado a la cabecera municipal y se han refugiado en territorio ecuatoriano por amenazas de las FARC. El alcalde, Artemio Olarte, afirmó que los habitantes de las veredas Bella Vista, La Unión y El Triunfo recibieron intimidaciones del frente 48 de las FARC. En esa zona se realiza desde hace varias semanas una operación de erradicación manual de cultivos ilícitos, que podría ser la razón de la presión de la guerrilla.

76.

15/05/2006 En la vereda Primavera, jurisdicción del municipio de Puerto Guzmán (Putumayo) compañías del batallón contraguerrillas No 89 de la Sexta División del Ejército, en desarrollo de la «Operación Fugaz», capturaron a dos presuntos guerrilleros del frente 49 de las FARC e incautaron un artefacto detonante que miembros de esa organización armada al margen de la ley habían sembrado para atentar contra la Fuerza Pública, según indicaron fuentes oficiales.

Los sindicados de pertenecer a la subversión fueron identificados con los alias de «El Palomo» y «El Cura», quienes tenían en su poder material de guerra.

77.

15/05/2006 En el municipio de Mocoa (Putumayo), ante las autoridades militares se entregaron dos guerrilleros del frente 32 de las FARC. La deserción de los alzados en armas se produjo por el maltrato físico y verbal entre otras violaciones a sus derechos humanos, que a diario venían cometiendo sus altos mandos insurgentes. Los excombatien• 117 •

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tes, cuyos nombres se reservaron, serán incluidos en el Programa Nacional de Reinserción.

78.

17/05/2006 En zona rural del municipio de Villagarzón (Putumayo), desconocidos asesinaron a un campesino de aproximadamente 35 años de edad, quien respondía al nombre de Oliver Papajilla Caicedo.

79.

24/05/2006 En zona rural del municipio de San Francisco (Putumayo), compañías del Ejército desactivaron una carga explosiva, que guerrilleros de las FARC instalaron en la base de la torre de conducción energética No 100.

80.

28/05/2006 En zona rural del municipio de Puerto Asís (Putumayo), se presentaron combates entre miembros de la Brigada de Selva No. 27 del Ejército y guerrilleros del frente 48 de las FARC, en los cuales murió Luís Eduardo Diaz, alias “Duver Valencia”, tercer cabecilla de este frente.

81.

01/06/2006 En el barrio José Homero de Mocoa (Putumayo), efectivos policiales capturaron a José Alirio Meneses, señalado de pertenecer a las milicias del frente 13 de las FARC.

82.

08/06/2006 En la vía que conduce al sitio denominado Hong-Kong, por el río Putumayo, muy cerca de la cabecera urbana de Puerto Asís (Putumayo), el Ejército localizó y destruyó un campo minado instalado por los grupos subversivos que operan en la región, compuesto por cuatro conos cada uno con 30 kilos de material de gran poder de destrucción.

83.

12/06/2006 En la vereda El Carmelo en la vía Mocoa-Pitalito (Putumayo), tropas del Ejército capturaron a dos presuntos guerrilleros del frente 13 de las FARC.

84.

14/06/2006 En el sitio Minas El Gaucho, en comprensión del municipio de Villagarzón (Putumayo), presuntos guerrilleros de las FARC instalaron un retén ilegal, donde exigían dinero a pasajeros y conductores de los vehículos. Para neutralizarlo, tropas del Batallón Domingo Rico Díaz del Ejército arribaron al lugar y sostuvieron combates con los guerrilleros, en los cuales murió un subversivo.

85.

19/06/2006 En el área general de Piñuña Negro, en Puerto Asís (Putumayo), miembros de la compañía de la Flotilla Fluvial del Sur, del Batallón de Infantería de Selva No. 49, hallaron una rampa para el lanzamiento de cilindros bomba, 6 artefactos explosivos, 1.500 cartuchos 7,62 milímetros y un fusil AK47 que pertenecían al frente 48 de las FARC. • 118 •

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86.

20/06/2006 En Orito (Putumayo), se registraron combates entre miembros de la XXVII Brigada del Ejército y guerrilleros de frente 32 las FARC, cuando intentaban instalar cargas explosivas a lo largo de varios tramos del oleoducto que recoge el crudo de campos petroleros como El Toroyaco y del Cidral. Durante los contactos murieron dos subversivos.

87.

26/06/2006 En jurisdicción del corregimiento de Piñuña Negro, en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), se presentaron combates entre tropas del Batallón No. 49 de Selva del Ejército e integrantes del frente 48 de las FARC, en los cuales murió un subversivo.

88.

26/06/2006 En el municipio de Orito (Putumayo), miembros de la XXVII Brigada del Ejército incautaron 64 cajas con aproximadamente de 14 kilos de explosivos cada una, pertenecientes a la guerrilla de las FARC.

89.

30/06/2006 En zona rural del Valle del Guamuéz (Putumayo), se presentaron combates entre tropas del Ejército y guerrilleros del frente 48 de las FARC, en los cuales murió un subversivo.

90.

05/07/2006 En el municipio de Puerto Asís (Putumayo), dos integrantes de las FARC se entregaron de manera voluntaria ante tropas del Ejército.

91.

10/07/2006 En la vereda Las Perlas de Puerto Guzmán (Putumayo), se registró un combate entre miembros del Ejército e integrantes del frente 32 de las FARC, quienes intentaban colocar cargas explosivas en el sistema de bombeo de la batería Toroyaco, en los cuales murió un subversivo.

92.

14/07/2006 En zona rural de Puerto Asís (Putumayo), la Policía capturó al presunto jefe del frente 48 de las FARC, Rigoberto Jecanamijoy Noa, alias «La Araña», quien está acusado de cerca de 300 atentados a oleoductos y de participar en la muerte de 50 soldados y policías

93.

21/07/2006 En Puerto Asís (Putumayo), miembros del frente 48 de las FARC secuestraron a un grupo de médicos, enfermeras y auxiliares mientras realizaban una brigada de salud en la zona de atención. Las víctimas fueron los médicos Carmen Helena Yepes y Guido Fernando Soto, la odontóloga Irma Jacqueline Cabrera, la auxiliar de farmacia Luz Mireya Núñez y la enfermera jefe Mónica Aquez Arévalo y los auxiliares John Alexander Cortés, Gildardo Sánchez, Guillermo Alejandro Ordóñez, Jairo Buchelli, Jairo Miranda, Wilfredo Córdoba y Carlos Madroñero. Días después fueron liberados por los guerrilleros.

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94.

25/07/2006 En el sector de Teteyé en Orito (Putumayo), miembros de las FARC liberaron a 12 de los 13 profesionales de la salud, que fueron secuestrados la semana anterior. Aún queda en poder del grupo, el auxiliar de farmacia de la Eps Selvasalud, Jairo Miranda.

95.

04/08/2006 En el sector de El Jauno, localizado entre los municipios de Villagarzón y Mocoa (Putumayo), guerrilleros de las FARC derribaron una torre de energía, que mantiene sin servicio de luz a los municipios de Orito, San Miguel, Valle de Guamuez, Puerto Asís y Puerto Guzmán.

96.

06/08/2006 En Puerto Asís (Putumayo), guerrilleros dispararon contra una base militar, adscrita a la Brigada XXVII del Ejército.

97.

06/08/2006 En la vereda Chimbayaco en la vía que de Mocoa conduce a Puerto Asís (Putumayo), guerrilleros incineraron tres vehículos de servicio público afiliados a las empresas Coomotor, Cootransmayo y Transipiales.

98.

15/08/2006 En Puerto Leguízamo (Putumayo) fue capturado por la Armada Nacional Alexander Ospina Perdomo alias «Cumbamba de Momia», quien habría participado en el ataque de las FARC a la base del Ejército en Teteyé (Putumayo), en el que murieron 22 militares.

El capturado pretendía salir por vía fluvial de Puerto Leguízamo en compañía de otros dos hombres y un niño. Según el reporte oficial, Ospina se encargaba de las milicias del frente 48 de las FARC. Los adultos y el niño que iban con él llevaban escondido entre las ropas cerca de 30 millones de pesos.

99.

16/08/2006 En un sector de la vereda Santa María, jurisdicción de Puerto Asís (Putumayo), un grupo al parecer de las FARC instaló un retén ilegal, donde detuvo dos carrotanques cargados de combustible y los incineró.

100. 23/08/2006 En Puerto Guzmán (Putumayo), se presentaron combates entre miembros del Ejército y guerrilleros del frente 32 de las FARC, en los cuales murieron tres subversivos, entre ellos, alias de «Negro Afranio».

101. 24/08/2006 En zona rural del municipio de Puerto Asís (Putumayo), se entregó ante unidades del Batallón de Contraguerrillas No. 74, un ecuatoriano, integrante del frente 48 de las FARC, de 27 años de edad.

102. 01/09/2006 En La Hormiga (Putumayo), miembros del CTI hallaron ocho fosas comunes con 24 cuerpos descuartizados de personas que • 120 •

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al parecer habrían sido asesinadas por un grupo de autodefensa hace más de cinco años. El hallazgo se hizo gracias a la confesión de un desmovilizado de las autodefensas.

103. 04/09/2006 Entre el sector conocido como Río Blanco y La Cabaña, municipio de San Francisco (Putumayo), presuntos guerrilleros de las FARC instalaron un retén ilegal, y dispararon contra un automotor en el que viajaban un grupo de alumnas del colegio Santa María Goretti, debido a que el conductor no acató la orden de pare. En el hecho resultó herida, la menor de 15 años de edad, Milagros de la Santísima Trinidad.

104. 05/09/2006 Problemas de orden público y la lluvia, en zona rural de La Dorada, en el municipio de San Miguel (Putumayo), provocaron la suspensión indefinida de las acciones de liberación, en las que las FARC entregarían a una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, dos policías secuestrados.

105. 07/09/2006 El Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, informó que con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el número de fosas comunes podría aumentar. Según la Fiscalía en Colombia hay 2.501 cuerpos pendientes de exhumar, ubicados así: Guajira, 87; Magdalena, 589; Cesar, 27; Sucre y Córdoba, 221; Bolívar, 120; Norte de Santander, 436; Chocó, 8; Antioquia, 440; Santander, 76; Arauca, 53; Cundinamarca, 37; Casanare, 92; Tolima, 3; Meta, 3; Vichada, 3; Valle, 46; Cauca, 19; Caquetá, 250; Putumayo, 396; y Nariño, 10.

106. 11/09/2006 El vocero de las FARC, Raúl Reyes envió una carta a la secretaría del movimiento de los No Alineados, que actualmente sesiona en Cuba, con el fin de que dicho movimiento medie en la consecución de la paz en Colombia. Anunciaron que están ‘’dispuestos a enviar delegaciones nuestras a conversar con sus gobiernos en sus países, sobre nuestras propuestas para las salidas políticas, si contamos con garantías ciertas de sus partes’’. ‘’Igualmente estamos dispuestos a recibir a sus delegados en nuestros campamentos para darles nuestra versión sobre el conflicto interno y explicarles nuestros esfuerzos y propuestas conducentes a conseguir la paz definitiva y duradera’’, prosiguió el texto divulgado en la página internet del grupo guerrillero izquierdista. Las FARC también reiteraron su intención de sentarse a negociar con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, siempre y cuando sean desmilitarizados los Departamentos del Putumayo y Caquetá.

107. 16/09/2006 En el municipio de Villagarzón (Putumayo), un miembro del frente 13 de las FARC se entregó de manera voluntaria ante tropas de la XXVII Brigada del Ejército.

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108. 27/09/2006 En la vereda Marabel, municipio de Valle del Guamuez (Putumayo), llegaron varios campesinos desplazados, por los combates registrados en la zona entre el Ejército y la guerrilla de las FARC. 109. 29/09/2006 En la vereda La Kofanía, en el municipio de Villagarzón (Putumayo), soldados de contraguerrillas del Batallón No.88. Carlos Julio Ramírez, capturaron a 10 presuntos integrantes del frente 32 de las FARC. 110. 29/09/2006 En el muelle La Esmeralda, municipio de Puerto Asís (Putumayo), tropas del Batallón Especial Energético y Vial No.11, Oscar Giraldo Restrepo, en desarrollo de la operación «Fortaleza II» capturaron a un guerrillero del frente 48 de las FARC. 111. 29/09/2006 En la vereda Las Palmas, municipio del Valle del Guamuez (Putumayo), soldados del Batallón de Contraguerrillas No.59.

Bayardo Parada Ojeda, sostuvieron combates contra guerrilleros del frente 48 de las FARC, en los cuales murieron dos insurgentes.

112. 01/10/2006 En un comunicado de las FARC dirigido a los integrantes de las tres ramas del poder público, el grupo guerrillero reiteró su condición de entablar negociaciones para el intercambio humanitario si el Gobierno nacional desmilitariza por 45 días los municipios de Florida y Pradera (Valle del Cauca). Así mismo, el grupo dijo estar dispuesto a entablar conversaciones de paz con el Gobierno una vez finalizado el intercambio humanitario, siempre y cuando el Gobierno desmilitarice los Departamentos de Caquetá y Putumayo, entre otros requisitos.

113. 06/10/2006 En un retén ilegal instalado en el tramo Paletará -San José de Isnos, en el municipio de Puracé (Cauca), miembros de un grupo armado ilegal se llevaron un camión del Programa Mundial de Alimentos, de las Naciones Unidas (PMA), en el que se movilizaban 135 kilos de víveres que iban a ser entregados a escuelas en Mocoa (Putumayo).

114. 23/10/2006 En una zona rural a unos 14 kilómetros de Puerto Asís (Putumayo), miembros del Ejército incautaron 1,5 toneladas de anfo, cordón detonante, insumos y precursores químicos para el procesamiento de cocaína, que pertenecerían al frente 48 de las FARC. 115. 30/10/2006 En la vía que de Puerto Asís conduce al sector conocido como Kilili (Putumayo), la Policía del Departamento del Putumayo desactivó un artefacto explosivo que había sido instalado en la vía.

116. 01/11/2006 Sergio Caramagna, jefe de la misión de acompañamiento de la OEA para el proceso con las autodefensas, afirmó que se necesita con urgencia la presencia de la Fuerza Pública en por lo menos 80 corregimientos del país que estuvieron dominados por las autodefen• 122 •

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sas. Entre las zonas con mayor riesgo de ser atacadas por las FARC, Caramagna identificó a San Jerónimo, La Gabarra, el Urabá y algunos corregimientos de los Departamentos de Córdoba, Norte de Santander, Nariño, Chocó y Putumayo.

117.. 20/11/2006 En la vereda Gavilanes, zona rural de Orito (Putumayo), integrantes de la Brigada Móvil No. 13 del Ejército incautaron una tonelada de explosivo anfo, que al parecer pertenecía al frente 48 de las FARC. 118. 21/11/2006 En los municipios de Puerto Asís, La Hormiga y Puerto Caicedo (Putumayo), la Policía Nacional, en operativos conjuntos con la Fiscalía, capturaron a doce personas, sindicadas de pertenecer a la banda «Los macheteros», integrada por desmovilizados de las autodefensas, quienes al parecer realizaban extorsiones, homicidios selectivos, y se financiaban con dineros provenientes del narcotráfico.

119. 07/12/2006 En zona rural del municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), tropas de la Armada destruyeron controladamente un campo minado perteneciente a la guerrilla de las FARC. Entre los artefactos explosivos detonados, se encontraban explosivos tipo sombrero chino, una carga explosiva de 85 kilos de pentonita, además de metralla, cadenas, perdigones y 1.000 metros de cordón detonante listos para ser activados a distancia.

120. 12/12/2006 La Fiscalía profirió medida de aseguramiento, sin excarcelación, contra 13 personas, 11 de ellas desmovilizadas del bloque Sur (Putumayo), de las autodefensas, que reincidieron en delitos como supuestos integrantes de la banda «Los Rastrojos», grupo que según la Dijín de la Policía actúa desde este año en La Hormiga, Puerto Asís y Orito (Putumayo), entre otros, donde incurre en extorsiones, plagios y narcotráfico.

121. 14/12/2006 La Fiscalía profirió medida de aseguramiento, sin excarcelación, contra 8 desmovilizados del bloque Sur (Putumayo).

122. 26/12/2006 En Sucumbíos (Ecuador), en la frontera entre el Putumayo y Ecuador, 40 colombianos se han desplazado hasta esa región, huyendo de los intensos combates que se han registrado entre las Fuerzas Militares y subversivos que operan en la zona.

123. 27/12/2006 En Mocoa (Putumayo) y en la región del Río Putumayo que divide la frontera con Ecuador, se registraron combates entre tropas de la Brigada contra el narcotráfico del Ejército y miembros del frente 28 de las FARC. Además, se desmantelaron dos campamentos utilizados como centros de instrucción y entrenamiento, y se destruyeron 40 laboratorios para el procesamiento de drogas.

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124. 27/12/2006 En Mocoa (Putumayo), ante soldados del Batallón de Contraguerrillas Nº 87 «Mayor Pedro Raúl Colmenares Rincón», adscrito a la Sexta División de Ejército, se entregaron tres integrantes del frente 48 de las FARC. 125. 01/01/2007 En zona rural de San Miguel (Putumayo), desconocidos dispararon contra tres helicópteros del Ejército que vigilaban la destrucción en tierra de tonelada y media de explosivos.

CUADRO RESUMEN 1: Análisis Eventos Relacionados con el Conflicto Armado Reportados por la Prensa.

Período Enero-Diciembre 2006:

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Anexos: PLAN ECUADOR 1. HACIA LA SEGURIDAD HUMANA CON PAZ Y DESARROLLO El Plan Ecuador es una política del Estado ecuatoriano que concibe a la seguridad humana como el resultado de la paz y el desarrollo. Tiene tres ejes: 1) consolidar la seguridad y una cultura de paz centradas en el ser humano, la satisfacción de sus necesidades y la potenciación de sus capacidades y libertades; 2) mantener una política de relaciones internacionales equitativa y solidaria; y 3) afirmar una política de defensa basada en la protección de la población, de los recursos naturales, del patrimonio nacional y el control efectivo de su territorio.

El Plan Ecuador, frente a los impactos del conflicto interno colombiano en la sociedad ecuatoriana, orienta sus esfuerzos en base a un enfoque preventivo, multidimensional y multisectorial, que apunta a solucionar los graves problemas derivados de la pobreza, la exclusión y la violencia.

Su aplicación se basa en el cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo social y económico, la observancia de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la lucha contra todo tipo de actividades ilegales y que afectan la seguridad ciudadana.

Se soporta en una plataforma de acción integral para la frontera norte del país. Tres principios fundamentan su construcción: a) b)

c)

la paz y cooperación como sistema de convivencia entre los Estados; el repudio a la agresión externa, la no intervención en los asuntos internos de otros países y la igualdad soberana en las relaciones con los estados vecinos, y, la cooperación y corresponsabilidad, en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo, entre las diferentes instituciones del Estado ecuatoriano y las organizaciones de la sociedad.

La observancia de estos principios permitirá la ejecución de acciones tendientes a mejorar de manera sustancial la calidad de vida de la población y el fortalecimiento de la seguridad y de una cultura de paz en la región.

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Para el efecto se propone fortalecer la economía de las provincias fronterizas, mejorar la calidad de vida de la población, incrementar la presencia y coordinación de las instituciones del Estado y robustecer la capacidad de gestión de los gobiernos y organizaciones sociales locales.

Solo así se podrá brindar una respuesta eficiente, en la forma y en el tiempo, a las demandas sociales acumuladas, a los problemas derivados del desplazamiento de grupos humanos por el conflicto interno de Colombia, fortalecer la ayuda humanitaria, minimizar el impacto ambiental de las actividades productivas y reducir el involucramiento de la población en actividades ilegales.

El presente Plan es un punto de partida que establece la agenda política del Gobierno con relación a la frontera norte. Este instrumento será enriquecido con los aportes y la participación de los principales actores locales; por lo tanto, es flexible y será evaluado periódicamente.

2. LA NECESIDAD DE UN PLAN DE PAZ, SEGURIDAD Y DESARROLLO En años recientes, el Ecuador ha sufrido un progresivo deterioro de la seguridad y de las condiciones sociales y económicas en su frontera norte. A esta situación han contribuido fuertemente los factores ligados al conflicto interno colombiano, frente al cual el Ecuador ha hecho presente su espíritu solidario con el pueblo de ese país.

El aumento de la inseguridad en la región fronteriza está directamente vinculado a una serie de elementos derivados de la propia dinámica que ha caracterizado al citado conflicto en los últimos años. Hay que destacar los siguientes elementos: ? El riesgo de que grupos y organizaciones dedicadas a actividades ilegales penetren en territorio ecuatoriano, provoquen daños a personas y bienes públicos y privados, realicen acciones contra la estabilidad y seguridad de las zonas fronterizas colombo-ecuatoriana y constituyan un elemento distorsionador en las relaciones bilaterales. ? El incremento constante del número de desplazados desde Colombia hacia las provincias de frontera e interior del país, con los consiguientes problemas de orden humanitario, como acceso a servicios de salud, educación, alimentación y protección. ? El incremento del flujo indiscriminado de personas y el crecimiento de la pobreza en las zonas fronterizas, ha generado nuevas formas de violencia y criminalidad en el Ecuador.

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? Los impactos nocivos sobre la salud, la producción agrícola y el ambiente, por efecto de las aspersiones aéreas con glifosato y sus coadyuvantes que se realizan en sectores colombianos aledaños a la frontera con el Ecuador, para erradicar los cultivos de coca.

El Ecuador fiel a los principios de no intervención en los asuntos internos de otros países aboga por una solución pacifica del conflicto interno colombiano e incentivará las acciones tendientes a mantener las mejores relaciones bilaterales ecuatoriano-colombianas para beneficio de ambos pueblos.

Es una decisión del Gobierno ecuatoriano desarrollar los esfuerzos necesarios a fin de robustecer la Comisión de Vecindad e Integración Ecuatoriano-Colombiana, como instrumento para la promoción de la integración fronteriza.

La frontera con Colombia tiene que ser segura y dinámica. El propósito es trabajar para que la circulación de personas, bienes y servicios sean legítimos, seguros y fluidos, para que contribuyan a revitalizar la vida social y económica de las zonas adyacentes en ambos lados de la frontera.

La necesidad de que los vínculos de colaboración oficial incluyan y abarquen también a los pueblos de Ecuador y Colombia, a sus organizaciones sociales, políticas y a los respectivos gobiernos locales, es prioritaria para las áreas de acción de este Plan. Dentro de este marco hay que dar importancia a las actividades que permitan construir y desarrollar mecanismos de promoción de la confianza mutua entre los dos Estados y los habitantes de la zona fronteriza norte, otorgando especial relieve a la realización de actividades de interrelación comunitaria tendientes a consolidar una cultura de paz. Cabe resaltar la conveniencia de adoptar medidas destinadas a erradicar toda forma de exclusión, xenofobia o discriminación. Para ello se desarrollarán actividades de alto contenido simbólico que permitan consolidar actitudes favorables a una convivencia pacífica y de integración entre las dos naciones.

La participación ciudadana y comunitaria son elementos centrales del diseño y ejecución de los proyectos de desarrollo y de seguridad preventiva previstos para la frontera norte. Los aportes y opiniones de las comunidades y grupos de interés local deben conciliarse con una planificación técnica idónea, enmarcados en una profunda transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades y equipos técnicos involucrados. Las redes de comunicación comunitaria no deben agotarse ni limitarse al plano local, sino que deben ser un soporte para incrementar la cooperación binacional.

El Plan dará especial importancia a los contenidos de sostenibilidad ambiental y a las necesidades y problemas específicos de las poblaciones y los pueblos indígenas y afroecuatorianos asentados en las provincias involu• 127 •

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cradas. El gobierno del Ecuador reconoce y valora las condiciones especiales de vulnerabilidad, la especificidad socio-cultural y la necesidad del rescate de los valores multiétnicos y pluriculturales.

El Ecuador se compromete a fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional para optimizar los recursos públicos que se invierten en las provincias del norte, a ubicar los recursos necesarios para financiar nuevas actividades que formen parte de este Plan y a estimular la cooperación técnica y financiera internacional para afianzar una propuesta de seguridad basada en el desarrollo y una cultura de la paz.

Tenemos la convicción de que con una política de seguridad y paz preventiva, es posible hacer frente, a menor costo y de manera idónea, a todos los desafíos que generan los problemas de violencia y criminalidad. Además se dará respuesta efectiva a las necesidades de la población fronteriza, a los retos de la lucha contra la extrema pobreza, la exclusión social, la corrupción y la seguridad ciudadana.

El Plan Ecuador se proyecta ante la comunidad internacional con el invariable deseo de enfrentar los problemas de seguridad no convencionales, desde una perspectiva diferente, como elemento que se constituya en un aporte específico, nacional y soberano para la construcción de la paz en la zona de frontera y en la sub-región andina.

3. ESCENARIO DEL PLAN El plan abarca la franja norte del país, que involucra a las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Orellana. Este espacio fronterizo incorpora a una variedad de ecosistemas que incluye al manglar, bosques primarios, páramo, selva y otras reservas ecológicas, que merecen especial protección por parte del Estado y el interés de la comunidad internacional.

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En un inicio, se dará principal atención a la población vulnerable particularmente de los cantones fronterizos de San Lorenzo, Tulcán, Cascales, Sucumbíos, Lago Agrio y Putumayo, por constituirse en las áreas más afectadas.

Situación demográfica La población asentada en el área de influencia del Plan, que comprende 5 provincias y 31 cantones, asciende a 1.097.697 habitantes, de los cuales el 44% residen en la zona urbana y 56% en la zona rural. Si se compara con la población total del país, representa el 9%. En la zona de intervención el porcentaje de personas que viven con menos de dos dólares al día se aproxima al 60 %.

Fuente: SIISE-INEC 2001

Fuente: INEC, ENEMDU 2005, INEC, CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2001, ODNA, (*) Por falta de información desagregada en las provincias amazónicas el dato registrado refleja a la región en su conjunto.

Aspecto etnográfico.

La población indígena tiene una presencia importante en las cinco provincias de la frontera norte. Imbabura es la que cuenta con mayor número de indígenas en su territorio153.

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153- GARCÍA, Fernando. 2006. La proyección multicultural del Ecuador. En: Cultura, Emigración y Política Exterior; Ministerio de Relaciones Exteriores; Plan Nacional de Política Exterior 20062020, pp. 34-35.

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La etnia Awá-Coaquier es un pueblo binacional asentado en las zonas de bosque subtropical del Suroccidente de Colombia y Noroccidente de Ecuador. Los Centros Awá son poblados dispersos, que se ubican en las provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas 154. Existen altos índices de extrema pobreza y de necesidades básicas no satisfechas. Y sus comunidades son las más afectadas por la dinámica del conflicto colombiano. En Esmeraldas es relevante también la presencia del pueblo Chachi, principalmente en las áreas del río Cayapas y Santiago.

En las provincias amazónicas del norte están los territorios y comunidades Kichwas, Signas, Secoyas, Cofanes, Huaoranis y Shuar. Los grupos asentados en las riberas del Putumayo tienen fuertes vínculos con las comunidades colombianas por redes de parentesco y por la movilidad social resultante de continuas migraciones.

Las provincias con mayor población afrodescendiente son Esmeraldas (39,9%); Carchi (5,4%); Sucumbíos (5,2%) e Imbabura (4,8%)155. En el sector norte de la provincia de Esmeraldas que comprende el cantón San Lorenzo, se encuentra la población más afectada por la carencia de recursos y falta de oportunidades de inserción laboral.

Producción.

Las actividades económicas de la región en gran parte son propias del sector rural: agricultura de auto subsistencia, pesca artesanal, producción agrícola, comercio y servicios. Adicionalmente, a nivel industrial, figura la producción textil y artesanal en la provincia de Imbabura y, finalmente, la actividad turística. En la zona existe también presencia de importantes capitales inmersos en las actividades agroindustrial y agroforestal.

Por otra parte, en Sucumbíos y en Orellana se encuentran 131 pozos petroleros, que producen el mayor rubro de exportación del país.

Empleo y Desempleo.

154- Informe de Frontera Norte. Universidad Andina, julio 2006.

155- Ob. Cit. pp. 35.

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INEC 2006

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Las cifras sobre el mercado laboral evidencian que el desempleo en las zonas urbanas se ha mantenido en niveles que bordean el 10% a nivel nacional. En las cinco provincias de estudio, en promedio el porcentaje se aproxima al 7%.

(INEC, ECV 2006). El subempleo en las cinco provincias bordea el 68.5 %, en promedio, lo que refleja una débil reacción de las actividades modernas de la economía formal en materia de absorción de mano de obra.

Situación de los servicios básicos.

La región refleja importantes déficits en la dotación de servicios sociales básicos. La mayoría de poblaciones tienen viviendas con altos déficits en sus servicios básicos (agua y saneamiento). Los servicios deficitarios, con mayor frecuencia, son la eliminación de excretas, el agua entubada y sistemas de drenaje, para las áreas urbanas, y la capacidad de proteger las fuentes de agua dulce y la disponibilidad de eliminación de excretas sólidas y líquidas y manejo de desechos sólidos y líquidos, para la zona rural. Lo anterior ha provocado que en la zona se encuentren enfermedades prevenibles, por ejemplo las ocasionadas por la insalubridad y carencia de agua. Es el caso de la leshmaniasis, la parasitosis y aquellas transmitidas por vectores (paludismo y dengue).

En este sentido, las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Imbabura presentan indicadores de cobertura de agua potable por debajo del promedio nacional (32,7%, 36.7,13,9%, 24,1%, 31,29%, respectivamente, frente a 47,9% nacional).

Con relación a servicio de alcantarillado, su cobertura es dispar. Asimismo, en Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Imbabura y Carchi los índices alcanzan 30,5%, 26,7 y 36,1%, 55.7% y 54,9% respectivamente, frente a 48% a nivel nacional.

Los servicios de recolección de basura en las cinco provincias mencionadas presentan indicadores por debajo de la media nacional, que asciende a 62,7%.

Educación En el ámbito específico de la educación básica, se constata que toda la región muestra un promedio de escolaridad inferior (5.8 años) a la media nacional, que es de 7.3 años.

Las provincias de Esmeraldas (11.6%) e Imbabura (13.4%) presentan niveles de analfabetismo mayores al promedio nacional (9%).

En la provincia de Orellana los indicadores de acceso a educción secundaria y superior se encuentran por debajo del registrado en las demás provincias de la zona y del promedio nacional.

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Fuente: SIISE-INEC 2001 Elaboración: Grupo Tres Plan Ecuador

Salud En cuanto a los servicios de salud, los indicadores humanos y de servicios, tanto para internación como para atención ambulatoria, muestran valores inferiores a los nacionales y regionales. La situación en algunos casos es crítica: la dotación de camas (para pacientes) por cada 1,000 habitantes es la mitad del promedio nacional, y, en el caso de Sucumbíos, es la tercera parte, con el agravante de que la mayoría de los centros de atención son privados.

En la zona de análisis, la mortalidad infantil ha alcanzado valores más altos que el nivel nacional (27.7 por cada 1.000 nacidos vivos) 35.6 en Esmeraldas, 34.8 en Imbabura, 29.4 en Carchi, 33.4 en Sucumbíos y 38 en Orellana (Censo INEC 2001). En cuanto a salud materna, los datos demuestran que algunas provincias de la región duplican el promedio nacional de mortalidad materna156.

Por otra parte, las enfermedades epidemiológicas como el paludismo, infecciones respiratorias agudas (IRA) y las relacionadas con las de tipo infecto contagiosas, como afecciones diarreicas agudas, dengue clásico y fiebre tifoidea, tienen mayor incidencia en la población de la zona, afectando la capacidad productiva de las personas y familias.

En el combate a enfermedades como el VIH/SIDA los avances son menores, debido a serias dificultades en el acceso y calidad de los servicios de salud.

156- La Frontera Norte del Ecuador: Evaluación y Recomendaciones de la Misión Interagencial del Sistema de Naciones Unidas SNU en el Ecuador.

Pág. 19.

La infraestructura tanto de salud como de educación en la zona norte enfrenta en la actualidad una demanda adicional fruto de la presencia de mi• 132 •

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grantes, quienes cruzan la frontera para recibir tratamiento médico gratuito ante la ausencia o lejanía de tales servicios en sus lugares de origen; o han emigrando a Ecuador y residen ilegalmente, o son refugiados en la región.

Recursos naturales.

La zona enfrenta tres problemas que amenazan la sustentabilidad ambiental: 1) los impactos derivados de la expansión de las plantaciones de palma en Esmeraldas y Orellana; 2) la indiscriminada explotación maderera que afecta a Esmeraldas, Sucumbíos y Orellana; y 3) los impactos de la extracción de hidrocarburos en Sucumbíos y Orellana.

La explotación maderera afecta a alrededor de 150.000has en el país, de manera especial en las provincias que forman parte de este Plan, afectando inclusive a los bosques de las áreas protegidas de la región, sin que existan aún mecanismos eficientes de control forestal.

La actividad petrolera también ha acumulado importantes impactos ambientales y sociales en la región amazónica.

El Estado ecuatoriano tiene dificultades para el control y sanción de las violaciones a las regulaciones ambientales y para hacer cumplir los requisitos mínimos para el cultivo controlado157. Los más importantes problemas son de carácter financiero, de gestión técnica y operativa y, sobre todo, el escaso cumplimiento de funciones, competencias y responsabilidades de autoridades centrales, regionales y locales.

Situación de la administración de justicia y control de ilícitos.

La situación de violencia en la frontera norte ha ido creciendo a ritmos alarmantes; así lo evidencian información oficial y de varios organismos de Derechos Humanos. Se constata que existen violaciones a los derechos a la vida (los homicidios son la segunda causa de muerte en Esmeraldas y Sucumbíos) y a la seguridad e integridad de las personas, así como al estado de derecho, principalmente relacionadas con la administración de justicia.

En el Ecuador existe una Oficina de la Defensoría del Pueblo y comisarías de la mujer, que cuentan con cobertura en cada provincia y sedes en sus capitales. En el caso de Sucumbíos (Nueva Loja) no ha sido establecida la Comisaría de la Mujer.

El Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA, juega un rol importante en Ibarra, San Lorenzo y Esmeraldas. Dicha institución, a pesar de sus limitaciones financieras y de personal, cumple un papel dinámico en la protección y promoción de los derechos de niños y niñas y adolescentes.

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157- Informe de Frontera Norte Naciones Unidas, agosto 2004.

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Situación de los derechos humanos, asistencia humanitaria y refugio.

La situación de violencia en la frontera norte ha ido creciendo a ritmos alarmantes; así lo evidencian información oficial y de varios organismos de Derechos Humanos. Se constata que existen violaciones a los derechos a la vida (los homicidios son la segunda causa de muerte en Esmeraldas y Sucumbíos) y a la seguridad e integridad de las personas, así como al estado de derecho, principalmente relacionadas con la administración de justicia.

En el Ecuador existe una Oficina de la Defensoría del Pueblo y comisarías de la mujer, que cuentan con cobertura en cada provincia y sedes en sus capitales. En el caso de Sucumbíos (Nueva Loja) no ha sido establecida la Comisaría de la Mujer.

El Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA, juega un rol importante en Ibarra, San Lorenzo y Esmeraldas. Dicha institución, a pesar de sus limitaciones financieras y de personal, cumple un papel dinámico en la protección y promoción de los derechos de niños y niñas y adolescentes.

Asistencia humanitaria y refugio La ACNUR brinda al gobierno ecuatoriano apoyo técnico legal y financiero para asistirlo en la tarea de protección de refugiados.

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. Oficina de Refugiados.

Leyenda: TMP, Protección Temporal; CAD Caducados REU Reunificación familiar REA, Reasentamiento (Recibe a los refugiados un tercer país); REP, Repatriación (Regreso voluntario al país de origen); CAN, Cancelados (Falsedad comprobada o viajes constantes al país donde sufrió persecución); CES, Cesados (Estipulado en Convención de Ginebra de 1951)

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana apoya al ACNUR en sus operaciones en el país. El trabajo en frontera y el impacto en las comunidades fron• 134 •

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terizas del creciente ingreso de colombianos a Ecuador requirió de una progresiva coordinación y apoyo de las agencias del Sistema de Naciones Unidas y de ONGs, y una demanda mayor de atención por parte de la comunidad internacional.

El Ecuador, fiel a sus compromisos internacionales y a su vocación humanitaria, se ha convertido en el país que mayor número de solicitantes de refugio colombianos ha recibido en Latinoamérica. En el año 2000 se registraron 475 solicitudes de refugio y hasta la actualidad esa cifra ha ascendido a 45.381. De esas solicitudes han sido aceptadas 14.300, negadas 16.428 y 9.435 solicitudes han caducado por falta de continuidad con el procedimiento.

Además, los extranjeros residentes en Ecuador que no solicitan refugio por miedo, ignorancia o cualquier otro motivo y que cumplen los requisitos para ser considerados dentro de la protección del refugio sumarían alrededor de 250.000 158.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados aporta a la Oficina de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores la suma de US $ 300.000 anuales. Adicionalmente, todo el programa del ACNUR en Ecuador tiene un costo aproximado anual de US$ 3’500.000 159 La tasa de reconocimiento en el año 2006 se ubicó en el 47,3%, lo que refleja la amplia apertura y solidaridad del Estado ecuatoriano frente al tema del refugio y la correcta aplicación del Derecho Internacional de Refugiados, al otorgar y reconocer la condición de refugiados a quienes cumplen con las normas jurídicas que determinan el estatuto de refugiado.

158- Oficina de Refugiados, Ministerio de Relaciones Exteriores. 16 de abril de 2007 159- Ibíd.

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Los solicitantes de refugio buscan formas de incorporación laboral, principalmente en el comercio informal o en la agricultura. Sin embargo, las condiciones actuales son poco prometedoras para su inserción. Por eso miles de estas personas se desplazan paulatinamente a otros lugares al interior del Ecuador. Al ser irregular la permanencia de los flujos migratorios en la zona fronteriza, su control o registro resultan complejos.

Inversión estatal y la cooperación internacional en la zona de frontera norte Del presupuesto del gobierno para el año 2006 se asignaron a las provincias fronterizas los siguientes rubros: ambiente $ 2.604.848, UDENOR $ 15.434.499, educación $ 2.088.746, salud $6.560.652, obras publicas y comunicación $ 31.280.550, vivienda $3.448.231, bienestar social $ 45´000.000. (8) Según el INECI desde el año 2002, la Cooperación Internacional ha invertido 129´603.928 en la zona de frontera, en 67 proyectos de desarrollo local, recursos naturales y bienestar social.

Para el año 2007, según datos del SIGOB, se prevé ejecutar alrededor de 176 proyectos, por un monto que se aproxima a los $ 145 millones de dólares, de los cuales se destinara el 40.7% para el mejoramiento de la estructura básica, 50.1% para reactivación económica y bienestar social, 8.5% para actividades relacionadas con el ambiente y un 0.6% para acciones tendientes al fortalecimiento institucional y la participación ciudadana.

Aparte de las actividades propiamente de defensa, que alcanzan los 21 millones de dólares en la frontera norte, las Fuerzas Armadas tienen previsto ejecutar proyectos por alrededor de 35 millones de dólares, entre los que se destacan los planes de Soberanía Energética, de Seguridad Integral del Sistema Hidrocarburífero, Desarrollo de Tráfico Fluvial, entre otros.

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Información proporcionada por el Ministerio de Economía y Ministerio de Bienestar Social, el valor indicado incluye 33´ millones bono de desarrollo humano.

4. OBJETIVOS DEL PLAN

160-Información proporcionada por el Ministerio de Economía y Ministerio de Bienestar Social, el valor indicado incluye 33´ millones bono de desarrollo humano.

El objetivo general del presente Plan es impulsar en la frontera norte un proceso paz, desarrollo y seguridad integral, centrado en el ser humano, como una política de Estado, sustentada en la cultura de paz, fortalecimiento de la seguridad humana y mejoramiento de la calidad de vida.

Los objetivos específicos son: • 136 •

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Fortalecer la participación ciudadana para establecer la convivencia pacífica de la población asentada en la zona de frontera, generando redes de comunicación que afirmen la presencia estatal y el tejido social y que faciliten la prevención y resolución de conflictos de manera armónica, dentro del respeto total de los Derechos Humanos.

Establecer una plataforma de acción integral para la frontera norte, por medio de la cooperación y corresponsabilidad entre las distintas instituciones del Estado ecuatoriano, para la ejecución de acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y así reducir la pobreza y la exclusión social y garantizar la sustentabilidad ambiental.

Proteger a la población que habita en la frontera norte y sus recursos, así como las áreas estratégicas que en ella se localizan, a fin de garantizar que el desarrollo de las actividades socioeconómicas de su población se realice en un ambiente de paz y dinamismo.

5. EJES DE INTERVENCIÓN Se presentan siete ejes de intervención, que incorporarán en su diseño y ejecución tres consideraciones metodológicas comunes: promover la equidad de género, respetando las estructuras culturales de los distintos pueblos; fortalecer la participación ciudadana y las relaciones interculturales; consolidar la histórica relación binacional entre los pueblos de Colombia y Ecuador mediante el intercambio cultural, económico, de experiencias de gestión y otros. a. Fortalecimiento institucional para la paz y el desarrollo Se refiere a la generación y fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión del desarrollo y de la convivencia pacífica en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Orellana.

Por lo tanto, se propone mejorar las capacidades técnicas, financieras y de gestión de los gobiernos provinciales y locales, juntas parroquiales y organizaciones sociales, así como de las entidades del régimen dependiente del Ejecutivo; generar, fortalecer y optimizar sinergias entre las entidades seccionales, delegaciones provinciales de los ministerios, unidades ejecutoras, unidades de desarrollo regional y otros actores sociales, así como con las agencias de cooperación externa.

Estrategias ·

Establecer niveles de consolidación interinstitucional a nivel del Estado central, gobiernos seccionales, Juntas Parroquiales, ciudadanía y organizaciones de la sociedad.

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Incentivar el desarrollo de mancomunidades y corporaciones de desarrollo territorial; y, nuevas formas de gestión del desarrollo, adaptadas a la problemática, y propuestas de intervención, en las cinco provincias involucradas.

Creación de redes de coordinación con la sociedad civil para vincularlas a planes de desarrollo con enfoques de derechos.

Consolidar la seguridad jurídica por medio del fortalecimiento de los movimientos sociales, de la participación, la transparencia en la gestión y la rendición de cuentas, para crear un ambiente propicio para la gobernabilidad y el bienestar integral de la población.

b. Reactivación económica y empleo Dirigido a impulsar el crecimiento de la producción, la productividad y competitividad de los principales sectores económicos de la región fronteriza.

Por razones estratégicas, para la economía de la región y para las políticas sociales de lucha contra la pobreza, es necesario dar especial atención a aquellas actividades económicas generadoras de fuentes de empleo, como actividades artesanales, turismo sostenible y sustentable, producción agrícola, pesca, líneas de exportación y transporte, entre otros.

Estrategias ·

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Definir líneas de crédito para microempresas y cooperativas de producción; promover el acceso y la aplicación de innovaciones tecnológicas para mejorar la productividad.

Impulsar la capacitación del recurso humano en áreas técnicas, financieras y de gestión acordes a las necesidades productivas locales.

Apoyar las unidades de pequeña y mediana escala que generen cadenas productivas, orientadas al abastecimiento del consumo local, regional y de exportación.

Proporcionar créditos a bajos intereses, garantizando la venta de insumos agrícolas a bajos precios, motivando la producción, el transporte y la comercialización de los productos, generando fuentes de empleo e incentivando el turismo.

Consolidar la seguridad jurídica por medio del fortalecimiento de la participación ciudadana, la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas para crear un ambiente propicio para la inversión, la generación de empleo y el bienestar integral de la población.

c. Mejoramiento de la infraestructura social básica Está orientado a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la provisión de los servicios básicos para la población asentada en la zona de influencia del Plan Ecuador, especialmente en la zona rural y urbano marginal, servicios • 138 •

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relacionados con salud, educación y necesidades básicas como requisitos indispensables para fomentar las actividades productivas.

Estrategias ·

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Impulsar el diseño, preparación y ejecución de programas y proyectos a través de los gobiernos seccionales y régimen dependiente, en coordinación con los esfuerzos de la cooperación nacional, internacional y organismos de desarrollo regional.

Promocionar la participación y veeduría ciudadana en los procesos de ejecución y operación de los programas y proyectos, para vigilar la calidad de los servicios básicos.

d. Manejo sostenible de los recursos naturales El manejo sostenible de los recursos naturales en la región fronteriza norte requiere la conservación y aprovechamiento racional y sustentable del capital natural y biodiversidad, incentivando el uso de tecnologías limpias en la extracción, producción y transporte de los recursos naturales, y contribuyendo a recuperar los ecosistemas vitales que se encuentran degradados.

Estrategias ·

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Incentivar la agroforestería sustentable; impulsar acciones encaminadas a la conservación de los bosques primarios; recuperar las tierras forestales degradadas; promover el uso sostenible de los bosques; controlar y valorar el bosque como preservar y proteger los páramos y demás recursos forestales y de especies de vida silvestre.

Aplicación efectiva del marco legal vigente que garantice el control y manejo adecuado de las zonas declaradas de protección ecológica como los parques nacionales existentes en la zona, para preservar su ecosistema frágil.

Promover la implementación de proyectos de conservación ambiental.

Apoyar y ampliar la cobertura de las acciones de asistencia técnica, capacitación, organización y diseño de la gestión ambiental a cargo de los gobiernos provinciales y locales con el objeto de generar y fortalecer las capacidades para asumir las competencias ambientales.

e. Administración de justicia y control de ilícitos Este eje temático contempla el fortalecimiento de los sistemas de prevención de los actos ilícitos y el Sistema de Inteligencia Nacional para mejorar el control de los actos ilícitos y lograr la reducción de los índices de criminalidad, con la adopción de medidas integrales y de largo plazo con respecto al tráfico de estupefacientes, armamento, precursores químicos, lavado de dinero, tráfico de personas y el crimen organizado y la corrupción.

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Estrategias ·

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Reforzar y modernizar las capacidades institucionales para la investigación del crimen y asegurar el procesamiento de los responsables, a través de los órganos de justicia y la dotación de recursos financieros, tecnológicos y humanos especializados.

Fortalecer las oficinas provinciales del Defensor del Pueblo, Comisarías de la Mujer, INNFA y Tribunales provinciales de menores.

Adoptar medidas integrales con respecto al tráfico de estupefacientes, armamento, municiones, explosivos, precursores químicos, tráfico de personas, lavado de dinero, crimen organizado y corrupción.

Ejecutar el Plan de Soberanía Energética y el de Seguridad Integral del sistema Hidrocarburífero.

f. Derechos humanos y asistencia humanitaria y refugio Contempla la garantía del ejercicio de los derechos humanos y la protección contra toda forma de discriminación de la población asentada en la zona, así como el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos en relación a la asistencia humanitaria y refugio de las personas desplazadas de su lugar de origen.

Especial atención merece la población refugiada, con un apoyo decidido del gobierno ecuatoriano a las acciones y proyectos de ACNUR y la promoción de la participación de otros cooperantes internacionales, sobre la base de la estructura organizativa a nivel de provincias, municipios y comunidades. Como principio, se buscará la inclusión de la población local, nacional, refugiada e inmigrante, para promover la tolerancia y la solidaridad, evitar confrontaciones entre distintos grupos de la población vulnerable y asegurar que los inmigrantes y refugiados conozcan mejor sus derechos y sus obligaciones.

Estrategias ·

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Promover el conocimiento de los derechos fundamentales de las personas, así como la difusión de los diferentes mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos desde los actores gubernamentales, diferentes gobiernos seccionales y las organizaciones de la sociedad civil.

Fortalecimiento de programas de capacitación en derechos humanos para los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y sociedad civil, entre otros.

Promoción de la transparencia y equidad en el análisis de los casos específicos relacionados con la violación de los derechos humanos.

Fortalecer los planes de contingencia para enfrentar mayores flujos de desplazados en la zona.

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Coordinar tareas y experiencias y compartir información con organismos internacionales y ONG‘s para hacer un trabajo conjunto en el tema de desplazados.

g. Protección de la soberanía nacional e integridad del Estado El Plan Ecuador propende a neutralizar las amenazas de carácter externo que atenten contra la seguridad nacional del Estado, integridad de las personas y recursos naturales. Así el país contará con un ambiente de paz y desarrollo.

El Estado ecuatoriano sostiene el principio de no intervención en asuntos internos de otros estados; rechaza la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, fiel a los preceptos enmarcados en la Política Exterior y Política de Defensa, promoviendo la resolución pacifica de conflictos.

Impulsa la solución de los conflictos internacionales e internos basadas en mecanismos políticos, diplomáticos, jurídicos y otros no militares previstos en el derecho internacional, mediante la activación de convenios internacionales de la OEA y ONU para prevención del narcotráfico y sus delitos conexos, tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de personas, secuestro, extorsión, entre otros. El Ecuador se abstendrá de participar en operaciones combinadas, coordinadas o conjuntas de carácter militar con Colombia.

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Mantener y fortalecer el rol de las Fuerzas Armadas para el apoyo a las instituciones del Estado en el mejoramiento de la calidad de vida en la zona de frontera norte.

Coordinar acciones de desarrollo interinstitucionales que se ejecutan en la frontera con Municipalidades, Consejos Provinciales y Juntas Parroquiales.

Ejecutar programas y proyectos gubernamentales y no gubernamentales tendientes a satisfacer las demandas y necesidades de la población ubicada a lo largo del cordón fronterizo.

Apoyo a los ejecutores de los proyectos para el desarrollo de la frontera norte, con prioridad a los cantones San Lorenzo, El Dorado de Cascales, Tulcán, Sucumbíos, Lago Agrio y Putumayo, contemplados en el Plan Binacional.

Armonizar el marco legal existente a fin de evitar conflictos de competencias entre distintas instituciones del Estado.

Fortalecer y modernizar el registro civil, para contar con una estadística completa de la ciudadanía ecuatoriana y colombiana en nuestro territorio.

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Continuar ejerciendo el control efectivo del espacio territorial fronterizo, garantizando la protección de la población, sus recursos y las áreas estratégicas consideradas, orientando además esfuerzos para evitar el tráfico ilícito de los recursos energéticos.

Contribuir con los organismos militares técnicos existentes a la preservación del ambiente.

Afianzar y consolidar las relaciones bilaterales con la República de Colombia; se propondrá la identificación y desarrollo de acciones estatales para la instrumentación de medidas de confianza mutua entre ambos Estados.

6.- ALCANCES DEL PLAN 6.1 Una adecuada coordinación entre gobiernos seccionales, entidades públicas del ejecutivo, la cooperación internacional y los organismos privados de desarrollo, para mejorar la eficiencia de los distintos programas e iniciativas de desarrollo y seguridad existentes y por ejecutarse en las tres provincias de influencia del Plan.

6.2 Reactivación de la producción y promoción del empleo, particularmente en aquellos sectores que generan fuertes encadenamientos como el agropecuario, agroindustria, turismo, pesca, artesanía, comercio y servicios, especialmente relacionados con la actividad petrolera, a través del acceso a programas de micro-crédito, inversiones en mejoramiento de la infraestructura productiva, fortalecimiento de talentos humanos, ampliación de medios de comunicación 6.3 Ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios sociales básicos –agua potable, alcantarillado, desechos sólidos, salud y educación– en beneficio de la población asentada en el área de influencia del Plan Ecuador.

6.4 Fortalecimiento de las medidas de conservación de ecosistemas frágiles y promoción del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables, a través de la cooperación interinstitucional para la aplicación y uso de tecnologías limpias en la prevención y control de la contaminación; la promoción de actividades y mercados alternativos para productos no maderables y la creación de mecanismos eficientes de control de las actividades forestales ilegales.

6.5 Mantenimiento irrestricto del respeto a los derechos humanos y la protección estatal a la población nacional y extranjera en la frontera, y mejoramiento progresivo de la calidad y cobertura de los servicios que el Estado debe brindar a la población desplazada por el conflicto interno de Colombia, en cumplimiento del derecho internacional humanitario y en aplicación de convenios y tratados internacionales suscritos.

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6.6 Fortalecimiento de la presencia de las instituciones del Estado en la zona de frontera como condición fundamental para atender las demandas sociales, de seguridad y de desarrollo de la población, dentro de una política de prevención y solución pacífica de conflictos.

6.7 Reducción de las actividades económicas ilegales en la frontera y mejoramiento integral de la seguridad en las provincias de las zonas de intervención.

7. HORIZONTE DEL PLAN Se propone ejecutar el Plan con una visión de largo plazo proyectada hasta el año 2018; no obstante, se prevé la realización de acciones y actividades programadas en fases de cuatro años.

Para el primer cuatrienio, que coincide con el ejercicio del gobierno nacional presidido por el Ec. Rafael Correa, se diseñará un Plan Estratégico Operativo que contendrá los componentes, las actividades y resultados esperados en cada uno de los años de la gestión gubernamental. Este proceso se enmarcará en los contenidos definidos en este documento y será elaborado en un proceso consultivo y participativo con los principales actores sociales y políticos de las provincias donde se ejecutará.

El Plan Ecuador es una respuesta a los efectos derivados del conflicto interno de Colombia en el Ecuador; por lo mismo, requiere de una revisión y actualización permanente, que atienda a la coyuntura de seguridad y calidad de vida de las poblaciones que habitan las zonas de influencia del Plan.

El Plan está acorde con la filosofía y contenidos de las políticas nacionales de relaciones exteriores, defensa y del Plan Nacional de Desarrollo Social y Productivo, que tiene un enfoque de derechos humanos (políticos, económicos, sociales, culturales), en armonía con la naturaleza y orientado a eliminar la exclusión social y las disparidades territoriales.

8. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO La ejecución del Plan Ecuador se sustentará en varias fuentes de financiamiento. En primer lugar, las asignaciones del presupuesto del Estado, a través de los ministerios y organismos estatales que tienen ingerencia en la zona. En segundo lugar, las asignaciones del presupuesto del Estado a los gobiernos seccionales: provinciales, municipales y parroquiales. En tercer lugar los aportes financieros y asistencia técnica que pueda brindar la cooperación internacional. En cuarto lugar, los recursos de las propias comunidades que pueden ser invertidos bajo las modalidades de la cogestión.

Respecto a la cooperación internacional, se buscará mejorar los actuales niveles de coordinación con las instituciones públicas nacionales y estruc• 143 •

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turar una mesa de donantes para promover su aporte en la ejecución de proyectos específicos en aquellos ámbitos que generen mayor impacto, beneficio social y ambiental, en concordancia con las políticas del gobierno nacional.

CUADRO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL POR EJES TEMÁTICOS

Fuente: Datos del INECI

9.- ESTRUCTURA DE GESTION DEL PLAN La Gestión y administración del Plan Ecuador tendrá los siguientes niveles: 9.1. Un nivel directivo nacional. Presidido por el Ministro Coordinador de la Seguridad Interna y Externa y conformado por la Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, los Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Gobierno, un representante de los Municipios, un delegado de los Consejos Provinciales, un representante de la Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales, un delegado de los organismos de derechos humanos y un representante de las organizaciones sociales.

Sus principales funciones serán diseñar las políticas, aprobar los Planes Estratégicos Operativos para cada cuatro años, aprobar los planes operativos anuales, conocer y aprobar los informes de la Secretaria Técnica.

Se reunirá al menos una vez cada trimestre por pedido del Ministro Coordinador o de al menos las dos terceras partes de sus miembros.

9.2 Un nivel consultivo. Conformado por los miembros del nivel Directivo Nacional y los representantes del ECORAE, de la Unidad de Desarrollo de la Frontera Norte UDENOR, AMAZNOR, el Secretario de Planificación • 144 •

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y Desarrollo, Secretario General del Consejo de Seguridad Nacional, el Secretario Técnico del Frente Social, un delegado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un representante de las Juntas Parroquiales, y un representante de las organizaciones sociales por cada una de las provincias involucradas.

Su principal función es orientar los ajustes necesarios al Plan de acuerdo a la evolución de las condiciones de desarrollo y seguridad en las provincias donde se desarrolla y sugerir modificaciones operativas para mejorar la eficiencia y promover la participación social.

Se reunirá al menos una vez cada semestre, convocado por el Ministro Coordinador, o, al menos, dos tercios de sus miembros.

9.3 Un nivel ejecutor. Dirigido por el Ministro Coordinador, y formado por un secretario técnico y un equipo operativo nacional mínimo; así como equipos de coordinación en las tres regiones: Esmeraldas, Carchi e Imbabura, Sucumbíos, Orellana y Napo.

La principal función de las coordinaciones técnicas, nacional y regional, es velar por la ejecución del Plan Ecuador, la coordinación de las distintas instituciones estatales nacionales involucradas, la coordinación con los gobiernos seccionales, las organizaciones sociales, las organizaciones privadas de desarrollo y conservación y la cooperación internacional.

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