El encuentro de 2010 realizó un seguimiento a los compromisos adquiridos por los Estados en materia de migraciones forzadas, y evidenció el gran reto que significa garantizar los derechos asociados a nuevas causas de movilidad humana, tales como la violencia macrocriminal transfronteriza, las economías ilegales y el cambio climático. También puso de presente, necesidades identificables en cuanto a la actualización de los regímenes de protección a refugiados, como regularizar la situación de las personas que llevan a cabo movimientos migratorios mixtos; adaptar las instituciones encargadas de la implementación de las políticas de los refugiados y la priorización de los recursos para tal fin.
