Educación, reparación integral y memoria histórica: by CODHES

Educación, reparación integral y memoria histórica:

una mirada desde las maestras y maestros del Valle del Cauca Reconstruyendo la memoria del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca –SUTEV

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – Codhes Marco Alberto Romero S. Director CODHES Héctor Fajardo A. Coordinador proyecto Luis Fernando Sánchez S. Analista María Angélica Gómez M. Analista ISCOD Susana Fernández Díaz Representante Colombia SUTEV Víctor Manuel Cabrera V. Presidente Nohora Alicia Villegas L. Stella Domínguez V. Carlos Alberto Paz F. Eisman Omar Payares V. Viviana Alvarado Liliana Vivas C. Janeth Polanco S. Mireya Rodríguez R. Isabel Olaya C. Junta Directiva SUTEV Autores María Angélica Gómez M. Luis Fernando Sánchez S. Fotografía Portada Archivo SUTEV Diagramación Reves Diseño Ltda. | contacto@revesdiseno.com Impreso en Colombia ISBN: 978-958-8881-05-8 Febrero de 2016 Esta publicación es un resultado del Proyecto “Fortalecidas las capacidades del movimiento sindical como sujeto colectivo para la participación e incidencia en los procesos de construcción, implementación y evaluación de políticas públicas de reparación colectiva y garantías de no repetición, con enfoque de género”, ejecutado por el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y financiado por el Gobierno del Principado de Asturias. Los contenidos aquí expresados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan la posición del Gobierno de Asturias. Se permite la reproducción y/o traducción parcial de este trabajo para fines no comerciales, siempre que se realicen los debidos reconocimientos.

Contenido 1. Introducción 5 2. Precisiones conceptuales y metodológicas 7 3. Reconstruyendo la memoria 15 3.1. Violencia antisindical en Colombia en el marco del conflicto armado 15 3.1.1. Las distintas explicaciones de la violencia antisindical 3.1.2. La violencia antisindical en el Valle del Cauca y contra el sector docente 3.1.3. Conflicto armado y Valle del Cauca: Un contexto general

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3.2. Periodización de la violencia antisindical del SUTEV 28 3.2.1. Conformación del SUTEV y violencia antisindical 3.2.2. Narcotráfico e inicio del paramilitarismo 3.2.3. Consolidación paramilitar. Comprende desde finales de los 90’s hasta 2005 3.2.4. Desmovilización fallida y violencia de grupos posdesmovilización

29 31 31 32

3.3. Caracterización de daños a SUTEV 39 3.3.1. Aproximación conceptual 3.3.2. Dificultades y retos 3.3.3. Daños identificados 3.3.4. Una lectura de los daños en perspectiva de género

39 45 46 58

3.4. Expectativas de reparación colectiva de SUTEV 60 3.4.1. Aproximación conceptual 3.4.2. Dificultades y retos 3.4.3. Medidas de reparación identificadas

61 67 68

4. Conclusiones 75 5. Bibliografía 79

Índices Tablas Tabla 1

Asesinatos, desapariciones, atentados y amenazas de muerte contra sindicalistas, por departamento 1986 - 2010

Tabla 2

Registro Único de Victimas - víctimas por hecho victimizante

Tabla 3

Desagregado por departamento - Personas por ocurrencia y declaración

Tabla 4

Distribución por género victimas Valle del Cauca

Tabla 5

Registros de asesinatos sindicalistas según presuntos autores 1986 - 2010

Tabla 6

Registro de asesinatos de docentes sindicalistas de SUTEV 1986 - 2015

Tabla 7

Daños identificados taller Cartago - Valle del Cauca 2015

Tabla 8

Daños identificados taller Cali - Valle del Cauca 2015

Tabla 9

Daños identificados taller Tuluá - Valle del Cauca 2015

Tabla 10 Daños identificados taller Buenaventura - Valle del Cauca 2015

Tabla 11 Propuesta de medidas de reparación identificadas a nivel individual

Tabla 12 Propuesta de medidas de reparación identificadas a nivel organización sindical

Tabla 13 Propuesta de medidas de reparación identificadas a nivel movimiento sindical

Ilustraciones Ilustración 1

Sindicalistas afectados por departamento

Ilustración 2

Homicidios contra docentes sindicalizados 1986 - 2010

Ilustración 3

Antecedentes del SUTEV

Ilustración 4

Línea de tiempo memoria del SUTEV

Ilustración 5

Docentes sindicalizados SUTEV asesinados por año

Ilustración 6

Dimensiones victimización

Ilustración 7

Daños Identificados por los participantes en los talleres aspectos individuales

Ilustración 8

Daños Identificados por los participantes en los talleres aspectos colectivos organizativos

Ilustración 9

Daños Identificados por los participantes en los talleres daños sociales

Ilustración 10 Daños Identificados por los participantes relacionados con género a nivel colectivo

Ilustración 11 Dimensiones de medidas de reparación

1. Introducción El presente informe se enmarca en el trabajo conjunto adelantado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT-, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –Fecode- y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle –SUTEVen el marco del proyecto “Fortalecidas las capacidades del movimiento sindical como sujeto colectivo para la participación e incidencia en los procesos de construcción, implementación y evaluación de políticas públicas de reparación colectiva y garantías de no repetición, con enfoque de género”, con el acompañamiento técnico de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -Codhes- y el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo –Iscod-; y con la financiación del Gobierno del Principado de Asturias (España). Uno de los objetivos de este proyecto fue contribuir en la cualificación de la participación del movimiento sindical en los procesos de reconciliación nacional y construcción de paz de la sociedad colombiana, para el cumplimiento del cual se planteó la realización de una serie de ejercicios de reconstrucción de la memoria histórica, con tres objetivos: a) identificar y caracterizar casos tipo de situaciones recurrentes de graves violaciones de los derechos humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario “DIH” contra los y las personas sindicalizadas en el contexto regional; b) conocer, caracterizar y comprender las percepciones de los y las participantes sobre las expectativas de reparación individual y colectiva; y c) generar aportes de los y las participantes para incidir en la política pública en materia de reparación colectiva del movimiento sindical en Colombia. En este contexto, el presente documento recoge los resultados de estos ejercicios de memoria realizados con los y las docentes afiliadas al SUTEV, aunque el informe no pretende ser ni un ejercicio historiográfico completo, ni una verdad definitiva. Por el contrario, se reconoce que este tipo de ejercicio es uno de los tantos que habrán de desarrollarse para recoger y reconstruir las narrativas de la violencia antisindical en Colombia desde la perspectiva de las víctimas, como un elemento inescindible no sólo de la garantía de sus derechos, sino también como una tarea que contribuya a la construcción de paz en el territorio colombiano. De esta manera, el documento muestra las reflexiones realizadas por los y las docentes en torno a las formas de victimización que sufrieron los integrantes del SUTEV, cómo estos hechos afectaron las dinámicas individuales, familiares, organizativas y comunitarias, así como sus expectativas de reparación. Como se indica, este ejercicio es aún incompleto pues son muchos los elementos que deben ser desentrañados para comprender a cabalidad el fenómeno de la violencia antisindical en Colombia. Es necesario y urgente rescatar y sacar a la luz pública las historias y memorias de tantos líderes y lideresas sindicales que perdieron su vida por la reivindicación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del país; reconstruir los procesos de lucha de las organizaciones sindicales en su tarea de corregir las injusticias sociales y mejorar las

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condiciones de existencia de las personas; evidenciar cómo tales tareas se vieron truncadas u obstaculizadas por la violación de los derechos humanos de sus integrantes, cómo la violencia fue instrumentalizada y dirigida contra la población sindicalizada con fines como el control territorial o desincentivar los reclamos sociales, etc. Reconociendo todo el camino que falta por andar, el presente documento se estructura en cuatro grandes apartados. En el primero, se exponen algunos elementos conceptuales y metodológicos que guiaron los ejercicios de memoria realizados con el SUTEV. Seguidamente, se presentan algunas consideraciones generales sobre el fenómeno de la violencia antisindical y el conflicto armado en la región del Valle del Cauca, con especial referencia al sector docente. En el tercer y cuarto apartado se presentan los resultados de la sistematización referente a los daños identificados por las maestras y maestros participantes en los talleres y las expectativas de reparación expresados por los mismos en estos ejercicios. Esta sistematización se presenta como un aporte por parte del sector docente para enriquecer las propuestas en materia de reparación colectiva hechas por el movimiento sindical. Adicionalmente, es importante destacar que en los dos últimos apartados, además de presentar los resultados de la sistematización de los ejercicios de memoria, se presentan algunos elementos conceptuales y se destacan los retos y dificultades en cada una de estas materias. Finalmente, se presentan algunas conclusiones con el ánimo de contribuir al debate en torno a la reparación colectiva, sus limitaciones, necesidades y tareas pendientes; los derechos de las víctimas del sindicalismo con enfoque de género, destacando algunos elementos referentes a la comprensión de los daños y la necesidad de construir una reparación colectiva con enfoque transformador y bajo la perspectiva del goce efectivo de derechos.

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2. Precisiones conceptuales y metodológicas A continuación se presenta una descripción precisa y detallada sobre la metodología utilizada para el proyecto de reconstrucción de memoria de la violencia antisindical en Valle del Cauca para el sector docente, con el objetivo de brindar herramientas a todas aquellas organizaciones sindicales que pretendan impulsar sus propios procesos de reconstrucción de memoria colectiva Se realizó una selección de la metodología, entendida como las estrategias de investigación, cuantitativas o cualitativas (Bonilla E. y Rodríguez, 1997), que agotan técnicas, medios y etapas investigativas en orden a ofrecer una explicación no acabada de un fenómeno social de manera sistemática y académica. La expresión epistemológica del objeto de estudio escogido, en este caso la violencia antisindical y sus efectos (daños) en los colectivos sindicales es una tarea compleja. Por un lado, por las características económicas de la región y, por otro, por las dinámicas propias y particulares que asume el conflicto armado colombiano en ella (presencia de todos los actores del conflicto, alianzas entre funcionarios públicos y grupos armados, narcotráfico, disputas territoriales e ideológicas entre los actores del conflicto entre otros). Por todo lo anterior el enfoque metodológico que se acoge debe responder al menos a los siguientes retos: • Deber ser capaz de reconstruir los procesos de victimización sufridos (cronología de los hechos victimizantes) desde la memoria individual y colectiva de las víctimas de la violencia antisindical. • Debe identificar los diferentes hechos victimizantes que ha sufrido la población docente sindicalizada, así como los posibles cambios en las dinámicas y estrategias utilizadas por los actores del conflicto en los hechos de victimización. • Debe ser capaz de reconstruir desde un enfoque diferencial y en perspectiva de derechos los daños sufridos por las víctimas, especialmente, los daños colectivos sufridos por las organizaciones sindicales. • Particularmente, desde el enfoque diferencial (y dentro de él desde una perspectiva de género), debe dar cuenta de hechos victimizantes y daños sufridos en especial por las mujeres. Así mismo, debe de reflejar cómo se vieron afectados los procesos y dinámicas sindicales. • Debe permitir conocer y sistematizar algunas de las expectativas de reparación que las víctimas como colectivo tienen frente a los daños que les fueron causados.

En esa perspectiva, la reconstrucción de la memoria colectiva del sindicalismo debe responder por lo menos a los siguientes propósitos: a la satisfacción de los requerimientos de verdad sobre los móviles y las responsabilidades en la violación de los derechos humanos como garantía de no repetición; a la rehabilitación y dignificación de la memoria de las víctimas tanto en la sociedad como en los colectivos sindicales; a la consolidación de la identidad del sindicalismo como un sujeto político-social en la construcción de una sociedad más justa y equitativa; y a la ratificación de la validez de la actividad sindical como una expresión organizada imprescindible para sostener y fortalecer el sistema democrático (De la Peza, 2009). Igualmente, la definición metodológica contó con la participación de los actores involucrados, razón por la cual desde la dirección del proyecto se estableció un diálogo directo ente el SUTEV y las organizaciones de apoyo CODHES – ISCOD, mediante el cual se concertaron y aprobaron las estrategias metodológicas a implementar para el desarrollo del trabajo y el cumplimiento de las tareas esbozadas. En respuesta a los acuerdos logrados con el SUTEV para la construcción del documento se tuvieron cuatro momentos específicos: un primer momento de revisión documental, un segundo de recolección de fuentes primarias, un tercero de análisis y sistematización y un cuarto momento de redacción final del texto. Dado el resultado esperado en cumplimiento del objetivo específico de esta fase del proyecto, el cual supone la construcción de un documento de carácter analítico en el cual se dé cuenta de “la violencia antisindical en relación con el conflicto interno colombiano en la región del Valle del Cauca enfocada en el sector docente, distinguiendo fases que tengan en cuenta las relaciones con variables como la dinámica del conflicto, la actividad contenciosa, la estigmatización sindical, la coincidencias ideológicas con actores armados, la actividad política y social, los presuntos autores y los impactos de la violencia con enfoque de género”, a continuación se expone la metodología determinada para la elaboración de este documento.

1. Revisión documental: En la primera fase se realizó la revisión documental, tanto bibliográfica y de fuentes secundarias (libros, artículos científicos, textos académicos entre otros) como de fuentes primarias (notas de prensa, estadísticas, relatos, entre otros). La valoración de las fuentes fue cualitativa dado el carácter interpretativo y analítico del documento. Las categorías de análisis en las cuales se ubicó la información son: Documentos de contexto: Información referente al Valle del Cauca y sus contextos histórico, geográfico y social, así como información referente a las dinámicas del conflicto. Documentos teóricos: Documentos que contienen conceptualizaciones teóricas sobre la violencia sindical y sobre la necesidad de una historia social centrada en el sindicalismo como sujeto de estudio.

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Documentos metodológicos: Documentos que contienen herramientas metodológicas para la recolección, análisis e interpretación de las fuentes. Documentos específicos: Documentos sobre el sindicalismo y la violencia sindical en el Valle del Cauca.

2. Recolección de información comunitaria: Con el fin establecer los hechos victimizantes y procesos de violencia sufridos por el SUTEV, se realizaron ejercicios de línea de tiempo, entrevistas y biografías sociales como herramientas metodológicas para la recolección de información. a. Línea del tiempo: Los ejercicios de línea de tiempo permiten una reconstrucción de hechos y ubicarlos en el espacio y en el tiempo, así como la identificación de actores involucrados. De otra parte, al ser un ejercicio comunitario, posibilita la unificación de narrativas por parte de la comunidad y la identificación de transformaciones en las dinámicas sociales colectivas y el impacto social de los hechos violentos. Se desarrollaron cuatro talleres y un grupo focal de reconstrucción de línea del tiempo, uno realizado con la Junta del SUTEV, y los siguientes en las subregionales del centro en Cali - Tuluá, del norte en Cartago y del occidente en Buenaventura. b. Biografías sociales: De acuerdo con la propuesta del Centro Nacional de Memoria Histórica, las biografías sociales permiten la reconstrucción de la vida de una persona o institución en el marco de un proceso social. De esta forma, se presentan como una metodología adecuada para la reconstrucción de la historia del SUTEV. A partir de la biografía social es posible establecer cómo se transforman las dinámicas organizativas, los cambios en los procesos colectivos y, sobre todo, el impacto de las pérdidas y los daños en el desarrollo y la capacidad de incidencia de la actividad sindical. Entre agosto y noviembre de 2015 se realizaron cuatro talleres y un grupo focal de reconstrucción de la memoria histórica que contaron con la asistencia de 86 personas (66% mujeres y 34% hombres), entre docentes, rectores -en ejercicio o retirados-, afiliados y algunos familiares de los/as maestros/as asesinados/as. c. Redacción del documento: Se sistematizó la información recolectada en los talleres y la revisión documental, para la posterior redacción del mismo. Para ello se recogió la definición única de línea de tiempo que se entrecruza con los insumos de los diferentes talleres, se realizó la sistematización de la identificación de daños y expectativas de medidas de reparación de acuerdo a las categorías preestablecidas de análisis que se presentaron a lo largo del texto.

d. Enfoque diferencial Dentro de esta perspectiva diferencial, asumir la de género, supone considerar sistemáticamente las diferencias entre las condiciones, situaciones y necesidades respectivas de las mujeres y de los hombres, en las fases de planificación, ejecución y evaluación de todas las actividades planteadas para la recolección de información sobre la violencia antisindical. En ese sentido, se trata de abordar también de manera preferente los aspectos referidos a la condición de las mujeres, que tiene que ver con las circunstancias materiales inmediatas en las que viven. En este caso la forma como la violencia antisindical afectó su proyecto de vida social y sindical (en el caso de las mujeres líderes sindicales o simplemente mujeres sindicalizadas), pero con el objetivo de modificar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los hombres (concreción de un enfoque transformador de la política pública de reparación) en ese sentido el ejercicio contribuye al empoderamiento de las mujeres1. El concepto de género se acuñó en los años setenta con la finalidad: primero, resaltar las diferencias entre mujeres y hombres y segundo, subrayar cómo estas diferencias eran construidas social y culturalmente (Tubert, 2003). La introducción del concepto de género en la investigación, como un término alternativo y diferente al de sexo, trató de combatir el determinismo biológico presente en la investigación y en la ciencia en forma general, enfatizando la dimensión social de las diferencias y desigualdades entre los sexos. Desde entonces, es un concepto en continua transformación, revisión y adecuación a momentos históricos y contextos sociales, aunque siempre prevaleciendo su objetivo primario de «identificar, separar y poner en relación lo que es culturalmente construido con lo que es natural» (Ortiz, El papel del género en la construcciön histórica del conocimiento cientifico sobre la mujer, 2002). El género puede entenderse en dos sentidos diferenciados, aunque interconectados: • El género como sistema de relaciones sociales. Este nivel alude básicamente a las estructuras y dinámicas de relación e interacción entre mujeres y varones, concretamente hace referencia al «sistema de relaciones sociales, simbólicas y psíquicas en las que se sitúa de forma diferente y desfavorable a las mujeres (y todo lo considerado como femenino) respecto a los varones (y lo considerado masculino)» (Ortiz, 2006). • El género como categoría analítica. Permite aprehender, indagar e interpretar las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres dentro de sus contextos sociales, económicos, culturales e históricos específicos. Como herramienta de análisis también permite visualizar las concepciones diferentes que hombres y mujeres tienen de sí mismos y de sus actividades (Harding , 1996).

1 A través del “empoderamiento”, las personas y los grupos conquistan tres tipos de poder: Poder SOCIAL: información, conocimientos, acceso a las redes sociales y a recursos financie- ros; POLÍTICO: acceso a los procesos democráticos de toma de decisiones que les afectan y por último PSICOLÓGICO: toma de conciencia del poder que individual y colectivamente tienen las mujeres. Se alcanza mediante la autoestima personal y la recuperación de la dignidad como personas. (Grupo Temático de Género, 1997).

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El enfoque de género nos permite determinar las asimetrías, las relaciones de poder y las inequidades. Ayuda a reconocer las causas que la producen y a formular mecanismos para superar estas brechas, ya que ubica la problemática no en las mujeres o en los hombres, sino en las relaciones socialmente construidas sobre el poder y la exclusión. Adicionalmente, es importante referir que para el caso de las mujeres víctimas del conflicto armado, la Corte Constitucional colombiana en su seguimiento a la política pública de atención a la situación de la población desplazada, revisó los impactos que la violencia ejerce sobre las mujeres, y esos ámbitos particulares que se derivan en riesgos de género en el marco del conflicto armado. Es así como a través de los Autos 092/2008 y 098/2013 para las mujeres víctimas y defensoras de derechos humanos reconoce un enfoque de género, con los siguientes elementos a tener en cuenta: • En la violencia contra las mujeres se encaran riesgos de género que no enfrentan los varones “en la misma proporción, debido a los roles preestablecidos que subvaloran y degradan la condición femenina” (Corte Constitucional, 2013). • “Se enfrentan de forma constante al riesgo de ser objeto de abusos, agresiones y esclavitud sexual, trata de personas con fines de esclavitud sexual y doméstica, el reclutamiento con fines de explotación doméstica y sexual, amenazas de violencia sexual, humillaciones públicas con contenido sexual, marcas en el cuerpo producidas con objetos corto punzantes o quemaduras en la que imprimen mensajes denigrantes contra la víctima. Muchas de las amenazas y actos de violencia se dirigen contra miembros del núcleo familiar, especialmente contra hijos e hijas, lo cual pone de manifiesto que tales ataques también pretenden una afectación diferenciada que ocasione daños en los bienes y relaciones que las mujeres consideran valiosos e importantes dada su condición femenina”. • Enfatiza en el riesgo derivado “de la pertenencia de las mujeres a organizaciones sociales, comunitarias o políticas, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos, constituye una situación fáctica alarmante por ser altamente lesiva de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que ampara a las mujeres como víctimas del conflicto”, que en este caso tiene una estrecha relación con la condición de mujer sindicalista en ejercicio de liderazgo comunitario, social y político. La incorporación del enfoque de género a la hora de diseñar la reparación a las mujeres víctimas implica visibilizar los delitos cometidos contra las mujeres por el hecho de serlo, analizar la estructura social que ha favorecido la violencia contra las mujeres, y que las políticas públicas de reparación tengan en cuenta las situaciones de exclusión y discriminación previas. En este sentido, Guillerot señala que la violencia contra las mujeres es una constante que se reproduce y se exacerba en tiempos de guerra, y cabe preguntarse, a partir de ello, cómo las violaciones a los derechos humanos han afectado la vida de los hombres y las mujeres de manera diferente. En el contexto social y cultural colombiano, atravesado y permeado por un sistema patriarcal que define las relaciones de género desde la dominación del género masculino sobre el femenino, las centrales sindicales y los sindicatos representan organizaciones donde esa desigualdad de género se manifiesta tanto en su estructura organizativa como jerárquica, o en aspectos referidos a sus agendas y estrategias

programáticas. La escasa presencia de lideresas sindicales afecta negativamente la defensa de sus derechos, en cuanto el movimiento sindical aún presentan debilidades en aplicación del enfoque de género para sus análisis, elaboración de propuestas e incidencia política, dirigidas tanto a las mujeres trabajadoras como a las sindicalistas. La dificultad de articular las demandas de las mujeres a la hora de abordar la reparación tiene su correlato en la invisibilización que tradicionalmente han tenido los crímenes contra mujeres sindicalizadas y lideresas. Las mujeres sindicalistas enfrentan dos tipos de discriminaciones históricas: a causa de ser mujer y por su condición de sindicalista. A esta invisibilización contribuye de manera sustancial la ausencia de sistemas de información que registren de manera diferenciada las categorías de violencia contra las mujeres sindicalizadas y sindicalistas, favoreciendo el desconocimiento de estos crímenes y su impunidad, dificultando así los ejercicios de memoria y reparación. Se observa que las cinco principales entidades que recogen información de violencia contra el movimiento sindical mantienen el reto de mejorar la recolección de información específica sobre variables como la violencia sexual, orientación sexual, etnia o rasgos etarios, que contribuirían a crear perfiles de victimización más completos para la posterior reparación con enfoques diferenciales. Ahondando en la violencia ejercida por cuestiones de género, las violaciones contra los derechos a la vida, la integridad y la libertad de las mujeres sindicalizadas poseen particularidades frente a las violaciones contra los hombres sindicalizados. La violencia contra las mujeres contiene un fuerte significado, en la cual los actores del conflicto recurren a prácticas que afectan la esfera personal, familiar y social de las mujeres, y explotan el contenido simbólico que tradicionalmente se ha depositado en el cuerpo de la mujer (ENS, 2011). Ahora bien, es preciso señalar que el enfoque de género es transversal a todo el proceso de investigación, ya que el impacto de la violencia antisindical sobre las mujeres fue una de las categorías de análisis escogidas. En ese sentido, en los acuerdos logrados con la Junta Directiva del SUTEV se decidió dar prioridad a la participación de las mujeres2, para lo cual la incorporación del enfoque de género implicó por lo menos las siguientes acciones: Organización y planificación: Las estrategias de recolección de información deben buscar identificar posibles diferencias en los procesos de victimización, daños sufridos y expectativas de reparación entre hombres y mujeres sindicalizados y sindicalizadas. En ese sentido, tanto en los talleres y en el grupo focal como en la búsqueda documental se contó con preguntas guía y estrategias de sistematización específicas para registrar estas diferencias. Este primer paso se centra fundamentalmente en la implantación y la organización, además de la sensibilización y la implicación. • Conocer las diferencias de género: El objetivo del segundo paso fue describir la desigualdad de género respecto de los hechos victimizantes, así como las dinámicas de la victimización y daños ocasionados.

2 Dichos talleres se desarrollaron con la metodología de colcha de retazos, que fue descrita anteriormente.

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• Evaluar el impacto: La forma en la cual las diferencias de género en los procesos de victimización impactaron en la participación, los recursos, los usos sociales, los valores, el goce de las libertades y los derechos sindicales de hombres y mujeres. • Sistematizar las expectativas de reparación en clave de género: Si bien se trató de un ejercicio con miras a la reparación colectiva, se consideró que la misma debe incorporar criterios diferenciales. • Empoderamiento: El ejercicio de memoria histórica y la metodología implicó también un ejercicio de rescate de la labor y aportes de las mujeres dentro del accionar sindical y los procesos organizativos de los/as trabajadores/as. En ese orden de ideas las preguntas guía que se formularon y que fueron aplicadas en los talleres fueron las siguientes: ¿De qué violaciones a los derechos humanos se siente víctima como consecuencia del ejercicio sindical?, ¿de estas violaciones a los derechos humanos cuáles fueron las que más afectaron a las mujeres?, ¿qué diferencias encuentran entre las violaciones a los derechos humanos sufridas por hombres y por mujeres?, ¿qué daños considera que se les causaron con estas violaciones a los derechos humanos?, ¿cómo considera que estos hechos afectaron de manera diferente a hombres y mujeres?, ¿cómo se afectaron los procesos organizativos y dinámicas de la organización sindical del SUTEV?, ¿cómo afectaron los hechos victimizantes los liderazgos y reivindicaciones de las mujeres en el proceso del SUTEV?, ¿cómo reparar estos daños?, ¿cómo la reparación podría rescatar el papel y la historia de las luchas de la mujer dentro del sindicato?, ¿qué medidas de reparación requieren las mujeres de manera particular? Recapitulando, desde una hermenéutica crítica, en clave de reconstrucción histórica y profundización estructural, la metodología está orientada a interpretar la vida individual, social e histórica de los hechos sociales, pero sus pretensiones no claudican en la sola comprensión conceptual de la realidad contemporánea sino que, por el contrario, se orientan a desarrollar, a partir de ello, una conciencia crítica, una actitud contestataria y una voluntad de superación que permita lograr transformaciones significativas en la existencia individual y social de la colectividad (Bauman, 2002), y asume un enfoque de derechos y diferencial (especialmente de género). La metodología de recolección de información podría resumirse en los siguientes momentos: Un primer acercamiento a la problemática, a través de la reconstrucción de las fuentes documentales (prensa, publicaciones, etc.), permitió realizar una primera identificación de actores, una primera cronología, la identificación preliminar de hitos en el proceso de victimización, etc., y adicionalmente permitió elaborar el marco conceptual y de análisis de la problemática. Estos insumos contribuyeron no únicamente a la elaboración del documento final, sino también para contar con conocimiento previo para la construcción de los ejercicios de campo. Toda esta información se organizó y sistematizó a través de matrices de recolección de información.

Un segundo momento de trabajo de campo, que se realizó a través de tres estrategias básicas: talleres participativos, biografías sociales y diálogos directos con la junta directiva del SUTEV. A través de ellos se recogieron los relatos, expectativas y lecturas de las víctimas sobre los procesos de vulneración de sus derechos humanos, permitió confirmar o descartar los hallazgos del primer momento, así como complementar la información y llenar los vacíos que la información documental no permitió dadas las falencias de las bases de datos y los sistemas de información. Finalmente, un tercer momento de reconstrucción y redacción de la memoria histórica en clave de identificación de los daños sufridos, con énfasis en el nivel colectivo, en una perspectiva de goce efectivo de derechos y un enfoque diferencial (especialmente de género).

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3. Reconstruyendo la memoria 3.1. Violencia antisindical en Colombia en el marco del conflicto armado 3.1.1. Las distintas explicaciones de la violencia antisindical Dentro del conflicto armado uno de los principales grupos victimizados ha sido el de las personas sindicalizadas. No obstante lo anterior, aún faltan por esclarecer algunas de las características de este tipo de violencia. Ahora bien, la violencia antisindical en términos de sus causalidades y consecuencias ha intentado ser explicada desde distintos puntos de vista y a su alrededor se han defendido numerosas tesis, desde aquellas que niegan la existencia de una violencia sistemática y direccionada contra el sindicalismo (Mejía & Uribe, 2009) (Botero, 2011), hasta aquellas que reconocen su existencia intentando explicarla según la relación de distintas variables. En ese sentido, para el CINEP (2010), la violencia antisindical se explica como una relación de proporción directa entre acción sindical y violencia. De acuerdo con esta institución, en la medida que la acción sindical crece y se fortalece, los niveles de violencia contra ella se incrementan. Por medio de asesinatos, amenazas y cooptación se impacta y debilita la acción sindical, lo cual permite expresar que la violencia y la victimización han sido en Colombia el mecanismo más práctico para la represión de las libertades sindicales (Aguilera Peña, 2012). En otra interpretación de la violencia antisindical, la Corporación Nuevo Arco Iris (2012, pág. 10) tilda de incompleta la tesis de atribuir la violencia contra el sindicalismo como resultado de sus acciones de lucha colectiva. Indica que fueron las coincidencias con la guerrilla o las “luchas autónomas por la democracia” las que desataron una “respuesta atroz y desproporcionada de las élites regionales, de agentes del Estado y de fuerzas ilegales”. Para Arco Iris la violencia antisindical se relacionaría con la existencia del conflicto armado, “pues el mayor número de sindicalistas asesinados ocurría en los lugares y en los momentos en donde se desarrollaba con mayor intensidad la confrontación armada y se gestaba una gran implicación entre paramilitares, empresarios y agentes del Estado” (Corporación Nuevo Arco Iris, 2012, pág. 4) . En este sentido, confirma la tesis de Kalivas, para quien el mayor número de muertes selectivas de no combatientes en un conflicto armado tiende a ocurrir cuando dos actores o más rivalizan por el control de una misma región, mientras que disminuiría cuando uno de ellos logra el control territorial (Aguilera Peña, 2012). En un análisis sistemático, la investigación de la Escuela Nacional Sindical (ENS) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) (2012), le concede bastante importancia al problema del discurso y a la estigmatización del sindicalismo como elementos que nutren la victimización, sin caer en “una especie de determinismo entre representaciones, imaginarios y prácticas

violentas”. Si bien explica “la violencia en relación con el desarrollo del conflicto y las actuaciones de los grupos contrainsurgentes” (ENS/CCJ , 2012, págs. 79 - 85), la preocupación central del texto se concentra en describir “las lógicas” de la violencia contra los trabajadores (ENS/CCJ , 2012, pág. 14). Para ello, con sus propios datos, establece las tendencias sobre las presuntas autorías y muestra las modalidades de violencia abarcando todo el espectro de expresiones criminales: i) por el rol sociopolítico de los sindicalistas; ii) para controlar movilizaciones y protestas sindicales; iii) por la lucha por el control territorial; iv) con el uso de una justificación retórica contrainsurgente v) como instrumento de regulación del conflicto laboral; vi) la violencia de carácter estatal a través del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); vii) la usada por la guerrilla con un sentido de “corrección ideológica”; viii) la ejercida contra mujeres; ix) la aplicada a los/as trabajadores rurales, y x) la que emplea mecanismos distractores para presentar los episodios de violencia como actos de la delincuencia común. En esta discusión el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2011) muestra la violencia antisindical como resultado de varios factores sin asignar relevancia a uno de ellos o sin subrayar específicamente una gran hipótesis explicativa que jerarquice las variables que intervienen en la misma. El informe del PNUD, quizá por ser síntesis de varios informes, explica la violencia antisindical recogiendo diversos elementos: en primer lugar, plantea en términos muy generales el proceso de violencia vivido por el país en las últimas décadas e identifica las percepciones que la sociedad tiene sobre el sindicalismo, para enfatizar en el problema de la estigmatización como uno de los factores fundamentales de la violencia (Aguilera Peña, 2012). Igualmente, el profesor Mario Aguilera (2012), encuentra que la relación entre conflicto interno y victimización sindical (tesis Arco Iris) ocupa un lugar central y cuenta con un mayor poder explicativo a la hora de evaluar el significado de ese proceso y de ordenar otras variables o causas de la misma. Para este autor tomar esa opción analítica implica entender que fue en el contexto del conflicto interno que la estigmatización que opera contra el sindicalismo intenta justificar el empleo de la violencia contra los trabajadores (tesis ENS/ CCJ). Asimismo, supone considerar que fue en ese proceso en el que la actividad sindical se convirtió en una labor peligrosa y llamar a la huelga o presentar un pliego de peticiones (tesis Cinep) era casi una provocación contra el paramilitarismo y sus aliados. En ese sentido argumenta que fue el escalamiento del conflicto interno en las postrimerías de los años setenta el que determinó que uno de los blancos de la confrontación golpeara a los sectores trabajadores. Si bien con anterioridad, en los años sesenta y setenta, hubo cierta dosis de violencia —aquí sí con el exclusivo propósito de frenar las luchas o el dinamismo de la acción colectiva de los trabajadores—, esta no tuvo ni la magnitud ni el impacto que se presenta en la décadas siguientes. Así, para este autor lo que dispara la cifra de violaciones contra el movimiento sindical y otros sectores sociales fue sin duda el afianzamiento del conflicto interno a finales de esa década, debido a que la confrontación deja de ser marginal y se complejiza con la expansión nacional de la guerrilla y la creación de grupos paramilitares articulados a algunos aparatos de la fuerza pública (Aguilera Peña, 2012, pág. 122).

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Como se evidencia entonces, son múltiples y variadas las interpretaciones sobre las causas explicativas de la violencia antisindical y sus dinámicas. Si bien el presente informe reconoce la importancia de las variables destacadas por los distintos estudios reseñados, se considera pertinente agregar que la violencia antisindical no solo tuvo el propósito “de la corrección ideológica” sino también el de resolver disputas de carácter político y territorial. Adicionalmente, la violencia contra el sindicalismo obedeció en el marco del conflicto armado interno a la extensión de las guerrillas y de los grupos paramilitares, y también a decisiones políticas de sectores del Estado y del empresariado. Este informe se centra en los procesos de reconstrucción de memoria histórica de la violencia antisindical, concentrándose en las lecturas que los propios maestros y maestras integrantes del movimiento sindical, y en este caso del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación SUTEV, hacen del proceso de victimización, de ahí que la fuente principal sean los talleres realizados con los integrantes del mismo.

3.1.2. La violencia antisindical en el Valle del Cauca y contra el sector docente Ahora bien, en el contexto de la victimización sufrida por los sindicalistas, el departamento del Valle del Cauca sobresale como uno de los departamentos donde más violaciones a los derechos humanos se cometieron contra la población sindicalizada. En efecto, según los datos de la Escuela Nacional Sindical, entre 1986 y 2010, en este departamento se cometieron 172 asesinatos, 13 desapariciones forzadas, 53 atentados de muerte y 625 amenazas de muerte contra población sindicalizada (ENS/CCJ , 2012, pág. 70), lo que convierte al Valle del Cauca en el tercer departamento donde más homicidios se cometieron, el cuarto en el que más desapariciones forzadas ocurrieron y el segundo donde más atentados contra la vida de la población sindicalizada se presentaron. Así, aunque la violencia antisindical se presenta como un fenómeno nacional, se encuentra que las organizaciones sindicales que sufrieron una victimización mayor están ubicadas en los departamentos de Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Cesar y Magdalena que, según datos de la Escuela Nacional Sindical y la Comisión Colombiana de Juristas (2012, p. 69), concentran el 68% de los asesinatos y el 64% de las desapariciones forzadas. Estos datos coinciden con lo expuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011, p. 61), que también identifica a los departamentos mencionados como los que presentan mayores casos de violencia antisindical, aunque destaca que a partir de 2003 se presenta un incremento de dicha violencia en los departamentos de Arauca y Norte de Santander (PNUD, 2011, pág. 63).

Antioquia Santander Valle Bogotá Atlántico Cesar Arauca Norte de Santander Magdalena Bolívar Córdoba Risaralda Nariño Tolima Cauca Cundinamarca Caldas Meta Putumayo Caquetá Sucre Huila Chocó Boyacá Casanare La Guajira Quindío Santander Guaviare Córdoba Amazonas Valle

Sindicalistas afectados por departamento

Ilustración 1.

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

600 800

400

200

Fuente: CINEP (2012)

Codhes

Tabla 1.

Asesinatos, desapariciones, atentados y amenazas de muerte contra sindicalistas, por departamento 1986 - 2010 Departamento

Amazonas Antioquia Arauca Atlántico Bogotá, D.C. Bolívar Boyacá Caldas Caquetá Casanare Cauca Cesar Chocó Córdoba Cundinamarca Guajira Guainía Guaviare Huila Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Putumayo Quindío Risaralda San Andrés y Providencia Santander Sucre Tolima Valle Vaupés Vichada Sin Ubicación Total

Asesinatos

3 1359 81 53 47 69 17 41 32 13 53 117 8 84 22 0 13 10 16 99 43 48 82 35 8 49 0 224 27 42 172 1 0 19 2887

Desapariciones

77 8 5 6 6 5 3 1 4 20 1 4 4 0 3 1 2 12 6 5 6 3 0 0 0 19 2 2 13 1 0 4 223

Atentados de muerte

76 3 19 13 6 2 3

8 16 5 4 0 0 0 0 39 47 96 28 34 30 167 1 462 54 115 625 1 1 32 280

Amenazas de muerte

3 1522 193 167 466 129 24 145 19 5 303 223 16 32 24 1 29 27 17 39 47 96 28 34 39 167 1 462 54 115 625 1 1 32 5077

Total

6 3034 285 244 532 210 43 194 54 19 368 376 25 125 54 1 45 38 35 156 102 151 120 74 38 221 1 741 83 164 863 3 1 36 8467

Fuente: (ENS/CCJ , 2012)

Cuando se analiza la victimización por sector económico es posible identificar que los sectores que concentran el mayor número de homicidios son el de educación, agricultura, caza y pesca, minas y canteras, y la industria manufacturera (ENS-CCJ, 2012, pp. 59 -69). Consecuente con esto, el PNUD identifica a los siguientes sindicatos como los más victimizados: Fecode, Sintrainagro, la USO, Sutimac, Anthoc, Asonal Judicial, Aspu y recientemente Sindesena (PNUD,2011, pp. 64-65). En ese sentido, los asesinatos contra educadores/as sindicalizados/as han sido una constante en el panorama de la violencia antisindical. Sin interrupciones, los datos evidencian cómo, entre los años 1986 y 2010, la violencia se ha sostenido con niveles altos de forma persistente, llegando - en algunos momentos - a concentrar más del 50% del total de los asesinatos (ENS/ CCJ , 2012, pág. 59).

Ilustración 2.

Homicidios contra docentes sindicalizados 1986 - 2010

120 100 80 60 40 20

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: (ENS/CCJ , 2012)

Lo anterior se conjuga con una situación en la cual el Estado colombiano no ha podido dar una respuesta eficaz para superar la impunidad por los crímenes cometidos contra sindicalistas, razón por la cual el sindicalismo colombiano ha venido reivindicando y exigiendo en distintos escenarios y con diversas estrategias que el gobierno tome las medidas necesarias para superar la situación de impunidad con respecto a los crímenes antisindicales. Colombia es un país identificado mundialmente como un lugar inseguro para ejercer la profesión de la docencia en general, pero el riesgo aumenta si se ejerce también el libre derecho de asociación, haciendo parte de un sindicato.

Codhes

Para el caso específico del SUTEV, según la base de datos suministrada por la FECODE, se registran un total de 57 homicidios de docentes sindicalizados entre los años 1986 y 2014, 14 mujeres y 46 hombres. El total de docentes asesinados a nivel nacional en el mismo periodo, según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS/CCJ , 2012), fue de 997. Igualmente, según datos suministrados por el SUTEV, entre 1985 y 2014 el sindicato contabilizó 226 amenazas, 185 desplazamientos forzados y 3 desapariciones forzadas. Es importante destacar que las estadísticas se centran en los homicidios y en las amenazas, por lo cual es una tarea pendiente sistematizar otros tipos de hechos de violencia que han afectado a las personas sindicalizadas, por ejemplo, cuántos sindicalistas fueron desplazados forzosamente, cuántos han sido desaparecidos forzadamente o cuántos están en situación de refugio. Estas categorías deberían incluirse en el Registro Único de Víctimas creado por la Ley 1448, lo que hasta el momento no es posible dado que el formato de inscripción individual no contempla la categoría de sindicalista o familiar de sindicalista para la toma de datos del declarante, sino que a lo sumo pregunta por la pertenencia a una organización social o política, sin que de ello pueda desprenderse claramente cuántos tenían la condición de sindicalista. Sin duda, la ampliación del análisis de la violencia antisindical y de los hechos victimizantes considerados permitiría una mayor comprensión del universo de víctimas pertenecientes a organizaciones sindicales en el total de víctimas. Frente a lo anterior, es importante recordar que a 1 de enero de 2016 se han registrado 7.860.385 víctimas (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2015), las cuales se distribuyen según el hecho victimizante de la siguiente manera:

Tabla 2.

Registro Único de Victimas - victimas por hecho victimizante Hecho

Personas

Abandono o Despojo Forzado de Tierras Acto terrorista/Atentados/Combates/Hostigamientos Amenaza Delitos contra la libertad y la integridad sexual Desaparición forzada Desplazamiento Homicidio Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo Pérdida de Bienes Muebles o Inmuebles Secuestro Sin información Tortura Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes

9.296 88.016 288.204 13.020 160.960 6.646.395 963.949 10.686 102.341 30.653 41 9.795 7.816

Fuente: Registro Único de Victimas. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, fecha de corte 01 – 02 - 2016

La desagregación por departamento se presenta de la siguiente manera:

Tabla 3.

Desagregado por departamento - Personas por ocurrencia y declaración Departamento

Ocurrencia

Amazonas Antioquia Arauca Atlántico Bogotá, D.C. Bolívar Boyacá Caldas Caquetá Casanare Cauca Cesar Choco Córdoba Cundinamarca Guainía Guaviare Huila La Guajira Magdalena Meta Nariño No definido Norte De Santander Putumayo Quindío Risaralda San Andrés, Providencia y Santa Catalina Santander Sucre Tolima Valle Del Cauca Vaupés Vichada

2.538 1.538.879 128.485 24.596 22.877 585.325 38.467 131.585 317.681 61.651 375.458 399.590 380.681 313.928 119.545 6.976 84.218 146.698 140.755 467.566 239.731 407.503 234.419 255.132 243.404 17.967 63.306 72 183.433 255.898 299.901 367.426 9.796 21.751

Declaración

2.339 1.529.354 89.069 210.918 636.824 444.522 36.660 107.530 212.227 61.801 298.353 361.342 230.335 304.065 157.810 9.295 42.537 186.653 147.817 422.980 240.633 367.981 101.967 234.632 147.439 55.773 107.394 235 243.536 315.168 184.280 446.986 6.356 7.036

Fuente: Registro Único de Victimas. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, fecha de corte 01 – 02 - 2016

Codhes

Como se observa en las anteriores cifras, el Valle del Cauca aparece como uno de los departamentos donde más víctimas se presentan (se encuentran en un octavo lugar según ocurrencia del hecho), por lo que teniendo en cuenta que también es el tercer departamento con mayor victimización sindical es de esperar que la población sindicalizada sea un importante porción de la víctimas. Cuando se evalúa según hecho victimizante se encuentra como de los tres hechos victimizantes con mayor frecuencia, en dos de ellos – amenazas y homicidios- los y las sindicalistas han sido reconocidos como una de las poblaciones que más ha sido afectada, lo que hace pensar en la relevancia de incorporar la variable sindical en el Registro Único de Víictimas. Frente al desplazamiento forzado – hecho de victimización con mayor frecuencia de ocurrencia-, es importante destacar que el sector docente ha indicado la necesidad de profundizar en el análisis dado el posible subregistro por el uso de los traslados de docentes como estrategia de defensa frente a este flagelo.

Tabla 4.

Distribución por género victimas Valle del Cauca Valle del Cauca Etnia

Mujer

Hombre

Indígena Ninguna Gitano(a) ROM Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia Negro(a) o Afrocolombiano(a) Palenquero Total Total víctimas en el departamento

2.225 126.227 352 548 58.183 53 187.588 367.426

2.078 126.247 312 681 50.030 73 179.421

LGBTI

No Informa

1 41 19 61

22 2.008 3 35 552 2 2622

Fuente: Registro Único de Victimas. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, fecha de corte 01 – 02 - 2016

Según el registro para el Valle del Cauca, se encuentra que las mujeres constituyen al menos el 50,7% de las víctimas, con una afectación importante en la población de mujeres afrodescendientes, que representan el 31% del total de mujeres víctimas en el departamento, lo que denota el fuerte impacto del conflicto en las mujeres del Valle y que puede estar correlacionado al ejercicio sindical y docente. Por supuesto, como se mencionó con anterioridad, aún es preciso esclarecer a profundidad cuántas de las personas registradas en el RUV ostentan u ostentaron la calidad de sindicalista o familiar de sindicalistas, así como cuánto del total de la victimización del movimiento sindical obedece a circunstancia ocurridas con “ocasión del conflicto”, según la terminología usada por la Ley 1448 de 2011. En efecto, uno de los grandes obstáculos tiene que ver con el alto grado de impunidad de los crímenes cometidos contra sindicalistas y la falta de claridad sobre las circunstancias que rodearon la victimización. Tal como lo destaca el PNUD (2011), la Escuela Nacional Sindical (2012) y Dejusticia (2010), el desconocimiento de los móviles y autores de la violencia ejercida contra los sindicalistas es uno de los principales obstáculos para caracterizar adecuadamente esta violencia.

Tabla 5.

Registros de asesinatos sindicalistas según presuntos autores 1986 - 2010 Autor

Paramilitares Delincuencia común Empleador Guerrilla No identificado Organismos estatales Sin datos Total

Asesinatos

439 25 2 145 14 55 2.207 2.887

15,2 0,9 0,1 5,0 0,5 1,9 76,4 100

Fuente: (ENS/CCJ, 2012)

Nota: la categoría No identificado hace referencia a eventos atribuidos presumiblemente a grupos armados, sobre los cuales no se tiene mayor claridad.

Como se evidencia en el anterior gráfico, según los datos de la Escuela Nacional Sindical para un porcentaje del 76,4% no se presentan datos claros sobre la autoría de los crímenes contra los sindicalistas, pero también se evidencia que en aquellos casos donde se puede identificar al autor un porcentaje mínimo es atribuible a la delincuencia común, mientras el gran porcentaje es imputable a alguno de los actores armados que intervienen en el conflicto armado colombiano.

3.1.3. Conflicto armado y Valle del Cauca: Un contexto general En un primer momento hay que destacar cómo una sucesión de violencias de todo tipo marca la evolución de la situación de los derechos humanos en el departamento del Valle del Cauca, de forma especial con los derechos a la vida y la integridad. En efecto, a la violencia partidista de mediados del siglo XX, caracterizada por actos de bandolerismo, siguió la aparición de grupos guerrilleros. Así, en los setenta fue centro de actividad del M-193 y más adelante contó con la presencia de la guerrilla Quintín Lame (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003, pág. 3). 3 Desde sus inicios como movimiento guerrillero, el M-19, estaba asentado en el Valle del Cauca. Luego de la desarticulación de sus estructuras urbanas entre 1979 y 1981, promovió desde el sur el desarrollo de estructuras armadas, en especial en la cordillera occidental, alrededor de Cali y Yumbo, y en la cordillera central en los municipios de Florida, Pradera y Palmira. A partir de 1985 y 1986 el M-19 llevó la guerra a su máximo nivel, a través de numerosos enfrentamientos directos que pretendían debilitar al adversario y extender la lucha armada a las ciudades. El Batallón América del M-19 y su campaña “Paso de Vencedores”, así como los combates en el sector de ladera de Cali, Siloé, muestran un enorme esfuerzo bélico de esta guerrilla por dar saltos cualitativos en la guerra. Este esfuerzo del M-19, posiblemente enfocado hacia la promoción de una insurrección, lo agotó. A finales del primer semestre de 1986 el M-19 se replegó a las montañas del Cauca, sus unidades urbanas fueron desarticuladas, su presencia en zonas de importancia económica en el Valle sufrió un duro revés así como el proyecto internacional del Batallón América que formó combatientes para los grupos insurgentes Alfaro Vive Carajo del Ecuador y Tupac Amarú del Perú. Luego de estos eventos, el M-19 encontró limitada su capacidad de expansión, se generó una profunda discusión interna que derivaría años después en su desmovilización (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003).

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Igualmente, en la segunda mitad del siglo XX, a la par del surgimiento del movimiento guerrillero M-19, que fue copando la Cordillera Occidental y los cascos urbanos de Cali y Yumbo, así como la Cordillera Central, particularmente los municipios de Pradera y Florida, se produjo la consolidación de los carteles del narcotráfico, el de Cali y el del Norte del Valle, a partir de la década de 1970 (Nuñez, 2007, pág. 4). El proceso de desmovilización del M-19, a partir de 1989, no se reflejó en una disminución sustancial de la violencia en el departamento durante la década de 1990, entre otras razones porque otros grupos guerrilleros, como el ELN y las Farc, incrementaron su presencia y acción armada. También por la acción criminal de agrupaciones como “Cali Limpia” y “Palmira Eficiente”, que cometieron múltiples asesinatos selectivos y masacres en nombre de la llamada limpieza social y en pro de la “mejora” de la seguridad. La expansión del narcotráfico a lo largo del departamento también fue determinante en la espiral violenta de la década de 1990, entre otras razones por las recurrentes disputas con competidores del negocio, como el cartel de Medellín (Nuñez, 2007, pág. 4). En la década de 1990, la persecución a los grandes capos del Cartel de Cali, impulsada por el Proceso 8000 y el reacomodo de los carteles del norte del Valle, llevó a un enfrentamiento entre los mandos medios que buscaban llenar el vacío dejado por sus antiguos jefes. Al tiempo que se daba este reacomodamiento de poder dentro de los grupos del narcotráfico, se presentaba una escalada militar del ELN y las Farc4, que favoreció la alianza entre grupos paramilitares, narcotraficantes y elites urbanas y rurales (Nuñez, 2007, pág. 7). En ese orden de ideas, las Farc tienen presencia en el Valle del Cauca desde la década de 1970. Esa presencia ha sido más relevante en municipios de la Cordillera Central, como Buga, Palmira, Florida5 y Pradera, que limitan con las zonas históricas de las Farc en Tolima (Marquetalia) y Cauca (Río Chiquito). Sin embargo, sus acciones fueron restringidas, puesto que consideraban este territorio como zona de descanso. En la década de 1980, las Farc crearon el frente 30, con influencia en Buenaventura y sus alrededores, y en la de 1990, el frente 6, con base en Cauca, que luego amplió su radio de acción y del que surgió el frente urbano Manuel Cepeda, lo que le permitió intensificar su accionar en el departamento del Valle6 (Nuñez, 2007, pág. 5).

4 Los resultados de las acciones guerrilleras derivaron, a partir de 1998, en el retiro de las estaciones de Policía de Cumbarco, Barragán, La Marina y Cisneros así como la destrucción de las estaciones de Calima-Darién en el occidente, y daños a las de Pradera, Caicedonia y Tuluá. Aunque de ninguna cabecera municipal la Policía se ausentó de manera definitiva, en un importante número de inspecciones y corregimientos los puestos de policía fueron retirados lo que permitió la ampliación del dominio rural de los actores organizados (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003). 5 Esta zona, que históricamente ha sido de gran importancia para el grupo guerrillero, se ha convertido en una de las principales zonas de retaguardia de las FARC, ya que le permite asegurar la movilidad hacia el Pacífico, clave para el tráfico de drogas y armas, así como recuperar la comunicación con lugares estratégicos de asentamiento como el sur de Tolima y Huila (FIP, 2015). 6 Este crecimiento de las guerrillas, principalmente de las Farc, coincidió con el temporal debilitamiento del Cartel de Cali, la redefinición de estrategias y la determinación de copar el Pacifico y garantizar corredores hacia esa zona. Esta actividad conllevó la desaparición del Movimiento Jaime Bateman Cayón, que operó como una pequeña disidencia del M-19 y que fue debilitado por el Ejército Nacional después de una operación militar en Caicedonia en la que murió su comandante “alias Rommel” y su militancia fue luego absorbida por las Farc. (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003).

Igualmente, el ELN tiene presencia en el departamento del Valle del Cauca desde la década de 1980, con el frente Luis Carlos Cárdenas, que se estableció sobre la Cordillera Occidental y también con comandos urbanos, responsables, en buena medida, del incremento del secuestro urbano en el departamento. Con la arremetida paramilitar durante los primeros años de esta década, el ELN redefinió su estrategia, fortaleciendo la acción del frente urbano Omaira Montoya, y creando el frente José María Becerra. Las acciones del ELN se vieron disminuidas a partir del año 2000, como consecuencia de la disputa con los paramilitares y la arremetida de las Fuerzas Armadas (Nuñez, 2007, pág. 6). Por su parte, con la presencia del Bloque Calima al Valle de Cauca, se produciría una consolidación de los paramilitares7 en 1999 y 2000, que se reflejó en el aumento del número de municipios en disputa armada, el incremento del homicidio y del desplazamiento. A la par del ingreso paramilitar se registró un fuerte descenso del secuestro, actividad preponderante de las Farc y el ELN (Nuñez, 2007, pág. 2). El incremento de la presencia paramilitar en el Valle del Cauca hacia finales de los 90 llevó a una movilización de tropas de las Farc, que incrementó su pie de fuerza expandiendo los frentes que tenían influencia sobre el Valle y operaban desde el Cauca y Tolima, así como sus estructuras móviles, particularmente en Buenaventura, los Farallones y en la zona de acción de la estructura urbana Manuel Cepeda (Nuñez, 2007, pág. 5). Para el momento de la desmovilización paramilitar, el Bloque Calima estaba dividido en seis frentes: Central, Cacique Calarcá, La Buitrera, Pacífico, Yumbo y Farallones. Ahora bien, con estas desmovilizaciones no se consiguieron los resultados esperados, dado que se incrementó el accionar de los grupos narcotraficantes, que crearon sus propias estructuras armadas, en parte integradas por algunos de los paramilitares desmovilizados. Así, surgen dos grupos de seguridad al servicio del narcotráfico: “Los Rastrojos” y “Los Machos”. Esta alianza macabra dio lugar a nuevas masacres, esta vez a causa de las disputas del narcotráfico durante el período 2003-2005 y con más fuerza en los años 2008 y 2009. “Los Rastrojos” y “Los Machos” se encargaban de los ajustes de cuentas que ordenaban sus financiadores Wilber Varela (“Jabón”) y Don Diego. Como consecuencia de este accionar delictivo se incrementaron los niveles de homicidios y masacres en los municipios del norte del Valle del Cauca. Tras la captura de Don Diego la guerra entre “Los Rastrojos” y “Los Machos” no sólo tiene por objetivo el exterminio de unos y otros, sino también el apoderamiento de cultivos ilícitos y rutas del narcotráfico en el norte del Valle. A su vez, se presentan enfrentamientos con otros grupos armados como “Las Águilas Negras” (grupo delincuencial conformado por ex-paramilitares) y también con las guerrillas (Acosta Oidor, 2012). Fue así como a finales de la década de 1990 y comienzos de la siguiente, el Valle del Cauca fue un territorio en guerra. En 2000 y 2001 las cifras indican que el departamento era un territorio de confrontación. En esos dos años, el 70% de los municipios registró o bien presencia dominante de algún actor ilegal o bien disputa entre ellos; en 2002 y 2003 ello 7 La aparición de las autodefensas en el Valle del Cauca en 1999 con el bloque Calima, grupo de justicia privada o paramilitar, y su expansión a lo largo de los años subsiguientes, no es sólo el producto de una reacción por las acciones militares de la guerrilla como la toma masiva de rehenes llevada a cabo por el Eln. Es, ante todo, el lógico resultado de una compleja estrategia de posicionamiento de las nuevas elites del Valle y la necesidad de garantizar los canales de sus principales fuentes de financiación, tanto legales como ilegales. (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003).

Codhes

ocurrió al menos en 43% de los municipios; y en 2004 y 2005 el fenómeno ocurrió en una tercera parte de los municipios del Valle. Sólo hasta 2005 la guerra cedió, ese año el 71% de los municipios del departamento no registró presencia dominante o disputa de ilegales (Nuñez, 2007, pág. 15). Por su parte, la actividad del Estado en el enfrentamiento de los actores armados ilegales y sus violencias en el Valle del Cauca da un salto en el año 2000 con un aumento de la iniciativa del Ejército, mientras que hasta 1999 había estado en cabeza de la guerrilla. Además, la actividad armada del ejército en la región pasó de ser básicamente reactiva a mostrar operativos desplegados a lo largo del año 2002 en la parte alta de Tuluá, en la cordillera central, y el desarrollo de propósitos estratégicos encaminados a disminuir la capacidad bélica de los frentes de la guerrilla allí instalados (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003). Por lo anterior, para la primera mitad de la década del 2000, cruzado por las actividades de narcotráfico, el Valle es epicentro del enfrentamiento entre guerrillas y paramilitares, así como de la acción militar de la Fuerza Pública (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003). En este contexto, de acuerdo con el Observatorio de Conflicto Armado de la Corporación Arco Iris (OCA), el análisis de las dinámicas del conflicto armado en el departamento del Valle del Cauca debe hacerse teniendo en cuenta sus características geográficas y la división del mismo en regiones: el norte con presencia predominante de grupos del narcotráfico y paramilitares; el centro, donde confluyen la presencia armada de las Farc, el ELN y grupos paramilitares; el sur, con presencia mayoritaria de las Farc y el ELN; y el occidente, el Pacífico, Buenaventura, con un territorio selvático y montañoso, tiene presencia de disputa violenta entre diferentes actores armados (Nuñez, 2007, pág. 3). Geográficamente, Cali, la capital del departamento, está ubicada en la zona central y abarca los Farallones de Cali, zona montañosa que colinda con la zona selvática del Pacífico, lo que ha influido en la presencia y dinámica del conflicto de los actores armados ilegales y en el tráfico de drogas. Tuluá, otro de los centros urbanos del departamento, comprende dentro de su territorio el parque nacional de las Hermosas, que colinda con una zona histórica de las Farc en el Tolima. En la zona sur, el municipio de Florida, a través del Páramo de Tinajas, se conecta con Río Chiquito, en el Cauca, otra zona que históricamente ha sido de presencia guerrillera8 (Nuñez, 2007, pág. 3).

8 Las características naturales y geográficas del Valle del Cauca resultan determinantes para entender el conflicto. En Buenaventura, el municipio más extenso y puerto más importante de Colombia en el Pacífico, sus amplias zonas selváticas y montañosas determinan la importancia y evolución del conflicto. Una situación geográfica particular tiene Cali, pues abarca zonas desde 995 m.s.n.m. hasta 4200 m.s.n.m. en los Farallones, lo que al colindar con las zonas selváticas del Pacífico lo hace un municipio susceptible del desarrollo de actividades de grupos irregulares. Una situación similar se presenta en Tuluá́, cuyo casco urbano está ubicado a 993 m.s.n.m. y comprende dentro de su territorio los páramos de Barragán y Santa Lucía y parte importante del Parque Nacional de Las Hermosas con 125.000 hectáreas, este último vinculado naturalmente al sur del Tolima, zona histórica de las Farc (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003).

Lo anterior pone de relieve las complejas manifestaciones que ha tenido el conflicto armado en el Valle del Cauca, evidenciándose por una parte cómo en este departamento han hecho presencia prácticamente todos los grupos armados que participan en la confrontación, quienes se disputaron el control territorial de la región, pero además hay que considerar como una variable importante la presencia del narcotráfico, que creó sus propias estructuras armadas y buscó también ganar el control de corredores estratégicos para este tipo de negocio. Por supuesto, desde un análisis temporal esto implica tomar en cuenta la evolución del conflicto y las estrategias utilizadas por los distintos grupos armados presentes en el territorio, con ofensivas, repliegues, cambios de mando, de estrategias de guerra, etc. Esto también influye en la violencia antisindical contra el sector docente, en especial por el papel jugado por el sindicalismo como actor político de la democracia y la función social del/a docente en las comunidades.

3.2. Periodización de la violencia antisindical del SUTEV A partir del ejercicio de línea de tiempo realizado durante los talleres con los/as docentes, y después de sistematizar la información correspondiente en una única línea, se identificaron al menos cuatro períodos que se pueden entrecruzar con los elementos vistos anteriormente en el contexto nacional y regional. Un primer elemento a precisar es aquel que configura los antecedentes que preceden la conformación del SUTEV, período comprendido entre 1938 y 1983.

Ilustración 3.

Antecedentes del SUTEV

1950 1938 Creación Asociación Departamental de Maestros del Valle - ADEMVALLE

Creación del Sindicato CENEDUCADORES

1959 1958 Creación de Federación Colombiana de Educadores - FECODE

Creación del Sindicato UMAVALCA

1967 1962 Creación del Sindicato ACPES - Valle

Marcha del Hambre

1982 1979 Estatuto Docente Decreto 2277

Movimiento Pedagógico Nacional

1983 Proceso de negociación de la unidad sindical en el Valle

ANTECEDENTES SUTEV

Fuente: Sistematización de talleres de memoria con SUTEV. Elaboración propia CODHES 2015

Codhes

Ilustración 4.

Línea de tiempo memoria del SUTEV

2007

1984

1986

Creación del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle - SUTEV

Asesinato de Ovidio Estrada

1994

2006

Ley 115 de Educación General

Amenazas a Luis Graciela Granja

1987

2000

Desaparición de Olga Bernal y Pablo Caicedo

Creación de la escuela sindical

Conformación del SUTEV y violencia antisindical

Narcotráfico – inicios del paramilitarismo

2001

2004

Ley 715 y Decreto 1258

Asesinato de Jorge Eliecer Valencia – Sutev Tuluá

Consolidación paramilitar

Asesinato de Mercedes Restrepo

2014 2009

2013

Asesinato de Rosibel Zapata

Inicio de construcción Creación de nueva sede del Decreto de SUTEV amenazados y desplazados

Desmovilización fallida y violencia de grupos posdesmovilización

Asesinato en Asesinato de Cali del Senador Jaime Garzón Eusebio Muñoz Perea

Desmovilización Toma y retoma del M-19 del Palacio de Justicia

1984 a 1987

1985

Masacre de Trujillo, Valle

1986

Asesinato de Jaime Pardo Leal

1987

Primera elección popular de Alcaldes

1988

Asesinato de Bombardeo José Antequera de Casa Verde

Asesinato de Luis Carlos Galán

1989

Diálogos del Caguán

Asamblea Nacional Constituyente

Asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, Bernando Jaramillo Osa

1990

Asesinato de esposos Grisales

1998

Constitución Nacional

Privatización de Puertos de Colombia

Asesinato de Álvaro Gómez Hurtado

1992

1991

Ley 70 para comunidades negras

Secuestro de 150 personas en la iglesia La María

1999

Masacre del Naya

Aprobación Plan Colombia

Secuestro de los Diputados

2001

Masacre de Sevilla

1997

1993

2002

Masacre de Bojayá

2004

Asesinato de los Diputados

Ley de Víctimas y restitución

2007

2010

Inicio diálogos en La Habana

2012

Fuente: Sistematización de talleres de memoria con SUTEV. Elaboración propia CODHES 2015.

Codhes

Durante los talleres, un punto común entre las participantes fue recordar los hechos que dieron el origen a lo que hoy es el sindicato. En la memoria de las docentes siempre estuvo presente la unificación de SUTEV a partir de la existencia de tres sindicatos de maestros: CENEDUCADORES (fundado en 1950 y de orientación conservadora y clerical), UMAVALCA (creado en 1959, de tendencia liberal) y, ACPES (que crea su filial en el Valle en 1962). Este proceso de unificación se cruza con varios hechos importantes para el magisterio colombiano y que tienen eco en la memoria de las docentes, como son: la creación de FECODE en 1958; la Marcha del Hambre en 1967, realizada por los maestros y maestras del Magdalena; la promulgación del Estatuto Docente (Decreto 2277 de 1979) y en 1982 la creación del Movimiento Pedagógico Nacional. Los hechos que se reportan al sistematizar las narraciones hechas por las maestras en los talleres9 con respecto al contexto sociopolítico que vivía el país en ese momento, tienen una estrecha relación con las violencias perpetuadas por los diversos actores armados del momento. Es así como podemos identificar: Ver Ilustración 4. Línea de tiempo memoria del SUTEV

3.2.1. Conformación del SUTEV y violencia antisindical Este período está comprendido entre 1984 y 1990. En él se pueden evidenciar dos elementos, de un lado, la unificación, conformación y consolidación del SUTEV como sindicato departamental, y del otro, los primeros actos de violencia contra miembros de la organización sindical y los asesinatos sistemáticos y selectivos de líderes sociales y políticos de izquierda. Sobre la conformación del SUTEV se señala como el resultado de la unificación de los tres sindicatos mencionados con anterioridad, como consecuencia de la necesidad de fortalecer los reclamos colectivos y de la decisión política de la FECODE de lograr la unificación del magisterio ante los cambios normativos de la época. Así, el 8 de abril de 1983 se aprueba la creación del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca y es reconocido por el Ministerio de Trabajo mediante resolución 1891 de 1984. Una vez formado, el SUTEV tomó parte activa en el trabajo del magisterio a nivel nacional y en la formación de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores). En el año 1986 el SUTEV llevó a cabo su primer paro como organización sindical, lo que sirvió para consolidarse como sindicato e ir logrando así sus primeras metas de reivindicación económica, prestacional, salarial, profesional y pedagógica (Alba, Bonilla y Ramón, 2015, pág. 28-29).

9 La sistematización de los talleres contó con el apoyo de los estudiantes de la Universidad Javeriana Nicolás Alba Bernal, Nicolás Bonilla Galán y Mónica Ramón Rodríguez como parte de su práctica en CODHES durante segundo semestre de 2015. Apartes de su informe final de investigación son utilizados en este documento.

Una de las docentes recuerda el proceso así: “Vimos que la lucha entre sindicatos no tenía razón de ser. En 1977, 1978 ya comenzamos a vernos como amigos y compañeros, lo que realmente somos (…), en todo el cuento de la división que nos tenían alrededor de la paridad y el frente nacional y comenzamos a caminar juntos hasta que finalmente, en el 84 se constituyó el SUTEV. El sindicato es el resultado de una pelea muy dura” Desde sus inicios el SUTEV tuvo una fuerte relación con el movimiento organizativo existente en ese momento en el sector público del país, de tal forma que el sindicato nació como una organización regional con presencia en los diferentes municipios y con una dinámica política similar a la que se estaba dando en ese momento a nivel nacional. La primera gran movilización del SUTEV se realizó en 1986, su importancia radicó por un lado en la construcción de identidad alrededor de objetivos comunes y, por el otro, en el logro de mejores condiciones laborales de los/as maestros/as. Las maestras recuerdan que fue en la década de 1980 cuando comenzaron los diálogos con los grupos insurgentes y la expansión territorial de las mismas, lo cual dio pie a que en lugares como Buenaventura surgiera una problemática relacionada con el contrabando y el narcotráfico, lo que “aportó muertos y desaparecidos al movimiento sindical” como consecuencia de sus denuncias. Igualmente, hicieron énfasis en la fortaleza que tomaron en ese entonces los movimientos sociales y estudiantiles que respaldaba el movimiento sindical, que permitió alianzas para la acción y movilización, lo cual fue visto como un peligro por algunos sectores de la política tradicional y por los grupos armados ilegales, y convirtió tanto al sindicato como al movimiento estudiantil en blanco de estos grupos. En 1986 se produce el asesinato del líder y dirigente sindical Ovidio Estrada, quien perteneció a la directiva del SUTEV en el municipio de Toro y a la directiva departamental. Según la información existente el asesinato fue cometido por agentes del Estado. Una de las docentes participante en los talleres indicó: “En 1987 hay un punto de quiebre que tiene que ver con el contexto nacional y es que se rompe la tregua [se refiere a la tregua entre el gobierno colombiano y las guerrillas del M-19 y las Farc], se rompen los diálogos y se viene una ofensiva total contra la izquierda”. Debido a sus posturas políticas de izquierda al sindicato se le empieza a identificar como un actor que se opone al sistema y que “apoya la lucha armada”. En ese sentido, se produce todo un trabajo de estigmatización hacia el movimiento sindical y de persecución política y social. Las maestras recuerdan que a mediados de esta década se comienza a sentir una victimización sistemática hacia los sindicalistas, incluyendo homicidios y desapariciones. Si bien el Valle del Cauca no es uno de los departamentos en los que más movilizaciones sindicales se presentan, sí es uno de los que más organizado tiene el sindicato de educadores, por lo que las persecuciones van dirigidas a debilitar tanto al movimiento magisterial como la influencia política que el sindicato pueda llegar a tener. La persecución también se relacionó con el liderazgo e influencia que el maestro ejerció sobre sus estudiantes y los movimientos estudiantiles que surgieron en la época.

Codhes

Se considera entonces, por parte de las maestras, que la principal causa de la violencia antisindical durante este período está relaciona con la estigmatización que se hizo de los sindicalistas al tildarlos de aliados de las guerrillas, para frenar la movilización social y justificar la violencia contra ellos.

3.2.2. Narcotráfico e inicio del paramilitarismo El auge y fragmentación de los carteles del narcotráfico, como se vio en el apartado anterior, tuvo impactos en la vida nacional y en particular en el Valle del Cauca. Esto se sumó a un momento de coexistencia de los grupos guerrilleros y la expansión del paramilitarismo. Durante este período se mantuvieron los asesinatos selectivos, las amenazas y se presentó con mayor fuerza el desplazamiento forzado. Durante los 90 se presentó el mayor número de asesinatos contra docentes sindicalizados. Según datos de la ENS, entre 1990 y 1999 se presentaron 395, una tercera parte del total de los reportados a 2010. Durante esta época las organizaciones narcotraficantes organizaron brazos armados que se encargaron de hacer cumplir las órdenes de sus jefes mediante la instauración de la violencia. Entre estas acciones violentas se destaca la masacre de Sevilla, que las participantes de los talleres recordaron de forma recurrente como un evento importante en la historia de la victimización en el departamento. Dentro de los aspectos importantes de la vida del magisterio se reseñó la expedición de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, la cual fue recordada por las mujeres que participaron en los talleres por los avances logrados en la prestación del servicio educativo. A su vez, se hizo un reconocimiento a la consecución de la Ley 70 de 1993 para las comunidades afrodescendientes debido, como ellas argumentaron, a la “unión social en busca del respeto y cumplimiento de los derechos” para esta población. Pero contrastaron lo anterior con el auge de las políticas neoliberales que debilitaron el sector público, que a largo plazo desincentivarían la sindicalización y reducirían los logros del magisterio. Este fue el período donde más movilizaciones sociales se presentaron, así como en el que existe una mayor cantidad de hechos victimizantes contra el movimiento sindical. En este mismo período el movimiento sindical decide participar en política, a través de distintos movimiento políticos, entre ellos el Movimiento Educación, Trabajo y Cambio Social (Alba, Bonilla y Ramón, 2015, pág. 50).

3.2.3. Consolidación paramilitar. Comprende desde finales de los 90’s hasta 2005 Para las docentes existe una clara relación entre las dinámicas de los actores armados y los hechos victimizantes contra los sindicalistas, por cuanto son líderes sociales que denuncian y se oponen abiertamente a las actividades ilegales. Además son considerados como “subversivos” que deben ser eliminados por su labor de oposición a los distintos gobiernos (local, departamental y nacional).

En los talleres, las sindicalistas refieren un aumento en la estigmatización de la labor sindical durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien desde sus inicios tildó al movimiento de guerrillero y de tener alianzas con ellos. De acuerdo a las participantes, esto generó un rechazo al sindicalismo y un aumento en la persecución y las amenazas a los miembros del movimiento. Muchas de las participantes recordaron cómo ellas mismas, o compañeras y compañeros, fueron víctimas directas de la violencia, habiendo sido desplazadas, amenazadas e incluso perseguidas por instituciones del Estado y por organizaciones al margen de la ley, aunque cabe indicar que las víctimas hicieron poca referencia a los actores responsables de los hechos, presumiblemente por temor. Sin embargo, de acuerdo a las cifras, la mayoría de las veces los presuntos victimarios fueron los paramilitares. Las desapariciones forzadas también fueron recordadas aunque no se profundizó en ellas, pues en muchos de los casos hay un gran desconocimiento de los hechos ocurridos. En cuanto al desplazamiento, además de los casos particulares que fueron narrados, se recuerda que a principios del 2000 hubo un desplazamiento forzado exclusivamente de maestros propiciado por los grupos armados ilegales (Alba, Bonilla y Ramón, 2015, pág. 51 -52).

3.2.4. Desmovilización fallida y violencia de grupos posdesmovilización10 Fue durante este período cuando las acciones de amenazas cobraron especial fuerza, y si bien las demás acciones violentas antisindicales no han desaparecido, se comienza a ver la amenaza como una de las principales estrategias usadas durante este periodo. El año 2005 fue precedido de una serie de desapariciones forzadas y asesinatos selectivos en toda la región del Valle del Cauca, pero es a partir de este punto donde comienza a sobresalir la acción de amenaza apoyada en otras acciones violentas como medio para lograr el desplazamiento de sujetos particulares o poblaciones completas en algunas zonas de esta región. Cabe mencionar que en estas áreas comenzaron a aparecer las llamadas “fronteras invisibles”11, como producto de las “casas de pique”12 y de algunos otros actos de violencia claramente conocidos por la población civil de las diferentes regiones del Valle del Cauca. Dichos elementos y antecedentes le dan más fuerza y credibilidad a las amenazas que recibían las personas afectadas por estos delitos. Esto se identifica en todas las subregiones donde se realizaron los talleres e incluyen desde amenazas generalizadas contra la organización sindical hasta amenazas concretas realizadas 10 Para CODHES los grupos posdemovilización son los grupos armados que se conformaron posterior al proceso de desmovilización al que se refiere la Ley 975 de 2005, a partir de miembros desmovilizados, de miembros que nunca decidieron desmovilizarse o de estructuras mixtas entre diferentes grupos armados. El término pos desmovilización hace referencia a un momento en el tiempo en que se reconfigura el conflicto armado en Colombia. (CODHES, 2013, pág. 5). 11 Este concepto se ha utilizado en ciudades o en zonas en tiempos de violencia urbana a veces delimita el espacio público transitable por un grupo armado dominante. También se puede definir como el límite establecido por grupos con el fin de establecer dominios sobre un territorio en especial. 12 Esta expresión fue acuñada para designar a algunas casas en las cuales se practicaron torturas, especialmente desmembramientos, y otras violaciones a los derechos humanos.

Codhes

tanto de manera anónima como por parte de grupos al margen de la ley, como “las Águilas Negras” o “los Rastrojos”, lo que en muchos casos terminó generando el desplazamiento de los amenazados y en algunos otros casos, incluso atentados. En los talleres también se reportó un aumento en el número de amenazas alrededor de las movilizaciones y las protestas realizadas, tales como las desarrolladas contra el TLC con Estados Unidos, las políticas estatales con respecto al SENA, las participaciones en paros nacionales, entre otras, donde siempre se realizaba la amenaza bajo la razón de la labor sindical. Incluso en repetidas ocasiones en los talleres se mencionó: “fui amenazada y sufrí atentado sindical”, “se dieron amenazas contra la organización sindical”, “mi esposo estaba en situación de riesgo”, “estoy amenazada por el grupo los Rastrojos”, etc. Para las maestras estas amenazas son graves, ya que atentan contra una organización y un grupo de personas determinado, quienes tienen una labor conjunta o en común y son objetivo de acciones de este tipo por el hecho de pertenecer a dicha organización. En un ámbito más general también se identifica el miedo a asistir a las marchas, miedo a la protesta y una clara presión a la libertad sindical. Una de las participantes de Cartago recordó que el año 2008 fue el año en el que más amenazas recibieron en la casa del SUTEV del municipio. Otra hizo alusión a una de las luchas que libraron cuando cerraron algunas sedes de instituciones educativas en el departamento, y recordó que a causa de eso corrieron muchos riesgos y comenzaron a recibir panfletos para que dejaran de hacer las denuncias. En el mismo sentido las docentes expresaron que el decreto 1782 de 201313 del Ministerio de Educación debe proteger a los sindicalistas amenazados. Sin embargo, las participantes afirmaron que en el protocolo de éste la mayoría de las amenazas son evaluadas como ordinarias, lo que significa que al docente lo devuelven al lugar en el que está trabajando sin importar los riesgos que corra. Por esto, una docente dijo que “estar amenazado no es fácil, es estar doblemente victimizado”. Y para complejizar aún más la situación de victimización, las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los/as maestros/as amenazados/ as no inspiran ninguna confianza en los/as sindicalistas, pues muchas veces han estado relacionados con hechos victimizantes en contra del magisterio (Alba, Bonilla y Ramón, 2015, pág. 55-56). Un elemento interesante como parte del ejercicio de memoria histórica colectiva es que, si bien a lo largo de los períodos se identificaron varios asesinatos de líderes sociales y políticos reconocidos de la vida pública, sin embargo, no afloraron de la misma manera todos los compañeros/as pertenecientes a la organización sindical que también fueron asesinados. A continuación presentamos un consolidado de los/as docentes asesinados/as pertenecientes a SUTEV desde 1986.

13 Por el cual se reglamenta lo traslados por razones de seguridad de educadores oficiales de las entidades territoriales certificadas en educación y se dictan otras disposiciones.

Tabla 6.

Registro de asesinatos de docentes sindicalistas de SUTEV 1986 - 2015 No.

Fecha DD/MM/AAAA

Nombres

Apellidos

Sexo F

M X

Municipio

Observaciones

TORO

Profesor del Instituto Técnico Agrícola en el municipio de Toro, asesinado en ese municipio. Gran líder y activista sindical, fue presidente de la Subdirectiva de Toro, perteneció a la primera directiva departamental del SUTEV. Asesinado por agentes del Estado. Asesinada por sicarios.

30/08/1986

OVIDIO

ESTRADA

07/03/1988

ESPERANZA

GARCÉS RUBIO

TULUA

20/05/1988

JULIO CÉSAR

GUTIÉRREZ ROJAS

BOLÍVAR

01/07/1988

OLGA ESTHER

BERNAL DUEÑAS

CALI

04/07/1988

EDGAR JHON

VEGA PINO

CARTAGO

18/09/1988

EDWIN ENRIQUE

GARCÉS C.

CALI

28/05/1989

LUIS ALBERTO

CÓRDOBA RIVERA

CALI

07/08/1989

LEONEL

GARCIA RESTREPO

TRUJILLO

20/09/1989

RICAURTE

CUARTAS RAMIREZ

CAICEDONIA

25/07/1991

JOSE EUTIQUI

MURCIMURCIA RAMIREZ

TULUA

Docente del Distrito No 5 en el municipio de Tuluá.

09/11/1991

DIEGO

AGUADELO

TORO

Docente del Instituto Técnico del municipio de Toro. Fue asesinado en sus lugar de residencia.

20/01/1992

CESAR

LEDESMA

CALI

Asesinado en Cali.

24/01/1992

CARLOS

CALDERON

CALI

Profesor del Colegio José Holguín Garcés de Cali, asesinado en Cali.

28/05/1992

FREDDY

HERRERA MARTINEZ

ZARZAL

Docente de la Normal Nuestra Señora de las Mercedes, en el municipio de Zarzal.

Asesinado por sicarios. Docente desaparecida el 7 de enero en el departamento del Valle; también fue asesinado su compañero DANIS SILVA. Educadora egresada de la Normal de Guacari, licenciada en Educación y Contaduría, realizaba sus estudios de economía en la Universidad del Valle. Docente y luchadora social del municipio de Yumbo, fue detenida y desaparecida el 7 de enero de 1988 por miembros del F2 (Organismo del Estado). Asesinado por sicarios. Asesinado por sicarios. Asesinado por sicarios. Laboraba en la concentración agrícola Manuel María Mallarino, en el Municipio de Trujillo. Fue asesinado en la mencionada concentración de 3 disparos de pistola a quemarropa y por la espalda, en presencia del hijo de 9 años. Miembro de la Subdirectiva, fiscal de Caicedonia, asesinado cuando salía de presidir la Asamblea Municipal. Laboraba en el Colegio José Eusebio Caro.

Codhes

No.

Fecha DD/MM/AAAA

Nombres

Apellidos

Sexo F

Municipio

Observaciones

05/06/1992

OSCAR

MOLANO

CALI

Fue asesinado en su vivienda del barrio el Vallado en Cali, era licenciado en Literatura e Idiomas del Colegio Cooperativo Pedro Antonio Molina.

09/01/1993

NELLY

RIVAS SOTO

CALI

Asesinado en Cali.

18/05/1993

EDGAR

OCAMPO GOMEZ

EL CAIRO

Docente del Colegio Gilberto Álzate Avendaño, municipio del Cairo.

24/06/1993

ALVARO

CABRERA

CALI

Supervisor del municipio de Cali desaparecido desde el 24 de junio.

26/06/1993

CARLOS

MURILLO

CALI

Asesinado en un centro nocturno de la ciudad de Cali. Fue presidente en dos ocasiones. Además fue fiscal y tesorero de la organización sindical, SUTEV. Sus familiares afirman que no había sido amenazado.

26/06/1993

PEDRO JOSE

PELAEZ

CALI

Asesinado en Cali.

16/09/1997

MARIA ANTONIA

CARDENAS

BUENAVENTURA

Directora del Liceo Femenino del Pacífico de Buenaventura. Asesinada hacia las 7 de la noche en las instalaciones del colegio.

24/03/1999

ALVARO

ZAPATA ROJAS

SEVILLA

Docente de Sevilla – Valle. Trabajó en la Institución Educativa “General Santander”. Asesinado en el aula de clases, frente a sus alumnos, por la Farc. Su muerte se encuentra en la impunidad. La investigación de la Fiscalía no arrojó resultado.

10/03/2001

ANA RUBY

ORREGO

YOTOCO

Directora de Núcleo Desarrollo Educativo del Distrito 04 de Buga, ejerciendo funciones como Secretaria de Educación.

07/07/2001

GERMAN

CARVAJAL RUIZ

OBANDO

Fue asesinado cuando salía del Colegio San José, Municipio de Obando. Era el presidente de la Subdirectiva del SUTEV en Obando. Llegó al Valle del Cauca trasladado de Florencia (Caquetá) por amenazas de las A.U.C. Allí era directivo del sindicato de maestros del Caquetá. Se destacó por su activismo sindical.

25/08/2001

VICTOR MANUEL

CRUZ DIA

CALI

Licenciado en el Área de Sociales, profesor de tiempo completo del Colegio Departamental Vicente Borrero Costa, de Cali. Fue secuestrado el 25 de agosto en el Kilómetro 30 de la carretera al mar.

01/03/2002

MARCO ANTONIO

BELTRÁN

PALMIRA

Docente asesinado en zona rural de la vereda de Tenerife, municipio de Palmira, Valle. Líder sindical. Se caracterizó por su permanente activismo. Fue asesinado en presencia de la comunidad educativa.

No.

Fecha DD/MM/AAAA

Nombres

Apellidos

Sexo F

Municipio

Observaciones

19/07/2003

MARÍA DEL SOCORRO

NÚÑEZ

TULÚA

Activista sindical, desarrollaba su labor educativa en Puerto Frazadas, zona rural del municipio de Tuluá. Fue amenazada por grupos al margen de la ley, hecho que denunció ante la Procuraduría, motivo por el cual fue reubicada en zona urbana para trabajar con la comunidad desplazada. La Secretaría de Educación Municipal presionó a la docente a volver a su antiguo lugar de trabajo. Ella, por temor a ser destituida, se vio obligada a regresar a Puerto Frazadas, donde fue asesinada.

30/11/2003

MARÍA MÉLIDA

PÉREZ

SEVILLA

Docente de Sevilla – Valle, trabajó en la Institución Educativa “Sevilla”. Asesinada en su residencia por motivos personales. Fueron capturados los autores y condenados a 33 años el autor intelectual y los autores materiales a 32 años.

21/08/2004

ELIECER

VALENCIA OVIEDO

TULÚA

06/12/2004

HÉCTOR

TELLEZ ALZATE

TULÚA

27/01/2005

FRANCISCO LUIS

MONTAÑO

CALI

24/05/2005

MARIA ELENA

DÍAZ

CALI

Profesora de la Institución INEM en Transición. Asesinada por sicarios. Activista, cumplidora de sus tareas Sindicales y populares.

25/11/2005

HILIEL

FERRO BECERRA

PALMIRA

Asesinado a escasos metros de su casa cuando se dirigía a laborar a su institución educativa.

Presidente SUTEV, en El crimen encontraba residencia.

de la Subdirectiva del Tuluá – Valle del Cauca. se perpetró cuando se en el interior de su

Se desempañaba como docente en San José del Guaviare, en donde fue amenazado y se encontraba desplazado en la ciudad de Tuluá. El crimen se perpetró cuando transitaba en una vía pública de la ciudad y fue interceptado por dos sicarios en moto. Docente de la Institución Educativa “Joaquín de Caicedo y Cuero” en el municipio de Cali. El crimen se perpetró a las puertas de la institución educativa. Ocurre en el marco de una investigación interna de reinsertados involucrados en microtráfico. Fue asesinado también un vigilante y amenazados 6 docentes, 1 de ellos se exilió.

Codhes

No.

Fecha DD/MM/AAAA

Nombres

Apellidos

Sexo F

Municipio

Observaciones

23/01/2006

MARIA ISABEL

FUENTES MEJÍA

TULUA

17/07/2006

HERNANDO

MOLINA

CARTAGO

25/07/2006

MARIA LETICIA

GARCES FRANKY

CALI

11/06/2007

MERCEDES CONSUELO

RESTREPO

CARTAGO

08/10/2007

JESUS MARIA

VILLAFAÑE MILLAN

PALMIRA

22/03/2008

JULIO CESAR

TROCHEZ PEÑA

SEVILLA

22/05/2008

MOISÉS DE JESÚS

PÉREZ LÓPEZ

CALI

04/07/2008

OMAR

ARIZA

SEVILLA

13/11/2008

ROBERTO

MORALES

LA UNIÓN

21/03/2009

WUATERLU

ESCOBAR MARIN

CALI

24/03/2009

RAMIRO

CUADRO ROBAYO

RIOFRIO

Laboraba en la institución educativa “Primitivo Crespo” y fue baleado en las afueras de su lugar de residencia en Tuluá, cuando se disponía a desplazarse hacia su sitio de trabajo. El educador llevaba 20 años al servicio de la educación y era un destacado activista sindical. Integrante de la Subdirectiva de Riofrío, seccional del SUTEV. Estaba amenazado. Acompañaba la reclamación de deudas ante el ente territorial Gobernación Valle del Cauca.

05/07/2009

MARAIA ROSABEL

ZAPATA HENAO

CALI

Asesinada por sicarios que ingresaron a las instalaciones de la IE donde laboraba.

16/12/2009

JOSE REINALDO

RUEDA

LA UNION

01/02/2010

NORBERTO

GARCIA QUICENO

TRUJILLO

24/04/2010

JAVIER

ESTRADA

CALI

12/06/2010

MARIA LIGIA

GONZALEZ CASTAÑO

TULUA

Se desempeñaba como docente en la vereda Alto Rocío Tochesito del municipio de Tuluá. Fue asesinada por un grupo armado que irrumpió en la Institución Educativa llevándosela y asesinándola minutos después a tiros de fusil ante la mirada de los estudiantes. Entre ellos estaban sus dos hijos, a los que les tocó presenciar el asesinato de su madre. Ella era licenciada en Español y Literatura y dejó a tres niños menores de edad, uno de ellos con limitaciones físicas. Asesinado por sicarios. Asesinada por sicarios. Integrante de la Subdirectiva de Cartago. Asesinada por sicarios cuando salía de su sitio de trabajo. Asesinado por sicarios. Asesinado por paramilitares. Asesinado por sicarios. Asesinado por sicarios, regresaba de su IE. Asesinado por sicarios.

Asesinado por sicarios. Asesinado por sicarios. Asesinado por sicarios en oscuras circunstancias. Asesinada por sicarios.

cuando

No.

Fecha

Nombres

DD/MM/AAAA

Sexo

Apellidos

Municipio

Observaciones Docente de la IE general Santander. Asesinado por sicarios.

29/05/2011

CARLOS JULIO

GÓMEZ GONZÁLEZ

CALI

11/03/2012

EDGAR

AVELLO VELASQUEZ

TULUA

30/01/2013

ELIZABETH

GUTIERREZ

ZARZAL

13/02/2013

LEONARDO

GARCIA MORERA

BOLIVAR

08/05/2013

FRANCISCO JAVIER

OCAMPO CEPEDA

CALI

12/08/2014

GUSTAVO DE JESÚS

SÁNCHEZ ALVAREZ

CAICEDONIA

00/08/2014

WALTER EIDER

BARRIOS

YOTOCO

Asesinado por sicarios. Asesinado por sicarios. Asesinado por sicarios. Asesinado por sicarios en oscuras circunstancias. Su esposa también docente fue amenazada, igual que su hijo universitario. Asesinado por sicarios. Asesinado por sicarios.

Fuente: Base histórica FECODE. Corte diciembre de 2015.

En el caso de los 56 homicidios reportados por FECODE, 13 son de mujeres y el resto corresponde a hombres, mientras que las acciones se perpetraron en 16 de los 42 municipios del departamento del Valle. Los homicidios desde el año 2000 han tenido una tendencia sostenida hasta 2013, con un promedio de 3 docentes sindicalistas asesinados anualmente.

Ilustración 5.

Docentes sindicalizados SUTEV asesinados por año

6 5 4 3 2 1

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

Fuente: Base histórica FECODE. Corte diciembre de 2015. Elaboración propia CODHES.

Codhes

Los datos demuestran que la violencia antisindical se ha concentrado tanto sectorial como territorialmente, y en ambos componentes se destaca la victimización del movimiento sindical en el sector docente, lo que permite afirmar la pertinencia del trabajo en esta región, y la necesidad de reconstruir los procesos de victimización, pues este ejercicio permite aportar a la comprensión del fenómeno de la violencia antisindical en el contexto del conflicto armado en uno de los territorios más afectados por ambos fenómenos. Como muchas de las declaraciones de las víctimas no permiten la identificación del posible agresor, este queda como indeterminado. Esta es una de las tantas realidades que también afectan al sindicalismo, ya que las investigaciones al respecto arrojan pocos avances en materia de lucha contra la impunidad, acceso a la verdad y a la justicia.

3.3. Caracterización de daños a SUTEV 3.3.1. Aproximación conceptual Tradicionalmente el concepto de daño puede definirse como el “menoscabo causado a un sujeto con relación a su patrimonio, a sus derechos, o a su persona”14. En otros términos, es el detrimento que se recibe por acción de otro, como consecuencia de un acto, voluntario o involuntario (Caballenas, 2006), (Heliasta.Díez Picazo, 1999). Una segunda acepción del término “daño” hace énfasis en el interés protegido, de tal forma que definen el daño como la lesión a un interés jurídicamente protegido o tutelado por el ordenamiento jurídico. La producción de un daño implica que un sujeto sufre un menoscabo o detrimento en la situación de normalidad en la que vive una persona o un colectivo (en relación con su integridad, sus bienes y derechos) (Vargas, 2012). En ese sentido se puede señalar que el daño es una lesión (destrucción, aminoración, menoscabo) que sufre una persona y que recae sobre un bien o sobre un derecho material o inmaterial, o en general sobre un interés legítimo. Como tal, es un hecho físico que, para llegar a tener las características propias de un hecho jurídico (generar consecuencias en derecho), debe reunir otras condiciones que lo convierten en daño resarcible, capaz de generar la responsabilidad de otra persona distinta de la víctima, entendida esta última como la persona que padece el daño (Tamayo Jaramillo, 2007). Es así como tradicionalmente se ha sostenido que para que sea indemnizable, debe ser cierto15,

14 Esta es la definición que propone el artículo 1293 del Código Civil Austriaco (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB), definición que, en términos generales, es aceptada en buena parte de las legislaciones del mundo. 15 Esto significa que la acción lesiva debe producir una disminución, presente o futura, en los bienes o derechos patrimoniales o extrapatrimoniales de la víctima. La doctrina ha entendido que, si una vez probada la certeza del daño, la víctima no puede fijar la cuantía del perjuicio, el juez deberá acudir a las pruebas -incluso a las de oficio-, a la equidad, y a la sana crítica, para avaluar el perjuicio y condenar en concreto, teniendo presentes los principios de equidad y de reparación total e integral del daño.

directo16 y actual,17 y no basta que se le proyecte o alegue como eventual ni mediato18. Una primera clasificación de los daños distingue entre los daños materiales y los daños inmateriales. Los daños materiales o patrimoniales son aquellos que por su naturaleza son susceptibles de valoración económica. Estos daños suponen la pérdida o detrimento de los ingresos o el patrimonio de las víctimas, incluyen los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso19. Los daños materiales a su vez se dividen en daño emergente y lucro cesante20. Daño Emergente: se trata de una pérdida (ej. el robo de ganado) o un gasto (ej. tratamientos médicos, servicios funerarios, costos de traslado) en que incurre la víctima o sus familiares. Lucro cesante: es la imposibilidad futura -parcial o total, permanente o transitoria- de producir beneficios valorables financieramente. Este tipo de daños se relacionan con la pérdida de un ingreso y se puede ver representados en el dinero que la persona dejó de aportar en caso de muerte, o bien lo que la persona dejó de recibir debido a una lesión que le provocó una incapacidad laboral temporal o definitiva. Cuando se trata de un bien hace relación a las ganancias o provechos que se dejaron de recibir por la destrucción o deterioro del mismo21. Por su parte, los daños inmateriales o extrapatrimoniales son aquellos que afectan a otros atributos de la personalidad diferentes del patrimonio, que tiene que ver con las afectaciones morales, la aflicción psicológica, el sufrimiento emocional (daño moral) y las alteraciones de carácter no dinerario que el hecho victimizante produce en las condiciones de existencia de la víctima (daño extrapatrimonial no moral), ya sea en términos de daño al proyecto de vida, de daño a la vida de relación y/o daño grave a las condiciones de existencia. Asimismo, recientemente el

16 Aquel que materialmente recae sobre la corporalidad o el patrimonio de una persona. Sin embargo, existe el reconocimiento - dogmático y jurisdiccional- del deber de indemnizar los daños indirectos, también llamados daños por contragolpe o por rebote, los cuales son sufridos por las personas allegadas a la víctima inmediata del hecho. 17 Resarcirse el daño actual, el que surge de un hecho de forma evidente; no obstante, se ha admitido la posibilidad de resarcimiento de los daños futuros, entendidos como aquellos que seguramente se producirán conforme al curso normal de los acontecimientos, debido a la existencia de un hecho amenazante o daño potencial. Este último sí debe ser cierto, inminente y trascendente. 18 Ver entre otras Corte Suprema de Justicia, 31563 (24 de marzo de 2010).Corte Suprema de Justicia, 1100131030061997-09327 (13 de mayo de 2008).Corte Suprema de Justicia, 15613 (2003).Corte Suprema de Justicia, 5299 (5 de octubre de 1999).Corte Suprema de Justicia, 12286 (10 de febrero de 1998). 19 Ver entre otros Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Hímenes López vs Brasil, Sentencia 4 de julio de 2006. 20 Ver CIDH caso Velazquez Rodriguez Vs Honduras - sentencia reparaciones (1989), Caso Godínez Cruz Vs. Honduras (1989), Caso Aloeboetoe y otros, (1993), caso el amparo (1996), Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, (1996). caso Caballero Delgado y Santana (1995), 21 El artículo 1416 del C.C. señala “Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento”.

Codhes

Consejo de Estado reconoció como un daño extrapatrimonial autónomo el “daño a la salud”22. Las anteriores tipologías de daños han sido reconocidas para todas las personas naturales. Frente a las personas jurídicas se ha admitido que estas pueden reclamar el resarcimiento por daños materiales y algunos daños extrapatrimoniales (por ejemplo, los derivados de la afectación al buen nombre), pero se les ha negado la posibilidad de solicitar resarcimiento por daños morales subjetivos, en la medida que las personas jurídicas no pueden experimentar dolor físico o moral23. Por supuesto, una discusión importante es si las personas jurídicas – sindicatos por ejemplo- pueden ser sufrir daños no patrimoniales diferentes del daño moral y cuáles serían. Al lado de las anteriores categorías de daño ha empezado a conceptualizarse sobre el daño colectivo24. En principio existen al menos dos vías de aproximación a la definición de daño colectivo, a saber: como perjuicio a un interés o derecho colectivo, y como afectación a una determinada colectividad. Es decir, el daño colectivo ha sido definido en clave del interés o derecho vulnerado y en clave del sujeto víctima (González, 2009). Se señala que debe considerarse como daño colectivo la injuria que incide sobre un sujeto colectivo25 y cuyos miembros, sin recibirla personalmente, la soportan en forma indirecta por constituir parte integrante del grupo26. Según el estudio del Relator Especial de Naciones Unidas relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, se pueden identificar dos subcategorías: comunidades y grupos que, entendidos como víctimas colectivas, pueden ser objeto de reparación. Dentro de la categoría de comunidades, para efectos de este documento, se identifican los pueblos indígenas y tribales y las comunidades campesinas. Dentro de la categoría de grupos, se pueden identificar grupos sociales y políticos (asociaciones y sindicatos) (Rebolledo & Rondón, 2010).

22 Sobre esta dimensión del daño ver CIDH Caso Loayza Tamayo Vs. Perú (Corte Interamericana de Derechos Humanos 27 de noviembre de 1998), Corte Suprema de Justicia, 1100131030061997-09327 (13 de mayo de 2008), Consejo de Estado, 11842 (19 de julio de 2000), Consejo de Estado, 051233100020070013901 (14 de septiembre de 2011A, Consejo de Estado, 05001232500019940002001 (14 de septiembre de 2011). 23 Ver por ejemplo Corte Suprema de Justicia (2003). 24 Cuando preexiste un sujeto colectivo, puede razonablemente considerárselo como víctima si hubo: i) violación de derechos colectivos, o ii) violación masiva o sistemática de derechos individuales de sus miembros, o iii) violación de derechos individuales con graves impactos en el colectivo. 25 Entendido éste como el “grupo de personas que comparten un proyecto de identidad común y que han sufrido daños de naturaleza colectiva como consecuencias de violaciones graves de sus derechos humanos individuales o colectivos” (Diaz, 2010). 26 Zavala de González, completando y actualizando estas ideas, puntualiza que “el daño colectivo es el experimentado por un conjunto de personas a raíz de la lesión a un interés grupal. Esta característica social del interés implica una diferencia cualitativa, y permite distinguir los daños colectivos stricto sensu de los daños individuales plurales”.

Es importante resaltar que los sujetos titulares de la reparación colectiva deben caracterizarse por una identidad colectiva compartida. La identidad colectiva de estos sujetos puede ser delimitada a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o puede estar determinada en razón a la cultura, el territorio y un propósito común. Otros elementos que permiten definir la identidad colectiva son: la certeza compartida de pertenencia real a una red social, organización, comunidad o grupo que pueda distinguirse en el espacio, el tiempo, o mediante la enumeración de sus integrantes, toda vez que haya permanecido en el tiempo mediante procesos de enseñanza, mecanismos de aprendizaje, reglas compartidas y lazos de compromiso y confianza. En todo caso, para ser titulares de la reparación colectiva, se debe determinar cómo la violación de los derechos humanos y las afectaciones impactaron la identidad y el proyecto colectivo (Rebolledo & Rondón, 2010). Una vez realizados estas consideraciones es momento de analizar cómo estas distintas tipologías de daño se encuentran presentes en el caso del sindicalismo. Ahora bien, al momento de analizar los daños sufridos como consecuencia de la violencia antisindical es necesario analizar distintos derechos involucrados. En ese orden de ideas, por el énfasis en la reparación colectiva y tratándose de un colectivo que, como el sindical, centra su accionar en la defensa de los intereses de los trabajadores, debe tenerse una especial consideración hacia los derechos y libertades sindicales (sin perder de vista el concepto de integralidad de los derechos y la estrecha vinculación y mutuo condicionamiento que tienen unos derechos con otros). En ese orden de ideas, la violencia antisindical implica impactos a distintos niveles, así por ejemplo, los contextos de violencia antisindical persuaden de manera efectiva los procesos de sindicalización de los trabajadores (en ese sentido los contextos de violencia antisindical implican una violación a los derechos individuales de asociación y a conformar sindicatos por parte de la población trabajadora), en tanto el derecho de los trabajadores a constituir libremente las organizaciones de su propia elección no puede considerarse existente si no es plenamente reconocido y respetado de hecho y de derecho (OIT (2006). Igualmente, debe tenerse en cuenta que la OIT con ocasión de su “Resolución sobre los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles” de 1970, hizo especial hincapié en las libertades civiles que figuran a continuación, usando la expresión “libertades que se definen en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que son esenciales para el ejercicio normal de los derechos sindicales” (Rodríguez Calderón & Sánchez Zegarra, 2007): • El derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y a la protección contra la detención y la prisión arbitrarias; • La libertad de opinión y expresión y, en particular, de sostener opiniones sin ser molestado y de investigar y recibir información y opiniones, y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión; • El derecho de reunión; • El derecho a un proceso regular por tribunales independientes e imparciales; • El derecho a la protección de la propiedad de las organizaciones sindicales.

Codhes

En relación con el Estado, se han considerado como esenciales los siguientes principios de la libertad sindical, que comprenden las distintas facetas de la vida sindical (Rodríguez Calderón & Sánchez Zegarra, 2007): • Reconocimiento del derecho de sindicación: Este corresponde a “los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción.” Eventualmente pueden ser excluidos por la legislación nacional las fuerzas armadas y la policía. • Creación de organizaciones: Las organizaciones deben poder constituirse libremente sin autorización previa, por parte de la autoridad pública • Libre elección del tipo de organización: Se garantiza a los/as trabajadores/as y empleadores el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el afiliarse a las mismas, “con la sola condición de observar los estatutos de las mismas”. • Funcionamiento de las organizaciones: Las organizaciones estarán libres de la injerencia de las autoridades públicas al ejercer su derecho a ”redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y al formular su programa de acción”. • Disolución o suspensión: “Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa”. • Creación de federaciones y confederaciones: ”Las organizaciones [...] tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas” (Art. 5); las garantías previstas en “los artículos 2, 3 y 4 del Convenio 87 de la OIT se aplican a las federaciones y confederaciones”. • Afiliación internacional: “Toda organización, federación o confederación tienen el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores” (Art. 5). • Personalidad jurídica: ”La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y empleadores, sus federaciones y confederaciones, no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 del Convenio 87 de la OIT. • Las organizaciones y la legalidad: “Al ejercer los derechos que se les reconocen..., los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados [,...] a respetar la legalidad”. La legislación no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en el derecho internacional. • Derecho de huelga: Aun cuando este derecho no se reconoce de forma expresa en el convenio 87 de la OIT, ni en ningún otro Convenio relacionado con los derechos sindicales, el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT siempre lo ha considerado como constitutivo de los derechos básicos de los trabajadores y sus organizaciones en la defensa de sus intereses laborales. La Comisión de Expertos ha vinculado el derecho que se reconoce a las organizaciones de trabajadores/as y empleadores a organizar sus actividades y a formular su programa de acción en aras de fomentar y defender los intereses de sus miembros (Convenio núm. 87) con la necesidad de disponer de los medios de acción que les permitan ejercer presiones para el logro de sus reivindicaciones. En consecuencia, la Comisión ha adoptado el criterio de que el significado corriente de la expresión “programa de acción” incluye el derecho de huelga.

• Derecho a la negociación colectiva: En base a la libertad que las organizaciones tienen para definir y desarrollar sus actividades y programas de acción es que se reconoce a los trabajadores esta garantía como parte del Convenio núm. 87. • Discriminación antisindical: “Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo”. La protección debe existir tanto en el momento de la contratación como durante el desarrollo de la relación de empleo, y por lo tanto dicha protección debe ejercerse contra todo acto que tenga por objeto: –– Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato. –– Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo. • Actos de injerencia: “Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros.”. “Se consideran actos de injerencia,..., principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominados por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con el objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores.” • Garantía de protección institucional: Por la importancia de la aplicación efectiva de estas normas, el Convenio prevé la obligación de crear “organismos adecuados a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario, para garantizar el respeto al derecho de sindicación”. • Fomento de la negociación colectiva: “Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra parte, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con el objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo”. Expuestos de esta manera somera los contenidos de las principales garantías para el ejercicio de la libertad sindical, puede concluirse entonces cómo las categorías tradicionales del daño se ponen en tensión al analizar el proceso de victimización del movimiento sindical. Por un lado, es fácil aceptar que los sindicatos como personas jurídicas sufrieron daños patrimoniales, en el sentido que perdieron ingresos - por la pérdida de afiliados, pérdida de o daños en sus sedes sindicales, y también tuvieron que incurrir en gastos para contrarrestar los efectos de la violencia ejercida contra ellas-; pero el reto se encuentra en la conceptualización y reconocimiento de daños no patrimoniales. En un primer momento es necesario abordar dos ideas: a) la idea de que el sindicato como forma jurídica es la formalización de un proceso social organizativo, en ese sentido implica ejercicios de cohesión, unidad e identidad que se vieron afectados por los hechos de victimización y que necesitan ser reparados; b) como proyecto colectivo la organización sindical implica unos fines sociales interrumpidos que necesitan un proceso de reconstrucción, fortalecimiento y reconocimiento.

Codhes

Lo anterior implica la reinterpretación de los desarrollos tradicionales alrededor del concepto de daño, en el sentido de reconocer que el goce de los derechos – y en el caso particular de las organizaciones sindicales, los derechos del trabajador y las libertades sindicales- es parte central para entender los daños. En ese sentido, deben incorporarse los impactos que la ausencia o falta del goce efectivo de los derechos sindicales tuvieron en las condiciones de existencia de los trabajadores. Igualmente, en el caso del sector docente es importante reconocer que en el desarrollo de su función social y en su profesión, al obtener alto grado de compenetración y comunicación con la comunidad, se convierten en referentes comunitarios y sociales, lo que se conjuga con el papel jugado por ellos en la defensa del derecho a la educación. Esto implica transcender en la conceptualización hacia un daño social, que sobrepase el ámbito de la organización sindical.

3.3.2. Dificultades y retos Los ejercicios desarrollados con los y las docentes sindicalizadas en el Valle del Cauca permiten identificar algunas dificultades y retos en torno a la conceptualización y la caracterización de los daños sufridos por el movimiento sindical. En ese orden podemos destacar lo siguiente: Por un lado, es necesario ampliar las conceptualizaciones sobre las tipologías de los daños especialmente desde la órbita colectiva. En ese orden de ideas, además de los daños sufridos por el patrimonio del sindicato como persona jurídica hay que comprender el mismo como un proceso social que requiere relaciones de solidaridad, apoyo mutuo y trabajo articulado. Esto supone asumir conceptos de daño extrapatrimonial que abarquen todos los daños a los procesos organizativos internos – relacionados con la generación de identidad, cohesión, etc.-, los referentes a los procesos misionales de la organización, y aquellos que tienen que ver con las relaciones del sindicato con otros procesos de organización social. Igualmente, para el sector docente resultan de especial importancia aquellos daños relacionados con el ejercicio de la docencia y sus implicaciones, el reconocimiento de condiciones dignas para el goce del derecho a la educación, y la redignificación del ejercicio docente, así como de su liderazgo social y comunitario. Por otro lado, uno de los mayores retos tiene que ver como la delimitación de aquellos daños que pueden ser atribuibles al contexto de conflicto armado frente a aquellos surgidos de otros procesos de ejercicio antisindical o que tienen efectos negativos en el ejercicio sindical. Por ejemplo, para el sector docente gran parte del debilitamiento del sindicato se ha debido a la implementación de normas que desmejoraron las condiciones de estabilidad y ejercicio de la docencia, que si bien no son consecuencia directa de hechos relacionados con el conflicto, sí impactan en el ejercicio sindical. Según la lectura de algunos de los participantes de los talleres, esto fue posible en el contexto de un debilitamiento del sector sindical provocado, al menos en parte, por la violencia ejercida contra la población sindicalizada. Congruente con lo anterior, se plantea un reto para el diseño de propuestas de reparación, en especial en la medidas de no repetición, que hacen necesaria la articulación entre la política de reparación y otras políticas públicas del Estado, especialmente las relacionadas con el sector educativo y las condiciones laborales de los docentes.

Otro reto importante identificado en los talleres tiene que ver con la profundización de los conocimientos de los docentes en las temáticas de víctimas y reparación colectiva, se evidencia un conocimiento relativo de los temas de reparación individual, pero en materia de reparación colectiva aún subsisten múltiples vacíos, lo que dificultó el desarrollo de los talleres. En especial, cuando se les pidió aplicar los conceptos al caso concreto del sindicato, existieron algunas dificultades para establecer los efectos colectivos de los procesos de victimización en la organización. Una tarea adicional tiene que ver con la ampliación de los ejercicios de reconstrucción de memoria, así como con la difusión de la historia del SUTEV entre sus afiliados, incluida la historia de su proceso de victimización, y con la sociedad en su conjunto. Asimismo, es necesario articular este trabajo de reconstrucción de memoria de SUTEV con los propuestos por FECODE en la materia.

3.3.3. Daños identificados Como se ha identificado más arriba, son múltiples las dimensiones y esferas que se ven afectadas como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Además, es necesario profundizar tanto en los esquemas de conceptualización como en la sistematización de las percepciones de las víctimas en la materia. Lo anterior implica entonces que este es un esfuerzo inacabado que debe ser complementado y puesto en común, en un principio dentro del movimiento sindical y luego con la sociedad en su conjunto. De esta manera, en las siguientes tablas podemos encontrar las formas como los y las participantes en los talleres identificaron los daños sufridos:

Codhes

Tabla 7.

Daños identificados taller Cartago - Valle del Cauca 2015 Nivel de Afectación

Daño Individual

Descripción del daño

Debido a la amenaza a mi grupo familiar, perdí el sustento económico de mi esposo. Debido a la amenaza a mi grupo familiar, perdí mi tranquilidad. La inestabilidad produjo en mi familia tristeza, desmotivación, inseguridad frente a los cambios, los cuales algunos han sido superados y otros están en proceso de evolución y aceptación. La amenaza que tuve me causó traumatismo emocional y psicológico, angustia, tristeza, miedo, desconfianza, delirio de persecución. A mi hija de sólo un año y nueve meses le afectó emocionalmente, es miedosa y a veces muy insegura. Impotencia por no poder hacer mucho más. Desaliento, falta de ilusión o ánimo. Temor, abandono de mi casa, desarraigo, depresión, angustia, desprotección, frustración, impotencia. Pérdida del empleo Pérdida de confianza. Lo más doloroso en mi caso (en 1985) fue la afectación familiar, en particular de mi mamá, hermanos, esposo y el sentimiento de que finalmente me quedé sola. Siento tristeza por mi comunidad después de 23 años de servicio, fui muy querida por ellos y me dio alegría por el apoyo de mis compañeros y compañeras Separación de mi hija de 6 meses de su padre, y separación mía de mis hijos. Problemas psicológicos de mis hijos. Desintegración de mi familia y discriminación por parte de coordinadores y rectores. Efectos personales: a causa de la amenaza tuve que esconderme, irme por un tiempo de la ciudad, cambiar de casa, miedo de desplazarme por la ciudad, buscar estrategias para no ser reconocida, cambiar de lugar de trabajo, evitar salidas sociales. Problemas familiares de pareja, “sentimientos de culpabilidad”. Delirios, angustia, persecución, vigilancia permanente, intranquilidad, falta de sueño, estado emotivo. Distanciamiento familiar. Afectación laboral, dar las clases normalmente. No hay motivación, no se pueden lograr muchas cosas ante las amenazas, se crea un trauma psicológico. Falta de crecimiento personal y profesional. Restricciones en el desarrollo de la actividad sindical. Afectación económica: no se reconocen desplazamientos, alimentos, alojamiento. Afectación psicológica, moral y social. Condenado a la soledad social y familiar. Castigado jurídicamente por denunciar la verdad. Por estar sancionado no puedo recibir algún premio como el “Premio Compartir al Maestro”.

Nivel de Afectación

Descripción del daño

Daño a la organización sindical

En 1985 hubo un golpe duro contra las organizaciones estudiantiles, ello no permitió avances en la lucha estudiantil hasta 2010 con la aparición de la MANE. Álvaro Uribe Vélez tuvo como tarea “quebrarle el espinazo a FECODE”, desestabilizarla. Infortunadamente, el magisterio no entiende la importancia de defender la organización. División de los maestros. Discriminación, riesgo a su vida y a su tranquilidad. Ser presidente del sindicato es ser considerado como “enemigo” del gobierno y sus políticas. Estigma social: “ser maestro no paga, no es garantía para progresar”. Se tilda a los maestros como “seres conflictivos”. Se minimizan la labor que realiza el sindicato. A veces hay desmotivación para pertenecer a la organización sindical con argumentos como: “Cuando yo necesité al sindicato nunca me sirvió”. Muchos de los docentes antiguos se han desvinculado de la asociación sindical y los docentes nuevos sienten inseguridad y apatía para liderar procesos sindicales. Estigmatización, miedo a pertenecer al sindicato. Algunos docentes que se rigen por el decreto 2277 y los del decreto 1278 son reacios a sindicalizarse porque no les gusta o porque muchos coordinadores los intimidan. Señalamientos por parte de la comunidad y las bases. Divisiones, discordia, enemistad. Persecución del Estado, señalamientos, amenazas. Pérdida de dirigentes, integrantes del sindicato y de conquistas por miedo. No se pudo avanzar en materia de derechos para quienes se rigen por el decreto 1278.

Codhes

Nivel de Afectación

Daño Social

Descripción del daño

Desvirtuó la esencia democrática de la elección de los gobernantes. Sólo impera “el tener frente al ser”. La incursión de frentes guerrilleros y de otros grupos en las áreas rurales genera cordones de pobreza en las áreas urbanas por el desplazamiento forzado. Aunque el gobierno ha intentado desprestigiar el trabajo sindical no lo ha logrado. Sin embargo, influye negativamente en contra de la organización sindical. Evitar movilizaciones sociales y restringir la vida social por temor y desconfianza. La sociedad local visualiza al profesor sindicalista como un enemigo del gobierno y por tanto no debería ser funcionario público. Los padres de familia estigmatizan al docente sindicalista, lo increpan y piden a directivos no asignarle carga académica porque son considerados “un mal ejemplo social”. Algunos estudiantes valoran al docente sindicalista como defensor de los DDHH. Algunos estudiantes señalan a los docentes sindicalistas como “docentes malos”, no entran a sus clases y son victimizados institucionalmente. Ser o pertenecer al SUTEV es ganarse el señalamiento social en el Valle, de enemigo de alcaldes y gobernador. Al silenciar a un maestro sindicalista se silencia al SUTEV. Pérdida de procesos dinamizadores para promover política pública a nivel educativo. Temor a hablar de la amenaza por miedo a ser señalada o discriminada en el entorno en el cual se vive. Aislamiento social, desconfianza hacia los demás. Desprestigio del docente, desmotivación de los jóvenes para realizar su sueño de ser maestro. Se inculca a los estudiantes que los docentes no queremos trabajar. Señalización. Señalamiento por parte de la comunidad debido a las mentiras del Estado y del Ministerio de Educación Nacional y el engaño de los medios de comunicación. La pérdida de maestros, el cierre de escuelas y colegios afectó psicológicamente a los niños, por cuanto fueron sacados de su entorno social y familiar. Poca participación de algunos docentes en las actividades sindicales y sociales. La comunidad se vio afectada debido a que la dirigencia sindical evitó en este período realizar encuentros y movilizaciones sociales tendientes a reivindicar y defender sus derechos. Fuente: sitematización talleres 2015- Elaboración propia CODHES.

Tabla 8.

Daños identificados taller Cali - Valle del Cauca 2015 Afectación del daño

Descripción del daño

Amenazas Afectación psicológica (estrés, miedo, inseguridad, depresión, tristeza, rabia, impotencia, zozobra, angustia, paranoia, insomnio) Desplazamiento forzado Abandono de la familia

Individual

Pérdida del empleo Enfermedad mental Enfermedad física Aislamiento Persecución Desconfianza hacía el Estado Pérdida de bienes materiales División del sindicato Aislamiento del movimiento sindical Paranoia colectiva Temor al ejercicio sindical Desilusión Desconfianza hacía el Estado Desprotección

Colectiva organización

Pérdida de la confianza y la credibilidad de los afiliados respecto al movimiento sindical

Persecución al movimiento sindical e intentos por acabarlo Disminución en la participación de sus integrantes Poca credibilidad hacía el movimiento Disminución en el surgimiento de líderes Desinterés por la actividad sindical Detrimento en las relaciones con los líderes Ausentismo Discriminación Señalamientos Limitación en la identidad social Reducción de la oferta laboral Disminución en la participación de los diferentes movimientos sociales

Colectiva movimiento sindical

Estancamiento productivo-económico Estancamiento social Estancamiento intelectual Estigmatización Descomposición familiar Aislamiento de las organizaciones sociales y comunitarias

Codhes

Tabla 9.

Daños identificados taller Tuluá - Valle del Cauca 2015 Afectación del daño

Individual

Colectiva organización

Social Comunitaria

Descripción del daño

Miedo, inseguridad, depresión, tristeza e impotencia. Desplazamiento forzado Cambio de rutinas y estilo de vida Desestabilización y vulnerabilidad económica Inestabilidad laboral Indolencia de los compañeros Enfermedad física Aislamiento Desinterés por el futuro Pérdida del sentido de pertenencia Descomposición familiar Incremento en el consumo de sustancias psicoactivas Pérdida de bienes materiales Pérdida del sentido de pertenencia Detrimento económico Amenazas Temor al ejercicio sindical Asesinatos División del sindicato Desprotección Pérdida de credibilidad social Persecución hacia el movimiento Pérdida de confianza hacia el movimiento Disminución en el surgimiento de líderes Discriminación Señalamientos Sensación de impunidad Estudiantes afectados por la falta de docentes Desestabilización y ruptura en las relaciones con la comunidad educativa Concepción errónea sobre la resolución de conflictos Detrimento de las relaciones interpersonales Pérdida del sentido crítico sobre las problemáticas sociales Miedo a la reclamación de derechos Pérdida de la autonomía social Recrudecimiento de las problemáticas sociales (drogadicción, prostitución) Fuente: sitematización talleres 2015- Elaboración propia CODHES.

Tabla 10.

Daños identificados taller Buenaventura - Valle del Cauca 2015 Afectación del daño

Individual

Colectiva – organización

Descripción del daño

No tienen apoyo económico. Estrés y depresión “Delirio de persecución” Se sienten marginados y rechazados Miedo y nerviosismo constante Se vuelven agresivos Desintegración familiar Estigmatización Problemas de salud Limitación de la recreación Pérdida de la dignidad Problemas de adaptación al nuevo medio social Restricciones a libertad de culto y “espirituales” Se genera desplazamiento Problemas de convivencia Clima de inseguridad Enfrentamientos Cambios negativos del estilo de vida Rechazo de la sociedad Desajuste emocional Dificultad en conseguir empleo Aislamiento Desplazamiento Dificultad en hacer vida social Prejuicios Malestar político Falta de solidaridad con los problemas del pueblo Evitar lugares públicos Amenazas de descuento salarial

Codhes

Afectación del daño

Colectiva – movimiento sindical

Descripción del daño

Difamación de la organización sindical dentro del gremio Sensación de inseguridad por su condición de sindicalista Desconfianza entre compañeros de trabajo Hay sensación de miedo ante las tomas o marchas así que se evaden Prácticas faltas de ética Negligencia Politiquería Problemas de comunicación Disminución del número de afiliados Disminución de los aportes económicos Problemas de unión del gremio Fuente: sitematización talleres 2015- Elaboración propia CODHES.

Ahora bien, establecido lo anterior es importante realizar algunas consideraciones sobre lo más destacado por los participantes de los talleres en materia de daños sufridos, resaltando que, dada la forma como se planteó el ejercicio, los docentes hicieron el esfuerzo de identificar algunos impactos que van desde la esfera individual hasta la esfera social y colectiva.

Ilustración 6.

Dimensiones victimización

Individual

Organizativa

Función social Sindicalismo y docencia

Desde la órbita individual, en los talleres realizados los daños más referenciados tuvieron que ver con la salud mental o física. En ese orden de ideas se mencionaron con especial énfasis el sentimiento de temor, miedo, ansiedad, sensación de persecución, etc.; un segundo elemento tuvo que ver con la desarticulación y la desintegración familiar como consecuencia de los hechos de violencia; finalmente, se resaltó cómo los hechos de victimización también vinieron acompañados de pérdidas en las condiciones socioeconómicas de la familia existentes antes de los procesos de victimización. Si bien especialmente frente a las amenazas y al desplazamiento forzado se intentó hacer frente a través de los traslados, no en todos los casos estos resultaron efectivos e incluso en algunas oportunidades fueron traslados solo temporales, con lo que el docente se vio obligado a escoger entre conservar su puesto o regresar a la zona donde fue amenazado. Frente a esta situación, el temor se presenta como un sentimiento constante en las personas, sentimiento que comienza a regular su forma de vida y sus movimientos cotidianos, alterando irremediablemente su vida social y familiar. En este sentido, reconocen la actividad sindical como aquella por la que es necesario renunciar a los otros espacios vitales. Surgen entonces las afectaciones psicológicas y sociales sobre la forma de relacionarse de los miembros del sindicato. También llama la atención que se hace hincapié en el impacto de la violencia a terceros, hijos/as de sindicalistas, padres, esposos/as, compañeros/ as permanentes, etc. Esto significa que la violencia antisindical y sus daños no afectan exclusivamente al sujeto sindicalista, sino que tiene repercusiones en todas sus esferas sociales cercanas, principalmente la familia, que también comienza a tener un relato de victimización debido a su vínculo con el sindicalismo. Este aspecto fue fuertemente destacado por las maestras, quienes expresaron sus profundas preocupaciones sobre las rupturas familiares que tuvieron que afrontar. Es importante destacar que la identificación de estas consecuencias de los actos de victimización fue común en las subregiones en las cuales se realizaron los talleres, lo que implica la existencia de fuertes daños psicosociales en la población sindicalizada víctima del conflicto. Un aspecto a profundizar tiene que ver con la evaluación de impactos desproporcionados frente a las mujeres docentes sindicalizadas. Similares comentarios podrían realizarse frente al detrimento de las condiciones socioeconómicas, pues la pérdida del empleo o de la posibilidad del acceso a bienes sociales básicos podría tener efectos más profundos en las mujeres, dadas las asimetrías en el acceso a estos bienes que se presentan entre hombres y mujeres.

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Ilustración 7.

Daños Identificados por los participantes en los talleres aspectos individuales

Daños individuales

Orbita Patrimonial

Orbita no patrimonial

Pérdida de empleo, pérdida de bienes, gastos extra, etc.

Sentimientos de tristeza, frustración, angustia, desintegración familiar, imposibilidad de relacionamiento social y practica de actividades placenteras

En los aspectos colectivos referentes al proceso organizativo del movimiento sindical del sector docente es importante destacar al menos 3 elementos: 1) Aquellos daños referidos al proceso organizativo “interno”, aspecto en el cual se identificaron daños referidos a la pérdida de cohesión al interior de la organización sindical –ruptura del tejido social-, el miedo a la afiliación o a participar en actividades sindicales; la falta de surgimiento de nuevos liderazgos; pérdida de credibilidad de los afiliados en las directivas del sindicato; pérdida de afiliación; ausentismo, etc. 2) Un grupo de impactos referidos a la relación de la organización sindical con otros grupos o movimientos sociales, en ese sentido se indicaron elementos como la división del gremio educativo, la falta de credibilidad del movimiento sindical docente frente a otros sectores sindicales y sociales, la discriminación hacia los líderes y lideresas sindicales del sector educativo, la falta de sentido de pertenencia, etc. 3) Un tercer grupo de impactos relacionados con la imposibilidad o dificultad para el cumplimiento de los fines misionales de la organización sindical ante la estigmatización, la persecución y la desconfianza con las que es vista la organización sindical. Para los participantes en los talleres, esto implica un desconocimiento de las libertades sindicales básicas y la imposibilidad del ejercicio pleno de los demás derechos constitucionales reconocidos por la normatividad colombiana, además reconociendo el importante número de profesoras sindicalizadas se manifestó como esto también debilitaba procesos organizativos de las mujeres.

Ilustración 8.

Daños Identificados por los participantes en los talleres aspectos colectivos organizativos

Pérdida de cohesión, unidad y destrucción del tejido social construido al interior del sindicato, pérdida de identidad colectiva

Incremento en el uso de recursos (económicos y humanos) destinados a contrarrestar los efectos de la violación de los Derechos Humanos

Daño colectivo a la Orbita Patrimonial organización sindical

DIficultades organizativas al interior del sindicato (falta de recursos, no renovación liderazgos, desafiliación y falta de participación integrantes en actividades sindicales)

Daños relacionados con la imposibilidad del cumplimiento de los fines misionales y de las funciones sociales y democráticas del sindicalismo a causa del aislamiento, la estigmatización y la falta de recursos

Un nivel de afectaciones reconocidas por los integrantes del SUTEV se relaciona con las funciones propias del ejercicio docente. En ese sentido, a lo largo de los talleres se identificaron elementos como: las condiciones para la garantía del derecho a la educación, y se destacaron elementos como la inasistencia de docentes por miedo, y la falta de garantías para el desarrollo de la labor docente. Igualmente, se destacó que esto implica un impacto en la calidad de la educación que reciben los educandos, en razón a que en algunos casos las docentes tuvieron que eliminar o reducir la formación crítica. En este mismo sentido se destacó el papel del docente como líder comunitario y social que vio reducida su órbita de acción como consecuencia de los actos de violencia que vulneran sus derechos, lo que en el caso de las docentes implicó reducción de los espacios de liderazgo de la mujer. En este último aspecto es importante evaluar los impactos diferenciales que tales fenómenos pudieron tener en los liderazgos femeninos, tanto dentro del sindicato como fuera de él, bajo el entendido de que la mayoría de afiliadas al SUTEV son mujeres. Un segundo eje identificado a lo largo de los talleres tiene que ver con las relaciones del sindicato con otros sectores sociales, puesto que la organización sindical apoya otros procesos organizativos de la sociedad civil, así por ejemplo, en el taller de Cartago se destacó la relación de los sindicatos de la educación con los movimiento estudiantiles y con otro sectores sindicales, lo que hace que el daño causado a la organización sindical se transfiera como un daño social ante la imposibilidad de articular reivindicaciones y ejercer cabalmente los derechos, lo que a su vez supone un daño a la institucionalidad democrática.

Codhes

Ilustración 9.

Daños Identificados por los participantes en los talleres daños sociales

Impactos en las condiciones de garantia y goce de la educación

Impactos en la articulación entre movimientos sociales para la reinvindicación de derechos

En ese orden de ideas puede afirmarse que la violencia antisindical generó en el SUTEV y sus integrantes un amplio espectro de efectos que pueden ser entendidos como daños. Así, si se dejan de lado las consecuencias individuales sufridas por los integrantes y sus familiares, puede afirmarse que la violencia antisindical ejercida contra el SUTEV tuvo efectos en su propio proceso organizativo. Esto se evidenció en al menos dos dimensiones: 1) Las relaciones de solidaridad, cohesión y unidad al interior de la organización sindical, con importantes efectos en la dinámica del desarrollo de las actividades propias del sindicato, ante el miedo a afiliarse, la no participación activa de los afiliados, etc., impactos que el SUTEV pudo sortear con relativo éxito, tal como lo demuestra el hecho de que mantiene altas tasas de afiliación y activismo sindical. Sin embargo, en el sentir de la organización aún faltan muchos objetivos por alcanzar a través del proceso organizativo, cuya obtención fue y es dificultada por la violencia vivida. 2) No obstante, para el caso del SUTEV un segundo grupo de impactos tuvo que ver con la estigmatización del docente sindicalizado y del ejercicio sindical en su conjunto, lo que según los participantes en los talleres implicó una reducción en la incidencia del sindicato y en general en el ejercicio sindical. En conclusión, se puede observar que los procesos de victimización de las organizaciones sindicales implicaron una negación de las libertades sindicales básicas y que han sido descritas en los párrafos precedentes, lo que constituye la restitución de estas libertades como la medida preferente de reparación. Esto implica al menos los siguientes elementos: fortalecimiento institucional de las organizaciones sindicales, establecimiento de especiales garantías para el ejercicio de las libertades sindicales y de la afiliación sindical y el aumento de los espacios participativos para las organizaciones sindicales.

Ahora bien, una arista más del problema de la reparación colectiva a las organizaciones sindicales se relaciona con el daño social que implica el debilitamiento estructural del sindicalismo, en términos de calidad de la democracia en su ámbito más macro, pero también en sus aspectos más concretos. Como se destacó en los talleres, el ataque al sector docente trajo aparejado efectos negativos en el goce pleno del derecho a la educación y a la realización de veedurías e incidencia sobre la política educativa. Finalmente, el debilitamiento de las organizaciones sindicales también tiene un impacto claro en las condiciones materiales de los trabajadores (cuyos intereses son defendidos de manera prioritaria por las organizaciones sindicales). En este sentido hay una relación de doble dependencia puesto que, mientras por un lado cuanto más debilitada esta la organización sindical más posibilidades hay de que las condiciones laborales (en términos de contratación y de desarrollo de la actividad laboral) sean peores, por otro lado cuanto más precaria e inestable sea la condición del trabajador, más temor tendrá a afiliarse a la organización sindical, pues el temor de perder el empleo en un contexto como el colombiano es un factor importante de disuasión de la afiliación. Un fortalecimiento del sindicalismo pasa necesariamente por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores/as colombianos/as.

3.3.4. Una lectura de los daños en perspectiva de género Como se ha evidenciado en los párrafos precedentes, la violencia generó daños en la órbita individual de las mujeres que sufrieron la victimización, especialmente daños psicosociales en sus ámbitos personales y familiares, así como los consecuentes cambios en las dinámicas de vida y sus condiciones de existencia. Sin desconocer estos elementos, en este acápite nos centraremos en algunos aspectos sin ánimo de exhaustividad, para aportar al debate de los daños colectivos. Un primer elemento que debe reivindicarse es la importante participación de mujeres en el total de afiliados al SUTEV y a la FECODE, lo que puede llevar a afirmar que estos procesos de organización sindical son en buena medida procesos anclados a la capacidad organizativa, de trabajo y compromiso de las mujeres, sin que esto implique desconocer el trabajo que también han aportado los hombres. Si lo anterior se conjuga con la función de los sindicatos de defender los intereses de los y las trabajadoras, puede concluirse que el ataque a organizaciones como el SUTEV, compuestos en buena medida por mujeres, trae aparejada una reducción de los espacios para la defensa de las agendas laborales de las mujeres. Esto a su vez lleva a la perpetuación de las condiciones de discriminación histórica hacia la mujer, bajo el entendido de que el debilitamiento de las organizaciones que defienden sus intereses reduce las posibilidades de transformación social.

Codhes

Ilustración 10.

Daños Identificados por los participantes relacionados con género a nivel colectivo

Reducción de espacios de defensa de las agendas laborales de las mujeres

Perpetuación condiciones de discriminación histórica hacia la mujer

Victimización a organizaciones de mujeres Orbita o con altaPatrimonial participación de ellas

Impide procesos organizativos de las mujeres y lleva a una subrepresentación de las mismas en las luchas organizadas

Reduccion de la participación de las mujeres, lo que evita que se generen procesos de reinvindicación de derechos

Igualmente, la victimización genera la obstaculización de los procesos organizativos de las mujeres trabajadoras, con consecuencias desproporcionadas. En efecto, en los talleres se reconoció que la victimización afecta las dinámicas organizativas, en tanto que reduce el deseo de los maestros y maestras de organizarse y participar en las actividades sindicales. Pero en el caso de las maestras el impacto es mayor, pues el miedo a participar y asumir roles sindicales se conjuga con un contexto en el cual tradicionalmente los liderazgos y procesos sindicales han estado marcados por la presencia masculina, lo que hace que los liderazgos y organización de las mujeres deba enfrentar tanto los temores de la victimización como las estructuras tradicionales de exclusión en los procesos organizativos. Con lo que, además, se puede producir una invisibilización o falta de inclusión de las expectativas de las mujeres en los reclamos del sindicato. Si bien en el caso particular del SUTEV los impactos descritos no alcanzan niveles críticos, en tanto el sindicato logra mantener niveles altos de representación de la mujer en los espacios de dirección y la incorporación de algunos elementos referidos al enfoque de género en sus instrumentos de planificación y acción, esto no debe llevar a desconocer que sí se presentaron impactos, tal como lo destacaron algunas de las participantes de los talleres. Admiten que las mujeres han ganado importantes espacios en el sindicato, pero aún falta profundizar en algunos aspectos, y se reconoce que hay otros espacios sindicales en los cuales “se percibe con mayor profundidad la falta de representatividad femenina, p.ej. los órganos directivos de la FECODE y de la CUT”.

3.4. Expectativas de reparación colectiva de SUTEV De acuerdo a la Propuesta de formulación de política pública de reparación colectiva al movimiento sindical (Codhes - Iscod, 2012), al tener en cuenta el tipo de daños que ha sufrido el movimiento sindical y sus organizaciones en Colombia por el conflicto armado, la reparación podrá contener al menos cuatro variables: la regional, la sectorial, la dimensión a la cual pertenece la organización sindical (singular o plural) y la capacidad de las organizaciones de afrontar las victimizaciones (P.40). Como parte de la iniciativa de avanzar e ir profundizando como caso piloto una experiencia particular dentro del movimiento sindical, este proyecto ha querido partir de reconocer el daño sufrido con las variables mencionadas: a. Sectorial: corresponde al sector educativo como uno de los de mayor victimización dentro del sindicalismo. b. Regional: se centró en el departamento del Valle del Cauca, que a su vez tiene lecturas subregionales tanto de contexto del conflicto armado, de victimización y de capacidades, fortalezas y resiliencia de la organización sindical. c. Dimensión a la que pertenece: en este se ha valorado al SUTEV como organización en su dimensión singular pero que mantiene un constante diálogo con su dimensión plural de FECODE. d. Capacidad de afrontamiento: como primer ejercicio de ayudar a la reconstrucción de la memoria colectiva organizativa permitió conocer algunos de esos elementos con los que se asumieron o no las victimizaciones recibidas. Adicionalmente a estas variables planteadas inicialmente se pudo revisar la importancia de los enfoques con los que se puede dirigir la política pública, como es el caso de: a. Perspectiva de género: se realizó un ejercicio para diferenciar las afectaciones que particularmente sufrieron las mujeres docentes sindicalizadas y que requieren de medidas específicas de reparación integral de manera colectiva. b. Enfoque étnico: en el caso del Valle del Cauca la presencia de la población afro descendiente también tiene un carácter determinante frente a las lógicas de estructuración social como al reconocimiento de derechos constitucionales que deben concordar con lo estipulado para la reparación colectiva a grupos étnicos.

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3.4.1. Aproximación conceptual Al respecto de las medidas de reparación integral, la Ley de Víctimas (1448) ha establecido en su artículo 69 que las víctimas tienen derecho a la restitución (de tierras, de viviendas, fuentes de ingreso, empleo, de acceso a crédito), indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, cada una de ellas en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Restitución: son aquellas medidas que buscan devolver a la víctima al estado anterior al hecho victimizante. Comprenden la dimensión material de la reparación integral y pueden constituirse en medidas financieras en la restitución de créditos y pasivos, en la restitución de vivienda, de tierras, de capacidades para el empleo, y el proceso de retornos y reubicaciones. Indemnización: es la medida de reparación de carácter monetario, que comprende la compensación por los perjuicios sufridos. Es una compensación que el Estado entrega a las víctimas del conflicto armado interno teniendo en cuenta la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, el daño causado y el estado de vulnerabilidad actual de la víctima, de acuerdo a las condiciones establecidas por la ley. Rehabilitación: es el conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas. Satisfacción: estas medidas hacen parte de las dimensiones individual y colectiva de la reparación, que buscan resarcir el dolor a través de la reconstrucción de la verdad, la difusión de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas. Incluyen actos de dignificación de las víctimas o colectivos, procesos de reconocimiento de responsabilidades y perdón público, entrega de cadáveres de víctimas de desaparición forzada, procesos de memoria histórica, entre otros. Garantías de no repetición: son consideradas como una de las formas de reparación a las víctimas que deben incluir los principios generales de responsabilidad internacional de los Estados. Tienen como propósito que no se repita la vulneración de los derechos de las víctimas, así como eliminar y superar las causas estructurales de la violación masiva de los derechos humanos y/o del Derecho Internacional Humanitario al interior de la sociedad. Las garantías de no repetición comprenden dos dimensiones: preventiva y reparadora. La dimensión preventiva surge de la obligación internacional que tienen los Estados de prevenir las violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, en particular en el caso colombiano donde el riesgo persiste y no basta con reparar los daños ya infligidos sino prevenir los futuros. La dimensión reparadora se refiere a las acciones dirigidas a mitigar los daños infringidos a las víctimas por la violación de sus derechos humanos e infracciones del DIH, teniendo eco en acciones de carácter institucional, político, económico y social que beneficien a la sociedad en general. Por ejemplo, la socialización de la verdad judicial, la pedagogía social sobre derechos humanos, la eliminación de patrones culturales, entre otras.

La ley tiene un alcance limitado frente al conjunto de los daños sufridos por el movimiento sindical, lo que limita a su vez las medidas de reparación integral para dichos daños. Falta cubrir en el marco legal dimensiones de daños identificados, lo que ha generado exigencias por parte del sindicalismo de revisar y ampliar el marco jurídico a través del cual se abordará la reparación colectiva por parte del Estado colombiano. Por otro lado, en la propuesta de política pública realizada por el movimiento sindical se incluyen aspectos que superan el marco normativo previsto en la Ley de Víctimas, y se trata de medidas de reparación reconocidas en el marco legal internacional de los derechos de las víctimas. Las organizaciones sindicales afectadas proponen la inclusión de once principios y cuatro enfoques particulares para su caso, a saber:

Principios • El Goce Efectivo de Derechos – GED. Implica la comprobación de una o varias condiciones que, de cumplirse, permiten afirmar que una persona o familia está ejerciendo plenamente cierto derecho. Al exigir que el cumplimiento de estas condiciones sea verificado en la situación específica de una persona, familia o colectivo, el GED desvía el énfasis en la oferta de servicios de las instituciones y de otros actores no estatales para ubicarlo en el impacto agregado de esas acciones sobre las condiciones de vida particulares de personas o colectivos27. • Reparación con vocación transformadora. Se entiende como el “conjunto de acciones que tienen por objeto reparar el daño concreto causado a las víctimas e indaga también por los patrones de exclusión social que subyacieron a ellos y que permitieron su comisión, la misma resulta relevante para la memoria colectiva sobre lo ocurrido” (Uprimny & Saffon, 2009). Esta consideración es vital para la construcción del orden futuro sobre la base del rechazo de las atrocidades ocurridas, de la estigmatización del régimen que las permitió y de la garantía de que unas y otro quedarán en el pasado. • Reparación integral desde el daño causado. La comprensión de los daños y la adecuación de las medidas adoptadas frente a esos perjuicios son los elementos que permiten que las víctimas y la sociedad en general puedan percibirlos beneficios que se otorguen como genuinas reparaciones. Las fórmulas generalizadoras no constituyen una respuesta eficaz que colme las expectativas y la apuesta del movimiento sindical. Así, las acciones integrales que el Estado adoptará deben corresponder a las especificidades de las afectaciones sufridas en los planos individual y colectivo e implica un ejercicio detallado y juicioso de caracterización sobre los todos derechos vulnerados. La política pública se debe originar desde el reconocimiento de la

27 Tal como lo ha señalado de manera reiterada la Corte Constitucional, el hecho de que Colombia sea un Estado Social de Derecho “le imprime un sentido, un carácter y unos objetivos específicos a la organización estatal en su conjunto, y que resulta –en consecuencia- vinculante para las autoridades, quienes deberán guiar su actuación hacia el logro de los cometidos particulares propios de tal sistema: la promoción de condiciones de vida dignas para todas las personas, y la solución de las desigualdades reales que se presentan en la sociedad, con miras a instaurar un orden justo.” (Corte Constitucional, 2003).

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complejidad y multidimensionalidad del daño, a partir del esclarecimiento de los hechos que los causaron. Además, debe disponer de una claridad conceptual sobre los derechos vulnerados cuya fuente primordial es la experiencia de las víctimas. Es ese sentido la política pública debe ofrecer una visión integradora entre la magnitud del daño causado y la vulneración de los derechos (Garay Salamanca, et al, 2011, pág 90). • Integralidad de los derechos. La respuesta del Estado frente al daño colectivo e individual del movimiento sindical colombiano debe estar orientada al fortalecimiento de los derechos humanos de la clase trabajadora28. Así, la propuesta debe permitir la promoción y materialización de los derechos: a la asociación sindical, la contratación colectiva, a la huelga, a la vida de los trabajadores y trabajadoras sindicalistas, a la verdad, la justicia y la reparación transformadora, en una perspectiva integral, es decir, que considera a todos los derechos humanos como indivisible e interdependientes de tal forma que no existen jerarquías entre derechos. • Dignidad, derechos laborales y libertades sindicales. Es preciso que la reparación comience por el resarcimiento del ejercicio de las libertades sindicales como parte del proyecto de vida y del reconocimiento de la persona victimizada. No puede olvidarse que la libertad sindical es un derecho fundamental de las y los trabajadores y a su vez, reviste una doble connotación que permite situarla tanto en la reparación individual como en la colectiva: en tanto prerrogativa (positiva o negativa) o fuero personal del trabajador (asociación, afiliación y permanencia en organizaciones) y como garantía para el ejercicio del derecho de asociación sindical (negociación, huelga y realización de otras actividades reivindicativas). • Restitución de las libertades sindicales como medida de reparación principal y preferente. Este respeto por el Estado (social) de derecho tiene que ver con la obligación del mismo de garantizar un entorno pacífico e idóneo para que las víctimas individualmente consideradas puedan, además de ver resarcida su dignidad y recuperada su ciudadanía, ejercer sus libertades sindicales para retomar la actividad sindical truncada con los hechos victimizantes. De esta manera, las garantías participativas de no repetición revisten un contenido reivindicativo de la restitución de las libertades sindicales de las que se vieron privadas las víctimas, por cuanto las reformas institucionales deben estar encaminadas a garantizar el ejercicio de las actividades sindicales entorpecido por las violaciones a los derechos humanos de los y las dirigentes sindicales y de las y los trabajadores sindicalizados. Adicionalmente, por cuanto “la libertad sindical en su aspecto individual no sólo se expresa en las facultades de constituir, afiliarse, no afiliarse o desafiliarse de una organización sindical, sino que también contempla el derecho que tienen los trabajadores para desarrollar actividades sindicales” (Larco & Benites, 2004, pág. 24). • Justicia Histórica. Un programa de reparaciones individuales y colectivas coherente y comprehensivo debe tener como principio rector, el compromiso del Estado de corregir las injusticias de contenido histórico que han servido de base para la producción y reproducción de situaciones de violencia causantes de graves violaciones a los derechos humanos. 28 El mismo Conpes 3726 establece que el programa de reparación colectiva debe contener las reformas institucionales para fortalecer el Estado Social de Derecho, la participación política, la focalización de política pública y la inversión para el goce efectivo de derechos fundamentales.

El movimiento sindical se ha caracterizado por el empoderamiento de sujetos que han denunciado contradicciones históricas y han reivindicado derechos colectivos cuya lucha ha abarcado amplios horizontes de tiempo. De esta manera, la reparación, en su dimensión inmaterial y en su relación intrínseca con el derecho a la verdad y a que exista memoria sobre el pasado que se busca enmendar, debe partir de la reconstrucción de proyectos de vida (visión prospectiva) a partir de los proyectos políticos y los movimientos sociales que les dieron sentido (visión retrospectiva). En ese sentido una reparación con justicia histórica debería tender a: i) la superación de las injusticias históricas (por las que buena parte de las víctimas han luchado en el ámbito del movimiento social y sindical) como garantía de no repetición, y ii) la reafirmación de la ciudadanía con las garantías mínimas de sostenibilidad social y política como acción afirmativa para superar la marginación como expresión causal de la discriminación de la que han sido objeto los y las dirigentes sindicales y las trabajadoras y trabajadores sindicalizados29. • Coherencia interna y externa. Para que la política pública en materia de reparación a las víctimas genere los impactos deseados en materia de GED a la verdad, la justicia y la reparación integral, las garantías de no repetición y sobre todo la dignificación de las víctimas a través de la materialización de sus derechos constitucionales,30 resulta necesario que se asegure la complementariedad y el encadenamiento de las medidas de reparación tanto individual como colectiva. En este orden de ideas, la coherencia interna de la reparación tiene que ver con garantías procedimentales y sustanciales de complementariedad entre escenarios de reparación y entre prestaciones o acciones de desagravio, evitando tanto la duplicidad de esfuerzos como la yuxtaposición de rutas de acceso que devendrían en un proceso de re-victimización. Igualmente, tiene que ver con la necesaria relación de complementariedad y encadenamiento entre la reparación individual y la colectiva31. La coherencia externa de las medidas de reparación obedece a su relación de complementariedad, integralidad y fusión con procesos de verdad (judicial o jurídica, social y personal, sea a través de una Comisión de la Verdad o de iniciativas descentralizadas de esclarecimiento histórico) y con la lucha contra la impunidad en relación con esfuerzos por investigar y sancionar a los responsables directos e indirectos de las violaciones. Adicionalmente, la coherencia externa tiene que ver con el deber del Estado de ser cuidadoso en evitar que las medidas y prestaciones de carácter social, a las que tienen derecho todas y todos los ciudadanos en razón del Pacto Internacional de Derechos Sociales Económicos y Culturales, reemplacen directa o indirectamente las medidas de reparación. 29 En este sentido es bueno recordar que el Estado tiene dos clases de deberes. Por una parte, debe adoptar e implementar las políticas, programas o medidas positivas para lograr una igualdad real de condiciones y oportunidades entre los asociados y al hacerlo, dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales de satisfacción progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales básicos de la población en aplicación de lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado “cláusula de erradicación de las injusticias presentes” (Corte Constitucional, 1998). Y por otra, debe abstenerse de adelantar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas ostensiblemente regresivos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que conduzcan clara y directamente a agravar la situación de injusticia, de exclusión o de marginación que se pretende corregir, sin que ello impida avanzar gradual y progresivamente hacia el pleno goce de tales derechos (Corte Constitucional, 2002). 30 De acuerdo con lo establecido por el artículo 1 de la Ley 1448 de 2011. 31 Para conocer el alcance de la reparación colectiva, véase el apartado de lineamientos y análisis normativo elaborado por el experto Ítalo Andrés Velásquez en dicha materia.

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Las prestaciones sociales específicamente dirigidas a las víctimas, para que contribuyan a la coherencia externa, entendida como complementariedad (más no confusión) entre servicios sociales y medidas de reparación deben llenar al menos dos requisitos: 1) ofrecer prestaciones significativamente mayores a las víctimas en relación con las que recibe el resto de la ciudadanía, y 2) la entrega por parte del Estado debe estar acompañada de actos conmemorativos y de desagravio moral a las víctimas. • La aplicación Pro Personae de la normatividad. El principio pro personae establece que el intérprete de las normas consagradas en la Ley de Víctimas debe escoger y aplicar la regulación que sea más favorable a la vigencia de los derechos humanos, con lo cual se debe garantizar la aplicación preferente de la norma más favorable a la persona humana, independientemente de su origen anterior o posterior, de su generalidad o especialidad, o de su status nacional o internacional. En virtud de este principio se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos o, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria (Garay, et al, 2011, pág. 177). El principio recientemente descrito es de gran importancia para la realización del derecho a la reparación integral de las víctimas de la violencia antisindical. Más aún si se entiende que el derecho a la reparación integral de los daños ocasionados a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH reviste el carácter de fundamental. Es preciso recordar que el principio pro personae tiene como marco de aplicación o premisa mayor la existencia de un sistema amplio de fuentes de derecho, entre las cuales se debe destacar la relación jerárquica y complementaria entre las normas y fuentes de DIH y las del ordenamiento interno colombiano. • Participación efectiva de las víctimas y las organizaciones sindicales. Se parte de considerar que la participación puede ser vista como un proceso, sin que este implique etapas excluyentes o secuenciales sino más bien un todo articulado donde la mera información o consulta no agota las posibilidades, y donde el acceso a los espacios de decisión y seguimiento la complementan otros niveles de mayor alcance y, además, de mayor complejidad, como son la concertación de acuerdos, la decisión sobre temas específicos, la gestión de procesos y la fiscalización de la gestión pública. En ese orden de ideas se garantizará durante los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas de reparación que se adopten la participación de las organizaciones sindicales y los y las sindicalistas victimizadas. • No discriminación en el universo de víctimas. Los derechos a la verdad, justicia y reparación son de naturaleza universal. Por tal razón, la política pública no puede ser discriminatoria en cuanto al universo de víctimas y no tiene validez que de su población objetivo se excluyan grupos de víctimas. Existen principios esenciales que una política pública de verdad, justicia, y reparación no puede ignorar, que incluyen la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado, los principios de igualdad y no discriminación, y la determinación de la calidad de víctimas por el hecho de haber sufrido un daño injusto independientemente de quien lo haya causado (Garay Salamanca, et al, 2011a, pág. 95).

Igualmente, los trabajadores, trabajadoras y sindicatos victimizados disfrutarán en condiciones de igualdad de los mismos derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho interno reconocen a los demás habitantes del país. No serán objeto de discriminación alguna en el disfrute de sus derechos y libertades por el mero hecho de ser victimizado. • Corresponsabilidad entre nación y territorio32. La corresponsabilidad hace referencia a la responsabilidad que compete a cada uno de los niveles territoriales frente a la política pública de reparación a las víctimas pertenecientes al movimiento sindical, partiendo de la autonomía territorial. Dicha autonomía debe entenderse como el reconocimiento al derecho constitucional de las entidades territoriales (ET) a tomar sus propias decisiones para lograr el cumplimiento de sus funciones y competencias, asignadas en la Constitución y la ley (Hernandez, 1999). El reconocimiento del Estado colombiano como una república unitaria, descentralizada, y con autonomía de sus entidades territoriales, se armoniza bajo los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad conforme a los cuales la nación y las entidades territoriales deben ejercer sus competencias. La autonomía debe asumirse entonces como un proceso gradual a través del cual los gobiernos departamentales y municipales adquieran la suficiente capacidad política e institucional para lograr la adecuada gestión pública de manera independiente33.

32 Para determinar en qué forma las ET son corresponsables, resulta fundamental, como primer paso, establecer cuáles son las condiciones diferenciales en que se encuentran los territorios frente a la problemática de la violencia antisindical. 33 La implementación de una reglamentación objetiva de la corresponsabilidad nacional y territorial contrarresta las desigualdades en la capacidad y la respuesta institucional en las distintas regiones del país, por lo cual dicha reglamentación debe regirse por los siguientes criterios. a) La reiteración de la responsabilidad principal de la política pública en cabeza del Estado b) La afirmación objetiva de la corresponsabilidad de las entidades territoriales frente a la reparación al movimiento sindical, para ello, debe incluirse un señalamiento de las consecuencias institucionales y disciplinarias en casos de omisión o incumplimiento. c) La corresponsabilidad entre ET y nación debe basarse en la protección de la autonomía territorial y los desarrollos del proceso de descentralización política, fiscal y administrativa. Sin embargo, el principio de autonomía territorial se limita por el interés de la nación. d) Todas las instituciones tienen el deber de coordinar sus actividades, con las entidades que según la Ley 1448 estarán encargadas de la gestión de coordinación. e) La corresponsabilidad debe tener en cuenta el enfoque territorial, atendiendo así a las especificidades locales para la formulación de los lineamientos de la política pública. Se considerará el impacto diferenciado de la violencia antisindical sobre la vida de los municipios y particularmente en las condiciones institucionales y la presencia territorial de grupos y personas con derechos especialmente protegidos por razones de etnia, genero, edad y discapacidad. f) Deberá tenerse en cuenta los convenios o demás figuras interadministrativas que articulen la acción de departamentos, municipios y entidades territoriales indígenas. g) La distribución de los recursos nacionales de la política pública se hará según la diversa capacidad fiscal e institucional de las ET. En aplicación del principio de subsidiariedad debe considerarse simultáneamente la forma como se auxilia al municipio y se deja la capacidad instalada para que éste asuma la respuesta en el futuro. h) La ET deberán participar en la formación de un reglamento de corresponsabilidad, a nivel de las federaciones, de entidades y de autoridades territoriales o con participación directa de gobernadores, alcaldes, autoridades tradicionales, según las diferentes categorías.

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3.4.2. Dificultades y retos El SUTEV, como organización sindical mantiene y comparte con otros sujetos de reparación colectiva muchas de las dificultades y retos que en el proceso nacional se han identificado y, además, presenta algunas particulares en materia de conceptualización de medidas de reparación que se pueden requerir. Se señalan las siguientes: Por un lado, sigue siendo necesario ampliar la conceptualización sobre los derechos de las víctimas y las posibilidades que se encuentran al interior de cada derecho para materializar un acceso y goce efectivo de los mismos, como se indicó en el momento de las tipologías de daño, se requiere una mayor concreción en la materia. En este mismo sentido, el tipo de reparación debe ampliar su abanico de posibilidades y tener un correlato con estos nuevos hallazgos, por ejemplo en materia de transformaciones para las comunidades educativas, garantías de acceso a la educación y la dignificación de la labor del docente en el marco de una sociedad que requiere fortalecer la educación como motor de la construcción de la paz. Adicionalmente, uno de los mayores retos tiene que ver con la inclusión de medidas de carácter estructural, reformas institucionales y normativas que reivindiquen la labor educativa como derecho fundamental, como sector social y laboral que permitan fortalecer el ejercicio de la docencia desde condiciones de trabajo digno, de fortalecimiento sindical y, por supuesto, que redunde en una mejor educación de los niños, las niñas y jóvenes en el país. Como se observó, el debilitamiento de la estructura sindical y las normas que han desmejorado las condiciones laborales son un punto importante de las violencias que ha sufrido el magisterio en el país, y que son parte del corazón de las medidas de reparación con justicia histórica. En lo que se refiere al proceso de reparación de víctimas en el país, los talleres develaron un reto importante de los educadores/as como líderes y lideresas en la órbita comunitaria, por tener un gran potencial como multiplicadores de los contenidos, procedimientos y beneficios de la Ley de Víctimas y los derechos de las mismas. Sin embargo, se ha podido constatar que es un gremio aún desconocedor del tema, ya que se encuentran con vacíos de formación en la materia para asumir un papel más protagónico en lo que queda de vigencia de esta Ley. Por ello, se identifica la necesidad de entregarle a los y las maestras del país, particularmente del Valle del Cauca, mayores herramientas y elementos que contribuyan a su quehacer como educador y líder social en materia de orientación, atención y apoyo a las comunidades que han sido víctimas, y como constructores y transmisores de la información de memoria colectiva que como país se debe legar a nuestras generaciones para que la guerra y sus consecuencias no sean olvidadas. Dentro del corto plazo, y como una de las dificultades que se avizora, se destaca el plazo fijado para la declaración como sujeto colectivo según el Decreto 4800 de 2011, que se venció en junio de 2015, y no se ha resuelto por otras vías el inicio del proceso nacional con sus correspondientes rutas para las organizaciones sindicales como SUTEV. Las centrales sindicales han previsto una ruta de construcción de política pública más amplia que la prevista en la Ley 1448 de 2011, y a la fecha se está pendiente de la firma de un decreto presidencial que permita que organizaciones como el SUTEV puedan definir una ruta de trabajo para su proceso de reparación colectiva.

3.4.3. Medidas de reparación identificadas Como se ha referido, las medidas de reparación que se han identificado son parte de una necesidad colectiva de construcción en diferentes dimensiones, inacabada aún y con la aceptación de requerir de la flexibilidad en lo que se refiere a las medidas particulares por sector, región, nivel organizacional, entre otras, ya que dependiendo de la reconstrucción de la memoria y de la identificación de daños se ajustarán algunas de las medidas que se requieran. En el caso del SUTEV encontramos una órbita de medidas de tipo individual que demandan quienes han sido víctimas directas, una órbita como organización sindical (teniendo en cuenta su propia estructura organizativa y que hacen parte de una federación), y la que corresponde a las medidas requeridas como movimiento sindical colombiano en general.

Ilustración 11.

Dimensiones de medidas de reparación

Medidas como víctimas individuales

Medidas para SUTEV - FECODE

Medidas para el Movimiento Sindical

Se hará referencia a la sistematización de las expectativas de reparación por parte de las docentes sindicalizadas para que el Estado colombiano repare el daño identificado. Este ejercicio se realizó a partir de los niveles de afectación que se revisaron en el acápite de los daños, y tiene que ver con las propuestas de medidas de reparación a nivel individual como parte de un sujeto colectivo, las correspondientes a las propuestas como sector educativo por parte de SUTEV y FECODE, y finalmente las propuestas como parte del movimiento sindical colombiano. Esta sistematización no constituye por sí misma ninguna propuesta oficial por parte de las organizaciones sindicales, sin embargo contribuye a evidenciar algunas de las expectativas de los integrantes de las organizaciones sindicales frente a la reparación colectiva.

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Tabla 11.

Propuesta de medidas de reparación identificadas a nivel individual

Individual

Nivel de afectación

Daño que se pretende atender

Propuesta de medida

Afectación psicológica individual y familiar, aislamiento social (estrés, miedo, inseguridad, depresión, tristeza, rabia, impotencia, zozobra, angustia, paranoia, insomnio)

Identificar las víctimas en cada municipio por parte de la institucionalidad y del sindicato. Prestarles asesorías psicológicas para remediar en parte su dolor y traumatismo. Acompañamiento psicológico individual y familiar a víctimas.

Impotencia por incertidumbre

Capacitación en Ley de Víctimas para conocer mejor cuales son nuestros derechos.

Estigmatización

Aceptación y reconocimiento social del sindicato y sus luchas.

Falta de declaraciones individuales por parte de docentes víctimas

Agilizar denuncias de las víctimas para poder acceder a los beneficios del Estado.

Desestabilización/vulnerabilidad económica

Reparación económica individual.

Inestabilidad laboral

Creación de fuentes de empleo formal y estable.

Indolencia de los compañeros

Manifestaciones públicas de solidaridad

Desinterés por el futuro

Acompañamiento psicosocial en el desarrollo del duelo

Pérdida del sentido de pertenencia

Guía en el desarrollo del duelo

Descomposición familiar

Apoyo de equipos interdisciplinarios

Incremento en el consumo de sustancias psicoactivas

Acompañamiento con profesionales multidisciplinarios

Pérdida de bienes materiales

Reparación económica individual

Amenazas

Fortalecimiento de la ruta de atención al docente amenazado

Afectación psicológica

Apoyo psicológico

Desplazamiento forzado

Apoyo interinstitucional

Abandono de la familia

No se propone una medida de reparación

Pérdida del empleo

Respeto por el derecho al trabajo y la estabilidad laboral

Enfermedad mental

Terapias psicológicas de tipo clínico

Enfermedad física

Apoyo al interior del movimiento y acompañamiento médico profesional.

Aislamiento

Apoyo psicosocial

Persecución

Protección de la vida por parte de la fuerza pública

Desconfianza hacía el Estado

Fortalecimiento de los mecanismos de protección

Madres cabeza de familia que no tienen Apoyo económico a las mujeres apoyo institucional No tienen apoyo económico

Apoyo económico y alivio de deudas

Fuente: sitematización talleres 2015- Elaboración propia CODHES.

Tabla 12. Propuesta de medidas de reparación identificadas a nivel organización sindical Nivel de afectación

Daño que se pretende atender Asesinatos, amenazas, desplazamientos

Propuesta de medida Brindar capacitación a todo el gremio de educadores para socializar el tema y entre todos buscar alternativas de solución para formular políticas públicas de reparación en el ámbito educativo.

Colectiva - organización

Identificar la plataforma de lucha común a todas las víctimas y reconocer a su familia, compañeros y comunidad el derecho por el cual fueron victimizados. Pérdida del sentido de pertenencia

No se propone medida de reparación

Detrimento económico

Reparación económica a la organización.

Amenazas

Mejora de la seguridad personal

Temor al ejercicio sindical

Protección por parte del Estado

Asesinatos

Mejora de la seguridad personal

División del sindicato

Reforzar las acciones de solidaridad y unidad por parte del movimiento

Desprotección

Protección por parte del Estado

Pérdida de credibilidad social

No se propone medida de reparación

Persecución hacia el movimiento

Protección por parte del Estado

Disminución en el surgimiento de líderes

Financiación estatal de la escuela de formación sindical del SUTEV

Discriminación

Mayor solidaridad por parte de la comunidad educativa con los afectados

Señalamientos

No se propone medida de reparación

Aislamiento

Generar redes de apoyo y orientación para los miembros amenazados y/o desplazados

Paranoia colectiva

Establecimiento de normas que garanticen y agilicen las medidas sobre los miembros amenazados y/o desplazados

Temor al ejercicio sindical

Protección de la vida por parte de la fuerza pública

Desilusión

Fortalecer el movimiento mediante la cohesión y las acciones jurídicas sustentadas

Desconfianza hacía el Estado

Promoción del movimiento sindical desde el Estado

Desprotección

Integración a comités sindicales que brinden atención y ayuda a miembros victimizados y/o en riesgo

Pérdida de la confianza y la Capacitación y fortalecimiento de las comisiones de SUTEV para el credibilidad de los miembros hacía acompañamiento de sus miembros. el movimiento Promoción del movimiento sindical desde el Estado Persecución hacia el movimiento

Protección de la vida por parte de la fuerza pública

Intentos por acabar el movimiento

Reconocimiento del movimiento sindical como actor importante para la construcción de la democracia

Disminución en la participación de sus integrantes

Fortalecer la escuela de formación sindical e impulso de políticas de crecimiento.

Disminución en el surgimiento de líderes

Promoción y formación el liderazgo sindical con el apoyo del Estado

Desinterés por la actividad sindical

Capacitación a los docentes en temas sindicales

Detrimento en las relaciones con los Respetar y valorar los estatutos del SUTEV líderes Ausentismo

Fortalecer la escuela de formación sindical

Discriminación y señalamientos

Reconocimiento del movimiento sindical como actor importante para la construcción de la democracia

Desplazamientos forzados / Cambios negativos del estilo de vida Restitución y compensación

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Tabla 13.

Propuesta de medidas de reparación identificadas a nivel movimiento sindical

Colectiva - movimiento sindical

Nivel de afectación

Daño que se pretende atender

Propuesta de medida

Afectación laboral, afectación psicológica

Crear políticas gubernamentales de empleo, capacitación y apoyo emocional para las víctimas del desplazamiento y la violencia de manera efectiva y puntual frente a cada caso.

Afectación física, amenazas, atentados

Policía nacional local y departamental brinda apoyo, vigilancia, acompañamiento.

Afectación física, amenazas, atentados

UNP brinda asesoría, chaleco antibalas y equipo celular.

Afectación psicológica

Apoyo al maestro.

Sensación de impunidad

Reforma y endurecimiento de la justicia. Eficacia y celeridad en los procesos judiciales.

Desestabilización y ruptura en las relaciones con la comunidad educativa

Mayor solidaridad por parte de la comunidad educativa con los afectados

Concepción errónea la solución de conflictos

No se propone medida de reparación

Detrimento de las relaciones interpersonales

No se propone medida de reparación

Pérdida del sentido problemáticas sociales

Reparación simbólica para las víctimas, sus familiares y las organizaciones sindicales.

crítico

sobre

las

Miedo a la reclamación de derechos

Protección por parte del Estado

Pérdida de la autonomía social

No se propone medida de reparación

Limitación en la identidad social

Reconstrucción de la memoria histórica

Reducción de la oferta laboral

Respeto por el derecho al trabajo y la estabilidad laboral

Disminución en la participación de los diferentes movimientos sociales

Exigencia de unas políticas públicas que protejan tanto a las víctimas como a los miembros de los movimientos

Estancamiento social e intelectual

No se propone una medida de reparación

Estigmatización

Establecer un reconocimiento social a la labor educativa del maestro

Aislamiento de las organizaciones sociales y comunitarias

No se propone una medida de reparación

Difamación / problemas de unión del gremio Resarcir el buen nombre de FECODE Hay sensación de miedo ante las tomas o Respeto al derecho de movilización marchas Amenazas de descuento salarial/ Sensación Respeto al ejercicio sindical de inseguridad por su condición sindical

Fuente: sitematización talleres 2015- Elaboración propia CODHES.

Las medidas de reparación planteadas durante los talleres y de acuerdo a la metodología diseñada permiten establecer algunos de los siguientes elementos de análisis: Por un lado, las medidas referidas en una buena proporción independientemente del nivel individual, organizativo o como movimiento social, corresponden a elementos de carácter psicosocial, al apoyo que deben recibir las víctimas directas, familiares y la misma organización como forma de reparar. Es de señalar que al ser un grupo mayoritariamente femenino cobra mayor relevancia este tipo se solicitudes, como señaló la Corte Constitucional sobre la necesidad de atención y acompañamiento psicosocial a las víctimas, ya que su alta exposición a la violencia genera traumas, que por lo general no están en condiciones materiales ni emocionales de afrontar (Corte Constitucional, 2008). Con respecto a las medidas de tipo individual, se pueden resaltar propuestas como: • El fortalecimiento de la ruta interinstitucional de atención al docente amenazado y desplazado, a través de mejorar los mecanismos de protección. En esta medida es preciso ahondar en el riesgo extraordinario de género que el Auto 098 de 2013 evidenció para las mujeres defensoras de derechos humanos, y que por su trabajo de liderazgo deben tener una ruta de emergencia y garantizar medidas con enfoque diferencial. • Para alcanzar la reparación integral se requiere trabajar directamente los daños y/o afectaciones como el estrés, el miedo, la tristeza, la rabia, la impotencia y la angustia, para lo cual se requiere de profesionales en estas áreas. Al respecto se pide un trabajo con la institucionalidad de mayor fuerza y el seguimiento de la organización sindical a sus víctimas y familiares. • Mejorar la socialización y el acompañamiento de la organización sindical sobre la información y orientación de las rutas de asistencia, atención y reparación a las víctimas en el entorno individual y familiar. En cuanto a las medidas propuestas para la reparación colectiva en el ámbito colectivoorganizacional, “se reconoce la importancia de generar medidas de reparación que representen el fortalecimiento del movimiento sindical, más específicamente del SUTEV, a partir de la cohesión interna, la capacitación y formación de sus miembros en aras no sólo de fortalecer sino también de legitimar su accionar a nivel tanto colectivo como social”. Aquí hay dos elementos claves que las maestras han enunciado: la estigmatización y el aislamiento social como uno de los principales daños al colectivo. (Alba, Bonilla y Ramón, 2015, pág. 74). Se propusieron medidas como: • Generar y fortalecer las redes de apoyo y orientación para los miembros amenazados y/o desplazados en la organización, y de los espacios interinstitucionales en los cuales se participa. • A través de la escuela sindical brindar capacitación y formación a los y las afiliadas del SUTEV en temáticas de la Ley de Víctimas para analizar y comprender la dimensión individual y colectiva, y las herramientas con las que se puede realizar acompañamiento a sus miembros.

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Para el ámbito social se reconocieron diversos escenarios a partir de los cuales es posible promover la reparación, relacionando así aspectos de diversas esferas de dominio público, social y colectivo en el área jurídica y legal; la promoción de la movilidad social como representación de la transformación, unidad y el trabajo multidisciplinar como espacio de diálogo social. Como medida propuesta figura: • Fomentar procesos de reconstrucción de la memoria histórica del movimiento sindical, con especial énfasis en hacer una lectura de la memoria de las mujeres, sus logros y luchas al interior del mismo como una manera particular de contribuir a las medidas de reparación con enfoque de género.

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4. Conclusiones Es fácil aceptar que los sindicatos como personas jurídicas sufrieron daños patrimoniales, en el sentido que perdieron ingresos - por la pérdida de afiliados, pérdida de o daños en sus sedes sindicales, y también tuvieron que incurrir en gastos para contrarrestar los efectos de la violencia ejercida contra ellas-; pero el reto se encuentra en la conceptualización y reconocimiento de daños no patrimoniales. En un primer momento es necesario abordar dos ideas: a) el sindicato como forma jurídica es la formalización de un proceso social organizativo, en ese sentido implica ejercicios de cohesión, unidad e identidad que se vieron afectados por los hechos de victimización y que necesitan ser reparados; b) como proyecto colectivo, la organización sindical implica unos fines sociales interrumpidos que necesitan un proceso de reconstrucción, fortalecimiento y reconocimiento. Lo anterior implica la reinterpretación de los desarrollos tradicionales alrededor del concepto de daño, en el sentido de reconocer que el goce de los derechos – y en el caso particular de las organizaciones sindicales los derechos del trabajador y las libertades sindicales- es parte central para entender los daños. Así, deben incorporarse los impactos sobre el goce efectivo de los derechos sindicales y en las condiciones de vida digna de los trabajadores. Igualmente, en el caso del sector docente es importante reconocer que los/as maestros/ as en el desarrollo de su función social se convierten en referentes comunitarios, así como líderes en distintos procesos sociales. Esto implica transcender en la conceptualización hacia el daño social que generó la violencia, que sobrepasa los límites de la organización sindical. La violencia antisindical generó en el SUTEV y sus integrantes un amplio espectro de efectos que pueden ser entendidos como daños. Así, si se dejan de lado las consecuencias individuales sufridas por los integrantes y sus familiares, puede afirmarse que la violencia antisindical ejercida contra el SUTEV tuvo efectos en su propio proceso organizativo. Esto se evidenció en al menos dos dimensiones: 1) Las relaciones de solidaridad, cohesión y unidad al interior de la organización sindical, con importantes efectos en la dinámica del desarrollo de las actividades propias del sindicato, ante el miedo a afiliarse, la no participación activa de los afiliados, etc., impactos que el SUTEV pudo sortear con relativo éxito, tal como lo demuestra el hecho de que mantiene altas tasas de afiliación y activismo sindical. Sin embargo, en el sentir de la organización aún faltan muchos objetivos por alcanzar a través del proceso organizativo, cuya obtención fue y es dificultada por la violencia vivida.

2) No obstante, para el caso del SUTEV un segundo grupo de impactos tuvo que ver con la estigmatización del docente sindicalizado y del ejercicio sindical en su conjunto, lo que al decir de los participantes en los talleres implicó una reducción en la incidencia del sindicato y en general en el ejercicio sindical. En conclusión, se puede observar que los procesos de victimización de las organizaciones sindicales implicaron una negación de las libertades sindicales básicas y que han sido descritas en los párrafos precedentes, lo que constituye la restitución de estas libertades como la medida preferente de reparación. Esto implica al menos los siguientes elementos: fortalecimiento institucional de las organizaciones sindicales, establecimiento de especiales garantías para el ejercicio de las libertades sindicales y de la afiliación sindical y el aumento de los espacios participativos para las organizaciones sindicales. Ahora bien, una arista más del problema de la reparación colectiva a las organizaciones sindicales se relaciona con el daño social que implica el debilitamiento estructural del sindicalismo, en términos de calidad de la democracia en su ámbito más macro, pero también en sus aspectos más concretos. Como se destacó en los talleres, el ataque al sector docente trajo aparejado efectos negativos en el goce pleno del derecho a la educación y a la realización de veedurías e incidencia sobre la política educativa. De la misma manera, el debilitamiento de las organizaciones sindicales también tiene un impacto claro en las condiciones materiales de los trabajadores y trabajadoras (cuyos intereses son defendidos de manera prioritaria por las organizaciones sindicales). En este sentido hay una relación de doble dependencia, mientras que por un lado cuanto más debilitada esta la organización sindical más posibilidades hay de que las condiciones laborales (en términos de contratación y de desarrollo de la actividad laboral) sean peores, por otro lado cuanto más precaria e inestable sea la condición del trabajador, más temor tendrá a afiliarse a la organización sindical, pues el temor de perder el empleo en un contexto como el colombiano es un factor importante de disuasión de la afiliación. Un fortalecimiento del sindicalismo pasa necesariamente por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores/as colombianos/as. Adicionalmente, debe reivindicarse la importante participación de mujeres en el total de afiliados al SUTEV y a la FECODE, lo que puede llevar a afirmar que estos procesos de organización sindical son en buena medida procesos anclados a la capacidad organizativa, de trabajo y compromiso de las mujeres, sin que esto implique desconocer el trabajo que también han aportado los hombres. Si lo anterior se conjuga con la función de los sindicatos de defender los intereses de los y las trabajadoras, puede concluirse que el ataque a organizaciones como el SUTEV, compuestos en buena medida por mujeres, trae aparejada una reducción de los espacios para la defensa de las agendas laborales de las mujeres, lo que a su vez lleva a la perpetuación de las condiciones de discriminación histórica hacia la mujer, bajo el entendido de que el debilitamiento de las organizaciones que defienden sus intereses reduce las posibilidades de transformación social.

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El SUTEV, como organización sindical mantiene y comparte con otros sujetos de reparación colectiva muchas de las dificultades y retos que en el proceso nacional se han identificado, y además, permite precisar algunas particulares en materia de conceptualización de medidas de reparación y aquellas que se pueden requerir. Se señalan las siguientes: Por un lado, sigue siendo necesario ampliar la conceptualización sobre los derechos de las víctimas y las posibilidades que se encuentran al interior de cada derecho para materializar un acceso y goce efectivo de los mismos, como se indicó en el momento de las tipologías de daño, se requiere una mayor concreción en la materia. En este mismo sentido, el tipo de reparación debe ampliar su abanico de posibilidades y tener un correlato con estos nuevos hallazgos, por ejemplo en materia de transformaciones para las comunidades educativas, garantías de acceso a la educación y la dignificación de la labor del docente en el marco de una sociedad que requiere fortalecer la educación como motor de la construcción de la paz. Adicionalmente, uno de los mayores retos tiene que ver con la inclusión de medidas de carácter estructural, reformas institucionales y normativas que reivindiquen la labor educativa como derecho fundamental, como sector social y laboral que permitan fortalecer el ejercicio de la docencia desde condiciones de trabajo digno, de fortalecimiento sindical y, por supuesto, que redunde en una mejor educación de los niños, las niñas y jóvenes en el país. Como se observó, el debilitamiento de la estructura sindical y las normas que han desmejorado las condiciones laborales son un punto importante de las violencias que ha sufrido el magisterio en el país, y que son parte del corazón de las medidas de reparación con justicia histórica. En ese sentido, por ejemplo se señaló que los ejercicios de memoria histórica deberían incorporar un enfoque de redignificación de las víctimas, así como de las organizaciones a las cuales pertenecieron. Igualmente, se manifestó que en estos ejercicios debería haber un apartado especial para las mujeres, por lo que se destacó la importancia y necesidad de continuar con este tipo de ejercicios, para lo cual el SUTEV podría elaborar una propuesta que se articulara con las propuestas de la FECODE.

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