Situación de los Derechos Humanos en la Localidad de San Cristóbal by CODHES

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL Escuela Popular de Derechos Humanos Convenio 123 de 2013 Celebrado entre la Alcaldia Local de San Cristobal y CODHES

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL Escuela Popular de Derechos Humanos

Convenio No. 123 de 2013

Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal /CODHES. Diciembre 2013 - Julio 2014

ISBN 978-958-8881-00-3 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento- CODHES. Gloria E. Nieto Moreno Sub-Directora

GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO Alcalde Mayor de Bogotá

HUGO ERNESTO ZÁRRATE OSORIO Secretario de Gobierno Distrital

JAIRO LEÓN VARGAS Alcalde Local de San Cristóbal

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL Jose Ángel Espeleta Guerrero Gloria Concepción Castillo Prieto Jose Ignacio Gutiérrez Bolívar Javier Armando Segura Juez Guillermo Antonio Velandia Niño Oswaldo Gomez Vega Luis Eduardo Millán Soler Edith Hermencia Parada Caldas Juan Carlos Triana Rubiano Maria Romelia Gomez Gómez Luz Heidi Quiroga García

LEIDY TATIANA ROMERO ABRIL Profesional de Planeación FDL

Equipo de Investigación

Helmer Eduardo Quiñones Mendoza Ingrid Paola Hurtado Sánchez Alison Lorena López Rodríguez José Andrés Gómez Matoma

Asistente de Investigación Raúl Gil Guzmán Juán David Kintero Thokora Jesús David Gutiérrez

Equipo de Formación

Johan Julián Salazar Salazar, Coordinador Fabio Alberto lozano Velásquez Nathalia Julieth Ruiz Alvarado Claudia Alexandra Mancera Carrero Juan Carlos Daza Acosta Juanna Alexandra Díaz Cuadros

Comunicaciones

Danny Rocio Salamanca Serrano

Coordinación Administrativa Brigitte Pachon Ortiz

Interventoría

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Gabriel Lara Guzmán Edna Patricia López Pérez Tulio Montealegre Carolina Rodríguez

Revisión de Textos

María José Diaz Granados

Fotografía de portada

Edwin Arbey Martin Heredia Ganador Concurso de Fotografía “Tómate Los Derechos”

Diseño y diagramación REVES DISEÑO LTDA.

Impresión

EDITORIAL KIMPRES

CONTENIDO Informe sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la localidad de San Cristóbal 9 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Antecedentes

9 9

1.2. Objetivos del informe

1.3. Metodología

1.4. Estructura del informe

1.5. Contexto

1.5.1. Análisis de la situación de derechos humanos en la localidad de San Cristóbal: el conflicto en Colombia

1.5.1.1. Periodos y causas de la violencia

1.5.1.2. Responsables de la violencia y principales actores del conflicto en Colombia

1.5.1.3. Otros factores que inciden en la crítica situación de derechos humanos en Colombia

1.5.2. Normas y avances en mecanismos de aplicación en derechos humanos en Colombia

1.5.2.1. Obligaciones de Colombia en materia de derechos humanos

1.5.2.2. Mecanismos de Derechos Humanos de Colombia

2. CAPÍTULO I. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

2.1. Geografía, distribución y cambios en la formación del territorio y la población

2.1.1. Grupos poblacionales

2.1.1.1. Niños, niñas y adolescentes

2.1.1.2. Población con pertenencia étnica

2.1.1.3. Población con algún tipo de discapacidad

2.1.1.4. Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales

2.2. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la localidad de San Cristóbal 2.2.1. Derechos sociales

41 41

2.2.1.1. Derecho a la salud

2.2.1.2. Derecho a la educación

2.2.1.3. Derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria

2.2.1.4. Derecho a la información

2.2.1.5. Derecho a la vivienda digna y al transporte

2.2.1.6. Derechos económicos

2.2.1.7. Derechos culturales

2.2.1.8. Lo público del espacio

2.2.1.9. Derechos ambientales

3. CAPÍTULO II. SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

3.1. Antecedentes

3.2. Situación de los derechos a la vida, la seguridad e integridad personal en la localidad de San Cristóbal

3.2.1. Privación arbitraria de la vida: los homicidios en la localidad de San Cristóbal

3.2.2. La integridad material y personal de los habitantes de la localidad de San Cristóbal

3.2.2.1. Daños a la integridad material de las personas: el Robo e inseguridad patrimonial

3.2.2.2. Daños a la dignidad, integridad y seguridad personal en la localidad de San Cristóbal

3.2.3. Inseguridad y discriminación: violencia contra poblaciones específicas

3.2.3.1. Los niños

3.2.3.2. Los afrodescendientes

3.2.4. El miedo ante la violencia en San Cristóbal

3.2.5. Amenazas a la seguridad ciudadana en la localidad de San Cristóbal

3.2.5.1. Perpetradores de violencia intrafamiliar y la basada en patrones de discriminación

3.2.6. Delincuencia en San Cristóbal: la vida en medio de la violencia y el riesgo de una carrera delictiva

3.2.7. Delincuencia organizada en San Cristóbal: control y violencia estructurada

3.3. Derechos políticos, participación y gobernanza democrática en la localidad de San Cristóbal 93

4. CAPÍTULO III. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 4.1. Las víctimas y las marcas de la guerra 4.1.1. Víctimas en San Cristóbal 4.1.1.1. ¿De dónde vienen y a dónde llegaron?

99 99 101 101

4.1.2. Víctimas en San Cristóbal, magnitud y características

106

4.1.3. Información poblacional y demográfica

107

4.1.4. Las familias desplazadas en la localidad

110

4.1.5. Vivienda

116

4.1.6. Ocupación

117

4.1.7. Salud

119

4.1.8. Soluciones duraderas

120

4.2. Desmovilización y reintegración en San Cristóbal

122

4.3. Presencia de actores armados ilegales

125

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1. Recomendaciones

127 128

5.1.1. Al gobierno local de San Cristóbal

129

5.1.2. Al Gobierno Distrital y entidades distritales

130

5.1.3. Al Gobierno Nacional e instituciones del Estado

130

5.1.4. A la sociedad civil y los medios de comunicación

131

ÍNDICE DE MAPAS Mapa 1. Intensidad del desplazamiento forzado por expulsión en municipios de Colombia: 1985-2014

Mapa 2. Intensidad del desplazamiento forzado por expulsión en departamentos de Colombia: 1985-2014

Mapa 3. Intensidad del desplazamiento forzado por recepción en municipios de Colombia: 1985 -2014

Mapa 4. Intensidad del desplazamiento forzado por recepción en departamentos de Colombia: 1985-2014

Mapa 5. Ubicación referencial de la Localidad de San Cristóbal

Mapa 6. Territorios Muiscas en la hoy localidad de San Cristóbal, Bogotá

Mapa 7. Plano de Bogotá 1810

Mapa 8. Población étnica por localidad

Mapa 9. Ubicación de la población con discapacidad

Mapa 10. Equipamientos de salud principales

Mapa 11. Total equipamientos de salud

Mapa 12. Distancia respecto a hospitales de tercer nivel

Mapa 13. Mala opinión acerca de la calidad del servicio médico

Mapa 14. Población sin afiliación al sistema de salud

Mapa 15. Población afiliada al régimen subsidiado

Mapa 16. Población afiliada al régimen contributivo

Mapa 17. Equipamientos educativos total

Mapa 18. Equipamientos educativos de educación primaria y secundaria

Mapa 19. Porcentaje de personas que no estudian por localidad en Bogotá

Mapa 20. Porcentaje de población que estudia por manzana en la localidad de San Cristóbal

Mapa 21. Inseguridad alimentaria por localidad

Mapa 22. Distribución de acceso a telefonía móvil por localidad

Mapa 23. Distribución de acceso a Internet por localidad

Mapa 24. Hogar por vivienda en San Cristóbal (UPZ)

Mapa 25. Estrato de las viviendas por manzana en San Cristóbal

Mapa 26. Cantidad de hogares por UPZ en San Cristóbal

Mapa 27. Localidad de residencia anterior

Mapa 28. Estado de las vías por UPZ a nivel Bogotá

Mapa 29. Puntaje según estado de las vías

Mapa 30. Pobreza por percepción

Mapa 31. Índice de Calidad de Vida

Mapa 32. Población por debajo de la línea de pobreza

Mapa 33. Índice de Gini de concentración del ingreso

Mapa 34. Tasa de desempleo por localidades

Mapa 35. Equipamientos para el desarrollo de la cultura y la recreación

Mapa 36. Percepción de malos olores por UPZ

Mapa 37. Percepción de contaminación por UPZ

Mapa 38. Intensidad de los homicidios en la localidad de San Cristóbal. Enero-abril 2014

Mapa 39. Intensidad del homicidio localidades de Bogotá 2012

Mapa 40. Intensidad del homicidio localidades de Bogotá 2013

Mapa 41. Intensidad presunto delito sexual localidades Bogotá (enero-septiembre 2013)

Mapa 42. Distribución de capturas por localidad, Sistema de Responsabilidad Penal Adolecentes, 2013

Mapa 43. Percepción de inseguridad localidades de Bogotá, 2011

Mapa 44. Percepción de inseguridad localidades de Bogotá, 2012

Mapa 45. Departamento de origen de la población desplazada que vive en Bogotá

102

Mapa 46. Municipio de origen de la población desplazada que vive en Bogotá

102

Mapa 47. Población desplazada por localidad de residencia

104

Mapa 48. Tasa de población desplazada por 100.000 habitantes por localidad

104

Mapa 49. Participación local en la recepción distrital de población desplazada

105

Mapa 50. Departamento de origen de la población desplazada que vive en San Cristóbal

106

Mapa 51. Población en situación de desplazamiento por UPZ de residencia

107

Mapa 52. Población en situación de desplazamiento por barrio de residencia

107

Mapa 53. Población afrodescendiente desplazada por UPZ de residencia

108

Mapa 54. Población indígena desplazada por UPZ de residencia

108

Mapa 55. UPZ 20 de Julio. Población desplazada según departamento de origen y barrio de residencia

110

Mapa 56. UPZ La Gloria y Los Libertadores. Población desplazada según departamento de origen y barrio de residencia

110

Mapa 57. UPZ San Blas. Población desplazada según departamento de origen y barrio de residencia

111

Mapa 58. UPZ Sosiego. Población desplazada según departamento de origen y barrio de residencia

111

Mapa 59. Población desplazada que llegó entre 1985 y 1990

112

Mapa 60. Población desplazada que llegó entre 1990 y 1995

112

Mapa 61. Población desplazada que llegó entre 1996 y 2000

113

Mapa 62. Población desplazada que llegó entre 2001 y 2005

113

Mapa 63. Población desplazada que llegó entre 2006 y 2010

114

Mapa 64. Población desplazada que llegó entre 2011 y 2013

114

Mapa 65. Hogares extensos por barrio

115

Mapa 66. Hogares individuales por barrio

115

Mapa 67. Hogares nucleares por barrio

116

Mapa 68. Hogares uniparentales por barrio.

116

Mapa 69. Solución de vivienda

117

Tabla Mapa 70. Ocupación por UPZ de residencia

118

Mapa 71. Sistema de Salud - Modalidad especial PSD

119

Mapa 72. Sistema de Salud - Régimen contributivo

119

Mapa 73. Sistema de Salud - Régimen subsidiado

120

Mapa 74. Sistema de Salud - Sin afiliación

120

Mapa 75. Soluciones duraderas

121

Mapa 76. Población desplazada y población desmovilizada por localidad de residencia

122

Mapa 77. Localización del barrio Santa Rosa

123

ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Acumulación de número de personas desplazadas 1985-2013

Figura 2. Presuntos perpetradores de desplazamientos forzados en Colombia

Figura 3. Tasas de homicidio x 100 habitantes en Colombia y Bogotá 2000-2013

Figura 4. Población total Bogotá

Figura 5. Población total por localidad

Figura 6. Población total en San Cristóbal

Figura 7. Población por grupo de edad en San Cristóbal (2007- 2011)

Figura 8. Hombres en relación con el total de la población 2007-2011

Figura 9. Mujeres en relación con el total de población 2007 – 2011

Figura 10. Población en San Cristóbal por pertenencia étnica

Figura 11. Población indígena por grupo de edad

Figura 12. Población indígena por sexo

Figura 13. Población afrodescendiente por grupo de edad

Figura 14. Población afrodescendiente por sexo

Figura 15. Población con alguna discapacidad por sexo

Figura 16. Población con alguna discapacidad según pertenencia étnica

Figura 17. Población con algún tipo de limitación por grupo de edad

Figura 18. Población con alguna limitación por tipo

Figura 19. Seguridad/Inseguridad alimentaria por localidad

Figura 20. Acceso a radio y televisión en Bogotá por localidades

Figura 21. Acceso a MP3, Reproductores de video y video juegos en Bogotá por localidades

Figura 22. Acceso a telefonía móvil y fija en Bogotá por localidades

Figura 23. Acceso a computador, internet y libros en Bogotá por localidades

Figura 24. Tipo de vivienda

Figura 25. Total de habitaciones que tiene la vivienda

Figura 26. Total de habitaciones destinadas a dormitorio por vivienda

Figura 27. Factores del déficit cuantitativo

Figura 28. Formas de tenencia de vivienda en San Cristóbal

Figura 29. Cobertura de servicios públicos

Figura 30. Percepción de pobreza

Figura 31. Índice de Condiciones de Vida

Figura 32. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas

Figura 33. Porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza

Figura 34. Tendencias del mercado laboral en la localidad

Figura 35. Tipo de empleo por estabilidad

Figura 36. Tipo de actividad económica

Figura 37. Tendencia de la tasa de homicidios por 100 mil habitantes en San Cristóbal, Bogotá y Colombia 2008-2013

Figura 38. Departamento de expulsión de población desplazada que ha llegado a Bogotá.

103

Figura 39. Población en situación de desplazamiento en Bogotá por localidades

103

Figura 40. Pirámide poblacional de la población desplazada en San Cristóbal

109

Figura 41. Población por grupo de edad

109

ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Recuento histórico del poblamiento

Tabla 2. Opinión de la calidad de los servicios médicos por pertenencia étnica

Tabla 3. Objetivos de Desarrollo del Milenio en Salud

Tabla 4. Objetivos de Desarrollo del Milenio en educación

Tabla 5. Objetivo de desarrollo del milenio relacionado con la alimentación

Tabla 6. Objetivo de desarrollo del milenio relacionado con TIC

Tabla 7. Objetivo de desarrollo del milenio relacionado con pobreza y generación de ingresos

Tabla 8. Objetivo de desarrollo del milenio relacionado con la sostenibilidad ambiental

Tabla 9. Niveles de Gobierno Distrital y Local y Competencias.

Tabla 10. Competencias Ministerio Público y Contraloría en el Nivel Local.

Tabla 11. Población desplazada frente al total de la población por localidad

105

Tabla 12. Orientación sexual de la población en situación de desplazamiento

109

Tabla 13. Vivienda

117

Tabla 14. Ocupación de la población desplazada

118

Tabla 15. Afiliación al Sistema de Salud

120

Tabla 16. Grupos armados con presencia en Bogotá

125

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes

Informe sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la localidad de San Cristóbal Julio de 2014

1. INTRODUCCIÓN 1.1. Antecedentes 1.

Por invitación de la Alcaldía Local de San Cristóbal en el mes de noviembre de 2013, y conscientes de que la inseguridad y otros fenómenos generados por la violencia han impactado e impactan la seguridad ciudadana y tranquilidad de los habitantes de la localidad de San Cristóbal y la ciudad de Bogotá, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) adoptó un convenio de asociación con este gobierno local, con recursos del Fondo Local de San Cristóbal y con supervisión e interventoría de la Universidad Pedagógica de Colombia, con el objetivo central de aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar el proyecto Escuela Popular en Derechos Humanos. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), desde su creación en 1992 como organización no gubernamental de carácter internacional, que promueve la realización y vigencia integral de los derechos humanos, con énfasis especial en la promoción de los derechos de la población desplazada, refugiada y las víctimas de la violencia en Colombia, ha venido abordando con una perspectiva territorial la prolongada y crítica situación de derechos humanos que afronta Colombia, reconocida como una de las más graves en el mundo.

CODHES cuenta con el Sistema de Información de Derechos Humanos y Desplazamiento (SISDHES) como herramienta central para sistematizar y presentar esta información, y con equipos de trabajo temáticos para abordar cuestiones específicas relativas al amplio campo de monitorización de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH). Desde estos asume como mandato la construcción democrática de la paz, la justicia y la equidad social.

El proyecto Escuela Popular en Derechos Humanos tiene como objetivo ampliar y cualificar el conocimiento de los derechos humanos en la localidad de San Cristóbal, valorando e informando sobre la situación de derechos humanos que afronta la localidad, con énfasis especial en la caracterización de la situación específica de las víctimas del conflicto armado que la habitan. Esto a fin de modelar medidas de respuesta a los problemas identificados, de cara a la adopción de un Plan Integral de Acción en Derechos Humanos para la Localidad de San Cristóbal (PIADHLSC).

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

El fin último de este esfuerzo conjunto es conocer de la manera más sensible posible a partir de la información disponible la situación de derechos humanos de la localidad de San Cristóbal, e informar sobre las dificultades y los retos que afronta la localidad en esta materia, para que a través del PIADHLSC los habitantes de San Cristóbal, el gobierno local y demás instituciones estatales y no gubernamentales, al igual que el sector privado, puedan responder de manera coordinada, integral, diferencial, eficaz y eficiente a estos desafíos, en pro de eliminar el miedo y la miseria en esta localidad, y alcanzar el goce efectivo y sin discriminación de todos los derechos humanos para sus habitantes.

Sobre la base del principio de no discriminación transversal al derecho internacional de los derechos humanos e integrado en la Constitución Política de Colombia de 1991 (art. 13), uno de los objetivos específicos supuso prestar atención especial a la situación de grupos vulnerables o sujetos de especial protección constitucional que habitan en la localidad, entre ellos personas LGBTI, niños, niñas, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y, de forma particular, la situación específica de la población desplazada y víctima. La situación de los afrodescendientes se atiende también en el informe, pero sobre la misma es importante advertir que conocer la situación diferencial de este pueblo y de los habitantes del pueblo indígena en la localidad requiere, dada la falta de información, de su especificidad cultural y los problemas concretos que afrontan (por ejemplo, el racismo), de estudios a profundidad especializados en la materia. En la parte final de este informe CODHES presenta las conclusiones y algunas recomendaciones conducentes a responder a los retos y hacer efectivos los derechos humanos en la localidad de San Cristóbal.

CODHES espera que este informe contribuya al examen del deber del Estado colombiano de organizar el aparato gubernamental a todo nivel para que se cumpla con su obligación de respetar, proteger y hacer efectivos sin discriminación los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos para todas y todos los habitantes de la localidad de San Cristóbal, el Distrito y el país. Esta situación supone no solo un adecuado diagnóstico de los problemas por enfrentar —como esperamos sea en parte el diagnóstico que aquí se presenta—, sino también garantizar la circulación pertinente y permanente de información, y fundamentalmente la participación articulada de instituciones responsables y de las comunidades y sus representantes en el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de una política integral de derechos humanos que desde un enfoque democrático transparente vigile y garantice los derechos humanos y la seguridad ciudadana para todas las personas.

1.2. Objetivos del informe 6.

El presente Informe de derechos humanos y derecho internacional humanitario para la localidad de San Cristóbal tiene el propósito de presentar un examen preliminar de la situación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales en la localidad, a fin de contribuir a la construcción del Plan Integral de Acción en Derechos Humanos para la Localidad de San Cristóbal, para potenciar y promover una observancia más cabal de estos derechos, en forma justa, equilibrada y en procura de la construcción de una paz duradera y sostenible. A tal efecto el informe identifica las obligaciones jurídicas aplicables al Estado colombiano y las instituciones que lo integran en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario en términos de su deber de proteger, respetar y hacer efectivos los derechos humanos de las y los habitantes de la localidad de San Cristóbal. Sobre este marco normativo el informe pasa revista a los principales esfuerzos emprendidos por el Estado de Colombia, sus instituciones y los diferentes niveles de gobierno para hacer efectivos tales derechos. El informe presenta los resultados alcanzados en el contexto del balance del impacto de las medidas adoptadas para el goce efectivo de los derechos humanos de las y los habitantes locales.

Escuela Popular de Derechos Humanos

1.3. Metodología 10. Para la construcción de este informe CODHES recabó y procesó información estadística y administrativa de diferentes fuentes oficiales, también realizó algunas reuniones, entrevistas, encuentros locales y se sistematizó información de prensa con hechos relativos a eventos recientes sobre situaciones de derechos humanos en la localidad de San Cristóbal. CODHES recabó y consideró información de derechos humanos anterior y relativa al periodo de ejecución del proyecto, utilizando el espectro de fuentes más amplio y pertinente. Los informes de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos fueron un insumo importante en este esfuerzo. 11. La información demográfica, es decir, edad, sexo y pertenencia étnica recabada en el informe se construyó en su mayoría con base en el censo 2005. Por otra parte, la información socioeconómica analizada se tomó además del censo 1993, las Encuestas de Calidad de Vida de 2003 y 2007, y la Encuesta Multipropósito del año 2011. Para desarrollar el análisis y la comparación espacial de la localidad en el contexto distrital, con información actualizada, se construyó la cartografía con información disponible más reciente (2011). 12. Para la caracterización de la situación de las víctimas en la localidad se utilizó además información administrativa suministrada por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Pazy la Reconciliación del gobierno de Bogotá, al igual que información propia de CODHES relativa a un estudio de cartografía adelantado en la localidad en 2013. Adicionalmente utilizamos información de otras fuentes como el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, Medicina Legal y de la encuesta de percepción y victimización (2012) de la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras. Los diagnósticos distritales y locales relativos a temas de derechos humanos también fueron un insumo importante para este informe. 13. Para tener un conocimiento sobre la situación de derechos humanos a partir de información basada en hechos se sistematizaron informes de prensa sobre acontecimientos relacionados con los derechos humanos en la localidad de San Cristóbal entre el periodo de 2012 hasta abril de 2014.

14. Adicionalmente, para contar con el juicio experto e institucional, el equipo del proyecto realizó un Encuentro Interinstitucional en territorio local con servidores públicos de diferentes niveles en el mes de abril de 2014, en el que participaron representantes de instituciones como la Policía Nacional, la Secretaría de Integración Social, de la Mujer y Educación Distrital, la Junta Administradora Local (JAL) y del gobierno local, con el propósito de realizar un diagnóstico participativo interinstitucional sobre la situación de derechos humanos y de las víctimas de la localidad de San Cristóbal, y concertar un conjunto de medidas y lineamientos con el objetivo de mejorar y coordinar la respuesta institucional a la situación identificada. Los resultados de ese encuentro han sido un insumo importante para la construcción de este informe. Las observaciones producto de las reuniones adelantadas con el señor alcalde local y con una representante de la Junta AdministradoraLocal fueron también un aporte importante para este diagnóstico. 15. Complementariamente, el equipo CODHES realizó talleres de diagnóstico en el territorio local sobre la situación de derechos humanos con algunos de los grupos que afrontan importantes retos en la localidad debido a la falta de observancia o limitaciones en sus derechos humanos; los encuentros contaron con la participación de la población LGBTI de la localidad y con población en situación de discapacidad. Es de resaltar la fuerza y entereza de estas personas, quienes a pesar de las dificultades que impone un ambiente social discriminatorio y excluyente, participan y promueven la resolución de sus problemas y la observancia de sus derechos con una impresionante dignidad y fuerza. Las y los asistentes a la Cátedra de Derechos Humanos y a las movilizaciones realizadas produjeron información adicional integrada a este informe. Los resultados del concurso de fotografía en derechos humanos son parte del material gráfico que ambienta el informe y la foto ganadora del concurso es su portada. 16. También se realizó una reunión informativa con líderes y las lideresas representantes de la Mesa de Víctimas Local, a quienes CODHES informó sobre la construcción de este diagnóstico y de quienes CODHES escuchó con preocupación su compleja realidad y, en general, la grave situación afrontada por todas las víctimas en la localidad. Esta crítica situación, y la falta de una respuesta institucional integral a tan profunda problemática, han creado en la localidad, como en muchos lugares del país, un clima de desconfianza y resistencia entre las víctimas y sus representantes hacia las autoridades

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

responsables, desconfianza que en este caso no hizo posible concertar como se esperaba la realización de un encuentro diagnóstico con los líderes y las lideresas de este espacio, a pesar de la importancia de este encuentro en el contexto del diagnóstico. CODHES lamenta, comprende y respeta su resolución, pero precisa que las preocupaciones transmitidas a CODHES por las y los representantes de la Mesa de Víctimas Local sobre la grave situación humanitaria afrontada y sobre la necesidad de soluciones duraderas a la misma han sido integradas a este informe. 17. CODHES agradece a todas las personas, líderes y lideresas, comunidades e instituciones por sus valiosos aportes, pues son quienes con su trabajo y diligencia hicieron posible recabar y analizar gran parte de la información sobre la situación de derechos humanos y derechos internacional humanitario que se presenta en este informe, y sus consideraciones y propuestas facilitaron la construcción del Plan Integral de Acción en Derechos Humanos para la Localidad de San Cristóbal que lo complementa.

21. Antes de abordar la situación específica de derechos humanos de la localidad de San Cristóbal, y con el objetivo de atender y comprender los impactos locales de las dinámicas globales del país, es necesario dirigir la atención hacia la situación general del contexto nacional y, por tanto, examinar de forma panorámica el estado de derechos humanos del país, sus retos y sus avances.

1.5. Contexto 1.5.1. Análisis de la situación de derechos humanos en la localidad de San Cristóbal: el conflicto en Colombia Cada pueblo tiene el derecho inalienable de conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones. Principio 2. El derecho inalienable a la verdad. II. Derecho a saber. Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad

1.4. Estructura del informe 18. El informe se articula en tres capítulos además de esta introducción. El capítulo I examina la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la localidad de San Cristóbal, presenta un análisis sobre la distribución geográfica y los cambios en la formación de su territorio y población. 19. El capítulo II analiza, en el contexto de los derechos civiles y políticos, la situación de seguridad ciudadana en la localidad de San Cristóbal, y la situación de los derechos a la vida, seguridad e integridad personal de sus habitantes. Este capítulo también valora el estado de gobernanza democrática y la situación de los derechos políticos en la localidad. 20. El capítulo III presenta un balance de la situación de la población desplazada y las víctimas en la localidad, abordando además temas como la desmovilización, reinserción y presencia de actores armados ilegales en la localidad. Al final el informe presenta sus conclusiones y un conjunto de recomendaciones con el propósito de promover el goce efectivo de los derechos humanos en la localidad de San Cristóbal.

22. El Estado de Colombia ha vivido uno de los casos más intensos y prolongados de violencia generalizada en la historia mundial contemporánea, en un conflicto de alta intensidad que ha tenido como efecto una de las tragedias humanitarias más grandes del mundo. Según la Red Nacional de Información (RNI) se han presentado 6.070.281 eventos de desplazamiento forzado entre el periodo 1985-2014 en el país, que han afectado a 5.632.062 de colombianas y colombianos1. 23. La magnitud de este conflicto en términos de desplazamiento forzado no ha sido determinada. Colombia registra cada año nuevos desplazamientos, por lo menos 219.405 personas fueron forzadas a desplazarse durante el año 2013 de acuerdo con los datos que obtuvo CODHES, mediante el sistema de información al que se vincularon varios centros universitarios en el país2. CODHES, a través de su Sistema de Información sobre Derechos Humanos

[1] Red Nacional de Información. Operada por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2014 [en línea]. Disponible en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes [con acceso 13 julio 2014] [2] Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). El desplazamiento forzado y la imperiosa necesidad de la paz, En: Informe desplazamiento 2013, 2014.

Escuela Popular de Derechos Humanos

5921222

5701824

5186260

4906219

4238967

3983001

3711814

3113996

2906389

2151598

1834218

1247000

990000

809000

720000

642000

597000

423000

346000

227000

122000

63000

1000000

27000

2000000

533000

3000000

1555000

4000000

2498836

5000000

3401577

6000000

4619830

7000000

5445406

Figura 1. Acumulación de número de personas desplazadas 1985 - 2013 Comparativo datos CODHES - UARIV

Acumulado CODHES

Acumulado UARIV

Fuente: Codhes - Sisdhes; UARIV (2014)

y Desplazamiento (SISDHES), estima que entre 1985 y 2013, 5.921.229 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado (figura 1). Nótese que si a esta cifra sumamos los 2 millones de desplazados no registrados que se estima hubo en el periodo en el que los especialistas cifran el inicio del actual conflicto colombiano (La Violencia: 1946-1966)3, Colombia se configura entonces como el país con más desplazados forzados en el mundo, superando los 6,5 millones de desplazados que se estiman hay actualmente como resultado de la crisis de Siria4, en el marco de un conflicto civil e internacional de alta intensidad, y muy por encima de El Congo (3 millones), Sudán (2.445.000) o Iraq (entre 2 y 2,84 millones)5.

24. Según la proyección del DANE (basada en el Censo de 2005), la población colombiana estaría por el orden de los 45.508.205 personas6, de forma que según la RNI 12 de cada 100 colombianas y colombianos están actualmente en situación de desplazamiento forzado. 25. Cabe precisar que el número de desplazados forzados en Colombia para el periodo que comprende este conflicto no ha sido estimado y caracterizado con precisión; entre otros periodos no registrados están el final de la década de los sesenta y la primera mitad de los años ochenta (1967-1984), que no son cubiertos por el Registro Único de Víctimas7 y por tanto hacen parte del subregistro de esta crisis, al igual que gran parte de los desplazamientos forzados intrarrurales e intraurbanos8. El conflicto armado y el desplazamiento forzado han tenido un impacto desproporcionado sobre ciertos sectores

[3] “Known as ‘La Violencia’, this amounted to an ‘undeclared’ civil war between the Liberal and the Conservative Parties, the main political parties of the country, following the assassination of a popular political leader, Jorge Eliecer Gaitán, in 1948. Two million peasants fled to the towns and lost their lands or settled in other areas”. Commission on Human Rights. E/CN.4/1995/50: Internally displaced persons. Mr. Deng, Francis M., Report of the Representative of the Secretary-General, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolutions 1993/95 and 1994/68, Addendum Profiles in displacement: Colombia, 1995, p. 19.

[6] DANE. Proyecciones Nacionales y Departamentales de población, Estudios Post Censales, 7, Bogotá, Colombia, 2010. La proyección de referencia para este cálculo es la de población de 2010.

[4] Según estima el IDMC en el 2013 Siria fue el responsable del 43% de todos los desplazamientos a escala mundial. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Norwegian Refugee Council. Global Overview, People internally displaced by conflict and violence, 2014, p. 10.

[7] De conformidad con la Ley 1448 de 2011 (art. 3), los Decretos Ley 4635, 4633 y 4534, el periodo de registro de población víctima, incluida la población desplazada, tiene un límite que incluye únicamente hechos victimizantes ocurridos desde el 1 de enero de 1985.

[5] Véase el informe del Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), El desplazamiento continúa a pesar de esperanzas de paz, 2014 [en línea]. Disponible en: http://www.acnur.org/t3/uploads/media/2875_IDMC_Colombia_16ene2014. pdf?view=1 [con acceso mayo 2014].

[8] CODHES. Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas. Una aproximación desde los casos de Buenaventura, Tumaco y Soacha, Bogotá, Colombia, 2013. Y CODHES, Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas, Bogotá, Cúcuta y Quibdó, Bogotá-Colombia, 2014.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Mapa 1. Intensidad del desplazamiento forzado por expulsión en municipios de Colombia: 1985-2014

Mapa 2. Intensidad del desplazamiento forzado por expulsión en departamentos de Colombia: 1985-2014

LA GUAJIRA

ATL` NTICO MAGDALENA

CESAR

SUCRE BOL˝VAR C RDOBA NORTE DE SANTANDER

ANTIOQUIA CHOC

SANTANDER

ANTIOQUIA

ARAUCA

CHOC

BOYAC` CASANARE

CALDAS CUNDINAMARCA RISARALDA QUIND OBOGOT` D.C. TOLIMA VALLE DEL CAUCA META CAUCA

SUCRE BOL˝VAR C RDOBA NORTE DE SANTANDER

GUAIN A

CAUCA

GUAVIARE

NARI O PUTUMAYO

CAQUET`

ARAUCA

BOYAC` CASANARE

CALDAS CUNDINAMARCA RISARALDA QUIND OBOGOT` D.C. TOLIMA VALLE DEL CAUCA META

VICHADA

HUILA

SANTANDER

GUAVIARE

PUTUMAYO

AMAZONAS

GUAIN A

HUILA

NARI O VAUP S

VICHADA

CAQUET`

VAUP S

AMAZONAS

Población desplazada por municipio de salida

Población desplazada por departamento de salida

PERSONAS

1 - 3499

1776 - 36746

3500 - 10115

36747 - 119295 119296 - 196780

10115 - 21540 21540 - 46739 46740 - 100502

196781 - 400139

0 55 110

220

330

440 Kil metros

sociales; los pueblos indígenas y afrodescendientes y sus territorios ancestrales, las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, las personas en condición de discapacidad han sido cuantitativa y cualitativamente las y los más afectados. Las y los defensores de derechos humanos que representan o asisten a las víctimas también han sufrido daños en este conflicto que actualmente afecta a todos los departamentos y a todos los municipios del país (mapas 1-4); entre el 6 y el 16 % de la población desplazada llega cada año a Bogotá (mapa 4)9. 26. Según estimaciones de CODHES, durante el año 2013 llegaron a Bogotá 25.506 personas, lo cual la convierte en la principal ciudad receptora de población en situación de desplazamiento del país, lugar que en el año 2012 había ocupado Medellín10.

400140 - 882017

0 55 110

220

330

440 Kil metros

27. Si a los eventos11 de desplazamiento forzado sumamos otras graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional que han ocurrido y ocurren en el marco del conflicto en Colombia, como son el despojo y abandono de tierras, los actos terroristas, las amenazas, las desapariciones forzadas, los homicidios, los ataques contra la integridad sexual, las minas antipersonal, las pérdidas de bienes muebles, el secuestro, la tortura, el reclutamiento de menores, entre otros, el número de eventos con daños hasta ahora estimados asciende a 7.522.448 millones, de los que han sido víctimas 6.541.351 personas12 en el país13. [11] Red Nacional de Información. Eventos: ocurrencia de un hecho victimizante a una persona, en un lugar (municipio) y en una fecha determinada [en línea]. Disponible en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes [con acceso el 13 julio 2014].

[9] Este caso específico se analiza en la sección de Víctimas de este documento, véase cap. III, A.

[12] Red Nacional de Información. Personas: víctima identificada de manera única ya sea por su número de identificación, por su nombre completo o por una combinación de ellos [en línea]. Disponible en: http://rni.unidadvictimas.gov. co/?q=v-reportes [con acceso 13 julio 2014].

[10] CODHES. El desplazamiento forzado y la imperiosa necesidad de la paz, op. cit., 2014, p. 12.

[13] Red Nacional de Información (RNI), Corte 01 junio 2014 [en línea]. Disponible en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes [con acceso 13 julio 2014].

Escuela Popular de Derechos Humanos

Mapa 3. Intensidad del desplazamiento forzado por recepción en municipios de Colombia: 1985 -2014

Mapa 4. Intensidad del desplazamiento forzado por recepción en departamentos de Colombia: 1985-2014

LA GUAJIRA

ATL` NTICO MAGDALENA

CESAR

SUCRE BOL˝VAR C RDOBA NORTE DE SANTANDER

ANTIOQUIA CHOC

SANTANDER

ANTIOQUIA

ARAUCA

CHOC

BOYAC` CASANARE

CALDAS CUNDINAMARCA RISARALDA QUIND OBOGOT` D.C. TOLIMA VALLE DEL CAUCA META CAUCA

SUCRE BOL˝VAR C RDOBA NORTE DE SANTANDER

GUAIN A

CAUCA

GUAVIARE

NARI O PUTUMAYO

CAQUET`

GUAIN A GUAVIARE

NARI O VAUP S

PUTUMAYO

CAQUET`

VAUP S

AMAZONAS

Población desplazada por municipio de llegada

Población desplazada por departamento de llegada

PERSONAS

Sin informaci n

1063 - 28114

1 - 7118

28115 - 60540

7119 - 15797

60541 - 155467

15798 - 30163

268165 - 540714

VICHADA

HUILA

AMAZONAS

30164 - 268164

ARAUCA

BOYAC` CASANARE

CALDAS CUNDINAMARCA RISARALDA QUIND OBOGOT` D.C. TOLIMA VALLE DEL CAUCA META

VICHADA

HUILA

SANTANDER

155468 - 272158

0 55 110

220

330

440 Kil metros

1.5.1.1. Periodos y causas de la violencia 28. En Colombia se han investigado desde hace muchos años las causas de la violencia. En el año de 1948 el gobierno militar del general Rojas Pinilla (1954-1957) conforma la primera Comisión de las causas de la Violencia, y en 1987 en el gobierno del presidente Barco (1986-1990) se configuró la segunda; el más reciente informe sobre la Memoria del conflicto en el 2013 fue realizado por el Grupo de Memoria Histórica (GMH), durante el periodo de gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014), actualmente reelegido para el periodo presidencial 2014-2018. 29. Aunque este último informe reconoce la dificultad de caracterizar el conflicto colombiano por su carácter heterogéneo tanto a lo largo del tiempo como del territorio, sitúa su origen al final de la década de los cincuenta, periodo en que según su enfoque se transforma la violencia bipartidista en

272159 - 579827

0 55 110

220

330

440 Kil metros

violencia subversiva (1958-1982)14. El problema de este enfoque es que el GMH deja fuera de la Memoria un periodo de alta intensidad del conflicto armado como fue la época llamada “La Violencia”, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)15 es uno de los factores que dan lugar al actual conflicto. La CIDH explica este antecedente en los siguientes términos: Muchos de los estudios realizados sobre Colombia distinguen tres etapas en la violencia política del país: 1) las guerras civiles bipartidistas (en esencia, conflictos y rivalidades entre las clases gobernantes del país durante buena parte del siglo XIX); 2) “La Violencia”, que tuvo lugar a mediados del siglo XX y, por último, 3) [14] Grupo de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! En Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013. sección 2.1, p. 112. [15] CIDH. Tercer Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia, 26 febrero 1999. OEA/Ser.L/V/II.102.

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la violencia actual, que gira en torno a la insurrección armada. El periodo de “La Violencia” es considerado el antecedente más directo de la situación de violencia actual16. 30. Sin embargo CODHES, con el ánimo de promover una más profunda memoria sobre la configuración de estos conflictos y sobre los impactos diferenciales de los mismos, tanto territorial como poblacionalmente, considera central que a efectos de la memoria histórica del conflicto en el país se reconozcan como antecedentes de este prolongado conflicto no solo las luchas bipartidistas del siglo XIX, que se caracterizaron por una cruenta disputa por el control y estructuración del Estado colombiano (ocho de las nueve constituciones que ha tenido el país se establecieron en este periodo), sino también el periodo prehispánico, prerepublicano o colonial, pues la mayoría de los conflictos y antecedentes centrales para entender los impactos de la violencia en la formación de la república se presentaron durante la destrucción de los pueblos nativos y la esclavización de los africanos en el continente, a través de guerras de conquista, exterminio, control y tortura, que se prolongaron con diferente intensidad desde finales del siglo XV hasta el periodo de independencia en la segunda década del siglo XIX (1810-1819). Muchos de estos conflictos siguen activos en la actualidad, las víctimas de toda esta violencia, racismo, marginación y exclusión no han sido reconocidas ni reparadas. 31. Aunque según el más reciente Censo en Colombia los pueblos originarios, llamados indígenas desde la Colonia, son tan solo el 3,4 % de la población del país, correspondientes a 1.392.653 personas17, se estima que antes del periodo de conquista y destrucción por el imperio español eran al menos tres millones de personas18. En la hoy Bogotá, por ejemplo, se estima que vivían al menos 217.000 muiscas en la región chibcha del Zipa19, antecedente central para entender la crítica situación de los pueblos indígenas en Colombia y el impacto demográfico que ha tenido y tiene el prolongado

[16] Ibid., cap. I.

32. Otro antecedente central de este periodo en la memoria de esta construcción histórica y conflictiva de la nación colombiana lo configura la presencia en América de los Africanos, de los que aun no se ha establecido el momento preciso en que llegaron al continente ni el carácter y la magnitud de su migración. En la actualidad se estima que la población afrodescendiente en las Américas está conformada por 150 millones de personas, aproximadamente el 30 % de la población total del continente23. Aunque no hay cifras estables sobre el número de esclavos y esclavas que arribaron al continente como producto de la conquista de África, la trata y esclavitud de las y los africanos, se estima que en este periodo África perdió al menos 50 millones de personas y para el año 1800 ya se habían transportado a América entre 10 y 15 millones de ellas24. 33. Como señaló la experta independiente de las Naciones Unidas sobre las cuestiones de las minorías, la historia de los afrocolombianos se inicia con la esclavitud y las violaciones flagrantes de los derechos de los afrodescendientes25. Los

[20] Para dar una idea global de la destrucción de la población indígena de América, Todorov recuerda que en 1500 la población del planeta habría sido de 400 millones, de los cuales 80 millones vivían en América. A mitad del siglo XVI, de esos 80 millones no quedaban más que 10. Al limitarse solamente a México, antes de la conquista su población era de 25 millones, en 1600 era de 1 millón. “Si la palabra genocidio se ha aplicado alguna vez con precisión a un caso, era bien este. Es un récord […] no solamente en términos relativos (una destrucción de 90% o más) sino también en términos absolutos, pues hablamos de una diminución de la población estimada en 70 millones de seres humanos” (Plumelle-Uribe 2001:36) La Férocité Blanche (traducción propia). [21] ONIC. Pueblos Indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural: caso Colombia. Intervención ONIC, 147 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [en línea]. Disponible en: http://cms.onic.org.co/wp-content/uploads/ downloads/2013/03/Pueblos-Ind%C3%ADgenas-en-riesgo-de-exterminioONIC-AUDIENCIA-14-DE-MARZO-WASHIGTON1.pdf [con acceso junio 2013]. [22] Corte Constitucional de Colombia. Auto 004 de 2009. M. P. Manuel José Cepeda.

[17] DANE. 2010, p. 15. [18] Germán Colmenares, por ejemplo, sugiere que la población colombiana anterior al contacto estaba alrededor de los tres millones. Colmenares, Germán. Historia económica y social de Colombia, 1537-1719. Medellín: La Carreta, 1975. También citado en: Denevan, William M. ed., The Native Population of the Americas in 1492. Madison: University of Wisconsin Press, 1976, p. 154. [19] Eidt, Robert C. Dec. 1959. Aboriginal Chibcha Settlement in Colombia. Annals of the Association of America Geographers. Vol. 19, No. 4, pp. 374-392; p. 376.

genocidio de este histórico grupo humano20. Según la Organización Nacional Indígena existen 102 pueblos originarios en Colombia, 65 de ellos en riesgo de exterminio físico y cultural (es decir, el 62,7 % de los 102 existentes)21 en el marco del actual conflicto colombiano, situación en parte reconocida por la Corte Constitucional en el Auto 004 de enero de 200922, relativo a la protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado.

[23] CIDH. La situación de las personas afrodescendientes en las américas. OEA/ Ser.L/V/II. Doc. 62, 5 diciembre 2011. [24] Véase Zinn, Howard. La otra historia de los Estados Unidos. Casa Editorial Pisando Callos, 2008. p. 30. [25] Consejo de Derechos Humanos Naciones Unidas. Informe de la Experta independiente sobre cuestiones de las minorías, Sra. Gay McDougall. Adición: Misión a Colombia. A/HRC/16/45/

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afrodescendientes en Colombia, descendientes de quienes resistieron a la esclavitud y a la más brutal violencia en el periodo de la Colonia y hasta 1852 en la república de Colombia, son en la actualidad 4.311.757 personas, el 10,62 % del total de los colombianos26. La Corte Constitucional ha reconocido la prolongada y grave crisis humanitaria de este grupo étnico en el país, y en el Auto 005 de enero de 2009, relativo a la protección de derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado27, evidenció el impacto desproporcionado de este fenómeno interno sobre las comunidades afrocolombianas y en la protección de sus derechos individuales y colectivos.

efecto la apertura del espectro democrático del país a nuevas fuerzas políticas y la Constitución de 1991; un tercer periodo (1996-2005) de recrudecimiento del conflicto armado, y un periodo final (20052012) de fortalecimiento de la ofensiva militar del Estado contra las guerrillas y el reacomodamiento de estas29, que incluye a su vez el fracaso en la desmovilización de los grupos paramilitares y un reacomodo de los mismos, como lo resalta la CIDH debe sumarse como antecedente el periodo de La Violencia, la lucha bipartidista del siglo XIX y comienzos del siglo XX que antecedieron a la misma, al igual que los conflictos étnicos que atraviesan la historia poblacional, territorial, económica, política y cultural de construcción del país.

34. Identificar y garantizar la memoria del trasfondo étnico que subyace a los orígenes y la evolución de los conflictos que estructuran la construcción del Estado colombiano es un factor central para entender la compleja y prolongada historia de violencia, de exclusión estructural y el dinámico recorrido de la plural y multiétnica sociedad colombiana, y es sobre todo un antecedente central para hacer efectivo el derecho a saber y el derecho inalienable a la verdad tal como están estipulados en los principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, ya que estos establecen que cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes, ya que el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones28.

36. De esta manera, entre las causas de este complejo conflicto no solo deben destacarse la persistencia del problema agrario, la irrupción y propagación del narcotráfico, las limitaciones a la participación política, las influencias y presiones del contexto internacional, la fragmentación institucional y territorial del Estado y las transformaciones del conflicto con los resultados parciales y ambiguos de los procesos de paz y las reformas democráticas, reseñadas por el GMH en su informe, sino también las enormes disparidades en la distribución de la riqueza y los no resueltos conflictos étnico-territoriales heredados del periodo colonial30 asociados con la explotación, exclusión y discriminación racial de estos grupos31.

35. Así las cosas, más allá de los periodos que el GMH identifica en la evolución del conflicto en Colombia, a saber: un primer periodo (19581982) de transición de la violencia bipartidista a la subversiva caracterizado por la proliferación de los grupos guerrilleros; un segundo periodo (1982-1996) en el que se fortalecen los grupos paramilitares y se expanden las guerrillas, el narcotráfico y el terrorismo, se avanza en los procesos de paz que llevaron a la desmovilización de algunos grupos guerrilleros que tuvieron como Add.1. 2011. Consultado en junio de 2014 en: http://www.acnur.org/biblioteca/ pdf/7476.pdf?view=1. [26] Dane 2010: 5. [27] Corte Constitucional de Colombia. Auto 005 de 2009. Mp Manuel José Cepeda. [28] Véase principio 2, Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha Contra la Impunidad. Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/2005/102/Add.

1.5.1.2. Responsables de la violencia y principales actores del conflicto en Colombia 37. Debido a la extensión en el tiempo y la multiplicidad de intereses y actores que convergen en el conflicto colombiano, no todos los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario que han conducido a la victimización de millones de colombianas y colombianos han sido totalmente identificados. No obstante, existe un consenso sobre los principales grupos o actores en confrontación. [29] Grupo de Memoria Histórica, op. cit., cap. II. [30] El Relator de las Naciones Unidas sobre desplazados internos en su informe de 1994 sobre la situación de Colombia señala la combinación de tres factores como centrales para explicar la problemática vida política y violencia en Colombia: las enormes disparidades en la distribución de la tierra y la riqueza, la ausencia de la autoridad del Estado en zonas del país, y la inaccesibilidad del poder y del Estado para ciertos segmentos de la sociedad. Véase Mr. Deng, Francis. The Historical and socio-economic contex. Report of the Representative of the Secretary-General, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 1993/95. E/CN.4/1995/50/Add.1. Cap. I, sección B. [31] Para profundizar en esta perspectiva analítica véase el informe del Relator Especial sobre Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Relacionadas de Intolerancia sobre Colombia en el año 1997. E/CN.4/1997/71/Add.1.

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En primer lugar está la Fuerza Pública, integrada por las Fuerzas Armadas y la Policía, que tienen la obligación constitucional de proteger a las y los colombianos. 38. Adicionalmente, se encuentran los grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes la CIDH reconoce como el grupo disidente armado más antiguo de Colombia, cuyos orígenes se remontan a 1947, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), y los desmovilizados Movimiento 19 de Abril (M-19), la Autodefensa Obrera (ADO), el grupo Ricardo Franco, y el grupo guerrillero indígena Quintín Lame32 entre otros. 39. De otro lado están los denominados grupos paramilitares, que amparados en la Ley 48 de 1968 y el Decreto 356 de 199433, se expandieron desde la década de los setenta y se consolidaron en las décadas siguientes, entre otros factores34, debido al apoyo de narcotraficantes y actividades relacionadas directamente con este delito, como también por el estímulo, la acción y la omisión de las fuerzas de la ley y el orden. En 1997, las Autodefensas del Magdalena Medio, de los Llanos Orientales y de Córdoba y Urabá conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), periodo desde el cual se recrudecieron los ataques contra la población civil. Entre los años 2003 y 2006, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez puso en marcha un proceso que llevaría a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia: “No obstante, este proceso fracasó de manera general en su propósito de superar el fenómeno paramilitar”35. Posterior al proceso de “desmovilización” se rearmaron nuevos grupos comandados por excombatientes y mandos medios de los paramilitares36, lo que ha derivado en nuevas y graves violaciones de derechos humanos.

[32] CIDH. Tercer Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia, 26 febrero 1999 Capítulo I, sección B. OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1. [33] Creación de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, más conocidas como Convivir. [34] Según explica el Relator de las Naciones Unidas sobre desplazados internos en su informe, ”en las zonas de la actividad guerrillera y poca presencia del Estado, las autodefensas empezaron a ser la actividad guerrillera y poca presencia del Estado, las autodefensas empe las fuerzas de la ley y el orden. Algunos de estos grupos más tarde se convirtieron en ejércitos privados de los civiles; otras son organizaciones político-militares enteras,de naturaleza ofensiva, conocidas como ‘paramilitares’. Empresas locales e internacionales en minería, ganadería y agricultura intensiva también han contribuido a los conflictos sociales y la violencia, a menudo mediante la contratación de estos contribuido a los conflictos sociales y la violencia, a menu”. E/CN.4/1995/50/Add.1 (traducción propia).

40. En su conjunto estos grupos armados, legales e ilegales, son quienes de manera individual o combinada han sido identificados por las víctimas de desplazamiento forzado como los presuntos perpetradores de las violaciones de derechos humanos y las infracciones al DIH que condujeron a su desplazamiento (figura 2).

1.5.1.3. Otros factores que inciden en la crítica situación de derechos humanos en Colombia 41. El conflicto armado es, sin duda, el eje central en la explicación de la grave situación de derechos humanos en Colombia; por ejemplo, el GMH estimó que entre 1958 y 2012 el conflicto armado ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 personas37. Sin embargo, cuando se analiza el comportamiento del fenómeno del homicidio en Colombia, en particular en los últimos años, se observa que las muertes relacionadas directamente con la violencia sociopolítica explican menos del 10 % de los homicidios. Así lo ejemplifica el más reciente informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que indica que de los 15.727 homicidios presentados en Colombia durante el 2012 la violencia sociopolítica explicaría solo el 5,93 de las circunstancias en las que se dieron los asesinatos, mientras la violencia interpersonal (12,70 %) duplica la asociada directamente con el conflicto armado38. 42. De forma tal que el grave problema de privación arbitraria de la vida —que es la expresión más violenta de la degradada situación de derechos humanos que afronta el país— requiere de un análisis más minucioso de los factores que generan estas graves violaciones, en especial de la expansión de la violencia hacia las comunidades y familias, en la forma de violencia interpersonal e intrafamiliar, y la violencia generada por la delincuencia común y organizada, en especial el narcotráfico. De hecho, si analizamos las cifras de homicidio en Colombia, en lo corrido del siglo XXI se han asesinado más personas de las que estima el GMH fueron asesinadas en más de seis décadas de conflicto. En efecto, entre los años 2000 y 2014 el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses refiere que 267.942 personas han sido víctimas de privación arbitraria de la vida en Colombia, y aunque la tasa de homicidios del país por 100 mil habitantes ha

[35] Grupo de Memoria Histórica, op. cit., p. 179.

[37] Grupo de Memoria Histórica, op. cit., p. 31.

[36] Llamados “herederos de los paramilitares”. Según Human Right Watch, grupos armados posdesmovilización o denominados por el gobierno nacional como bandas criminales emergentes, más conocidas como “Bacrim”.

[38] Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Comportamiento del homicidio en Colombia. Bogotá: IMLCF, 2012.

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Figura 2. Presuntos perpetradores de desplazamientos forzados en Colombia

Otro

0,2

Bandas Emergentes

0,6

Fuerza Pública

0,6

ELN

1,7

No saben, No responden

5,7

Grupo Armado no identificado

8,6

Más de un Grupo

Grupo Guerrillero sin identificar

14,5

FARC

26,7

Paramilitares

31,3 0

Fuente: III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada. Julio-Agosto 2010. Comisión de Seguimiento y CID-Universidad Nacional. Población RUPD.

presentado una importante y continua reducción desde el año 2000 (61) hasta el año 2012 (32,48)39, en términos absolutos la situación es más que preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que la tasa sigue muy por encima del valor de referencia de 10 homicidios por 100 mil habitantes considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un nivel de epidemia40; trágica conclusión que a pesar de la situación relativamente mejor de Bogotá es igualmente válida y debe ser motivo de preocupación de todas las autoridades públicas y de la sociedad en su conjunto (figura 3).

[39] Según el informe de la CIDH sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, se evidencia además que la tasa de homicidios de Colombia está por encima del promedio regional internacional. Según la CIDH “La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es un indicador universalmente aceptado para medir el nivel de violencia en una determinada sociedad, sin perjuicio de sus constantes alteraciones, alcanzó el 25,6/100.000 promedio en América Latina. En comparación con esta cifra, la tasa en Europa se registró en 8,9/100.000, mientras que para la región del Pacífico Occidental se ubica en 3,4/100.000, y en Asia Sur-Oriental en 5,8/100.000”. OEA/Ser.L/V/II. 31 de diciembre de 2009. Véase cap. III [en línea]. Disponible en: http://www.cidh.org/ countryrep/seguridad/seguridadindice.sp.htm [con acceso 10 julio 2014]. [40] Véase Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe de Desarrollo Humano. PNUD, 2013-2014. p. 4.

43. La grave situación de violencia que afronta Colombia, de la cual los homicidios o la violencia letal es tan solo una de sus expresiones más notorias, es tan desproporcionada que a pesar de que Estados Unidos es un país con una población aproximadamente siete veces superior a la nuestra, en el periodo 2000-2012 se registraron más asesinatos en Colombia que en ese vasto país; según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen (UNODC) en EE.UU. en este periodo se presentaron 210.775 homicidios, mientras en Colombia se perpetraron 248.80841. 44. Cabe advertir que la mayoría de las víctimas de esta tragedia es la población joven del país, como lo pone de manifiesto que más de 50 % de los 15.727 homicidios registrados por Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el año 2012 afectaron a jóvenes entre los 15 y 29 años. Respecto a las mujeres, si bien son impactadas

[41] UNODC. Base de datos sobre estadísticas de homicidios [en línea]. Disponible en: www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html [con acceso 10 julio de 2014].

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Figura 3. Tasas de homicidio x 100 habitantes en Colombia y Bogotá 2000-2013

Tasa por 100 mil habitantes

52,38 44,58

50 40

40,18

37,7 32,1

37,49

37,15

39,39 34,31

38,36

35,95

33,76

32,48

16,9

16,7

28,5

23,4

22,7

23,7 19,2

19,9

20,5

22,7

21,9

20 10 0 Colombia Bogotá

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

52,38

44,58

40,18

37,49

37,15

34,31

39,39

38,36

35,95

33,76

32,48

37,7

32,1

28,5

23,4

22,7

23,7

19,2

19,9

20,5

22,7

21,9

16,9

16,7

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2014.

en menor medida por este fenómeno, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses advierte cómo la desagregación de las ocurrencias de este flagelo según el sexo de la víctima muestra una importante y preocupante tendencia al aumento de los homicidios de mujeres; además, la violencia intrafa¬miliar es la circunstancia más relevante, y la vivienda es el lugar donde ocurre el mayor número de homicidios de mujeres (por cada diez hombres víctimas de homicidio, se registró el de una mujer). El informe —citando a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)— registra más de 1.000 homicidios de indígenas entre 2003 y 2012; la persistente ausencia de un enfoque diferencial en los registros administrativos y de otro tipo en el Estado colombiano, como es el caso de la información sobre homicidios analizada, no precisa ni permite saber la intensidad ni la frecuencia de los homicidios contra afrodescendientes en Colombia42.

[42] Véase Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Comportamiento del Homicidio en 2012. Bogotá: IMLCF.

1.5.2. Normas y avances en mecanismos de aplicación en derechos humanos en Colombia 45. Después de siglos de intensa violencia debida al menosprecio y desconocimiento de los derechos humanos, y habiendo vivido los horrores de la Guerra Mundial de la primera mitad del siglo XX, sumada a la esclavitud y la opresión de siglos anteriores, los Estados del mundo, incluido Colombia, adoptaron el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante la Declaración), cuyo propósito esencial es que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho y, sobre esta sólida base, el advenimiento de un mundo en que a los seres humanos, liberados del temor y la miseria, se les reconozca la dignidad intrínseca como miembros de la familia humana y la igualdad de derechos sin ningún tipo de discriminación. Previamente, el 25 de septiembre de 1926, se adoptó la Convención sobre la Esclavitud, para la supresión completa de la esclavitud en todas sus formas43. [43] La Convención fue modificada por el Protocolo aprobado en la Sede de las

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46. Con la adopción de la Declaración Colombia se comprometió a asegurar los derechos civiles, políticos, sociales y culturales básicos que debe disfrutar todo ser humano. No obstante, como hemos visto a lo largo de esta introducción, a pesar de este trascendental avance y de otros importantes pasos dados en Colombia desde la adopción de este mecanismo, el reto para garantizar su plena vigencia y su goce efectivo por todas y todos los habitantes del país es aún gigante. Esta sección tiene el propósito de evidenciar los principales avances en materia de derechos humanos en Colombia, en el contexto de los compromisos de derechos humanos que el país ha adquirido a la luz de las obligaciones contraídas en el contexto de los tratados internacionales y otros instrumentos adoptados en el ordenamiento jurídico e institucional del país.

1.5.2.1. Obligaciones de Colombia en materia de derechos humanos 47. Colombia es un Estado parte de las organizaciones cuyos estatutos fundamentales declaran la obligación de promover la dignificación de la familia humana y la garantía efectiva de los derechos humanos, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), y es parte a su vez de los principales instrumentos jurídicos universales y regionales que consagran la salvaguarda integral de estos derechos. 48. Sin duda, el principal avance en materia de derechos humanos en Colombia es la actual Constitución Política adoptada en 1991 (CP), la cual proclama que Colombia es un Estado social de derecho44 y, en ese sentido, reconoce de forma explícita como fundamentales este conjunto de derechos e introduce un conjunto de instituciones, como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y mecanismos como la acción de tutela, el derecho de petición, la acción de grupo y otros recursos para hacerlos efectivos. En este contexto constitucional se destaca especialmente el conferir fuerza jurídica interna a los mecanismos internacionales de derechos humanos ratificados por el país, al prescribir que los derechos y deberes consagrados en esta Naciones Unidas en Nueva York el 7 de diciembre de 1953, y así entró en vigor el 7 de julio de 1955, fecha en la que las modificaciones enunciadas en el anexo al Protocolo del 7 de diciembre de 1953 entraron en vigor de conformidad con el artículo III del Protocolo. Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/esclavitud.htm. [44] El artículo 1 de la Carta Política establece que: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”; Constitución Política de Colombia, 1991.

Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia45, afirmando además que en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario46. 49. Entre los principales avances que cabe destacar en Colombia en esta materia están la ratificación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PDCP), y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC) vigentes en el ordenamiento interno, ratificados por la Ley 34 de 1968. Estos mecanismos, junto con la Declaración, son conocidos en el derecho internacional de los derechos humanos como la Carta Internacional de Derechos Humanos y estructuran el conjunto de obligaciones inmediatas del Estado, y las que debe cumplir progresivamente para hacer efectivos estos derechos. Adicionalmente, Colombia ha adoptado mecanismos regionales importantes como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada con la Ley 16 de 197247. 50. Así mismo, Colombia ha ratificado un conjunto de mecanismos internacionales para proteger y abordar la situación de poblaciones concretas, entre ellos cabe destacar: »» Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Ley 51 de 1981). »» Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 12 de 1991, Decreto 0094 de 1992). »» Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Ley 146 de 1994). »» Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley 70 de 1986, Ley 405 de 1997). »» Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Ley 22 de 1981, Ley 467 de 1998). »» Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 1346 de 2009). »» Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Ley 1418 de 2010).

[45] Ibid., artículo 93. [46] Ibid., artículo 214. [47] Véase el balance completo de los mecanismos internacionales de derechos humanos y su estado de aceptación por Colombia, Anexo 1.

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51. A nivel interamericano Colombia ha ratificado, además: »» C onvención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (Ley 409 de 1997). »» Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (Ley 248 de 1995). »» Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Ley 707 de 2002). »» Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (Ley 762 de 2002). 52. Para la protección específica de los derechos humanos de los grupos étnicos son centrales, entre otros: »» E l Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) (Ley 21 de 1991). »» La Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. 53. Adicionalmente, Colombia hace parte de los instrumentos que se entiende constituyen la esencia del derecho internacional moderno para proteger a las personas y restringir los medios y los métodos de guerra, como son: »» E l Reglamento de La Haya relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre. »» El Primer Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña. »» El Segundo Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar. »» El Tercer Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. »» El Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. »» El Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I). »» El Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II).

54. Como se observa, las principales fuentes del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario han sido adoptadas por Colombia; sin embargo, al evaluar el compromiso del Estado colombiano en el cumplimiento de las obligaciones asumidas, el balance evidencia una brecha importante entre las obligaciones adquiridas por el Estado y el goce efectivo de estos derechos por las y los colombianos, de forma tal que los procesos para garantizar estos derechos no han logrado alcanzar los resultados esperados. 55. Cabe precisar que si bien Colombia ha ratificado la mayoría de los mecanismos vinculantes en el derecho internacional de los derechos humanos, en muchos casos ha establecido reservas o no ha firmado sus protocolos facultativos, situación que no solo altera el posible efecto legal de estos mecanismos sino que además restringe el acceso directo de los titulares de derecho para solicitar su tutela y vigilancia ante los organismos y mecanismos encargados de su promoción, monitorización y, en algunos casos, de su cumplimiento48. De ahí que gran parte de las prescripciones de estos organismos a Colombia, y de los países de la comunidad internacional que han presentado recomendaciones en el contexto de los Exámenes Periódicos Universales realizados al país en el marco de la ONU en los años 2008 y 2013 estén dirigidas a superar esta asimetría. 56. Con relación a los avances del marco normativo del derecho internacional de los derechos humanos en Colombia es también importante resaltar la incorporación de instrumentos sin fuerza jurídica vinculante como declaraciones, directrices y principios adoptados en el nivel internacional, que instituciones judiciales nacionales, en especial la Corte Constitucional49, han incorporado como estándares para la comprensión, aplicación y [48] Entre los principales mecanismos está el Consejo de Derechos Humanos creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 para promover el pleno cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos asumidas por los Estados; el Examen Periódico Universal, que es el principal mecanismo del Consejo para examinar la situación de los derechos humanos de los Estados de la organización, al igual que los procedimientos especiales que son el conjunto de mecanismos de observación específica sobre situaciones en países o situaciones particulares. Adicionalmente existen los Comités de Derechos Humanos creados en virtud de los nueve tratados internacionales universales en vigor, encargados de su monitorización y de la promoción de su aplicación. A escala regional está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), encargadas de la monitorización y aplicación de los mecanismos interamericanos de los que Colombia hace parte; la Comisión recibe peticiones de individuos u otros agentes sobre posibles violaciones y la Corte tiene jurisdicción sobre los Estados americanos para juzgar y hacer efectivos sus fallos. De otro lado, determinadas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el DIH pueden constituir delitos en virtud del derecho penal internacional, y por lo tanto caen en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) en los términos del Estatuto de Roma; Colombia firmó con la CPI en diciembre de 2012 un acuerdo sobre ejecución en el país de penas impuestas por este tribunal. [49] Un ejemplo de ello es la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de seguimiento.

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desarrollo de estos derechos, entre los que cabe destacar los principios para la protección de los desplazados internos y los principios para la protección de los derechos a las víctimas como el derecho a la reparación integral.

1.5.2.2. Mecanismos de Derechos Humanos de Colombia 57. Otros de los avances destacables del país en materia de derechos humanos tiene que ver con la cooperación del país con los mecanismos internacionales encargados de su promoción y monitorización, entre los que cabe destacar las visitas realizadas por la CIDH al país desde la década de los ochenta, que han dado lugar a los tres informes de derechos humanos que ha realizado la Comisión sobre Colombia, a los que se deben sumar los informes derivados de la visita de sus relatores especiales. Adicionalmente, Colombia ha recibido desde la década de los noventa a más de 15 relatores especiales de las Naciones Unidas y se ha sometido a su examen50, y desde el año 1996 estableció un acuerdo de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos refrendado en julio de 2013 hasta el 31 de octubre de 2014, con el objetivo de promover, asesorar, vigilar y mejorar la aplicación de los derechos humanos a todo nivel en el país. En el país además tienen presencia permanente más de veinte instituciones y programas de las Naciones Unidas (anexo 2), y también hace presencia una representación de la OEA en Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA)51, entre otras. 58. Desde el punto de vista de las acciones emprendidas por Colombia para hacer efectivo el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario es importante destacar el proceso participativo de construcción de una Política Pública Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional (2014-2034), esfuerzo en el que concurren las instituciones del Estado, la sociedad civil y el sector privado con el propósito de la vigencia efectiva de los derechos humanos para todas y todos los colombianos. También cabe destacar la creación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (Decreto 4100 de 2011), con el objetivo de organizar al Estado en la garantía de los derechos humanos y el DIH mediante la acción central y territorial, coordinada,

[50] Para conocer los informes y las fechas de estas visitas y posibles visitas futuras véase: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/countryvisitsa-e.aspx [51] Para más información véase: http://www.mapp-oea.net

informada, diferencial, oportuna y efectiva para responder a los importantes retos que afronta el país en la materia. 59. Colombia cuenta a su vez con la Defensoría del Pueblo, valorada por el Comité Internacional de Coordinación de la Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas con la calificación más alta (A), que reconoce su actividad como acorde con los principios de París52. La Procuraduría General de la Nación cuenta con un mandato de protección de derechos humanos y la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos. La Fiscalía de la Nacional cuenta con una Unidad de Derechos Humanos, la Unidad Nacional contra Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzado y la Unidad de Justicia y Paz encargadas de investigaciones relacionadas con violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La Presidencia de la República tiene además el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y diferentes ministerios cuentan con oficinas de derechos humanos, entre ellas la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. 60. A estos avances debe agregarse la creación progresiva de una estructura normativa e institucional de protección a las víctimas del conflicto armado que tiene como su principal antecedente la Ley 387 de 1997 relativa a la protección de la población desplazada, y los mecanismos recientemente adoptados de justicia transicional para garantizar los derechos de las víctimas a la reparación, la justicia, la verdad y las garantías de no repetición, entre ellos la controvertida Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)53, y la Ley de Víctimas y Restitución [52] Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Informe del Subcomité de Acreditación del CIC-Marzo de 2012. Ginebra: ONU, 26 a 30 de marzo de 2012. [53] “La Ley de Justicia y Paz dispone que el Estado ‘garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia’. Ley 975 de 2005, artículo 37. También establece que los funcionarios del Estado ‘adoptarán las medidas adecuadas y todas las acciones pertinentes para proteger la seguridad, el bienestar […], la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos’. Ibid., artículo 38. No obstante, varias disposiciones específicas de la ley de hecho han restringido los derechos de las víctimas a participar plenamente en los procedimientos. Es así que la Corte Constitucional modificó varias de estas disposiciones en su sentencia, a fin de garantizar a las víctimas el derecho a ser oídas, el acceso a la información en los expedientes, el derecho a presentar pruebas y, en general, a participar en todos los aspectos de los procedimientos legales relativos a sus casos. Corte Constitucional de Colombia, Decisión C-370, 2006, sección 6.2.3.2.1”. Human Rights Watch. Herederos de los paramilitares. La nueva cara de la violencia en Colombia, 2010. p. 119 [en línea]. Disponible en: http://www.hrw.org/sites/ default/files/reports/colombia0210spwebwcover_0.pdf [con acceso julio 2014]. “La implementación de la Ley de Justicia y Paz, que redujo drásticamente las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen atrocidades, ha sido sumamente lenta. En julio de 2013, ocho años después de la aprobación de la ley, los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz habían obtenido condenas contra solamente 18 personas. En 2013, la unidad adoptó un nuevo método de investigación que dio mayor celeridad a los procedimientos, permitiendo la

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de Tierras adoptada en 2011 junto con un conjunto de decretos ley diseñados con el propósito de garantizar a los grupos étnicos una reparación integral, transformadora y una atención diferencial (Ley 1448, Decretos Ley 4635, 4633, 4634); el Sistema Nacional de Atención y Reparación de las Víctimas articula las instituciones nacionales y territoriales del Estado para diseñar, implementar, seguir y evaluar esta política. A tal efecto el Distrito cuenta además con la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Las Mesas de participación de las víctimas son parte de los espacios para hacer efectivo el derecho a la participación de las víctimas y sus representantes en todos los campos de acción de esta política de reparación y atención integral. 61. En el contexto de la garantía del derecho a la no repetición debe destacarse además la aprobación por el Congreso del Marco Jurídico para la Paz, que autoriza la creación de mecanismos de justicia transicional y extrajudiciales para la desarticulación de los grupos armados y su reintegración a la sociedad. Desde el 2012 el Gobierno Nacional adelanta negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC y este año inició diálogos a tal efecto con el ELN. Procesos que el país espera conduzcan a la superación del conflicto armado y, consecuentemente, a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como procesos de construcción de paz con enfoque territorial y diferencial. 62. Cabe mencionar además que tanto el Plan de Desarrollo Nacional (Prosperidad para Todos 2010-2014) en curso, como el Plan de Desarrollo Distrital (Bogotá Humana 2012-2016) hacen referencia directa e introducen acciones específicas en derechos humanos y atención a las víctimas, y tanto el Gobierno Nacional —Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC)— como el Gobierno Distrital —Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PICSC), Bogotá 2013-2023— cuentan con políticas de seguridad y convivencia específicas para combatir el desbordado impacto del crimen, la violencia y el delito sobre la vigencia de los derechos humanos en el país y en el Distrito.

63. Antes de pasar a valorar más allá del contexto la situación específica de derechos humanos de la localidad de San Cristóbal, propósito central de este informe, es importante advertir que este conjunto de avances normativos y programáticos reseñados, si bien han tenido algunos resultados positivos como su proceso de adopción, como vimos en el desarrollo de esta introducción panorámica y como esperamos mostrar en lo que sigue de este informe, no lo han tenido en la misma medida en lo concerniente a los resultados e impactos esperados. Esto en gran parte por la persistente desigualdad en términos distributivos de riqueza, tierras y poder aún imperante, y por la exclusión de miles de colombianas y colombianos de la representación de nación, la dirección del Estado y los beneficios del desarrollo, incluida la cultura y la educación. 64. En el caso general de la política de derechos humanos este resultado negativo continúa, como lo reseñó la OACNUDH en su reciente informe (2014) sobre la situación en Colombia en el año 2013, en parte por la falta de coordinación entre las instituciones encargadas y su escasa voluntad para asumir la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos, y en el caso de la política de atención y reparación integral a las víctimas, como lo ha resaltado la Corte Constitucional en el proceso de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 (en la cual declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional y lo reiteró recientemente el Auto 002 de marzo de 2014), por la falta de recursos técnicos, logísticos y financieros suficientes para garantizar, desde una perspectiva diferencial, el goce efectivo de los derechos de las víctimas y la superación del estado de cosas inconstitucional en la materia.

imputación de cargos contra decenas de paramilitares”. Human Rights Watch. Colombia. En Informe Mundial 2014. Eventos de 2013 [en línea], p. 68. Disponible en: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wr2014sp_web.pdf [con acceso julio 2013].

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2. CAPÍTULO I. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

65. En tanto los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes54, el abordaje de las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales de la localidad debe considerarse en el marco transversal de la dignidad y el goce efectivo de derechos de los habitantes de la misma. Este capítulo describe la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de los pobladores de la localidad de San Cristóbal a partir de la información oficial recopilada de diversas fuentes y la información de percepción de la población al respecto. 66. En este sentido, los referentes internacionales respecto de la garantía de estos derechos se constituyen a partir de la Declaración de los Derechos Humanos y de manera particular el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que se establece que: “… no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”55. 67. Además, los Estados partes, de acuerdo con el Pacto, se comprometieron a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos para lograr de manera progresiva la plena efectividad de los derechos reconocidos en el mismo. Así mismo, como estrategia de monitoreo al cumplimiento de las obligaciones de estos Estados y con base en los principios de cooperación internacional en el año 2000, en la Declaración del Milenio firmada por 189 de los Estados partes de las Naciones Unidas, se establecen ocho objetivos con el propósito de tener un mundo más pacífico, próspero y justo. Colombia, en particular, respecto al Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, firmó la convención en ese mismo año y la ratificó en 1969 y, al hacerlo, adoptó

la responsabilidad de: “… reconoce[r] el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”56. 68. Sin embargo, a la fecha Colombia no ha suscrito el Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 69. Los Objetivos del Milenio fueron ratificados en Colombia con el CONPES Social 91 de 2005 “Metas y estrategias para el logro de los objetivos del milenio, 2015”, y actualizado en el CONPES Social 140 de 2011. 70. Así mismo, la Constitución Política de Colombia es concebida en el marco de los derechos humanos y es amplia en la garantía de los mismos; el título II de esta constituye la carta de derechos con base en la que se deberían desarrollar todas las políticas y acciones estatales y comunitarias con el fin de garantizar niveles de vida dignos para los y las colombianas. 71. Igualmente, en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo que está cerrando, en el capítulo IV. “Igualdad de oportunidades para la prosperidad social”, se propone la Política Integral de Desarrollo Social en la que se incluyen acciones para la garantía de los DESCA. En el nivel distrital, por su parte, el Plan de Desarrollo Bogotá Humana se concentra particularmente en la dignidad humana, la inclusión diversa y por lo anterior la garantía de derechos, por tanto, en este sentido, se incluyen políticas prioritarias (Creciendo Saludables) enfocadas a la primera infancia con el fin de generar el desarrollo integral de niños y niñas desde el cuidado, la educación y la cultura, como se contempla en el artículo 9.

[54] Declaración adoptada por consenso de los 171 Estados reunidos en 1993 en Viena (Austria) en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. [55] Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1976, Preámbulo.

[56] Pacto de Derechos Humanos, 1976, artículo 11.

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72. La Administración Distrital reconoce la obligación de identificar, monitorizar y responder a las necesidades de las comunidades y poblaciones sujetos de protección especial como los pueblos étnicos y, por otra parte, las comunidades LGTBI a partir de la creación de espacios de oportunidades para la generación de inclusión y equidad según el artículo 11, con base en el fortalecimiento de las redes familiares y sociales a través de la política del amor. 73. De otro lado, en procura de la libertad de cultos y de conciencia, se concibió la oficina para la libertad religiosa, con la cual se pretende allegar la igualdad material en términos de las creencias. Ahora bien, en torno a los derechos humanos, el Plan de Desarrollo cita la defensa, protección y difusión de los derechos humanos con enfoques diferenciales de orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica y cultural, condición de discapacidad y víctimas del conflicto armado y ciclo vital; así, se plantea un enfoque en la prevención y protección de lideresas, líderes y defensores de los derechos humanos; la difusión y capacitación en derechos; el fortalecimiento para el acceso a la justicia; el fortalecimiento del Sistema Integral de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA); la coordinación entre el sistema de justicia propia de los pueblos étnicos residentes en la ciudad y el sistema de justicia ordinaria; el plan de prevención y protección para las mujeres; los jóvenes con derechos, y el monitoreo de la violencia intrafamiliar. 74. Se atiende al ejercicio de las libertades culturales y deportivas superando las barreras que limitan las oportunidades para ejercer los derechos culturales y deportivos (art. 14); se hace lo propio en marco del programa de seguridad alimentaria ambicionando la disponibilidad y el acceso de alimentos en el mercado interno mediante el abastecimiento así como apoyo alimentario y de agua a las poblaciones en estado de vulnerabilidad del Distrito Capital, también el fortalecimiento de las plazas de mercado y de la agricultura urbana y las redes integrales comunitarias (art. 15). 75. En atención al trabajo se pretende la creación de bases institucionales que generen empleo y formalización laboral, lo que se aúna a la formación y capacitación para el trabajo. Respecto a los servicios públicos domiciliarios se busca fortalecerlos y mejorarlos promoviendo el beneficio de multiusuariedad desde un enfoque progresivo y con subsidio en las tarifas (art. 20). Igualmente, de acuerdo con el artículo 21, para la vivienda digna se busca el goce efectivo incrementando la oferta

asequible y accesible en particular para los hogares víctimas del conflicto armado buscando eliminar barreras de crédito o a partir de la generación de ahorro. 76. A partir de los anteriores referentes se abordará la situación de la población respecto a los DESCA, partiendo de una identificación geográfica y demográfica, para dar inicio al análisis de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.

2.1. Geografía, distribución y cambios en la formación del territorio y la población 77. La localidad de San Cristóbal está ubicada en la cordillera de los Andes, en la región oriental de las tres partes en que se divide esta cadena montañosa en Colombia. Se estima que la elevación de la cordillera Oriental, en donde se asientan la ciudad de Bogotá y la localidad de San Cristóbal, tuvo su última etapa de elevación aproximadamente hace 2 o 5 millones de años57. 78. Actualmente la localidad de San Cristóbal, es la localidad cuarta dentro de la división político administrativa de la ciudad, tiene una extensión territorial de 4.909,9 hectáreas, de estas 1.649,0 son territorio urbano y 3.260,9 territorio rural (mapa 5)58. En la zona urbana existen 204,47 hectáreas de áreas de protección en el perímetro urbano de la localidad. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la localidad está divida en cinco Unidades de Planeación Zonal (UPZ) y una Unidad de Planeamiento Rural (UPR).

[57] Gregory-Wodzicki, Kathryn M. Uplift History of the Central and Northern Andes: A review. New York: Columbia University, Palisades, 2000. [58] Secretaría Distrital de Planeación, Decreto 190 de 2004.

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Mapa 5. Ubicación referencial de la localidad de San Cristóbal

LA CANDELARIA

ANTONIO NARI O QUIROGA

SANTA FE

LAS CRUCES

RESTREPO

LOURDES

CIUDAD JARDIN SOSIEGO

SAN JOSE RAFAEL URIBE URIBE

20 DE JULIO SAN BLAS MARRUECOS PARQUE ENTRENUBES 0 5 10

SAN CRISTOBAL

40 Kil metros

LA GLORIA

DIANA TURBAY

DANUBIO

LOS LIBERTADORES

PARQUE ENTRENUBES

USME

0,2 0,4

0,8

1,2

GRAN YOMASA LA FLORA

79. Las Unidades de Planeación Zonal59 son: la UPZ San Blas, ubicada en el pie de monte de los cerros orientales hasta una zona elevada en los mismos, tiene una extensión de 400 hectáreas y 64 barrios; la UPZ Sosiego es la más cercana al centro histórico de la ciudad, tiene 235 hectáreas y 52 barrios. La UPZ 20 de Julio tiene una extensión de 263 hectáreas y 36 barrios; la UPZ la Gloria atraviesa la localidad desde los cerros hasta la parte la baja, está ubicada al sur de San Cristóbal y cuenta con 386 hectáreas y 60 barrios; la UPZ Los Libertadores, en el borde sur de la localidad, con 365 hectáreas y 60 barrios. La Unidad de Planeación Rural está ubicada en los cerros orientales de Bogotá y abarca 3.262 hectáreas, en donde existen 18 veredas.

[59] El número de barrios corresponde a la información en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), las dinámicas de urbanización informal no identificadas en los instrumentos de política pública suponen dificultades de reconocimiento de determinados territorios.

1,6 Kil metros

0 110 220

440

660

880 Kil metros

80. La historia de la población y la evolución demográfica de la zona en donde se ubica la localidad comienza posiblemente miles de años atrás con la historia precolonial de poblamiento y desarrollo del pueblo muisca (mapa 6). Se estima que para el periodo previo a la conquista la población de los pueblos originarios que habitaba Colombia, incluido el pueblo muisca, era de tres millones de personas60. En la hoy Bogotá, y en el territorio en donde se ubica actualmente la localidad de San Cristóbal, se estima que vivían al menos 217 mil muiscas en la región chibcha del zipa61.

[60] Germán Colmenares, por ejemplo, sugiere que la población colombiana anterior al contacto estaba alrededor de los tres millones. Véase Colmenares. Historia económica y social de Colombia, 1537-1719, op. cit. También citado en: Denevan, ed., The Native Population of the Americas in 1492, op. cit. [61] Eidt, Robert C. Dec., op. cit., p. 376.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Mapa 6. Territorios muiscas en la hoy localidad de San Cristóbal, Bogotá62

81. En tal sentido, el territorio que hoy conocemos como la localidad de San Cristóbal tiene una larga historia de urbanización, por su ubicación geoestratégica en la época de la Colonia, cercana al centro administrativo de la Nueva Granada, en las riberas del río Fucha y en el pie de monte de los cerros orientales que permitían conectividad con los Llanos Orientales. Si bien en múltiples diagnósticos locales con diversos propósitos se ha contado la historia, esta cobra importancia en tanto es posible identificar las lógicas de poblamiento

[62] Idem.

y repoblamiento de la localidad, el desarrollo de actividades económicas y las dinámicas de construcción social del territorio a partir del movimiento social63.

[63] El siguiente recuento histórico se construyó a partir de la información recopilada en terreno en el marco de las actividades del Proyecto Escuela Popular de Derechos Humanos y los siguientes documentos de referencia: 1) Secretaría Distrital de Planeación, Localidad 4, San Cristóbal. En Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos año 2011. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012; 2) Universidad Pedagógica Nacional, Alcaldía Mayor de Bogotá. Historia Interlocal Cuenca Chiguaza. Proceso ciudadano de educación ambiental - Proceda. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005; 3) Secretaría Distrital de Planeación. Conociendo la localidad de San Cristóbal. En Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009; 4) Comisión Ambiental Local. Plan Ambiental Local de San Cristóbal 2013-2016. Bogotá, 2013; 5) Alcaldía Mayor de Bogotá. Diagnóstico Local de Arte, Cultura y Patrimonio. Localidad de San Cristóbal, Documento de Trabajo. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011; 6) Torres Carrillo, Alfonso. Estudios sobre pobladores urbanos en Colombia. Balance y perspectivas. Bogotá, 1990.

Escuela Popular de Derechos Humanos

Proceso

Recuento histórico Los nativos americanos se asentaron miles de años atrás en la cordillera de los Andes. Se estima que para el periodo previo a la Conquista los pueblos originarios que habitaba Colombia, incluido el pueblo muisca, era de tres millones de personas64. En la hoy Bogotá y en el territorio en donde se ubica actualmente la localidad de San Cristóbal se estima que vivían al menos 217 mil Muiscas en la región Chibcha del Zipa (mapa 6). La fundación de Bogotá y la destrucción inicial de la población y los territorios de los nativos americanos inicia con la colonia española y está necesariamente relacionada con los procesos de poblamiento y urbanización de la localidad, esta fundación tiene dos momentos de acuerdo con el Archivo de Bogotá, uno de hecho que corresponde al 6 de agosto de 1538 cuando Gonzalo Jiménez de Quesada estableció un campamento y un cuartel en el sector que hoy conocemos como el Chorro de Quevedo, y uno jurídico el 27 de abril de 1539 en el que por haber cumplido todos los requisitos de la corona española podía considerarse una ciudad de la Colonia. Entre otras esto llevó al primer proceso de planeación urbana de Bogotá como capital del Nuevo Reino de Granada y tiene que ver con la demarcación de calles y cuadras, etc.

Urbanización

Colonia S. XVI

Precolombino

Periodo

Poblamiento

Tabla 1. Recuento histórico del poblamiento

A finales del siglo XIX, la capital del Nuevo Reino de Granada y la demanda de determinados sectores por bienes y servicios generan un proceso de expansión urbana en anillos complementarios de población con disponibilidad de recursos (el centro de la Nueva Granada) y la población que vivía del campo y de actividades de comercio y servicios hacia el centro urbano de la ciudad. En este sentido, en las riberas del río Fucha iniciaron asentamientos artesanales e industriales como resultado de las posibilidades hidráulicas del río, a raíz de los molinos de trigo. Estos asentamientos concentraban su actividad económica en pólvora, naipes y loza. Mapa 7. Plano de Bogotá, 1810

Fuente: Ciudad Viva, Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, 2008.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

S. XX. 1900 - 1920

Periodo

Proceso

Recuento histórico Entre 1890 y 1905, surge en los alrededores de la hacienda San Cristóbal, una de las más antiguas, un asentamiento residencial con características de barrio periférico. Así mismo, en 1915 se fortalece el asentamiento Las Cruces y San Francisco Javier (lo que hoy conocemos como Villa Javier), y este último se consolida como uno de los primeros barrios obreros de la ciudad, organizado por el padre José María Campoamor. De las haciendas La Milagrosa, La Fiscalía, La María, San Blas, Las Mercedes, Los Alpes y Molinos de Chiguaza surgen asentamientos que luego serán barrios de la localidad como resultado de los primeros procesos migratorios campo-ciudad.

S. XX 1921 - 1949

Para entonces, la estructura rural del territorio se mantenía, habían pocas casas, muchos potreros; la quebrada Chiguaza, por ejemplo, era utilizada para lavar y los terrenos permitían tener cultivos de trigo, papa y cebolla, así como ganado, cerdos y ovejas, incluso para pescar. Por su ubicación en las montañas siempre permanecía nublado lo que cubría hasta donde hoy es el parque Entre Nubes. Los procesos industriales constituyeron poco a poco un conjunto importante de barrios obreros. Por ejemplo, uno de los fundadores de Los Chircales fue don Pantaleón Gaitán Posada, los Gaitán Posada fueron los propietarios de la primera fábrica de ladrillos ubicada en la calle 13 sur, antigua carretera a oriente. Esta fue construida con tecnología inglesa, la obra fue iniciada en 1923 y se concluyó en 1929. El propietario de la ladrillera Pantaleón construyó, en las inmediaciones de la misma, apartamentos para sus obreros y familias, lo que facilitó que la fábrica funcionara las 24 horas del día (1929). Como consecuencia de los rumores de temblores en la zona se desplazaron a la ciudad de Bogotá (más cerca al centro). Allí se encontraron con una zona con materiales idóneos para su actividad industrial, de este proceso surgen San Blas y la ladrillera Calvo Sur. El barrio 20 de Julio, icónico tanto para la localidad como para Bogotá, surge en 1929 en los terrenos de la Hacienda San José, propiedad de la comunidad salesiana. En 1937 comienza la construcción del templo del Niño Jesús que constituye el centro del barrio. Entre tanto, en 1946 Villa Javier ya contaba con 120 casas, un edificio donde funcionaba la escuela, hospedería para maestros, teatro, sala de sesiones, restaurante y otras dependencias. Ya en las décadas de los treinta y los cuarenta se crean los barrios Nariño Sur, La María y Santa Ana, sobre la calle 11 sur; Vitelma, en el camino a Balcanes; El Triángulo, sobre la carretera antigua al oriente; San Blas, por el camino a oriente, y Sudamérica, Velódromo y Santa Inés, contiguos al 20 de Julio y La Victoria. A partir de los procesos de urbanización mencionados, y la demanda de servicios básicos de estas comunidades, en 1930 inicia el proyecto de Represa de la Regadera y el Acueducto de Vitelma con su tanque de purificación. El primer sistema de acueducto de Bogotá cubría la demanda de cerca de 40.000 personas, inicialmente proveía entre 150 y 200 litros de agua diarias.

Escuela Popular de Derechos Humanos

Proceso

Esa misma expansión urbana, sumada a la situación de violencia generalizada del país y a las necesidades concretas de los trabajadores, desembocó en los paros de 1977 y 1980, convocados por las centrales obreras, que permitieron entre otras evidenciar la fortaleza del movimiento social en la localidad y el acceso a servicios públicos para la zona alta de la Alcaldía cuarta, que por los procesos de urbanización autogestionada carecían de determinados equipamientos que poco a poco se han conseguido a través del mismo movimiento social. La Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito Capital, que con la Ley 1 de 1992 reglamentó las funciones de las juntas administradoras locales (JAL), de los fondos de desarrollo local y de los alcaldes locales. Los límites actuales de la localidad están definidos por el Acuerdo modificatorio 117 de diciembre 30 de 2003, “por el cual se modifican y precisan los límites de las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Tunjuelito, Antonio Nariño, Candelaria y Rafael Uribe descritos en los Acuerdos 8 de 1977, 14 de 1983 y 15 de 1993”. Como consecuencia de los procesos derivados del último periodo del conflicto armado, insurgente, contrainsurgente y paraestatal, desde mediados de la década de los ochenta hasta el momento se han producido cerca de 6.000.000 de víctimas de desplazamiento forzado, de las cuales alrededor de medio millón han llegado a Bogotá. Esto ha supuesto procesos de continuidad de la expansión urbana y, para el caso concreto de San Cristóbal, de redensificación de la localidad. Más adelante se expondrá el hecho de que en términos de ordenamiento territorial por su ubicación estratégica para la reserva de recursos naturales la localidad de San Cristóbal no tiene áreas para la expansión urbana horizontal por lo que esto ha derivado en la redensificación a través de la urbanización vertical.

Redensificación urbana

S.XX 1980 - 2000

Expansión Urbana

A partir de 1954, como consecuencia de la expansión urbana de Bogotá, se resuelve anexar municipios aledaños a la ciudad, lo que supuso la necesidad de pensar la división político-administrativa de la misma. Pero solo fue hasta 1972, a partir de los Acuerdos 25/1972 y 26/1977, que se crean las Alcaldías Menores, en particular la Alcaldía cuarta.

S.XXI 2000 - 2014

S. XX 1970 - 1980

Recuento histórico A partir de las migraciones forzadas derivadas de la violencia bipartidista (1948-1958), las localidades de San Cristóbal y Usme particularmente comienzan a recibir mayores flujos de población, nuevos asentamientos informales y mano de obra desocupada. La construcción del territorio se da a partir de las prácticas culturales de los migrantes que llegaban principalmente del centro del país —Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima y Caldas—, incorporando a Bogotá tierras de reservas ambientales, y dando lugar a su vez a otros barrios como Buenos Aires, Sosiego, San Isidro, Bello Horizonte y Córdoba.

S. XX 1950 - 1970

Periodo

[64] Germán Colmenares, por ejemplo, sugiere que la población colombiana anterior al contacto estaba alrededor de los tres millones. Ver: Colmenares, Historia económica y social de Colombia, 1537-1719, op. cit. También citado en: William, ed., The Native Population of the Americas in 1492, op. cit.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Figura 4. Población total Bogotá65

8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000

5.239.509

6.625.222

6.840.115

7.035.155

7.451.231

4.097.280

1.000.000

2.489.778

2.000.000

1973

1985

1993

2003

2005

2007

2011

82. Si bien cada barrio y cada comunidad tiene su historia, el esquema anterior pretende ser sintético e ilustrativo acerca de los hechos y lugares que han constituido un hito para la localidad, que dan cuenta en términos generales del proceso de poblamiento, urbanización y redensificación del territorio a partir de las dinámicas nacionales y territoriales que han definido a San Cristóbal como hoy es. A continuación analizamos las reconfiguraciones demográficas a partir de información histórica con el fin de reconocer la situación actual. 83. Según las proyecciones del DANE, 407.416 personas habitan la localidad de San Cristóbal; de estas, 209.691 son mujeres y 208.492 son hombres, según el Censo ampliado de 2005. En este sentido, el crecimiento poblacional en la ciudad de Bogotá entre 1973 y 2011 evidencia tendencias marginalmente decrecientes, es decir, cada vez crece pero lo hace menos el nivel poblacional. A partir del año 2005 se evidencia una disminución en los niveles de crecimiento de la ciudad como ilustra la figura 4.

84. A nivel local las dinámicas son heterogéneas, localidades como Bosa, Engativá, Kennedy, Suba, Usaquén y Usme (localidades con suelo de expansión excepto Kennedy), han experimentado un crecimiento exponencial de la población que reside en estas. Asimismo, otras localidades como San Cristóbal, Puente Aranda, Teusaquillo, Antonio Nariño, entre otras, han mantenido niveles de expansión poblacional estables. Una situación similar a la distrital es la que se presenta en San Cristóbal, esto puede ser resultado de las restricciones asociadas a la expansión urbana que, en principio, permitiría la llegada de más pobladores en términos de espacio disponible.

[65] Fuentes: 1) CCRP. Proyecciones de población del Distrito Capital y su distribución espacial al año 2010. Bogotá: CCRP, 1973; 2) DANE. Edición de información por localidades de Santa fe de Bogotá Censo. Bogotá, DANE, 1993; 3) DANE. Colombia. proceso de conciliación censal 1985-2005. Bogotá, DANE, 2005; 4) Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Dirección de Información, Cartografía y Estadística, 2003; 5) SDP. DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007; 6) DANE - SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011. Bogotá, DANE, 2011.

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Figura 5. Población total por localidad66

Usme Usaquén Tunjuelito Teusaquillo Sumapaz Suba Santa Fe San Cristóbal Rafael Uribe Puente Aranda Los Mártires La Candelaria Kennedy Fontibón Engativá Ciudad Bolívar Chapinero Bosa Barrios Unidos Antonio Nariño 0

200.000

400.000

600.000

2005

1993

2011

800.000 1.000.000 1.200.000 1985

85. La figura 5 presenta el crecimiento poblacional para cada uno de los periodos censales (1985, 1993, 2005 y 2011) por localidad, con la intención de comparar en términos absolutos las dinámicas de expansión urbana y demográfica en la ciudad. Suba, por ejemplo, es la localidad que mayores crecimientos presenta, así como Bosa. San Cristóbal, como otras localidades, a partir de 1993 no ha vuelto a crecer de esta manera, las limitaciones del suelo y los flujos migratorios han mantenido relativamente estable (con relación a otras) el nivel poblacional de la localidad. Esto se puede ver en la figura 6:

86. La figura 6 ilustra incluso una disminución poblacional entre 1993 y 2003, que es particular de la localidad dado que todas las demás crecieron por cuenta de la migración económica y el desplazamiento forzado que alcanzó su punto más alto en ese periodo. Esto supone, por un lado, las implicaciones que tiene las restricciones de acceso a la tierra por la ausencia de suelo de expansión pero, además, sugiere reemplazo poblacional en tanto a la localidad han llegado por lo menos 14.314 personas en situación de desplazamiento.

[66] Idem.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Figura 6. Población total en San Cristóbal

500.000 450.000 Número de habitantes

400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 San Cristóbal

1973

1985

1993

2003

2005

2007

2011

177,44

346,00

439,55

396,54

407,55

404,35

409,62

Figura 7. Población por grupo de edad en San Cristóbal (2007- 2011)

100%

Porcentaje de la población

90%

21.549

24.815 65 y más

80% 70%

181.125

198.571

60% 50%

18-25

40%

56.497

30%

50.702

20% 10% 0%

49.922 47.789

56.543

52.136

37.934

36.566

2007

2011 Periodo de medición

Fuente: ICV, 2007. Encuesta Multipropósito 201167.

[67] DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007. Encuesta multipropósito. Bogotá, DANE-SDP, 2011.

26-64

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12-17 05-11 00-04

Figura 8. Hombres en relación con el total de la población 2007-2011 40

Figura 9. Mujeres en relación con el total de la población 2007-2011

Antonio Nariño

Barrios Unidos

Bosa

Chapinero

Ciudad Bolívar

Engativá

Fontibón

Kennedy

La Candelaria

Los Mártires

Puente Aranda

Rafael Uribe Uribe

San Cristóbal

Santa Fe

Suba

Sumapaz

Teusaquillo

Total Bogotá

Tunjuelito

Usaquén

Usme

Mujer 2007

Mujer 2011

87. A nivel distrital no existe reconfiguración etaria notable entre 2007 y 2011, esto puede ser resultado del reducido marco temporal de análisis. Sin embargo, al interior de las localidades sí se dan cambios visibles estadísticamente. Para el caso concreto de San Cristóbal, el grupo que se puede considerar como “adultos”, es decir, entre los 26 y 64 años, se amplía de manera significativa en relación con el resto de grupos etarios, de la misma manera disminuye el grupo de jóvenes entre 18 y 25 años, respecto al total de la población.

Hombre 2007

Hombre 2011

88. Las reconfiguraciones mencionadas se ilustran en la figura 7, en la que se presentan los grupos edad para cada año mencionado. Por otra parte, en cuanto a la configuración de hombres y mujeres en la localidad y su transformación temporal se podría aducir que en Bogotá, entre 2007 y 2011 aumentó la cantidad de hombres en relación con el total de la población, esto sucedió de igual manera en todas las localidades con excepción de Ciudad Bolívar y Teusaquillo. 89. En San Cristóbal en particular, la proporción de hombres y mujeres entre 1993 y 2007 se mantuvo estática, es decir, el 48 % de la población son hombres y el 52 % son mujeres. Para 2011, en particular, aumentó la proporción de hombres en 1 %, quedando el 49 % hombres y el 51 % mujeres (figuras 8 y 9).

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Figura 10. Población en San Cristóbal por pertenencia étnica

93. La información censal a cerca de la pertenencia étnica tiene de manera sistemática campos incompletos lo que dificulta los diagnósticos diferenciales (figura 10); sin embargo, con la información disponible y teniendo en cuenta que puede ser útil solo como referencia dado que los procesos de migración han reconfigurado estos escenarios en los últimos diez años abordaremos la población indígena y afrodescendiente a continuación. 94. Al respecto, la población indígena corresponde a cerca del 0,1 % de la población total de la localidad, y frente al grupo etario existe un 50 % de ausencia de información en esta población; asimismo, el 27 % es adulto, es decir, entre los 26 y los 45 años, y el otro 23 % entre los 46 y 65 años. Solamente el 0,39 % son niños y niñas menores de 5 años (figuras 11 y 12).

96% Indígena Negro (a), mulato, afrocolombiano Ninguno de los anteriores No informa

2.1.1. Grupos poblacionales 90. En tanto se pretende abordar de manera integral el estado de satisfacción de derechos de la población, y dado que las necesidades son diferenciales y, por tanto, los mecanismos de respuesta, a continuación, se presenta de manera somera la información de los grupos poblacionales para los que se cuenta con información oficial específica68.

2.1.1.1. Niños, niñas y adolescentes 91. De acuerdo con la información del censo de 2005, el 36 % de la población en la localidad son niños, niñas y adolescentes, de estos, el 96 % no se reconoce con ninguna pertenencia étnica, el 2 % no informa, otro 2 % se reconoce como negro, mulato o afrodescendiente y cerca del 0,0014 % se reconoce como indígena. 92. El 49 % son niñas y el 51 % son niños. Asimismo, el 2,5 % de la población entre 0 y 17 años tiene alguna limitación o discapacidad69. [68] A excepción de la población víctima del conflicto armado a la que se dedica un capítulo completo. Por esta razón no se aborda en esta parte. [69] No es factible combinar tres categorías en Redatam, fuente de consulta del Censo ampliado, por esta razón no es posible identificar cuántos niños y niñas con pertenencia étnica tienen alguna limitación.

2.1.1.2. Población con pertenencia étnica

95. No existe información acerca de adolescentes o niños y niñas mayores de cinco años con pertenencia étnica indígena. Sin embargo, dada la temporalidad del censo, este 0,39 % debe estar actualmente en la adolescencia. Asimismo, la población indígena es principalmente masculina, el 70 % son hombres mientras el 30 % son mujeres. Ambas dinámicas pueden responder a procesos de migración familiar fragmentados en los que primero se establecen los hombres y luego las mujeres llegan con los niños y las niñas. No obstante, existe población indígena nativa de la localidad y, en ese sentido, difícilmente es posible explicar la diferencia entre hombres y mujeres más allá de dinámicas de mortalidad, morbilidad y natalidad. 96. 96. En cuanto a la población afrodescendiente, en la localidad representa cerca del 1 %, en 2005 eran alrededor de 16.148 personas, que si bien en términos relativos no es un grupo poblacional considerable, en términos absolutos lo es. Tal como sucede con la población indígena, hay un 50 % de la que no se conoce su grupo etario, lo que evidencia la precariedad en la calidad de información para el diagnóstico diferencial y, por tanto, para un diseño de política pública adecuado. El grupo más amplio es el de los adultos nuevamente, la pirámide está configurada de la siguiente manera, los niños y niñas menores de 5 años constituyen el 3 % de la población, los niños y niñas entre 5 y 10 años son el 6 %, y los que están entre los 10 y 14 años son el 3 %, mientras los adolescentes entre los 15 y los 17 años son el 9 %. Es decir, los niños, las niñas y los adolescentes configuran el 21 % de la población afrodescendiente (figuras 13 y 14).

Escuela Popular de Derechos Humanos

Figura 11. Población indígena por grupo de edad

Figura 12. Población indígena por sexo

0% 27%

30%

50% 70%

23%

Entre 0 - 4

Hombre

Entre 26 y 45

Mujer

Entre 46 y 65 Sin información

Figura 13. Población afrodescendiente por grupo de edad

3% 6%

Figura 14. Población afrodescendiente por sexo

3% 4% 9%

50%

47% 53%

18% 1% 6% Entre 0 - 4

Hombre

Entre 5 - 9

Mujer

Entre 10 y 14 Entre 15 y 17 Entre 18 y 25 Entre 26 y 45 Entre 46 y 65 Más de 65 Sin información Fuente: Censo ampliado 2005. Redatam.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Mapa 8. Población étnica por localidad

Porcentaje de población por pertenencia etnica 1,7

Rrom Raizal Palenquero Ind gena Afrodescendiente

2,07% 1,34% 2,84% 3,05%

3,07%

2,86%

2,81%

1,47%

0,55%

2,77% 1,33% 6,20%

1,83% 2,03% 1,91%

2,49% 2,94%

0 1,25 2,5

7,5

10 Kil metros

Fuente: Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011.

97. Los jóvenes y adultos jóvenes, por su parte, son el 27 % de la población, siendo el grupo poblacional más grande el que está entre los 26 y 45 años, seguido de los jóvenes entre 18 y 25 que son el 9 %. El 1 % de la población afrodescendiente tiene más de 65 años. El 3,9 % de la población afrodescendiente tiene algún tipo de limitación o discapacidad. La Encuesta Multipropósito de 2011, respecto de la población étnica, muestra diferencias considerables frente a la proporción de la localidad con pertenencia étnica. El mapa 8 ilustra estas diferencias que indican que un mayor porcentaje del total de la población en la localidad tiene alguna pertenencia étnica.

98. Sin embargo, al respecto no es posible extraer la información presentada anteriormente, por lo que se hace pertinente realizar un análisis en términos relativos de manera que pueda ser interpretable con datos más actuales.

2.1.1.3. Población con algún tipo de discapacidad 99. Teniendo en cuenta las necesidades especiales, la población con algún tipo de discapacidad requiere necesariamente un análisis diferencial; de acuerdo con la Encuesta Multipropósito de 2011, en la localidad viven 29.208 personas con algún tipo de discapacidad. Al respecto, según la información del censo, el 56 % de las personas discapacitadas en la localidad son mujeres, mientras el 44 % son hombres (figuras 15 y 16).

Escuela Popular de Derechos Humanos

Figura 15. Población con alguna discapacidad por sexo

Figura 16. Población con alguna discapacidad según pertenencia étnica

44% 56%

98% Hombre

Negro(a), mulato, afrocolombiano

Mujer

Ninguno de los anteriores

Figura 17. Población con algún tipo de limitación por grupo de edad

24%

Figura 18. Población con alguna limitación por tipo

4% 5% 2%

18%

6% 5%

11%

7% 26%

10%

27%

29%

Entre 0 - 4

Para caminar

Entre 10 y 14

Para usar brazos o manos

Entre 15 y 18

Para ver

Entre 18 y 25

Para oir

Entre 26 y 45

Para hablar

Entre 46 y 65

Para aprender

Entre 5 - 10

Para socializar

Más de 65

Para bañarse por si mismo Otro tipo de limitación Fuente: Censo ampliado 2005. Redatam.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Mapa 9. Ubicación de la población con discapacidad

101. Identificar esta población y sus características es fundamental para el diseño de equipamientos, educación especial y oportunidades de generación de ingresos en el marco de los DESC, y los desafíos que para localidad esto supone especialmente por la morfología el territorio; las políticas inclusivas generan oportunidades en la dignidad y eso permitiría a la localidad avanzar en el goce efectivo de derechos de sus habitantes. El mapa 9 evidencia que en la mayoría de las manzanas de la localidad vive por lo menos una persona con alguna discapacidad; sin embargo, en las zonas de la UPZ de San Blas, en Sosiego y en el 20 de Julio hay concentraciones de población con alguna discapacidad.

2.1.1.4. Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales

El 98 % de la población no se autorreconoce como parte de ningún pueblo étnico, mientras el 2 % son afrodescendientes. 100. El 53 % de la población con alguna discapacidad son adultos entre los 26 y 65 años, mientras el 24 % son personas mayores de 65 años. El 9 % tienen entre 18 y 25, mientras el 14 % son niños, niñas y adolescentes. Al respecto del tipo de discapacidad, el 29 % tiene discapacidad para ver, el 18 % para caminar, el 11 % para usar los brazos o las manos, el 10 % para oír, el 7 % para hablar, el 6 % para socializar, el 5 % para bañarse por sí mismo; en igual proporción tienen discapacidad para aprender, el 9 % tiene otro tipo de discapacidad de las aquí mencionadas (figuras 17 y 18).

102. Al respecto de la población LGTBI, en el censo no existe información sobre la orientación sexual o identidad de género de la población, lo que hace imposible su caracterización cuantitativa o en relación con otros grupos poblacionales. Ni nivel distrital ni nacional existe información tipo censal o administrativa que dé cuenta de las necesidades específicas, lo que supone dificultades a la hora de diseñar política pública para respuestas diferenciadas. En 2010, la Secretaría de Planeación Distrital realizó una encuesta70 a 1.213 personas LGTB, aunque no es posible identificar la localidad de residencia o el lugar de trabajo; dado que el método de muestreo corresponde a redes sociales que no necesariamente cubren todas las localidades, sí evidencia la sistemática discriminación de este grupo poblacional. Una de las conclusiones del estudio es: La discriminación identificada entre las personas del sector LGBT encuestadas es muy alta y el 98 % de ellas reporta haber sufrido vulneración de sus derechos y un poco más de la mitad (54,48 %) considera que dicha vulneración se ha presentado a causa de su orientación sexual, expresión o identidad de género. 103. La información cuantitativa difícilmente puede ser trasladada a nivel localidad, dado que no se presenta el escenario geográfico del marco muestral, lo que dificulta identificar las zonas con mayor o menor peso. A nivel distrital se identificó lo siguiente:

[70] Secretaría Distrital de Planeación. Bogotá, Ciudad de estadísticas. Boletín 25. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en cifras. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010.

Escuela Popular de Derechos Humanos

Ser lesbiana es la opción seleccionada por quienes contestaron ser mujer en su sexo biológico e identificarse con el género femenino (100 y 98,74 % respectivamente) y el ser gay con ser hombre biológicamente y sentirse identificado con el género masculino (100 y 90,03 %)13. Para bisexuales, mientras el 39,85 % expresa ser mujer y el 60,15 % ser hombre, un 42,27 % del total de personas bisexuales se identifica con el género femenino y un 57,22 % con el masculino. En el caso de las personas transgeneristas, la tendencia es distinta, encontrándose que un 94,88 % expresa ser hombre, y un 80,58 % del total de ellos y ellas se siente representado por el género transgenerista y el 28,64 % con el femenino. 104. Así el presente diagnóstico parte no solamente de los sesgos temporales de la información censal sino de la carencia de información que permita caracterizar a la población LGTB, por lo que la información al respecto será exclusivamente cualitativa.

2.2. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la localidad de San Cristóbal 105. En el marco de los DESCA en la localidad de San Cristóbal es necesario identificar un panorama que dé cuenta sobre cómo estos derechos constituyen o determinan la relación de los ciudadanos y las ciudadanas que viven allí con respecto a las instituciones que garantizan el acceso a los mismos. Por esta razón se realiza un análisis de factores decisivos como son la salud, la educación, la seguridad alimentaria, el acceso a la información, el transporte y la vivienda digna. El análisis de estos factores corresponde a la necesidad de identificar cuál es el estado de goce efectivo de derechos, cuáles son las garantías no solo como localidad, sino también en relación con la ciudad de Bogotá, comparando localidades vecinas en términos temporales y desde la particularidad con UPZ de la zona.

2.2.1. Derechos sociales 2.2.1.1. Derecho a la salud 106. De acuerdo con los datos existentes sobre los equipamientos del sector salud para la localidad de San Cristóbal se corrobora la existencia de un Centro de Atención Ambulatoria (CAA), un Centro de Atención Médica Inmediata (CAMI), tres Hospitales, uno institución de Salud de Nivel I, una institución de Salud de Nivel II, cinco instituciones de salud de Nivel III, cuatro Unidades Básicas de Atención (UBA) y nueve unidades primarias de atención (UPA). Cabe resaltar que estos datos equivalen a las instituciones del régimen subsidiado localizadas en la UPZ de San Blas, 20 de Julio, Sosiego y La Gloria. No obstante, la localidad cuenta con 733 instituciones adscritas al régimen contributivo que como IPS prestan servicios de laboratorios, consultorios médicos, odontológicos y centros de salud, entre otros. A la fecha existe una mayor concentración de IPS en la UPZ Sosiego (486) seguida del 20 de Julio (108). 107. Al realizar un análisis de la localización de los diferentes equipamientos del sector salud (IPS y EPS) dentro de San Cristóbal se determina que existe una oferta amplia en cuanto se refiere a instituciones que prestan servicios de salud, esto de acuerdo con los mapas 10 y 11. En el mapa 11 se observa que existe una dispersión con respecto a los puntos de salud dentro de los límites urbanos; sin embargo, su configuración espacial sugiere que hay un mayor requerimiento en el centro geográfico de la UPZ de 20 de Julio. La mayoría de los equipamientos están ubicados en la parte baja de la localidad, a medida que va más arriba de los cerros se encuentran menos equipamientos. 108. En cuanto a la distancia de la población respecto a los hospitales de tercer nivel, la localidad está bien ubicada en general y en relación con otras localidades del corredor sur de Bogotá (mapa 12).

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Mapa 10. Equipamientos de salud principales

Mapa 11. Total equipamientos de salud

LA CANDELARIA LAS CRUCES

RESTREPO

LOURDES QUIROGA

CIUDAD JARDIN SOSIEGO

SAN JOSE Otras Localidades SAN CRISTOBAL

Equipamiento en Salud 20 DE JULIO

I stit ci

de Sal d

SAN BLAS MARRUECOS

Ce tro M dico CAMI

PARQUE ENTRENUBES U idad Pri aria de Ate ci

LA GLORIA U idad B sica de Ate ci

DIANA TURBAY

as Pri ci ales UP

DANUBIO

LOS LIBERTADORES

PARQUE ENTRENUBES

GRAN YOMASA

LA FLORA

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Planeación Distrital y la Unidad Administrativa Especial de Catastro.

109. Por otra parte, el análisis no solo se debe realizar en términos de infraestructura ya que resulta pertinente mostrar cómo las instituciones han generado programas de promoción y prevención en salud. Si bien la distancia de los hogares (por UPZ) a hospitales de tercer nivel es cercana o intermedia, es mejor en relación con las demás localidades del corredor sur, y se asemeja a las zonas centrales de Bogotá. De otro lado, la UPZ Los Libertadores está distante lo que evidencia los problemas de distribución y de acceso diferencial a los servicios que garantizan los derechos fundamentales.

110. En el mismo sentido, a pesar de la ubicación privilegiada de la localidad con respecto a los hospitales nivel III, el 12,97 % (el porcentaje más alto) de la población tiene una mala opinión frente a la calidad de los servicios de salud, como se evidencia en el mapa 13. Para el caso de la población con pertenencia étnica (tabla 2), mientras los afrodescendientes y raizales tienen una buena opinión sobre los servicios de salud, el 26 % de la población indígena tiene una buena opinión y el 74 % una mala. Esto podría estar relacionado con las prácticas ancestrales y la ausencia de atención diferencial que respete la cosmogonía de la población indígena como pueblo.

Escuela Popular de Derechos Humanos

Mapa 12. Distancia respecto a hospitales de tercer nivel

Mapa 13. Mala opinión acerca de la calidad del servicio médico

Consideran que el servicio de salud en su opinión es malo Mala Opinión frente al Servicio de Salud 3,9% - 4,3% 4,4% - 6,4% 6,5% - 7,3%

SUBA

7,4% - 7,6%

USAQUEN

7,7% - 8,2% 8,3% - 10%

ENGATIVA

10,1% - 12,9%

FONTIBON BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO CHAPINERO BOSA KENNEDY PUENTE ARANDA LOS MARTIRES ANTONIO NARI OSANTA FE TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE SAN CRISTOBAL

CIUDAD BOLIVAR

USME

SUMAPAZ 0 1,5 3

12 Kil metros

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría Distrital de Planeación. Bases Geográficas, Plan de Ordenamiento Territorial 2011. Opinión de mala calidad: Encuesta de Calidad de Vida 2007.

Tabla 2. Opinión de la calidad de los servicios médicos por pertenencia étnica

Grupo étnico

Buena %

Regular %

Mala %

Indígena

Raizal

100

Afrodescendiente

100

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2007.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Mapa 14. Población sin afiliación al sistema de salud

0 1,5 3

12 Kil metros

Mapa 15. Población afiliada al régimen subsidiado

0 1,5 3

12 Kil metros

SUBA

SUBA USAQUEN

USAQUEN

ENGATIVA

FONTIBON BARRIOS UNIDOS

BOSA

FONTIBON BARRIOS UNIDOS

TEUSAQUILLO CHAPINERO KENNEDY

BOSA

PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE

TEUSAQUILLO CHAPINERO KENNEDY PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE

SAN CRISTOBAL

CIUDAD BOLIVAR

Sin afiliación al Sistema de Salud Porcentaje de población

CIUDAD BOLIVAR

USME

Con afiliación al Sistema de Salud Afiliados régimen subsidiado

7,5% - 7,9%

3,1% - 9,3%

8,0% - 11,2%

9,4% - 21,0%

11,3% - 14,7% 14,8% - 17,7%

USME

21,1% - 37,4%

SUMAPAZ

37,5% - 50,1%

17,8% - 20,6%

SUMAPAZ

50,2% - 92,2%

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011.

111. Por otro lado, el tipo de vinculación al Sistema de Salud da cuenta del acceso efectivo y de las restricciones al mismo. En la localidad, el 17,6 % de la población no está afiliada bajo ningún régimen al sistema de salud, lo que constituye una barrera de acceso no solamente a los equipamientos mencionados sino al derecho a la salud y a la vida misma. 112. De acuerdo con el mapa 14, solamente hay una categoría de menor afiliación después de aquella en la que se ubica la localidad, lo que supone ausencia de cobertura a un grupo considerable de población. De las personas afiliadas, el 33,8 % está afiliada al régimen subsidiado (mapa 15), y el 65,1 % al régimen contributivo (mapa 16), lo que da cuenta de la formalización y la disminución en las relaciones de dependencia.

113. En cuanto a población de especial atención en el sistema de salud, de acuerdo con la información recopilada en los espacios de participación, en los centros de salud la población con discapacidad tiene que hacer largas filas y algunas veces no logra ser atendida; manifiestan que existen demoras para programar las citas y hay barreras en la accesibilidad; la EPS no cubre requerimientos como camas hospitalarias o sillas de ruedas, estas deben solicitarse por proyectos especiales. La infraestructura de las instituciones de salud no observa el parámetro de accesibilidad y diseño universal (que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado) como obliga la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Escuela Popular de Derechos Humanos

Mapa 16. Población afiliada al régimen contributivo

0 1,5 3

12 Kil metros

SUBA USAQUEN

ENGATIVA FONTIBON BARRIOS UNIDOS

BOSA

TEUSAQUILLO CHAPINERO KENNEDY PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE SAN CRISTOBAL

CIUDAD BOLIVAR

Con afiliación al Sistema de Salud Afiliados régimen contributivo

USME

5,7% 5,7% - 53,6% 53,7% - 72,9% 73,0% - 85,7%

SUMAPAZ

85,8% - 94,1%

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011.

114. La población con discapacidad considera que los médicos no los examinan bien sino “por encima”, en ocasiones se ausentan lo que genera que la población tenga que esperar después de sacar una nueva cita para ser atendida; también mencionan que los medicamentos los afectan generando cambios en su personalidad y comportamiento. Adicionalmente, la gratuidad en salud solo aplica para personas con discapacidad severa. Como resultado, la población con discapacidad no tiene una respuesta integral en salud lo que afecta la garantía de este derecho.

115. En esta línea, la población LGTBI considera que si bien son discriminados en diferentes espacios institucionales, la discriminación también se presenta en los centros de salud cuando no son atendidos de la misma forma que los heterosexuales, lo que supone barreras de acceso y vulneraciones no solamente al derecho a la salud, sino a otros mínimos como la igualdad. 116. En el mismo sentido, las mujeres de la localidad de San Cristóbal se ven inmersas en problemáticas como la prostitución, los embarazos en adolescentes y a una multiplicidad de violencias que se manifiestan en el espacio privado y público, algunas de las estas son: violencia patrimonial y económica, violencia por género, violencia sexual y violencia de pareja. Estas violencias se desarrollan en el marco de una cultura patriarcal y en un desconocimiento de los derechos de las mujeres. También se ven expuestas a revictimizaciones cuando las mujeres víctimas buscan atención por parte de las instituciones públicas. El maltrato físico y sexual, en algunos casos, se posibilita por la dependencia económica de las mujeres cabezas de hogar hacia los hombres y la falta de oportunidades que poseen. 117. En el periodo 2010-2012, San Cristóbal se mantuvo entre las seis localidades con mayor número de homicidios de mujeres71. La violencia intrafamiliar recae mayoritariamente sobre las niñas y mujeres; en esta localidad, para el periodo enero-septiembre 2013 se presentaron 517 casos de violencia intrafamiliar en comparación con 194 casos que se presentaron contra niños y hombres. Cabe resaltar que San Cristóbal fue la sexta localidad con mayor número de casos de violencia intrafamiliar en relación con toda la ciudad, con una participación del 7,4 % del total. Si se tiene en cuenta que el promedio de violencia intrafamiliar contra niñas y mujeres fue de 347,9 casos para Bogotá, preocupa que en la localidad se hayan presentado 169,1 casos por encima de este promedio. 118. Aunque las principales personas que se suicidan son hombres, los intentos de suicidio se presentan mayoritariamente en mujeres. Para el 2013, de 2.256 casos de intento de suicidio en Bogotá, 1.545 fueron mujeres, específicamente en la localidad de San Cristóbal se presentaron 104 casos72.

[71] Secretaría Distrital de la Mujer - Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Mujeres en cifras ¡Aquí estamos! Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor, 2013. p. 4. [72] Secretaría Distrital de Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida (Sisvecos). Bogotá: Secretaría Distrital de Salud, 2013.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

119. Respecto de la situación de niños, niñas y adolescentes frente al sistema de salud se presenta un caso puntual, el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de Bogotá, “sobre el cual se hace gestión y seguimiento para lograr una cobertura útil superior al 95 % de la población menor de 1 año” propensa al contagio de virus que aumenta las tasas de morbilidad y mortalidad. Por esta razón, el PAI estaba integrado por siete tipos de vacunas como la influenza tipo B, Antipolio, BCG, DPT, fiebre amarilla, hepatitis B y triple viral. De acuerdo con la tabla 3, el PAI desde el 2001 al 2010 ha mostrado considerables avances en términos de cobertura y eficiencia con respecto a sus localidades más próximas como Usme, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño y Santa Fe. 120. Como aspecto por resaltar, este programa de promoción y prevención evidenció un incremento en la cobertura estimada puesto que sus valores están por encima del 95 %, lo cual permitió que enfermedades como la fiebre amarilla tuvieran una cobertura en el 2009 de 104,6 %. Sin embargo, en el 2010 estos resultados alcanzan apenas un 69,9 % con 83.173 niños y niñas vacunados, principalmente debido al desabastecimiento en el biológico (vacunas) a nivel nacional desde el mes de agosto hasta diciembre del mismo año.

121. De acuerdo con el diagnóstico elaborado por la Secretaría Distrital de Planeación se observa que en términos de programas de PP la localidad de San Cristóbal “supera la cobertura del 100 % en BCG, debido a que los niños y niñas de otras localidades, o incluso de fuera de Bogotá son traídos por sus cuidadora/es y padres a los puestos más cercanos del Distrito para recibir el esquema oficial de vacunación”. Por otro lado, su éxito con respecto a la cobertura se debe en gran medida a la facilidad de acceso a los servicios de salud o la predilección de la ciudadanía por un punto de atención en particular, y además, a la concentración de IPS en la misma localidad con servicios de vacunación disponibles. Se debe tener en cuenta que la estrategia de vacunación sin barreras soportada por convenios interadministrativos con las EPS subsidiadas y contributivas facilita que niños y niñas demanden en cualquier punto de vacunación de la ciudad todos los biológicos (vacunas) del programa oficial del PAI. 122. A continuación se presenta un resumen del estado de la localidad respecto a los objetivos de desarrollo del milenio a partir de los indicadores definidos por el Departamento de Planeación Nacional correspondientes al derecho a la salud:

Tabla 3. Objetivos de Desarrollo del Milenio en Salud

Objetivo 4. Reducir la mortalidad en menores de cinco años i) Meta nacional: reducir en dos terceras partes la mortalidad infantil y en la niñez. Indicadores y metas

San Cristóbal

1. Reducir a 18,98 la tasa de mortalidad de 5 años (por cada 1.000 nacidos vivos).

25,2

2. Reducir a 16,68 la tasa de mortalidad en menores de 1 año (por 1.000 nacidos vivos).

No hay información

3. Aumentar al 95 % la cobertura con DPT en menores de 1 año.

97,30 %

4. Aumentar al 95 % la cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas de 1 año.

99,50 %

Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva i) Meta nacional: reducir a la mitad la tasa de mortalidad materna. Indicadores y metas 1. Reducir a 45 la razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos).

Escuela Popular de Derechos Humanos

San Cristóbal 40,70 %

2. Aumentar el porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales.

No hay información

3. Aumentar al 95 % el porcentaje de atención institucional del parto.

99 %

4. Aumentar al 95 % el porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado.

99 %

ii) Meta nacional: aumentar la promoción de la salud sexual y reproductiva. Indicadores y metas

San Cristóbal

1. Aumentar al 65 % la prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres adolescentes (15 a 19 años).

47,50 %

2. Aumentar al 75 % la prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción en las mujeres actualmente unidas y no unidas sexualmente activas.

66 %

3. Mantener por debajo del 15 % el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que han sido madres o están en embarazo.

15 %

4. Reducir a 6,80 la tasa ajustada por edad de mortalidad asociada a cáncer de cuello uterino (por 100.000 mujeres).

Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue i) Meta nacional: mantener por debajo de los límites definidos internacionalmente la prevalencia concentrada de VIH/SIDA Indicadores y metas

San Cristóbal

1. Mantener por debajo del 1 % la prevalencia de VIH/SIDA en población de 15 a 49 años de edad.

18,50 %

2. Mantener igual o por debajo del 2%, el porcentaje de transmisión materno-infantil del VIH.

No hay información

3. Reducir la tasa de mortalidad asociada a VIH/SIDA.

5,1

ii) Meta nacional: aumentar la cobertura de terapia antirretroviral Indicadores y metas 1. Aumentar al 88,50 % la cobertura de tratamiento antirretroviral.

San Cristóbal No hay información

iii) Meta nacional: reducir los casos de malaria y dengue Indicadores y metas

San Cristóbal

1. Reducir a 34 casos la mortalidad por malaria.

No hay información

2. Reducir a 47 casos la mortalidad por dengue.

No hay información

3. Mantener por debajo del 2 % la letalidad por dengue.

No hay información

Fuente: Indicadores y metas, Departamento Nacional de Planeación. Resultados para San Cristóbal, Encuesta Demografía y Salud 2011; Diagnóstico de Salud Distrital 2010, Secretaría de Salud.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Mapa 17. Total equipamientos educativos

Mapa 18. Equipamientos educativos de educación primaria y secundaria

LA CANDELARIA LAS CRUCES

RESTREPO

LOURDES QUIROGA

CIUDAD JARDIN SOSIEGO

SAN JOSE

20 DE JULIO SAN BLAS MARRUECOS PARQUE ENTRENUBES Otras Localidades SAN CRISTOBAL I stit cio es Ed cati as

LA GLORIA as Pri ci ales

DIANA TURBAY

DANUBIO

LOS LIBERTADORES

PARQUE ENTRENUBES

GRAN YOMASA

LA FLORA

Fuente: elaboración propia con información de Secretaría Distrital de Planeación, 2011.

2.2.1.2. Derecho a la educación 123. En localidad de San Cristóbal el derecho a la educación debe observarse con detenimiento puesto que allí se encuentran varios puntos de análisis en términos de equipamiento, niveles de escolaridad y alfabetismo. 124. Para el caso del equipamiento, y de acuerdo al plan maestro de equipamientos de educación, en San Cristóbal se localizan 66 colegios oficiales; respecto a las UPZ, San Blas concentra el mayor número de establecimientos educativos oficiales, con 16; le siguen las UPZ La Gloria y Los Libertadores con 15 cada una, la UPZ 20 de Julio cuenta con 12 y Sosiego con 8. En la localidad se ubican, además, 108 colegios no oficiales.

125. De los datos anteriores se desprende que existe un amplio margen de oferta entre los colegios oficiales y no oficiales puesto que el 37,9 % pertenece al sector público y el restante 62,1 % está adscrito al sector

privado o no oficial. Esto permite la coexistencia de diversos modelos educativos y, a su vez, una diversidad en términos de calidad. Sin embargo, hay contradicciones en esta información; en una reunión interinstitucional en la que participó la Dirección Local de Educación (DILE) se informó que el sistema educativo cuenta con 70 colegios privados y 33 públicos, a los que se encuentran vinculados 120.000 niños, niñas y jóvenes. Indican dificultades para gestionar el desarrollo local por la toma de decisiones en el nivel central, además de un déficit de infraestructura del 30 % por lo que sugieren que la lectura de los derechos humanos sea correlativa a la capacidad del nivel central diferenciándolo del nivel local, autonomía que a su juicio les permitiría responder a las problemáticas. También se reseñó el mal estado de algunas de las instituciones educativas locales, tanto por la mala calidad de su infraestructura como por la insuficiencia en términos que equipamiento.

Escuela Popular de Derechos Humanos

Mapa 19. Porcentaje de personas que no estudian por localidad en Bogotá

Mapa 20. Porcentaje de población que estudia por manzana en la localidad de San Cristóbal

Población que no estudia Porcentaje de Personas 34,7% - 40,1% 40,2% - 43,9% 44% - 46,8%

SUBA USAQUEN

46,9% - 49,8% ENGATIVA

FONTIBON BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO CHAPINERO BOSA KENNEDY PUENTE ARANDA LOS MARTIRES ANTONIO NARI OSANTA FE TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE SAN CRISTOBAL

CIUDAD BOLIVAR

USME

SUMAPAZ 0 1,5 3

12 Kil metros

Fuente: elaboración propia con información del Censo 2005 y la Encuesta de calidad de vida 2007.

126. A pesar de lo anterior, los niveles de escolaridad que se presentan están adecuados a los estándares estipulados en la Ley 115, Ley General de Educación. Esto se evidencia al reconocer que se ha realizado una reestructuración desde el Plan Sectorial de educación 2008-2012 denominado “Educación de calidad para una Bogotá Positiva”, donde se plantea la intensificación de la enseñanza del inglés y la profundización del aprendizaje de las matemáticas y las ciencias para los alumnos de grados 10 y 11. Estas acciones están encaminadas a permitir la formación de estudiantes mejor capacitados para enfrentar un mundo cada vez más globalizado, a mejorar sus habilidades de investigación, a la formación de pensamiento crítico, al desarrollo del pensamiento lógico y a la mejora de sus habilidades para enfrentar los desafíos de una sociedad moderna.

127. El 39,2 % de la población asiste a alguna institución educativa, si se tiene en cuenta que el 30 % de la población está entre los 0 y 25 años, podría suponerse cobertura total, aunque es posible que personas por encima de este rango de edad estén actualmente estudiando. En los mapas 19 y 20 se muestra sobre el total de la población y no sobre la población en edad escolar por lo que se concentra el número de personas que no estudian en total. Sin embargo, el 3,1 % de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, y en cuanto a la población con pertenencia étnica, este porcentaje aumenta significativamente, en la población indígena es del 7 % y en la población afrodescendiente el 8 %, lo que supone la necesidad de ampliar la cobertura de manera diferencial, especialmente con los niños y niñas en extraedad.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

128. Respecto al derecho fundamental a la educación, una de las dificultades identificadas por la institucionalidad local es que existe un choque de paradigmas, toda vez que es un dilema enfrentar la sociedad en la que se está, con la que se aspira, llamando la atención sobre la naturalización de la violencia en todos los ámbitos de las relaciones sociales. 129. En lo que concierne a las problemáticas se encontró que las instituciones de educación distrital (IED) se han convertido en fuentes económicas de las pandillas por el momento de vida de los niños —a más temprana edad de consumo, mayores ganancias, presentándose situaciones en las que niños inician consumo a los 6 años—, justamente las IED se han convertido en territorios de disputa. Al interior de las instituciones se desarrollan actividades académicas, pero fuera de ellas se presenta el mayor número de riñas, encontrándose expendios y almacenaje incluso dentro de las IED, lo que se corresponde con las denuncias sobre presuntos nexos entre docentes y el microtráfico. 130. Por otra parte, de acuerdo con la información recopilada con la población LGTBI, este grupo poblacional no solamente es víctima de violaciones de los derechos humanos ya que la discriminación se extiende a su núcleo familiar. Relataron casos de discriminación por parte de los profesores y compañeros hacia sus familiares en los colegios. 131. Respecto a los derechos de la niñez, aquellos se enmarcan en el respeto y la protección de los bienes jurídicos de la vida y la salud, siendo el contenido de ese derecho el amparo bajo la protección de los padres, salvo circunstancias excepcionales reconocidas judicialmente. 132. En torno a estos puntos, el diagnóstico de investigación de los entornos escolares muestra circunstancias que desbordan la protección pues, según indican, en la parte alta de la UPZ San Blas se ubica población desplazada afrodescendiente en la que se observa la falta de cuidado. 133. Las causas de consumo son la soledad, los vacíos psicológicos, la ausencia de los padres, lo que trae como consecuencia que los niños encuentren protección en el “parche” siendo identificadas las pandillas denominadas: La Nueva España, La Warner y La Continental, entre otras, las cuales se conciben como ejércitos bien organizados; por ende, los niños se comportan de forma variable en tres espacios: el de la casa, el de la escuela y el de la calle.

134. Así mismo, se reporta que la prostitución aumenta llegando incluso a que las niñas dejen sus hogares por una semana, después de subir a autos lujosos y desaparecer. Respecto a las fiestas, se reconocen como tales las “farras”: espacios para el microtráfico, el consumo de alcohol adulterado y la prostitución que se convocan por medio de las redes sociales; hay tres tipos conocidos: la de “ñeros”, en casas o las familiares; en las primeras se observa mayor número de riñas, prácticas sexuales de orgías y experiencias como la “ruleta” y el “apagón”. En las segundas no está permitido llevar navajas y las prácticas sexuales se presentan en habitaciones. Las últimas se realiza con la familia y son más tranquilas. Los domicilios de drogas son frecuentes y algunas niñas son utilizadas como “dote” de los adultos quienes llegan cuando ellas ya están en estado de embriaguez. 135. El panorama anterior muestra una grave situación de la que participan las IED y la Dirección Local de Educación, que abordó la problemática proponiendo la estrategia de Unidad RIO (respuesta integral de orientación escolar) y Unidad de Atención Inmediata, conformada por cuatro profesionales (psicólogos, médicos, profesionales de las ciencias sociales) los cuales van a los colegios que presentan una situación crítica para apoyar al rector y responder a la situación. Los expertos coordinan acciones con la Policía para responder a la inseguridad de forma organizada e integral. 136. Una segunda estrategia es que investigadores de entornos socioeducativos examinen los ámbitos sociales que incluyen el microtráfico y la violencia para realizar un diagnóstico. La tercera estrategia corresponde a la formación ciudadana para la convivencia, se está desarrollando un Plan Integral Educativo para la Convivencia y la Ciudadanía (PIE); en esta estrategia participa el Consejo Local de Política Educativa, donde se integran los ejercicios de articulación. Así mismo, se resalta la manifestación realizada por la DILE en la que solicita autonomía para el manejo de la problemática sin la necesaria dependencia del nivel central. 137. De otro lado, los niños señalaron que el bullying es una práctica de agresión física y verbal que se manifiesta en el irrespeto hacia el otro y la discriminación; se da por medio de las redes sociales y dentro de los colegios —como escritos en las paredes y puertas de los salones y baños—. Como consecuencia, esta práctica puede generar daños físicos y psicológicos que llevan a que las personas no expresen sus ideas o no vuelvan al colegio. Algunas de los niños afectados tienen una condición de discapacidad o pertenecen a un grupo étnico.

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Tabla 4. Objetivos de Desarrollo del Milenio en educación

Objetivo 2. Lograr la educación primaria universal i) Meta nacional: garantizar el acceso universal a la educación básica, con calidad en el servicio. Indicadores y metas

San Cristóbal

1. Alcanzar el 100% en la tasa de cobertura bruta en educación básica.

95,70 %

2. Aumentar al 93% la tasa de cobertura bruta en educación media.

83,70 %

3. Reducir al 1% la tasa de analfabetismo en personas de 15 a 24 años.

1,20 %

4. Aumentar a 10.63 años el promedio de estudio entre la población de 15 a 24 años.

10,40 %

5. Reducir a 2.30 % la tasa de repetición.

9,40 %

Fuente: Indicadores y metas, Departamento Nacional de Planeación. Resultados para San Cristóbal, Bogotá cómo vamos y Secretaría de Educación. Perfil educativo de Bogotá 2012.

138. También manifestaron que la presencia de consumidores de sustancias psicoactivas (PSA) y ladrones les impide el disfrute de la recreación y el deporte en el espacio público. Además, hay amenazas en colegios y barrios. En el colegio Los Alpes se ha presentado consumo de PSA y de alcohol en las jornadas nocturnas y fines de semana; algunos jóvenes pandilleros impiden estudiar a los jóvenes que quieren. En Atenas y en otros entornos a los menores les venden PSA a la salida de los colegios y en las casas. 139. Una de las principales preocupaciones es su futuro, ya que son pocas las oportunidades para ingresar al sistema de educación superior, lo que se refleja en los pocos profesionales de clase baja; además, les preocupan las pocas oportunidades laborales. Dentro de las familias los niños se ven expuestos a la violencia intrafamiliar y la ausencia de sus padres. 140. A continuación se presenta, a manera de resumen, de acuerdo con los indicadores propuestos por el Departamento Nacional de Planeación, el avance de la localidad en términos de educación para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (tabla 4).

2.2.1.3. Derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria 141. El derecho fundamental a la alimentación adecuada debería garantizar un nivel de nutrición apropiado, con el fin de aportar al desarrollo físico, intelectual y emocional de las personas; es un derecho que en el marco de la interdependencia está necesariamente ligado a los derechos a la vida, a la salud y a la educación. En 2011, en la localidad, los datos señalan que el 6 % de los niños y adolescentes (entre 5 y 17 años) sufría de desnutrición crónica, siendo el porcentaje para los adultos (entre 18 a 64 años) correspondiente al 2 %. 142. De acuerdo con la Encuesta de Demografía y Salud, el 62 % de los hogares de la localidad tiene seguridad alimentaria, del 38 % presentan inseguridad alimentaria, el 30 % presentan inseguridad leve, el 7 % inseguridad moderada y el 1 % inseguridad grave. La información solamente está disponible por localidad, por lo que no es posible identificar los barrios o UPZ de la población con inseguridad moderada o severa. 143. Si bien la mayoría de la población se encuentra en condiciones de seguridad alimentaria, con relación a las demás localidades solamente Bosa y Sumapaz están por debajo de San Cristóbal, lo que evidencia los problemas de distribución, más aún cuando los datos de Bogotá son cercanos al 76 % de seguridad alimentaria (figura 19).

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Figura 19. Seguridad/Inseguridad alimentaria por localidad

Mapa 21. Inseguridad alimentaria por localidad

7 Porcentaje de personas

Inseguridad_alimentaria

SUBA USAQUEN

9% - 12% 13% - 23% 24% - 29% 30% - 40% 41% - 55%

ENGATIVA FONTIBONBARRIOS UNIDOS CHAPINERO BOSA KENNEDY TEUSAQUILLO PUENTE ARANDA SANTA FE TUNJUELITO SAN CRISTOBAL RAFAEL URIBE URIBE CIUDAD BOLIVAR

TA L

BO G US OT Á A CH QU ÉN AP IN SA ERO SA N N CR TA IST FE ÓB AL TU U NJ SM UE E LI TO B KE OS A N FO NED NT Y EN IBÓ GA N TI BA VÁ RR SU IO SU BA TE US NID LO AQU OS AN S I TO MÁ LLO R N IO TIR PU NA ES EN LA TE A RIÑ O R RA C FA AN AND DE EL A LA CI URI UD BE RIA AD UR BO IBE L SU ÍVA R M AP AZ

USME

SUMAPAZ

Inseguridad severa Inseguridad moderada Inseguridad leve Inseguridad alimentaria

0 2,5 5

20 Kil metros

Seguro

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta Demografía y Salud, 2011.

144. El mapa 21 evidencia las tendencias de segregación norte sur, en el que son precisamente las localidades del sur las que presentan mayores índices de inseguridad alimentaria, mientras en las del norte se observan menores niveles. En este sentido, de acuerdo con la misma fuente, la duración de la lactancia media es de 15 meses y de 3 meses la lactancia exclusiva, muy por encima de otras localidades como Chapinero, Usme y Kennedy en las que no se alcanza a los 10 meses de lactancia. En el mismo sentido, la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años es de 13 % y el exceso de peso en niños y niñas de la misma edad es de 6 %.

145. En cuanto a niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años, la desnutrición crónica está alrededor del 9 %, mientras la obesidad en el mismo grupo poblacional es de 3 %; asimismo, el 2 % de los adultos entre 18 y 64 años presentan desnutrición crónica y el 14 % obesidad. En este sentido, el diagnóstico realizado para la localidad de San Cristóbal por la Alcaldía Distrital en 2012 evidencia la existencia de dos comedores comunitarios ubicados en la localidad (Guacamayas y San Cristóbal) y señala que su cobertura es de 1200 personas aproximadamente; se indica también que cada uno de ellos cuenta con una enfermera y un nutricionista73.

[73] Bogotá Humana. Diagnóstico con participación social, localidad de San Cristóbal. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012.

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Tabla 5. Objetivo de desarrollo del milenio relacionado con la alimentación

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre iii) Meta nacional: acceso a una alimentación adecuada y suficiente. Indicadores y metas

San Cristóbal

1. Reducir a 2,6 % la prevalencia de desnutrición global.

7,10 %

2. Reducir a 8% la prevalencia de desnutrición crónica.

3. Reducir a 7,5 % el porcentaje de población total en subnutrición.

No hay información

4. Mantener por debajo del 10 % el porcentaje de niños con bajo peso al nacer.

14,60 %

Fuente: Indicadores y metas, Departamento Nacional de Planeación. Resultados para San Cristóbal, Encuesta demografía y Salud 2011; Diagnóstico de Salud Distrital 2010, Secretaría de Salud.

146. Es pertinente informar que medios no oficiales reportan comedores en los barrios de Juan Rey, Puente Colorado, Antioquia, 20 de julio, San Martín, Atenas, Buenos Aires, Altos del Poblado, La Gloria, La Amapola, La Joyita, Quindío, San Isidro, Triángulo, Valparaíso, Alpes, Nueva Gloria, Los Libertadores, San Vicente, Moralva, Pinares, Gran Colombia, San Rafael, Malvinas, Santa Rita, Guacamayas, Canadá, San José, Ramajal y Ayacucho. 147. Así, deben resaltarse los procesos de agricultura urbana y su comercialización, y las plazas de mercado del 20 de Julio y almacenes de grandes superficies los cuales pretenden disminuir el hambre ofreciendo oportunidades a favor del derecho a la alimentación. No obstante, es de apuntar que una localidad con una población de 409.257 habitantes, que se encuentran en su mayoría (77 %) en una extensión de 1648,2 hectáreas y con las dificultades de malla vial, ofrece en dificultades en el cubrimiento real y efectivo de este derecho y de los Objetivo del Desarrollo del Milenio. 148. En este marco se presenta a continuación, en la tabla 5, la información de la localidad con referencia a las metas establecidas por el Departamento Nacional de Planeación al respecto del Objetivo del Milenio No. 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre. En este apartado solamente se presentan los relacionados con seguridad alimentaria.

2.2.1.4. Derecho a la información 149. En el marco de los objetivos de desarrollo del milenio el acceso a la información y a las tecnologías de la información y la comunicación es fundamental para fomentar sociedades mundiales para el desarrollo. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) considera que la meta para el país es garantizar a todas las colombianas y los colombianos el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. El análisis de acceso a la información y a las tecnologías de información y comunicación como se ha propuesto desde la Administración Distrital, se realizará con base en la brecha digital. En una sociedad que se pretende globalizada parte del libre flujo de información y el acceso a la misma constituyen una pieza fundamental del derecho a la educación y a la participación, entre otros. 150. De acuerdo con la información de la Encuesta Multipropósito, en general se evidencian problemas de distribución; sin embargo, existen metodológicamente elementos que no necesariamente permiten hacer una valoración del acceso a la tecnología de manera comparativa. Por ejemplo, la variable acceso a MP3 está mediada por el acceso, por ejemplo, a teléfonos móviles de determinada gama que lo incluyen, en el caso de esta variable, Usaquén es la que tiene más baja cobertura.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Figura 20. Acceso a radio y televisión en Bogotá por localidades

Figura 21. Acceso a MP3, reproductores de video y videojuegos en Bogotá por localidades

USAQUÉN

USAQUÉN BOGOTÁ CIUDAD BOLÍVAR RAFAEL URIBE URIBE

100

BOGOTÁ

CHAPINERO

SANTA FE

96 SAN CRISTÓBAL

94 92

LA CANDELARIA

CIUDAD BOLÍVAR

USME

90 PUENTE ARANDA

TUNJUELITO

ANTONIO NARIÑO

BOSA

LOS MÁRTIRES

KENNEDY

RAFAEL URIBE URIBE LA CANDELARIA PUENTE ARANDA

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

CHAPINERO SANTA FE SAN CRISTÓBAL

USME

TUNJUELITO

ANTONIO NARIÑO

BOSA

LOS MÁRTIRES

KENNEDY

TEUSAQUILLO

FONTIBÓN

BARRIOS UNIDOS

FONTIBÓN

BARRIOS UNIDOS

ENGATIVÁ

ENGATIVÁ SUBA

SUBA

MP3

RADIO

CONSOLA DE VIDEOJUEGOS

REPRODUCTOR DE VIDEO

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta multipropósito para Bogotá 2011.

151. A partir de lo anterior se presentan las variables de acceso a tecnologías de la información y la comunicación haciendo énfasis en el acceso a Internet como tal, a computadores y a libros, la información que se presenta a continuación corresponde a población mayor de 12 años. Inicialmente, respecto al acceso a medios de comunicación tradicionales como el radio y la televisión, el acceso en la localidad está por encima con respecto a Bogotá. 152. El 97,11 % de la población en la localidad tiene acceso a radio, mientras el promedio de Bogotá es de 96,27 %; sin embargo, existen múltiples dispositivos como los celulares, televisores y computadores que permiten el acceso a este medio de comunicación sin ser necesariamente su uso exclusivo; así, el valor tan alto de cobertura de radio podría derivarse de la ausencia de otros medios. Respecto a la televisión en la localidad el 98,77 % de las personas tienen acceso a esta, mientras en Bogotá el 98,52 % lo que supone una diferencia mínima. Esto se evidencia en la figura 20.

153. Frente a las tecnologías para la recreación entre las que se encuentran el MP3, las consolas de videojuegos y los reproductores de vídeo, presentan comportamientos diferentes con relación al anterior grupo. La figura 21 muestra la relación con las demás localidades, así: en San Cristóbal el 34,52 % de la población tiene acceso a un MP3, mientras en Bogotá es cerca del 35,12 %; en el mismo sentido, en la localidad el 21,32 % de las personas tienen acceso a consola de videojuegos, mientras en la ciudad en general lo tienen el 22,5 %. Por el contrario, mientras en Bogotá el 73,95 % de la población tiene acceso a un reproductor de video, en la localidad la proporción de población es del 76,89 %.

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Figura 22. Acceso a telefonía móvil y fija en Bogotá por localidades

Mapa 22. Distribución de acceso a telefonía móvil por localidad

USAQUÉN BOGOTÁ CIUDAD BOLÍVAR RAFAEL URIBE URIBE LA CANDELARIA PUENTE ARANDA

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Población mayor de 13 años con Acceso a telefonía movil

CHAPINERO SANTA FE SAN CRISTÓBAL

74% - 76,6% 76,7% - 80% 80,1% - 81,1% 81,2% - 85,9% 86% - 90,9%

SUBA USAQUEN

ENGATIVA

USME

FONTIBON BARRIOS UNIDOS

TUNJUELITO

ANTONIO NARIÑO

BOSA

TEUSAQUILLO CHAPINERO KENNEDY PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE SAN CRISTOBAL

LOS MÁRTIRES

KENNEDY

TEUSAQUILLO

FONTIBÓN

BARRIOS UNIDOS

CIUDAD BOLIVAR

ENGATIVÁ SUBA

CELULAR TELÉFONO FIJO USME

SUMAPAZ

0 1,5 3

12 Kil metros

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011.

154. En cuanto comunicaciones a través de servicios de telefonía en la localidad el 79,72 % de la población tiene acceso a telefonía móvil, mientras el 95,88 % tiene acceso a telefonía fija, lo que da cuenta que aún es más recurrente el uso de telefonía fija. En la ciudad la diferencia entre estos dos servicios es menor, mientras el 80,67 % tiene acceso a telefonía móvil, el 93,49 % tiene acceso a telefonía fija. La relación con las demás localidades se muestra en la figura 22. En el mapa 22 se observa que de la zona centro-sur de la ciudad, San Cristóbal tiene mayor acceso a telefonía celular que Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy y la localidad de Santa fe; sin embargo, Tunjuelito y Antonio Nariño, tienen mayor cobertura en términos de acceso que San Cristóbal.

155. En lo que tiene que ver con el acceso a computadores, Internet y libros (figura 23), en general en todas las localidades de manera individual la población mayor de 13 años tiene más acceso a libros que a Internet y computadores, y la brecha entre estos dos últimos no es estadísticamente significativa. En este sentido, el 82,1 % de las personas de la localidad tienen acceso a libros, en tanto en la ciudad la proporción es de 84,88 %, por lo que no existiría mayor diferencia; aunque en contraste con la localidad que más acceso a este tipo de material tiene que es Barrios Unidos con 91 % la brecha existente es cercana al 10 %.

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Figura 23. Acceso a computador, Internet y libros en Bogotá por localidades

USAQUÉN BOGOTÁ CIUDAD BOLÍVAR RAFAEL URIBE URIBE LA CANDELARIA PUENTE ARANDA

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Mapa 23. Distribución de acceso a Internet por localidad

Población mayor de 13 años con Internet Acceso a Internet

CHAPINERO SANTA FE SAN CRISTÓBAL

41,3% 44,9% 51,2% 57,5% 65,3%

- 44,8% - 51,1% - 57,4% - 65,2% - 77,6%

SUBA USAQUEN

ENGATIVA

USME

FONTIBON BARRIOS UNIDOS

TUNJUELITO

ANTONIO NARIÑO

BOSA

TEUSAQUILLO CHAPINERO KENNEDY PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE SAN CRISTOBAL

LOS MÁRTIRES

KENNEDY

TEUSAQUILLO

FONTIBÓN

BARRIOS UNIDOS

CIUDAD BOLIVAR

ENGATIVÁ SUBA

COMPUTADOR INTERNET LIBROS

USME

SUMAPAZ

0 1,5 3

12 Kil metros

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011.

156. En San Cristóbal, el 53,52 % de la población tiene acceso a Internet y el 58,81 % a computadores. En Bogotá esta proporción es de 58,07 y 62,66 % respectivamente. El mapa 23 muestra la situación de San Cristóbal en relación con las demás localidades como promedio. En este sentido, la Administración Distrital, a través de la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lanzó un proyecto para garantizar la conexión Wi-Fi libre en distintas zonas de la ciudad, es así como en 18 de las 20 localidades hay un punto de Internet Wi-fi gratis. En la localidad de San Cristóbal este punto está ubicado en el Parque Metropolitano San Cristóbal. Según la Alta Consejería se eligió este lugar dado que:

Este parque es uno de los más grandes e importantes de la zona sur oriental de Bogotá, es un parque muy popular ya que cerca de él se encuentran varios colegios públicos y la parroquia de San Cristóbal. Los habitantes de todos los barrios aledaños los usan con frecuencia74. 157. En tanto el análisis se ha realizado con la información de acceso para personas de 13 y más años de edad, la información presentada a continuación en el marco de los indicadores definidos para medir el avance en los Objetivos de Desarrollo del Milenio puede presentar variaciones; en este sentido, es de vital importancia tener en cuenta que la siguiente información se refiere al total de la población sin tener en cuenta la edad (tabla 6). [74] Alta Consejería Distrital de TIC. Zonas Wi-Fi, Bogotá, 2014.

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Tabla 6. Objetivo de Desarrollo del Milenio relacionado con TIC

Objetivo 8. Fomentar una sociedad mundial para el desarrollo. i) Meta nacional: lograr el acceso universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. Indicadores y metas

San Cristóbal

1. Alcanzar 100 abonados móviles por cada 100 habitantes.

71,8

2. Aumentar a 60 usuarios de Internet por cada 100 habitantes.

47,6

3. Aumentar a 23,8 el número de computadores por 100 habitantes.

34,4

Fuente: Indicadores y metas, Departamento Nacional de Planeación. Resultados para San Cristóbal, Encuesta multipropósito 2011.

2.2.1.5. Derecho a la vivienda digna y al transporte 158. La vivienda digna no se refiere de manera exclusiva a la infraestructura para habitar, se refiere a las condiciones de construcción social que permiten esa estructura y el entorno para habitar. Por esta razón se ha incluido en este análisis el transporte junto con la vivienda digna, en tanto posibilidad de interacción que permite ese medio habitado para el desarrollo de la vida. 159. La localidad de San Cristóbal cuenta en su mayoría con un terreno denominado Residencial de Urbanización Incompleta, en donde se encuentran unidades señaladas como tipo 1 y que son “[s] ectores periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante, con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público”75. 160. Esta clase de suelo, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación, atiende directamente a las condiciones de vida, “La ciudad ha experimentado un acelerado proceso de urbanización como efecto de las migraciones, por las estrategias de ordenamiento territorial o por la sobreoferta de los constructores privados que aprovechan la falta [75] Información validada por el documento técnico soporte, del Decreto 619 del 2000 por el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial, la cual fue extraída de la publicación Monografías Bogotá 2011, cuya fuente reporta la SDP, el Decreto 619 del 2000, el Decreto 190 del 2004 y el Decreto 544 de 2009.

de regulación y las demandas o necesidades de las personas para edificar o construir nichos sin los estándares de calidad requeridos76. La capital afronta actualmente dificultades muy complejas, que con el paso del tiempo tienden a agravarse, ya que a diario llegan muchas familias, de las cuales un gran porcentaje corresponden a víctimas del conflicto, siendo relegados a buscar vivienda en los barrios con más dificultades en el suministro de los servicios básicos, tendiendo a agravar la situación y convirtiéndose en factores generadores de violencia”. 161. Como se señaló, San Cristóbal es una localidad densamente poblada en relación con el territorio urbano (dado que no existe urbanizable), de acuerdo con la Encuesta Multipropósito de 2011 hay allí 103.751 viviendas para 109.282 hogares conformados por 409.628 personas, es decir 3,7 personas por hogar. 162. La dinámica de hacinamiento es mayor en la localidad que en la ciudad, en Bogotá los hogares por vivienda son solamente 1, y 3,4 personas conforman un hogar en promedio. Las viviendas son principalmente casas y apartamentos (94 %), y en menor medida cuartos de inquilinato y otro tipo de estructuras (6 %) (figura 24).

[76] DANE – SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá. Bogotá: DANE, 2011. p. 12.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Figura 24. Tipo de vivienda

Mapa 24. Hogar por vivienda en San Cristóbal (UPZ)

2% Sosiego

Hogar por vivienda

46%

99,0 02,1

Veinte de Julio

48%

04,1 05,1

San Blas

13,1

La Gloria

Casa Apartamento Cuarto(s) en inquilinato Cuarto(s) en otro tipo de estructura

Los Libertadores

00,150,3

0,6

0,9

1,2 Kil metros

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011.

163. Así, en la localidad las viviendas con mayor número de hogares, están en la UPZ 20 de Julio, le siguen La Gloria, Sosiego, San Blas y Los Libertadores, como se evidencia en el mapa 24. Asimismo, según el mapa 25, el mayor número de hogares se concentra La Gloria. Esta información, a la luz de la estratificación77 de la localidad, da cuenta de la sectorización al interior de la misma. De acuerdo con la información del mapa 25, construida a partir del Catastro, en general las viviendas de la localidad son estrato 2, existen viviendas estrato 3 en el 20 de Julio y en Sosiego, y las viviendas estrato 1 están en la parte alta de la UPZ de San Blas y en

[77] La estratificación socioeconómica es la clasificación de los inmuebles residenciales de un municipio, que se hace en atención al Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia (Ley 142 de 1994). Por tanto, no clasifica a los hogares ni a las familias ni a las personas, solamente a los inmuebles.

lo Libertadores. La urbanización informal permite que existan viviendas sin estratificar, la mayor parte de estos predios están en las zonas altas de la localidad, en Sosiego, La Gloria y Los libertadores. 164. En cuanto a las condiciones de la vivienda en San Cristóbal, la fuente en mención aborda algunas de las condiciones estructurales de las mismas, que dada la morfología montañosa de la localidad el 5,5 % de las viviendas presenta hundimiento en la estructura y el 94,1 % no presentan ningún hundimiento. La distribución de las viviendas, sus habitaciones y las posibilidades de mantener condiciones de intimidad e independencia en función de la habitabilidad se presenta en las figuras 25 y 26. Así en tanto el 35 % de las viviendas tienen entre 4 y 5 habitaciones, solamente el 7 % de este número están destinadas a dormitorios.

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Mapa 25. Estrato de las viviendas por manzana en San Cristóbal

Mapa 26. Cantidad de hogares por UPZ en San Cristóbal

Sosiego

Total Hogares L mite UPZ

13019

ESTRATO 0 1 2

20139

Veinte de Julio

26783 28897

San Blas

29886

3 4 5 6

La Gloria

Los Libertadores

00,175 0,35 0,7 1,05 1,4 Kil metros

00,150,3

0,6

0,9

1,2 Kil metros

Fuente: elaboración propia con información de Catastro y la Encuesta Multipropósito de 2011.

165. En cuanto al déficit de vivienda en la localidad, un análisis de la Secretaría de Hábitat de Bogotá señala: El déficit cuantitativo se refiere a que las viviendas existentes no son suficientes para albergar a la población, mientras que el cualitativo se relaciona con los atributos de la vivienda, esto es, que las viviendas existentes no cumplen con estándares mínimos de calidad y por ende no ofrecen unas condiciones de vida adecuada a sus habitantes. Para 2011, el 20,3 % de los hogares de la localidad se encuentra en déficit, de los cuales el 10,3 % corresponde a déficit cuantitativo y el 10 % a cualitativo. […] Dentro de los hogares con déficit cuantitativo, el factor que más influye es el hacinamiento crítico o no mitigable (5,2 %), seguido de la cohabitación (4,2 %) y finalmente la estructura (0,8 %) (Secretaría de Hábitat, 2011).

166. En términos del déficit cuantitativo, al respecto de los factores mencionados la figura 27 evidencia la evolución de estos factores en la localidad con relación a las mediciones realizadas en las Encuestas de Calidad de Vida de 2003 y 2007 y la Encuesta Multipropósito de 2011. En este sentido, las viviendas con factores asociados a la estructura aumentaron entre 2003 y 2007 un 124 %, sin embargo, entre 2007 y 2011 solamente aumentaron 37 %, y disminuyeron como proporción de los factores determinantes del déficit. En el mismo sentido, la cohabitación que supone múltiples hogares en una misma vivienda aumentó entre 2003 y 2007 en 83 % y aún más entre 2007 y 2011 (104 %). Lo que sugiere que continúan las prácticas que dificultan las condiciones de habitabilidad al interior de la localidad.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Figura 25. Total de habitaciones que tiene la vivienda

Figura 26. Total de habitaciones destinadas a dormitorio por vivienda

1% 1% 8%

1% 6%

28%

21%

22% 27%

44%

30%

8 y más

4 5 y más

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011

Figura 27. Factores del déficit cuantitativo

100% 90%

Participación en el déficit Cuantitativo

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2003

2007

2011

Hacinamiento Crítico

922

4623

5665

Cohabitación

1648

3020

7243

Estructura

2853

6384

8771

Fuente: elaboración propia con información de las Encuestas de Condiciones de Vida y de Calidad de Vida; Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011.

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Mapa 27. Localidad de residencia anterior

Figura 28. Formas de tenencia de vivienda en San Cristóbal

Migración intraurbana Localidad de residencia anterior

0 -128

129 - 276 277 - 355

SUBA

356 - 814

37%

USAQUEN

815 - 10365

ENGATIVA FONTIBON BARRIOS UNIDOS

BOSA

46%

TEUSAQUILLOCHAPINERO KENNEDY PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O

TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE SAN CRISTOBAL

Propia, totalmente pagada CIUDAD BOLIVAR

Propia, la están pagando En arriendo o subarriendo En usufructo Otra forma de tenencia

USME

SUMAPAZ

16 Kil metros

Fuente: elaboración propia con información de las Encuestas de Condiciones de Vida y de Calidad de Vida; Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011.

167. Finalmente, el hacinamiento crítico ha sido el que más ha aumentado, entre 2003 y 2007 aumentó en 401 % y 23 % entre 2007 y 2011. Como se observa, todos los factores asociados al déficit cuantitativo han aumentado en los últimos 8 años, y si bien existe una tendencia a aumentar en menor medida, por las restricciones de expansión de la localidad el déficit podría ser mayor. En 2003 los hogares con déficit eran el 67,8 %, en 2007 el 75,7 % y en 2011, el 79,7 %, si bien ha aumentado el número de viviendas, esto no se ha visto reflejado en el déficit habitacional. 168. De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito el 47 % de los hogares en la localidad tiene jardín o patio, el 15 % tienen solar, el mismo porcentaje tienen garaje o sitio de parqueo, el 38 % tienen azotea o terraza y el 9 % tienen zonas verdes y zonas de propiedad común.

169. De otro lado, a las personas que habitan en la localidad que habían cambiado de vivienda en los últimos cinco años se les preguntó acerca de la localidad de residencia anterior. La mayoría de ellos pasaron por un proceso de migración intraurbana al interior de la localidad de San Cristóbal. La diferencia entre la primera localidad (San Cristóbal) y la que le sigue es de cerca de 10.000 personas. Las localidades que le siguen son Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Rafael Uribe Uribe (mapa 27). 170. Asimismo, el 72,2 % de los pobladores están en el mismo barrio desde hace 5 años o más, el 10,3 % reside allí desde hace 3 a 5 años, y solamente el 6,9 % vive en el barrio desde hace menos de un año. Esto muestra ejercicios de pertenencia y arraigo de los pobladores con la localidad, a pesar de las dificultades asociadas con la oferta de vivienda y la disponibilidad de espacio para la misma.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Figura 29. Cobertura de servicios públicos

100% 90% 80%

99,8%

86,2%

64,1%

Acueducto Alcantarillado

99%

50%

99,4%

60%

99,3%

70%

Energía Eléctrica

Recolección de basuras

Gas Natural

Teléfono fijo

Fuente: elaboración propia con información de las Encuestas de Condiciones de Vida y de Calidad de Vida; Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011.

171. Respecto a la tenencia de las viviendas en la localidad (figura 28), el 48 % de las personas viven en arriendo o subarriendo, el 37 % tienen vivienda propia completamente pagada, el 12 % tienen viviendas en usufructo u otra forma de tenencia y el 5 % la están pagando. La cuota promedio de las personas que estaban pagando su vivienda en 2011 era de $541.041 pesos mensuales, que equivale a más del 80 % de un salario mínimo mensual vigente en Colombia, tanto en 2011 como actualmente, con una valorización anual promedio (según metrocuadrado.com) de 13 %. En el mismo sentido, el valor promedio del arriendo en 2011 era $250.501 lo que supone desincentivos para adquirir vivienda, sumado a que del total de hogares en la localidad solamente el 1,8 % ha recibido subsidio; es decir, más de la mitad de los hogares que están pagando la vivienda no recibieron ningún subsidio. 172. En cuanto a la disponibilidad de servicios públicos, el que menor cobertura tiene por vivienda es la telefonía fija, que solamente alcanza el 64 %, le sigue el gas natural que tienen el 88,20 %; la energía eléctrica, el acueducto, alcantarillado y la recolección de basuras tienen una cobertura superior al 99 %. Sin embargo, ninguno de los servicios públicos tiene cobertura total, como se observa en la figura 29. 173. En cuanto al entorno de las viviendas, si bien la información da cuenta de la localidad en términos generales, es necesario reconocer la heterogeneidad de las mismas, de las zonas y de las condiciones de habitabilidad en los diferentes barrios de la

localidad. El transporte es uno de los elementos que en el marco de la cotidianidad aportan al análisis de la relación de los habitantes con el territorio. En la localidad el 54 % de los hogares tienen vías de acceso vehiculares pavimentadas, el 5,4 % vehiculares destapadas, el 36,6 % peatonales construidas y el 3,8 % son senderos o caminos en tierra como vías de acceso a la vivienda. El 36,4 % de estas vías se encuentran en estado regular o malo y el 59,6 % en buen estado. El 89,4 % de las viviendas tienen anden, y el 68,2 % de los hogares tienen suficiente iluminación pública, aunque el 31,7 % tienen iluminación insuficiente o no tienen. 174. Según la información de malla vial ofrecida por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), los mapas 28 y 29 muestran que el nodo de transporte de la ciudad en la localidad llega solamente hasta el límite entre las UPZ Sosiego y 20 de Julio, lo que corresponde al puntaje establecido por el IDU que califica la mayoría de vías de la localidad como regulares y en reparación. En consecuencia, la UPZ Los Libertadores es una urbanización incompleta, es decir, se encuentra en un sector periférico no consolidado, con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público78, es una de las más afectadas por la dificultad de acceso (solo una calzada IDU) y también por los escasos puntos de salud que cobijan a sus residentes para la prestación de los servicios médicos.

[78] SDP. Documento Monografía sobre las localidades 4, San Cristóbal. Bogotá: SDP, 2011.

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Mapa 28. Estado de las vías por UPZ a nivel Bogotá

Mapa 29. Puntaje según estado de las vías

Fuente: elaboración propia con información de las Encuestas de Condiciones de Vida y de Calidad de Vida; Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011.

Para la medición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio no existen indicadores asociados con hábitat, vivienda o habitabilidad.

2.2.1.6. Derechos económicos 175. Los derechos económicos están asociados a la superación de la pobreza, a partir de poder adquisitivo para el mejoramiento de las condiciones de vida y, por tanto, se derivan de las posibilidades de generar ingresos suficientes para satisfacer las necesidades del hogar. Existen múltiples índices compuestos para identificar escenarios y niveles de pobreza, a partir de estos y de otras informaciones se analizará el efectivo acceso a derechos económicos por parte de los pobladores de la localidad.

176. De acuerdo con los datos asociados a pobreza por percepción, en la localidad el 29 % de los hogares se consideran pobres. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias históricas, esta percepción ha disminuido considerablemente desde 2003 cuando el 61 % de la población en San Cristóbal se consideraba pobre (figura 30). Esto no quiere decir que necesariamente las condiciones de vida de la población hayan mejorado sus ingresos, sino que su percepción acerca de su propia situación socioeconómica ha mejorado. Esto se observa en la figura 31, en la que el índice de condiciones de vida de la localidad, si bien ha reducido su brecha con la ciudad y ha aumentado entre 2007 y 2011, no justifica la disminución de la pobreza por percepción, en tanto el mejoramiento de las condiciones medidas por este índice no superan el 0,06 %, mientras la pobreza por percepción sí disminuyó en cerca del 20 %.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Figura 30. Percepción de pobreza

70% 60%

Figura 31. Índice de Condiciones de Vida

61,9%

48,9%

50%

30%

29%

20%

83,68

84 82 80

10% 0%

86,70

86,65

40%

90,30

90,09

89,28

ICV/2003 2003

2007

2011

ICV/2007

ICV/2011

Total Bogotá San Cristóbal

San Cristóbal

Log. (San Cristóbal)

Fuente: DANE - DAPD, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2003. DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007. Nota: La ECV-2003. DANE-SDP. Encuesta Multipropósito, 2011.

177. Asimismo, la reducción de la pobreza por percepción ha sido una tendencia no solamente en San Cristóbal sino en la ciudad en general, y si bien hay localidades como Usme y Ciudad Bolívar en las que esta medida es mayor, la localidad de San Cristóbal está entre las más altas. 178. En el mismo sentido, los mapas 30 y 31 evidencian la disparidad de resultados; en términos de distribución espacial las localidades con mayores niveles de pobreza por percepción son aquellas con más bajos índices de condiciones de vida. Al respecto, el índice de condiciones de vida (ICV), según el DANE, integra dimensiones de riqueza que miden cuantitativamente las condiciones mínimas de vida garantizadas por la Constitución Política de Colombia y mide lo que socialmente se considera deseable, incluyendo las variables con mayor poder discriminatorio. 179. Existe un criterio mínimo de las condiciones de vida establecido con el que se cumplen de acuerdo con el DANE esas condiciones mínimas constitucionales, todo índice que esté por debajo de 67 indica condiciones de vida por debajo de ese mínimo. Al

respecto, Bogotá en general ha evidenciado mejoras en el tiempo en relación con las condiciones de vida de sus habitantes, sin embargo, en la escala local existen diferencias y localidades que jalonan el alto índice como el caso de Usaquén, Chapinero y Teusaquillo. El ICV para Bogotá en 2011 fue de 90,3; 27,3 puntos por encima del mínimo “constitucional” que denomina el DANE. 180. Las condiciones de vida de acuerdo con el índice de la población que vive en la localidad de San Cristóbal son inferiores a las de la ciudad en términos generales. Sin embargo, esta brecha se redujo entre 2003 y 2007, como se mencionaba anteriormente. En 2003, la diferencia era de cerca de 5,6 puntos; en 2007 está se redujo a 3,44 y en 2011 aumentó a 3,6 puntos. Sin embargo, esto indica que las condiciones de vida de la localidad han aumentado en mayor proporción que en la ciudad. Entre 2011 y 2003, el ICV de la ciudad aumentó 1,02 puntos, mientras el de la localidad aumentó en 3,02 puntos.

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Mapa 30. Pobreza por percepción

Mapa 31. Índice de Calidad de Vida

Percepción de Pobreza

Índice de Calidad de Vida 2011

2011

ICV

0 - 10%

84,8 - 85,1

11% - 21%

85,2 - 88,7

SUBA

22% - 26% 27% - 32%

SUBA

88,8 - 91,2

USAQUEN

91,3 - 93

33% - 38% Sumapaz

93,1 - 96,6

ENGATIVA

Sumapaz

FONTIBON BARRIOS UNIDOS

BOSA

FONTIBON BARRIOS UNIDOS

TEUSAQUILLOCHAPINERO KENNEDY PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O

BOSA

TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE SAN CRISTOBAL

TEUSAQUILLOCHAPINERO KENNEDY PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE SAN CRISTOBAL

CIUDAD BOLIVAR

USME

SUMAPAZ 0 1,5 3

12 Kil metros

SUMAPAZ 0 1,5 3

12 Kil metros

Fuente: Elaboración propia con información de DANE - DAPD, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2003. DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007. Nota: La ECV-2003. DANE-SDP. Encuesta Multipropósito 2011.

181. Una de las medidas para identificar la pobreza es el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, que para el caso de San Cristóbal muestra que la reducción de la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas fue más amplia que en la ciudad entre 1993 y 2011. Lo que es posible evidenciar es que si bien ha tenido una disminución más marcada, la situación de necesidades básicas insatisfechas de la localidad es más crítica en relación con Bogotá (figura 32).

182. En principio, en relación con los datos nacionales y municipales, no es una proporción alarmante que el 9,5 % de la población tenga necesidades básicas insatisfechas; sin embargo, en general en Bogotá solamente el 5,15 % de la población vive en estas condiciones. Esto evidencia problemas distributivos y concentración de estas carencias en poca población bogotana. Esto mismo muestran los datos de la población pobre, según el ingreso del hogar, pues mientras en Bogotá el 17 % de la población podría ser considerado pobre, en San Cristóbal el 30,2 %, casi el doble de la proporción en Bogotá, es pobre según la misma medida. Asimismo, en 2011 el 6,7 % de la población se encontraba debajo de la línea de indigencia (figura 33).

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Figura 32. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas

30 25 20 15 10 5 0

1993

1999

2001

2003

2007

2011

Total Bogotá

17,2

13,4

7,8

5,15

San Cristóbal

25,9

17,8

15,8

7,4

9,3

Figura 33. Porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza

60 50 40 30 20 10 0

Pobreza

Total Bogotá

22,8

17,3

San Cristóbal

54,4

32,3

30,2

2003

2007

2011

Fuente: elaboración propia con información de 1999. SHD, Dirección de Estudios Económicos, 2011. DANE - SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011. 2007. Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007. Procesamiento: SDP, Dirección de información, Cartografía y Estadística. SDP 1999, 2001, 2003. DANE - Censo 1993.

183. Esto indica que si bien Bogotá ha alcanzado la meta dispuesta por el gobierno nacional para los objetivos del milenio, en particular el de la superación de la pobreza extrema (28,5 %), la localidad aún no. Adicionalmente, la distribución geográfica de las localidades que aún no han alcanzado la meta de superación de la pobreza, como son Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Bosa y Rafael Uribe Uribe, reforzaría las dinámicas de segregación presentadas en el acápite de seguridad alimentaria. 184. Los mapas 32 y 33 pretenden no solamente evidenciar la situación de San Cristóbal en relación con otras localidades sino comparar las zonas de

concentración de pobreza en la ciudad con las zonas de concentración del ingreso. Así, el problema de la ciudad es uno de distribución y segregación económica norte-sur. El ingreso, de acuerdo con el índice de Gini, se concentra en el Centro Histórico y el norte de la ciudad, mientras la pobreza se concentra en el sur, las localidades en medio son un espacio de transición entre un extremo y otro. Si bien a una escala menor, al interior de cada localidad las dinámicas son heterogéneas y no corresponden necesariamente a la generalidad, a nivel distrital sí se evidencian esas disparidades distributivas.

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Mapa 32. Población por debajo de la línea de pobreza

Mapa 33. Índice de Gini de concentración del ingreso

Línea de pobreza % de población en pobreza 3,52% - 5,31% 5,32% - 10,0%

SUBA

10,1% - 13,8%

SUBA USAQUEN

13,9% - 25,1%

USAQUEN

25,2% - 34,1% Sin Informaci n

ENGATIVA

FONTIBON BARRIOS UNIDOS

BOSA

FONTIBON BARRIOS UNIDOS

TEUSAQUILLOCHAPINERO KENNEDY PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O

BOSA

TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE

TEUSAQUILLOCHAPINERO KENNEDY PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE

SAN CRISTOBAL

CIUDAD BOLIVAR

Índice de Gini USME

0,36 - 0,38

USME

0,39 - 0,41 0,42 - 0,45 0,46 - 0,54 0,55 - 0,58

SUMAPAZ 0 1,5 3

12 Kil metros

SUMAPAZ

Sumapaz

0 1,5 3

12 Kil metros

Fuente: elaboración propia con información de Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011.

185. En este sentido, el mercado laboral de la localidad como mecanismo para la generación de ingresos muestra en primer lugar que la tasa de desempleo aún está lejos de alcanzar la meta para la superación de la pobreza extrema en el marco de los Objetivos del Milenio; segundo, que las dinámicas en relación con las otras localidades mantienen las tendencias norte-sur y, tercero, que el poder adquisitivo en relación con las necesidades financieras de los hogares no es suficiente.

186. En primer lugar para 2011, de acuerdo con la Encuesta Multipropósito, la tasa de desempleo en la localidad era del 11,30 % mientras la tasa de ocupación era alrededor del 54,8 %. En la figura 34 es posible dimensionar la distorsión en la información presentada acerca del mercado laboral que no supone necesariamente el mejoramiento de las condiciones de vida. Por un lado la tasa de ocupación ha aumentado en más de 10 % entre 2003 y 2011, sin embargo, la tasa de desempleo después de mostrar una reducción entre 2003 y 2007 de casi 4 %, aumentó para 2011 en 5 %.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Figura 34. Tendencias del mercado Laboral en la localidad

Mapa 34. Tasa de desempleo por localidades

Tasa de desempleo

54,80

12 11 10 9

11,30 10,1

7,7% - 8,8%

SUBA

8,9% - 9,7%

USAQUEN

9,8% - 11,5% ENGATIVA FONTIBON BARRIOS UNIDOS

46 6,73

2007

BOSA

TEUSAQUILLO CHAPINERO KENNEDY PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O

5 2003

4,6% - 7,6%

44,0

4,5%

50 46,86

2011

TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE SAN CRISTOBAL

CIUDAD BOLIVAR

Tasa de desempleo Tasa de ocupación

USME

SUMAPAZ

0 1,5 3

12 Kil metros

Fuente: elaboración propia con información de Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011. DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2003 y 2007, 2007.

187. Uno de los fenómenos que pueden explicar que tanto la tasa ocupación como la de desempleo aumenten es la informalidad laboral, que sin calificarse supone menores garantías laborales que el empleo formal. Así, cuando se habla de tasa de ocupación, esta hace referencia a tener un oficio remunerado de alguna manera mientras el empleo se refiere específicamente a la vinculación laboral de la población. Por esta razón puede aumentar la tasa de desempleo en tanto aumenta la de ocupación. En el mismo sentido, la tasa de desempleo en Bogotá es de 8,6 % para el mismo periodo lo que supone que está muy cercana a la meta establecida por el departamento nacional de planeación; sin embargo, en el mapa 34 el desempleo se concentra precisamente en las localidades ubicadas al sur.

188. Al respecto de la caracterización del empleo o la ocupación de los pobladores de la localidad de San Cristóbal, el 77 % de la población ocupada tiene una actividad permanente, el 20 % ocasional y el 3 % se dedica a actividades estacionales (figura 35). Asimismo, el 30 % de la población ocupada se dedica al sector del comercio, restaurantes y hoteles; el 19 % a industrias manufactureras; el 18 % a servicios comunales, sociales y personales; el 10 % a actividades relacionadas con transporte, almacenamiento y comunicaciones y la misma proporción a actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; el 8 % al sector de la construcción y otras actividades en menor medida (figura 36).

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Figura 35. Tipo de empleo por estabilidad

Figura 36. Tipo de actividad económica

0% 0% 3%

19%

18%

20%

0% 8%

10% 77%

2% 10%

30%

Permanente

Industrias manufactureras

Ocasional

Suministro de electricidad, gas y agua

Estacional

Construcción Comercio, restaurantes y hoteles Transporte, almacenamiento y comunicaciones Intermediación financiera Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Servicios comunales, sociales y personales Actividad no bien especificada Agricultura, caza, servicios agrícolas, pesca Explotación de minas y canteras

Fuente: elaboración propia con información de Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007.

189. Asimismo, los ingresos devengados por estas actividades formales o informales restringen el mejoramiento de las condiciones de vida, en tanto solamente el 8 % de la población considera que su ingreso le alcanza para cubrir más allá de sus necesidades básicas (proporción que a nivel distrital alcanza el 20 %). Al 33 % no le alcanza ni para cubrir esas necesidades básicas y al 58 % le alcanza solamente para cubrir estos gastos mencionados.

190. Finalmente, en la tabla 7 se observa el avance de la localidad en términos del primer objetivo del milenio, “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”, en lo que se refiere a ingresos, con base en las metas propuestas por el Departamento Nacional de Planeación y la información disponible.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Tabla 7. Objetivo de Desarrollo del Milenio relacionado con pobreza y generación de ingresos

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre i) Meta nacional: reducir a la mitad la población que vive en pobreza y pobreza extrema. Indicadores y metas

San Cristóbal

1. Reducir a 1,5 % el porcentaje de personas con ingreso inferior a US$1,25 diario (PPA de 2005).

Sin información

2. Reducir a 28,5 % el porcentaje de personas en pobreza.

30,2 %

3. Reducir a 8,8 % el porcentaje de personas en pobreza extrema.

6,7 %

ii) Meta nacional: aumentar el empleo formal, incluyendo mujeres y jóvenes. Indicadores y metas

San Cristóbal

1. Reducir a 8,5 % la tasa de desempleo a nivel nacional

11,3 %

2. Reducir a 6 % la proporción de la población ocupada con ingresos diarios inferiores a US$1,25 PPA.

Sin información

3. Reducir a 8,5 % la proporción de población ocupada con ingresos diarios inferiores a US$2 PPA.

Sin información

4. Reducir al 45 % la tasa de informalidad de las trece áreas.

34 %

Fuente: Indicadores y metas, Departamento Nacional de Planeación. Resultados para San Cristóbal, Encuesta Multipropósito, 2011; Encuesta de Calidad de Vida, 2007.

cívico y comunitario, así como el artístico y cultural, abrieron la década dando forma a varias de las organizaciones sociales vigentes, reconocidas ya por su permanencia y contribución al desarrollo local79.

2.2.1.7. Derechos culturales 191. El acceso a los derechos culturales de los diversos grupos poblaciones que convergen en la localidad de San Cristóbal, si bien depende de la efectiva gestión pública que incluya la participación de la sociedad en tanto no discrimine las distintas tendencias sociales, económicas y culturales, también necesita del compromiso de la comunidad con el fin de crear o fortalecer una responsabilidad social que incluya la generación de valores y construcciones de identidades que enriquezca a la localidad. 192. La conformación histórica de la localidad ha definido que los procesos culturales hayan surgido de manera simultánea y acompañados de procesos de movilización social en localidad. De acuerdo con la Alcaldía Distrital: … la década de los ochenta evoca como referente significativo de algunos de los procesos que han trascendido en la localidad, en los cuales el trabajo educativo,

193. Algunas de las iniciativas culturales que surgen en esta década y que se han ido fortaleciendo son los Festivales Sur Oriental por la Cultura Popular, el Cultural del Maíz, el del Viento y las Cometas, el Juvenil de las Culturas y el de la Narración Oral Palabra al Viento. Asimismo, otras expresiones culturales como el Carnaval Sol Oriental. Muchos de estos procesos han surgido a partir de la defensa de derechos ambientales, laborales y otras manifestaciones populares que han resultado consolidadas en procesos culturales y artísticos dentro de la localidad.

[79] Alcaldía Mayor de Bogotá. Diagnóstico local de arte, cultura y patrimonio. Localidad de San Cristóbal. Bogotá: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, 2011.

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194. En el mismo sentido está la Mesa Local de Juventud, que nace a partir de las discusiones en torno al territorio, y los mecanismos para la apropiación por problemáticas asociadas a la violencia; también han surgido otros procesos de interés para las comunidades que parten de expresiones musicales como el hip-hop y artísticas asociadas al grafiti, a la danza y al teatro. 195. Sin embargo, la información es principalmente cualitativa y estacional; si bien muchas de las iniciativas culturales que permanecen en la localidad han surgido de los pobladores mismos, existen muchos procesos con financiación, apoyo y ejecución externos a la comunidad (incluyendo el gobierno local) que no han tenido continuidad o que han apropiado espacios comunitarios. 196. Al respecto, en el Plan de Desarrollo 2013-2016 se establece para San Cristóbal el desarrollo integral, el fortalecimiento a la educación, la construcción de saberes y las libertades culturales y deportivas como los objetivos establecidos con el fin de garantizar los derechos de la población desde un enfoque diferencial para disminuir las violencias, teniendo en cuenta que es un escenario donde hay presencia de varios actores como pueblos afrodescendientes, palenqueros, indígenas, rom, población LGBTI, mestizos y víctimas de desplazamiento de otras zonas del país, entendiendo que Bogotá es ciudad principal de recepción de diversidades poblaciones y que en esta zona en particular residen víctimas y victimarios por los procesos de desmovilización y reintegración a la sociedad, lo que implica un desarraigo identitario al mismo tiempo que establece una mezcla cultural. 197. El encuentro de culturas y de prácticas culturales supone un fuerte impacto en las costumbres, en las lógicas económicas, en la organización territorial y en expresiones artísticas que se traducen en la construcción del contexto, pero también en una oportunidad de lograr una negociación cultural que minimice la discriminación, la desigualdad y el deterioro social. Asimismo, las intervenciones de múltiples organizaciones de la sociedad civil locales o provenientes de otros niveles se manifiestan de manera particular en escenarios artísticos y culturales. Esta clase de espacios puede hacer referencia a territorios significativos para la localidad como la reserva forestal de los cerros surorientales, el cerro Entre Nubes, el río Fucha, la quebrada Chiguaza, la vía principal, los monumentos, parques, salones comunales, bibliotecas barriales, casas culturales, además de la recuperación ecológica y de los principales espacios de agua como estrategia pedagógica.

Hacer accesibles estos lugares a todas las personas es central para la no discriminación y a fin de contrarrestar cualquier tipo de segregación.

2.2.1.8. Lo público del espacio 198. El carácter público de espacios como calles, plazas, senderos y parques se define en el Decreto 1504 de 1998 que establece estos escenarios como espacios de significación individual y encuentros colectivos, que se traducen en manifestaciones sociales para la integración entre culturas e identidades que en la localidad 4, San Cristóbal, le han dado un sentido, uso y apropiación especial. Recientemente la Secretaría Distrital de Gobierno, junto con la Alcaldía Local de San Cristóbal, crearon la Casa Cultural para la Promoción de la Convivencia Pacífica con el fin de fortalecer las manifestaciones artísticas, recreativas y culturales, entre las que se encuentran expresiones musicales, de danza, teatro, cine, biblioteca y estudio de grabación80. 199. En esta localidad se presentan expresiones artísticas como Rimas a los Caídos y un festival de rap y grafiti en vivo para la recuperación de la memoria en función de las madres cabezas de hogar. El evento estuvo apoyado por la Alcaldía de la localidad, la Secretaría de Cultura, el IDPAC, Integración Social y algunas organizaciones sociales. Otro encuentro recreativo es el de yoga para mujeres apoyado por la Casa de la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. La arquitectura o los equipamientos urbanos son espacios de convivencia, ejecución y construcción de derechos y de identidades que permiten realizar en determinado espacio ciertas prácticas y actividades que cobran importancia en la medida que los sujetos apropian los escenarios. 200. Ejemplo de esto es el Parque Metropolitano San Cristóbal Sur81, que cuenta con un velódromo, canchas de voleibol, baloncesto, futsal, hockey, pista de patinaje, pista de ciclismo, entre otros atractivos. En este parque se lleva a cabo parte de la programación del Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá. A continuación el mapa 35 muestra la distribución de los equipamientos para recreación y cultura en la localidad.

[80] Véase Secretaría Distrital de Gobierno. Alcaldía Local de San Cristóbal. Entra en funcionamiento nueva Casa Cultural para la Promoción de la Convivencia Pacífica en San Cristóbal [en línea]. Disponible en: http://www. sancristobal.gov.co/index.php/16-noticias/98-entra-en-funcionamiento-nuevacasa-cultural-para-la-promocion-de-la-convivencia-pacifica-en-san-cristobal [81] Véase http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=es/node/251

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Mapa 35. Equipamientos para el desarrollo de la cultura y la recreación

LA CANDELARIA LAS CRUCES

RESTREPO

LOURDES QUIROGA

CIUDAD JARDIN SOSIEGO

SAN JOSE

Otras Localidades

20 DE JULIO

SAN CRISTOBAL

SAN BLAS

Equipamiento Cultural y Recreativo TipoLugar

MARRUECOS Bi lioteca

PARQUE ENTRENUBES Par

LA GLORIA

Pla as Es acio P

DIANA TURBAY

lico

as Pri ci ales UP

DANUBIO

LOS LIBERTADORES

PARQUE ENTRENUBES

GRAN YOMASA

LA FLORA

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría Distrital de Planeación.

201. En la localidad también se encuentra el parque deportivo Primero de Mayo, el parque zonal Villa de los Alpes, la placita campesina del 20 de Julio, el parque Pijaos y el parque ecológico de montaña Entre Nubes que por su ubicación estratégica en los cerros, al igual que los otros parques, posee nacimientos de quebradas y gran diversidad vegetal y animal. Parques que adicionalmente han sido uno de los movilizadores sociales más importantes en la localidad. Asimismo, en el barrio La Victoria en la UPZ la Gloria hay una biblioteca local, que hace parte de la red capital de bibliotecas públicas BIBLIORED. Sin embargo, los equipamientos en la UPZ Los libertadores son inexistentes.

2.2.1.9. Derechos ambientales 202. En el marco del derecho a un medioambiente sano, la localidad de San Cristóbal, como muy pocas en Bogotá, cuenta con un espacio fundamental que define su papel en la conservación de la estructura ambiental de la ciudad. El primero es El Delirio de San Cristóbal82 que es un área de reserva forestal de los cerros orientales dentro del marco del Plan de Manejo de la CAR83, en donde se encuentran nacimientos de agua que alimentan al río Fucha o San Cristóbal. De allí se desprenden varias

[82] Wiesner. Diana. 2011. Plan director corredor ecológico y recreativo de los cerros orientales [en línea]. Disponible en: http://www.cerrosdebogota.org/ joomla/images/stories/corredor/4.UNIDAD%20TERRITORIAL%20SUR.pdf [83] Resolución de 1141 de 2006. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov. co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20128

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iniciativas acordes con el propósito de proteger la calidad ecológica y visual, procesos educativos y pedagógicos alrededor del cuidado del suelo, la diversidad de fauna y flora. Esta reserva también cuenta con varios miradores, quebradas, senderos, cerros, un museo minero y el parque Chircal. 203. Asimismo, el Parque Ecológico Distrital Entre Nubes que se encuentra entre las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme. De este hacen parte los cerros Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla del Gavilán. En términos hídricos en el parque nacen las quebradas Seca, Chiguaza, Bolonia, Verejones, La Olla del Ramo, Santa Librada y Yomasa que desembocan en el río Tunjuelo. Todo esto hace de San Cristóbal una de las localidades fundamentales en la estructura ambiental de Bogotá. 204. Las principales restricciones para el efectivo acceso a los derechos ambientales de la población son las formas de contaminación. De acuerdo con el documento “Salud y calidad de vida 2012”, en las zonas comerciales de la localidad se ha incrementado la exposición a enfermedades respiratorias —especialmente niños, niñas y personas mayores—. La explicación de ello radica en la ausencia de control sobre las emisiones de CO2 provenientes de fuentes móviles o fijas; el desempleo, el subempleo y la venta informal dan cuenta de la presencia de quemas de cable de cobre en las carreteras y de fogones y cocinas de gasolina al interior de las viviendas lo que incrementa los niveles de contaminación84. 205. Respecto a la recolección de basuras, Bogotá es una de las ciudades con la más alta cobertura, pues supera el 99 %. Al observar la situación de las localidades en las que se presta el servicio — Usaquén, Chapinero, Santafé, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Antonio Nariño señala que la localidad de Usme (localidad colindante con San Cristóbal)—, se observa que es del 99,8 %85. El informe no reporta el lugar (botadero) en el que se descarga la basura, por lo que se debe enunciar la inconsistencia que se presenta atendiendo a la información recolectada en el marco del proyecto que considera una amenaza la contaminación del río Fucha y la falta de acceso de la recolección en la parte oriente de la localidad.

[84] Bogotá Humana. Diagnóstico Territorial 2012. Localidad de San Cristóbal. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012. [85] Alcaldía Mayor de Bogotá. Encuesta Multipropósito 2011. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011.

206. Otro problema es la contaminación auditiva producida por los establecimientos de comercio que generan altos decibeles, lo que afecta ampliamente la tranquilidad de los residentes; así mismo, se plantea que los vecinos aumentan el ruido de la localidad debido a que exponen los parlantes por la ventana. 207. La anterior información se sustenta en el estudio realizado por el gobierno de Bogotá Humana86, que describe focos de contaminación a cielo abierto asociados a la deficiencia en la recolección de basuras; también lo fundamenta en la presencia de asentamientos ilegales en las rondas de los ríos y los procesos de descarga de residuos industriales. 208. En lo que atañe a los asentamientos ilegales —los cuales se ubican cerca a las zonas de reserva— se sugiere como causa del deterioro ambiental la carencia de servicios públicos, por lo que los residuos orgánicos se abandonan en las fuentes de agua. Respecto a los servicios públicos debe indicarse que SPD reporta una cobertura de recolección de basura del 99,8 %; el alcantarillado del 99,4 % y el acueducto del 99,2 %87. 209. La contaminación de las fuentes hídricas, especialmente en las quebradas de La Chiguaza y las rondas de los ríos Fucha y San Cristóbal, se justifican en el desempleo, subempleo y venta informal que, a juicio del estudio, incrementan los espacios de ventas ambulantes sin control, siendo este uno de los agentes contaminantes. Por ello se censura la falta de una política que regule el mantenimiento del espacio público para la venta ambulante, pues actualmente se naturaliza la presencia de la basura en los lugares de ventas ambulantes. 210. Por consiguiente, la tarea de recolección recae sobre el Distrito, a lo que se aúna que la comunidad desconoce sus obligaciones en torno del programa Basura Cero, por ende, la disposición inadecuada de residuos sólidos y la contaminación de las fuentes de agua incrementa la presencia de vectores ante el déficit de servicios públicos, aumentando los focos de artrópodos y roedores. Sin embargo, los datos de la Encuesta Multipropósito no evidencian esta situación ni en percepción de malos olores ni en percepción de contaminación en relación con las demás UPZ de la ciudad (mapas 36 y 37).

[86] Bogotá Humana. Diagnóstico con participación social localidad de San Cristóbal. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012. [87] Alcaldía Mayor de Bogotá. Encuesta Multipropósito 2011. op. cit.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Mapa 36. Percepción de malos olores por UPZ

Mapa 37. Percepción de contaminación por UPZ

Fuente: Indicadores y metas, Departamento Nacional de Planeación. Resultados para San Cristóbal, Encuesta Multipropósito, 2011.

211. En términos cuantitativos es posible decir que en la localidad de San Cristóbal, frente a la separación de basuras, el 35,8 % de los hogares separan por lo menos un tipo de basuras, de estos el 29,5 % separaran los desperdicios de alimentos y desechos orgánicos, el 28,8 % el papel y el cartón, y el 28,9 % vidrio, metal y plástico. Asimismo, el 98,7 % de los habitantes realizan por lo menos una práctica para reducir el consumo de energía eléctrica, la más común es apagar luces (96,7 %) o utilizar bombillas ahorradoras (70,7 %). Frente al consumo de agua, el 71,9 % de los hogares reutilizan el agua, el 38,4 % recolectan el agua lluvia y el 45,4 % utilizan un tanque sanitario de bajo consumo de agua.

212. Sobre el seguimiento en el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para el séptimo que se refiere a la sostenibilidad ambiental la información disponible tanto como las metas no permiten valorar el estado actual de la localidad (tabla 8). 213. Con este análisis sobre los retos que aún supone aumentar la calidad de vida de los habitantes de la localidad de San Cristóbal finaliza este examen sobre su situación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El siguiente capítulo centra la atención en la situación local de derechos civiles y políticos.

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Tabla 8. Objetivo de Desarrollo del Milenio relacionado con la sostenibilidad ambiental

Objetivo 7. Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente. i) Meta nacional: reforestar 23.000 hectáreas anualmente Indicadores y metas 1. Mantener 23.000 hectáreas por año de superficie reforestada.

San Cristóbal 2.500 árboles en el Parque Metropolitano La Arboleda

ii) Meta nacional: eliminar el 10 % de la línea de base hidroclorofluorocarbonos Indicadores y metas 1. Eliminar el 10 % de la línea base de HCFC.

San Cristóbal Sin información

iii) Meta nacional: consolidar las áreas protegidas del SPNN, incrementando la superficie de áreas protegidas del SPNN en 1.0000.000 ha y formular los planes de manejo para la totalidad de las áreas. Indicadores y metas

San Cristóbal

1. Aumentar al 6,57 % la proporción de la superficie total protegida por el Sistema de Parques Nacionales Naturales - SPNN.

Sin información

2. Alcanzar el 100 % de la proporción de áreas protegidas que cuentan con planes de manejo formulados y actualizados.

Si existe un plan ambiental local

iv) Meta nacional: incorporar a la infraestructura de acueducto a por los menos 5,9 millones de nuevos habitantes urbanos y 1,4 millones de habitantes rurales a una solución de abastecimiento de agua. Indicadores y metas

San Cristóbal

1. Aumentar al 99,20 % la proporción de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados, cabecera.

99,3 %

2. Aumentar al 78,15 % la proporción de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados, resto.

Sin información

v) Meta nacional: incorporar 7,7 millones de habitantes a una solución de alcantarillado urbano y 1 millón de habitantes a una solución de saneamiento básico, incluyendo soluciones alternativas para las zonas rurales. Indicadores y metas

San Cristóbal

1. Aumentar al 96,93 %, la proporción de la población con acceso a métodos de saneamiento adecuados, cabecera.

99,8 %

2. Aumentar al 72,42 %, la proporción de la población con acceso a métodos de saneamiento adecuados, resto.

Sin información

vi) Meta nacional: disminuir el número de hogares que habitan asentamientos precarios. Indicadores y metas 1. Disminuir al 4 % en 2020 la proporción de hogares que habitan en asentamientos precarios.

San Cristóbal Sin información

Fuente: Indicadores y metas, Departamento Nacional de Planeación. Resultados para San Cristóbal, Encuesta Multipropósito, 2011.

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3. CAPÍTULO II. SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

3.1. Antecedentes 214. En los últimos años las políticas de seguridad ciudadana enfocadas en el desarrollo humano han dado un giro trascendental al diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas de seguridad adoptadas por los gobiernos, tanto en el nivel nacional como en el subnacional (departamentos, municipios, localidades), hasta el punto de invertir o equilibrar la pesada y compleja carga de las llamadas políticas de seguridad centradas en el concepto del orden público —en su mayoría— de mano dura, que hasta hace poco jugaban un papel prioritario en las propuestas de respuesta y en las políticas implementadas por las autoridades responsables de garantizar, entre otros, los derechos a la vida, la seguridad material y la integridad personal de los ciudadanos; esto a pesar de los escasos resultados de este enfoque coercitivo, en algunos casos con contrarios o controvertidos éxitos. 215. Este cambio de enfoque supuso que las políticas de seguridad, tanto en Colombia como en otros lugares del mundo, priorizaran e integraran una respuesta multidimensional y multisectorial a los problemas de violencia identificados, dirigiendo los esfuerzos de las políticas hacia una concepción integral del desarrollo de la persona y la familia humana en armonía sostenible con su hábitat, atendiendo la política frente al crimen sobre la base de un análisis dinámico e informado de las situaciones problemáticas y de la búsqueda de soluciones innovadoras a los retos identificados. De esta manera, la política de seguridad se enfoca no solo en el fortalecimiento de la política criminal como en el pasado, sino también y principalmente en profundizar la seguridad ciudadana desde la superación de problemas estructurales como la exclusión, marginación y la pobreza; la construcción de una convivencia ciudadana pacífica y sin discriminación, una democracia participativa con rendición de cuentas, desde la perspectiva del

derecho a tener una vida digna y la garantía integral de los derechos humanos88. Cambio fundamental para la vigencia efectiva del Estado de derecho y evidencia de la evolución hacia un Estado más democrático. 216. El PNUD, en su informe sobre desarrollo humano en Bogotá, identificaba este cambio como parte fundamental del éxito de la política de seguridad ciudadana de la capital colombiana89, implementada sobre la base de al menos cuatro enfoques complementarios adoptados en las políticas de las administraciones desde la década de los noventa: i) la política de cultura ciudadana, centrada en la modelación del comportamiento y la mutua regulación ciudadana; ii) las políticas de intervención urbanísticas que priorizaron la mejora del espacio público y la dotación de infraestructura social y de movilidad para la ciudad; iii) la política criminal centrada en responder y atender el delito, mejorando la capacidad estratégica o uso de la inteligencia, la persecución, la captura y sanción oportuna de los delincuentes, y la desarticulación de los grupos criminales estructurados; iv) la reducción de incentivos y prevención del riesgo en poblaciones vulnerables, en particular las políticas enfocadas a las y los jóvenes dirigidas al aumento de sus oportunidades y capacidades para su desarrollo participativo y autónomo. El PNUD informa que “el éxito de Bogotá se debe a que no se optó por uno de los cuatro enfoques, sino que se usaron todos y se combinaron de un modo afortunado”, advirtiendo que por esta razón a la [88] La seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna (Informe Caribe PNUD 2013, 7; Informe Centroamérica PNUD 2010b, 31). Citado en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe Regional de Desarrollo Humano 20132014. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. PNUD, 2013; PNUD. Informe AL PNUD. PNUD, 2013. p. 5. [89] Parte de este éxito se explica por la continua reducción de los homicidios en Bogotá con una disminución de la tasa de homicidios de más de 50% en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2012, pasando de 37,7 homicidios por 100 mil habitantes a una tasa de 16,9 % respectivamente. Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, citado en Ávila, Giraldo-Ramírez et al. Violencia Urbana. Radiografía de una región, 2014. p. 32, gráfica 2.

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ciudad le “corresponde continuar con la tarea de identificar retos y hacer propuestas que preserven lo alcanzado, en la perspectiva de que la seguridad es parte esencial del desarrollo humano”90. En este avance la más reciente política social del distrito, Bogotá Humana, enfocada en superar los problemas estructurales de exclusión, marginación y pobreza, ha fortalecido esta dinámica estrategia. 217. Desde esta perspectiva, este capítulo tiene el propósito de valorar algunas de las principales características de la situación de derechos humanos civiles y políticos en la localidad de San Cristóbal91. La primera sección analiza la situación local de los derechos que están en el núcleo del desarrollo humano y la seguridad ciudadana: derecho a la vida, la seguridad e integridad personal. En la sección final se examina la situación de los derechos políticos de la localidad, en términos de participación y gobernanza democrática.

3.2. Situación de los derechos a la vida, la seguridad e integridad personal en la localidad de San Cristóbal 218. La Constitución Política de Colombia prescribe que las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades (art. 2), y establece que el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte (art. 11). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece además que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente (art. 6,1). Esta sección tiene el propósito de analizar la situación del derecho a la vida en la localidad de San Cristóbal en términos de su privación arbitraria, a tal efecto analiza las tendencias recientes de homicidios en la localidad al igual que otras formas de violencia que afectan la seguridad e integridad material de las y sus habitantes.

[90] PNUD. Informe. Bogotá: PNUD, 2008. p. 196. [91] Desde la perspectiva del desarrollo humano, la seguridad ciudadana debe entenderse como la planeación, la organización y la ejecución de políticas integrales y participativas de distinta índole, cuyo fin no sea solo disminuir el delito, sino contribuir a la creación y al fortalecimiento de instituciones más efectivas y sostenibles para el desarrollo humano. PNUD. Informe al PNUD, 2013. p. 10.

3.2.1. Privación arbitraria de la vida: los homicidios en la localidad de San Cristóbal 219. En los últimos meses del año (2014) la localidad de San Cristóbal, sus autoridades, organizaciones y comunidades vienen observando con preocupación el aumento de la violencia, en particular la privación arbitraria de la vida a personas en la localidad. Según el análisis estadístico de la Policía Nacional relativo al primer semestre del año (2014), la localidad presenta un importante aumento en la intensidad de este fenómeno, pues mientras que para el mismo periodo del año 2013 se habían presentado 26 homicidios, en el 2014 esta cantidad se duplicó presentándose 52 privaciones arbitrarias de la vida en el periodo, lo que supone un aumento del 100 % en la ocurrencia de violaciones de este derecho en la localidad. En promedio cada mes de este año se presentaron más de 8 homicidios, es decir, al menos dos cada semana. 220. Aunque la información disponible para este periodo no permite analizar la distribución espacial ya que no presenta la información del lugar en donde acaecieron estas violaciones, los datos de la Policía Nacional para los meses de enero-abril de 2014 sí la presentan (en este periodo se han registrado 38 asesinatos, es decir, el 73 % de los casos registrados durante el semestre), ya que recaban la dirección, el barrio y la UPZ en donde acaecieron los homicidios. De esta manera el análisis territorializado de la intensidad del homicidio en la localidad de San Cristóbal pone en evidencia que el mapa de violencia letal de la localidad se distribuye de manera diferencial en las cinco UPZ locales, de modo tal que mientras en la UPZ Sosiego no se presentan ocurrencias de este fenómeno, el resto de UPZ se han visto seriamente afectadas, especialmente Los Libertadores y San Blas, en donde la cifra de homicidios alcanza los dos dígitos (mapa 38). 221. Según la información de la Policía Nacional, el llamado “ajuste de cuentas” explicaría el 31,5 % (12 casos) de los homicidios en el periodo de enero-abril de 2014, siguiendo las riñas en un 26,3 % (10 casos). El arma de fuego fue el elemento más empleado con el 63 % (24 casos), le sigue el arma corto punzante con el 29 % (11 casos). El mercado y la posesión de armas de fuego ilegales son un facilitador de esta violencia; según el informe policial todas las armas empleadas en estos crímenes son ilegales. El espacio público fue el escenario de mayor comisión de muertes en la localidad con un 68 % de las

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Mapa 38. Intensidad de los homicidios en la localidad de San Cristóbal. Enero-abril, 2014

SOCIEGO

Otras localidades SAN CRISTOBAL

Número de personas

20 DE JULIO

HOMICIDIOS 2014

SAN BLAS

0 8 10 12

LA GLORIA

LOS LIBERTADORES

0 0,2250,45

0,9

1,35

1,8 Kil metros

Fuente: Policía Nacional, 2014.

ocurrencias (26 casos), seguido de los homicidios presentados al interior de viviendas o casa de habitación con el 10 % (4 casos), los casos restantes (8 casos) no tienen información específica del lugar. 222. Desde una perspectiva diferencial cabe precisar que de los 38 homicidios reportados entre enero y abril de 2014 en la localidad de San Cristóbal, el 13 % de los casos (5) corresponden a homicidios de mujeres, porcentaje que sería superior al promedio nacional92. Con relación a estos homicidios preocupa que el 60 % de estos casos corresponden a feminicidios, es decir, casos en que la víctima [92] Del total de casos registrados en Colombia (15.727) en el año 2012, el 92 % correspondió a víctimas hombres (14.394) y, el 8 % a mujeres (1.316); es decir, por cada 10 víctimas hombres se registró una víctima mujer. Véase Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Comportamiento del homicidio en Colombia Bogotá: IMLCF, 2012.

fue asesinada por el hecho de ser mujer, y se realizaron en el contexto de su vida de pareja, su hogar o familia, en lo que la Policía identifica como “crimen pasional”. En el periodo 2010-2012, San Cristóbal se mantuvo entre las seis localidades con mayor número de homicidios de mujeres93. La falta de variables diferenciales no permite identificar la etnia de la víctima, ni si esta pertenecía a un grupo de identidad diversa, como es el caso de la población LGBTI, quienes reportaron a CODHES sobre varios casos de homicidio en su contra en los últimos años. La información etaria especificada en el reporte policial tampoco permite identificar el impacto diferenciado en grupos de edades, en especial si las víctimas, como en el contexto general del país, corresponden a población joven que es la más vulnerable a este tipo de graves violaciones de derechos humanos. 223. Ahora bien, si vemos el mapa de la intensidad de la violencia para analizar el comportamiento de la localidad en el contexto, comparado con las otras localidades del Distrito entre los años 2012 y 2013, puede observarse cómo mientras en el 2012 la localidad estaba entre las que presentaba mayor intensidad de homicidios en la ciudad, solo superada por las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, y muy por encima de las localidades menos violentas con relación a este flagelo, como Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, entre otras, en el año 2013 San Cristóbal muestra una considerable reducción en la intensidad de homicidios presentando menos que las localidades de Ciudad Bolívar (la más afectada para los dos periodos), Rafael Uribe, Kennedy, Bosa y Suba, en las que se mantuvo una intensidad parecida a la del año 2012 (mapas 39 y 40). 224. Es importante advertir, sin embargo, que aunque la intensidad de la violencia letal aumentó significativamente en el 2014, al contrastar la tendencia de los últimos años (periodo 2008-2013) se observa que la localidad presentaba una tasa de homicidios por 100 mil habitantes menor que para el año 2008, incluso en comparación con la ciudad (16 y 20,5 respectivamente), y muy inferior a la tasa nacional (34,31). Esta situación empeoró en el año 2009, cuando se incrementó la intensidad de homicidios superando ligeramente incluso la tasa por 100 habitantes de la ciudad (23,2 y 22,7 respectivamente).

[93] Secretaría Distrital de la Mujer - Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Mujeres en Cifras ¡Aquí estamos!, op. cit., p. 4.

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Mapa 39. Intensidad del homicidio localidades de Bogotá, 2012

Número de víctimas

Mapa 40. Intensidad del homicidio localidades de Bogotá, 2013

Número de víctimas

Homicidios 2012

Homicidios 2013

Sin informaci n

1 - 28

1 - 45

29 - 67

46 - 78

68 - 118

SUBA

119 - 240

SUBA

79 - 164 165 - 242

USAQUEN

ENGATIVA

FONTIBON BARRIOS UNIDOS

BOSA

FONTIBON BARRIOS UNIDOS

TEUSAQUILLO CHAPINERO KENNEDY

BOSA

PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE

TEUSAQUILLO CHAPINERO KENNEDY PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE

SAN CRISTOBAL

CIUDAD BOLIVAR

USME

SUMAPAZ

USME

0 1,5 3

12 Kil metros

SUMAPAZ

0 1,5 3

12 Kil metros

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Centro de Estudio de Análisis en Seguridad y Convivencia, Secretaría de Gobierno de Bogotá.

225. Esta tendencia se mantuvo hasta el año 2012 tan solo en la localidad de San Cristóbal, pues Bogotá presentó un descenso significativo en su tasa de homicidios (16,9 homicidios por 100 mil habitante) mientras que la localidad continuaba con tasas superiores a 22 homicidios por 100 mil habitantes, situación que se convirtió en tendencia en el periodo 2009-2012 (ver figura 37). No obstante, en el año 2013 la localidad presentó el descenso más importante de los últimos 5 años en este indicador de violencia letal, logrando 19 ocurrencias menos de privaciones arbitrarias a la vida, pasando de 92 homicidios en el año 2012 a 73 ocurrencias en el año 2013, situación que condujo a la reducción mencionada (17,8 homicidios por 100 mil habitantes). Situación más acorde con la tasa

de homicidios de Bogotá, pues para la ciudad este indicador de violencia letal estuvo por debajo de 17 homicidios por 100 mil habitantes en los años 2012 y 2013, la reducción más significativa en Bogotá en el periodo de estudio (2008-2013). La reducción en la tasa de homicidios también ha sido tendencia nacional desde el 2009 (figura 37). 226. Cabe precisar que si bien la tasa de homicidios de la localidad de San Cristóbal para todo el periodo de análisis es inferior a la tasa promedio nacional, su situación relativamente mejor no lo es en términos absolutos, pues como lo establece la OMS, una tasa mayor a 10 homicidios por 100 mil habitantes debe considerarse una epidemia.

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Figura 37. Tendencia de la tasa de homicidios por 100 mil habitantes en San Cristóbal, Bogotá y Colombia 2008-2013

45 40 Tasa de homicidios por 100 mil habitantes

35 30 25 20 15 10 5 0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

23,2

22,9

22,5

22,43

17,8

Bogotá

20,5

22,7

21,9

16,9

16,7

Colombia

34,31

39,39

38,36

35,95

33,76

32,48

San Cristóbal

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal; Centro de Estudio de Análisis en Seguridad y Convivencia, Secretaría de Gobierno de Bogotá.

227. El PNUD, en su informe sobre Seguridad Ciudadana en América Latina (2014) precisa que la evolución del homicidio en la región permite dividir a los países en dos grupos con niveles altos y bajos. En el primer grupo están Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras. Con base en el estándar de la OMS, este grupo presenta un alto nivel de homicidio, con tasas medias superiores a los 10 asesinatos por cada 100 mil habitantes. En el segundo grupo, con tasa medias inferiores a los 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, están Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Perú y Uruguay94. 228. Criterio internacional que pone una vez más en evidencia la grave situación de derechos humanos y el pronunciado problema de violencia letal que afecta tanto a la localidad de San Cristóbal como al conjunto de la ciudad de Bogotá, y de forma mucho más pronunciada al conjunto del país, que durante todo el periodo de estudio (2008-2013) presentó un alto nivel de homicidios con tasas medias superiores a 30 asesinatos por 100 mil habitantes (figura 37). [94] PNUD. Informe al PNUD, 2013. pp. 47-48.

229. Con relación a esta grave situación de privación arbitraria del derecho a la vida es lamentable advertir que en el año 2013 se presentaron 12 suicidios en la localidad de San Cristóbal. Cuando se analiza la información sobre la forma de violencia conexa con el suicidio, el intento, llama la atención que de los 104 casos de intento de suicidio registrados en el año 2013 en la localidad, el 100 % corresponde a mujeres95. Situación que debe ser tenida en cuenta en el diseño e implementación urgente de una política de prevención y atención integral a la violencia de género para prevenir las vulneraciones del derecho a la vida de las mujeres y entender el por qué de esta penosa y desproporcionada situación; esta problemática puede estar conectada, como mostraremos en lo que sigue, con el patrón de violencia sistemática e intensa perpetrada en contra de las mujeres en la localidad.

[95] Secretaría Distrital de Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida (SISVECOS). Base de datos 2013. Consolidación y análisis. Bogotá D.C.: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana Secretaría Distrital de Salud, 2014.

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3.2.2. La integridad material y personal de los habitantes de la localidad de San Cristóbal 230. El derecho a la integridad personal, íntimamente conectado con el derecho a la vida, está protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que estipula que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales (art. 9), al igual que por la Convención Americana de Derechos humanos que determina, entre otras disposiciones, que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral (art. 5, 1). Esta protección es reforzada por la Constitución Política cuando prescribe la obligación institucional de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida y bienes (art. 2). La Declaración Universal de Derechos Humanos prescribe además que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 231. En este contexto, esta sección tiene el propósito de valorar la situación de seguridad ciudadana de los habitantes en San Cristóbal, en términos de analizar la incidencia de los ataques en contra de la integridad personal de sus habitantes, caracterizados como daños a la integridad personal (lesiones comunes), al igual que las formas de violencia dirigidas contra grupos poblacionales diferenciales o específicos. Se analiza el impacto del delito del robo o hurto en los bienes o integridad material de los habitantes de la localidad. En la parte final estudiamos los desafíos que enfrenta la localidad relacionadas con los victimarios o responsables de estas formas de violencia, entendidos como las principales amenazas a la seguridad ciudadana en la localidad.

3.2.2.1. Daños a la integridad material de las personas: el Robo e inseguridad patrimonial 232. Con relación a la integridad material y la protección de los bienes de los habitantes de San Cristóbal en el periodo más reciente del que se tiene información (entre enero y junio de 2014), se registró un ligero aumento en cuanto a las víctimas de hurto, con un total de 370 casos registrados en la localidad, 10 más que en el primer semestre de 2013; de forma tal que cada día en la localidad al menos 2 personas fueron despojadas de un bien o parte de su patrimonio.

233. Cabe señalar, sin embargo, que en cuanto a los demás delitos de alto impacto los registros muestran algunos progresos, pues se redujo el hurto a residencias con 84 casos registrados, 6 menos que en el mismo periodo de 2013. El hurto a entidades comerciales presentó una significativa reducción (del 13 %), pasando de 95 casos en el primer semestre de 2013, a 83 casos en el 2014. La reducción de este tipo de delitos contra la propiedad es central en términos de proteger el patrimonio y los bienes de los habitantes de la localidad, en especial si se tiene en cuenta en muchos casos la condición de extrema vulnerabilidad y la desigualdad económica que los afecta. Además, la victimización y vulneración de los derechos económicos que produce tanto el hurto como el robo —este último ejecutado con violencia— impacta fuertemente la percepción negativa de los habitantes, comerciantes y demás actores sobre la situación de seguridad en la localidad.

3.2.2.2. Daños a la dignidad, integridad y seguridad personal en la localidad de San Cristóbal 234. Según la información estadística de la Policía Nacional, en el primer semestre de 2014 las y los habitantes de la localidad han sido víctimas de 322 violaciones de su derecho a la seguridad e integridad personal (lesiones comunes), situación que supone que en promedio cada mes 53 personas fueron víctimas de algún ataque violento; aproximadamente cada día 2 personas sufrieron algún tipo de daño a su integridad física en la localidad. Para el mismo periodo en el año de 2013 la ocurrencia de estas violaciones fue mayor, con 395 casos registrados, situación que indica una reducción del 18 % de este tipo de casos en el primer semestre de 2014. 235. Debido a la ausencia de un enfoque diferencial y más integral en los registros, la información previamente analizada no permite desglosarla para identificar las características de las víctimas, el nivel de afectación, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar, variables importantes para determinar el impacto diferencial de estos crímenes en las y los habitantes de la localidad e informar las políticas de respuesta a estos retos desde la perspectiva de no discriminación transversal al enfoque de derechos humanos.

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3.2.3. Inseguridad y discriminación: violencia contra poblaciones específicas 236. Aunque el anterior balance no permite identificar la intensidad diferencial de las llamadas “lesiones comunes” o el peso de la misma contra grupos etarios específicos o de protección especial, la información del Centro de Estudio de Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana para el año 2013 (enero-septiembre) nos permite identificar algunos de los patrones locales con respecto a otras formas de violencia, en particular aquella relacionada con el género y el ciclo vital de la víctima. 237. Si entendemos la violencia de género como un tipo de agresión en contra de una persona o grupo de personas por razón de su género, que incluye acciones de violencia física, psicológica y sexual96 y la “violencia etaria” como aquella que impacta a grupos poblacionales pertenecientes a ciclos de edad que por su nivel de indefensión son más vulnerados y vulnerables, es necesario hacer un análisis específico de la violencia ejercida contra las mujeres, los niños y las niñas, los adultos mayores, al igual que en contra de la población LGBTI. Adicionalmente, una perspectiva diferencial acorde con los estándares en derechos humanos supone otorgar atención especial a la violencia que afecta de modo particular a los grupos étnicos. 238. La continua violencia contra las mujeres y las niñas, y su progresivo aumento, obliga no solo a priorizarlas en términos de la focalización de la políticas de asistencia, atención, protección y prevención, sino también en términos del examen y diagnóstico de sus problemas y afectaciones específicos. Esta violencia se caracteriza por relaciones fuertemente asimétricas y discriminatorias basadas en prejuicios, en su mayoría machistas97 o patriarcales, que conducen a relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, y tienen como lamentable efecto formas de violencia sistemáticas y desproporcionadas dirigidas en contra de todas las mujeres. [96] Véase PNUD. Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Nueva York, 2013. cap. 4, p. 82. [97] El machismo es causante de violencias contra las mujeres. Se fundamenta en: concebir a la mujer como un objeto de placer y propiedad privada limitando la libertad sobre su cuerpo y sus relaciones personales; se le atribuyen las labores domésticas, el cuidado de los hijos e hijas y la resolución de los problemas familiares; se desconocen las cualidades y capacidades de las mujeres; se rechazan y reprimen las expresiones afectivas en las relaciones sociales, y se acepta la infidelidad y poligamia como parte de la naturaleza masculina. Como consecuencia del machismo y las violencias que desencadena, las mujeres son víctimas de baja autoestima, tienen sentimientos de soledad, así como angustia y depresión impidiendo el desarrollo de capacidades y proyectos de vida.

239. La desproporción de la violencia registrada en contra de las mujeres en la localidad de San Cristóbal es más que preocupante. De los 711 casos de violencia intrafamiliar reportados en la localidad para el periodo en estudio (enero-septiembre de 2013) el 73 % de los casos (517) recayeron específicamente en las mujeres. Este impacto desproporcionado de la violencia contra las mujeres lo encontramos también en términos de violencia de pareja, pues de los 388 casos registrados el 84 % (327) se concentraron en este grupo poblacional. De los 114 casos de violencia perpetrados por otros familiares en el 62 % (69 casos) afectaron a mujeres. Tres adultas mayores también sufrieron violencia según el registro98. Este patrón alarmante lo confirma la violencia en contra de menores, donde la violencia desproporcionada muestra que de los 186 casos registrados 59 % de ellos corresponden a niñas en la localidad. 240. La desproporcionada violencia reseñada y el grave daño contra la dignidad e integridad personal contra mujeres en la localidad de San Cristóbal en términos de violencia sexual debe alertar a las autoridades a todo nivel. De los 3239 casos de presunto delito sexual registrados en Bogotá entre enero y septiembre de 2013 (mapa 41), el 83 % (2692) afectaron a mujeres y niñas; de forma tal que en promedio cada día de estos meses diez mujeres fueron registradas en Bogotá como víctimas de delito sexual. Como se observa en el mapa 41, la localidad de San Cristóbal aparece entre las más afectadas con una incidencia alta de este delito (entre 207 y 372 casos entre enero y septiembre de 2014). 241. En el curso de esta investigación CODHES tuvo conocimiento, además, de diferentes formas de violencia y tratos degradantes en contra de las mujeres en la localidad de San Cristóbal, entre ellas, violencia verbal a través de insultos obscenos y de otro tipo de los que fueron y son víctimas en la vía pública y otros lugares; los contactos abusivos y forzados de sus cuerpos también hacen parte de las formas de violencia reportadas. El maltrato y la discriminación en los espacios “privado” y público, incluido el trabajo, también fueron denunciados como parte de un patrón de violencia sistemática en su contra. En este punto es importante advertir que en algunos casos la baja denuncia, las dificultades o la desinformación para interponer un recurso y recibir la atención necesaria pueden ocultar una mayor situación de violencia contra las mujeres; considerar la violencia en su contra como “cotidiana” también genera su perpetuación y subregistro. [98] En este mismo periodo cinco adultos mayores también fueron registrados como víctimas de violencia.

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Mapa 41. Intensidad de presunto delito sexual en localidades, Bogotá (enero-septiembre 2013)

242. Preocupa, por ejemplo, que la ausencia de un enfoque étnico en los registros administrativos de las diferentes autoridades referenciadas no permita evidenciar la situación de las mujeres afrodescendientes e indígenas en la localidad, hecho que afecta de forma negativa el diagnóstico, el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas y medidas de respuesta necesarias. Un cambio de orientación en la política y en el sistema de registro para introducir un enfoque diferencial sensible a estos pueblos y personas en los términos del art. 7 de la Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT es una obligación nacional e internacional de cumplimiento prioritario. 243. ara el caso de las mujeres afrodescendientes CODHES tuvo conocimiento sobre su crítica situación, pues además de sufrir el impacto de la violencia que victimiza a las demás mujeres de la localidad, también son afectadas por diferentes formas de exclusión, segregación, discriminación

racial y violencia. En San Cristóbal, muchas de las mujeres afrodescendientes y sus familias son personas desplazadas, antecedente que indica que han vivido un pasado violento y traumático y, por tanto, no deben ser revictimizadas, sino tratadas de forma prioritaria, sensible y respetuosa, reconociendo el estatus de sujetos de protección especial y reforzada como un deber de estricto cumplimiento para todas las autoridades del Estado de conformidad con la constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional99. 244. Otro de los grupos afectados de forma prolongada e intensa por la violencia en la localidad de San Cristóbal debido a su identidad de género y su identidad sexual es y ha sido la población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intergénero). CODHES realizó un taller para analizar su [99] Véanse Autos 092 de 2008 y 005 de 2009, Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-025 de 2004. Para las mujeres indígenas véase entre otros Auto 004 de 2009, Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-025 de 2004.

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Todas las personas, incluyendo a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBTI), tienen derecho a gozar de las protecciones previstas por el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo el respeto del derecho a la vida, a la seguridad personal y la vida privada, el derecho a ser libres de tortura, arresto y detención arbitraria, el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica100.

Mapa 42. Distribución de detenciones por localidad, Sistema de Responsabilidad Penal Adolecentes, 2013

Aprehensiones Número personas Sin informaci n 0,0001% - 3,0% 3,1% - 6,0%

SUBA

6,1% - 12,0%

USAQUEN

12,1% - 70% ENGATIVA FONTIBON BARRIOS UNIDOS

BOSA

3.2.3.1. Los niños

TEUSAQUILLO CHAPINERO KENNEDY PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE

245. En la localidad de San Cristóbal los niños también fueron víctimas de una alta incidencia de la violencia, entre enero y septiembre de 2013 se registraron 77 casos de violencia en su contra, mientras en localidades como Chapinero y Sumapaz para el mismo periodo se registraron menos de cinco casos.

SAN CRISTOBAL

CIUDAD BOLIVAR

USME

SUMAPAZ

0 1,5 3

12 Kil metros

Fuente: CIC-Bogotá 2013. Centro de Estudio de análisis en Seguridad y Convivencia, Secretaría de Gobierno de Bogotá.

situación de derechos humanos con personas y representantes de esta población, junto con funcionarios de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, en el mes de abril de 2014. Las y los asistentes relataron a CODHES una larga historia de violencia en su contra, situación que afecta de manera desproporcionada a la población trans; entre las formas de violencia relatadas están los homicidios y ataques graves contra su integridad física y personal. Una mujer trans asistente al taller narró que había sido víctima de un ataque en el que le perpetraron 17 puñaladas, afirmó estar viva “por que aún no le tocaba”. Los robos y otros ataques con crueldad hacen parte de la violencia sistemática en su contra. Los tratos degradantes y la discriminación por miembros de la comunidad y autoridades fueron señalados como parte de su cruda realidad. En este contexto es importante recordar que:

246. Los niños y los jóvenes de la localidad son vulnerables a múltiples formas de violencia, CODHES recibió relatos creíbles de estrategias y casos de reclutamiento y cooptación de grupos armados o de delincuencia común organizada en su contra, actores violentos que se aprovechan de la compleja condición de exclusión y pobreza en la que viven muchos de estos niños y jóvenes para involucrarlos en sus estructuras; las oportunidades laborales y de educación superior que permitirían una mayor movilidad social a estos jóvenes son en extremo restringidas. El problema de “pandillas” y delincuencia también se reporta como uno de los factores generadores de mayor violencia por y contra los jóvenes. En este complejo escenario los jóvenes terminan no solo siendo víctimas de la violencia, también sus perpetradores, situación que afecta intensamente, además de sus derechos a la seguridad e integridad personal, también su derecho a la libertad (mapa 42).

[100] Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas. Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity. Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General. New York: General Assembly, United Nations. (A/HRC/19/49), 2011 (traducción propia).

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3.2.3.2. Los afrodescendientes 247. Lo que advertimos para el caso de las mujeres afrodescendientes es igual para el resto de esta población en la localidad, hasta el momento su situación no ha sido caracterizada, así que no se tiene un registro sobre su composición demográfica actual, ni sobre la dimensión de las dificultades que los afectan y los retos que enfrentan. Sin embargo, a partir de la información recabada se puede precisar que los afrodescendientes son uno de los grupos más afectados por la violencia en la localidad de San Cristóbal 248. Según informó a CODHES un funcionario distrital de la oficina de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, entrevistado en el curso de esta investigación101, la situación local de las y los afrodescendientes en la localidad es grave, en particular en el sector de Santa Rosa, pues son gravemente impactados por el delito común y se informa que se han presentado varios asesinatos de jóvenes de esta comunidad. De otro lado, el racismo es constante y afecta sus vidas a todo nivel, tanto institucional como social. Algunas de las víctimas de esta violencia relataron a CODHES que cuando se acercan a pedir atención de las autoridades o acceso a las “oportunidades de vivienda” (renta) de la localidad en muchos casos se les rechaza o no se les atiende y se les trata sin respeto. Ninguna política está dirigida de forma específica a erradicar el racismo, y a proteger y atender a las víctimas de discriminación racial. 249. Como advertimos previamente, esta situación es alarmante sobre todo si se tiene en cuenta que la población afrodescendiente que ha llegado a la localidad lo ha hecho, en muchos casos, en calidad de víctimas de una gama múltiple de violaciones graves de sus derechos humanos, incluida la destrucción de sus comunidades y cultura, como también el desplazamiento forzado, y han sido prolongadamente expuestos a una intensa violencia; un trato considerado, respetuoso y una atención prioritaria y diferencial en su calidad de sujetos de especial protección constitucional102 es central para contrarrestar la violencia sufrida y su continuidad en la localidad. En este complejo marco la caracterización y atención integral a su situación, al igual que la de la población indígena, es más que prioritaria; la participación y la consulta previa para la adopción de estas y otras medidas requeridas es un derecho y una obligación institucional a todo nivel de conformidad con el Convenio 169 de la OIT.

3.2.4. El miedo ante la violencia en San Cristóbal 250. La intensidad de la violencia registrada y la inseguridad conexa muestran cómo cada día los habitantes de la localidad deben enfrentarse al temor derivado del impacto del crimen y el delito. No extraña entonces que en los últimos años con información disponible (2011-2012) más del 40 % de las y los entrevistados afirmen sentirse inseguros en la localidad (mapas 43 y 44 respectivamente). 251. Antes de continuar es importante advertir que la percepción de seguridad es un indicador importante en relación con los derechos a la libertad y seguridad personal, pues es un indicador subjetivo sobre la valoración que hacen las personas de su situación, de forma tal que la percepción de inseguridad revela la manera negativa en que las personas sienten y viven su entorno. Sentirse inseguro o insegura puede restringir no solo su tranquilidad y trato con los demás miembros de la comunidad, sino también la libre movilidad en su hábitat, dado el agobiante temor de ser víctima de alguna de las múltiples formas de violencia que impactan la localidad. El trabajo de una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos supone entonces una respuesta integral para conjurar el temor, neutralizar y desarticular toda forma de amenaza.

3.2.5. Amenazas a la seguridad ciudadana en la localidad de San Cristóbal 252. Aunque la percepción de inseguridad es subjetiva, las amenazas a la seguridad ciudadana y a la integridad personal no lo son. El análisis antecedente no examina de forma exhaustiva todas las dimensiones de inseguridad ciudadana y violencia que afectan a los habitantes de la localidad de San Cristóbal, no obstante, trata de poner de manifiesto los complejos problemas en materia de seguridad ciudadana que afrontan la localidad y sus diversos habitantes, autoridades y comunidades, poblaciones diversas, grupos étnicos, el sector privado, las organizaciones y otros actores involucrados o interesados.

[101] Entrevista telefónica realizada el 15 de julio de 2014. [102] Véase Auto 005 de 2009, Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004.

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Mapa 43. Percepción de inseguridad localidades de Bogotá, 2011

Mapa 44. Percepción de inseguridad localidades de Bogotá, 2012

Porcentaje de población con percepción de inseguridad

Percepción de inseguridad 2011

Percepción de inseguridad 2012

24 - 26

25 - 29

27 - 35

30 - 35

36 - 46

36 - 44

SUBA

47 - 51 52 - 55

SUBA

45 - 50 51 - 56

USAQUEN

ENGATIVA

FONTIBON BARRIOS UNIDOS

BOSA

FONTIBON BARRIOS UNIDOS

TEUSAQUILLO CHAPINERO KENNEDY

BOSA

PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE

TEUSAQUILLO CHAPINERO KENNEDY PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE

SAN CRISTOBAL

CIUDAD BOLIVAR

USME

SUMAPAZ

USME

0 1,5 3

12 Kil metros

SUMAPAZ

0 1,5 3

12 Kil metros

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá, 2012.

253. La CIDH precisa que la seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados103. Esta sección tiene el propósito de analizar algunas de las amenazas a la seguridad ciudadana que afectan de manera sensible a la localidad de San Cristóbal: la violencia intrafamiliar, el delito callejero y la delincuencia organizada. 254. Las violaciones de los derechos humanos a la vida, la seguridad e integridad personal y material de las y los habitantes de la localidad de San Cristóbal, lejos de obedecer a un único patrón de

violencia son, más bien, un fenómeno complejo y dinámico que atraviesa toda la trama social, desde el núcleo básico de la sociedad, que según nuestra Constitución es la familia, lugar en el que se presentan complicados casos de violencia contra las mujeres, las y los menores, hasta alcanzar una violencia de mayor escala social y territorial, que afecta la cuadra, el barrio, la escuela y las también “fronteras invisibles” de grandes, medianas y pequeñas extensiones territoriales, en el marco del control de redes criminales, algunas en formación, con diferentes grados de organización y alcance, quienes a través del crimen y el delito transforman la vida y el hábitat social en un campo amenazante y hostil para el desarrollo armónico de la comunidad y la vigencia de los derechos humanos.

[103] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II, 2009. Resumen Ejecutivo, par. 2.

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255. Los retos son grandes. CODHES, en su más reciente estudio sobre “Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas”, de 2014, puso de manifiesto, por ejemplo, que en Bogotá existen fuertes expresiones del conflicto armado urbano, que hay presencia de grupos armados ilegales en zonas periféricas y marginales, y que persisten graves vulneraciones de los derechos humanos de la población. Entre ellas las más preocupantes son el desplazamiento forzado intraurbano, el reclutamiento forzado, la utilización ilegal de niños, niñas y jóvenes, y el despliegue de repertorios de violencia e intimidación —amenazas, persecuciones, desapariciones y asesinatos— en contra de líderes y lideresas sociales, integrantes de juntas de acción comunal, líderes y lideresas de personas en situación de desplazamiento, defensores y defensoras de derechos humanos, al igual que el ataque y hostigamiento a estructuras sociales organizativas, y en algunos casos las extorsiones a sectores económicos o comerciales, entre otras104. 256. En la localidad de San Cristóbal, como en otras zonas estratégicas de la ciudad de Bogotá, operan redes criminales y delictivas que van desde pequeñas asociaciones informales que son responsables en su mayoría de los hurtos o atracos con violencia y otras acciones que lesionan la seguridad ciudadana, como es el caso del hurto de inmuebles y vehículos que requiere una red delictiva más organizada, hasta redes criminales altamente estructuradas que, entre otros crímenes, son los presuntos responsables de las privaciones arbitrarias a la vida llamadas “ajustes de cuentas” (según la información oficial explican más del 30 % de los asesinatos registrados en el primer semestre de 2014 en la localidad de San Cristóbal). 257. Estos grupos y sus redes criminales enmarcadas en una gama amplia de acciones delictivas que afectan los entornos sociales, y de manera preocupante el sistema educativo y a la población joven, se fortalecen en su mayoría controlando y extendiendo mercados ilegales, como el tráfico y la distribución sistemática de drogas, y redes ilegales organizadas para la compra y venta de artículos robados. También ofrecen servicios de “seguridad” y “cobro de cuentas”, y algunos de estos grupos controlan redes de extorsión que afectan seriamente la economía legal de las zonas en donde operan, en las que controlan las llamadas “ollas” o centros de expendido de estupefacientes que afectan algunos barrios de la localidad y diferentes zonas del

[104] CODHES. Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas. Bogotá, Cúcuta y Quibdó, op. cit., pp. 22-44.

Distrito. En otros casos controlan el contrabando o la distribución de mercancías en los llamados San Andresitos o ejercen su poder de coerción en mercados legales como es el caso de las centrales de abastos y otros conglomerados comerciales, o se nutren de la mezcla de estas y otras actividades. 258. Los grupos armados ilegales son la expresión más organizada de este tipo de estructuras, seguidos por otras organizaciones o grupos o bandas de menor capacidad coercitiva y logística, pero igualmente letales, quienes en su conjunto, bien sea por separado o en algunos casos de manera coordinada, serían los responsables de gran parte de las más graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario perpetradas en la ciudad, con impactos y secuelas diferenciales en sus localidades y poblaciones, pues las más afectadas son las zonas más periféricas y marginadas y, dentro de estas, los más afectados son los grupos más vulnerables, como es el caso de desplazados y víctimas, los jóvenes, las mujeres, afrodescendientes, indígenas y población LGBTI en la localidad de San Cristóbal. 259. Aunque necesario, este informe no tiene el alcance para identificar y examinar a fondo esta problemática y la compleja dinámica de actores que extiende e instrumentaliza la violencia; trabajo central de los cuerpos de inteligencia y policía judicial, y los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, en el marco de sus posibilidades a continuación profundizamos en algunas de las amenazas conectadas con los patrones de violencia reseñados, aquellas identificadas como más problemáticas en términos de violaciones de los derechos humanos en la localidad de San Cristóbal.

3.2.5.1. Perpetradores de violencia intrafamiliar y la basada en patrones de discriminación 260. En primer lugar debemos analizar el contexto más inmediato a la persona humana, la familia. La Declaración Universal de Derechos Humanos prescribe (art. 12) que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada ni en su familia, ni de ataques a su honra y reputación, y establece que toda persona tiene derecho a la protección de la ley y contra tales injerencias o ataques. Señala además que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado (art. 16,3). La Constitución Política de Colombia establece a su vez que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de

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la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad (art. 5). Sin embargo, y muy a pesar de la importancia que le han dado las y los colombianos a la familia como estructura básica de la sociedad, esta es en muchos casos el escenario en el que comienza el ciclo de violencias que vulneran la integridad de la persona humana y sus derechos fundamentales, entre otros su libertad, dignidad e integridad. 261. El maltrato intrafamiliar, en especial hacia los menores y de manera más impactante hacia las niñas, al igual que las formas de violencia basada en patrones de discriminación como la violencia ejercida contra las mujeres, tienen al hogar como el escenario en donde se efectúan las agresiones y violaciones de sus derechos humanos; en la mayoría de los casos los victimarios son los hombres, muchos de ellos familiares o personas cercanas a las víctimas. Dos de las tres mujeres asesinadas por sus parejas en la localidad de San Cristóbal en el primer semestre de este año lo fueron en su hogar o vivienda. En la mayoría de los casos de maltrato y violencia infantil los y las perpetradoras son sus padres, familiares o personas encargadas del cuidado del o la menor. De forma tal que en el entorno de la familia y las afinidades electivas comienza la primera carga de la degradada violencia social que nos aqueja. 262. Estas violencias se manifiestan de manera más intensa y predominante en contra de las niñas, los niños y las mujeres, y tiene entre sus víctimas silenciosas a personas con orientación sexual o de género diversas quienes, según relataron a CODHES representantes de la población LGBTI, son violentados, tratados de forma degradante y estigmatizados por ejercer su derecho legítimo a la identidad y libre expresión de su personalidad; su aporte a la construcción de la economía y cultura de la comunidad en muchos casos no se les reconoce. En los casos de violencia basados en patrones de discriminación, no solo es el seno de la familia el espacio donde se efectúan estas violencias, sino el total del entorno y hábitat social. El riesgo de violencia sexual y ataques en contra de su cuerpo e integridad física son los factores ambientales más amenazantes para muchas de estas personas. La violencia sexual, incluida la violación, también están relacionadas con circunstancias y amenazas del entorno cercano y comunitario.

263. Las personas en situación de discapacidad y sus representantes también relataron a CODHES105 sobre formas de maltrato y violencia perpetradas en su contra, entre otros, por familiares o personas cercanas a su entorno; los tratos degradantes, las restricciones a su movilidad y las intromisiones indebidas en su sexualidad, y diferentes formas de marginación y subestima fueron narrados como parte de los patrones de violencia efectuados en su contra. 264. El ataque puede ocurrir en el seno de la familia, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, el barrio, la UPZ y, en general, en todos los espacios de la vida; el campo de interacción entre actores estatales y los ciudadanos es el escenario de estos crímenes106. Así, para las víctimas de todas estas formas de violencia la amenaza se manifiesta y materializa tanto en el ámbito más íntimo del hogar y la familia como en el espacio reconocido como público. Situación crítica que se ve exacerbada cuando la víctima pertenece a un grupo objeto de discriminación racial, como es el caso de los niños, las niñas y las mujeres afrodescendientes, quienes debido a la intersección de las diferentes formas de violencia en su contra se ven mucho más afectadas, en especial si son personas desplazadas en condición de vulnerabilidad extrema. 265. Quienes perpetran estos crímenes, sus victimarios, en muchos casos no son llevados como responsables ante las autoridades, en parte por la escasa denuncia de estas violaciones de los derechos humanos o por la misma indefensión y vulnerabilidad de la víctima; la falta de conciencia social sobre los daños y peligros de estas formas de violencia también afecta su identificación y tratamiento, al igual que la falta de recursos y coordinación entre las diferentes autoridades para un manejo integral del crimen y la seguridad ciudadana. Las personas LGBTI relataron a CODHES que en algunos casos las autoridades no toman en serio o desatendieron sus denuncias, y en los casos en que las escucharon o no lo hicieron con la eficacia y efectividad requerida para neutralizar la amenaza o asistir a la víctima, o lo hicieron sin la sensibilidad y el respeto requerido o con abusos de poder que terminan profundizando la situación de violencia.

[105] CODHES. Diagnóstico y propuestas para el plan de derechos humanos personas con discapacidad localidad de San Cristóbal, Alcaldía de San Cristóbal. Bogotá: CODHES, 2014. [106] PNUD. Informe al PNUD, 2013. p. 82. Cabe precisar que el análisis del PNUD se restringe a la violencia de género; sin embargo, lo hemos adaptado a otros casos de violencia basados en patrones de discriminación en los que es igualmente aplicable.

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266. En este punto es central recordar que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, al igual que por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (CP, art. 6). De conformidad con este principio constitucional los particulares, todos los ciudadanos y habitantes de la localidad de San Cristóbal también son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. 267. En este marco toda violencia, sea esta letal o contra la integridad física, intrafamiliar, violencia basada en patrones de discriminación como la violencia de género, o aquella perpetrada por motivo de la diversidad étnica o sexual de la persona debe ser denunciada, registrada y sus presuntos perpetradores en caso de ser responsables sobre la base de un debido proceso, deben recibir sanción y tratamiento para la no repetición de estos crímenes. Las víctimas deben recibir asistencia y atención integral, al igual que la rehabilitación y reparación. Así, la atención y reparación integral de las víctimas de la violencia, el crimen y el delito, y la no impunidad para llevar a la justicia a todos los perpetradores de estas violaciones son los objetivos centrales de la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos. 268. El subregistro de estas formas de violencia que vulneran el tejido más sensible y la integridad de las familias y personas en la localidad de San Cristóbal y la impunidad también a este asociada deben ser tratadas y superadas de forma integral y prioritaria, pues la familia y el entono social más cercano, terminan siendo —y no deben ser— el punto de partida de una violencia y discriminación sistemática que se ramifica y extiende a todos los demás escenarios y dimensiones sociales, como la comunidad y el Estado. En el encuentro interinstitucional realizado en este diagnóstico las diferentes autoridades coincidieron en afirmar que los vínculos comunitarios como la familia, la escuela y la comunidad vienen perdiendo la cohesión y fuerza que los configuraba como el cimiento y fundamento de la sociedad, hallando esta erosión como causa central de la degradación de la actual violencia local. 269. Muchos de los ahora victimarios y perpetradores fueron los y las niñas y jóvenes víctimas de la violencia y exclusión en el pasado, de ahí la importancia de centrar los esfuerzos en procesos comunitarios de desarrollo humano, justicia restaurativa, memoria, rehabilitación, reparación (incluida la colectiva), reconciliación, sobre la base de la búsqueda de acuerdos cada vez más colectivos, la ampliación de oportunidades y la construcción

participativa de la paz. El general de la comunidad, principalmente las y los jóvenes, debe hacer parte y ser beneficiada por estos y otros esfuerzos. 270. El poder judicial, el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario deben centrar su esfuerzos en la investigación, judicialización y sanción, y efectiva socialización de los perpetradores de violaciones de los derechos humanos o infracciones al DIH. La prevención juega un rol fundamental en este camino. A tal efecto, la sociedad en su conjunto y sus organizaciones, los niveles ejecutivos del gobierno —local, distrital y nacional—, al igual que el sector privado y demás miembros o instituciones de la comunidad, deben participar activamente en un proceso articulado de construcción y desarrollo de una política de seguridad ciudadana y derechos humanos integral y democrática. La cultura y la educación, por tanto el sistema educativo y la familia, deben jugar un papel central introduciendo de forma estructural un enfoque pedagógico y de relacionamiento centrado en el ejercicio efectivo de la democracia y los derechos humanos.

3.2.6. Delincuencia en San Cristóbal: la vida en medio de la violencia y el riesgo de una carrera delictiva 271. En el transcurso de esta investigación algunas personas narraron a CODHES, con profunda preocupación y tristeza, casos sobre gente conocida o familiares caracterizados porque sus protagonistas, en su mayoría jóvenes, fueron asesinados por situaciones relacionadas primero con su vinculación al delito común o callejero y progresivamente con grupos de pandillas o con el crimen estructurado. Vínculo que según sus relatos comenzó desde temprana edad y que en muchos casos condujo a la muerte o al encarcelamiento de estas personas. En gran parte de los casos los relatos señalaban cómo los daños y la mayoría de vidas perdidas correspondían a personas cercanas, de la comunidad o vecindad, también en su mayoría jóvenes, no vinculados con ningún tipo de acciones criminales o delictivas, siendo las principales víctimas de esta desmedida violencia. 272. La delincuencia común en San Cristóbal está entre las principales amenazas identificadas como causas generadoras de la actual violencia. El delito callejero, el ingreso en las llamadas “pandillas”, es en muchos casos el punto de partida hacia una vida criminal y hacia la perpetuación de esta forma de vida violenta y restringida.

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273. El PNUD define el delito común como “los actos motivados por afán de lucro, como hurtos y robos de pequeña cuantía, que suelen ocurrir en lugares públicos y pueden involucrar, en algunos casos, amenazas de violencia, golpes o lesiones contra las víctimas. Transcurren con mayor intensidad en entornos urbanos y generalmente no se denuncian”107. 274. Como lo diagnosticó la investigación realizada sobre la situación de convivencia y seguridad escolar por la Estrategia Respuesta Integral de Orientación Escolar (RIO), de la Secretaría de Educación de Bogotá, llevada a cabo en el último trimestre del 2013, en San Cristóbal “las pandillas están asociadas a la intimidación mediante amenazas, robos callejeros y extorsiones al comercio como parte del ejercicio del control territorial. Las víctimas de estos hechos son en su mayoría estudiantes de los colegios, a quienes les quitan maletas, dinero y teléfonos móviles, al iniciar o terminar las jornadas académicas, concentrándose en las horas de la tarde. A estas víctimas se suman los habitantes de los barrios, pero principalmente, los transeúntes o desconocidos del sector”108. 275. Los victimarios son descritos en su mayoría como menores de edad, consumidores de sustancias psicoactivas (SPA), integrantes de parches y pandillas, muchas de ellas lideradas por persona adultas, que ejecutan hurtos con la utilización de armas blancas y operan en pequeños grupos (dos o más) con el objetivo de conseguir bienes de intercambio para obtener drogas o control territorial. En algunos casos los jóvenes de las barras hacen parte de estos patrones o de otras formas de violencia masiva como disputas territoriales, peleas campales o riñas. El detallado estudio identificó además la presencia de más de 15 pandillas tan solo en la UPZ San Blas, reportando entre los factores vinculados a esta problemática el consumo y la venta de SPA, al igual que el robo callejero en la vía pública y el transporte urbano; fenómenos identificados de manera directa e indirecta como de mayor impacto en la percepción de inseguridad de los habitantes y transeúntes de los barios locales. 276. De acuerdo con el estudio del programa RIO la percepción general de inseguridad de la comunidad también se ve afectada por “déficits estatales en la implementación de justicia en tanto que se presentan situaciones de impunidad, desconfianza de los vecinos y corrupción, así como también debilidades [107] PNUD. Informe AL PNUD, 2013. p. 75 (énfasis agregado). [108] Véase López, Ávila y Valero. Informe Ejecutivo sobre Situación de Convivencia y Seguridad Escolar en la UPZ No 32 - San Blas. Localidad No 4 San Cristóbal, 2014.

de los tensores sociales (familia, escuela y sociedad) y el deficiente desarrollo económico del sector”109. La crítica situación afrontada y la falta de efectividad de las autoridades para enfrentarla y no agudizarla han minado la confianza de muchos ciudadanos ante las instituciones, en algunos escenarios los asistentes a los diagnósticos participativos sobre la situación local de derechos humanos afirmaron a CODHES sentir que la respuesta institucional a los problemas es insuficiente y que en otros casos sienten que los recursos se han dirigido a objetivos no públicos ni comunitarios. 277. Esta problemática en San Cristóbal no es reciente. En el informe de Lineamientos para el Plan de Acción de Derechos Humanos para Jóvenes para la localidad 2009-2012 se señala claramente cómo en la lectura de contexto “docentes y jóvenes manifestaron su preocupación por la presencia de pandillas en la localidad. Los continuos robos que se presentan, sumados a la territorialización de ciertos barrios por parte de estos grupos, hacen que las personas de la comunidad sientan temor al transitar por algunos sectores. Así mismo, la presencia de estos grupos a las afueras de las instituciones educativas, y la participación de algunos de los estudiantes y egresados en pandillas, genera una sensación de inseguridad entre miembros de la comunidad educativa, que se evidencia en casos de violencia, y agresiones que permean la realidad escolar […], el Plan informa además cómo en el diagnóstico de esta multidimensional violencia fue recurrente el tema de abuso de la fuerza pública”110. 278. El problema de la violencia por y contra jóvenes, y su vinculación temprana y progresiva a estructuras delictivas y criminales es preocupante, y por la misma razón, los abusos de fuerza por parte de las autoridades, en particular contra la población juvenil, en un contexto de tan compleja violencia, también lo es. En el desarrollo de esta investigación CODHES tuvo conocimento sobre la persistencia de reclutamientos forzados o batidas por parte de la fuerza pública en la localidad. Como hemos advertimos recientemente en el informe sobre desplazamiento intraurbano en

[109] Ibid, p. 6. [110] El plan precisa que el problema de abuso de autoridad supone “la visión del joven como problema, y se ha reflejado en las acciones de algunos miembros de la policía y el ejército, que constantemente requisan a los jóvenes y recurren a la violencia, lo cual afecta el ejercicio de su derecho a la vida, libertad e integridad personal. De igual modo, las y los jóvenes señalan que en el caso de que miembros de la policía agredan a un joven no hay sanción o es mínima”. Secretaría de Integración Social. Lineamientos. Plan de Acción en Derechos Humanos para Jóvenes, 2009-2012. Localidad 4, San Cristóbal. Véase en especial el capítulo sobre Derechos Civiles y Políticos, las secciones Pandillas y Percepción de Seguridad y Abuso de Autoridad (énfasis agregado).

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Bogotá111 tales acciones, además de haber sido declaradas inconstitucionales por parte de la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-879 de 2011, pueden constituir infracciones al derecho internacional humanitario y van en contravía de la intensión de brindar a los jóvenes oportunidades para que puedan construir su futuro por fuera de la violencia. 279. Para neutralizar el ciclo de múltiples violencias en la localidad, en particular contra jóvenes y grupos vulnerables, es central entonces devolver a la ciudanía la confianza en las instituciones del Estado y reorientar las actividades de las autoridades públicas, en particular quienes detentan el monopolio de la fuerza, a una gestión transparente, sujeta a la constitución, la ley y la vigencia efectiva del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La violencia ilegal por parte de actores estatales o la vinculación en hechos de ilegalidad erosiona su legitimidad, reproduce la impunidad, mina la confianza en las instituciones de seguridad y justicia112, y puede tener implicaciones graves en violaciones de derechos humanos. 280. Para contrarrestar estas amenazas a la seguridad ciudadana de las y los habitantes en San Cristóbal, el Plan de acción de derechos humanos para la localidad debe dirigir todo su potencial y recursos a desestimular el ingreso de las y los menores en actividades delictivas o criminales individuales o asociativas a todo nivel, como también a desvincular y resocializar a quienes hacen parte ya de esos grupos y esas actividades. Prevenir la violencia contra las y los menores, y protegerlos para evitar su precoz ingreso en una vida violenta o delictiva a cualquier nivel, dado el grave riesgo para la libertad, seguridad e integridad personal tanto de quienes ingresan a estos grupos o pandillas como para el resto de la comunidad es un asunto prioritario.

3.2.7. Delincuencia organizada en San Cristóbal: control y violencia estructurada

la coacción y, en algunos casos, la violencia113. Como advertimos previamente, la delincuencia organizada fue identificada por las autoridades policiales como la responsable de al menos el 30 % de los homicidios perpetrados en San Cristóbal entre los meses de enero y abril de 2014, con un promedio de aproximadamente 3 homicidios por mes. 282. Según informaron a CODHES fuentes creíbles, estos grupos estarían vinculados, entre otros, con el impactante homicidio del líder cultural y artista Gerson Martínez de 29 años, quien fue asesinado a tiros por un grupo de encapuchados fuertemente armados el 4 de enero de 2014, cerca de la ciudadela Santa Rosa en la localidad de San Cristóbal114. Este incidente, aún en investigación, involucró además a otros jóvenes, uno de ellos también herido, en lo que una de las personas entrevistadas en desarrollo de esta investigación reconoció como “un intento de masacre”. 283. Algunas de las fuentes consultadas en este diagnóstico señalan como responsables de la violencia actualmente desbordada en la localidad de San Cristóbal a grupos de delincuencia altamente estructurados que habrían migrado hacia la localidad a partir del mes de agosto de 2013 desde la zona conocida como “el Bronks” en el centro de Bogotá, como efecto de la persecución sistemática de las autoridades hacia estos grupos115, quienes para evadir la presión de las autoridades se habrían desplazado hacia zonas periféricas y marginales de la ciudad, en el caso de San Cristóbal, se presume apropiándose progresivamente de las ollas y otras actividades delictivas. La disputa por la expansión y el control territorial pueden explicar en parte el aumento de los crímenes en la localidad. 284. Es importante advertir que en un escenario de marcada desigualdad y marginación, y de reconocida presencia de múltiples pandillas como el actual en la localidad de San Cristóbal, este tipo de redes criminales pueden llegar a presionar e instrumentalizar jóvenes con o sin antecedentes delincuenciales o cooptar a pandillas [113] Ibid., p. 76.

281. Según el PNUD la delincuencia organizada incluye toda acción delictiva organizada y prolongada en el tiempo, cuya capacidad de sustraer y proveer bienes y servicios recae en el uso de la corrupción,

[114] Para ampliar este caso véanse Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Asesinado Gerson Martínez, artista urbano, y agredidos otros jóvenes en la localidad de San Cristóbal Sur [en línea]. Disponible en: http:// comitepermanente.org/index.php?option=com_content&view=article&id=428:as esinado-gerson-martinez-artista-urbano-y-agredidos-otros-jovenes-en-lalocalidad-de-san-cristobal-sur&catid=11&Itemid=124 [con acceso 17 julio 2014]; Valenzuela, Santiago y Segura, Camilo. Asesinado promotor de la marcha en defensa de Petro, 2014 [en línea]. Disponible en: http://www.elespectador.com/ noticias/bogota/asesinado-promotor-de-marcha-defensa-de-petroarticulo-467538 [con acceso17 julio 2014].

[111] CODHES. Informe sobre desplazamiento intraurbano en Bogotá. Bogotá: CODHES, 2014. pp. 38-39.

[115] Véase por ejemplo, El espectador.com. 2013. “Desarticulan el ‘gancho Homero’ de ‘el Bronks’” [en línea]. Disponible en: http://www.elespectador.com/ noticias/bogota/desarticulan-el-gancho-homero-de-el-bronx-articulo-411817 [con acceso 2 junio 2014].

[112] PNUD. Informe al PNUD, 2013. pp. 85-86.

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ya estructuradas para aumentar el despliegue y la diversidad de sus actividades delictivas y fortalecer su control de la economía ilegal y el territorio, utilizándolos, entre otras, para labores relacionadas con el microtráfico, venta y consumo de SPA, la trata de personas y la prostitución, la extorsión, la vigilancia para evadir el control de las autoridades, y para actividades criminales de grave impacto en los derechos humanos como el sicariato. En otros casos estas redes criminales cumplen tareas o encomiendas de otras bandas criminales de alcance nacional e internacional116. Los llamados “tierreros” encargados del mercado ilegal del suelo y la vivienda en Bogotá serían parte de estos grupos de delincuencia organizada con historia en la localidad117. 285. A este ciclo de múltiples actores y repertorios de violencia, que van desde la violencia intrafamiliar o por patrones de discriminación, a la violencia delincuencial y la más estructurada perpetrada por el crimen organizado en la localidad de San Cristóbal, debe agregarse la violencia derivada de presunta presencia y accionar de los grupos armados ilegales; amenaza de gran alcance para los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que será examinada en la parte final del capítulo III. 286. Para terminar este balance de seguridad ciudadana es importante insistir, de conformidad con la prescripción de la senadora electa Claudia López, en la necesidad de identificar una por una las actividades que realizan las pandillas, combos, bandas y otras redes criminales en los barrios y localidades, y saber cómo estas organizaciones sustituyen al Estado y cómo regulan el comercio y las actividades sociales118. En este complejo escenario la política de seguridad ciudadana debe aspirar a enfrentar estas problemáticas sin reproducir o aumentar el uso de la violencia, mediante la prevención, la apertura de espacios de participación ciudadana, la garantía a las víctimas de la violencia y el delito de un acceso equitativo a la justicia, la reparación y a los mecanismos de protección y atención, especialmente con el fortalecimiento de las capacidades institucionales y democráticas del Estado119.

[116] Valencia, León. ¿Cómo enfrentar la violencia ciudadana y las bandas criminales en el posconflicto? En Ávila, Giraldo-Ramírez et al., op. cit., p. 16. [117] Véase: Redacción El Tiempo. 2012. “Tierreros” una red de urbanizadores piratas, en 7 localidades [en línea]. Disponible en: http://www.eltiempo.com/ archivo/documento/CMS-11021803 [con acceso 2 junio 2014]. [118] Citada por León Valencia, en Ávila, Giraldo-Ramírez et al., op. cit., p. 17. [119] PNUD. Informe al PNUD, 2013. pp. 47-48 (énfasis agregado).

3.3. Derechos políticos, participación y gobernanza democrática en la localidad de San Cristóbal 287. El PIDCP reconoce que no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y la miseria, a menos que se creen las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales. Como hemos visto hasta aquí, la localidad de San Cristóbal aún no ha logrado las condiciones que permitan a cada una y cada uno de sus habitantes el goce efectivo e integral de estos derechos humanos. Esta sección tiene el propósito de analizar los derechos y las oportunidades de participar en los asuntos públicos para las y los habitantes de la localidad de San Cristóbal. 288. CODHES examinó los planes de desarrollo de la localidad de San Cristóbal120 en un periodo de más de diez años (2005-2016)121. La creciente preocupación por la situación de derechos humanos en la localidad se hace evidente en los tres planes de desarrollo que comprenden el periodo de estudio, ya que todos introducen —al menos formalmente— políticas encaminadas a hacer efectivos algunos derechos humanos. Los planes de gobierno local incluyeron medidas conectadas con temas de reconciliación y paz, desplazamiento forzado, reinserción, seguridad y convivencia ciudadana, prevención de la violencia y la delincuencia, justicia y promoción de los derechos humanos. 289. El Plan de gobierno (2005-2008), “San Cristóbal sin indiferencia, humana, sensible y productiva” planteó, por ejemplo, el eje de reconciliación que buscaba fomentar una cultura de paz, un ambiente de seguridad para la reconciliación y el respeto de los derechos humanos. Se ejecutaron programas en las siguientes dimensiones: i) gestión pacífica de conflictos; ii) derechos humanos para todos y todas; iii) sistema de justicia de la ciudad; iv) atención integral de violencia, delincuencia y orden público; y iv) el programa “Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos”. [120] Las localidades de la ciudad fueron creadas mediante el acuerdo 2 del 29 de enero de 1992, como una división territorial del Distrito Capital, correspondiéndoles, a cada una de ellas, una nomenclatura, con límites determinados, que en las zonas adoptaron el nombre del conglomerado urbano o sector rural tradicional que caracteriza a cada una. Alcaldía Mayor de Bogotá. Funciones de los Alcaldes Locales, 2006 [en línea]. Disponible en: http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/ php/frame_detalle.php?h_id=1093&patron=01.010907. [con acceso 05 abril 2014]. [121] Los planes locales de desarrollo de la localidad de San Cristóbal deben responder de forma coherente al plan distrital de desarrollo, de conformidad con el Decreto 1421 de 1993. Es por eso que los ejes, programas y proyectos locales — como es el caso de los aquí estudiados— en su gran mayoría se derivan de los programas adoptados en el sector central.

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290. En el gobierno (2009-2012), “San Cristóbal incluyente, propositiva y segura”, en términos de derechos humanos estructuró un eje de Construcción y Reconciliación centrado en la atención a la población desplazada y la resocialización de los excombatientes. Cabe recordar que para el año 2008 se reportaba que el 60 % de los 4.500 desmovilizados de grupos armados ilegales en Bogotá vivían en cinco localidades: Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Bosa y San Cristóbal122. No extraña entonces que los programas de este periodo de gobierno estuvieran dirigidos a: i) la atención al proceso de desmovilización y reintegración; ii) fortalecimiento en las acciones de derechos humanos; iii) atención integral a la población desplazada; iv) apoyo al proceso de paz. 291. A pesar de que el diseño de estas dimensiones de políticas muestra una clara preocupación de los gobiernos subnacionales de Bogotá y la localidad, al dirigir recursos del fondo de inversión local a tratar temas específicos de derechos humanos, la conclusión preliminar del examen de estas políticas en el contexto de la situación actualmente identificada evidencia que los buenos propósitos no estuvieron acompañados de los recursos financieros y técnicos para lograr unos resultados coherentes con los problemas afrontados. El caso de la ciudadela Santa Rosa así lo prueba, pues pasó de ser un prometedor proyecto de vivienda a finales del siglo pasado, a un grave problema social en nuestros días, en el que convergen en condiciones de extrema precariedad y riesgo personas desplazadas y víctimas, la mayoría de ellas afrodescendientes, población reinsertada y económicamente vulnerable, entre otros actores. En donde a pesar de los esfuerzos de la política pública local y distrital123 los conflictos y la violencia, incluido el racismo, se han agudizado progresivamente124. 292. Para responder a estos retos el Plan de gobierno (2013-2016) presenta tres programas que buscan la garantía de los derechos humanos: i) lucha contra distintos tipos de discriminación y violencia

[122] Revista cambio. Desmovilizados se molestan por cambio en el modelo de reintegración, 2 de noviembre de 2008 [en línea]. Disponible en: http://www. eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4164768. Columna citada en Plan de Acción en Derechos Humanos para Jóvenes, 2009-2012. Secretaría de Integración Social. Localidad 4 San Cristóbal, 8 (énfasis agregado). [123] Esta preocupante problemática fue abordada por la comunidad y las autoridades el miércoles 7 de mayo de 2014 en el contexto de un Consejo de Seguridad. [124] Véase por ejemplo, El Espectador, 2013. Santa Rosa: urbanización Problema, 10 de abril. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/santarosa-urbanizacion-problema-articulo-415265 [con acceso 2 junio 2014]. Véase también: RCN la Radio. A pedazos se caen las casas de la ciudadela Santa Rosa [en línea]. Disponible en: http://m.rcnradio.com/noticias/pedazos-se-caen-las-casas-de-ciudadela-santarosa-67495 [con acceso 2 junio 2014].

por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital en San Cristóbal; ii) San Cristóbal un territorio que defiende y promueve los derechos humanos; iii) el programa Territorios de vida y paz con prevención del delito en San Cristóbal. Estos programas, que adolecen de los mismos problemas estructurales de los adoptados en los anteriores planes en términos de recursos técnicos y presupuestales suficientes, evidencian una clara preocupación de las autoridades locales en el marco de sus competencias, incluida la Junta Administradora Local, para responder al grave problema de seguridad ciudadana y derechos humanos que afronta la localidad (tabla 9). 293. Adicionalmente, en la localidad existen otras autoridades del Estado con competencia para interponer recursos en casos de violaciones de los derechos humanos y para acompañar los casos en que tales violaciones se presentan, como es la Personería local. La Defensoría del Pueblo también hace parte del Ministerio Público y tiene competencias en esta materia. En términos de rendición de cuentas125, monitorización y evaluación de la gestión pública la localidad también cuenta con la respectiva gerencia local de la Contraloría de Bogotá, que es la entidad que coordina, dispone y organiza los procesos de control fiscal, entre otras funciones (tabla 10). 294. De otro lado, la territorialización del Plan de desarrollo Bogotá Humana (2012-2016) en la localidad de San Cristóbal presenta, además, una gama de mecanismos para la promoción y garantía de los derechos humanos de importancia local, en el marco de la coordinación nación-territorio, entre los que cabe destacar: i) el plan de prevención de líderes y lideresas de San Cristóbal; ii) el Plan de prevención y protección de mujeres; iii) la política pública de prevención, protección, atención y asistencia, y reparación integral a las víctimas del conflicto armado residentes en la ciudad; iv) la política de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Bogotá; al igual que a v) Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que se han visto afectados o son víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá; vi) Apoyo alimentario y nutricional e inclusión social con enfoque diferencial para personas víctimas del conflicto armado; vii) articulación Nación-Distrito; viii) Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad; ix) Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad [125] En el año 2013 se realizó el último ejercicio de rendición de cuentas de gobierno local. Véase Secretaría de Planeación Distrital. Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local. Informe de Rendición de Cuentas Localidad de San Cristóbal. Vigencia 2013.

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Tabla 9. Niveles de gobierno distrital y local y competencias

COMPETENCIA

DISTRITO

Concejo Distrital

Alcalde Mayor

Desarrollo armónico de la ciudad

LOCALIDAD

Junta Administradora Local (JAL)

Alcalde Local

Gestión asuntos propios del territorio

Fuente: Decreto Nacional 1421 de 1993 (arts. 5 y 61).

Tabla 10. Competencias Ministerio Público y Contraloría en el nivel local

Entidad

Competencias

Contraloría de Bogotá D.C. – Gerencias locales

»» Coordina, dispone, organiza los procesos de control fiscal en la localidad. »» Ejecuta políticas y estrategias de participación ciudadana y control social. »» Organiza los dispositivos y operativos para la evaluación de calidad y eficiencia del control interno en la localidad. »» Otras.

Personería local

»» Recepción y trámite de requerimientos ciudadanos. »» Orientación jurídica y general a la comunidad. »» Ejercicio de la labor del Ministerio Público ante procesos y trámites del ámbito local. »» Ejercicio de la labor continua de veeduría respecto de las actuaciones de los funcionarios de las instituciones con presencia en la localidad. »» Recepcionar la declaración de las víctimas en el marco de la Ley de Víctimas (1448 y los decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011). »» Acompañamiento directo en casos de vulneración de Derechos Humanos.

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para disfrutar y aprender; x) Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación; y muy especialmente el programa xi) Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos. 295. Es importante resaltar además que la localidad de San Cristóbal tiene una gama de mecanismos de participación local centrales para mejorar el seguimiento y cumplimiento de todos los derechos humanos, entre los que debe destacarse por su importancia en esta materia el Comité Local de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos126, que entre sus funciones tiene la de “analizar los principales problemas de derechos humanos que se presenten en el Distrito, que afecten con mayor agudeza a la población y plantear políticas y procedimientos para superarlos, atender las denuncias relacionadas con los derechos humanos y asesorar a las víctimas sobre el quehacer en cada caso concreto y llevar una relación estadística sobre las violaciones de los derechos humanos127. 296. Adicionalmente, la localidad cuenta con una gama de comités temáticos de participación y concertación, algunos de ellos promovidos por la JAL y el gobierno local, que involucran toda una gama de mecanismos para responder a poblaciones y situaciones específicas relativas a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, entre ellos: 1. C omité de participación comunitaria (COPACOSSALUD) (Decreto nacional 1757 de 1994). 2. C omité Local de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos128. [126] Los comités locales se encargarán de “la coordinación y asesoría de los programas en las diferentes localidades de la ciudad, los cuales deberán seguir los lineamientos generales que emanen del Comité Distrital”. Acuerdo Distrital 4 de 1995, artículo 8. [127] Adelantar campañas de educación a la comunidad sobre todo lo referente a los derechos humanos, la importancia de su defensa, el respeto y el papel de las instituciones gubernamentales para garantía de los mismos; apoyar las gestiones que emprenda el personero distrital y demás entidades gubernamentales, en cuanto hace referencia a la denuncia e investigación sobre violaciones de los Derechos Humanos en la jurisdicción del Distrito; atender las denuncias relacionadas con los derechos humanos y asesorar a las víctimas sobre el quehacer en cada caso concreto; canalizar hacia el defensor del pueblo las distintas propuestas y sugerencias que la comunidad local exprese para plantear a las autoridades competentes su atención pronta y oportuna; colaborar con la Personería Distrital en la supervisión y vigilancia de los establecimientos carcelarios, internados psiquiátricos, ancianatos, sala-cunas, centros de protección al menor, centros de rehabilitación para el menor infractor, centros de rehabilitación para discapacitados, hogares comunitarios y hospitales ubicados en la jurisdicción del Distrito, con el fin de vigilar el respeto de los derechos humanos y coadyuvar a su desarrollo y progreso; coordinar y elaborar al desarrollo de las acciones que realicen los Comités de Derechos Humanos de los centros carcelarios y penitenciarios y de las guarniciones militares y de policía; recomendar a la Administración la ejecución de obras y acciones que estén encaminadas a solucionar problemas que de manera especial beneficien a la comunidad, relacionados con los derechos humanos. [128] Los comités locales se encargarán de “la coordinación y asesoría de los programas en las diferentes localidades de la ciudad, los cuales deberán seguir lineamientos generales del Comité Distrital”. Acuerdo Distrital 4 de 1995, artículo 8.

3. Consejo Distrital de Paz (Acuerdo distrital 17 de 1999). 4. C onsejo de Planeación Local (Acuerdo distrital 13 de 2000). 5. C onsejo local de seguridad (Decreto local 14 de 2000). 6. C omités Locales de Control Social de los parques metropolitanos, zonales y vecinales del Sistema Distrital de Parques (Acuerdo distrital 78 de 2002, Decreto distrital 263 de 2003). 7. Comité Local de Emergencias (Decreto distrital 332 de 2004). 8. Comité Local de San Cristóbal para la Atención de la Población Desplazada por la Violencia (Decreto local 005 de 2007). 9. Consejo local de Arte, Cultura y Patrimonio (Decreto distrital 627 de 2007). 10. Consejo Local de Propiedad Horizontal (Acuerdo local 014 de 2009). 11. Consejo Local para la atención integral a víctimas de la violencia intrafamiliar y violencia y explotación sexual de San Cristóbal (Decreto local 14 de 2009). 12. Juntas Zonales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Decreto local 15 de 2009). 13. Mesa local de comunicación y medios comunitarios, alternativos y escolares (Decreto local 007 de 2010). 14. Consejo Local de Juventud (Decreto Distrital 687 y Acuerdo Distrital 33 de 2011). 15. Consejo Local de Productividad, Competitividad y Desarrollo Económico (Acuerdo local 036 de 2011). 16. Consejo Local de Deporte, Recreación y Actividad Física (Acuerdo local 038 de 2011). 17. Consejo Local de Persona Mayor (Acuerdo local 14 de 2012). 18. Consejo Local de Discapacidad (Acuerdo distrital 505 de 2012). 19. Consejos Locales de Seguridad de la Mujer (Acuerdo distrital 546 de 2013).

297. A estos mecanismos locales de participación y concertación deben agregarse otros de gran importancia temática, entre ellos, la Mesa LGBTI y la Mesa para afrodescendientes, en tanto que introducen de manera progresiva un enfoque más sensible para conocer y atender desde una perspectiva diferencial la compleja situación de derechos humanos que afronta la localidad. Aunque estos espacios, debido a diferentes tipos de limitaciones, en algunos casos no cumplan el mandato ni el propósito para el que fueron diseñados, sin duda son un avance importante en términos de la democratización a escala local. Mecanismos locales que siempre deben estar en continua monitorización y seguimiento de

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la situación general de derechos humanos de la localidad, y en la búsqueda de propuestas y medidas tendentes a ampliar cada vez más su base participativa y sus cercanía a la comunidad. 298. Avances que para su consolidación y eficacia requieren cualificar cada vez más su trabajo y el de sus representantes, incluida la comunidad, entre otras, con un conocimiento más amplio del derecho internacional de los derechos humanos y el derechos internacional humanitario, al igual que con mejores capacidades contextuales, financieras, técnicas y logísticas, a fin de que en coordinación con los demás niveles de gobierno y Estado respondan de forma articulada y eficaz a todos los retos de derechos humanos y de DIH. La articulación y coordinación con Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, al igual que con los mecanismos y las organizaciones especializadas en derechos, es un componente central en este esfuerzo. 299. Esfuerzo más que realizable dada la diversidad y riqueza de organizaciones sociales que han venido y vienen promoviendo activamente el goce efectivo de derechos en la localidad de San Cristóbal, como son la Fundación PEPASO, AVESOL, Creciendo Unidos, Jugando por la Paz, Caminando entre las Nubes, Taller de Formación Juan Rap, Centro de Reconciliación la Florida, Casa de Cultura y Convivencia Pacífica, CHILCOS, Escuela Popular de Artes, Red Loma Sur, y otras tantas que con sus esfuerzos enriquecen la cultura local y buscan la resolución pacífica de los conflictos, la vigencia integral de los derechos, la democracia y una sociedad cada vez más justa y en paz. Las víctimas también se han organizado y han enriquecido esta dinámica organizativa. Este rico movimiento social en la localidad de San Cristóbal merece un especial reconocimiento por su labor, al igual que recursos suficientes y oportunos para su sostenibilidad y expansión. 300. En este escenario de múltiples mecanismos relevantes para la garantía de los derechos humanos, y en el marco de una ciudadanía participativa, activa y crítica, y una administración pública democrática y transparente, eliminar el desconocimiento y el menosprecio por los derechos humanos que originan su sistemática violación, al igual que eliminar el miedo y la miseria que estas violaciones producen en la familia humana, son sin duda anhelos de una realidad posible de alcanzar en la dinámica y diversa localidad de San Cristóbal.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

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4. CAPÍTULO III. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

4.1. Las víctimas y las marcas de la guerra

A continuación se presenta una breve línea de tiempo que resume la producción jurisprudencial y legislativa al respecto:

301. El conflicto armado en Colombia, en particular el último momento del conflicto insurgente, contrainsurgente y paraestatal ha generado múltiples afectaciones a las víctimas, a las comunidades, a los territorios129 y a las dinámicas asociadas con la urbanización y generación de redes sociales. Una de las situaciones derivadas del desplazamiento forzado, por ejemplo, es la desconfianza que caracteriza las relaciones de muchas víctimas y poblaciones receptoras desde ambas partes, lo que dificulta la construcción social de territorio y los procesos organizativos a nivel local.

1997

302. Adicionalmente, los procesos de negociación con los grupos armados, y la necesaria reintegración de los excombatientes en condiciones dignas en las que se les permita efectivamente aportar a las comunidades y a las víctimas, a sentirse seguras, suponen un desafío adicional. Más aún cuando la reconfiguración del conflicto invita a estas personas a regresar a las armas y el riesgo de perpetuar la violencia aumenta en los escenarios locales. Por esta razón, la política pública desde el diagnóstico mismo debe considerar a las víctimas, las personas desmovilizadas de grupos armados y a las comunidades receptoras.

2003

303. La producción legislativa y jurisprudencial presenta el marco para el análisis del conflicto armado desde sus manifestaciones (presencia, victimizaciones), hasta sus consecuencias (víctimas) desde cualquier escala en Colombia.

En lo que tiene que ver específicamente con la población desplazada, la Ley 387 de 1997 establece “medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”. En el marco de esta se crea el Sistema de Información sobre Población en Situación de Desplazamiento, y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional asume la responsabilidad de coordinar el Sistema Nación de Atención a Población Desplazada (SNAPD).

Por medio de la Sentencia T-268 la Corte Constitucional, en respuesta a una acción de Tutela de la Defensoría del Pueblo de Medellín, reconoce el desplazamiento forzado intraurbano como aquel que sucede al interior de las fronteras del casco urbano y declara que no es una condición del desplazamiento forzado salir del casco urbano ni del municipio para ser considerado, reconocido y atendido como tal; en el mismo sentido establece que para que un hecho pueda ser reconocido como desplazamiento forzado solamente se requieren dos elementos: coacción para salir del lugar de residencia permanente, y la efectiva salida de ese lugar.

2004 La Corte Constitucional, en respuesta a una serie de tutelas que buscaban la garantía de los derechos de la población en situación de desplazamiento declara el Estado de cosas inconstitucional frente a la situación de esta población, a través de la Sentencia T-025 de 2004.

[129] Que para el caso de los pueblos afrodescendientes e indígenas también es considerado víctima de acuerdo con los decretos ley 4633 y 4635 de 2011.

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2005 La Ley 975 de Justicia y Paz establece los procedimientos para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, en la que se hacen manifiestos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado. Si bien esta ley cobija a los miembros de grupos armados en general, fue diseñada en el marco del proceso de desmovilización paramilitar.

2008 Con respecto a la afectación particular de las mujeres la Corte Constitucional, en el Auto 098 de 2008,de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, no solamente señala que son un grupo poblacional más vulnerable y que, por tanto, requieren de atención diferenciada, sino que además señala riesgos desproporcionados como consecuencia del conflicto armado por su condición de mujeres. Estos riesgos son: “a) el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado, en tanto factores causales del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres; b) el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados como femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales; c) el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de familia; d) los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares o personales —voluntarias, accidentales o presuntas— con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o con miembros de la Fuerza Pública, principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por los bandos ilegales enemigos; e) los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado; f) el riesgo de persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional;

100

g) el riesgo por el asesinato o la desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social; h) el riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles rurales; i) los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y j) el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento”.

2009 (1) En relación con los Pueblos Indígenas en el Auto 004 de 2009, en seguimiento a sentencia T - 024 sobre “víctimas de desplazamiento la Corte declara que los pueblos indígenas de Colombia, […] están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del derecho internacional humanitario, todo lo cual ha repercutido en el desplazamiento forzado individual o colectivo de indígenas. Además, declarar que el Estado colombiano está en la obligación doble de prevenir las causas del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, y atender a la población indígena desplazada con el enfoque diferencial que para ello se requiere”.

2009 (2) En relación con los pueblos afrodescendientes en el Auto 005 de 2009, en seguimiento también a la sentencia T-025, “declara que los individuos y las comunidades afrocolombianos en situación de desplazamiento y confinamiento no son tratados de manera acorde con su estatus como sujetos de especial protección constitucional, en sí mismos titulares de derechos individuales y colectivos fundamentales, y merecedores de atención y protección prioritaria y diferenciada; y que sus derechos fundamentales prevalecientes están siendo masiva y continuamente desconocidos”. Además constató que la “política pública de atención a la población desplazada carece de un enfoque integral de atención diferencial a la población afrocolombiana en situación de desplazamiento, que sea sensible a los riesgos especiales que sufren, a los factores transversales que inciden en el desplazamiento y el confinamiento de esta población y los riesgos particulares que impactan de manera desproporcionada en sus derechos”.

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2009 (3) En relación con el registro y la caracterización de la población desplazada para el efectivo diagnóstico, y el subregistro como barrera de acceso a las medidas de atención y estabilización socioeconómica.

2011 La Ley 1448 o Ley de Víctimas y restitución de tierras ordena la prevención de hechos victimizantes contra la población civil en el marco del conflicto armado, así como la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto, parte de esa reparación supone procesos de reparación colectiva y de restitución de tierras y territorios abandonados o despojados. Se reconocen, además del desplazamiento forzado, otros diez hechos victimizantes. En el marco de esta, se transforma la institucionalidad, se crean nuevas instituciones y reconoce de manera particular la necesidad de concebir la afectación y por tanto la atención y reparación diferenciada de los pueblos étnicos a través de los Decretos Ley 4633 para población indígena, 4634 para población rom y 4635 para población afrodescendiente en lo que, entre otras, se reconoce el territorio como víctima y los pueblos como colectivos victimizados.

4.1.1. Víctimas en San Cristóbal 304. En el marco de la Ley 387 de 1997, el Decreto 1290 de 2008 y la Ley 1448 de 2011, desde 1985 al 1 de abril de 2014 había incluidas en el registro 6.372.539 personas víctimas del conflicto armado, de estas el 81,6 % fueron víctimas de desplazamiento forzado. Históricamente Bogotá ha sido la ciudad con mayores niveles de llegada de población desplazada. De acuerdo con las estimaciones de CODHES, entre el 6 y el 16 % de la población desplazada llega cada año a Bogotá, y esta es cada año la primera o segunda130 ciudad con mayores niveles de arribo de población en situación de desplazamiento. 305. Según los datos de incluidos desde 1985 hasta febrero de 2014, por lo menos 443.775 personas declararon haber sido desplazadas por el conflicto y haber llegado a Bogotá. De acuerdo con las estimaciones de CODHES, sin embargo, esta cifra desde 1999 a 2012 (un periodo menor), era de 540.714 personas en situación de desplazamiento en la ciudad. De estas, los centros Dignificar131, han atendido a 181.386 [130] Lo mismo sucede con Medellín, a donde en algunos años del periodo analizado ha llegado más población que a Bogotá. [131] En el marco de la Ley 1448 de 2011, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas y la Reconciliación, creó los Centros Dignificar, que son los centros locales de atención a la población víctima del conflicto armado a nivel distrital.

personas en situación de desplazamiento hasta marzo de 2014, es decir, al 56 % de las personas que declararon su situación. Por esta razón, y dado que la información existente corresponde principalmente a este hecho victimizante, el análisis que se refiere a víctimas se concentrará en la información derivada de esta población132. Esto sin desconocer las situaciones particulares de las víctimas de otros hechos victimizantes, por el contrario evidenciando las brechas que existen en términos de información disponible y, por tanto, la necesidad de una caracterización exhaustiva que cumpla con lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de seguimiento.

4.1.1.1. ¿De dónde vienen y a dónde llegaron? 306. Los principales departamentos de donde debieron salir las personas que llegaron a Bogotá en situación de desplazamiento forzado son, según los registros, Tolima (57.220 personas), Cundinamarca, (26.232 personas), Meta (23.465 personas), Caquetá (21.347 personas), Huila (20.523 personas) y Antioquia (17.277 personas). Podría decirse en general que a Bogotá ha llegado en proporciones similares población desplazada de todo el país. La figura 38 y los mapas 45 y 46 evidencian tal situación. 307. Bogotá, como unidad territorial, es heterogénea en tanto la distribución espacial de sus localidades y, así mismo, en cuanto a los niveles de densidad poblacional, como se evidenció en el primer capítulo. En este sentido, dadas las posibilidades de acceso a vivienda, la cercanía con la ruralidad, las redes sociales en la ciudad y las dinámicas de segregación socioespacial, entre otras, supondrían que la población en situación de desplazamiento se ha ubicado en las localidades de borde. Las localidades con mayor número de población desplazada son Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y San Cristóbal, como se ilustra en la figura 39. Sin embargo, no posible suponer que la presión en cada una de estas localidades es equivalente, en tanto el espacio geográfico y especialmente el espacio para expansión urbana son diferentes en cada localidad; como con la densidad poblacional.

[132] La información disponible es disímil, y existen múltiples datos que se abordarán en el análisis, relacionados con acceso al goce efectivo de derechos y otras informaciones de carácter demográfico que no se encuentran disponibles para todos los registros. Por tanto, deberá ser tomada como información de referencia en tanto el estado de la información manifiesta la necesidad de una caracterización exhaustiva, como se menciona en adelante.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

101

Mapa 45. Departamento de origen de la población desplazada que vive en Bogotá

Mapa 46. Municipio de origen de la población desplazada que vive en Bogotá

LA GUAJIRA 0 1,753,5

10,5

ATL` NTICO MAGDALENA

14 Kil metros

0 1,753,5

10,5

14 Kil metros

CESAR SUCRE BOL˝VAR

C RDOBA

NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

ANTIOQUIA

ARAUCA

CHOC

BOYAC` CASANARE CALDAS CUNDINAMARCA RISARALDA VICHADA QUIND OBOGOT` D.C. TOLIMA VALLE DEL CAUCA META CAUCA

GUAIN A

HUILA GUAVIARE

NARI O PUTUMAYO

CAQUET`

Población desplazada en Bogotá Departamento de origen Personas

VAUP S

Población desplazada en Bogotá

AMAZONAS

Municipio de proveniencia Contraste CODHES

233 - 3512

1 - 203

3513 - 7956

204 - 592

7956 - 12965

593 - 1337

12965 - 26232 26233 - 57220

1338 - 2586 0 2,75 5,5

16,5

22 Kil metros

2587 - 6295

0 2,75 5,5

16,5

22 Kil metros

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

308. En términos de tasa por 100 mil habitantes133, la afectación de la localidad de San Cristóbal es más evidente en tanto supera la de Suba y Kennedy. Esto con relación a las proyecciones poblacionales del DANE, de cada 100 mil habitantes 3.493 son población en situación de desplazamiento. Los mapas 47 a 49 evidencian lo anterior. En el mapa 47, de total de población desplazada por localidad de residencia, es posible identificar las dinámicas de llegada hacia las localidades de borde en el norte de la ciudad: Suba, Engativá y Usaquén, además

de las localidades del sur de la ciudad con mayor población. Sin embargo, la afectación relativa al total de la población, que se evidencia en mapa 48, se concentra principalmente en las localidades del centro hacia el sur. Esto podría suponer que dado el espacio de localidades como suba, la presión poblacional en general es mayor y que, en ese sentido, la población desplazada no representa un porcentaje considerable del total de la población en la localidad.

[133] Si bien no todas las localidades tienen más de 100.000 habitantes, como el caso de Sumapaz, es un mecanismo para homogeneizar el análisis de la información e identificar niveles de presión. Esta tasa constituye simplemente un indicativo.

102

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9,7% 9,3%

Porcentaje de participación

12%

6,9% 5,8% 5,8% 5,7% 5,5% 4,4% 4,1% 3,3% 3% 2,5% 2,5% 2,4% 2,2% 1,9% 1,6%

10% 8% 6% 4% 2%

0,1% 0,1% 0,1%

14%

1,5% 1,3% 1,2% 1,1% 0,9% 0,8% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3%

16%

13,6%

Figura 38. Departamento de expulsión de población desplazada que ha llegado a Bogotá

as az

jir

Vi c

ua G

a uc ra A

al C

ya c Bo

lív ar Bo

ui H

et M

au lc de

Va l

lim

Departamento de expulsión Fuente: cálculos CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

30000

5000

25000

4000

20000 3000 15000 2000

10000 5000

1000 0

iu d

lív ar Bo s K en a ne dy Sa n Sub C ris a tó Ra ba fa l el U U s rib m e e U rib En e ga tiv U sa á q Tu uén nj u Lo e s M lito ár ti Fo res nt ib ón A nt San on ta F i Pu o N e en ar iñ t Ba e A o ra rr n io s U da ni d C ha os p Te ine ro u La saq ui C l an lo de la r Su ia m ap az

Tasa por 100.000 habitantes

6000

3492,93

35000

14314

Personas desplazadas

Figura 39. Población en situación de desplazamiento en Bogotá por localidades

PSD

Tasa por 100.000 habitantes

Fuente: cálculos CODHES y Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.. Fecha de corte: marzo de 2014.

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103

Mapa 47. Población desplazada por localidad de residencia

Mapa 48. Tasa de población desplazada por 100 mil habitantes por localidad

Tasa de Población desplazada por 100.000 habitantes

Población desplazada por localidad de residencia

Tasa x 100.000 habitantes

PSD 192 - 1544

639,22 - 832,72

1545 - 5130

832,73 - 1591,69 1591,70 - 2828,36

5131 - 9359 SUBA

9360 - 17017

SUBA

2828,37 - 3773,19 3773,20 - 5026,27

USAQUEN

17018 - 32165

USAQUEN

ENGATIVA

FONTIBON BARRIOS UNIDOS

BOSA

FONTIBON BARRIOS UNIDOS

TEUSAQUILLO CHAPINERO KENNEDY

BOSA

PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE

TEUSAQUILLO CHAPINERO KENNEDY PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE

SAN CRISTOBAL

CIUDAD BOLIVAR

USME

0 1,5 3

12 Kil metros

SUMAPAZ

0 1,5 3

SUMAPAZ

Fuente: cálculos CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

104

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12 Kil metros

309. En San Cristóbal sucede lo contario. El 8 % de la población desplazada con algún tipo de registro vive en la localidad y representa el 3,5 % del total de la población local. Si bien en términos absolutos no supone mayores presiones, al compararlo con las demás localidades, como se muestra en la tabla 11, es posible dimensionar la afectación relativa de la localidad. Mapa 49. Participación local en la recepción distrital de población desplazada

Tabla 11. Población desplazada frente al total de la población por localidad

Participación de recepción por localidad Población desplazada por localidad as Percent of Total

Localidad

0,10% - 0,88% 0,89% - 2,93%

SUBA

2,94% - 5,35%

USAQUEN

5,36% - 9,72% 9,73% - 18,38%

ENGATIVA FONTIBON BARRIOS UNIDOS

BOSA

TEUSAQUILLO CHAPINERO KENNEDY PUENTE ARANDA LOS MARTIRES SANTA FE ANTONIO NARI O TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE SAN CRISTOBAL

CIUDAD BOLIVAR

USME

0 1,5 3

12 Kil metros

SUMAPAZ

Porcentaje de población desplazada respecto al total poblacional

Ciudad Bolívar

5,0

Bosa

4,3

Los Mártires

4,2

La Candelaria

3,8

Usme

3,6

San Cristóbal

3,5

Sumapaz

3,1

Santafé

2,8

Rafael Uribe Uribe

2,5

Antonio Nariño

2,5

Kennedy

2,3

Tunjuelito

2,2

Suba

1,6

Fontibón

1,1

Usaquén

1,1

Engativá

1,1

Puente Aranda

1,0

Chapinero

0,8

Barrios Unidos

0,7

Teusaquillo

0,6

Fuente: cálculos CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. y Alcaldía Mayor de Bogotá.

310. En este sentido, la presión institucional y territorial que supone para la ciudad la llegada de población en situación de desplazamiento debe analizarse y abordarse de manera diferencial a nivel local.

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105

Mapa 50. Departamento de origen de la población desplazada que vive en San Cristóbal

LA GUAJIRA ATL` NTICO MAGDALENA CESAR SUCRE BOL˝VAR C RDOBA NORTE DE SANTANDER

ANTIOQUIA CHOC

SANTANDER

ARAUCA

BOYAC` CASANARE

CALDAS CUNDINAMARCA RISARALDA QUIND OBOGOT` D.C. TOLIMA VALLE DEL CAUCA META CAUCA

VICHADA

GUAIN A

HUILA GUAVIARE

NARI O PUTUMAYO

CAQUET`

VAUP S

AMAZONAS Población Desplazada en San Cristobal Personas 4 - 34 35 - 84 85 - 172 173 - 268 269 - 529

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

4.1.2. Víctimas en San Cristóbal, magnitud y características 311. En particular, a la localidad de San Cristóbal han llegado cerca de 14.314 personas en situación de desplazamiento que han sido atendidas por los centros Dignificar. Existe población desplazada que nunca ha sido atendida en ninguno de estos centros y, por tanto, la información localizada depende del registro realizado allí. Asimismo, en el marco de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 se reconocen otros hechos victimizantes, que no están incluidos en el presente análisis como se enunció al inicio de este apartado.

106

312. Tanto como a Bogotá, a San Cristóbal ha llegado población de casi todos los departamentos del país. Sin embargo, por las dinámicas localizadas de la migración, los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Tolima son los principales expulsores de la población desplazada que vive en la localidad. Esto es de vital importancia por los impactos asociados no solamente al cambio de entorno, sino de clima para buena parte de estas poblaciones (con excepción de la población de la cordillera nariñense). El siguiente anillo de origen corresponde a los demás departamentos del occidente del país, en la costa atlántica y pacífica. La población que sale de los departamentos de la Orinoquia y de la Amazonia (a excepción de Caquetá), así como La Guajira y la zona cafetera, llegan en menor medida a la localidad (mapa 50). 313. En particular la entrada por la antigua avenida hacia Villavicencio, que cruza a la localidad, supondría facilidades de acceso a la ciudad desde ese punto para aquellas personas que vienen desde los llanos orientales, en particular del departamento del Meta. En párrafos subsiguientes se presentarán los barrios donde vive la población desplazada según departamento de origen. 314. Al interior de la localidad la población se distribuye hacia el sur-occidente. En la UPZ de Sosiego, la más cercana al centro de la ciudad, es en la que vive menos población desplazada (aproximadamente 1.882 personas)134, la UPZ de La Gloria, que atraviesa la localidad de occidente a oriente, alberga 3.582 personas desplazadas, le sigue San Blas (2.764 personas) y los Libertadores (2.296 personas) (mapa 51). 315. En el mismo sentido, la desagregación de la información de población en situación de desplazamiento permite identificar, que si bien en la UPZ Sosiego, en relación con las demás no hay mayor presión, el barrio Calvo Sur, por ejemplo, ubicado en esta UPZ, es el que alberga mayor número de personas en los registros con cerca de 1.150 desplazados y desplazadas. Le siguen entonces los barrios Altamira (874 personas) y La Victoria (698 personas) de la UPZ La Gloria y Bello Horizonte (619 personas) y 20 de Julio (602 personas) de la UPZ con el mismo nombre (mapa 52).

[134] Es importante resaltar, en cuanto a los datos absolutos, que si bien buena parte de los registros tienen información sobre la localidad de residencia, en menor proporción los datos de la Unidad de Planeación Zonal y menos aún del barrio específico en el que viven las personas. Por esta razón es posible que la información de población desplazada por UPZ no concuerde con los datos totales de población en la localidad.

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Mapa 51. Población en situación de Desplazamiento por UPZ de residencia

Mapa 52. Población en situación de desplazamiento por barrio de residencia

LAS CRUCESLA CANDELARIA RESTREPO

SANTA FE

ANTONIO NARIÑO QUIROGA

LA CANDELARIA LAS CRUCES

RESTREPO

LOURDES

LOURDES QUIROGA

CIUDAD JARDIN

CIUDAD JARDIN SOSIEGO

SOSIEGO SAN JOSE

SAN JOSE

20 DE JULIO

20 DE JULIO SAN BLAS

SAN BLAS

Poblacion Desplazada UPZ

MARRUECOS

Otras Localidades

Personas

MARRUECOS

1882

PARQUE ENTRENUBES

SAN CRISTOBAL Unidad de Planeaci n Zonal

PARQUE ENTRENUBES

Población en situación de desplazamiento

2296

SAN CRISTOBAL

Personas

2478

58 - 1 146 - 59

2764 3582

LA GLORIA

418 - 254

DIANA TURBAY

DANUBIO

253 - 147

LA GLORIA

DANUBIO

LOS LIBERTADORES

PARQUE ENTRENUBES

1150 - 419

LOS LIBERTADORES

USME PARQUE ENTRENUBES

GRAN YOMASA

0 0,2 0,4

0,8

LA FLORA

1,2

1,6 Kil metros

GRAN YOMASA

0,2 0,4

0,8

1,2

LA FLORA

1,6 Kil metros

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

4.1.3. Información poblacional y demográfica 316. Estas poblaciones se autorreconocen principalmente como mestizos (64 %), el 22 % no se reconoce como parte de ninguna etnia, mientras el 12 % se autorreconocen como afrodescendientes y el 2 % como indígenas. Solamente hay registro de una persona raizal desplazada que vive en la localidad. Sin embargo, del 0,44 % no se tiene información sobre la pertenencia étnica. Los mapas 53 y 54 ilustran la concentración de la población étnica según UPZ de residencia. En este mapa es posible evidenciar que en particular las poblaciones afrodescendiente e indígena se ubican en las UPZ 20 de Julio y San Blas. Hay un grupo de población indígena en Sosiego y población afrodescendiente en La Gloria y en Los Libertadores.

317. En cuanto a la orientación sexual, por lo menos el 0,34 % de la población desplazada es LGTBI. Sin embargo, no existe información de orientación sexual para el 45,8 % de la población en situación de desplazamiento, lo que evidencia la imposibilidad para la respuesta diferenciada que requiere la población víctima del conflicto de acuerdo por grupos poblacionales. Incluso, son mayores los datos de la categoría “sin información” que los datos de la población que se reconoció como heterosexual (tabla 12).

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107

Mapa 53. Población afrodescendiente desplazada por UPZ de residencia

SANTA FE

ANTONIO NARIÑO

Mapa 54. Población indígena desplazada por UPZ de residencia

SANTA FE

ANTONIO NARIÑO

! (

! ( ! ( ! (

SAN CRISTOBAL

! (

Población etnica Afrodescendiente

! (

200 - 289

! (

Población etnica

! (

Indígena

! (

290 - 341

SAN CRISTOBAL

! (

341 - 391

32 - 37

38 - 53

54 - 59

60 - 61

! (

! ( USME

USME

0 0,2 0,4

0,8

1,2

1,6 Kil metros

0 0,2 0,4

0,8

1,2

1,6 Kil metros

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

318. Asimismo, el 42 % de la población desplazada en la localidad son hombres y el 58 % mujeres. Si bien la población, en términos de sexo, se distribuye de manera equivalente, los grupos de hombres jóvenes y adultos representan una menor proporción frente a las mujeres de la misma edad. Esta diferencia es más evidente entre los 25 y 45 años, para la que el 34 % son hombres y el 66 % mujeres (figura 40). 319. Esto evidencia los impactos del conflicto en la conformación piramidal de la población en tanto los hombres, y en particular los jóvenes, son más propensos a ser víctimas de reclutamiento forzado, desaparición y homicidios, por lo que se hace necesaria la aplicación de una política de respuesta integral en los términos del Auto 051 de 2008 (Corte Constitucional Sentencia T-025 de 2004). La mayoría de la población desplazada en la localidad son mujeres (58 %), situación que requiere, además de su reconocimiento, de una atención especial por

108

su mayor grado de vulnerabilidad como lo pone de manifiesto la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2009. 320. La población menor de 18 años, que son sujetos de especial protección, conforma cerca de la mitad de la población desplazada en la localidad. El 47 % son niños, niñas y adolescentes, entre estos el 17 % son niños y niñas menores de 5 años. Esto supone desafíos particulares si se considera que la población de la tercera edad es cercana al 4 %, es decir, en principio, el 49 % de la población debe proveer para el otro 51 %. El grupo poblacional más amplio ensimismo, son los adultos, entre 26 y 45 años que corresponden al 24 % de la población, le siguen los jóvenes entre 18 y 25 años (16 %) y los niños entre 0 y 5 años (17 %).En general es población joven, Población Económicamente Activa. Sin embargo, no existe información disponible acerca del nivel de escolaridad de la población (figura 41).

Escuela Popular de Derechos Humanos

Tabla 12. Orientación sexual de la población en situación de desplazamiento

870

Los Libertadores

373

644

No Registra

594

835

642

454

San Blas

475

672

Sosiego

613

285

Total general

2432

3064

0,12 %

18,65 %

0,08 %

23,50 %

% Total

Sin información

504

Lesbiana u Homosexual Femenina

La Gloria

Heterosexual

586

Bisexual

Mujer

Sin información

455

20 de Julio

Homosexual

UPZ

Heterosexual

Intersexual

Bisexual

Hombre

1560 1

816

609

999

591

366

2907

4580

22,30 %

0,02 %

35,13 %

0,06 % 0,02 % 0,02 % 0,12 %

Fuente: elaboración CODHES con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá. Figura 40. Pirámide poblacional de la población desplazada en San Cristóbal

Figura 41. Población por grupo de edad

0-5

17%

10 - 14 18 - 25

10%

24%

46 - 60

12% % Hombres % Mujeres

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

16%

0-5

18 - 25

6-9

26 - 45

10 - 14

46 - 60

15 - 17

60 +

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

109

Mapa 55. UPZ 20 de Julio. Población desplazada según departamento de origen y barrio de residencia 1 punto = 1

QUIROGA

VICHADA

Mapa 56. UPZ La Gloria y Los Libertadores. Población desplazada según departamento de origen y barrio de residencia SAN JOSE

1 punto = 1 VICHADA

1 punto = 1

VAUP ES

CIUDAD JARDIN

VAUP ES

1 punto = 1

20 DE JULIO

VALLEDELCAUCA

1 punto = 1

TOLIMA

1 punto = 1 SUCRE 1 punto = 1

SOSIEGO

1 punto = 1 SUCRE

MARRUECOS

1 punto = 1

SAN BLAS

SANTANDER

1 punto = 1 RISARALDA

SAN JOSE

1 punto = 1

PARQUE ENTRENUBES

RISARALDA

1 punto = 1

QUINDIO

1 punto = 1

PUTUMAYO

1 punto = 1

NORTEDESANTANDER

1 punto = 1

NARINO

1 punto = 1

META

! ! 1 punto = 1 ! META ! ! !

!! ! ! ! ! !!

20 DE JULIO

! !

LA GLORIA

! !

MAG DALENA

! !!

HUILA 1 punto = 1

DIANA TURBAY

1 punto = 1 LAG UAJ IRA

1 punto = 1 GUAINIA

! ! 1 punto = 1 ! CUNDINAMARCA

! ! ! ! ! !

PARQUE ENTRENUBES

LOS LIBERTADORES

CASANARE

0,3

0,45

0,6 Kil metros

GUAVIARE

LAG UAJ IRA

! ! !

GUAINIA

! ! ! !

CUNDINAMARCA

1 punto = 1

1 punto = 1 CORDOBA 1 punto = 1 CHOCO 1 punto = 1

CESAR

!! !

1 punto = 1

CASANARE

CAUCA

! ! 1 punto = 1

PARQUE ENTRENUBES

1 punto = 1

CAQUETA

!! ! ! !

1 punto = 1

CALDAS 1 punto = 1 BOYACA

ARAUCA

! ! 1 punto = 1 ! ANTIOQUIA

CALDAS

BOLIVAR

ATLANTICO

1 punto = 1 BOYACA

! ! 1 punto = 1

ATLANTICO

! ! 1 punto = 1

1 punto = 1

! ! ! !

!! 1 punto = 1

1 punto = 1 ! ! BOLIVAR ! ! 1 punto = 1

0 0,075 0,15

1 punto = 1

! !!

CAUCA

HUILA

! 1 punto = 1

CHOCO

1 punto = 1

! ! !

! !

DIANA TURBAY

DANUBIO

! 1 punto = 1

LA GLORIA

1 punto = 1

CESAR

CORDOBA

1 punto = 1

!! !

SAN BLAS

1 punto = 1

! !

1 punto = 1 MAG DALENA

GUAVIARE

META

1 punto = 1

GRAN YOMASA

LA FLORA

0 0,1250,25

0,5

0,75

Kil metros

ARAUCA

! ! 1 punto = 1 ! ANTIOQUIA

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

4.1.4. Las familias desplazadas en la localidad 321. Retomando los lugares de origen, los mapas 55 y 56 permiten evidenciar la regionalización de los lugares de asentamiento, lo que fortalece la tesis asociada a las redes sociales como determinantes del lugar de destino ante una situación de desplazamiento forzado. Lo que se puede decir al respecto es que si bien hay regionalización, como se puede ver con las familias provenientes de Antioquia y Caldas, el caso de Nariño también es ilustrativo de la concentración en la localidad del 20 de julio (mapa 55). De la misma manera, es posible notar que la

110

concentración en un mismo barrio no solamente se da por una “región”, sino por causas múltiples. Asimismo, población que viene del Chocó también tiende a estar más concentrada en particular en las UPZ de La Gloria y Los Libertadores (mapa 56). 322. Este es un indicador explicativo de la ubicación de la población afrodescendiente en la localidad que coincide con estas UPZ. En Sosiego, la población proveniente de Nariño y Chocó tiene concentraciones significativas en el barrio Calvo Sur. En los demás barrios no se podría hablar de regionalización (mapas 57 y 58).

Escuela Popular de Derechos Humanos

Mapa 57. UPZ San Blas. Población desplazada según departamento de origen y barrio de residencia 1 punto = 1

LAS CRUCES

RESTREPO

Mapa 58. UPZ Sosiego. Población desplazada según departamento de origen y barrio de residencia 1 punto = 1

VICHADA

SANTA ISABEL

1 punto = 1

VAUP ES

LA CANDELARIA

1 punto = 1

LOURDES

CIUDAD JARDIN

VAUP ES 1 punto = 1

VALLEDELCAUCA

1 punto = 1

TOLIMA

1 punto = 1 SUCRE

SOSIEGO SAN JOSE

RESTREPO

1 punto = 1

LAS CRUCES

SUCRE

1 punto = 1

SANTANDER

1 punto = 1

RISARALDA

1 punto = 1

QUINDIO

1 punto = 1

PUTUMAYO

1 punto = 1 NORTEDESANTANDER 1 punto = 1

1 punto = 1

CIUDAD JARDIN

NORTEDESANTANDER

LOURDES

NARINO

1 punto = 1 NARINO

1 punto = 1

! ! !

20 DE JULIO

SAN BLAS

META

1 punto = 1

! ! 1 punto = 1 ! META

META

! 1 punto = 1

! !

MAG DALENA

!! 1 punto = 1

! !! !!

1 punto = 1

META

HUILA 1 punto = 1 GUAVIARE

SOSIEGO

1 punto = 1

LAG UAJ IRA

SAN JOSE

CHOCO

CASANARE

LA GLORIA

1 punto = 1

SAN BLAS

CAQUETA

CALDAS

20 DE JULIO

LOS LIBERTADORES 0 0,1250,25

0,5

0,75

Kil metros

ANTIOQUIA

1 punto = 1

1 punto = 1 CESAR

CAUCA

!! 1 punto = 1

CASANARE

1 punto = 1

CAQUETA

CALDAS

1 punto = 1 BOYACA

1 punto = 1 ! ! BOLIVAR ! ! 1 punto = 1

ATLANTICO

ARAUCA

CHOCO

1 punto = 1

!! 1 punto = 1

! !

1 punto = 1

BOYACA

! ! 1 punto = 1 ! BOLIVAR !! 1 punto = 1

CORDOBA

! ! !

1 punto = 1

! 1 punto = 1

1 punto = 1

1 punto = 1 GUAINIA

CAUCA

! ! 1 punto = 1

LAG UAJ IRA

!! !

! ! 1 punto = 1

! ! ! !

1 punto = 1

! ! ! ! ! !

! 1 punto = 1 ! ! CESAR

GUAVIARE

! ! 1 punto = 1 ! CUNDINAMARCA

1 punto = 1

!! 1 punto = 1 ! CORDOBA ! ! !

HUILA

GUAINIA

! ! 1 punto = 1 ! CUNDINAMARCA

1 punto = 1

1 punto = 1 MAG DALENA

!! ! ! ! ! ! !

! !

0 0,075 0,15

0,3

0,45

0,6 Kil metros

ATLANTICO 1 punto = 1

ARAUCA

! ! 1 punto = 1 ! ANTIOQUIA

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

323. Asimismo, es posible identificar que las familias que han tenido acceso a la atención de los centros Dignificar han llegado históricamente a los mismos barrios, con algunas variaciones y mayores presiones en años recientes pero que puede ser consecuencia del registro y no de los procesos migratorios en sí mismos. 324. A continuación se presentan los mapas de residencia de la población de acuerdo con el año de llegada (mapas 59 a 64). Comparativamente no existen diferencias significativas entre unos periodos y otros en términos de localización, sino de cantidad de población que llega (con registro).

325. La información disponible en los registros de los centros Dignificar permite identificar la conformación por tipo de familia, clasifica a las familias en individual, nuclear, extensa y uniparental. Así, el 42 % de los hogares son nucleares, el 35 % son uniparentales, el 13 % son individuales y el 6 % son extensos. Del 4 % restante no se tiene información.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

111

Mapa 59. Población desplazada que llegó entre 1985 y 1990

Mapa 60. Población desplazada que llegó entre 1990 y 1995

LA CANDELARIA

LAS CRUCES

RESTREPO

LAS CRUCES

RESTREPO LOURDES

QUIROGA

LOURDES QUIROGA

CIUDAD JARDIN

SOSIEGO

SAN JOSE

20 DE JULIO

20 DE JULIO SAN BLAS

SAN BLAS

MARRUECOS

PARQUE ENTRENUBES

Población desplazada que llegó

Población desplazada que llegó ENTRE1985Y1990

ENTRE1991Y1995

LA GLORIA

Otras Localidades

DIANA TURBAY

SAN CRISTOBAL

LA GLORIA

Otras Localidades

DIANA TURBAY

SAN CRISTOBAL

Unidad de Planeaci n Zonal

DANUBIO

LOS LIBERTADORES

PARQUE ENTRENUBES

GRAN YOMASA

LOS LIBERTADORES

PARQUE ENTRENUBES

LA FLORA

Unidad de Planeaci n Zonal

0,2 0,4

0,8

1,2

1,6 Kil metros

GRAN YOMASA

0,2 0,4

0,8

1,2

LA FLORA

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

112

Escuela Popular de Derechos Humanos

1,6 Kil metros

Mapa 61. Población desplazada que llegó entre 1996 y 2000

Mapa 62. Población desplazada que llegó entre 2001 y 2005

LA CANDELARIA

LAS CRUCES

RESTREPO

LAS CRUCES

RESTREPO LOURDES

QUIROGA

LOURDES QUIROGA

CIUDAD JARDIN

SOSIEGO

SAN JOSE

20 DE JULIO

20 DE JULIO SAN BLAS

SAN BLAS

MARRUECOS

PARQUE ENTRENUBES

Población desplazada que llegó Población desplazada que llegó

ENTRE2001Y2005

ENTRE1996Y2000

LA GLORIA

Otras Localidades

DIANA TURBAY

SAN CRISTOBAL

LA GLORIA

Otras Localidades

DIANA TURBAY

SAN CRISTOBAL

Unidad de Planeaci n Zonal

DANUBIO

LOS LIBERTADORES

PARQUE ENTRENUBES

GRAN YOMASA

LOS LIBERTADORES

PARQUE ENTRENUBES

LA FLORA

Unidad de Planeaci n Zonal

0,2 0,4

0,8

1,2

1,6 Kil metros

GRAN YOMASA

0,2 0,4

0,8

1,2

LA FLORA

1,6 Kil metros

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

113

Mapa 63. Población desplazada que llegó entre 2006 y 2010

Mapa 64. Población desplazada que llegó entre 2011 y 2013

LA CANDELARIA

LAS CRUCES

RESTREPO

LAS CRUCES

RESTREPO LOURDES

QUIROGA

LOURDES QUIROGA

CIUDAD JARDIN

SOSIEGO

SAN JOSE

20 DE JULIO

20 DE JULIO SAN BLAS

SAN BLAS

MARRUECOS

Población desplazada que llegó

PARQUE ENTRENUBES

ENTRE2005Y2010

Población desplazada que llegó

PARQUE ENTRENUBES

ENTRE2011Y2013

4-3

LA GLORIA

Otras Localidades

DIANA TURBAY

SAN CRISTOBAL

6-5

LA GLORIA

Otras Localidades

DIANA TURBAY

SAN CRISTOBAL

Unidad de Planeaci n Zonal

DANUBIO

LOS LIBERTADORES

PARQUE ENTRENUBES

GRAN YOMASA

LOS LIBERTADORES

PARQUE ENTRENUBES

LA FLORA

Unidad de Planeaci n Zonal

0,2 0,4

0,8

1,2

1,6 Kil metros

GRAN YOMASA

0,2 0,4

0,8

1,2

LA FLORA

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

114

Escuela Popular de Derechos Humanos

1,6 Kil metros

Mapa 65. Hogares extensos por barrio

Mapa 66. Hogares individuales por barrio

LA CANDELARIA

LAS CRUCES

RESTREPO

LAS CRUCES

RESTREPO LOURDES

QUIROGA

LOURDES QUIROGA

CIUDAD JARDIN

SOSIEGO

SAN JOSE

20 DE JULIO

20 DE JULIO SAN BLAS

SAN BLAS

MARRUECOS

PARQUE ENTRENUBES

Tipo de Hogar

EXTENSA

INDIVIDUAL

2-1

4-2

5-4

LA GLORIA

12 - 5

LA GLORIA

Otras Localidades

DIANA TURBAY

SAN CRISTOBAL

Otras Localidades

DIANA TURBAY

SAN CRISTOBAL

Unidad de Planeaci n Zonal

DANUBIO

LOS LIBERTADORES

PARQUE ENTRENUBES

GRAN YOMASA

LOS LIBERTADORES

PARQUE ENTRENUBES

LA FLORA

Unidad de Planeaci n Zonal

0,2 0,4

0,8

1,2

1,6 Kil metros

GRAN YOMASA

0,2 0,4

0,8

1,2

LA FLORA

1,6 Kil metros

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

326. Los mapas 65 a 68 muestran el tipo de familia según la configuración del hogar definida en el registro de los centros Dignificar por barrio de residencia. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, como los barrios uniparentales (mapa 68) se conforman respecto a la cabeza de familia femenina y masculina. Así mismo, cómo estos tipos de familias interactúan con los datos de ocupación que se presentarán más adelante. 327. De los hogares uniparentales, el 95 %, tienen como cabeza de hogar femenina y el 5 % masculina. Todas las familias extensas tienen como cabeza de familia una mujer, el 90 % de los hogares nucleares tienen como cabeza de familia un hombre, y los hogares individuales no tienen información acerca de cabeza de familia.

328. Por otra parte, respecto al acceso a bienes y servicios que pueden garantizar el goce de determinados derechos, la información disponible solamente corresponde a vivienda, salud y ocupación. Si bien es posible identificar territorialmente dónde hay mayores dificultades y dónde se podría suponer que no, es necesario tener en cuenta que una vivienda no necesariamente satisface el derecho a la vivienda digna, y que estar afiliado al sistema de salud no necesariamente garantiza el efectivo acceso a estas instituciones.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

115

Mapa 67. Hogares nucleares por barrio

Mapa 68. Hogares uniparentales por barrio

LA CANDELARIA

LAS CRUCES

RESTREPO

LAS CRUCES

RESTREPO LOURDES

QUIROGA

LOURDES QUIROGA

CIUDAD JARDIN

SOSIEGO

SAN JOSE

20 DE JULIO

20 DE JULIO SAN BLAS

SAN BLAS

MARRUECOS

PARQUE ENTRENUBES

Tipo de Hogar

NUCLEAR

UNIPARENTAL

3-1

8-4

10 - 4

14 - 9

LA GLORIA

22 - 11

LA GLORIA

Otras Localidades

DIANA TURBAY

SAN CRISTOBAL

Otras Localidades

DIANA TURBAY

SAN CRISTOBAL

Unidad de Planeaci n Zonal

DANUBIO

LOS LIBERTADORES

PARQUE ENTRENUBES

GRAN YOMASA

LOS LIBERTADORES

PARQUE ENTRENUBES

LA FLORA

Unidad de Planeaci n Zonal

0,2 0,4

0,8

1,2

1,6 Kil metros

GRAN YOMASA

0,2 0,4

0,8

1,2

LA FLORA

1,6 Kil metros

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

329. Por esta razón es necesario leer con precaución la información disponible, que se presentará a continuación, puesto que da líneas de enfoque territorial y focalización de acciones concretas a partir de la identificación de algunos escenarios de mayor o menor vulnerabilidad pero no diagnóstica la situación de goce efectivo de derechos de la población en situación de desplazamiento.

4.1.5. Vivienda 330. En el registro de los centros Dignificar existen 11 categorías para solución de vivienda. Estas, a su vez, han sido categorizadas por CODHES desde el estado de vulnerabilidad de la población al respecto

116

de las mismas, para efectos de la georreferenciación: 1) albergue y 2) calle han quedado dentro de un gran estado denominado “Sin vivienda”; 3) casa propia, 4) casa propia con inquilinos, 5) casa familiar, 6) invasión (que si bien se reconoce el riesgo asociado a los terrenos en donde se encuentran y la inestabilidad legal que supone un predio en invasión, se asume como una solución de vivienda autogestionada producto de procesos de apropiación), se encuentran “Vivienda familiar o propia”. Finalmente, un punto intermedio son 7) vivienda en arriendo, 8) habitación en arriendo, 9) posada, 10) inquilinato y 11) pieza, que equivalen a “Vivienda alquilada o arrendada” (tabla 13).

Escuela Popular de Derechos Humanos

Tabla 13. Vivienda

Solución de vivienda

Mapa 69. Solución de vivienda

Porcentaje de PSD

Albergue

0,6

Arriendo

35,7

Calle

0,3

Casa propia con inquilinos

0,03

Familiar

2,4

Habitación en arriendo

1,2

Inquilinato

0,2

Invasión

0,2

Pieza

0,2

Posada

11,5

Propia

1,5

Sin información

45,3

Total general

175929

(! ! ((! ( ( ! (! ! ( ! (! ( ! (! (! (! ( ! (! ! (! ((! !! ( ( (! ( ! ( (! ! ( ! ! (( ( ! (! (! (! (( ! ! (! (! ! (! ( ! (! (! ( ( ! ( ! (! ! (! (! ( ! ! (! ! ( ( (! ( ! (! ! (! ( ! (! (! ( ! (! ! ( (! ! ( ! (! (! ( ( ! ( ! (! ! ( ! (! (! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ! ( ! (! ! ( ! (! (! (! (! (! ! ( ! ( ! ( ( ( ! ( ( ! ( ! (! ! ( ! ! ( ! ! (! ( ( (! ((! (! ! (! ( ( ! (! ( ( (! ! (! (! ( ! ( (! ( (! (! SOCIEGO ( ! ! (! (! (! (! ! ( ! (! ! (! ( ! ( ! ( ! ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! (! ( (! (! ! (! (( ! ( ! (! ! (! (! ! (! ( ! (! (! ( ! (! ( (! ! ( ! ( (! ( ! ( ! (! ( ! ( ! ( ( ( ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! (! (! (! ( (! ( ! ( ! (! ! ( ! ( (! (! (! (! (! (! ( ! ( (! ! (! (! ! (! ! (! ( (! (! ( ! ! ( ( ! ! ( ! (! ! (! ( ( (( ( ! ! (! ! (! ( ! ! ( ! ( ! ( ! (( ! (! ( (! (! (! ! (! (! (! (! ( ! (! ! ( ! (! (! ( ! ( ( ( ! ! (! ! (! (( ( ! (! ! ( ( ((! ! ( ! ! (! ( ! ( !

SANTA FE

ANTONIO NARIÑO

( !

20 DE JULIO

( !

( ( ! !

Solución de vivienda Sin vivienda

( !

1 punto = 5

Albergue ( ! ( ! SAN BLAS ( ! ! ( Calle ( ! ( ! ( ! ! ( ( ! ( ! (! ! (! ! ( (! Vivienda alquilada o en arriendo (! ( ( ! ( ! (! ! (! ! ( ( ! (! 1 punto = 5 (! ( ! ( ( (! ! (! ! ( ( ! ! ( ! (( ! (( ! ! (! ( Arriendo ( ! (! (! ! ( ! (! ! ( ! (! (! ( (! ( ! ( ! (! ! ( ! ( (! ! (! ! (! (! ( ( ! Habitaci n en arriendo (! ! ( ! ( ( ! (! ( ! ( ! ! (! (! ( ! (! ( ! ( ( ! ( ( ! ( ! ( ! (! ( ! ( ! ( (( ! ! Inquilinato ( ! ( (! (! ! ((! ! ( ! ! SAN CRISTOBAL ( (! ! ( (! ! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ( ! (! ! ( ! (( ! (! (! (! (! ! ( ! ( ! ! Pieza ( ! (! (! (! (! ! (! (( ! ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ( ! (! ! (! (! (! ( ! ( ( ! (! ( ! ( (! (! (! ! Posada (! ( ! ((! (! ! ( ! ! ( ( ! ! ( (! ! (! (! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ( ! ! (! ! ( ( ! ( ! (! (! (! (! ( ! (! ! ( ( (! (! ( ! ( ! (LA! (! (! (! (! ! (! (GLORIA (! ! ( Vivienda Propia o Familiar (! (! (! ! (! ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ! (! ! (! ! (! ( ! (! ( ! (( ! ! 1 punto = 5 ( ! ( ( ! ! (( (( ! (! ! ( ((! ( ! ! (! ( ! ((! ! (! (! (! (! ! (! ! ((! (! ! Casa propia con inquilinos (! ! ( ! (! (! (! (! (! ! ( ! ( ( (! ( ! ( ( ( ! ( ! ( ! ( (! ! ( ! ( ! (! (! ! (! ! (! ! ( ! Familiar ( ! ( ! (! ( (! (! ( ! ( ! ( ! ( ( ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( (! Propia ( ! (! ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ( ! (( ! ! (( ( ! Invasi n (! ! ( ! ( ( ! ! ( ! ( ! ( ! (! ! (! ! ( ! ( (! ! (! (! (( ! ! ( ( ! (! ! (( ( ! LOS LIBERTADORES ( ! ( ! ( ! ! (! (! (! ( ( ! ( ! ( ! ( !

USME

( !

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

( !

0 0,2 0,4

0,8

1,2

1,6 Kil metros

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

331. Del 45 % de la población desplazada se desconoce el estado de su situación de vivienda, es decir la información que evidencia el mapa 69 solamente se refiere a poco más de la mitad de la población con algún registro. El 35 % de la población vive en arriendo, el 11,5 % en posadas, el 2,4 % en vivienda familiar, el 1,5 % vive en casa propia, el 1,2 % vive en habitación en arriendo, el 0,6 % en albergues y el 0,6 % restante en invasión, inquilinato o pieza. 332. El mapa evidencia el número de personas según la solución de vivienda. De acuerdo con eso, la población que vive en invasiones reside en las localidades de San Blas y Los Libertadores. De igual forma la población con vivienda propia, aunque con mayor incidencia en Los Libertadores. En particular en Sosiego, que son de hecho unos pocos barrios con población desplazada asentada, la población que está en albergues y en la calle se

concentra en esta UPZ. Por otra parte, la población que habita en vivienda arrendada o en alquiler se concentra en La Gloria y Sosiego.

4.1.6. Ocupación 333. Respecto a la ocupación de la población desplazada, a partir de las categorías existentes en el registro que se señalan en la tabla 14, también se hizo una clasificación adicional relacionada con el estado de vulnerabilidad económica que depende de los ingresos derivados de la ocupación para efectos de la georreferenciación. Sin ocupación: 1) habitante de calle, 2) incapacitado permanente para trabajar, 3) sin actividad. Ocupación sin remuneración: 4) estudiando, 5) buscando trabajo, 6) oficios del hogar sin remuneración. Ocupación con remuneración: 7) trabajando, 8) pensionado o pensionada y 9) empleado o empleada.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

117

Tabla 14. Ocupación de la población desplazada

Ocupación

Porcentaje de personas

Buscando trabajo

13,48

Empleado (a)

0,0006

Estudiando

10,21

Habitante de calle

0,04

Incapacitado permanente para trabajar

0,04

Independiente

5,71

No aplica

8,06

Sin información

48,10

Oficios del hogar sin remuneración

9,09

Pensionado (a)

0,02

Sin actividad

1,91

Trabajando

3,26

Total general

175.929

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

334. De forma similar a lo que ocurre con la información de soluciones de vivienda, para el 48 % de la población no existe información relacionada con ocupación, para el 8,06 % no aplica (suponemos, a partir de la información, que se debe a la edad). 335. Al respecto, la población con ocupación que le genera algún ingreso está principalmente en la UPZ de Sosiego, el 0,0006 % de la población está empleada, el 5,71 % trabaja de manera independiente y el 0,02 % recibe pensión. Las ocupaciones sin ingreso son aquellas con mayor dispersión en la localidad, esto puede deberse a la categoría “estudiando” por la cantidad de adolescentes y jóvenes en la localidad (10,21 % de la población está dentro de esta categoría).

118

Mapa 70. Ocupación por UPZ de residencia

( (! ! ( (! ! ( ! ( ! (! ! ( SANTA FE (( ! !! ! ( ( ! ! (( ( (! ( ! (! !! (! (! ( (! ! ( ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ( ! (! (! ( (! ! ( (! ! ( ( ! ! ( ! ( ! (( ! ! (! (( ( ! (! ( (! ! (! ! ( ! (! (( ((! (! ! (! ( ( ( ! ! ( ! (! ! (! ( ! (! ! (! ! (! ! ( ( ! ( ! ((! ( ! ( ! (! ! ( ! (! ! (! ! (! (! (! ! ( (! (! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! (! ( ! ( ! ( ! (! (! ! SOCIEGO ( ! ( (! (! ! (! (! (! ( ( ! ! ( ! ! (! (! (! (! ( ((! (! ! ((! ! ( ! (! ( ! ( ( ( ( ! ( ! ( ! ( ! (! ( ! ! ( ! ! (! ! ( ( (! ( ! ( ! ! ( (! ( ! ( ( ! ( ! ( ! (! ! (! ( ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! (! ! (! ! (! (( ( (! (! (! (! (! ( ! ! (! ! ( ! ( ! ! (( ! (! (! ! ( ( (! ((! ( ! (! ( ! (! ( (! (! ! (! ( ! ! (! (! ! ( ! ( ( ! (! ! ( ! (! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( (! (! (! ! ( (! ( ! ! ( (! (! (! ( ! (! ! (! ( (! ( (! ! ( (! (! ((( ! ! (! (! ! (! ( ! ! (! (! (! (( ! ( ! ((! ( ! (( ! ! ( (! (! (! (! ! ( ! ( ! (! (! ! ( ! (! ! (! ( ! (! ( ! ( ! ( ( ! ( (! ! ( ! (! ! (! ! ( (! ! (! ! ( ( ! ( ! ( ( ! ( (! (! (( ! ! ( (! ! (! (! ( ! ( ! (! ( (! ! ( ! (! ( ! ! (! ! ( ( ! ( ! ( (! (! ! ( ! (! ! ( ! ! (( ! (! ( ! ( ! (! ! ( (! ( ! (! ( ( ! ( ! (! ! (! ( (! ( ! (! ( ! ! ( ! ! (! ! ( ! ( ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ( ! ! ( (! ! (! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! (! (! ! (! ! (( ! (! (! ( ( (! ( ! ( 20! ( (! ( ! ! (! (! (! (DE JULIO ! (! (! ! ( ( ! (! (! (! (! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! (! ! (! (! ( (! (! (! (! ( ! ((! ! ( ( ! (! (! (! ! (! ! ( ( ! (! (! ((! ( (! ! (( ! ! (! ( (! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! (! ( BLAS ! ( ! ( ! ! (! SAN ( (! ( (! ( ! (! ! (! ! (! (! (! ((! ! (! ( ! (! ! (! ( ( ! Ocupación Población Desplazada (! ( ! ( (! ! ( ! ( ! ! ( ( ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ! (! ( ! (! (! ! ( (! (! ( ( ! ! ( (! ! ( ! (! ( (! (! ! (( (! (( ! ( ! ! (! (! ( ! Ocupacion con ingreso ( ( ! ! (! ( ! ( ! ! (! ( ! (! ( ! ( ! ( ! ( ! ((! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! (! ! ( ( ( ! (! 1 punto = 5 ( (! (! ( ! ( ! ( ! ! (! ! (! (! (! ( ! ( ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! (! ! (! ( ! (! ! ( ! Independiente (! ! ( ( ! ( ( ! ! (! (! ! ( ! ! ( (! (! ! ( ! ( (! (! ! (! ( ( ! ( ( ! ( ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ( (! ! ( ! ( ! ! (! Trabajando ( ! ( ( (! ! ( (! ! (! ! ( ! ( ! ( ! (! ! ( ( ! ! ( ( ! ( ! ( ! (! ( (! ! (! Pensionado (a) ( ( ! ( ! (! ! (( ! (! ( (! ! (! ! (! SAN (! ! ( ! (! ! (CRISTOBAL (! ! (! ( ! ( ( ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ! (( ! (! ! ( ! ( ! ! (! ( ! (! ( ! ((! ( (! ( ! ! (! (! (! ! (! (! (! Sin ocupación (! ( (! ! (! ! (! ( ! (( ! ! (! ! (( ! ( ( (! (! ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( (! ! (! (! ! ( ! ( ! (( (! ! ( (! 1 punto = 5 ( ! ( ! ! ( ! (! ! ( ! (! (! (! ! ( ! (! (! ( ! ( ! ( ( (( ! ( ! ((! (! ! ( ! ( ! (! ! ( ( ( (! ( ! (! ! Habitante de calle GLORIA ( ! ( ! ( (! ! (! ! ( ! (LA ( ! (! ! (! ! (! ! (! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! (! ! ( ( ( ! ( ( ! ( ! (! (! (! (! ! (( ! ( ! ( ( ! Incapacitado permanente para trabajar (! ! ( ! ( ! ( ! ! (! ! ( ( ! (! ! (( ! ! ( ! ( ! ( ! ( (! ( (! (! Sin actividad ( ! ( ! ( ! ! ( ! ! ( (! (! ( ! ! (( ! ( ( ! ( (! (! ! ( ! ! ( ! (! ( ! (! ! ( ! (! ( ! ( ! ( ! ( ! (! ( ! ! ( ! ( ( (! ! (! Ocupacion sin ingreso ( ! (! ! (! ! ( ( ! ( ! ( ! ( (! ( ! ( ! ( ! (! ! (( ! ! 1 punto = 5 ( (! ( ! ( ! ! (! ( ! (! ( ( ( ( ( (! ! (! (! (! ( (! ( ! ( ! ! ( ! ! ( ! ! (! (! ! ( ( (! ! Buscando trabajo ( ! ( (! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ! (! ! (! ! (! ( ( ( ! ! Oficios del hogar sin remuneraci n ((! ! ( ! ( ( ! (! ( ! (LOS ! ( ( ! ( ! ( ! LIBERTADORES ( ! ( ! ! (! ( ( ! ! Estudiando ( ! (! (! (! ! ( ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( (! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ! ( ! ( ( ! ! ( (! ( ! (! ( ! (! ! (! ( ! (! (! (! ((! ( ! (! (! ( ! ( ( ( ! ! ( ! ! USME ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( (! (! (! (! ( ! (! ! (! ( (! ( ! (! ! (! ( ! (! ( (( ! ! (! (! (! ( ! (! (( ! ! (! ! ( ! ! 0 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 ( ( ! ! ( Kil metros

ANTONIO NARIÑO

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

336. El 13,48 % está buscando trabajo y esta población también se distribuye de manera más o menos homogénea en la localidad. Aquellas personas que no tienen ninguna actividad, que pasan al grupo “Sin ocupación”, se concentran en la UPZ La Gloria y representan el 1,2 % de la localidad. La posibilidad de que las personas con empleo no tengan el tiempo que requiere acercarse a los centros Dignificar, especialmente por el horario de atención, puede sesgar de manera significativa esta información. Eso no quiere decir que la mayoría de la población en situación de desplazamiento no esté desempleada, sino que el grupo de población que puede estar quedando por fuera de los registros sea, en particular, el grupo cuya actividad económica frente a los horarios de atención le impida el acceso (mapa 70).

Escuela Popular de Derechos Humanos

Mapa 71. Sistema de Salud - Modalidad especial PSD

Mapa 72. Sistema de Salud - Régimen contributivo

SANTA FE

ANTONIO NARIÑO

SANTA FE

ANTONIO NARIÑO

SOCIEGO

20 DE JULIO

20 DE JULIO SAN BLAS

SAN BLAS

SAN CRISTOBAL

LA GLORIA

Vinculación Sistema de Salud

Salud

Contributivo

Vinculación Población Desplazada

271

112 - 56

413 - 272

LOS LIBERTADORES

USME

134 - 113

LOS LIBERTADORES

433 - 414

USME

0 0,2 0,4

0,8

1,2

1,6 Kil metros

0 0,2 0,4

0,8

1,2

1,6 Kil metros

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

4.1.7. Salud 337. Como se mencionó, en esta área lo que se puede identificar es la afiliación o vinculación al Sistema de Salud, no el acceso efectivo a los servicios del sistema; además, se puede identificar población con discapacidad y en condiciones especiales de salud. A continuación se ilustran estos datos. 338. Respecto a la vinculación al Sistema de Salud, Sosiego es la UPZ con menor número de personas, en relación con las demás UPZ. Sin embargo, es la

UPZ con mayor número de personas sin ninguna afiliación a salud, en contraste, esto indicaría que buena parte de la población desplazada en la UPZ no tiene afiliación al sistema, lo que supone barreras adicionales para el efectivo acceso a la salud. Las que mayor afiliación tienen son San Blas y Los Libertadores. Respecto al régimen subsidiado Los libertadores es la UPZ con menores niveles de población en esta modalidad, aunque tampoco es representativo respecto a la población sin ninguna afiliación (tabla 15).

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

119

Mapa 73. Sistema de salud - Régimen subsidiado

Mapa 74. Sistema de Salud - Sin afiliación

SANTA FE

ANTONIO NARIÑO

SANTA FE

ANTONIO NARIÑO

SOCIEGO

20 DE JULIO

20 DE JULIO SAN BLAS

SAN BLAS

PSD Sin vinculación al Sistema de Salud Ninguno

SAN CRISTOBAL

152

SAN CRISTOBAL

160 - 153 180 - 161

LA GLORIA

252 - 181

Vinculación al Sistema de Salud Subsidiado 613 796 - 514

LOS LIBERTADORES

849 - 797

USME

0 0,2 0,4

0,8

1,2

1,6 Kil metros

0 0,2 0,4

0,8

1,2

1,6 Kil metros

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá.

Tabla 15. Afiliación al Sistema de Salud

Régimen de afiliación

Porcentaje de población

Contributivo

Ninguno

Sin información

Subsidiado

Vinculación Población Desplazada

4.1.8. Soluciones duraderas

Fuente: Elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos Humanos. Alcaldía Mayor de Bogotá.

120

339. Para el 53 % de la población que sí tiene información asociada a la afiliación al salud, el 28 % está afiliado por medio del régimen subsidiado, el 15 % está afiliado al régimen subsidiado con la condición especial de ser desplazado o desplazada, el 7 % no tiene ningún tipo de afiliación y el 3 % está afiliado en el régimen contributivo (mapas 71 a 74).

340. El marco de las soluciones duraderas supone la superación de la vulnerabilidad y el goce efectivo de derechos de la población en situación de desplazamiento a partir de tres alternativas: 1) la integración local, que supone no solamente el asentamiento sino el efectivo acceso a los derechos, la posibilidad de reconstrucción de redes sociales y la participación en la construcción social del

Escuela Popular de Derechos Humanos

territorio; 2) el retorno, que debe cumplir con las mínimas condiciones establecidas que son: voluntariedad, dignidad y seguridad, en el que las garantías de no repetición y por lo menos restitución al estado anterior al desplazamiento son fundamentales para considerarlo seguro y digno; 3) el reasentamiento que, al igual que el retorno, debe ser voluntario, digno y seguro. 341. La solución duradera para la mayoría de la población registrada en los centros Dignificar es la integración local, permanecer en la ciudad y en la localidad. Eso tiene que ver con las dinámicas de apropiación, la construcción de nuevas redes sociales y con las condiciones de los lugares de expulsión que desincentivan el deseo de retorno. Del 51,6 % no hay información, del 43 % de los que sí la hay: el 96 % prefiere quedarse, el 2,4 % reubicarse en otro municipio y el 1,2 % quisiera retornar a su lugar de origen. Sería pertinente un análisis al respecto de las causas de la elección de cada uno de estos escenarios para las soluciones duraderas, porque podría eventualmente transformar las dinámicas de las percepciones y los deseos de la población a partir de incentivos y desincentivos (mapa 75). 342. En este sentido, es necesario tener en cuenta que la urbanización del conflicto armado puede resultar en revictimizaciones, dado el volumen de población desplazada que ha llegado a las ciudades. El desplazamiento intraurbano es el efecto más visible, aunque no necesariamente es fácil identificar los casos. Las personas, por falta de información, no se consideran víctimas, por el contrario, suponen que tuvieron que trastearse por la situación de seguridad, de ahí en adelante los niveles de restricción del registro aumentan. Muchas veces las instituciones tampoco lo consideran desplazamiento forzado, a pesar de las manifestaciones de la Corte Constitucional, en particular la sentencia T-268 de 2003. 343. En 2012, el 14 % de los desplazamientos masivos fueron intraurbanos. De las personas que se han atendido en los centros Dignificar el 0,12 % son desplazadas intraurbanamente (cerca de 251); asimismo, según los datos del SIPOD, 2.533 personas se desplazaron intraurbanamente, y según los datos del Registro Único de Víctimas estas fueron 1.782; la diferencia de estos datos puede deberse a las barreras de acceso al registro mencionadas antes, que se derivan de la interpretación restrictiva de la Ley 1448 de 2011 y los decretos ley así como el Decreto 4800 de 2011 y el bloque de constitucionalidad.

Mapa 75. Soluciones duraderas

LA CANDELARIA LAS CRUCES

RESTREPO

ANTONIO NARI O QUIROGA

SANTA FE

CANDELARIA LOURDES

CIUDAD JARDIN SOSIEGO

SAN JOSERAFAEL

URIBE URIBE

20 DE JULIO SAN BLAS MARRUECOS PARQUE ENTRENUBES

SAN CRISTOBAL

LA GLORIA DIANA TURBAY

Soluciones Duraderas REUBICARSEENOTROMUNICIPIO 1

DANUBIO

LOS LIBERTADORES

RETORNARASULUGARDEORIGEN 1

PERMANECERENBOGOTA 2-1

USME

6-3 12 - 7

PARQUE ENTRENUBES

30 - 13

GRAN YOMASA

LA FLORA

0,2 0,4

0,8

1,2

1,6 Kil metros

Fuente: elaboración CODHES, con información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación., Alcaldía Mayor de Bogotá

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

121

4.2. Desmovilización y reintegración en San Cristóbal 344. La desmovilización de actores armados a partir de la década del 2000 ha tenido dos escenarios: la desmovilización individual que ha sido principalmente guerrillera —de las FARC y el ELN—, y la desmovilización masiva de bloques completos, como sucedió con las AUC. La forma de desmovilización es uno de los determinantes de los resultados del proceso de efectiva reintegración, aquellos que se desmovilizan de manera individual lo hacen voluntariamente, entre tanto, quienes se desmovilizan en bloque no necesariamente, si bien es posible que sí, las experiencias se derivan de órdenes de mandos superiores135.

Mapa 76. Población desplazada y población desmovilizada por localidad de residencia

0 1,5 3

347. De acuerdo con el ODDR, las localidades donde se concentra principalmente la población sujeto de DDR son Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Usme, Suba, Bosa, Los Mártires y Candelaria (mapa 76).

! (

USAQUEN

ENGATIVA

! (

( !

FONTIBON BARRIOS UNIDOS

( ! (!

BOSA

! ( TEUSAQUILLO ! ( CHAPINERO KENNEDY

( !

PUENTE ARANDA ! ( LOS MARTIRES ! ( SANTA ( FE ANTONIO ! ( NARI O ! TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE

( !

! (

CIUDAD BOLIVAR

! (

SAN CRISTOBAL

Población desplazada y desmovilizada Tasa de recepción en el distrito Participacion Localidad

! (

96%,1 - 08%,0 46%,3 - 97%,1

35%,6 - 47%,3

56%,8 - 36%,6

USME 31%,14 - 57%,8

( !

! (

Poblaci n desmovilizada por localidad de residencia

SUMAPAZ

348. Las dificultades de convivencia entre víctimas y victimarios son el principal reto del proceso de reintegración. Las localidades donde se conoce de asentamiento de población desmovilizada son aquellas donde vive el mayor número de personas desplazadas, como muestra el mapa 76. Sin embargo, existen dos elementos que son fundamentales para el proceso de reintegración: el primero, que se aporte a la verdad, la justicia y la reparación, y el segundo, según los principios de justicia restaurativa, que las comunidades participen activa y voluntariamente del proceso.

[135] Villamizar Herrera, Darío. Reintegración de excombatientes y construcción de paz barrio Santa Rosa en Bogotá, un estudio de caso. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2010. [136] ODDR. Visibilización Mediática DDR caso Bogotá. Bogotá: ODDR, 2009; ODDR. Síntesis de los programas de DDR de la alcaldía de Bogotá 2002-2008. Bogotá: ODDR, 2009.

122

12 Kil metros

SUBA

345. A marzo de 2014, de acuerdo con los datos de la Agencia Colombiana para la Reintegración, en el país han sido atendidas cerca de 30.404 personas en el marco del proceso de reintegración. Según esta misma agencia, en Bogotá, 3.271 personas fueron atendidas en el último año; sin embargo, según el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) de la Universidad Nacional de Colombia, hasta 2009, entre 4.445 y 4.500 excombatientes vivían en Bogotá, y 3.775 hacían parte del programa de la Alta Consejería para la Reintegración136. 346. La atención a la población sujeto de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) inició en Bogotá desde la política nacional sin que existiera un proceso de consulta a nivel distrital y menos a nivel local; por esta razón, ser incluida de manera formal (operacional se había hecho desde antes a través de proyectos sociales) tarda más que en otras grandes ciudades. Así, durante la Alcaldía de Antanas Mockus (segundo periodo), la población se beneficia de “refundirse” entre las comunidades de acogida.

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349. La deuda de los actores armados con las comunidades no desaparece con la desmovilización pero sí abre las puertas para la reconstrucción del tejido social. En tal sentido, no solamente es necesario preparar a los excombatientes, sino también a las víctimas y a las comunidades receptoras para considerar esta situación como una oportunidad a fin de construir paz y hacerla duradera y sostenible. 350. En el actual escenario de negociación para la finalización del conflicto armado entre las FARC, el ELN y el Gobierno Nacional, la Alcaldía en su Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, supone que no es de esperarse que a partir de ese proceso llegará mucha población desmovilizada a Bogotá, en tanto la base de las FARC y el ELN es rural entre otros desincentivos, y que esto supone que regresen a sus lugares de origen o a sus zonas de control armado tradicionales. 351. Sin embargo, esta hipótesis ignora algunos elementos, el primero es que muchas de estas personas vinculadas fueron reclutadas cuando eran niños y niñas, y perdieron sus vínculos con la vida campesina; el segundo es que probablemente querrán mantenerse en el anonimato y para esto las grandes ciudades son el mejor incentivo y, finalmente, según el ODDR, el 82 % de los sujetos DDR que están en Bogotá hacían parte de guerrillas y no de paramilitares. Asimismo, en Bogotá vive el 10 % de la población desmovilizada de acuerdo con los datos de la ACR, y solamente en Antioquia (todo el departamento) hay más personas en el proceso que en Bogotá. 352. Esto supone lo contrario, que Bogotá será el lugar a donde más llegue población desmovilizada y que es necesario que las administraciones y las comunidades receptoras se preparen para este proceso de construcción de paz. El riesgo permanente del proceso de reintegración se deriva de las posibilidades de regresar al grupo armado o a otras estructuras armadas; de acuerdo con la CNRR, a 2010 cerca del 10 % de la población desmovilizada regresó a algún tipo de estructura armada. 353. Si bien no es posible tener acceso a información estadística (ni siquiera anónima) de población desplazada por localidad de residencia y por barrio, es entendible en tanto esta misma puede considerarse como información sensible. En la localidad existe un caso en particular acerca del cual numerosos autores han escrito.

Mapa 77. Localización del barrio Santa Rosa

LA CANDELARIA LAS CRUCES

RESTREPO

LOURDES QUIROGA

CIUDAD JARDIN SOSIEGO

SAN JOSE

20 DE JULIO SAN BLAS MARRUECOS PARQUE ENTRENUBES

LA GLORIA

Barrio Santa Rosa

DIANA TURBAY

DANUBIO

LOS LIBERTADORES

PARQUE ENTRENUBES

GRAN YOMASA

0,2 0,4

0,8

1,2

LA FLORA

1,6 Kil metros

San Cristóbal un lugar para la reintegración: el caso de Santa Rosa Santa Rosa está ubicada en la UPZ La Gloria, es una ciudadela de apartamentos y casas construida entre los años 1995 y 1998; , donde se construyeron 420 unidades residenciales de interés social. La comunidad que inicialmente llegó a la ciudadela enfrentó los problemas estructurales de las viviendas por haber sido construidas sin las obras de mitigación necesarias que eliminaran el riesgo de derrumbamiento generado por las condiciones del terreno137. [137] Como lo expresa el Tribunal Administrativo de Cundinamarca “Sin duda alguna, el terreno al momento de otorgarse la primera licencia de construcción presentaba de manera diferenciada ‘zonas de mayor o menor riesgo’; en efecto, se advirtió en el referido dictamen: 48% de zona de alto riesgo, 36% de zona de bajo riesgo y 16% de zona de riesgo intermedio. Este ‘riesgo”, como se advierte de la lectura del dictamen pericial, sin embargo, no impedía que la construcción se pudiera llevar a cabo, mas sí imponía unas características de la obra que fueran consecuentes con dicha realidad; en efecto se anotó: “lo que ameritaba (el riesgo) la construcción de obras que garantizaran la estabilidad de la zona y por ende la urbanización”. Consejo de Estado, Sección Tercera. M.P. Enrique Gil Botero, 18 de octubre de 2007. Acción de Grupo Gloria Patricia Segura frente a Distrito Capital.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

123

354. Este factor, sumado a la acción de grupo presentada por 86 residentes de la urbanización en la cual se condena al Distrito Capital al pago de daños y perjuicios, razón que obliga al Distrito a la compra de los predios a los accionantes138, más la falta de planes de uso para las casas y el despoblamiento del barrio por parte sus habitantes originales generó que las casas quedaran abandonadas. Esto, según los habitantes, derivó en problemas de seguridad pues estas casas eran utilizadas para todo tipo de actividades ilícitas y el tejido social de la comunidad se había destruido. Los procesos organizativos se habían desestructurado y no existían procesos de apropiación por el territorio.

358. Sin embargo, hay dos elementos que deben analizarse con más atención. De acuerdo con el ODDR (2011)142 los procesos organizativos de los desmovilizados en San Cristóbal enfrentaron dos problemas. El primero, manifestado también por Villamizar, derivado de los perjuicios de la comunidad y el temor manifiesto ante la presencia de los excombatientes y, el segundo, los “desencuentros cuando los desmovilizados pretendían liderar los procesos participativos en el barrio”, este último es interesante porque son los desmovilizados quienes efectivamente lideran dichos procesos participativos. Esto supone que dicha integración no fue necesariamente armónica.

355. Las personas desmovilizadas compraron algunas casas en Santa Rosa por el bajo costo de las viviendas y porque contaban con los fondos del gobierno para el desarrollo de proyectos productivos139, y de manera subsecuente a la desocupación de las casas se iniciaron procesos de ocupación ilegal en su mayoría por población desmovilizada. Al llegar el rumor al barrio acerca de la llegada de los desmovilizados muchas familias también se fueron; a 2005, según Villamizar140, cerca del 30 % de las unidades residenciales estaban desocupadas. Esto generó un conflicto entre la población civil que no venía de procesos de desarme y desmovilización y entre las personas desmovilizadas, viendo a estos últimos como usurpadores a pesar de que algunos habían comprado sus viviendas y no hacían parte del proceso de ocupación ilegal.

359. Por otra parte, según Villamizar el principal logro de los nuevos vecinos en Santa Rosa fue superar las situaciones de inseguridad a través de cooperativas de seguridad creadas, conformadas y lideradas por desmovilizados que sacaron los vagos del barrio. Ante este riesgoso escenario, la manifestación de las lógicas de control territorial con las que llegan los excombatientes deberían superarse con la comunidad, porque de lo contrario no es posible evaluar el verdadero impacto de la reintegración, en tanto las reacciones de la comunidad pueden estar coaccionadas por el miedo y eso no responde a las expectativas del proceso de reintegración.

356. En Santa Rosa, a 2010, vivían cerca de 100 familias de población en proceso de reintegración y es conocida como una experiencia exitosa de reintegración, ya que los procesos organizativos permitieron darle otras dinámicas al proceso de desarme, desmovilización y reintegración. 357. Según Villamizar141, el proceso fue armónico desde la iniciativa de lideresas locales que quisieron conocer a sus vecinos y comenzaron a jalonar iniciativas de construcción social del territorio y de participación comunitaria y política hasta lograr mejorar la seguridad del barrio; estos procesos fueron impulsados por las mujeres dado que los hombres de ambos lados tenían miedo y preferían no hacerse visibles ante los demás.

360. A pesar de lo anterior, de acuerdo con la institucionalidad este ha sido un ejercicio exitoso local que ha impedido que estas personas regresen a las armas, a pesar de las dificultades económicas, y ha hecho posible que se organicen y materialicen mecanismos de participación comunitaria y política. 361. Santa Rosa en Bogotá fue la primera experiencia territorial de organización de la población reinsertada y en articulación con la comunidad del territorio donde conviven. Esto muestra una experiencia de reintegración, pero exige la presencia de medios de promoción de derechos humanos que no permitan replicar prácticas que vienen del conflicto armado y brinde medios de protección directos para la comunidad en caso de presentarse prácticas que vulneren los derechos humanos.

[138] Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, 12 de marzo de 2004, confirmada por el Consejo de Estado, Sección Tercera. M.P. Enrique Gil Botero, 18 de octubre de 2007. [139] Como muestra el informe del Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia (2011) y notas de prensa como http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3482069. [140] Villamizar Herrera, op. cit. [141] Idem.

124

[142] ODDR. Formas organizativas y asociativas de desmovilizados en Bogotá 2003-2009. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2011.

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4.3. Presencia de actores armados ilegales 362. La urbanización del conflicto armado a partir de la reconfiguración generada después del proceso de desmovilización paramilitar ha generado que las dinámicas del conflicto en ciudades como Bogotá se confundan con la violencia generalizada por el fortalecimiento mutuo de estructuras de delincuencia común y grupos posdesmovilización. Esto genera dificultades aún mayores para la identificación de la presencia de actores armados y efectivas acciones de prevención y protección que respondan a situaciones de riesgo específicas. 363. Así pues, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, a través de sus informes de riesgo, es una de las principales fuentes para la identificación de actores armados. Para Bogotá, hasta diciembre de 2013 había emitido diez Informes de Riesgo y seis Notas de Seguimiento. De estas ninguna específica para San Cristóbal, como sí lo ha hecho para localidades como Bosa y Ciudad Bolívar. 364. Así, de acuerdo con el SAT, se ha identificado la presencia, y el riesgo derivado de la misma, de los siguientes grupos armados: en cuanto a grupos guerrilleros milicias urbanas de las FARC y el ELN, mientras que de grupos paramilitares en los informes de 2006 hasta 2008, Autodefensas Unidas de Colombia a través de diferentes bloques, el Bloque Central Santander, el Bloque Capital, el Bloque Centauros, entre otros. Luego de esa fecha, es decir, para los informes emitidos entre 2010 y 2013, se evidencia presencia de Los Rastrojos (Comandos Urbanos), Las Águilas Negras (Bloque Capital), Nueva Generación, Frente Democrático Colombia Libre y Los Urabeños. 365. En el mismo sentido Indepaz, en su informe anual sobre presencia de grupos narcoparamilitares143, señaló la presencia para 2012 en Bogotá de los siguientes grupos: Las Águilas Negras, Los Rastrojos y Los Machos. Así, en ejercicio de contraste con otras fuentes como prensa, entre otros, CODHES resume la presencia de grupos armados ilegales en Bogotá de la siguiente manera (tabla 16):

[143] Indepaz. VIII Informe sobre grupos narcoparamilitares. Bogotá, 2013.

Tabla 16. Grupos armados con presencia en Bogotá

Grupos guerrilleros

Grupos posdesmovilización

»» Milicias Urbanas de las FARC »» Milicias Urbanas del ELN »» »» »» »»

Los Rastrojos Las Águilas Negras Nueva Generación Frente Democrático Colombia Libre »» Los Urabeños »» Los Machos

366. En este sentido, de acuerdo con la información recopilada de los informes de riesgo, la presencia de las milicias urbanas de las FARC y las Águilas Negras en la localidad en 2008 se manifestaba a través del riesgo de uso y vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado así como a jóvenes con carencias socioeconómicas estructurales que derivan en que la rentabilidad de la guerra suponga un incentivo. En el IR 021-013, en la localidad de San Cristóbal, entre otras, se ha evidenciado la presencia de milicias urbanas de las FARC, Los Rastrojos (Comandos Urbanos) y Las Águilas Negral (Bloque Capital), que han hecho manifiesto el riesgo de extorsiones (FARC), así como las amenazas e intimidaciones a defensores de derechos humanos, líderes y lideresas comunitarias y dirigentes sindicales (Los rastrojos y Las Águilas Negras). Si bien el informe no está dirigido específicamente a la localidad, sí se refiere a la presencia específica y afectaciones concretas de los pobladores. 367. La hipótesis de presencia de grupos armados ilegales en la localidad fue puesta de manifiesto una vez más por la investigación del programa RIO144 al final del año 2013, en donde precisan que “la posible ‘ley del silencio’ es uno de los agravantes de las situaciones de seguridad en los barrios ubicados en la zona alta de la UPZ San Blas, en donde algunas fuentes reportan presencia de personas fuertemente armadas con presunta vinculación con la guerrilla FARC y ELN y los paramilitares. Presumen además

[144] Véase López, Ávila y Valero. Informe ejecutivo sobre situación de convivencia y seguridad escolar en la UPZ 32 - San Blas. Localidad 4, San Cristóbal, 2014. En particular, la sección “2.1 Factores de riesgo situacional y social que determinan el estado de seguridad y convivencia en la UPZ San Blas”.

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presencia de Las Águilas Negras, Los Rastrojos y Los Urabeños como bandas criminales que se encuentran operando en el sector tras el proceso de desmovilización, afectando las situaciones de seguridad y convivencia en la UPZ”. 368. Unas de las manifestaciones más evidentes de la presencia de determinados grupos armados, a través de las llamadas fronteras invisibles, son las restricciones de acceso a determinados lugares por parte de habitantes de la localidad, y de proveedores de alimentos y otros enseres necesarios para la comunidad, esto se presenta entre otras en la UPZ San Blas, en la parte alta. Asimismo, existen múltiples bandas de delincuencia organizada, pandillas, parches145 que, dadas las dinámicas actuales de los GPD, podrían o no estar vinculados a las redes de estos grupos. Esto supone escenarios permanentes de riesgo que se manifiestan a través de los delitos de alto impacto; sin embargo, los mecanismos de verificación requieren de investigaciones más especializadas al respecto. 369. Lo que es cierto, según reportaron a CODHES diferentes fuentes en el trascurso de esta investigación, es el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a estos grupos, que si bien en el caso de los jóvenes no necesariamente es forzado, en todos los casos sí es coaccionado por restricciones de acceso a determinados derechos como la educación y la recreación que se ven como incentivos para hacer parte de estos grupos. Las instituciones de educación cuya presencia se señaló en el primer capítulo deberían ser escenarios protectores y no de riesgo, para ello es fundamental garantizar estrategias de prevención del reclutamiento forzado y protección a los estudiantes. Las instituciones de educación se han convertido en mercados para los armados, en tanto pueden vincular a los niños a través del consumo de drogas, sacar provecho financiero de eso y tener a su disposición más personas. Por eso son territorios de disputa y deben serlo también de una especial atención e intervención institucional y comunitaria.

[145] Algunas de estas pandillas son La Nueva España, La Warner y La Continental, estas en particular hacen presencia en la UPZ de San Blas.

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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

370. Como se pudo observar a lo largo de este informe, a pesar de los innegables avances del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en términos de los compromisos del Estado colombiano en esa materia, y de algunos esfuerzos para hacerlos efectivos a través de políticas, en especial en las actuales administraciones Local, Distrital y Nacional, el goce efectivo de los mismos por los titulares de derechos, en este caso las y los habitantes de San Cristóbal, sigue siendo deficiente. A lo largo de este informe se identifican aún importantes retos para garantizar el goce efectivo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las y los colombianos, en el caso examinado un porcentaje significativo que habitan en esta localidad de Bogotá. 371. A pesar de los importantes retos identificados, entre otros, la ausencia de un enfoque diferencial sensible a la peor situación de los grupos más vulnerados, como los grupos étnicos, las mujeres, niños, niñas, adolecentes, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, población LGBTI y víctimas, en un contexto de desigualdad, segregación y serios problemas de discriminación identificados, la dinámica sociedad de San Cristóbal ha realizado un esfuerzo importante de organización y acción a través de un movimiento social que trabaja por mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la localidad en toda la gama de derechos humanos. 372. De igual manera es importante reconocer como un gran avance que el Estado colombiano y la sociedad en su conjunto trabajan cada vez más para responder a la crítica situación humanitaria del país, entre otras con mecanismos para la atención y reparación de las víctimas, para la desarticulación de los grupos armados y su reinserción social a una vida sin violencia. Actualmente existen diálogos con dos de los grupos disidentes con más trayectoria en el actual conflicto colombiano, las FARC y el ELN. Como precisó con gran acierto la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su más reciente informe

sobre Colombia146 “muchas de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con el conflicto podrán terminarse o reducirse considerablemente si los progresos realizados en las negociaciones de paz conducen a la elaboración de acuerdos de paz bien concebidos e implementados”. 373. Las fallas en los procesos de paz adelantados en Colombia han mostrado el peligro que se corre al desarrollar acuerdos mal concebidos o al incumplirlos; han sido evidentes las dificultades y los efectos negativos al respecto a lo largo de nuestra historia, muy en particular desde el llamado Frente Nacional hasta el reciente intento de desarticulación del paramilitarismo con la Ley 975 de 2005; aunque como mostramos el origen del conflicto en Colombia tiene antecedentes estructurales más lejanos en el tiempo como la lucha bipartidista de los 150 primeros años de vida republicana y los conflictos étnico-territoriales heredados del periodo colonial. La necesidad de construir esta memoria y reparar de manera integral a todas las víctimas, incluida la restitución integral de sus bienes y patrimonio, requieren de esfuerzos sinceros y de importantes recursos para hacer efectivos el derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto, y los derechos de las víctimas, incluido el derecho fundamental a la justicia con garantías de no repetición. Sin duda, la construcción dinámica de la paz, el trabajo colectivo contra la desigualdad y la discriminación y las medidas de reparación, incluida la reparación colectiva, son el mejor camino. La educación basada en derechos humanos es un componente central en esta perspectiva. 374. El examen realizado evidencia que a pesar de los múltiples esfuerzos del Estado colombiano y la sociedad en su conjunto para superar los graves problemas de derechos humanos que nos afectan, incluida la creación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el proceso actual de diseño de una política pública nacional en la materia y en atención a las víctimas, no se ha tenido el éxito requerido para [146] A/HRC/25/19/Add.3. Situación de los derechos humanos en Colombia. 24 de enero de 2014. (La cursiva es nuestra)

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enfrentar de forma decidida, con justicia y eficacia la situación de violencia, crimen y delito que afecta gravemente los derechos más fundamentales de la población, como se hizo evidente en este informe para la localidad de San Cristóbal. Sin duda falta mejorar aún más nuestra capacidad de investigar y castigar las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. 375. Los retos en seguridad ciudadana y crisis humanitaria identificados requieren de una atención coordinada de todas las autoridades responsables para su superación efectiva, pero también de una participación amplia e informada de las y los colombianos en la resolución de los problemas y en la creación de una cultura de protección, vigencia y respeto de los derechos humanos. La cooperación internacional ha ayudado y debe continuar el apoyo hacia este camino. 376. CODHES desea finalizar este informe reiterando el buen deseo de la CIDH en su último informe sobre Colombia, el deseo de que el pueblo colombiano concrete su anhelo de vivir en paz en el marco del respeto y plena vigencia de los derechos fundamentales de la persona humana. Para ello es necesario pasar de una cultura de lucha contra la insurgencia y una cultura destructiva de violencias y venganza, a otra en la que los titulares del derecho y los garantes trabajen conjuntamente para resolver los desafíos de derechos humanos y puedan disfrutar sin discriminación, en paz y tranquilidad, de las diversas culturas y de los ricos territorios colombianos.

5.1. Recomendaciones 377. Para que los nuevos acuerdos de paz y otros necesarios entre las y los colombianos sean respetuosos del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, debe garantizarse el investigar y develar desde una perspectiva histórica la verdad de todo lo sucedido en el largo conflicto que nos afecta, de conformidad con el derecho a saber y el derecho a la memoria. 378. Se debe reparar de forma integral el daño causado, tanto a nivel nuclear como colectivo a las y los colombianos y demás afectados por el conflicto, se deben investigar todos estos crímenes y delitos y sus actores deben ser llevados ante la justicia y, en caso de ser responsables, deberán ser sancionados (resocializados) de conformidad con la constitución y la ley. Una reparación transformadora dirigida a eliminar las causas estructurales del conflicto colombiano, entre ellas los reconocidos y viejos

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problemas distributivos de tierras y territorios, riqueza y poder, cultura, ciencia y tecnología, es un mecanismo central de justicia restaurativa y prevención de nuevas tensiones y conflictos. Esta transformación del país no solo es central para hacer la paz, también para que esta se concrete, y sea duradera y sostenible. 379. Para ello es esencial la atención y reparación diferencial y prioritaria a grupos de especial protección constitucional, entre ellos los grupos étnicos, las mujeres, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad afectados de manera desproporcionada y sistemática por este agudo conflicto. En este objetivo es central reparar, sancionar y eliminar toda violencia y discriminación contra personas, en especial contra la población LGBTI. La impunidad es una falla estructural en cualquier sistema social. 380. Se deben desmantelar las redes criminales y todo grupo armado ilegal; se deben detener los reclutamientos. En el Estado de derecho el monopolio de la fuerza corresponde a una fuerza pública sujeta en todas sus armas al sistema democrático, al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que debe responder, de manera conjunta y por cada uno de sus miembros, ante los tribunales y autoridades civiles e internacionales — cuando sea el caso— por incumplir este mandato. El derecho a la no repetición tiene como condición de posibilidad para su realización desmantelar todas las amenazas a la seguridad ciudadana de las y los colombianos, en particular prevenir la conformación de estas estructuras armadas ilegales, letales y organizadas. 381. Logros en derechos humanos y derecho internacional humanitario como el reconocimiento político del actual conflicto armado por el Gobierno Nacional, y su disposición y la de otras instituciones del Estado y la sociedad para dialogar con los grupos disidentes a fin de alcanzar acuerdos de paz negociados son pasos de gigante en este camino. No obstante, como se ha advertido, para consolidar estos importantes pasos es necesario el desarrollo de acuerdos de paz bien concebidos e implementados. La cultura del respeto de los derechos humanos y la sujeción de la sociedad y el Estado a este precepto básico de la familia humana, son elementos importantes hacia la construcción de otra Colombia posible, democrática e igualitaria; en el caso actual de la localidad de San Cristóbal y el Distrito esto supone continuar en la construcción de una Bogotá humana, sin segregación ni discriminación. Con el ánimo de fortalecer este camino a continuación se hacen algunas recomendaciones.

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5.1.1. Al gobierno local de San Cristóbal i. D iseñar, adoptar e implementar un programa de promoción de la sociedad civil de San Cristóbal y sus organizaciones en participación y derechos humanos, mediante: a) un fondo de fortalecimiento que permita apoyar sus iniciativas en la materia y responda a sus necesidades; b) dotar de recursos técnicos, logísticos y de otro tipo a las Mesas y Comités y demás espacios de participación con los que cuenta la localidad, en especial el Comité Local de Derechos Humanos; y c) continuar y expandir la educación en derechos humanos, sus rutas de exigibilidad y denuncia, a las y los habitantes de toda la localidad. ii. Elaborar y poner en marcha un proyecto de fortalecimiento institucional en derechos humanos y derecho internacional humanitario que incluya cualificar a todos los funcionarios o servidores públicos locales o con incidencia en la localidad, incluida la Fuerza Pública, y mejorar la capacidad logística, técnica y de respuesta de la oficina local de derechos humanos para documentar, informar y coordinar con otras autoridades e instituciones la respuesta integral a violaciones o amenazas identificadas en contra de estos derechos. iii. Adelantar la caracterización de las víctimas que habitan la localidad de San Cristóbal, y coordinar de manera concurrente y subsidiaria una respuesta institucional prioritaria y diferencial a sus múltiples necesidades, incluido el registro, la asistencia, atención y reparación, y el garantizar sus derechos a la justicia, la verdad y la no repetición. iv. Adoptar o fortalecer en el seno de la JAL una estrategia periódica de monitorización y seguimiento de la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario y, en este contexto, de las acciones emprendidas o no por la administración local y demás autoridades responsables para su vigencia efectiva; esta estrategia deber estar articulada con la labor de la Defensoría del Pueblo, en especial el Sistema de Alertas Temprana, y con la oficina local del Ministerio Público (Personería local); debe garantizar a su vez una participación amplia e informada de la comunidad y sus representantes.

derecho internacional humanitario en la localidad, en sesión plena de JAL y con participación de la comunidad y sus organizaciones. vi. P romover con las autoridades pertinentes, en particular la Fiscalía General de la Nación, una investigación a fondo sobre los asesinatos perpetrados y sobre las causas del incremento de la intensidad de homicidios durante el 2014 en la localidad. Diseñar una estrategia de asistencia, acompañamiento y seguimiento a las familias afectadas por estas pérdidas. vii. Elaborar y poner en marcha un plan de acción integral destinado a eliminar toda forma de violencia contra la mujer. Este plan puede ser parte de un programa más amplio para eliminar todo tipo de violencia basada en patrones de discriminación, en especial, de discriminación racial o por motivos de género u orientación sexual, que incluya planes específicos de protección para quienes son más afectados por estas formas de intolerancia, como los grupos étnicos y la población LGBTI. En este programa, la población en situación de discapacidad de la localidad también requiere protección y atención diferencial y prioritaria. viii. Diseñar e implementar una política de promoción de la juventud y niñez local enfocada en la prevención de la violencia en contra y por jóvenes, y en la ampliación de oportunidades laborales, culturales y educativas. ix. Cuantificar y agenciar el presupuesto que se requeriría para adoptar estas y otras medidas; un plan de articulación para gestionar estos recursos de manera concurrente con los demás niveles de Gobierno, Nacional y Distrital es parte de lo que deberá hacerse a tal efecto, al igual que cooperar, compartir buenas prácticas y gestionar recursos de la comunidad internacional. x. Implementar estas y otras medidas pertinentes para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos en la localidad de San Cristóbal dentro del plan de acción en derechos humanos y derechos internacional humanitario para San Cristóbal (2014-2034) que complementa este diagnóstico.

v. I nstitucionalizar el 10 de diciembre como Día Internacional de los Derechos Humanos, como el día local de promoción y rendición de cuentas en derechos humanos, en el que la administración local respectiva y demás autoridades rindan cuentas sobre sus acciones y obstáculos para respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos y el

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5.1.2. Al Gobierno Distrital y entidades distritales i. Destinar recursos adicionales y suficientes a los fondos de inversión local para que identifiquen, informen y respondan de manera más efectiva a la situación local de derechos humanos. Para la localidad de San Cristóbal esto supone priorizar recursos a fin de superar los graves obstáculos y retos identificados en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos, y para la caracterización completa de la crítica situación de las víctimas en la localidad. El logro de los objetivos del milenio hace parte de este esfuerzo. ii. Adoptar todas las medidas necesarias para implementar en todo el sistema educativo del Distrito el plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. iii. Mejorar técnica, logística y financieramente la capacidad de sus oficinas con funciones especiales en derechos humanos, en especial la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, a fin de coordinar y responder junto con las autoridades locales a los desafíos en derechos humanos de la ciudad, entre ellos, el registro y diagnóstico de la situación y las violaciones, y la identificación de las amenazas respectivas en articulación con las autoridades estatales pertinentes a tal efecto, incluida la Policía Nacional. iv. Mejorar la estrategia de subsidiariedad, concurrencia, articulación y coordinación entre nación-distrito para la prevención, atención y reparación integral a las víctimas (Ley 1448, Decretos Ley 4633,4634 y 4635), dando especial tratamiento y atención a la crítica situación de la población desplazada por la fuerza que recibe cada año la ciudad y sus localidades (Ley 387 de 1997). Promover y garantizar la protección diferencial de las organizaciones, líderes, lideresas y defensores de derechos humanos que debe formar parte integral de esta estrategia de articulación (Decreto 4912 de 2011).

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5.1.3. Al Gobierno Nacional e instituciones del Estado i. Tomar las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos sin discriminación para todas las personas que habitan el país, entre esas medidas: a) adoptar como parte integral del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 la Política Integral de Derechos Humanos 20142034, De la Violencia a la Ciudad de los Derechos; b) dotar de recursos financieros y técnicos al Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (Decreto 4100 de 2011; c) implementar en todo el sistema educativo del Distrito el plan Nacional de Educación en Derechos Humanos; d) firmar los Convenios Interamericanos contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, y demás mecanismos relevantes para la protección de los derechos humanos como los protocolos facultativos aún no adoptados por Colombia, y atender sin dilación las recomendaciones que los mecanismos de monitorización de derechos humanos del Sistema de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano realizan para mejorar la situación de derechos humanos en Colombia; e) promover y apoyar con recursos suficientes las iniciativas de la sociedad civil y sus organizaciones dirigidas a promover los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el país. El logro de los Objetivos del Milenio hace parte de este esfuerzo. ii. Vigilar y garantizar que las actividades del sector privado y las empresas, incluidas las transnacionales, sean acordes con el derecho internacional de los humanos y derecho internacional humanitario, y el respeto de los derechos humanos de los grupos étnicos en los términos del Convenio 169 de la OIT (Ley 21 de 1991). iii. Garantizar mediante todos los medios, incluida la asesoría y monitorización internacional, que las reformas a la justicia militar o conexas a esta no restrinjan ni puedan generar fallas en las obligaciones del Estado colombiano en materia de derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, en especial la impunidad sobre violaciones cometidas por la Fuerza Pública.

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iv. Mantener los espacios de diálogo y cooperación con los organismos internacionales y la comunidad internacional sobre las mejores prácticas para garantizar todos los derechos humanos a la población del país y demás personas en su jurisdicción, incluida la adopción de una Comisión de la Verdad. Los derechos de los refugiados y su protección hacen parte del fortalecimiento de la cooperación internacional en esta materia. v. Seguir trabajando por la paz a través del diálogo, la negociación y la resolución pacífica de los conflictos, en especial, redoblar los esfuerzos para alcanzar acuerdos firmes con las guerrillas de las FARC y el ELN, su socialización y reintegración, al igual que con otros grupos armados ilegales que afectan la paz y la vigencia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia.

5.1.4. A la sociedad civil y los medios de comunicación i. Los medios de comunicación, y en general todas las personas, deben evitar a toda costa y en todo caso realizar o promover estereotipos racistas, sexistas o de otro tipo conectados con formas y patrones de discriminación y violencia, discursos de intolerancia y odio, que limitan o vulneran el goce efectivo de los derechos humanos de las personas afectadas por estos fenómenos. ii. Redoblar todos los esfuerzos para integrar en la sociedad colombiana a todo nivel una cultura de respeto, protección y vigencia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; a tal efecto documentar, denunciar, monitorizar, vigilar e informar de forma continua y pertinente sobre la situación de los derechos humanos en el país, sus avances y retos, y sobre las mejores prácticas adoptadas para su promoción y vigencia efectiva. iii. Continuar y reforzar su trabajo de autoorganización y mutua colaboración para seguir profundizando las bases democráticas del Estado colombiano y el goce efectivo de todos los derechos humanos sin discriminación en el país. iv. Continuar y fortalecer la cooperación con los organismos internacionales y la comunidad internacional de cara a la promoción y vigencia de los derechos humanos en el país y la construcción de la paz. v. Adoptar todas las medidas necesarias y redoblar los actuales esfuerzos para alcanzar una salida negociada al conflicto armado en el país y para que las partes en disputa perseveren en el diálogo pacífico y el respeto del derecho internacional humanitario y los derechos humanos como ejes centrales de este esfuerzo. vi. Fomentar el ejercicio de la memoria y las medidas conducentes a hacer efectivo este derecho y los derechos de todas las víctimas. vii. Seguir en su trabajo incansable en procura de una sociedad más organizada y democrática, un Estado más justo y la paz en Colombia.

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