La reparación individual y colectiva de las víctimas del movimiento
sindical constituye un desafío especialmente significativo, dadas las
características históricas del daño causado al movimiento social de
los trabajadores y trabajadoras colombianos y dada la necesidad de
garantizar un sistema democrático en el que la movilización social
sea reconocida como un atributo y no como un lastre.
