Presentación La pandemia y las víctimas de desplazamiento forzado

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (CSPPDF) ha considerado pertinente realizar un estudio de carácter cuantitativo en distintas regiones del país acerca del impacto de la pandemia del coronavirus (covid19) en la población que se encuentra en situación de desplazamiento forzado, con el fin de indagar en qué medida ha podido afectar sus derechos a la salud, la educación, la alimentación y la generación de ingresos.

Aunque se trata de una indagación de carácter exploratorio, sin un alcance representativo de la población desplazada del país, y no es un estudio exhaustivo, en la medida en que se focaliza en los derechos sociales básicos sus conclusiones resultan muy relevantes para examinar los efectos de la pandemia sobre los derechos a la educación, la salud, el trabajo y los ingresos, la percepción de pobreza, la insuficiencia alimentaria, y a la vez explora las condiciones de conectividad digital que enfrenta la población víctima de desplazamiento forzado, así como la recepción de las ayudas económicas dispuestas por el Gobierno nacional, tanto para la atención de la pobreza en general como las creadas específicamente para hacer frente a la crisis sanitaria.

Como es de conocimiento público, la pandemia del covid-19 ha causado graves daños a la salud de muchas personas, hogares y pueblos, pero también ha inducido situaciones severas de deterioro en el plano social y económico, en la medida en que ha demandado ejercer prácticas preventivas de aislamiento social que a su vez han causado procesos de recesión económica, con múltiples impactos diferenciados según la situación de vulnerabilidad y las capacidades de protección pública o privada con que cuentan los diferentes sectores de la sociedad. En términos generales, se sabe que las sociedades y comunidades con mayores niveles de informalidad, de precariedad

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laboral o de ingresos, y que están sometidas a mayores niveles de desigualdad social, de discriminación estructural y desprotección en términos de seguridad social, son las que están sufriendo los impactos más graves y las que enfrentan condiciones más adversas para la recuperación y la transformación de esas estructuras de vulnerabilidad en la transición.

La pandemia ha revelado la crisis social preexistente y la ha profundizado. Del mismo modo que la asimetría de las respuestas públicas y privadas ha revelado la precariedad de los sistemas de protección social existentes. En el caso colombiano, el proceso de construcción de paz permitió el reconocimiento público de las situaciones de vulnerabilidad estructural presentes en la sociedad rural. Ahora la pandemia también ha dejado al descubierto la dimensión de la crisis social que se vive en las grandes ciudades y convirtió el trapo rojo en el símbolo de esa crisis.

La población en situación de desplazamiento forzado de nuevo constituye el sector más vulnerable entre los vulnerables por razones que han sido ampliamente documentadas y estudiadas por el tribunal constitucional como fundamento de sus órdenes al Estado colombiano para superar el estado de cosas inconstitucional declarado por la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento. De hecho, este proceso jurisprudencial ya cumple diecisiete años, lo cual es especialmente indicativo de la precariedad estructural de las políticas públicas de protección de los derechos fundamentales, en particular de aquellos derechos de los cuales dependen las soluciones duraderas y la estabilización socioeconómica, así como la protección diferencial de las mujeres y los pueblos étnicos, entre otros sectores que han sufrido afectaciones desproporcionadas en el contexto del conflicto que ahora se expresan como vulnerabilidad social ante la fragilidad manifiesta de las respuestas institucionales.

El desplazamiento forzado interno es el mayor indicador estructural de la violencia que se vive en los territorios rurales, pero también constituye hoy en día el indicador más grave de la situación social que se vive en las ciudades de Colombia. Estamos ante una crisis de larga duración frente a la cual el Estado colombiano registra pocos aprendizajes, lo cual amplía día a día el riesgo de someter a las nuevas generaciones a nuevas trampas de pobreza y vulnerabilidad. Dada la magnitud de la crisis de la pandemia, cuyos efectos se acumulan con los de crisis precedentes, es lamentable que los llamados de la sociedad, de los organismos internacionales y, en este caso, de la justicia colombiana tengan tan poco eco en la institucionalidad.

Mientras en Colombia el desplazamiento forzado se convierte de nuevo en la punta del iceberg de una crisis humanitaria exacerbada, aún en medio de la pandemia

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el Estado no ha encontrado ninguna forma de atender el llamado del propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a implementar fórmulas humanitarias y de cese del fuego en países sometidos a conflictos armados para evitar que la población quede sometida a la tenaza de la violencia y la pandemia. El Estado colombiano también se alejó de las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de otros organismos nacionales e internacionales que propusieron adoptar una renta básica de emergencia destinada a asegurar la protección y la supervivencia de los hogares en situación de confinamiento generalizado. En los contextos urbanos, es evidente que la precariedad de las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos de la pandemia terminaron sometiendo a la población desplazada y vulnerable a mayores riesgos frente al covid-19 y a los impactos multidimensionales de la destrucción de sus economías, de por sí precarias.

En estas circunstancias, el presente estudio tiene por objetivo identificar la situación por la que están pasando las víctimas en este nuevo contexto y ofrecer un conjunto de recomendaciones orientadas a buscar una protección más efectiva de sus derechos en las diferentes etapas de la crisis. Lentamente, el país accede a la vacunación pero las consecuencias sociales de la pandemia prevalecerán, y se deberán buscar soluciones de fondo, éticamente fundadas, que sitúen la protección social, y por ende la agenda de los derechos de las poblaciones más vulnerables, como la máxima prioridad.

En lo fundamental, este estudio busca atender la invitación de la honorable Corte Constitucional a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, contenida en el Auto 149 de 2020, para proveer información relevante sobre la situación de los derechos de la población desplazada y sobre las respuestas institucionales en el contexto de crisis, todo en el marco del proceso de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.

Se espera que el enfoque del goce efectivo de derechos adoptado por la Corte Constitucional de Colombia, así como la necesidad de adoptar políticas públicas que ofrezcan soluciones duraderas urbanas y rurales, prevalezca en las decisiones del Gobierno nacional y los Gobiernos territoriales, a fin de romper la cadena de vulnerabilidades que se incrementan con el advenimiento de nuevas situaciones de crisis, dejando al descubierto los límites de las políticas de protección social. Otra sería la situación de las víctimas durante la pandemia si previamente se hubieran logrado niveles satisfactorios de atención de sus derechos fundamentales.

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado asume la responsabilidad por las valoraciones y conclusiones contenidas en el

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presente estudio y agradece el valioso apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Programa de Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas, para la financiación del presente estudio.

Marco Romero Secretaría Técnica Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado

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