Proceso de Retorno de las Comunidades Indígenas Wounaan by CODHES

PROCESO DE RETORNO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WOUNAAN CHACHAJO, CHAMAPURO Y UNIÓN AGUA CLARA

INFORME TEMÁTICO | 2016

@ SJR, mayo de 2017. Todos los derechos reservados. Oficina del SJR Colombia Carrera 5 # 33B – 02 Bogotá, Colombia. Teléfono: +57 2456181 Ext. 764 www.sjrcolombia.org Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad del Servicio Jesuita a Refugiados – Colombia y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos. El contenido de esta edición puede ser utilizado total o parcialmente siempre y cuando se notifique y se cite como fuente al SJR Colombia. Esta publicación fue elaborada por el área de Acción Humanitaria del equipo Regional en Valle del Cauca del SJR Colombia.

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PROCESO DE RETORNO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WOUNAAN CHACHAJO, CHAMAPURO Y UNIÓN AGUA CLARA RIO SAN JUAN – DISTRITO DE BUENAVENTURA

1. Antecedentes. 1.1. Contexto histórico. 1.2. Auto 004 de 2009. 1.3. Particularidades del desplazamiento forzado de las comunidades indígenas Chachajo, Chamapuro y Unión Agua Clara. 1.3.1. Desplazamiento forzado. 1.3.2. Inicio proceso de retorno y negociación con el Estado. 1.3.3. Dificultades e irregularidades que se presentaron en el proceso de negociación del retorno.

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2. Seguimiento al proceso de retorno. 2.1. No se ha hecho efectiva la estabilización socioeconómica con el retorno. 2.2. No participación real y efectiva de las comunidades indígenas en los espacios de participación. 2.3. Débil seguimiento por parte del Ministerio Público del proceso de retorno. 2.4. Desconocimiento del plan de retorno por parte de los funcionarios públicos. 2.5. No aplicación del Decreto Ley 4633. 2.6. No aplicación de estrategias de prevención del desplazamiento forzado para asegurar la no-repetición de los hechos. 2.7. Débil rol de la UARIV como coordinadora del SNARIV. 2.8. Demoras en el proceso de reparación colectiva

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3. Impactos observados fruto del desplazamiento forzado. 3.1. Debilitamiento organización comunitaria. 3.2. Mayor comunicación entre las comunidades y los entes territoriales. 3.3. Deterioro de la convivencia. 3.4. Fortalecimiento de los vínculos de unión entre las tres comunidades desplazadas. 3.5. Pérdida de valores culturales.

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4. Conclusiones

5. Recomendaciones

6. Lista de siglas

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Bibliografía 44

Informe Temático 2016

1 Contexto del informe Este informe temático se produce en el marco del proyecto ASESORÍA JURÍDICA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN, EL ACCESO A DERECHOS Y LA PARTICIPACIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA Y EN RIESGO DE DESPLAZAMIENTO DE BUENAVENTURA en un convenio de asociación entre CODHES y el Servicio Jesuita a Refugiados. Uno de los productos entorno a dicha intervención fue la elaboración del presente informe temático que recoge la situación presente del proceso de retorno de las comunidades indígenas del pueblo Wounaan Chachajo, Unión Agua clara y Chamapuro, ubicadas en el río San Juan en el Distrito de Buenaventura. Así mismo, es preciso indicar que estas fueron comunidades priorizadas en el proyecto antes mencionado implementado en el año 2016. De igual forma, este informe constituye un avance en el análisis presentado en el informe temático “UN AÑO EN LA SELVA DE CONCRETO” EL RETORNO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS WOUNAAN, elaborado por el SJR Colombia en el marco del proyecto Asesoría Jurídica para el Acceso a Derechos de Población Víctima del Conflicto Armado en Buenaventura, en el convenio de asociación con ACNUR en el año 2015.

Antecedentes

1.1. Contexto histórico1 El pueblo Wounaan vive desde hace más de cinco siglos en el límite de los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, de la Costa del Pacífico Colombiano. Habita específicamente en las orillas del río San Juan, así como en otras fuentes hídricas como el Rio Atrato, Baudó y algunos ríos secundarios como el Docampado, Sigirigisua, Curiche, entre otros (Ministerio de Cultura, 2014). La Costa del Pacífico colombiano es una región que se caracteriza por la abundancia de recursos naturales como el agua, los metales preciosos y la madera; y por su biodiversidad y multiculturalidad al ser sus suelos territorio de vida de indígenas, afrodescendientes y poblaciones mestizas. Es esta riqueza lo que la ha convertido en una zona estratégica para las actividades de actores armados legales e ilegales (CODHES, 2013). Producto de esto, las dinámicas del conflicto armado en la zona han estado marcadas por la disputa entre dichos actores para ejercer el control territorial y social, afectando de manera notable la etnia Wounaan y los diversos grupos étnicos del Pacífico. Además, la escasa presencia de la fuerza pública facilitó la expansión de los cultivos ilegales de coca y de los grupos armados al margen de la

Inspirado en el Informe “Un año en la selva de concreto. El retorno de las comunidades Wounaan”. Servicio Jesuita a Refugiados. Buenaventura, 2015 y en el informe “Los procesos de retorno de las comunidades negras de la Cuenca del río Calima”. Servicio Jesuita a Refugiados. Buenaventura, 2015.

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ley, especialmente a finales de los años noventa (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009). En este sentido, la continua presencia de grupos armados ilegales en la región está relacionada con su privilegiada situación geográfica que la configura como un corredor propicio para el transporte de armas, tráfico de estupefacientes y otras rentas ilícitas nacientes como la minería ilegal y la explotación forestal, que se conecta a la salida al mar y a rutas que conducen a Centro América, el Caribe, Europa y Asia. En este sentido, uno de los ríos con mayor importancia de la zona es el San Juan, que se une al río Calima en el Valle del Cauca y permite la conexión de los municipios de Buenaventura y Calima (Valle del Cauca) con el Litoral del San Juan (Chocó). De esta manera, los corredores fluviales son múltiples y facilitan la movilidad de los grupos armados irregulares (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009). Por otro lado, en su estrategia de desarrollo, el Estado colombiano puso en marcha una serie de obras de infraestructura, al mismo tiempo que fomentó la explotación de los recursos naturales mediante prácticas extractivas de

minería, hidrocarburos y recursos forestales. Así, el imperativo del desarrollo se fundamentó en el reemplazo de la dinámica tradicional de poblamiento indígena y afrodescendiente por un imaginario moderno de crecimiento económico acelerado, de enclaves y extracción intensiva de recursos naturales (CODHES, 2013). No obstante, lejos de mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan la ribera del San Juan, la implementación de dichos proyectos, juntamente con el accionar de los grupos armados al margen de la ley, han contribuido en el aumento de la violencia y el desplazamiento forzado, al tiempo que ha generado un daño ecológico irreparable. Bajo este marco coyuntural el desplazamiento forzado se ha convertido en un fenómeno constante para los indígenas Wounaan, ya que 19 de las 34 comunidades, es decir un 55.8% de estas, se han visto obligadas a dejar sus territorios por motivo del conflicto armado (dato referente al 2012). En esta medida sobresalen los numerosos traslados de la población Wounaan hacia otros países (Panamá) y varias ciudades del país (Cali, Buenaventura, Bogotá, Quibdó, entre otros)2.

Servicio Jesuita a Refugiados. “Un año en la selva de concreto. El retorno de las comunidades indígenas Wounaan”. Buenaventura, 2015.

1.2. Auto 004 de 2009 Este marco de causalidad llevó a la Corte Constitucional a dictar el Auto 004 de 2009 sobre población indígena desplazada o en riesgo de desplazamiento. En este sentido, la Corte reconoció que el conflicto armado afecta desproporcionadamente a los pueblos indígenas en materia de vulneración de los derechos fundamentales individuales y colectivos, situación que los pone en un grave riesgo de exterminio físico y cultural. Así, la Corte Constitucional identificó una serie de factores que propician lo que se cierne sobre los pueblos indígenas del país, y, que según el contexto geográfico, socioeconómico y cultural del cual se trate, se entrelazan de manera distinta sobre cada comunidad en particular. Estos factores se agrupan en tres categorías principales: “(1) las confrontaciones que se desenvuelven en territorios indígenas entre los actores armados, sin involucrar activamente a las comunidades indígenas y sus miembros, pero afectándolos en forma directa y manifiesta; (2) los procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos y comunidades indígenas, y a sus miembros individuales, en el conflicto armado; y (3) los procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno que afectan sus territorios tradicionales y sus culturas” ( Auto 004 de 26 de enero de 2009). El impacto de dichos factores ha tenido como consecuencia la violación de los derechos: territoriales, a la participación y a la autonomía, a la identidad cultural, al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones culturales, y a la seguridad y soberanía alimentaria, lo que ha generado desplazamientos forzados y confinamiento. Por estos motivos mediante este Auto la Corte Constitucional ordenó, por un lado, diseñar e implementar un programa de garantía de derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento, y por otro, diseñar e implementar varios planes de 3

salvaguarda étnica ante el conflicto y desplazamiento forzado para cada uno de los 34 pueblos indígenas en especial riesgo de extinción física y cultural, entre los cuales se encuentra el pueblo indígena Wounaan.

1.3. Particularidades del desplazamiento forzado de las comunidades indígenas Chachajo, Chamapuro y Unión Agua Clara 1.3.1. Desplazamiento forzado3 El caso de las comunidades Wounaan pertenecientes a los resguardos de Chachajo, Chamapuro y Unión Agua Clara se enmarca dentro del contexto preliminar. Desde el mes de septiembre del 2014 se presentó una escalada de sucesos armados a manos de grupos paramilitares post desmovilización, la Fuerza Pública y la guerrilla de las FARC, los cuales generaron el desplazamiento masivo de 7 comunidades indígenas. Así, personas pertenecientes a las comunidades de Chachajo, Buenavista, Chamapuro, Tiocirilio, Unión San Bernardo, Unión Agua Clara y Balsalito se desplazaron a diferentes puntos de la ciudad de Buenaventura entre los meses de septiembre y diciembre del 2014. No obstante, únicamente las comunidades que están dentro del departamento del Valle del Cauca (Chachajo, Chamapuro y Unión Agua Clara) permanecieron en Buenaventura. Así, las comunidades que están dentro de la jurisdicción del departamento del Chocó retornaron a sus territorios sin acompañamiento del Estado (Información obtenida del SJR Buenaventura con líderes de las comunidades). Los indígenas de Unión Agua Clara llegaron al coliseo del barrio El Cristal; la comunidad desplazada de Chachajo fue albergada en viviendas de la Comuna 12 (barrio Alfonso López Michelsen) y de la comuna 4 (barrio Piedras Cantan), y la población de Chamapuro recibió como albergue una casa en la Comuna 12 en el barrio Alfonso López Michelsen.

Véase Servicio Jesuita a Refugiados. “Un año en la selva de concreto. El retorno de las comunidades indígenas Wounaan”. Buenaventura, 2015.

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“Estábamos mucho mejor antes del desplazamiento. De hecho, antes del desplazamiento estábamos bien: teníamos seguridad alimentaria, cada familia tenía sus propias canoas, y teníamos educación propia. El desplazamiento nos retrasó en las rutas. El desplazamiento sólo ha contribuido a añadir más dificultades. Además, nos fuimos huyendo de la violencia, pero terminamos llegando a un municipio con aún más violencia. Esto contribuyó a que agilizáramos el proceso de negociación del plan de retorno”. Miembro comunidad Unión Agua Clara. Las familias en situación de desplazamiento provenientes de las comunidades de Chachajo, Aguaclara y Chamapuro, hacen parte del pueblo Wounaan, se encuentran ubicadas en el litoral del río San Juan, en el costado de la región del Valle del Cauca; sus actividades productivas se basan en la caza, el cultivo y en menor medida a la comercialización de artesanías. Las comunidades cuentan con instituciones de educación formal hasta el nivel académico de educación básica primaria (si se cumple con la cuota mínima de estudiantes vinculados, de lo contrario la administración distrital no realiza la contratación de docentes); para la formación académica media y secundaria deben trasladarse las niñas y niños hasta la comunidad de Puerto Pizario. Es preciso indicar que según lo planteado

en el plan de retorno, la Institución Educativa San Juan Bautista de la comunidad de Chachajo se encuentra inconclusa en su infraestructura y la comunidad de Aguaclara no cuenta con instalación de su sede educativa; en tanto que las guarderías comunitarias han sido construidas con recursos propios de las comunidades. Además de lo anterior, las comunidades cuentan con acueductos comunitarios sin embargo luego del desplazamiento forzado se encuentran en condiciones precarias y por lo tanto se requiere su reparación y el fortalecimiento de estrategias para su uso. La comunidad de Chachajo se reubicó en el lugar de la ribera del río hace aproximadamente 4 años, provenientes de la zona carreteable que conecta a Bahía Málaga.

TABLA 1. COMUNIDADES RURALES DEL SAN JUAN DESPLAZADAS EN BUENAVENTURA. DICIEMBRE DEL 2014 (Tomado de Informe Flash MIRA 2014)

Fecha de desplazamiento

Comunidad

Familias

Personas

Sitio de Albergue

Chachajo

174

Viviendas Comuna 12 (Alfonso López M) y 4 (Piedras Cantan)

27 de Octubre

Chamapuro

Casa Comuna 12 - Alfonso López M

06 de Octubre

Tiocirilio

65 aprox.

Casa comuna 12 – Nueva Granada

Unión San Bernardo

50 aprox.

Casa comuna 4 – Viento libre

Unión de Agua Clara

284

Coliseo el Cristal

Balsalito

247

Coliseo el Cristal

Total

208

920 aprox.

21, 27 y 29 de Septiembre

04 de Diciembre 28 y 29 de Noviembre 27 de Noviembre y 5 de Diciembre

1.3.2. Inicio proceso de retorno y negociación con el Estado En cuanto a la manifestación de la voluntad de retorno, se puede establecer que el proceso inició en diciembre del mismo año cuando las comunidades manifestaron la voluntad de retornar bajo el cumplimiento de los principios de dignidad y seguridad, y presentaron una propuesta de retorno al Comité Territorial de Justicia Transicional en el Distrito de Buenaventura. A partir de esa fecha se inició un proceso de negociación con la Alcaldía Distrital de Buenaventura para concertar los elementos de dignidad que la comunidad señaló como necesarios para el retorno. En este sentido, se generaron espacios técnicos de discusión como los subcomités de protección y retorno con algunas Secretarías del Gobierno Distrital de Buenaventura, y se celebraron varios Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT).

Fruto del proceso de esta negociación se aprobó un plan de retorno (Anexo 1) durante el CTJT celebrado el 25 de noviembre de 2015, el cual contenía de forma intrínseca los 14 componentes de dignidad establecidos en el Protocolo de Retornos y Reubicaciones (Protocolo para el Acompañamiento a Retornos y Reubicaciones en el marco de la Reparación Integral a Víctimas de Desplazamiento Forzado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual fue adoptado por medio de Resolución 00329 el 26 de Mayo de 2014). En el marco de este mismo CTJT, la comunidad acordó con el Estado retornar el 29 de noviembre de 2015. El 29 de noviembre de 2015 se llevó a cabo el retorno de las familias de las comunidades de Chachajo, Chamapuro y Unión Agua Clara, el cual estuvo acompañado por el Ministerio Público y la entidad territorial del Valle del Cauca de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

“Después del retorno hubo dificultades ya que todas las viviendas se encontraban en mal estado y el territorio estaba enfermo, y para nosotros el territorio es fundamental. Además, al principio tuvimos mucho temor porque no hubo mucho acompañamiento. La Defensoría Distrital y Nacional vinieron, pero una horita y luego se fueron”. Líder de la comunidad de Unión Agua Clara.

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1.1.3. Dificultades e irregularidades que se presentaron en el proceso de negociación del retorno4 La Ley de Victimas y el Decreto Ley 4633 de 2011 que regulan lo relativo a los procesos de retorno de las comunidades indígenas que han padecido el fenómeno del desplazamiento, establecen con claridad que las autoridades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) deben garantizar tres principios fundamentales –voluntariedad, seguridad y dignidaden el marco de todo proceso de retorno. A pesar de los deberes institucionales que se derivan de la aplicación de estos tres principios, el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (SJR Colombia) indicó en el informe “Un Año en la Selva de Concreto. El retorno de las Comunidades Indígenas Wounaan” varias irregularidades y barreras que se presentaron en la negociación del Plan de Retorno y que obstaculizaron la consecución de un retorno sostenible a futuro. En este sentido, se observaron las siguientes dificultades: • La participación de las comunidades indígenas en el proceso de planeación de su retorno no fue real y efectiva Una de las obligaciones derivadas del deber de garantizar la participación real y efectiva en los procesos de retorno y reubicación a ser cumplidas por la administración municipal y demás instituciones locales, es la debida difusión y socialización de las actas y demás documentos que surjan en el marco del proceso con las

autoridades de las comunidades que participan. Sin embargo, en este proceso la entrega de las actas fue esporádica, facilitándose tan sólo algunas de estas luego de haber transcurrido periodos largos de tiempo, situación que imposibilitó que los líderes participaran activamente en estos escenarios y realizaran un adecuado seguimiento de los acuerdos que alcanzaron con las instituciones. Al mismo tiempo, la participación de las comunidades debe ser representativa de todos los sectores de la población a retornar y de quienes se encuentran en resistencia, ya sea en confinamiento o con restricciones a la movilidad. Sin embargo, en las visitas de verificación y en los Subcomités de Retorno, no se realizaron reuniones ni se establecieron metodologías de trabajo para facilitar la participación de las personas que se quedaron en el territorio, limitándose a realizar una indagación superficial sobre las necesidades de las personas que se encontraban en la zona del Bajo San Juan. • Las entidades que integran el SNARIV no actuaron de manera articulada y coordinada Hubo falta de comparecencia permanente de las instituciones que integran el SNARIV a los Subcomités de Retorno y los Comités de Justicia Transicional, lo que no dio muestras de interés, diligencia y trabajo articulado. En especial, fue esporádica la presencia de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas en algunos de estos escenarios. Asimismo, tampoco se realizó un seguimiento por parte de los organismos de control, a todas las instituciones que integran el SNARIV para que comparecieran a los escenarios y ofertaran acciones de acuerdo a sus competencias.

Véase Servicio Jesuita a Refugiados. “Un año en la selva de concreto. El retorno de las comunidades indígenas Wounaan”. Buenaventura, 2015.

• El Plan de Retorno no tuvo en consideración las medidas de reparación colectiva En la planeación del retorno de una comunidad indígena, la UARIV y la URT deben procurar poner en marcha procesos de reparación colectiva y de restitución de derechos territoriales, de ser pertinente, a fin de garantizar que el retorno guarde coherencia interna con las demás medidas de reparación, según se indica en el Decreto Ley 4633 de 2011. No obstante, en este proceso se pudo advertir una grave falta de coherencia interna y complementariedad entre las distintas medidas de reparación conducentes en este caso. Lo anterior a razón de que la UARIV tardó más de 11 meses, desde el inicio del proceso de retorno, para emprender el procedimiento de reconocimiento y tramitación en el registro de las comunidades mencionadas como sujetos colectivos de reparación. De igual modo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) tampoco efectuó los acercamientos necesarios para iniciar la etapa administrativa de restitución, pues la ausencia de esta entidad frente a la crisis del desplazamiento de dichas comunidades fue evidente.

• La situación humanitaria de las familias desplazadas y las condiciones de seguridad no fueron un tema prioritario durante el proceso de retorno5 La dilación por más de 11 meses del proceso de retorno generó la la agudización de la crisis humanitaria de las 110 familias desplazadas en el casco urbano de Buenaventura. Los representantes de las comunidades manifestaron en reiteradas oportunidades la grave situación de precariedad económica en que se encontraban, así como sus necesidades insatisfechas de atención en salud, los incumplimientos en la entrega de las ayudas humanitarias, la insuficiencia del monto para cubrir los componentes de arriendo y servicios públicos y la pérdida de la identidad cultural derivada de sus condiciones de vida actuales. Además, varios líderes Wounaan estuvieron amenazados, al mismo tiempo que se encontraban residiendo en albergues situados en barrios de riesgo. Esta situación revictimizó las comunidades indígenas desplazadas al ponerlas en una condición mayor de indefensión y de riesgo de ser víctimas de un nuevo desplazamiento en el lugar de recepción.

“La situación en Buenaventura fue muy complicada, para alimentarnos teníamos que estar continuamente comprando, mientras que en la comunidad practicamos la olla comunitaria y la recolección del pan coger. Esto complicó mucho la situación. Además, los niños no comprendían la situación y salían a las calles a jugar, situación que ponía en riesgo su vida, ya que estaba lleno de carros.” Miembro comunidad de Chachajo.

Equipo Humanitario Local. “Informe Final MIRA: Municipio Buenaventura (Valle del Cauca), Colombia Desplazamiento de Comunidades del Bajo San Juan y Litoral del San Juan: Chachajo, Unión de Agua Clara, Chamapuro y Balsalito”. 9 y 10 de diciembre de 2014. Tomado de: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/241214%20MIRA%20Buenaventura.pdf

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Seguimiento al proceso de retorno

2 A continuación se presentan las barreras que siguen afrontando las comunidades indígenas de Chachajo, Chamapuro y Unión Agua Clara después de retornar a sus territorios, y que impiden la consecución de un retorno transformador y sostenible. Este análisis se hará mediante el contraste de los deberes derivados de la normatividad y jurisprudencia vigente y las barreras que debieron afrontar o siguen enfrentando dichas comunidades, y cómo afectan al proceso de retorno.

2.1. No se ha hecho efectiva la estabilización socioeconómica con el retorno Tanto en el artículo 107 del Decreto 4633, como en la Sentencia C-280 de 20136, se pone de manifiesto la obligación del Estado de asegurar la estabilización socioeconómica de las víctimas de desplazamiento y su conexión con los procesos de retorno. En este sentido, el retorno forma parte de la reparación, por ello debe propender

a restablecer todos los derechos vulnerados por el desplazamiento forzado y a garantizar su auto-sostenimiento. A su vez, como se ha indicado anteriormente, todo proceso de retorno debe garantizar los tres principios fundamentales –voluntariedad, seguridad y dignidad–. Así, el principio de dignidad se expresa en el goce efectivo de los derechos que han sido vulnerados. En el caso de los retornos, algunos de estos derechos, como lo son los derechos mínimos o universales, se deben garantizar desde el primer momento, mientras que otros, los derechos graduales y progresivos, se pueden ir implementando con el tiempo (Resolución 00329 del 26 de Mayo de 2014). Derechos mínimos o universales: identificación, salud, educación, alimentación, reunificación familiar, vivienda, orientación ocupacional, atención psicosocial.

Sentencia C-280 de 15 de mayo de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

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Derechos graduales y progresivos: restitución de tierras, servicios públicos básicos, vías y comunicaciones, seguridad alimentaria, ingresos y trabajo y fortalecimiento de la organización social.

por componente, los avances que se han presentado en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el plan de retorno comparando la perspectiva de las instituciones estatales y la de las comunidades. Descripción para la identificación de la respuesta:

Sin embargo a la fecha, debido a los incumplimientos reiterados de las instituciones estatales, no puede afirmarse que exista una conexión efectiva entre el retorno de estas comunidades y la estabilización socioeconómica, ni que se haya respetado el principio de dignidad. A continuación se expone, componente

Salud

Identificación

Compromisos que no se han cumplido, según la UARIV. Compromisos en los que ha habido avances, pero aún no se han cumplido, según la UARIV. Compromisos cumplidos, según la UARIV.

Acuerdo alcanzado

Avance según la Alcaldía

Avances según la comunidad

Entidad responsable

La Registraduría realizará una jornada de actualización y validación de documentos de identidad con las familias Wounaan desplazadas en el mes Noviembre de 2014.

Se realizó jornada de Registro en Zona Rural - Chachajo y Agua Clara. En cuanto a Chamapuro, se realiza revisión del censo y validación de documentación. Allí se encuentra que, de las 31 personas de la comunidad que faltaban por proceso de identificación, sólo dos deben revisar la documentación (una por cambio de edad y otra por cambio de nombre).

Las comunidades de Unión Agua Clara y Chachajo disponen de los documentos actualizados validados. Sin embargo, en Chamapauro no se llevó a cabo la jornada de atención y hay dos personas que aún no tienen la documentación actualizada.

Registraduría Nacional del Estado Civil.

La Secretaria de Salud Distrital realizará una jornada de atención previa al retorno de las familias.

Se realizaron dos jornadas de atención en salud previas al retorno, en las siguientes fechas: 17/11/2015 y 26/11/2015.

Se realizaron dos jornadas de atención en salud previas al retorno en las siguientes fechas: 17/11/2015 y 26/11/2015.

Secretaría de Salud

Realizar rituales para el restablecimiento de las condiciones espirituales y de salud afectadas por el hecho victimizante sufrido por las familias Wounaan, de las comunidades de Agua Clara, Chachajo y Chamapuro. La alcaldía debe entregar 2 millones de pesos a cada comunidad para realizar 2 rituales tradicionales por comunidad.

Se entregaron los 2 millones de pesos por comunidad, y se realizaron dos rituales tradicionales para la armonización en salud, equilibrio territorial y de protección de cada comunidad.

Alcaldía Distrital

Salud

Acuerdo alcanzado

A partir de la fecha del retorno la Secretaria de Salud Distrital se compromete a realizar 6 jornadas bimensuales en salud durante 12 meses. En cada una de las comunidades. Fechas a realizarse:

Avance según la Alcaldía

Avances según la comunidad

Entidad responsable

Se han realizado 3 jornadas de atención en salud en los meses de abril, julio y agosto.

Se han realizado 2 atenciones en salud en Unión Agua Clara, 2 en Chachajo y 1 en Chamapuro. En las 2 primeras jornadas de atención en Chachajo y Unión Agua Clara, la atención por parte de los funcionarios no fue adecuada, debido al afán y a que atendieron en plena calle, sin garantizar unos mínimos de confidencialidad. Por otro lado, no traen los medicamentos adecuados para tratar las enfermedades presentes en las comunidades. Adicionalmente, en la última jornada informaron que iban a celebrar la atención un día pero llegaron a las comunidades cuatro (4) días más tarde. Ante esta situación, la comunidad de Chachajo no aceptó la entrada de la brigada, ya que querían atender únicamente medio día, lo cual no es tiempo suficiente para cubrir a toda tdel marco de los compromisos del plan de retorno, solicitan que se atienda a toda la comunidad, sin distinción de si las personas se encuentran en el régimen contributivo o subsidiado.

Secretaría de Salud

86 niñas y niños fueron trasladados vía SIMAT hacia la Institución Educativa Nonam.

86 Niños fueron trasladados vía SIMAT hacia la Institución Educativa Nonam.

Secretaría de Educación

Se cuenta con acuerdo de contratación entre la Alcaldía (Secretaría de Educación) y ACIVA (Asociación de Cabildos Indígenas del Valle), donde se tiene contemplada la contratación de docentes de su misma comunidad. Posteriormente, se entrega soporte de contratación entre la Alcaldía Distrital (secretaria de Educación) y ACIVA.

En la comunidad de Chachajo no han recibido ningún docente y retiraron a dos docentes por no cumplir con el número de estudiantes. En cuanto a Unión Agua Clara, han recibido 2 docentes, pero dicha contratación no se realizó en el marco del plan de retorno. Además, en estos momentos les están diciendo que si no alcanzan la cobertura les retirarán un docente. Las comunidades manifiestan que, a la fecha, no conocen ningún avance sobre este compromiso.

Secretaría de Educación

27/04/2016 - 27/06/2016 - 27/08/2016 - 13/09/2016

Educación

Se garantiza la inclusión inmediata a la Institución Educativa NONAM, a la cual pertenecen. Se realizará el traslado al SIMAT (SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA) a la Institución Educativa Nonam de los niños, niñas y jóvenes. Una vez se identifique la necesidad de docentes en cada una de las comunidades realizar el trámite correspondiente para la contratación de docentes. Posteriormente, se acordó la contratación de 3 docentes, uno por comunidad. La Secretaría de Educación hará incidencia con el fin de realizar la identificación de necesidades de educación superior ante las universidades locales. Especialmente las 2 universidades oficiales, una vez sea entregada la información por el rector de la Institución Educativa Nonam en coordinación con los gobernadores.

La Secretaria de Educación Distrital realizó solicitud de información de programas con enfoque diferencial para población victima a las dos universidades públicas en el Distrito (universidad del Valle y universidad del Pacífico). Se cuenta con documentos de respuesta de las universidades y se hace entrega al enlace étnico. Se realiza jornada de socialización de la ley con las universidades y se obtiene información acerca de la oferta para víctimas (enfoque diferencial con el apoyo del enlace étnico). Se espera que las tres comunidades remitan las necesidades de estudio superiores.

Se realizó una reunión con los líderes de las tres comunidades, el enlace étnico de la Alcaldía, miembros de la organización ACIVA y los rectores de las universidades, para presentar la oferta institucional. Sin embargo, según las comunidades esta reunión fue para presentar dicha oferta a todas las comunidades indígenas, por lo que no consideran que la reunión se circunscribiera al cumplimiento de los compromisos del plan de retorno.

Secretaría de Educación

Informe Temático 2016

Avances según la comunidad

Entidad responsable

Las 3 comunidades indígenas están informadas sobre las condiciones de excepción de la población indígena a los programas de educación superior de la universidad del Valle y la universidad del Pacifico.

Se realizó una reunión con los líderes de las tres comunidades, el enlace étnico de la Alcaldía, miembros de ACIVA y los rectores de las universidades para presentar la oferta institucional. Sin embargo, según las comunidades esta reunión fue para presentar dicha oferta a todas las comunidades indígenas, por lo que no consideran que la reunión se circunscribiera al cumplimiento de los compromisos del plan de retorno.

Secretaría de Convivencia

127 hogares de las comunidades de Agua Clara, Chachajo y Chamapuro con ayuda humanitaria colocada en febrero, junio, octubre de 2015 y marzo de 2016

Se recibieron ayudas humanitarias en los meses de febrero, junio y octubre del año 2015. En el 2016 se ha recibido la ayuda humanitaria del mes de marzo y septiembre. Además de los retrasos y demoras en la recepción de la ayuda humanitaria, hay 14 familias de la comunidad de Unión Agua Clara a los que se les ha disminuido tanto la ayuda, que no les sale a cuenta desplazarse hasta Buenaventura para poder cobrarla. Al mismo tiempo, en el cobro de la última ayuda en septiembre, la UARIV les informó que la ayuda humanitaria ya estaba disponible para el cobro, por lo que varias familias se desplazaron hasta Buenaventura para cobrar. Sin embargo, una vez allí, se encontraron que la ayuda humanitaria aún no estaba disponible, lo que les obligó a quedarse en Buenaventura hasta más de 5 días, con todos los gastos de manutención que esto supone.

UARIV

La UARIV una vez las familias retornen entregaran 2 kit tipo A. El primero será entregado al momento del retorno y el segundo al mes siguiente. Durante el año siguiente (2016) se concertará con la comunidad si la ayuda humanitaria de emergencia se suministrará en especie (alimentos) o en efectivo.

127 hogares indígenas retornados que recibieron dos entregas de kit tipo A. La primera entrega el 29 de noviembre de 2015 y la otra el 21 de enero 2016.

Se realizaron dos entregas de kits tipo A, no obstante, en la última entrega, los bultos con los alimentos se entregaron rotos y contaminados por combustible. Además, los kits no tuvieron en cuenta el número de miembros que tiene cada familia, entregando las mismas cantidades a familias de 5 miembros como a las de 10.

UARIV

Realizar jornadas de atención psicosocial con enfoque étnico. Se programaron las siguientes fechas de atención 27/04/2016 - 27/06/2016 - 27/08/201 - 13/09/2016.

Se han realizado dos jornadas de atención psicosocial étnica en comunidades indígenas, en marzo y junio de 2016.

Se han realizado dos atenciones en las comunidades de Chachajo y Unión Agua Clara. No obstante, aún no se ha realizado ninguna atención en Chamapuro.

Secretaría de Salud - ICBF

Acuerdo alcanzado

Educación

Avance según la Alcaldía

A través del enlace étnico se informará a las comunidades sobre los programas y las condiciones de excepción con las Universidades Publicas: Resolución 044 y 047 de la Univalle Sede Pacifico, el 4% de los cupos para cada programa son para indígenas según condiciones para el ingreso.

Atención psicosocial

Alimentación

Entrega de las ayudas humanitarias por parte de la UARIV.

Acuerdo alcanzado

Orientación ocupacional

El SENA realizará jornadas de orientación ocupacional en cada una de las comunidades a fin de identificar las necesidades de formación complementaria. Posterior a esto, implementará el programa jóvenes rurales emprendedores (JRE). Esto considerando los requisitos mínimos que debe cumplir la población para acceder a los programas.

Infraestructura de Servicios Salud

Generación de Ingresos

Un proyecto en Iniciativas productivas y empresariales formulado e implementado en cada una de las comunidades.

Tres grupos artesanales fortalecidos con la dotación de insumos y herramientas.

Avance según la Alcaldía

Avances según la comunidad

Entidad responsable

Se ha implementado un programa dirigido a la comunidad de Chachajo.

El SENA socializó la oferta de los cursos con las comunidades. En Chachajo ya ha empezado una capacitación en artesanía y productos en madera. En relación a Unión Agua Clara la comunidad aún no ha presentado el listado de estudiantes. En cuanto a Chamapuro no se tiene información por parte de la comunidad.

Centro Náutico Pesquero - SENA Buenaventura

Ya se aprobó el proyecto para dotación de insumos para la elaboración de artesanías.

Secretaría de Desarrollo Económico y Rural

La Alcaldía informó que las herramientas e insumos están en Buenaventura, pero falta el tema logístico para llevarlos hasta las comunidades. Por lo tanto los insumos aún no han sido entregados a las comunidades. Así, a la fecha no hay avance.

Secretaría de Desarrollo Económico y Rural

Se están formulando los proyectos para beneficiar las comunidades indigeneas wounaan: A. Un proyecto para la dotación de insumos para elaboración de artesanías. B. Un proyecto para la consecución de tres trapiches electricos.

Dos ferias artesanales a nivel local con representantes de las comunidades indígenas de Unión Agua Clara, Chachajo y Chamapuro.

La expoferia se celebrará en el mes de Octubre de 2016

La Expoferia se celebrará en el mes de Octubre de 2016

Secretaría de Desarrollo Económico y Rural

Dotar de una embarcación ambulancia para beneficio de las tres comunidades; con sus respectivos implementos, distintivos, dos motores fuera de borda (200hp) por embarcación.

Se cuenta con un proyecto formulado para la adquisición de lancha ambulancia con dotación basica por valor de $257.250.000, ya está radicado ante el Minsterio de Salud y Protección Social - se tiene documento de presentacion del proyecto con Radicado # 201642301170242. Se está a la espera de recibir la viabilidad del proyecto por parte de dicho ministerio.

Se cuenta con un proyecto formulado para la adquisición de lancha ambulancia con dotación básica por valor de $257.250.000, ya está radicado en el Ministerio de Salud y Protección Social y se tiene documento de presentación del proyecto con Radicado # 201642301170242.

Secretaría de Salud

La Secretaria de Salud Distrital manifiesta que se tiene pendiente la ampliación de la casa de atención básica ubicada en una de las comunidades.

La Secretaría de Salud Distrital informó que siguiendo lo establecido en la Resolución 2514, la Secretaría no puede realizar ninguna inversión en remodelaciones de puestos de salud que no estén incluidos en el plan bienal. La comunidad solicita realizar las gestiones necesarias a nivel nacional para dar cumplimiento al compromiso, ya que a la fecha no hay avance.

Secretaría de Salud Distrital

Realizar la construcción, mejoramiento y dotación de casas de atención básica en salud en cada una de las comunidades. En dichos espacios las comunidades tienen proyectado ubicar equipos como microscopios, botiquín, pesas, camillas entre otros.

Informe Temático 2016

Infraestructura Comunitaria Cultura, Deporte y Recreación

Primera Infancia

Infraestructura de Servicios Educación

Acuerdo alcanzado

Avance según la Alcaldía

Construir y/o reparar la infraestructura de las escuelas en cada comunidad además de los restaurantes escolares y su dotación (Terminación sede educativa San Juan Bautista comunidad de Chachajo y construcción sede Agua Clara)

El proyecto se encuentra ante el Ministerio de Educación desde el mes de marzo de 2015. Se presentaron por parte de la Secretaría de Educación Distrital aportes a observaciones del proyecto. Por el momento, se está en espera de la definición por parte del Ministerio.

Dotar a las sedes educativas con los implementos necesarios para su funcionamiento, como lo son los paneles solares.

Atender las necesidades de transporte de los y las estudiantes de las tres comunidades.

Concluir la construcción de la guardería de la comunidad indígena de Chachajo.

Construir espacios recreativos y deportivos en las comunidades: canchas múltiples y parques recreativos para los niños y niñas. Además, se acordó con las comunidades unas actividades deportivas culturales a partir de junio de 2016.

Construir o mejorar las casas culturales tradicionales (Dichardi) en cada una de las comunidades. Dichas estructuras deberán cumplir funciones multipropósito como lo son: la realización de actividades culturales, medicina tradicional como también para el albergue. Para este último se debe contar con dotación que incluya: colchonetas, toldillos y suministro de agua.

Avances según la comunidad

Entidad responsable

No hay avance.

Ministerio de Educación - Secretaría de Educación Distrital

Se encuentra en etapa contractual. Se está a la espera de respuesta del Ministerio de Educación.

No hay avance.

Secretaría de Educación Distrital

Se destinaron 500 millones de pesos para las 21 instituciones educativas, entre las cuales se encuentra la Institución Educativa Nonam. Está pendiente la firma de la Resolución por parte del Alcalde para la el traslado de los recursos a dicha institución.

Los pagos por parte de la Alcaldía llegan con mucho retraso por lo que, cuando los financiadores de combustible llevan tres meses sin cobrar, se niegan a seguir transportando a los estudiantes. La situación genera que las y los estudiantes dejen de asistir a la escuela durante al menos una semana.

Secretaría de Educación Distrital

Pendiente informe del Alcalde en articulación con el ICBF.

No hay avance. Por este motivo, la comunidad ha empezado a construirla con recursos propios.

ICBF Gobierno Distrital Gobierno Nacional

Se hizo entrega de informe técnico de visita a comunidades Wounaan y se realizó reunión con líderes de las comunidades de Bajo San Juan el 14/06/2016.

Para las actividades realizaron un contrato con el IMDER por el valor de 23 millones de pesos, y acordaron que el IMDER gestionaría los recursos. No obstante, después de la primera actividad el pasado 27 de agosto, las comunidades están descontentas con el manejo de los recursos. En primer lugar, no les entregaron un inventario de los bienes adquiridos. En segundo lugar, los implementos deportivos no eran adecuados, ya que trajeron equipaciones incompletas y balones pequeños. Además, para la compra del refrigerio no se tuvo en cuenta el enfoque diferencial.

Alcaldía Distrital Dirección Técnica de Deportes y Recreación

No hay avance.

Alcaldía Distrital Dirección Técnica de Cultura

No reporta avance.

Acuerdo alcanzado

Servicios Públicos Básicos

Comunicaciones

Infraestructura de Servicios

Vías y Transporte Público

Avance según la Alcaldía

Avances según la comunidad

Entidad responsable

Facilitar la movilidad de las comunidades mediante la dotación de una embarcación comunitaria, de acuerdo a las siguientes especificaciones: -Agua Clara: lancha en fibra de vidrio, longitud 16 mts, motor 75hp y dotación de seguridad (chalecos y botiquín) -Chachajo: lancha en fibra de vidrio, longitud 16 mts, motor 75hp y dotación de seguridad (chalecos y botiquín) -Chamapuro: lancha en fibra de vidrio, longitud 16 m, motor 75hp y dotación de seguridad (chalecos y botiquín)

No reporta avance.

No hay avance.

Entrega de nueve (9) potrillos a las tres comunidades (3 por comunidad).

Pendiente por parte de la comunidad entregar a la Secretaría de Gabinete los documentos requeridos por cada resguardo para cotizar los tres potrillos por comunidad.

La Alcaldía aún debe revisar si esta gestión es posible jurídicamente.

Garantizar el acceso a internet gratuito en las comunidades.

Está enlazado al proyecto de paneles solares presentado al Ministerio de Educación.

No hay avance.

Secretaría de Educación

Ampliar la cobertura del servicio de telefonía móvil en la zona. Instalar torre. (Plan de Salvaguarda)

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ofició a los operadores para ampliar la cobertura en la zona y se recibió respuesta donde informaron que no tienen planteado proyectos para esta zona.

No hay avance.

Alcaldía Distrital -Gobierno Nacional - Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

No reporta avance.

No hay avance. Por este motivo, en Chachajo se están instalando paneles solares financiados por USAID.

Instalar en cada comunidad un generador eléctrico y/o paneles solares con su respectivo cableado. En el caso dado se debe garantizar el combustible para el funcionamiento.

Alcaldía Distrital Gobierno NacionalMinisterio de Transportes

Alcalde

Alcaldía Distrital Gobierno Nacional

Informe Temático 2016

Infraestructura de Servicios Servicios Públicos Básicos

Acuerdo alcanzado

Avance según la Alcaldía

Avances según la comunidad

Entidad responsable

Realizar estudio de calidad del agua en los sistemas de abastecimiento existentes en las comunidades indígenas de Unión Agua Clara, Chachajo y Chamapuro.

Se realizó el estudio de la calidad de agua.

Se realizó el estudio, pero las comunidades no conocen el resultado.

Secretaría de Salud Distrital

Para garantizar que las comunidades retornadas accedan a agua segura se les entregará filtros de agua a las familias retornadas.

El 4 de junio la Armada Nacional entrega 127 filtros de agua a la comunidad de Unión Agua Clara en la estrategia de acción integral.

La Secretaría de Salud Distrital aún no ha entregado ningún filtro. En Unión Agua Clara, quien ha entregado filtros ha sido la Armada, y en Chamapuro los entregó la Fundación Halu. En cuanto a Chachajo, la Fundación Halu entregó algunos filtros pero las familias que se desplazaron no recibieron los filtros porque en ese momento se encontraban en Buenaventura, luego siguen esperando la entrega de estos.

Secretaría de Salud Distrital

Elaborar e implementar un proyecto para la construcción de sistemas de abastecimiento y saneamiento que contemple los recursos para el mantenimiento de los acueductos

El asesor de la CVC manifiesta que están en formulación proyectos, que se estan adicionando al Plan Trienal de la CVC, en los cuales se registrará el de mejoramiento a sistemas de abastecimiento y acueductos. Posteriormente, se realizó visita por parte de planeación para el diagnóstico de los sistemas de abastecimiento o acueductos. El Dr. Helber Campo, Secretaría de Planeación Distrital, informa que se estará realizando proyecto de bastecimiento de agua para las tres comunidades.

El pasado 3 de agosto un ingeniero de la Secretaria de Infraestructura Vial realizó una visita de diagnóstico y les informó que en el mes de octubre se presentaría el proyecto ya formulado.

Alcaldía Distrital Oficina de Planeación Distrital

Tres (3) kits de habitabilidad entregados a las tres comunidades, Chachajo, Chamapuro y Unión Agua Clara.

La entrega fue desordenada e incompleta. No hubo manera de verificar el material que llegó. A Unión Agua Clara aún le faltan 16 bultos de zinc, en Chamapuro la entrega de los techos de zinc también fue incompleta, y en Chachajo faltó el 50% del material.

Dirección Técnica de Vivienda

Vivienda

Realizar la entrega de un kit para la adecuación de viviendas a las familias una vez retornen a sus comunidades. Se definió que se le asignará un cupo comunitario para la adecuación de viviendas distribuido de las siguiente forma: Agua Clara: $38.991.596,64 Chachajo: $33.613.445,38 Chamapuro: $7.394.957,98 Se acuerda con las autoridades y líderes indígenas que la alcaldía realizará un contrato con un operador, para la entrega de cada uno de los kits, el operador se encargara de verificar la ejecución.

Avances según la comunidad

Entidad responsable

Formular e implementar una propuesta técnico-económica para la construcción nueva y mejoramiento de vivienda en Unión Agua Clara, Chachajo y Chamapuro. En este sentido, se debe formular y radicar el proyecto de vivienda para construcción de vivienda nueva, ante el Banco de Proyectos- Planeación Distrital y Ordenamiento Territorial para las comunidades de Chamapuro, Chachajo, Unión Agua Clara.

Se realizó una visita general para hacer el diagnóstico y caracterización el 27 de agosto de 2016.

Se realizó visita de diagnostica y caracterización en Unión Agua Clara para llevar a cabo la reubicación. En Chachajo, también se realizó visita y se determinó el número de mejoramientos de vivienda y de nuevas construcciones que se realizarían. No se tiene información sobre Chamapuro.

Dirección Técnica de Vivienda

Realizar un informe sobre los avances de los procedimientos de ampliación y saneamiento solicitados al INCODER.

No reporta avance.

No hay avance.

Ministerio del Interior - INCODER

Informar a las comunidades sobre las posibles intervenciones que se proyecten realizar sobre los territorios de las comunidades indígenas de Chachajo, Chamapuro y Unión Agua Clara; en el Bajo San Juan, como lo son: instalación de bases militares, concesiones mineras, megaproyectos.

Brigada de Infantería de Marina No. 2 informa en Consejo Territorial de Justicia Transicional que por el momento no se tiene destinado o en proyecto la ubicación de batallones en la zona, el único batallón o base es el de Docordó en el departamento del Choco.

Batallón Brigada de Infantería No. 2 - CVC - Defensoría del Pueblo

Identificar la necesidad de acompañamiento para adelantar procesos de restitución de tierras en estas comunidades.

No reporta avance.

No hay avance.

El Ministerio del Interior se compromete a articularse con la Unidad Nacional de Protección, para el fortalecimiento del gobierno propio y la guardia indígena de las comunidades que se retornen.

Tres (3) comunidades con capacitación en autoridad indígena tradicional en el marco del Auto 004 del 2009, en el Plan de Salvaguarda del pueblo Kokonuko, eje de gobernabilidad, programa control territorial y la línea de acción denominada: fortalecimiento a la guardia indígena como cuerpos de paz en los pueblos indígenas (gobierno propio), por gestión del Ministerio de Interior, ante las y los representantes de la comunidad Nassa de Kokonuko.- Asociación de Cabildos Genaro Sánchez.

Organización Social

Tierras

Acuerdo alcanzado

Vivienda

Avance según la Alcaldía

URT

Hubo una visita del Ministerio del Interior en diciembre de 2015, pero desde entonces no ha habido ningún avance.

Gobierno NacionalMinisterio del Interior UNP

Informe Temático 2016

Economía local actual y seguridad alimentaria

Organización Social

Acuerdo alcanzado La UNP se compromete en presentar la solicitud elevada en el Comité Territorial de Justicia Transicional el 12 de abril de 2016 ante el CERREM y según lo solicitado anteriormente a través de oficio para la dotación de la guardia indígena (59 integrantes), además de presentar solicitud de embarcaciones para la comunidad como medida para la protección colectiva.

Avance según la Alcaldía

Avances según la comunidad

Se actualiza compromiso, para mayo de 2016 se espera tener respuesta para presentar propuesta de dotación con la po- No hay avance. sibilidad de incluir solicitud de lanchas para transporte - plan de protección colectiva.

La Defensoría se compromete a realizar capacitaciones Defensoria se compromete a realizar en Derechos Humanos y capacitación en las tres comunidades a No hay avance. DIH a los jóvenes en las partir del mes de abril de 2016. comunidades.

Entidad responsable

Gobierno NacionalMinisterio del Interior UNP

Defensoría del Pueblo

Presencia trimestral de la Defensoría del Pueblo en la Se ha realizado tres visitas posteriores al zona posterior al retorno, o retorno, en los meses de enero, marzo y cuando se presenten algunas septiembre de 2016. eventualidades.

La visita del mes de enero no fue de seguimiento, simplemente se acompañó la entrega de alimentos por parte de la UARIV. En la visita de marzo estuvo la Defensoría Nacional en reunión realizada en la comunidad de Unión Agua Clara. No se visitó a las otras comunidades.

La Secretaría de desarrollo económico del Distrito de Buenaventura formulo e inscribió un proyecto para la recuperación de semillas de pan coger en las comunidades de Chachajo, unión Agua Clara y Chamapuro, el cual fue aprobado y financiado a través Se brindó un proyecto de seguridad de regalías OCAD. La Alcaldía alimentaria para estas tres comunidades. de Buenaventura entregará a Queda pendiente el tema del trapiche. cada una de las comunidades un kit para el desarrollo de cultivos de pan coger. Este paquete contempla la entrega de un trapiche para cada una de las comunidades; kit agro productivo; y la entrega de guadañas, una por cada comunidad.

Se realizó una entrega de semillas, pero esta no fue suficiente. Además, con las plagas que ha habido aún no tienen los cultivos. Alcaldía En cuanto a la entrega de los trapiches, los Distrital que se entregaron son manuales, por lo cual -Secretaría no fueron aceptados en las comunidades. de Posteriormente, se pactó la entrega de Desarrollo trapiches mecánicos, pero la Secretaría Económico y de Desarrollo Económico y Rural ya ha Rural comunicado que no cuenta con los recursos para entregarlos este año. Hará las gestiones para entregarlos el próximo año.

Defensoría del Pueblo

La gobernadora de la comunidad Unión Agua Clara presenta al ICBF un proyecto Alcaldía de seguridad alimentaria “Recuperación Distrital de Nuestras Semillas Ancestrales”- en Proyecto de seguridad -Secretaría esta comunidad se viene operando la El proyecto ya ha sido aprobado, pero aún alimentaria para las tres de modalidad de Generaciones con Bienestar, no se ha implementado comunidades. Desarrollo con un cupo de 94 NNA, para promover Económico y la protección integral de los proyectos Rural de vida de niños, niñas y adolescentes a partir del emprendimiento.

Cultura

Acuerdo alcanzado

Avance según la Alcaldía

Construir participativamente un proyecto para fortalecer el conocimiento ancestral, mediante una propuesta para la recuperación de la No reporta avance. memoria histórica de las comunidades indígenas de Unión Agua Clara, Chachajo y Chamapuro.

Así, del cuadro anterior se puede concluir que de los 43 compromisos contenidos en el plan de retorno, la UARIV considera que 7 (16%) de ellos han sido cumplidos, en 14 (33%) de ellos hay avances pero aún no se ha alcanzado el objetivo, y los 22 restantes (51%) se encuentran incumplidos. Por lo tanto, en más de la mitad de los acuerdos no se presentan avances significativos. Incluso, de los 7 acuerdos que la UARIV considera que ya han sido cumplidos, en 3 de ellos las comunidades consideran que no se logró el objetivo acordado de forma satisfactoria. En este sentido, en cuanto a las remesas de alimentación entregadas a las familias después del retorno, la comunidad manifiesta que varios bultos que contenían los alimentos llegaron en condiciones no aptas para el consumo (contaminados por combustible). En cuanto a la entrega de los recursos económicos para suplir las necesidades de transporte de las y los estudiantes de las comunidades, por parte de la Secretaría de Educación, los pagos de la Alcaldía siguen llegando tarde por lo que en ocasiones los y las estudiantes deben dejar de ir a la escuela durante al menos una semana. Por último, en relación a los kits de mejoramientos de vivienda entregados después del retorno, la entrega fue desordenada e incompleta, por lo que las comunidades siguen esperando varios materiales casi un año más tarde desde el retorno.

Avances según la comunidad

No hay avance.

Entidad responsable

Dirección Técnica de Cultura

Al mismo tiempo, al observar con detalle los compromisos en los que hay incumplimientos, se distingue que algunos de los derechos calificados como mínimos no se encuentran totalmente garantizados. Esto ocurre, por ejemplo, en el (1) derecho a la identificación para la comunidad de Chamapuro que aún hay dos personas que no tienen los documentos actualizados; el (2) derecho a la salud, ya que las jornadas de atención no tienen la calidad adecuada; en cuanto al (3) derecho a la educación se pone en riesgo cada vez que los gastos de transporte llegan con retraso. Asimismo, el (4) derecho a la vivienda se vulneró al realizar las entregas de los kits de habitabilidad de forma desordenada e incompleta; y finalmente, en relación a la atención psicosocial, se presentan demoras y no hay coordinación entre las entidades responsables. Por otro lado, es preocupante la situación que se presentó en la comunidad de Unión Agua Clara en cuanto al acceso al agua segura y limpia. Para garantizar este derecho, la Alcaldía se comprometió a arreglar la bocatoma del acueducto, sin embargo, a la fecha aún no ha cumplido con dicho compromiso. Este incumplimiento supuso, según las comunidades, que murieran tres menores.7

Mueren cuatro niños indígenas de Wounaan en desplazamiento (2016).El Espectador. Recuperado de: http://www.elespectador.com/noticias/ nacional/valle/mueren-cuatro-ninos-indigenas-de-wounaan-desplazamiento-articulo-623736

Informe Temático 2016

“Al llegar el agua a la comunidad no era tratada, era muy diferente a la de Buenaventura, por este motivo, varios niños enfermaron. A esta situación hay que añadirle la dificultad por aplicar la medicina tradicional. Y es que en ese momento nuestras plantas medicinales estaban marchitadas, por lo que tardamos meses en recuperarlas y poder utilizarlas”. Miembro de la comunidad de Unión Agua Clara.

Además, estos incumplimientos están obligando, en algunos casos, a que las propias comunidades cubran sus necesidades a través de recursos propios o de la ayuda de organizaciones internacionales. Por ejemplo, en la comunidad de Chachajo la finalización de la construcción de la guardería se está llevando a cabo a través de recursos propios, mientas que la instalación de paneles solares está siendo financiada por USAID. Por último, se debe poner especial atención a la comunidad de Chamapuro, ya que en varios componentes presenta mayores atrasos que Chachajo y Unión Agua Clara. En este sentido, es probable que, al tratarse de una comunidad bastante más pequeña que las otras dos, no se le esté prestando la atención requerida. Así, se observan mayores atrasos en el componente de identificación y salud.

2.2. No participación real y efectiva de las comunidades indígenas en los espacios de participación8 Conforme a los artículos 20 y 26 del Decreto Ley 4633 de 2011, la participación de los pueblos y comunidades indígenas en todas las instancias del SNARIV y en los procedimientos de reparación que establezca la Ley, incluidas las instancias del Subcomité de Retorno y los Comités de Justicia Transicional, debe ser real y efectiva. No obstante, a pesar de lo establecido legalmente, se siguen presentando inconvenientes en relación a la convocatoria y en la debida difusión y socialización de las

actas y demás documentos que surgen en el marco del proceso. Así, en cuanto a las convocatorias, no se efectúan con tiempo de anticipación suficiente, e incluso en algunas ocasiones, ni siquiera llegan. Además, a pesar de que la ley únicamente hace referencia a asegurar la participación de las autoridades indígenas en dichos espacios (sin recaer dicha participación únicamente en los gobernadores), la administración distrital ha restringido en ocasiones la participación de otros líderes de la comunidad, permitiendo exclusivamente la asistencia de los gobernadores. Lo anterior supone una grave vulneración al derecho a la participación de los pueblos indígenas y de su derecho a la autonomía. Asimismo, ésta situación ha generado malestar y divisiones dentro de las propias comunidades, ya que esta limitación generó desconfianza de algunos líderes hacia sus autoridades. Igualmente, en este proceso hay que tener en cuenta que los gobernadores de las comunidades tomaron posesión del cargo en enero de 2016, por lo que no son los mismos que estuvieron en el proceso de negociación del plan de retorno. Por este motivo, consideran que es muy importante para asegurar el adecuado seguimiento de los compromisos que los líderes que estuvieron presentes desde el inicio del proceso puedan estar presentes en todos los espacios de participación. Al mismo tiempo, la garantía del derecho a la participación de los representantes de las comunidades indígenas no se agota con la mera citación que de ellos se haga para que comparezcan a estos

Véase también Servicio Jesuita a Refugiados. “Un año en la selva de concreto. El retorno de las comunidades indígenas Wounaan”. Buenaventura, 2015.

espacios de discusión, sino que se extiende al adelantamiento de acciones dirigidas a garantizar la participación real y efectiva de los interesados. Así, por ejemplo, una de las obligaciones derivadas del deber de garantizar la participación real y efectiva en los proceso de retorno o reubicación que deben ser cumplidas por la administración municipal y demás instituciones locales es la debida difusión y socialización de las actas y demás documentos que surjan en el marco del proceso con las autoridades de las comunidades que participan. La entrega de información completa y veraz, y la adecuada publicidad y difusión de las actas y demás documentos que surgen en el marco del proceso de retorno9, permite que la participación de las comunidades indígenas sea real y efectiva. Lo anterior en tanto garantiza la existencia de espacios de discusión previos y la participación informada de los líderes, a la vez que la posibilidad de que los entes de control, los líderes y las organizaciones realicen un seguimiento sostenido de los compromisos parciales y/o finales que las instituciones parte del SNARIV hacen en estos escenarios. No obstante, en este proceso la entrega de las actas sigue siendo esporádica, habiéndose facilitado tan sólo algunas luego de haber transcurridos largos periodos de tiempo. En este sentido, las comunidades enviaron un derecho de petición a la Secretaría de Convivencia para solicitar dichas actas, del cual aún no tienen respuesta. Asimismo, para obtener la matriz con el contenido de los acuerdos del plan de retorno fue necesario solicitarla en repetidas ocasiones para que se hiciera efectiva. Por último, las comunidades no han sido convocadas a ninguna reunión de discusión del Plan de Desarrollo, ni del Plan de Acción Territorial (PAT), por lo que desconocen cómo han quedado plasmados los compromisos del plan de retorno en dichos instrumentos. En este sentido, esto último es

importante porque el PAT permite a las Alcaldías y Gobernaciones coordinar acciones con las entidades territoriales, comprometer recursos para la garantía de los derechos y hacer seguimiento a la implementación de acciones de la población víctima (Resolución 00329 del 26 de Mayo de 2014).

2.3. Débil seguimiento por parte del Ministerio Público del proceso de retorno Según el artículo 106 del Decreto 4633 “la implementación y seguimiento de los planes de retorno y reubicación serán producto de una acción armónica, concertada e informada entre la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad Administrativa Especial de Gestión para la Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas y las autoridades indígenas. Estos seguimientos se realizarán durante los dos años siguientes al retorno o la reubicación, en plazos de 6 meses”. A su vez, el Protocolo de Retornos y Reubicaciones afirma que el seguimiento a los compromisos establecidos registrados en el plan de retorno “debe hacerse en el marco de los Comités Territoriales de Justicia Transicional cada trimestre del año”, y posteriormente añade que “se puede dejar a discreción de los participantes del Comité la pertinencia de hacer el seguimiento operativo en otras instancias vinculadas al mismo, dígase Comités, Subcomités, Mesas, entre otros”. Así, para el caso de las comunidades indígenas Wounaan, la Alcaldía Distrital de Buenaventura convocó el pasado 9 de agosto de 2016 exclusivamente a los gobernadores de las tres comunidades indígenas a una reunión para dialogar sobre la implementación del plan de retorno. En dicha reunión se realizó el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, y estuvieron presentes las distintas instituciones del SNARIV con responsabilidades en el plan de retorno, entre ellas la UARIV. Sin embargo, al no tratarse de un

Así, el artículo 37 Decreto Ley 4633 de 2011 ha dispuesto que el Estado, a través del SNAIPD, “deberá promover mecanismos de publicidad y difusión eficaces dirigidos a las víctimas de los pueblos indígenas”.

Informe Temático 2016

Comité Territorial de Justicia Transicional o subcomité, no estuvieron presentes el Ministerio Público, como garante de derechos, ni las organizaciones étnicas e internacionales que acompañan a las comunidades en la exigibilidad de sus derechos. Por otro lado, según el Protocolo de Retornos y Reubicaciones “para que un retorno o una reubicación sea considerado exitoso, es necesario efectuar un adecuado monitoreo, evaluación y correctivos a los compromisos concertados entre las entidades y la comunidad y que se identifican en el Plan de Retorno o Reubicación”. En este caso, en el mismo plan se estableció que la Defensoría del Pueblo haría presencia en la zona posteriormente al retorno cada tres meses, al mismo tiempo que realizaría capacitaciones en derechos humanos y DIH a los jóvenes de las comunidades.

Siguiendo las directrices del acuerdo, a la fecha, la Defensoría del Pueblo ha estado en el territorio en tres ocasiones. No obstante, en la primera visita acompañó la segunda entrega de alimentos realizada por la UARIV, pero no se trató de una visita de seguimiento al retorno de las comunidades. En cuanto a la segunda visita, en el mes de marzo, estuvieron presentes tanto la Defensoría Nacional, como la Defensoría Regional, pero únicamente se celebró una reunión en la comunidad de Unión Agua Clara, y no se visitó a las comunidades de Chachajo y Chamapuro. Así, el seguimiento de la Defensoría ha sido débil, al mismo tiempo que ha incumplido completamente el segundo acuerdo, por el cual debía empezar a realizar capacitaciones en el mes de abril, de las cuales, por el momento, no efectuado ninguna.

“Hay poco acompañamiento. La presencia de la Defensoría ha llegado tres veces. La primera vez que nos visitó se iba a quedar uno o dos días para conocer la situación, pero al final, no cumplieron. La visita terminó siendo de tres horas y eso fue todo”. Miembro comunidad Unión Agua Clara.

Con el objetivo de conseguir un monitoreo y evaluación más efectivo del plan de retorno, las comunidades elaboraron tres derechos de petición dirigidos al Personero Distrital de Buenaventura, a la Procuradora Provincial de Buenaventura, y a la Defensoría del Pueblo de Buenaventura, solicitando un mayor acompañamiento y su presencia en todos los espacios de participación enmarcados dentro del seguimiento del plan de retorno. A la fecha, el Personero Distrital contestó que, “realizará seguimiento a los compromisos o acuerdos suscritos con los entes/instituciones comprometidos”. Asimismo, la Procuradora Provincial manifestó que “seguirán acompañando el proceso de retorno de las comunidades Wounaan; así como con las demás comunidades indígenas y afros que se encuentran en situación de vulnerabilidad de derechos”. En cuanto al derecho de petición enviado a la Defensoría del Pueblo de Buenaventura, no se tiene respuesta.

2.4. Desconocimiento del plan de retorno por parte de los funcionarios públicos Tras las elecciones locales del 25 de octubre de 2015 fue elegido Alcalde el candidato del partido de la U, Eliecer Arboleda Torres. Esto supuso que en enero de 2016, tras el debido empalme, los funcionarios de todas las dependencias y secretarías de la Alcaldía fueran cambiados, por lo que funcionarios entrantes no tenían conocimiento del plan de retorno ni de los compromisos contenidos en él. En este sentido, en los primeros subcomités y CTJT celebrados este año se pudo observar que los funcionarios no estaban familiarizados con el plan de retorno. Ante esta situación, en varias ocasiones el enlace de víctimas de la Alcaldía Distrital tuvo que recordar a las y los otros funcionarios la obligación

legal y el compromiso del gobierno distrital por cumplir con la atención y asistencia de las personas víctimas en el marco de la Ley 1448 y sus decretos étnicos. Así, a partir del mes de agosto se empezó a percibir un cambio de actitud y mayores esfuerzos para cumplir con el plan de retorno. Este no es el caso, sin embargo, de la Secretaría de Cultura, la cual hasta la fecha no ha dado ningún tipo de respuesta (Observación obtenida por el SJR Buenaventura con representantes de los Cabildos). Asimismo, no ha hecho presencia en ningún CTJT o subcomité de seguimiento, y en los casos en los que ha estado presente, ha participado un funcionario que no tiene ningún conocimiento en el asunto. Por esto, a la fecha, no ha reportado ningún avance sobre sus compromisos.

independientes, en los cuales ni siquiera están involucradas las mismas comunidades.

Finalmente, otra preocupación de las comunidades es la continua confusión a la que los inducen funcionarios de la Alcaldía al mezclar el cumplimiento de los acuerdos del plan de retorno con los acuerdos contenidos en la Minga Nacional Agraria. Por ejemplo, en el componente de infraestructura de servicios en salud, la Secretaría de Salud manifestó que no se podía llevar a cabo la construcción y/o mejoramiento de las casas de atención básica en salud, pero que en los acuerdos de la minga ya se había acordado la construcción de un puesto de salud en la zona. Ante esto, las comunidades se muestran recelosas ya que consideran que se trata de acuerdos absolutamente

Por un lado, el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica, y por el otro, la obligación de consultar a los grupos étnicos, ambos establecidos en la Constitución Política, fundamentaron la expedición normativa de los decretos étnicos, en este caso del Decreto Ley 4633. No obstante, pesar de lo establecido legalmente, las instancias estatales y gubernamentales del nivel central, regional y local, aún no lo han incorporado en sus políticas, presupuestos y discursos. Así, se observa que la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas pertenecientes a una minoría étnica se efectúan según lo establecido en la Ley 1448 de 2011.

Muestra de ello es que constantemente en los espacios de participación, como los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT) o los subcomités, se haga referencia por parte de los funcionarios públicos exclusivamente a la Ley

de Víctimas. Ante esta situación, los líderes de las comunidades indígenas, como también los representantes de las organizaciones étnicas, han recordado en numerosas ocasiones la necesidad de aplicar el decreto étnico.

2.5. No aplicación del Decreto Ley 4633 La Ley 1448 de 2011 conforma el cuerpo normativo que contiene la política pública dirigida a reconocer y reparar integralmente a las víctimas. Sin embargo, su alcance es de carácter general y aplicable a las víctimas individuales y colectivas que no pertenezcan a grupos étnicos. Así, cuando se trata de víctimas de grupos étnicos es necesario que las medidas adoptadas tengan un carácter diferencial que reconozca de manera especial el impacto en la vulneración de sus derechos por causa del conflicto armado.

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2.6. No aplicación de estrategias de prevención del desplazamiento forzado para asegurar la no-repetición de los hechos Teniendo en cuenta que el retorno es concebido como una medida de reparación, ya que permite avanzar en la restitución de diferentes derechos, y es el inicio de un proceso más amplio, de mediano y largo plazo, que conduce a soluciones duraderas. Para que ello sea posible, es necesario garantizar la no-repetición de los hechos. La medida de garantía de no-repetición tiene el propósito de que no se repita la vulneración de derechos de la población víctima, al mismo tiempo que busca eliminar y superar las causas estructurales de la violación masiva a los derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario al interior de la sociedad (Unidad para las Víctimas, s.f). No obstante, a pesar de ser esta una obligación del Estado, la Corte Constitucional ha evidenciado en varias ocasiones los limitados esfuerzos gubernamentales en materia de prevención al desplazamiento (Auto 008 del 26 de Enero de 2009). Esta omisión por parte de las instituciones estatales está contribuyendo a que dichas comunidades sigan siendo vulnerables por ocasión del conflicto armado, especialmente frente a desplazamientos forzados y reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ). Así, el pasado mes de agosto las autoridades de 18 comunidades indígenas Wounaan (entre las cuales se encontraban la comunidad de Unión Agua Clara, Chachajo y Chamapuro), a través de las organizaciones CAMAWA, ORIVAC y ACIVA–RP, manifestaron su preocupación por “la violencia que se viene recrudeciendo en nuestras comunidades por la presencia de los grupos armados ilegales10”. En la

misma dirección, subrayan que han visto como “las comunidades de Santa Rosa de Guayancan, Unión Agua Clara, Chachajo, Chamapuro, Buenavista, Tiosilirio, San Bernando, Unión Balsalito, Papayo, Taparalito, Puerto Pizario, Pichimá, Valledupar, Nuevo Pitalito, Unión San Juan, Jooin Jeb, Bongo, Cocalito y Puerto Guadalito se han afectado por desplazamientos, confinamiento, amenazas, torturas, violencia sexual y reclutamiento forzado de jóvenes, por parte de diversos grupos armados ilegales entre los años 2005 y 2016 y ante ello la respuesta estatal ha sido muy débil y no se ha ajustado al decreto 4633”11. Precisamente, el pasado 20 de agosto 120 indígenas Wounaan de las comunidades de Puerto Guadualito, Unión San Juan (Litoral del San Juan, departamento del Chocó) se desplazaron a la cabecera del resguardo de Puerto Pizario (Buenaventura, Valle del Cauca), por temor al accionar de grupos armados al margen de la ley. Además, aproximadamente 440 personas de la comunidad de Puerto Pizario (comunidad receptora) estuvieron en situación de confinamiento, al igual que la comunidad afrodescendiente de Cabeceras, como resultado de la presencia de estos mismos actores que restringen su movilidad12. Esta situación se suma a los desplazamientos que afectaron a un total de 1.000 personas de 7 comunidades afrocolombiana e indígenas en la zona rural del Litoral San Juan entre el 7 y 13 de abril de 2016, y a los dos desplazamientos de la comunidad de Pichimá Quebrada, debido a operaciones militares y enfrentamientos entre la Fuerza Pública y un grupo armado no estatal (OCHA & PMA, 2016). Ante esta situación, resultan de especial importancia los compromisos del componente de organización social contenidos en el plan de retorno. En este

Comunicado Consejo de Gobierno de la Asociación de Autoridades y Cabildos de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífico (ACIVA RP). Buenaventura, 24 de agosto de 2016. Comunicado Consejo de Gobierno de la Asociación de Autoridades y Cabildos de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífico (ACIVA RP). Buenaventura, 24 de agosto de 2016. 12 Equipo Local de Coordinación Valle del Cauca. Flash Update No. 1: Desplazamiento masivo en Litoral de San Juan- Chocó y confinamiento en Puerto Pizario y Cabeceras, Valle del Cauca. 30 de agosto de 2016. Tomado de: https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/ colombia/document/flash-update-no1-desplazamiento-masivo-en-litoral-de-san-juan-choc%C3%B3-y 10

sentido, en cuanto al fortalecimiento del gobierno propio y la guardia indígena que debían llevar a cabo el Ministerio de Interior en conjunto con la Unidad Nacional de Protección, esta acción no presenta avances significativos. Si bien es cierto que hubo una visita del Ministerio del Interior en diciembre de 2015 cuando las comunidades retornaron, desde entonces no se ha hecho ninguna otra gestión. Al mismo tiempo, respecto a la dotación de la guardia indígena y a la solicitud de embarcaciones como medida de protección colectiva, por el momento, no se presenta ningún avance. Por último, teniendo en cuenta la actual situación del río San Juan, en el cual la reconfiguración del mapa de actores armados con presencia y control territorial está derivado en graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, es necesario que se dé cumplimiento a los acuerdos contenidos en el plan de retorno y se estudie la idoneidad de otras medidas de protección colectiva.

2.7. Débil rol de la UARIV como coordinadora del SNARIV El artículo 168 de la Ley 1448 de 2011 establece que “la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas coordinará de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica las actuaciones de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a lasVíctimas en lo que se refiere a la ejecución e implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación

integral a las víctimas y asumirá las competencias de coordinación señaladas en las Leyes 387 de 1997, 418 de 1997, 975 de 2005, 1190 de 2008, y en las demás normas que regulen la coordinación de políticas encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas”. No obstante, a pesar de lo dispuesto legalmente, se observan falencias de la UARIV en el cumplimiento de dicha labor respecto a este proceso de retorno, por lo que se pone en riesgo el acceso efectivo a las medidas de asistencia, atención y reparación integral de la población retornada. Por ejemplo, en cuanto a los compromisos relativos a la infraestructura de servicios, en relación a salud, la Secretaría de Salud Distrital se comprometió a entregar a las comunidades una embarcación ambulancia para las tres comunidades, y construir o mejorar la casa de atención básica en salud de cada comunidad. Sin embargo, ambos compromisos se encuentran estancados debido a que, por un lado, en el caso de la embarcación, se está a la espera de recibir la viabilidad del proyecto por parte del Ministerio de Salud y Protección Social; por el otro, en cuanto al mejoramiento o construcción de las casas de atención básica, la Secretaría de Salud Distrital informó en el último subcomité que siguiendo las directrices establecidas en la Resolución 2514, la Secretaría no podía realizar ninguna inversión en remodelaciones de puestos de salud que no estén incluidos en el plan bienal. Así, por el momento no se presentan avances en dichos compromisos.

“Hace tiempo que el Estado nos viene incumpliendo, por eso nos encontramos en una situación complicada. Cuando tenemos una emergencia en salud, no tenemos lancha, ni motor, ni combustible. Por eso, hemos tenido que solicitar ayuda a organizaciones internacionales para que nos acompañen”. Miembro comunidad Unión Agua Clara. Estos retrasos están implicando que las comunidades sean más vulnerables y enfrenten mayores riesgos, ya que en caso de emergencia no tienen forma de desplazarse hasta el puesto de salud más

cercano. En este sentido, el pasado 18 de febrero de 2016 una mujer indígena no pudo dar a luz, por qué se presentaron algunas complicaciones, y al no disponer de embarcación no fue posible

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trasladarla hasta un centro de atención médica de Buenaventura.13 De esta manera, son varios los compromisos que se encuentran paralizados al haber remitido alguna gestión al nivel nacional. Por ejemplo, otro compromiso que presenta dificultades es el de la ampliación de cobertura del servicio de telefonía móvil en la zona, que resulta urgente para las comunidades ya que sin señal no pueden comunicarse con nadie en caso de emergencia o urgente necesidad. En relación a este compromiso, el MINTIC ofició a los operadores para solicitar ampliar la zona de cobertura, a lo que los operadores respondieron que por el momento no tienen planteados proyectos para esa zona. Desde entonces, no se ha avanzado en ninguna otra gestión para dar cumplimiento al compromiso.

reparación integral siempre se deberá tener en cuenta la dimensión colectiva de las violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Teniendo en cuenta que el retorno es concebido como una medida de reparación, éste debe ser coherente y complementario con la aplicación de las demás medidas de reparación y por lo tanto con daños individuales y colectivos sufridos por dichas comunidades del pueblo Wounaan. De este modo, un Plan de Retorno como medida de reparación deberá ser definido a partir de las violaciones a todos los derechos individuales y colectivos que se hayan producido o produzcan en la integridad étnica y cultural de dichos pueblos indígenas (Decreto Ley 4633 de 2011, Art. 30).

Al mismo tiempo, con anterioridad a las jornadas de Para estos casos, en los que registro, la UARIV debe garanlos compromisos por los cuales Taller fortalecimiento de capacidades comunitarias tizar el proceso de información – comunidades de Unión Agua Clara, Chachajo y y formación del Decreto Ley, debe responder el Sistema de Chamapuro (Septiembre de 2016) Atención y Reparación van más el registro, los derechos de allá de las obligaciones de ejecución de la UARIV y los pueblos indígenas, así como de la reparación comprometen la responsabilidad de otras entidades, la integral con dimensión colectiva. Corte Constitucional ha sido enfática en afirmar que la UARIV deberá fortalecer sus roles de coordinación No obstante, en el presente caso, no se observa para garantizar el goce efectivo de los derechos de coherencia interna, ni complementariedad, por las víctimas (Auto 099 de 21 de mayo de 2013). Al cuanto la Unidad de Restitución de Tierras sigue mismo tiempo, se requiere una mayor articulación y ausente frente a la crisis que generó el desplazacoordinación entre las entidades del nivel territorial miento a estas comunidades. Por otro lado, a pesar y del nivel nacional. de haber realizado el trámite de la declaración como sujeto colectivo, los líderes de las comunidades no tienen información suficiente sobre la existencia 2.8 Demoras en el proceso de 14 de las rutas de reparación y la restitución de los reparación colectiva derechos territoriales. El Decreto Ley 4633 de 2011, en su artículo 14, indica que en las medidas conducentes a la El incumplimiento del gobierno con la comunidad Wounaam provoca la muerte de un bebé de 5 meses (2016). Radio Macondo. Recuperado de http://radiomacondo.fm/2016/02/22/la-mortandad-de-ninos-indigenas-cobra-la-vida-de-5-de-la-comunidad-woaunaan-en-union-agua-clara/ 14 Véase también Servicio Jesuita a Refugiados. “Un año en la selva de concreto. El retorno de las comunidades indígenas Wounaan”. Buenaventura, 2015. 13

Impactos observados fruto del desplazamiento forzado

Como mecanismo para fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas Wounaan retornadas y apoyarlas en la exigibilidad de sus derechos, de los acuerdos de la administración y la construcción de un Plan de Retorno, el Servicio Jesuita a Refugiados, por medio del Proyecto de Acompañamiento Jurídico a comunidades étnicas que tiene en asocio con CODHES, decidió organizar 6 Talles de Formación de fortalecimiento de capacidades comunitarias para la exigibilidad, participación y protección de sus derechos individuales y colectivos en el marco del Decreto Ley 4633. Estos talleres tuvieron la finalidad de brindar herramientas teórico-prácticas a las comunidades que

les permitieran entender y conocer sus derechos fundamentales como personas, comunidad étnica, y como víctimas del conflicto armado en Colombia. En este sentido, se tenía el objetivo de dotar a las comunidades de los conocimientos y capacidades necesarias para la futura construcción de los planes de reparación colectiva. La idea es que la comunidad reconozca las violaciones de derechos, sus afectaciones, y participen en el diseño de medidas de reparación colectiva que garanticen la restitución de los mismos. Durante el desarrollo de estos talleres se observaron algunos impactos generados por el desplazamiento forzado a la comunidad, los cuales se detallan a continuación.

Taller fortalecimiento de capacidades comunitarias – comunidades de Unión Agua Clara, Chachajo y Chamapuro (Septiembre de 2016)

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3.1. Debilitamiento organización comunitaria. Al llegar a Buenaventura la organización comunitaria se vio debilitada, principalmente, debido a que miembros de las comunidades consideran que en Buenaventura no se reconocía su gobierno propio y autonomía. Así, dentro de las comunidades los gobernadores, las madres comunitarias, la guardia indígena con su bastón, tienen un valor para la comunidad, que no fue entendido entre los vecinos de Buenaventura. No obstante, las comunidades reconocen que este gobierno propio sí fue respetado por las instituciones públicas. Adicionalmente, durante los meses que se encontraron en situación de desplazamiento, se debilitaron las relaciones dentro de las comunidades, debido a algunas malas informaciones que empezaron a circular sobre la gestión de recursos. En este sentido, especialmente, en la comunidad de Chachajo hubo acusaciones hacia los líderes de manejar deficientemente los recursos económicos, lo que conllevó al retiro de algunos liderazgos del proceso. Por lo tanto, la situación de inestabilidad y precariedad en la que se encontraron en Buenaventura, contribuyó a debilitar la cohesión social y los lazos de confianza entre los miembros de la comunidad. Como se ha comentado anteriormente, esta desconfianza volvió a resurgir este año cuando los gobernadores asistieron a la reunión convocada unilateralmente por el Alcalde, ya que algunos líderes consideraron que participaron exclusivamente para poder cobrar los viáticos.

Por último, algunos líderes se muestran preocupados por la situación actual de gobernabilidad, debido a que opinan que los deberes de los gobernadores conllevan con más frecuencia la obligación de tener que viajar a la zona urbana para gestionar determinados asuntos, lo que implica que pasen largos periodos de tiempo fuera de la comunidad, lo que dificulta que se puedan dedicar a la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social.

3.2. Mayor comunicación entre las comunidades y los entes territoriales Los CTJT y los subcomités incentivaron en gran medida la comunicación entre las comunidades y los entes territoriales, pero también nacionales. En este sentido, los líderes avanzaron mucho en su capacidad de interlocución con las instituciones. El proceso de negociación del plan de retorno fortaleció sus capacidades de comunicación. A este respecto, los mismos líderes reconocen que cuando llegaron a Buenaventura al dialogar con las instituciones públicas se sentían cohibidos e intimidados. Pero aseguran que el tiempo, la experiencia que fueron adquiriendo, y el acompañamiento de las organizaciones internacionales, les ayudaron a perder el miedo y participar activamente en los CTJT y subcomités. A pesar de que la respuesta de las instituciones en dichos espacios no siempre ha sido favorable, los líderes se han empoderado de ellos y los han utilizado para reivindicar y exigir sus derechos colectivos.

“Los CTJT son muy importantes y útiles para nosotros. Nos siguen invitando para realizar el seguimiento, y nuestra participación es vital para reivindicar los incumplimientos que se están manifestando. Por ejemplo, la Secretaría de Salud asiste e informa que realiza las jornadas de atención, y si nosotros no estuviéramos presentes todos creerían que es cierto. Pero nuestra presencia nos permite poner en discusión estas afirmaciones. Así, utilizamos estos espacios para manifestar nuestras inconformidades”. Miembro de la comunidad de Chachajo.

3.3. Deterioro de la convivencia Como ya se advirtió, durante las negociaciones del plan de retorno la participación de las comunidades no fue representativa en todos los sectores de la población, esto es tanto de la población que iba a retornar, como de los que se encontraban en resistencia. Así, a pesar de que el Protocolo de Retornos y Reubicaciones señala que es conveniente trabajar con las personas que se encuentran en el territorio donde se va a retornar y que tengan necesidades comparables a las de las personas retornantes, dicha recomendación no fue considerado en este proceso. Como consecuencia de ello, se ha generado una división entre la población que retornó colectivamente y la población que se quedó resistiendo.

Este es el panorama principalmente en la comunidad de Chachajo en la cual, a diferencia de las comunidades de Unión Agua Clara y Chamapuro, hubo varias familias que se quedaron resistiendo en el territorio. En este sentido, desde un primer momento se debilitó el dialogo entre los dos grupos y se modificó la forma de relacionarse. La recepción de la ayuda humanitaria inmediata incrementó esta confrontación ya que causó envidias y luchas de poder. Posteriormente, con los acuerdos del plan de retorno la tensión ha ido disminuyendo paulatinamente, pero parte de la población sigue sin entender por qué los que se desplazaron reciben, por ejemplo, mejoramientos de vivienda o semillas, y los que resistieron, y también sufrieron afectaciones por los enfrentamientos entre grupos armados, no reciben nada.

“Desde que nos desplazamos las relaciones con los resistentes fueron muy difíciles. Se generó una lucha entre los que nos desplazamos y los que resistieron. Nos dijeron que los habíamos dejado y que una vez en Buenaventura perderíamos nuestra identidad. Después, cuando empezamos a recibir alimentación, estufas, colchones,… empezaron las envidias y luchas de poder”. Líder de la comunidad de Chachajo. Adicionalmente, a estos dos grupos hay que añadirle un tercer grupo formado por aquellas familias que se desplazaron y retornaron de forma individual. Esta situación se presenta en las tres comunidades. Igualmente, los que se desplazaron individualmente no comprenden por qué no se pueden beneficiar de los compromisos del plan de retorno, por lo que después de casi dos años siguen solicitando que les incluyan en el censo del desplazamiento masivo.

3.4. Fortalecimiento de los vínculos de unión entre las tres comunidades desplazadas Durante el proceso de negociación, y actualmente, en el proceso de seguimiento, se evidencia una fuerte cohesión social entre las tres comunidades y una lucha conjunta por la recuperación de los derechos colectivos. Según las comunidades, siempre han

tenido una relación cercana entre las tres, ya que todas forman parte de la organización del Consejo de Gobierno de la Asociación de Autoridades y Cabildos de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), pero desde que ocurrió el desplazamiento existe más comunicación entre ellos. Al mismo tiempo, en los últimos años, a medida que se iba fortaleciendo la relación entre las tres comunidades, ha ido incrementando también la desconfianza hacia las otras comunidades vecinas debido al actuar de los grupos armados al margen de la ley. En este sentido, ha disminuido mucho el trueque con las comunidades afrodescendientes de la zona, con las cuales intercambiaban pescado por papachina y/o banano, especialmente en estos momentos que la violencia se ha ido recrudeciendo en sus comunidades.

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“Las tres comunidades siempre trabajamos unidas, siempre hemos sido cercanas, pero desde que nos tuvimos que desplazar nos hemos acercado más y tenemos una comunicación más fluida. Desde entonces nos encontramos más y buscamos estrategias de trabajo para discutir los asuntos con los miembros de las comunidades. Todos tienen muy claro que las tres comunidades se deben beneficiar de cada proyecto”. Miembro de la comunidad de Chachajo

3.5. Pérdida de valores culturales Tal y como apuntó el Auto 004 de 2009, los pueblos indígenas de Colombia están en riesgo de ser exterminados culturalmente en el marco del conflicto armado. El peligro de exterminio cultural se puede atribuir al desplazamiento, pero también a la dispersión de los integrantes de la comunidad. A continuación se presentan las principales problemáticas que enfrentaron las comunidades en materia de cultura: • Pérdida del territorio Para el pueblo indígena Wounaan el territorio es un espacio físico y cultural en el cual desarrollan la vida según su identidad, tradiciones, costumbres e intereses. Allí se conjugan e interactúan todos los elementos del mundo: humanos, animales, vegetales, espirituales, telúricos y fluviales. Así, el territorio es el lugar destinado a conservar las instituciones y las costumbres de su pueblo, y su permanencia representa la posibilidad de seguir existiendo como comunidad indígena, por este motivo, este desplazamiento puso en riesgo la pervivencia de la comunidad, su identidad y su sentido de pertenencia. • Alimentación Las comunidades comentan que en Buenaventura siempre tenían que estar comprando, mientras que en la comunidad cada uno recolectaba su pan coger y luego practicaban la olla comunitaria. Lo anterior supuso la pérdida de la seguridad alimentaria, debido al aumento del gasto alimentario, e implicó cambios en la dieta. Además, a la hora de cocinar,

las mujeres se encontraron con la dificultad de que no podían cocinar con leña ya que los vecinos se quejaban por el humo. Adicionalmente, debido a la falta de recursos económicos, en ocasiones tuvieron que mendigar, lo que fue una gran humillación para la comunidad. • Prohibición del uso de la lengua Wounaan Los integrantes de la comunidad manifiestan que al llegar a Buenaventura, les obligaron a hablar español en todos los espacios públicos. Esta situación fue especialmente ardua para las mujeres, ya que muchas de ellas entienden el idioma español pero tienen dificultades para hablarlo. • Imposición de modas La mayoría no usaban pantalonetas, ni chanclas, pero al llegar a Buenaventura tuvieron que empezar a usarlos. Sin embargo, los cambios en la forma de vestir fueron notables en el caso de las mujeres y los jóvenes. Así, las mujeres empezaron a utilizar camisetas, e incluso actualmente, tras el retorno, en la propia comunidad prácticamente todas ellas siguen llevándolas. En cuanto a los jóvenes, descubrieron el maquillaje, los tatuajes y nuevas formas de peinarse. A este descubrimiento, hay que sumarle además, el uso de la tecnología, como los celulares y los parlantes. Ambos fenómenos han contribuido a que disminuya el interés por el conocimiento ancestral. • Elaboración de artesanías Seguir con la elaboración de las artesanías fue complicado, ya que no disponían de los

materiales. Al estar fuera del territorio, no tenían acceso a los cultivos de werregue, ni a las plantas con las que tiñen y obtienen los distintos colores. • Medicina tradicional Como ya se ha comentado con anterioridad, la ausencia del territorio generó varios impactos,

como la pérdida de la soberanía alimentaria y la dificultad para elaborar artesanía. A estas complicaciones hay que añadirle la dificultad por practicar la medicina tradicional. Al no tener acceso a sus plantas tradicionales, resultó prácticamente imposible seguir utilizando la medicina tradicional durante el periodo en que estuvieron en Buenaventura.

“Para todas las mujeres, adaptarnos a Buenaventura fue muy complicado. Tuvimos que abandonar algunas de nuestras prácticas tradicionales, como empezar a cocinar con gas, llevar camiseta, o dejar de bañarnos desnudas. Además, nos encontramos con la dificultad del idioma, y la falta de materiales para elaborar las artesanías que son nuestro medio de vida”. Mujer de la comunidad de Unión Agua Clara.

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4 Conclusiones 1. Por el momento, el retorno no ha permitido la reconstrucción y el mejoramiento del proyecto de vida de las comunidades. En este sentido, el incumplimiento reiterado de los compromisos contenidos en el plan de retorno no ha permitido conseguir la estabilización socioeconómica, por lo que no se han podido superar las condiciones de exclusión y pobreza. 2. Las comunidades indígenas Wounaan han padecido las consecuencias de un desplazamiento forzado, y aún hoy los grupos armados al margen de la ley continúan teniendo una fuerte presencia en su territorio, por lo que se siguen viendo afectados por amenazas, confinamiento, violencia y reclutamiento forzado de jóvenes. Ante ello, la respuesta de las instituciones públicas está siendo muy débil y no se está ajustando al Decreto Ley 4633. 3. Durante el proceso de negociación del plan de retorno se presentaron varias barreras de acceso a derechos, las cuales se siguen presentado casi un año después de que tuviera lugar el retorno, como por ejemplo, la no participación real y efectiva de las comunidades o la actuación coordinada y articulada de las instituciones del SNARIV. Muchos incumplimientos se deben a que las instituciones del nivel nacional aún no han aprobado los proyectos, por lo que se impide la consecución de un retorno sostenible a futuro, y en consecuencia, una entrada triunfal de estas tres comunidades a la Ruta de Reparación Colectiva. 4. A causa del desplazamiento, las tres comunidades han fortalecido sus vínculos y sus relaciones de confianza. En este sentido, se evidencia una lucha conjunta por la recuperación de los derechos colectivos. No obstante, en el interior de las comunidades se han presentado tensiones y dificultades por las diferencias en la atención entre las familias que se desplazaron masivamente, las que se desplazaron de forma individual, y las que resistieron en el territorio. 5. A la fecha, el seguimiento efectuado por el Ministerio Público de los compromisos que las autoridades públicas asumieron en el marco del plan de retorno ha sido débil y discontinúo. Informe Temático 2016

Recomendaciones

El retorno o la reubicación para víctimas del desplazamiento forzado es el derecho a regresar a su lugar de origen o reubicarse en uno distinto a este con el fin de continuar con su proyecto de vida personal, familiar y comunitario, volver a ser parte fundamental del tejido social de su comunidad, contribuir al desarrollo del municipio, volver al ejercicio pleno de su ciudadanía y ser reparado de manera integral. El retorno o la reubicación constituyen, además, el inicio del proceso de reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado; es un momento decisivo que marca el punto de partida del avance en la superación de la situación de vulnerabilidad y en tal sentido se plantean las siguientes recomendaciones:

5.1. Impulsar estrategias de prevención protección y garantías de no repetición en el marco del desplazamiento forzado A la Alcaldia del Distrito de Buenaventura y Gobernaciones, Valle y Choco Se recomienda: • Poner en marcha los planes de prevención y protección para la identificación de las causales que generan las violaciones de derechos humanos y/o las infracciones al DIH y adoptar medidas para evitar su ocurrencia. • Convocar de manera efectiva para la construcción de los planes de prevención y protección a representantes de la sociedad civil, autoridades étnicas, autoridades territoriales y fuerza pública, para materializar acciones en relación con la prevención (temprana, urgente y con garantía de no repetición); para enfrentar los factores de riesgo, eliminar las amenazas sobre el derecho a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal. • Articular los planes de retorno y reubicación a los Planes de Prevención para contrarrestar las amenazas, disminuir las vulnerabilidades, potenciar las capacidades institucionales y sociales, que mitiguen la ocurrencia de otros hechos relacionados con el desplazamiento forzado.

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• Articular los procesos de retorno y/o reubicación a los planes de reparación colectiva que se estén desarrollando en la zona y otras medidas de reparación individual (restitución, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición y rehabilitación) específicas que se estén desarrollando para esos lugares en el momento del retorno o reubicación. • En cabeza de los alcaldes municipal y/o distrital, quien preside el Comité Territorial de Justicia Transicional - CTJT del respectivo municipio o departamento, establecer con claridad en el Plan de Retorno o reubicación, las acciones y oferta pública que cada una de las entidades adelantará, discriminadas en cada uno de los 14 elementos considerados para dicho proceso, señalando fechas de cumplimiento, presupuesto, seguimiento y evaluación. • En cabeza de los alcaldes donde se construye el plan de retorno exigir la articulación del departamento y el municipio de acuerdo con las misiones, responsabilidades sectoriales y oferta pública y con las responsabilidades en el marco de la descentralización administrativa, con base en los principios de concurrencia, subsidiariedad y coordinación, en procura de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y a la materialización de las garantías de no repetición.

5.2. Análisis situacional por parte del ente territorial A la Alcaldía del Distrito de Buenaventura Se recomienda: • Construir conjuntamente la fase de alistamiento para todo proceso de retorno y reubicación y determinar con claridad el número de hogares y personas que voluntariamente se quieren retornar o reubicar, las necesidades con respecto a los 14 elementos del retorno o de la reubicación, y las condiciones actuales del lugar expulsor. Esto en términos reales con visitas previas de verificación en el lugar donde se encuentran las víctimas y al lugar expulsor. • Coordinar de manera articulada con las y los funcionarios de la UARIV, el levantamiento de los censos de la población que voluntariamente desea retornar o reubicarse o que ya lo hizo. Las necesidades, y la valoración de las viviendas, cultivos y territorios cuando se trate de grupos étnicos.

5.3. El retorno como una medida de reparación efectiva Al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas Se recomienda: • Adoptar compromisos y medidas para el fortalecimiento de los planes de retorno que correspondan al restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadana, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración a sus medios de vida y la devolución de sus bienes, encaminado a la reconstrucción del proyectos de vida de las comunidades y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias. • Garantizar la adecuada coordinación entre la nación y las entidades territoriales y entre estas, para el ejercicio de sus competencias y funciones al interior del sistema, de acuerdo con los principios constitucionales y legales de corresponsabilidad, coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y de delegación.

5.4. La UARIV como coordinadora del SNARIV y su articulación territorial A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas Se recomienda: • Dar directrices conceptuales y metodológicas a las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV, incluidas las entidades territoriales, en el marco de condiciones básicas, tales como Voluntariedad, Seguridad y Dignidad, especialmente en los municipios expulsores y receptores para que garanticen la construcción de un proyecto de comunidad digna y sostenible, así como de un proyecto de vida transformador desde el punto de vista del hogar y sus individuos

5.5. Enfoque Diferencial A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas Se sugiere: • Que todas las medidas tomadas para atender a la población indígena, afrocolombiana y Room que se encuentre en situación de desplazamiento vayan encaminadas a garantizar la permanencia física y cultural de estos grupos étnicos a través del ejercicio y goce efectivo de sus derechos a partir del retorno a su territorio de origen

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o su reubicación cuando se solicite en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad. En este sentido los retornos o reubicaciones deben ser diseñados de manera concertada con las comunidades directamente afectadas, a través de la autoridad étnica, e igualmente con la comunidad como sujeto colectivo.

5.6. Actas de Comité Municipal y Territorial de Justicia Transicional y seguimiento del Ministerio publico Al Ministerio Público, Personería Distrital, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Se recomienda: • Hacer seguimiento exhaustivo para que en el marco de cualquier proceso de retorno y reubicación que se adelante, se respete la instancia del Comité Territorial de Justicia Transicional como encargada de velar por la elaboración, aprobación y seguimiento a los Planes de Retorno y Reubicación municipales. • Realizar el seguimiento respectivo a cada momento de la construcción del Plan de Retorno o Reubicación, (aprobación del Concepto de Seguridad, Aprobación del Plan Retorno y Reubicación, y seguimiento a la implementación del Plan de Retorno o Reubicación). • Verificar que cada momento que defina la construcción del Plan de Retorno y Reubicación en el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional, vaya soportado por su respectiva acta. Estas se convertirán en el único soporte válido al momento de revisar la validez del Plan Retorno o Reubicación, nada que se construya por fuera de este espacio podrá ser vinculado a dicho plan. • Hacer seguimiento a los planes de trabajo que se definan en el Comité Territorial de Justicia Transicional Departamental, Distrital o Municipal, y exigir el cumplimiento del cronograma no inferior a 2 años posteriores al retorno, que garantice un trabajo permanente de cada una de las entidades con la comunidad, buscando la sostenibilidad del proceso.

Lista de Siglas

CTJT:

Comités Territoriales de Justicia Transicional.

DIH:

Derecho Internacional Humanitario.

MINTIC:

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

NNAJ:

Niños. Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

ORIVAC:

Organización Regional Indígena del Valle del Cauca.

PAT:

Plan de Acción Territorial.

SJR:

Servicio Jesuita a Refugiados.

SNARIV:

Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

UARIV:

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

URT:

Unidad de Restitución de Tierras.

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