Transformacion y vida: propuesta metodologica de memoria historica desde las mujeres sindicalistas
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – Codhes Marco Alberto Romero S. Director CODHES Héctor Fajardo A. Coordinador proyecto Analistas María Angélica Gómez M Luis Fernando Sánchez S. ISCOD Susana Fernández Díaz Representante Colombia Autora Diana Marcela Gómez Correal Diagramación Reves Diseño Ltda. | contacto@revesdiseno.com Recurso portada: Freepik Impreso en Colombia ISBN: 978-958-8881-11-9 Marzo de 2016 Esta publicación es un resultado del Proyecto “Fortalecidas las capacidades del movimiento sindical como sujeto colectivo para la participación e incidencia en los procesos de construcción, implementación y evaluación de políticas públicas de reparación colectiva y garantías de no repetición, con enfoque de género”, ejecutado por el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y financiado por el Gobierno del Principado de Asturias. Los contenidos aquí expresados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan la posición del Gobierno de Asturias, Codhes o ISCOD ni de las organizaciones sindicales participantes del proyecto. Se permite la reproducción y/o traducción parcial de este trabajo para para fines no comerciales, siempre que se realicen los debidos reconocimientos.
Contenido Presentación 5 1. Lineamientos para la elaboración de una estrategia de reconstrucción de la violencia antisindical sufrida por las mujeres 7 1.1. Contexto y antecedentes 7 1.1.1. Antecedentes: sociedades en movimiento entre la guerra y la paz 9
1.2. Lineamientos conceptuales y enfoques 12 1.2.1. Feminismos descoloniales 12 1.2.2. Enfoques 20 1.2.3. Memoria para la transformación social y la vida 25
1.3. Estrategias de participación de la mujeres para la reconstrucción de la memoria histórica de los procesos de victimización sufridos por las mujeres pertenecientes a organizaciones sindicales 39
2. Metodología para la reconstrucción de la memoria de los procesos de victimización sufrido por las mujeres sindicalistas
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2.1. Metodología para la criticidad y la vida 41 2.2. Experiencias previas de memoria histórica para las mujeres 44 2.3. Caminar senti-pensando: metodología para la memoria histórica de las mujeres sindicalistas 47 2.3.1. Puesta en marcha de la “Comisión de Memoria Histórica del movimiento sindical para la transformación y la vida” 50
Bibliografía citada y consultada 59
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Presentación
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Este documento presenta una propuesta metodológica, en términos conceptuales y operativos, para la reconstrucción de la memoria histórica de los procesos de victimización sufridos por las mujeres pertenecientes a organizaciones sindicales. De igual manera propone unas estrategias para garantizar la participación de las víctimas en el proceso de reconstrucción de esa memoria; y explicita unos lineamientos para la elaboración de una estrategia de reconstrucción de la violencia antisindical sufrida por las mujeres en el contexto del “conflicto armado” colombiano. La metodología contempla la identificación de hechos victimizantes, derechos vulnerados y daños causados, tanto generales como particulares, sufridos por las sindicalistas. La propuesta es resultado de la revisión de una serie de documentos y experiencias producidas y puestas en marcha por organizaciones de mujeres, víctimas y derechos humanos en Colombia sobre los temas centrales de la consultoría: género, sindicalismo, victimización y memoria. De igual manera conversa con las experiencias de victimización, memoria y reivindicación de los derechos de las mujeres en otros lugares de América Latina; con textos producidos por el Centro de Memoria Histórica y el proyecto Reparación Colectiva del movimiento sindical en Colombia: memoria histórica y garantía de los derechos de sus víctimas. Adicionalmente,
se revisaron textos académicos que abordan temas como memoria, género y feminismo. La revisión de estos documentos retroalimentó la propuesta que se plantea a continuación, la cual, sin embargo, asume una perspectiva y orientación propia. Este texto se estructura en dos partes. En la primera se abordan los lineamientos para la elaboración de una estrategia de reconstrucción de la violencia antisindical sufrida por las mujeres. Esta sección del documento parte por situar la preocupación por la reconstrucción de la memoria histórica de las mujeres sindicalistas en el contexto actual, vinculándola con las reivindicaciones que desde décadas atrás vienen haciendo los movimientos de víctimas, mujeres, feministas y de derechos humanos. Esta contextualización invita a identificar los retos, las relaciones y posibles interlocuciones que este proyecto de reconstrucción de la memoria de las mujeres sindicalistas victimizadas y el de Reparaciones colectivas al sindicalismo, tienen y pueden generar en una coyuntura marcada por los acuerdos sobre víctimas que se han generado en el marco del proceso de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP; por la continuidad de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; y por la ley 975 de 2005.
1 Este documento fue elaborado por Diana Marcela Gómez Correal. Antropóloga e historiadora. Integrante de movimientos de mujeres, paz, víctimas y derechos humanos. E-mail: dianagomezcorreal@gmail.com
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Esta sección, luego de la contextualización, presenta los lineamientos conceptuales generales que se proponen para guiar el proceso de reconstrucción de la violencia antisindical sufrida por las mujeres. Para esto se desarrollan dos perspectivas analíticas. La primera tiene que ver con la situación de las mujeres, la cual es comprendida desde los feminismos descoloniales; y la segunda con la memoria, partiendo de una noción de memoria para la transformación social y la vida. De igual manera, este apartado presentará los enfoques que acompañan las perspectivas seleccionadas: enfoque de derechos de las mujeres, diferencial y de género. Como resultado de estas dos perspectivas, aunadas a la propuesta metodológica, se proponen algunas estrategias para garantizar la participación de la mujeres en la reconstrucción de la memoria histórica. La segunda parte del documento se ocupa de elaborar la metodología para la reconstrucción de la memoria de los procesos de victimización sufridos por las mujeres sindicalistas. Para esto se parte de presentar la perspectiva metodológica; una breve reseña sobre procesos similares que se han llevado en Colombia; las propuestas y preocupaciones del Proyecto de Reparaciones Colectivas al Sindicalismo, y dentro de éste las consideraciones sobre las mujeres sindicalistas; y finalmente, la ruta de trabajo propuesta. La metodología se nutre de las apuestas de la educación popular, la investigación acción participativa, las metodologías participativas y del feminismo descolonial; así como de la antropología y la historia.
1. Lineamientos para la elaboración de una estrategia de reconstrucción de la violencia antisindical sufrida por las mujeres
Esta sección se estructura en dos partes. La primera describe el contexto en el cual esta consultoría tiene lugar, identificando los retos que presenta y los procesos y debates que le anteceden. En la segunda parte se presentan los lineamientos
conceptuales macro desde los que se propone desarrollar el proceso de reconstrucción de la memoria de los procesos de victimización sufrido por las mujeres sindicalistas, así como los enfoques que le acompañan.
1.1. Contexto y antecedentes Esta consultoría surge en un contexto particular y es resultado de unas trayectorias históricas determinadas que confluyen en el presente, que es vital identificar para potenciar el desarrollo del proceso que se propone. La preocupación actual por la memoria de la victimización de las mujeres sindicalistas puede entenderse como el resultado de los debates sobre los derechos de las víctimas que han cobrado una centralidad importante en este siglo; las luchas de los movimientos de familiares, víctimas, mujeres, feministas y derechos humanos que se han desarrollado desde la década de 1970; los procesos de victimización que ha experimentado el sindicalismo desde sus inicios, y las mujeres desde hace siglos; y la estructuración de un modelo de sociedad excluyente de las mayorías que ha optado por la violencia física y simbólica de las diferencias políticas, culturales, sociales y de género. La confluencia tanto de la victimización como de la resistencia, la lucha y las propuestas, con un determinado contexto histórico, posibilitan no sólo plantearse los objetivos de este proyecto de reconstrucción de la memoria, sino también tener las condiciones para desarrollarlo.
Ese contexto histórico particular tiene que ver con las negociaciones y los procesos de paz que se han llevado a cabo a lo largo del siglo XXI, tales como la desmovilización de los paramilitares bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, reglamentada por la Ley 975 de 2005, y el proceso de paz, aún en curso, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP (2012-2016). Este momento histórico ha sido propuesto desde los dos gobiernos, con sus diferencias y matices, como una transición política a la paz que ha sido modelado, entre otras cosas, por la justicia transicional. Ambas coyunturas han significado poner en el centro del debate los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
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La centralidad que han cobrado los derechos de los sujetos victimizados2 en lo corrido del siglo XXI, es resultado de dos realidades que es bueno diferenciar. Por una parte está una larga trayectoria de lucha de las organizaciones de familiares y de víctimas en Colombia, que en el contexto de desmovilización paramilitar exigieron que se pusieran en el centro de ese proceso sus reivindicaciones y propuestas históricas ligadas a la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y la no repetición. Este acumulado histórico se posicionó de nuevo en el marco del proceso de paz entre el Estado y las FARC-EP, logrando que uno de los puntos de la agenda de negociación fuera el de víctimas, y que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo que se plantea como un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Por otra parte, la centralidad de los derechos de las víctimas en estos dos procesos es resultado de las obligaciones que ha adquirido el Estado colombiano con los sujetos victimizados y que son garantizados tanto por la Constitución de 1991 como por el derecho internacional de los derechos humanos, a través de las obligaciones que ha adquirido Colombia con la comunidad internacional. La justicia transicional precisamente hace parte de esto último. En coyunturas como las que ha vivido Colombia en el presente siglo (la desmovilización paramilitar y el proceso de paz con las FARC-EP), las discusiones sobre el pasado se exacerban, lo cual pone en 2 Si bien a lo largo del texto empleo el vocablo víctimas, propongo mejor usar la noción de sujetos victimizados, la cual les reconoce su carácter activo, como ciudadanas y ciudadanos con derechos y sujetos de la historia. Esta noción busca controvertir los estereotipos que circulan sobre las víctimas y que hacen de ellas seres vengativos, pasivos y objetos de la acción del Estado y del reconocimiento de la ciudadanía. Es importante visibilizar la existencia de sujetos victimizados en primera y segunda instancia. Con primera instancia me refiero a quienes fueron directamente asesinados, desaparecidos, torturados, objeto de violencia sexual, y de otras vulneraciones a los derechos humanos. Los sujetos victimizados en segunda instancia son los familiares y otros seres queridos, incluidos los compañeros de organización, que se sienten directamente afectados por la pérdida de la persona. Muchos de estos deciden organizarse y reclamar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación a través de distintas estrategias, entre ellas la memoria. Estos sujetos victimizados en segunda instancia suelen convertirse en objeto de violaciones a sus derechos, sufriendo persecución, hostigamiento, desplazamiento forzado y exilio, entre otras vulneraciones (Gómez, 2015).
el centro de la vida pública la memoria. En otros contextos de aplicación de la justicia transicional o de modelos parecidos que buscan superar dictaduras o conflictos armados y transitar a la democracia o a una “democracia plena o real” (Argentina, Perú, Guatemala, Sudáfrica, entre otros), se ponen en marcha una serie de dispositivos que se preocupan por “administrar” la memoria colectiva sobre el pasado. En estos contextos emergen Comisiones de la Verdad, Comisiones de Esclarecimiento Histórico, Centros de Memoria, así como toda una serie de instituciones, procedimientos y leyes que no sólo deben garantizar los derechos de las víctimas, sino también contribuir a la refundación de la nación a través de una revisión del pasado. En el caso de Colombia son ejemplo de esta nueva institucionalidad la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y la Ley 975 de 2005. Como diversos historiadores, intelectuales y activistas han planteado, la historia es un campo de batalla, y una lucha por la verdad en relación con el pasado. En ese sentido la memoria es un ejercicio que se encuentra situado en medio de relaciones de poder. De ahí la importancia de que los sujetos victimizados, los movimientos sociales y los actores contra-hegemónicos, avancen en sus propios procesos de reconstrucción de la memoria del pasado, y que a su vez, se articulen y/o interpelen las iniciativas estatales y las que son resultado de procesos de negociación y construcción de paz. Es de resaltar que en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición acordado en el punto 5 del proceso de paz, se creó una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición; la Jurisdicción Especial para la Paz; la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; y medidas de reparación integral. La reconstrucción de la memoria de los procesos de victimización sufridos por las mujeres sindicalistas no puede entenderse ni desarrollarse aisladamente
de todo este universo de políticas, leyes, instituciones y discursos, pues debe contribuir a la materialización de los derechos de los sujetos victimizados a la verdad, la justicia y la reparación desde las obligaciones que le corresponden al Estado, interpelar a éste y a la sociedad en su conjunto, y permitir avanzar en garantías de no repetición y la transformación de las causas que produjeron la violencia estructural y encarnada.3 En ese sentido, esta propuesta dialoga con las medidas de construcción de la verdad, de memoria histórica, conmemoraciones y conservación de la memoria propuestas por el proceso de Reparaciones Colectivas al Sindicalismo (Codhes e Iscod, 2013), entre ellas las preocupaciones por la creación de una Comisión de la Verdad y la reconstrucción de la historia del movimiento sindical no sólo desde la victimización sino también desde sus luchas. Es en este contexto transicional en el que aparece la preocupación del movimiento sindical por adelantar un proceso de Reparaciones Colectivas, siguiendo la noción de reparación transformadora propuesta por Rodrigo Uprimny (Codhes e Iscod, 2013). Este proceso está motivado, entre otras cosas, por “la reivindicación histórica de justicia” dados los altos niveles de impunidad que cruzan los crímenes contra las y los sindicalistas; la necesidad de modificar la actitud del “sistema político colombiano frente a los procesos de organización del mundo del trabajo y la reivindicación de los derechos sociales”; y de enlazar “el trabajo de defensa de los derechos humanos con la agenda de los movimientos sociales” (Codhes e Iscod, 2013: 11). Esto último, con la intención de generar articulaciones entre los sujetos victimizados.
3 Este concepto busca poner de presente que la violencia ha sido consustancial a la formación del Estado-nación colombiano no como una excepción o anomalía, sino más bien como una posible expresión del modelo de sociedad por el que se optó en Colombia desde la Independencia, y que hunde sus raíces en la época colonial. El Estadonación y la sociedad colombiana no son un “desvío” del modelo de democracia propuesto por la modernidad, sino más una materialización concreta de la modernidad hegemónica en nuestro territorio. La violencia en el país además de estructural es encarnada, pues se convirtió para grandes sectores de la sociedad en el modus operandi de la política, hasta el punto que ha creado subjetividades guerreras que tiene como su principal objetivo el cuerpo individual y colectivo de los subalternos, el cual ha sufrido un proceso de feminización constante (Gómez, 2015).
1.1.1. Antecedentes: sociedades en movimiento entre la guerra y la paz Las motivaciones, objetivos y preocupaciones del proceso de Reparaciones Colectivas al Sindicalismo, y de reconstrucción de la memoria de la violencia antisindical contra las mujeres, se enlazan con cuatro dinámicas que han tenido lugar en el mediano plazo. La primera tiene que ver con el importante auge que cobró la izquierda en el país en las décadas de 1960 y 1970 (Archila, 2003); la segunda con los procesos de victimización que le siguieron a esa consolidación de las izquierdas, los movimientos sociales y populares; la tercera con el surgimiento de los movimientos de familiares, víctimas y derechos humanos; y el cuarto con la preocupación cada vez mayor que adquirió para los movimientos feministas y de mujeres la manera concreta cómo el género femenino experimenta la violencia en Colombia. Los movimientos de víctimas, familiares y derechos humanos vienen desde hace décadas posicionando en el debate público las violencias del Estado, el paramilitarismo, el narcotráfico y las guerrillas, demandando el reconocimiento de la existencia de dichas vulneraciones, su fin, y la aplicación de justicia. Estas demandas y propuestas comenzaron a organizarse de manera más sistemática a finales de la década de 1970, cuando surgieron organizaciones de derechos humanos que denunciaron prácticas como la desaparición forzada, la tortura y las capturas ilegales por parte del Estado colombiano;4 y cuando a inicios de la década de 1980 empezaron a crearse organizaciones de familiares de personas desaparecidas forzadamente.5
4 Organizaciones como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos surgen en la década de 1970. Acciones relacionadas con la documentación de casos y denuncias comienzan a ser parte de los repertorios de protesta de los movimientos sociales, las izquierdas y los intelectuales a finales de esa década y principios de 1980. 5 En 1983 surge la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADDES, y a mediados de esa década ya es posible identificar la existencia de una “red débil” de instituciones de derechos humanos. Esta red para finales de los ochenta y principios de 1990 se ve fortalecida con un boom de comités de derechos humanos en el nivel local (Tate, 2007).
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Los procesos de victimización de ese entonces fueron resultado de la aplicación de la doctrina de Seguridad Nacional y la ideología del enemigo interno en el marco de la Guerra Fría.6 En Colombia el uso recurrente del Estado de Sitio contribuyó a cristalizar una versión propia de esa Doctrina, cuyos rigores se comenzaron a sentir con fuerza en el período presidencial de Turbay Ayala (1978-1982). En este período las Fuerzas Armadas adquirieron una gran autonomía, lo que desencadenó en violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, penalización de la protesta y consolidación de los militares como grupo de poder (Gómez, 2007). Esto significó de igual manera una actitud permanente de cierre a las posibilidades de negociación con las guerrillas ya que el Ejército se reafirmó en su posición de alcanzar la victoria por la vía militar. Esta concepción sobre el “enemigo interno” y la estrategia construida desde el Estado para lidiar con las alternativas políticas, iría tomando otras particularidades en la década de 1980, en la cual un número significativo de hombres y mujeres ligados a los movimientos sociales, las izquierdas y las guerrillas fueron desaparecidos y asesinados, entre ellos sindicalistas; mientras se consolidaban grupos paramilitares que actuaron en connivencia con el Estado, el narcotráfico, élites políticas, económicas, culturales e internacionales, y que en los noventa se articularían en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
6 En ese contexto, la confrontación este-oeste cobró una importancia particular en Colombia dado que para los Estados Unidos la lucha contra el comunismo se convirtió en una cuestión de seguridad, política, ideológica y económica de alta prioridad en la región. La construcción de un enemigo “comunista” adquirió peculiaridades propias, pues la Doctrina de Seguridad Nacional sirvió a los militares y políticos como punto de partida para la comprensión global del Estado y la sociedad en el contexto de la Guerra Fría, localizando el componente militar en el centro de la sociedad. Con la utilización del concepto de “enemigo interno” se justificó la violencia estatal para eliminar los factores que atentaban contra su seguridad, justificando una guerra permanente contra ese “enemigo” y catalogando la inconformidad social como terrorismo (Blair, 1993: 113), una de las bases que justificó en esos años y de ahí en adelante, el ataque contra las y los sindicalistas.
Si bien la década de 1990 inicia con una aureola de optimismo dadas las negociaciones de paz7 y la formulación de la nueva Constitución Política, el uso de la violencia como estrategia para lidiar con las alternativas políticas, sociales y culturales, estaba lejos de desaparecer de la lógica nacional. Las AUC cobraron fuerza y el terror se extendió en la amplitud del territorio nacional, en una dinámica que tenía como objetivo una disputa por el control social, político, económico, territorial y cultural de lo local y regional tanto con las guerrillas como con sujetos deliberantes y contra-hegemónicos, entre ellos el movimiento sindical. Esa década estuvo marcada por un permanente contraste entre guerra y paz que fue telón de fondo de la creación de organizaciones y movimientos a favor de la consolidación de la paz. Durante esos años a lo largo y ancho del país se crearon diversos comités de derechos humanos, mientras las organizaciones y movimientos de mujeres y feministas comenzaron a reclamar públicamente que las mujeres se habían convertido en botín de guerra en el desarrollo de la violencia en Colombia. En ese contexto surgieron organizaciones como la Red Nacional de Mujeres, la Ruta Pacífica y la Mesa Nacional de Concertación (Gómez y Wills, 2006). En 1996, como resultado la convergencia de varias organizaciones de derechos humanos se crea el Proyecto Colombia Nunca Más con el objetivo de “hacer un aporte a la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Colombia entre 1968 a 1998 a partir de la memoria histórica” (MOVICE, http://www. movimientodevictimas.org/quienes-somos/historia. html). Si bien a finales del siglo XX el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) inicia un proceso de negociación con las FARC-EP este fracasa en el 2002 dando continuidad a una guerra en las que diversos actores armados (guerrillas, narcotraficantes, paramilitares y Fuerzas Armadas) y no armados se disputaron el control por la definición de la Colombia del siglo XXI. 7 Las negociaciones se llevaron a cabo con la guerrilla del M-19, el Ejército Popular de Liberación Nacional, el Movimiento Armado Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores.
En el marco de las negociaciones de paz con esta guerrilla, las mujeres se posicionaron como sujeto colectivo en las Audiencias del Caguán donde presentaron sus demandas y propuestas para la construcción de paz, lo que en parte ánimo en 2001 la creación de la Alianza de Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP). Los objetivos centrales que dieron origen a esta Iniciativa, financiada por el Sindicato de Trabajadores de Suecia (ST), y liderada en Colombia por el Departamento de la Mujer de la CUT, eran disminuir los impactos de la guerra en mujeres y niños, la participación directa de las mujeres en los procesos de negociación del conflicto armado, y el respeto por parte de todos los actores armados del Derecho Internacional Humanitario (IMP, 2004). A través del trabajo cotidiano de las organizaciones de familiares, víctimas, mujeres, feministas y de derechos humanos se generalizó la discusión pública sobre los derechos de las víctimas (verdad, justicia, reparación, y garantías de no repetición), las particularidades de las mujeres, y la necesidad de hacer real esos derechos. Esto implicó el desarrollo de definiciones propias, de estrategias para materializarlos y de rutas metodológicas para su concreción. Como resultado de ese trabajo, sólo por nombrar algunos procesos, están: la Agenda de Mujeres Colombianas por la Paz construida desde la Alianza IMP en 2002; la interpelación de la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz al proceso de desmovilización de los paramilitares y su participación en la CNRR; la conformación del Grupo de Trabajo Mujer y género, por la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación, así como la elaboración del documento de Recomendaciones para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia (2008); y la propuesta de Comisión de la Verdad de la Ruta Pacífica (2010).
Como parte de las tareas del Grupo de trabajo Mujer y Género, y de la labor de Comisionadas de la CNRR que representaban los derechos de las mujeres y a la sociedad civil, se llevaron a cabo intercambios con la Fiscalía y otras instituciones del Estado con la intención de desarrollar protocolos para que se identificará y procesará, en el marco de la desmovilización paramilitar, la violencia sexual como una de las formas de victimización ejercida contra las mujeres dado que ha sido un crimen invisibilizado no sólo por la sociedad sino también por el Estado, y en consecuencia por el aparato de justicia. En los últimos años, especialmente desde el establecimiento de los diálogos de paz con las FARC-EP, las organizaciones de mujeres y feministas han estado activas interpelando ese proceso, presentando propuestas e incidiendo desde diversas estrategias como la conformación de delegaciones a la Habana, y la inclusión de la perspectiva de género en los acuerdos. De esta forma están haciendo real los objetivos que se han planteado desde la década de 1990, en consonancia con el principio rector de la Resolución 1325 de las Naciones Unidas, que plantea que la paz se construye con y para las mujeres.
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1.2. Lineamientos conceptuales y enfoques Abordar la violencia que han vivido las mujeres requiere definir de entrada los lineamientos conceptuales desde los que se va a comprender su victimización, optando por aquellos que permitan dar cuenta de manera más comprehensiva de los diferentes tipos de violencia que ha experimentado el género femenino y de la complejidad que supone la violencia antisindical contra las mujeres. Se propone la perspectiva del feminismo descolonial no solo para comprender la victimización de las mujeres, sino también para identificar el daño causado, entender por qué esa violencia tuvo lugar y potencializar la acción política de los sujetos victimizados. Estos dos últimos aspectos son de particular importancia para las mujeres y todos los sujetos victimizados, en tanto en el contexto colombiano muchas víctimas expresan que no comprenden por qué ocurrió lo que les paso a ellas y/o a sus seres queridos, convirtiéndose esto en un factor que les debilita como sujeto político. Esa debilidad incide así mismo en procesos de sanación y duelo débiles o inexistentes que hacen más difícil y pesado continuar con los proyectos de vida. Para el desarrollo de una estrategia de reconstrucción de la violencia antisindical sufrida por las mujeres se propone además del feminismo descolonial; los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial; una noción de memoria para la transformación social y la vida; y metodologías que potencien la acción colectiva, la criticidad y la sanación.
1.2.1. Feminismos descoloniales Las teorías feministas han tenido como objetivo develar la existencia de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres que hacen parte de la constitución de una sociedad patriarcal, y que se expresan en la manera como el género es organizado en la sociedad. Dependiendo de los enfoques feministas (liberal, socialista, marxista, de la diferencia, de la igualdad, radical, post-socialista, populares, negros, indígenas, queer, lésbicos, descoloniales, comunitarios), estos han contribuido a entender cómo el patriarcado ha tomado forma en las sociedades indígenas y negras, en la época colonial, en la constitución de los Estado-nación, en el capitalismo, y en los siglos XX y XXI. Los amplios desarrollos de los feminismos han permitido mostrar que las mujeres tuvieron que esperar un buen tiempo para ser consideradas ciudadanas, y que luego de adquirido ese status igual se les siguió negado el disfrute de una ciudadanía plena. La privación de la ciudadanía en tiempos modernos, prolongó la negación de la humanidad que habían experimentado las mujeres en distintos contextos históricos.8 Los diversos feminismos han permitido observar como el patriarcado y las relaciones de género inciden en el mundo laboral, en la economía, en la política, en el ámbito doméstico, en la cultura, lo simbólico, la religión y en el ejercicio y vivencia de la violencia, entre otras dimensiones de la sociedad y la cotidianeidad humana. Específicamente los feminismos descoloniales surgen del cruce de la teoría descolonial, caracterizada por ser una corriente de pensamiento desarrollada por intelectuales latinoamericanos 8 Por ejemplo, en el siglo XIII Santo Tomás de Aquino se preguntaba si, “como individuo, la mujer es un ser endeble y defectuoso” y si “ratas y mujeres … tendrán … alma” (Estrada, 2008).
para dar cuenta de las especificidades históricas de la región (Quijano, 2007; Mignolo, 2009; Walsh, 2013; Escobar, 2007; entre otros y otras intelectuales), y una serie de feminismos que comenzaron a cuestionar postulados de los feminismos hegemónicos (Espinosa et al., 2014). Algunas corrientes de los feminismos indígenas, negros, populares y lésbicos, entraron a cuestionar la dependencia intelectual de los feminismos latinoamericanos con el norte global; la dificultad de algunas feministas para reconocer las diferencias y las desigualdades que existen entre las mujeres postulando la existencia de un solo sujeto mujer; y la incapacidad de articular en los análisis sobre la realidad de las mujeres y Latinoamérica diversas opresiones, proponiendo la raza como una dimensión central. De esta manera, los feminismos descoloniales han propuesto como un elemento epistemológico central la interseccionalidad para comprender la realidad, lo que se traduce en la necesidad de reconocer la existencia del patriarcado y de relaciones de género concretas, así como el rol que juegan la raza, la clase, el origen geográfico y la hetero-normatividad en la construcción y dominación de ciertos sujetos. De la mano con la teoría descolonial, los feminismos descoloniales plantean que es necesario entender el presente desde la larga duración, es decir, incluyendo las dinámicas y los procesos que se gestaron durante la época colonial, pues es allí donde el patriarcado actual se gestó (Lugones, 2008; Segato, 2010; Paredes, 2010), dando particularidades a las subjetividades femeninas y masculinas. Lugones (2008) argumenta, por ejemplo, que negras e indígenas no eran conceptualizadas como mujeres en la época colonial sino más bien como hembras aptas para el sexo y la reproducción, lo cual les negaba su condición de humanas operando un proceso de bestialización (Ochoa, 2014) que fue más fuerte para las negras. Feministas comunitarias como Julieta Paredes (2010) plantean que los conquistadores aprendieron a dominar en el cuerpo de las mujeres, y que el territorio fue entendido también
en términos femeninos como lugar de violencia sexual, penetración, apropiación y expropiación. Entender las lógicas de la guerra en Colombia, la violencia estructural y encarnada, la militarización de la vida cotidiana y la violencia ejercida contra las mujeres, requiere comprender entonces el cruce entre las lógicas del patriarcado y el colonialismo, y las trayectorias en las que desencadenó, incluida la constitución del Estado-nación, el capitalismo y las violencias de los siglos XX y XXI. En este sentido, se propone que para poder avanzar en la reconstrucción de la violencia antisindical sufrida por las mujeres, es necesario que permanentemente se reconozca el cruce de tres realidades. La primera tiene que ver con la pertenencia al mundo sindical; la segunda con el hecho de ser mujeres;9 y la tercera con las especificidades de las sindicalistas en relación a su raza, etnia, lugar de origen, orientaciones sexuales y sector sindical. Antes de abordar conceptos fundamentales para comprender la realidad de las mujeres, quisiera proponer algunos elementos para entender desde la larga duración la especificidad que trae consigo el hecho de ser sindicalista. En términos de una mirada más de largo plazo que contribuya a entender el presente, se propone comprender la victimización al sindicalismo y a las mujeres sindicalistas más allá de la noción de conflicto armado interno. Esta categoría presenta algunas limitaciones (Álvarez et al., 2013) que tienen que ver con que la victimización al sindicalismo y a las mujeres existe desde antes de la aparición de las guerrillas en el país. En segundo lugar, la noción de conflicto armado interno se centra en las disputas entre Estado y guerrillas, dejando por fuera la confrontación que otros actores relevantes de la sociedad, como los movimientos y organizaciones sociales tienen con
9 La conjunción de estas dos realidades, sindical y patriarcal, permitiría comprender el fenómeno [de la violencia antisindical contra las mujeres] en su complejidad y contenido específico, en su “carácter de sistematicidad y en sus dimensiones simbólica, semántica, política y cultural” (Cumbre Mujeres Sindicalistas, 2014: 12), tal y como demandan líderes del movimiento sindical colombiano.
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él, y en específico con las élites que le representan. Si bien han existido nexos entre las guerrillas y el sindicalismo, y hay agendas y visiones de país que se cruzan, la violencia anti-sindical, como lo plantea Mario Aguilera (Codhes e Iscod, 2013), no se puede reducir a las cercanías que haya tenido o tenga el movimiento con los grupos guerrilleros. La victimización al sindicalismo está relacionada, entre otras cosas, con las disputas políticas que el sindicalismo le ha planteado a las élites y grupos de poder en Colombia, y que está fuertemente vinculado con la afiliación de izquierda de una porción del sindicalismo en el país. Izquierda que no se reduce al movimiento armado. Esto ha implicado la confrontación de visiones de sociedad divergentes que han puesto en entredicho el modelo económico, laboral, de democracia y soberanía nacional de las élites colombianas, y frente a lo cual el Estado desarrolló una estrategia represiva para confrontar la inconformidad social frente a su apuesta de sociedad. En tercer lugar, la categoría de conflicto armado puede ser riesgosa cuando su uso tiende a ocultar la existencia de la violencia estatal. Es interesante observar que los acuerdos sobre el punto de víctimas de la agenda de negociación giran en torno a ese concepto, y que especialmente en la Jurisdicción Especial para la Paz, en lo referente al trato específico que recibirán las Fuerzas Armadas del Estado, se justifica la acción violenta de estas como parte del uso legítimo del monopolio de la fuerza que ostentan. De esa manera se presume la legalidad de sus acciones,10 y la violencia estatal como fenómeno se diluye, al plantearse que lo que ha ocurrido son casos aislados, producto de “manzanas podridas”, negando su carácter sistemático.
10 Véase al respecto las siguientes noticias: http://www.elespectador.com/ noticias/paz/asi-sera-justicia-especial-los-militares-articulo-606709, http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/ jurisdiccion-especial-debe-dividirse-respecto-militares-ivan-marquez, http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/reparacion-devictimas-militares-tendran-jurisdiccion-especial/16458872
Frente a esto, se plantea la necesidad de poner en el centro del proceso de reconstrucción de la memoria de victimización de las mujeres sindicalistas las nociones de violencia anti-sindical y patriarcado, teniendo presente las particularidades de los conceptos de conflicto armado interno y criminalidad estatal. Es de importancia, partiendo de una noción amplia de violencia que va más allá de la eliminación o la agresión física y que incluye las dimensiones simbólicas y la negación del disfrute de los derechos, introducir en la reconstrucción de memoria propuesta en este proyecto lo que ocurrió con el sindicalismo y las mujeres antes de la aparición de las guerrillas. En este sentido, se propone entender el patriarcado como una de las lógicas subyacentes de la violencia en el país, reconociendo que se expresa dentro y fuera de los conflictos armados, y que en contextos de violencia política se exacerba. La violencia contra las mujeres, los sindicalistas, los indígenas, afrodescendientes y pobres, emerge con la conformación del Estado-nación. Las élites que se disputaron el control del Estado desde en el siglo XIX hicieron uso de la violencia para concentrar el poder y lidiar con las diferencias políticas, sociales, económicas y culturales. Como resultado de ese quehacer político, el Estado colombiano ha hecho uso de distintas formas de lucha, incluida la negociación y la confrontación armada (Ortiz, 2006), para mantener su función coercitiva; y desde esas racionalidades se han desencadenado otras formas de violencia en el país y la emergencia de actores de la guerra (guerrillas, el paramilitarismo y el narcotráfico). Las relaciones y tensiones de poder que se han entretejido entre estos actores y el Estado, y las relaciones entre estos y el sindicalismo, han desencadenado también procesos de victimización de las y los sindicalistas. Desde la larga duración, se hace entonces necesario reconocer que la configuración del Estado-nación en Colombia hunde sus raíces en la época colonial. El modelo de sociedad por el que optaron las élites criollas colombianas es el que heredaron de los conquistadores. A los criollos no les interesó
cuestionar ese modelo. Lo que hicieron a lo largo del siglo XIX fue disputarse desde las identidades de liberales y conservadores ser el sujeto elegido, a cargo de la implementación del modelo de civilización (Rojas, 2002). Así como la violencia actual contra las mujeres no se puede entender en toda su complejidad sin incluir esta dimensión temporal, tampoco puede serlo la aberración que han sentido élites nacionales e internacionales por los pobres, indígenas, afro-descendientes, campesinos y sindicalistas, las estrategias que emplearon para lidiar con estas poblaciones y las visiones del mundo y de la sociedad que les distancian.11 Al plantear la importancia de la larga duración no se está proponiendo desarrollar una historia de conformación del Estado-nación o de la época colonial para entender la victimización de las mujeres sindicalistas. Lo que se está planteando es que la reconstrucción de la memoria y el nivel explicativo de lo sucedido debe incluir esta dimensión temporal pues es un elemento fundamental al momento de comprender por qué y cómo las mujeres y los sindicalistas han sido objeto sistemático de violencia.12 Entender la complejidad de la historia de Colombia y la violencia sufrida por los sujetos victimizados, más que necesitar la identificación de un corte temporal como 1948 o 1964, requiere una mira analítica capaz de entrecruzar los fenómenos desencadenados a lo largo de la historia. Esa mirada procesual permite partir de reconocer que ciertos sujetos sociales (indígenas, afrodescendientes, campesinos, pobres y mujeres), han sido ubicados en un lugar secundario y 11 La violencia ejercida contra el movimiento sindical está directamente relacionada con la implementación del modelo capitalista, el cual desde el punto de vista de los teóricos descoloniales se comienza a organizar a partir de la Conquista. Del capitalismo y sus diversas expresiones (liberalismo, desarrollo, neoliberalismo, neo-extractivismo), se desprenden las lógicas laborales contra las que el sindicalismo ha luchado históricamente, y por las cuales ha sido objeto de violencia. Las violencias experimentadas por el movimiento sindical tiene que ver igualmente con la localización geoestratégica del país, resultado de las dinámicas que desató el encuentro de los dos mundos, y lo que hace necesario incluir entre los actores que han generado la violencia anti-sindical a las multinacionales y a los gobiernos extranjeros. 12 Lo propio aplica para entender la violencia contra indígenas, afrodescendientes y campesinos y/o las dinámicas de la guerra en sus territorios.
muchas veces casi inexistente en el Estado-nación colombiano, y que esa ubicación real y simbólica es lo que ha justificado su eliminación física y ser considerados por prolongados o cortos períodos de tiempo como seres dispensables y prescindibles para la construcción de país.
Patriarcados diferenciales y sistema de sexo-género En distintos contextos históricos y geográficos durante el desarrollo de las confrontaciones armadas, las guerras, los conflictos armados internos, las dictaduras y la criminalidad estatal, se ha ejercido violencia contra las mujeres incluso cuando estas no hacen parte de los grupos en contienda. En esos escenarios el cuerpo de las mujeres se ha constituido en botín de guerra, en un espacio geográfico al que se extiende la contienda militar y a través del cuál se busca atacar y disminuir al enemigo. Tribunales Internacionales como el de Nuremberg, Tokio y Ruanda permitieron reconocer la existencia de la violencia sexual contra las mujeres como estrategia de guerra. En el caso de América Latina, la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú afirmó que en el conflicto existió “una práctica (…) de violaciones sexuales y violencia sexual contra mujeres, principalmente, la cual “es imputable (…) en primer término a agentes estatales (…) [y] en menor medida a miembros de los grupos subversivos” (Cejil, 2009). Por otra parte en Guatemala, los Informes de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) de la Iglesia Católica y el de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de Naciones Unidas, registraron altos niveles de violencia sexual hacia las mujeres. En distintos contextos hay evidencia de que la violencia contra las mujeres políticamente activas, (especialmente en el caso de guerrilleras, líderes de izquierda y de movimientos sociales), adquiere una connotación de género. Esta connotación de género se refiere a que la violencia es ejercida contra ellas como expresión de una censura al hecho de que
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rompieron con las asignaciones de género que le fueron asignadas social y culturalmente, y que tienen que ver con su rol doméstico y de madre, recluidas al espacio privado, ausentes de lo público-político, y asociadas con la pasividad frente a la dominación. En Perú, a través del caso del penal Miguel Castro Castro, se demostró que el involucramiento de las mujeres en el conflicto cambio la percepción sobre ellas y provocó “un trato más cruel y violento sobre … [las] consideradas sospechosas” (Cejil, 2009).13 Adicional a estas manifestaciones de violencia contra las mujeres, en las que ellas son los sujetos victimizados en primera instancia, se suma que dada la lógica patriarcal de la guerra, la mayoría de los sujetos victimizados sobrevivientes (los familiares y las y los compañeros de los procesos de lucha), son mujeres. Como lo plantea Susan Sontag (2003), la guerra ha sido “un juego de hombres”, por lo cual las mujeres han tenido que asumir las consecuencias en la vida cotidiana del daño causado a sus seres queridos, a sus núcleos familiares, organizativos y comunitarios. En el caso colombiano muchas mujeres se han convertido en jefas de hogar y han tenido que experimentar el desplazamiento forzado. Estas son formas de re-victimización que afectan sus proyectos de vida y el de sus familias, así como a los procesos organizativos.14
13 En 1992, bajo el gobierno de Fujimori, se da un ataque contra el Pabellón 1A del penal que albergaba 133 mujeres prisioneras, algunas en embarazo. El operativo fue dirigido desde los más altos niveles del gobierno e hizo uso de armamento para conflictos armados abiertos. El ataque concluyó con la destrucción del pabellón 4B donde las prisioneras se habían refugiado. Este caso se constituyó en la primera ocasión en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de una víctima de violación sexual en más de 25 años, y que un Estado es declarado internacionalmente responsable dentro de la jurisdicción de la Corte por una violación de este tipo y contra una mujer. 14 En relación al mundo sindical, el documento de Codhes e Iscod (2013), plantean que en el caso de las mujeres sindicalistas las afectaciones atañen a su integridad sexual; y que hay una relación entre el rol tradicional que se les ha asignado, su desempeño laboral en cargos como maestras, enfermeras y madres comunitarias, y las particularidades que toma la victimización. Por su parte el documento de la Cumbre Nacional de Mujeres Sindicalistas, indica que “el mayor número de casos de violencia antisindical contra las mujeres se presenta en el sector de los servicios sociales, comunales y personales (93%), donde a la fecha se registran 2.892 casos, presentándose un alto porcentaje de mujeres víctimas docentes sindicalizadas, madres comunitarias y personal de la salud. Y es precisamente en estos sectores donde la violencia antisindical contra mujeres se concentra, lo que ha ocasionado desplazamientos, reubicaciones del lugar de trabajo y, en muchas ocasiones, obliga al abandono del ejercicio sindical o a la inmovilidad. La violencia antisindical se concentra en un 94% en la educación y la salud; la Federación
Muchas de estas mujeres, víctimas en primera y segunda instancia, son las que históricamente han liderado la lucha por los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en diversos contextos históricos y geográficos, y han sido quienes han enarbolado la memoria como una forma de dignificar a sus familiares, censurar lo ocurrido y alcanzar justicia.15 El hecho de que las mujeres familiares o compañeras de lucha de los sujetos victimizados en primera instancia se conviertan en sujetos políticos que reclaman públicamente por los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, entre otras violaciones de derechos humanos, las ha convertido también en objetivo militar (Gómez y Wills, 2006), con consecuencias como asesinatos, intimidaciones y exilio. Para explicar estas dinámicas, las maneras específicas en las que las mujeres son vulneradas, que incluyen prostitución y abortos forzados, esclavización, violencia sexual, feminicidios, desaparición forzada, desplazamiento forzado, secuestro, hostigamiento, exilio y asesinato, es necesario entender las particularidades del patriarcado y los arreglos de género que de él se desprenden. En ese sentido se entiende por patriarcado una forma de organización de la vida social en la que la autoridad y el liderazgo del varón son centrales, producto de la toma del poder en la vida cotidiana por parte del género masculino (Reguant En Varela, 2005: 177). Con el transcurso del tiempo el patriarcado se convirtió en una forma de dominación que terminó organizando la vida de hombres y mujeres en distintas sociedades. Hay que anotar, sin embargo, que el patriarcado no es ni transhistórico ni transcultural, es decir que no ha existido en todas las culturas, sociedades y períodos históricos, y que tampoco es producto de Colombiana de Educadores (Fecode), concentra el 82% de las violaciones de derechos humanos cometidas hacia mujeres sindicalizadas” (Cumbre Mujeres, 2014: 11-12). 15 Algunos ejemplos son las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo. En el caso de Colombia las mujeres son mayoría en diversas organizaciones de víctimas como ASFADDES y el MOVICE, mientras existen otras organizaciones cuyo carácter es específicamente femenino como es el caso de las Madres de la Candelaria, Madres por la Vida y las Madres de Soacha, entre otras.
la naturaleza humana, lo cual abre la posibilidad de que sea transformado pues es una construcción histórica y culturalmente situada. Se plantea el concepto de patriarcados diferenciales (Gómez, 2012), reconociendo que el patriarcado funciona de manera particular dependiendo del contexto social, cultural, político e histórico de cada sociedad; y que parte de las particularidades que toma tiene que ver con su interrelación con otras formas de dominación como el colonialismo, el capitalismo, el imperialismo, y sus expresiones concretas de poder como la raza, la etnia, la clase, la sexualidad, y la ubicación geográfica. Las particularidades que asume también están relacionadas con las dinámicas de poder de diversos actores, entre ellos los de la guerra.16 El patriarcado ha sido posible, como lo explica Varela (2005), por el uso de la violencia. El sometimiento histórico de las mujeres no hubiera sido factible sin esto, por lo cual es posible plantear que la guerra y la violencia son prácticas producto de una ontología patriarcal. Otro elemento fundamental del patriarcado es la apropiación de la sexualidad y la reproducción de las mujeres, lo cual contribuye a entender los abortos y esterilizaciones forzadas a las que han sido sometidas las mujeres en contextos de guerra o de construcción del Estado-nación, así como la violencia sexual, la prostitución forzada y esclavización doméstica por parte de todos los actores armados en Colombia. Los patriarcados establecen un orden simbólico en el que lo masculino es valorado como superior, asignando características particulares a hombres y mujeres. En esta expresión del patriarcado los mitos y la religión juegan un papel de gran importancia. Así, en la lógica judeo-cristiana, las mujeres tienen solo dos caminos posibles por los cuales optar: ser vírgenes o putas. María o Eva. La diferencia entre María la madre de Jesús y María Magdalena pone precisamente en el centro de la distinción el
16 Es interesante observar como el narcotráfico ha construido estéticas particulares de lo femenino en Colombia, que tienen que ver con las cirugías plásticas y la idea de que “sin tetas no hay paraíso”.
ejercicio de la sexualidad y el derecho al placer, de forma tal que a éste último sólo tienen derecho los hombres. Idea que ha justificado ya por varios siglos la violencia sexual contra las mujeres. En el marco del proceso de desmovilización paramilitar, se pudo establecer que alias HH, del Bloque Calima de las AUC, desfloraba a las mujeres vírgenes de la región bajo su mando. Esto recuerda la práctica de la Edad Media, en la que el señor feudal tenía el derecho de pernada o Ius Primae Noctis (potestad de tener relaciones sexuales y desflorar a toda virgen, sierva de su feudo, que fuera a casarse con otro siervo suyo). Dependiendo de sus particularidades, los patriarcados construyen un sistema de sexo-género (Rubin, 1975) basado en las características sexuales (órganos sexuales y reproductivos) de hombres y mujeres, y desde los que se define la identidad de las personas en torno a las categorías de lo masculino y lo femenino, asociados respectivamente a nacer macho (con pene) y a nacer hembra (con vagina). El género es entonces una construcción cultural, a partir de la cual se organiza el entendimiento de los seres humanos partiendo de los datos biológicos (el sexo). Esa organización particular de las relaciones entre hombres y mujeres es una relación de poder en el que lo femenino se encuentra situado en un lugar de desventaja. Esto no significa que las mujeres no ejerzan poder en esa relación, o que no exista relaciones en las que se ubican en un lugar privilegiado. Su posición en relaciones de poder depende del cruce de variables como la edad, la raza, la orientación sexual, la clase, la ocupación, el nivel educativo y la ubicación geográfica. En ese sentido algunas mujeres pueden ubicarse en un lugar de dominación frente a los hombres y/u otras mujeres. La historia del patriarcado y la configuración del sistema de sexo-género en Occidente están muy vinculadas a la distinción que surge en la Antigüedad entre los griegos sobre la esfera pública y la privada, y que corresponde a una división de roles
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y espacios entre mujeres y hombres. En ese caso a las mujeres se les asignó lo privado, y a los hombres lo público. Filósofos como Sócrates, Aristóteles y Platón planteaban la inferioridad “natural” de las mujeres. En Roma, las mujeres en razón de “la ligereza de su carácter y de su inexperiencia para los negocios”, debían estar sujetas perpetuamente a la tutela de padres, maridos e hijos.17 La propia concepción de democracia y ciudadanía está marcada desde sus inicios por un sesgo androcéntrico que excluye a las mujeres y las pone en situación de subordinación, realidad que experimentaría el género femenino luego de la Independencia en Colombia, y que le vetaría la ciudadanía y el derecho al voto a las mujeres hasta 1954 y 1957 respetivamente. Esa división entre lo público y lo privado ha determinado la inserción particular de las mujeres en la política, y contribuye a explicar la manera concreta en que se ha desarrollado su participación en el sindicalismo y los partidos políticos.18 Esa división de espacios también explica la manera como las mujeres se insertan al mundo del trabajo y a la economía, y el hecho de que los importantes aportes que han hecho a la construcción de la sociedad y al mantenimiento de la economía y del capitalismo, sean invisibilizados. De allí la utilidad de conceptos como el de economía del cuidado y triple jornada de trabajo, entre otros, que han desarrollado las feministas, para entender la situación de las mujeres y sus problemáticas.
17 En Colombia, en la Constitución de 1886, se consigna en el Código Civil que las mujeres no tienen potestad de manejar sus bienes, salario y herencia sin consentimiento del esposo, y que tienen prohibido comparecer en juicio. Por décadas el adulterio del hombre no fue castigado mientras el de la mujer si. En casos de homicidio contra las mujeres, el hombre podía justificarlo por infidelidad y quedar libre, mientras que de nuevo, la mujer, si era infiel, era severamente castigada (Jimeno, 2004). 18 Por muchos años, y aún en el presente, las mujeres han sido excluidas de la política formal. Astelarra (2002) plantea como esto se ha hecho de diversas maneras, entre ellas argumentando su mayor emocionalidad, compromiso con los miembros de la familia, orientación hacia la maternidad, defensa de los hijos y menor interés por la política.
El sistema de sexo-género también distribuye emociones, actitudes y comportamientos entre lo femenino y lo masculino, rótula lo que es obligatorio, posible y prohibido para cada género. En ese sentido, por ejemplo, desde pequeños a los varones les es permitido el uso de la violencia, mientras se asume que las mujeres deben ser delicadas. Emociones y sentimientos como la depresión, la culpa y expresiones de esos estados anímicos como el llanto, les son cultural, social e históricamente permitidos a las mujeres y no a los hombres. Mientras que los últimos pueden expresar con mayor tranquilidad, sin ser condenados socialmente, la ira y la agresividad. Tener claridad sobre esta asignación de emociones según el género, y la equiparación de lo emocional con las mujeres y de la razón con los hombres, es central para poder entender cómo funciona la lectura de la sociedad colombiana sobre las víctimas y por qué la mayoría de los familiares que se organizan son mujeres. A este respecto es importante reconocer que las emociones han sido socialmente invisibilizadas y entendidas como secundarias para la construcción de lo social, lo cual repercute en que la aproximación a la victimización sea muchas veces errónea, termine en acción con daño, niegue y exalte al mismo tiempo el sufrimiento, y no se aborde de manera adecuada y positiva para las víctimas su experiencia de victimización. Como lo expresa Nancy Fraser, la instauración explícita de esas dos esferas: la privada y la pública, producto de la historia y la cultura, han funcionado en el discurso político como términos poderosos que se emplean para “deslegitimar ciertos intereses, ideas y tópicos y para valorizar otros” (1997: 126). Entre una amplia gama de realidades y temas que han sido ignorados o subvalorados está la manera específica como las mujeres son victimizadas en la cotidianeidad y en contextos de violencia exacerbada, así como las situaciones de discriminación y exclusión que viven en los espacios políticos y la vida nacional. Esta victimización de las mujeres, y la exclusión, subordinación e
invisibilización de las problemáticas que viven, de sus necesidades, derechos y propuestas, hacen necesario que se apliquen unos enfoques concretos a la hora de abordar sus particularidades. En ese sentido, se propone que para la reconstrucción de la memoria de los procesos de victimización sufrido por las mujeres sindicalistas se tengan en cuenta los siguientes enfoques: de derechos de las mujeres, de género, y diferencial. La perspectiva que se propone para poner en marcha la reconstrucción de la memoria histórica de los procesos de victimización, pone de relieve para su ejecución los siguientes lineamientos: • La violencia se entiende desde una visión amplia. Incluye la eliminación y agresión física, la violencia verbal, simbólica y sexual, así como todo hecho y condición que le niega a las mujeres el disfrute pleno de sus derechos como ciudadanas • La violencia contra las mujeres, para ser comprendida, requiere de una mirada interseccional capaz de dar cuenta de las distintas opresiones que se cruzan en las mujeres sindicalistas (patriarcado, capitalismo, colonialismo, imperialismo, heteronormatividad) • La violencia anti-sindical contra las mujeres es producto de: su pertenencia al mundo sindical; su condición de sujeto femenino; y sus particularidades como mujeres • Esta violencia debe ser entendida desde la larga duración, y desde conceptos como conflicto armado interno, violencia estatal y patriarcado • La larga duración integra a la reconstrucción de la memoria histórica de las mujeres sindicalistas el proceso de conformación del sindicalismo en el país, la constitución del Estado-nación, la experiencia colonial y la estructuración del patriarcado
• Las mujeres sindicalistas se reconocen como diversas, cruzadas por diferencias y desigualdades que tienen que ver con la clase, la raza, la edad, el origen geográfico, las orientaciones sexuales, los sectores del sindicalismo de los que provienen, sus afiliaciones políticas e ideológicas • La violencia contra las mujeres existe dentro y fuera de la guerra, los conflictos armados internos, las dictaduras y la criminalidad estatal; pero se exacerba durante estos períodos. El patriarcado es una ontología que necesita la violencia para funcionar, y en consecuencia alimenta y está en la base de todo tipo de coerción • El patriarcado es una forma de organización de la sociedad, que se constituyó en una estructura de dominación que toma distintas formas. Los patriarcados diferenciales son producto de la manera en que se intersectan las opresiones y de las particularidades de los contextos históricos. Además de funcionar gracias a la violencia, el patriarcado se apropia de la sexualidad y la reproducción de las mujeres, y construye un sistema de sexogénero concreto • El sistema de sexo-género implica relaciones de poder que ponen a las mujeres en desventaja, pero no las despoja de su agencia y de poder • El patriarcado y el sistema de sexo-género asigna a mujeres y hombres roles, espacios y estereotipos concretos. En ese sentido, las mujeres han sido asociadas con lo privado, lo doméstico, las emociones, la maternidad y el cuidado. Esto ha incidido en la manera en que se insertan en la política, el sindicalismo, el mundo del trabajo, la educación y la ciudadanía, y en la forma en la que experimentan las violencias
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1.2.2. Enfoques Además de la perspectiva feminista esbozada y de la definición breve de dos categorías centrales: patriarcados diferenciales y sistema de sexogénero, es importante plantear unos enfoques a partir de los cuales se desarrolla la propuesta de reconstrucción de memoria de las mujeres sindicalizadas. Todos estos elementos conceptuales buscan orientar la identificación y el análisis de la victimización experimentada por las sindicalistas en Colombia, así como la metodología para el procesos de reconstrucción de memoria. Los enfoques propuestos se presentan como un componente esencial de los lineamientos conceptuales y metodológicos, y la visión ética que guía esta propuesta.
Enfoque de derechos de las mujeres19 Este enfoque se guía por los principios de los derechos humanos, entre ellos el reconocimiento de que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y debemos ser tratados de manera equitativa dependiendo de las condiciones y necesidades que experimentamos. Es decir, que ninguno es superior o mejor que el otro, y que por lo tanto para el disfrute de la vida debemos contar con oportunidades que potencien, de acuerdo a cada especificidad, la realización plena de mujeres y hombres. Dado que en el presente no existe un trato equitativo entre hombres y mujeres, y que esas oportunidades para la realización de los proyectos de vida no existe, se emplea este enfoque para garantizar que las mujeres puedan alcanzar el pleno disfrute de sus derechos en la sociedad.
19 La Política Pública de Mujer y Equidad de Género (PPMYEG) que se ha construido y puesto en marcha en las tres últimas alcaldías de Bogotá (2004-2016), se ha orientado por los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial. Estos enfoques se encuentran consignados en la exposición de motivos que da soporte al Acuerdo 584 de 2015 del Concejo de Bogotá, por el cual se adoptan los lineamientos de la PPMYEG, y al Acuerdo 490 de 2012 del Concejo de Bogotá por el cual se crean el Sector Administrativo Mujeres, la Secretaría Distrital de la Mujer y se expiden otras disposiciones.
Este enfoque de derechos de las mujeres tiene como objetivo central reconocerle a las mujeres su carácter de ciudadanas y humanas. En este enfoque se articulan derechos que han sido reconocidos a hombres y mujeres como: • Los derechos civiles y políticos • Los derechos económicos, sociales y culturales • Los derechos colectivos Así como derechos que le han sido reconocidos de manera especial a las mujeres gracias a la lucha de los movimientos de mujeres y feministas como: • Los derechos sexuales y reproductivos Este último derecho es central pues se reconoce el cuerpo de las mujeres como el espacio donde se establece la unidad de los derechos y se hace posible el ejercicio de los mismos. Como han señalado distintas feministas, el cuerpo es el primer territorio de control político (Quiñónez, 2002). Este enfoque pone de presente que para garantizar los derechos de las mujeres y una vida plena es fundamental que primero se respete su vida y que se eliminen todas las formas de violencia que se ejercen sobre ella (física, simbólica, verbal, sexual, laboral, cotidiana). Esta exigencia de los movimientos sociales y feministas, y su reconocimiento por parte de la Comunidad Internacional y los Estados, se ha traducido en la realización de una serie de Conferencias, y elaboración de Convenciones, Tratados y Resoluciones, que han permitido avanzar en la redacción de leyes y construcción de políticas públicas en los Estados.20
20 En 1975 las Naciones Unidas organiza la I Conferencia Mundial sobre la Mujer en México, y declara la década de la mujer (1975-1985). A esta Conferencia le han seguido la de 1980 en Copenhague sobre igualdad, desarrollo y paz; la de 1985 en Nairobi; y la de 1995 en Beijing. Esta conferencia plantea la necesidad de adoptar medidas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, estudiar sus causas y consecuencias, medidas de prevención, eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas derivadas de la prostitución y la trata de mujeres.
Para el tema que nos ocupa son de particular importancia: • La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, de las Naciones Unidas. En 1979 esta convención establece la necesidad de que los estados tomen “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país” (PPMYEG, 2007: 26) desde una definición de violencia amplia. La CEDAW fue ratificada por parte del gobierno colombiano a través de la Ley 051 en 1981. En el artículo 1, la Convención define la discriminación contra la mujer poniendo de presente que ésta incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la dirigida contra la mujer porque es mujer o porque la afecta en forma desproporcionada. Esta violencia incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. Plantea de igual forma que la violencia contra la mujer que menoscaba o anula el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación. Esos derechos y libertades comprenden: el derecho a la vida; el derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno; el derecho a la libertad y a la seguridad personales; el derecho a igualdad ante la ley; el derecho a igualdad en la familia. Así como el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental; y el derecho a condiciones de empleo justas y favorables (Artículo 7).
• La Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem Do Pará, de la OEA. En 1994 la OEA afirma que “La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”. En consecuencia define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. La Convención plantea que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica, reconociendo no sólo la que tiene lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; sino también la que ocurre en la comunidad; y la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ésta ocurra (CIDH, 2006). • Resolución 1325 del 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Resolución insta a los Estados a garantizar la participación de la mujer en la construcción de la paz y la democracia, e incluir la perspectiva de género en todas las decisiones nacionales e internacionales alrededor de los conflictos armados. La Resolución se convirtió en una herramienta de gran importancia en los movimientos feministas y de mujeres en Colombia que trabajan por la paz, y a través de la cual se han alcanzado importantes logros de cara a la Ley 975 de 2005, y el actual proceso de paz.
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Como es posible observar, muchas de estas Conferencias, Convenciones y Resoluciones, reconocen como problema central la violencia que se ejerce contra las mujeres en la vida cotidiana y en el marco de conflictos armados. Esto es resultado de la identificación por parte de las feministas de la violencia como una de las estrategias a través de las cuales se mantiene la subordinación de las mujeres, y de un esfuerzo por definirla.21 Las reflexiones, demandas y propuestas de los movimientos de mujeres y feministas en Colombia, así como los avances en la esfera internacional, han contribuido a la elaboración de leyes y políticas públicas en el nivel nacional, y a la creación de instituciones estatales que se ocupan de los derechos de las mujeres.22 La Constitución Política de 1991 garantiza la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública, lo que más adelante permitirá la aprobación de la Ley de Cuotas; le otorga a la legislación civil la capacidad de regular las relaciones de pareja o matrimoniales; abre la puerta a dispositivos de acción positiva; prohíbe el uso de la violencia en el terreno familiar; y declara inconstitucional cualquier discriminación basada en el sexo de las personas. En la Constitución se establece que los “tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso Nacional, que reconocen los Derechos Humanos y que prohíben su limitación en los estados de 21 En América Latina, en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se declaró en 1981 el 25 de Noviembre como el Día de la No Violencia contra las Mujeres en homenaje a las hermanas Mirabal, hecho que puso de presente las realidades específicas de las mujeres en una región como Latinoamérica, cruzada por dictaduras, violencia estatal, presencia de guerrillas, paramilitarismo y narcotráfico. 22 Algunos hitos importantes tienen que ver con la formulación en 1984 de la Política Nacional para la Mujer Campesina; la creación en 1990 de la Consejería para la Juventud, la Mujer y la Familia (CPJMF); y en 1995 de la Dirección Nacional de Equidad para la Mujer, DINEM. Esta última se transformó en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM), durante el gobierno de Andrés Pastrana. En el gobierno de Juan Manuel Santos, recibió el nombre de Alta Consejería Presidencial. En el nivel local, en el 2004, con los gobiernos de izquierda, se inicia en Bogotá la construcción de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género (PPMYEG). Más adelante, bajo la administración de Gustavo Petro, se crea la Secretaría Distrital de la Mujer. En lo corrido del presente siglo, se han creado oficinas en los niveles municipales y departamentales en Antioquia, Nariño, Santander, Pasto, Cartagena de Indias, Santiago de Cali, Palmira, Barranquilla y Bucaramanga.
excepción, prevalecen en el orden interno” (artículo 93). Este artículo garantiza que todos los tratados suscritos por el Estado a favor de las mujeres tienen que ser respetados y materializados por los distintos gobiernos nacionales, regionales y locales. Por otra parte, la Corte Constitucional, en seguimiento a la Sentencia T-025 de 2005, elaboró el Auto 092 de 2008, en el cual se reconoce el impacto diferenciado del conflicto armado sobre la vida de las mujeres desplazadas, ordena al Estado la adopción de programas para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos; y señala diez riesgos específicos que las mujeres experimentan en medio del conflicto armado.23 Como se plantea en el documento de la Cumbre de Mujeres (2014), estos riesgos toman particularidad en la violencia antisindical, sumándose a riesgos adicionales que “refuerzan este tipo de violencia como una categoría específica de expresión del conflicto armado colombiano” (Cumbre de Mujeres, 2014: 18). De esa manera, los riesgos considerados en su dimensión colectiva afectan al sindicalismo en general y a las mujeres sindicalistas en particular, contribuyendo a “situaciones de exclusión para las mujeres en las organizaciones” (Cumbre de Mujeres, 2014: 18). La Corte Constitucional por medio del Auto 098 del 2013, hace seguimiento a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional en materia de prevención y protección de los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de las mujeres líderes desplazadas y de las mujeres que, desde sus organizaciones, trabajan a favor de la población desplazada por el conflicto armado.
23 Entre los riesgos están la violencia, explotación o abuso sexual; el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas; el riesgo de reclutamiento forzado de hijos e hijas; los riesgos derivados de una cercanía involuntaria con integrantes de grupos armados ilegales o de la fuerza pública; los riesgos derivados de su pertenencia a procesos organizativos o políticos; el riesgo de persecución y asesinato por estrategias de control coercitivo; el riesgo por el asesinato o desaparición del proveedor económico o de desintegración del grupo familiar; el riesgo de ser despojadas de sus tierras y patrimonio; los riesgos derivados de la condición de discriminación por ser mujeres indígenas y afro; y la pérdida o ausencia del proveedor económico durante el proceso de desplazamiento.
Mediante este Auto la Corte estable la presunción de riesgo extraordinario de género para las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, y ordena al Ministerio del Interior ajustar el programa de protección de las mujeres líderes y defensoras de derechos humanos, reconociendo que están siendo objeto de especial violencia por sus roles de liderazgo (http://participaz.com/images/cartillas/ Capitulo_17.pdf). De igual manera el Auto señala que el Estado colombiano carece de un modelo y programa de atención psicosocial para mujeres que responda y atienda el “agravamiento de las situación de riesgo de las mujeres”, e insta a la aplicación de un enfoque diferencial para implementarlo (http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/ Shared%20Documents/COL/INT_CEDAW_NGO_ COL_15287_S.pdf). El enfoque de derechos de las mujeres es importante en el trabajo con sujetos victimizados, pues permite inculcar en las mujeres la conciencia de que tienen derechos, son ciudadanas y merecen un trato digno, como humanas. Este enfoque habilita la posibilidad de castigar y sancionar los crímenes cometidos contra las mujeres, y garantiza el reconocimiento, restitución, y garantía de sus derechos. A este respecto es importante reconocer que como todos los derechos, los derechos humanos de las mujeres son universales, indivisibles e interdependientes. Este enfoque de derechos de las mujeres tiene como punto de partida el enfoque de derechos de los sujetos victimizados. El enfoque de derechos se fundamenta en los derechos humanos como conjunto de valores, principios y normas de conducta, “basados en el respeto de la dignidad humana y en el valor de la persona como individuo y como miembro de la sociedad que busca corregir prácticas discriminatorias” (www. derechoshumanos.gov.co), en este caso particular las que generan la violencia y mantienen la impunidad. Este enfoque reconoce las demandas y propuestas de las víctimas sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición como
derechos de los sujetos victimizados que solo pueden ser materializados cuando se garantizan de manera interdependiente. El enfoque de derechos, y de derechos de las mujeres, reconoce a las mujeres y los sujetos victimizados como personas que han vivido situaciones de subordinación, exclusión y violencia, lo cual no los despoja de su carácter de sujetos políticos con capacidad para el cambio y dotados con poder. Las distintas perspectivas y enfoques que se emplean en esta propuesta se inscriben en los esfuerzos de avanzar en un enfoque de acción sin daño. Por lo cual se evita cualquier acción o condición que genere re-victimización, y se parte del principio de que nadie puede ser obligado a hablar o recordar lo que no quiere. El enfoque de acción sin daño parte de principios éticos hipocráticos de “no hacer daño”, del cual se desprende una obligación moral y la necesidad de continuamente reflexionar sobre lo que se va a hacer y sobre “lo actuado” para identificar las posibles consecuencias e impactos (Rodríguez, 2008: 5). Este enfoque ha sido desarrollado de cara a los contextos de violencia exacerbada y a los diferentes actores que buscan disminuir sus impactos (Estado, ONG’s, comunidad internacional), reconociendo que el accionar de ningún actor está exento de hacer daño, y que en consecuencia se deben potenciar procesos que promuevan la autonomía y bienestar de los sujetos sociales. Un enfoque de acción sin daño reconoce la validez del sufrimiento y de las emociones que experimentan los sujetos victimizados; busca que a través de los procesos puestos en marcha estos puedan avanzar en procesos de sanación y duelo; que destierren la culpa y la vergüenza que la victimización interioriza; que manejen el miedo; se potencien como sujetos políticos autónomos con capacidad crítica y constructiva; y que las acciones emprendidas no los vayan a poner en situación de riesgo físico, psicológico y moral. El enfoque de derechos de las mujeres y el de acción sin daño, reconocen que es al Estado al que le
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compete restituir y garantizar los derechos de las víctimas, y que las entidades no gubernamentales y los movimientos sociales deben promover la interiorización en los sujetos victimizados de su calidad de ciudadanos y humanos.
Enfoque de género Este enfoque despliega las potencialidades que tiene el género como categoría de análisis en tanto permite identificar la discriminación, desigualdad y subordinación que enfrentan las mujeres en la sociedad. En el caso concreto que nos ocupa, el enfoque de género permite entender que por el hecho de ser mujeres éstas han sido objeto de violencia, y que la violencia contra ellas adquiere peculiaridades relacionadas con el género. De igual forma contribuye a identificar los tipos de violencia de los que han sido objeto las sindicalistas en tanto mujeres que hacen parte de una colectividad más amplia, las especificidades del daño, las consecuencias para la vida cotidiana y las medidas que permiten resarcir el daño. El enfoque de género abre la puerta a acciones afirmativas, que en este caso se materializan en la puesta en marcha de un proceso de reconstrucción de la memoria de las mujeres sindicalistas victimizadas, y que incluyen propuestas sobre la justicia y la reparación específicas. El enfoque de género pone de presente que las vivencias de las mujeres se originan en una construcción social y cultural, en la cual, a partir de las diferencias biológicas (sexuales), se han estructurado relaciones de poder jerarquizadas en la que los hombres ostentan privilegios de poder. Además de esto, se han construido ámbitos de interacción diferenciados y subvalorados (público y privado), y roles específicos para cada uno (el cuidado para las mujeres, la política para los hombres), que limitan el pleno disfrute de los derechos de las mujeres y marcan el ejercicio de la violencia en la cotidianeidad y en la confrontación política.
Enfoque diferencial Este enfoque reconoce, en primer lugar, que mujeres y sindicalistas, dentro del universo de víctimas, son sujetos con particularidades que deben ser abordadas para comprender sus realidades en medio del desarrollo de la violencia. En segundo lugar, reconoce que no todas las mujeres experimentan de la misma manera la discriminación, la exclusión y la violencia, pues existen entre ellas diferencias de edad, opción sexual e identidad de género, étnicas, culturales y raciales, de clase, ocupación, procedencia, ideológicas, políticas y de ocupación, que las impactan de maneras particulares. También pone de presente que entre las mujeres, muchas veces a causa de esas diferencias, existen desigualdades que han significado para algunas ser objeto de un trato injusto, inhumano y degradante. En ese sentido es vital reconocer que hay mujeres que cuentan con privilegios en relación a otras, y que pueden ejercer poder de dominación sobre sus congéneres. Al reconocer la existencia de las diferencias y las desigualdades, lo que busca este enfoque es que esas múltiples realidades se tengan en cuenta a la hora de identificar, reconstruir y analizar problemáticas, y al momento de formular soluciones y acciones afirmativas. Este enfoque considera que la opresión es producto de la intersección de diferentes discriminaciones que exige que en su análisis se consideren juntas y en las relaciones y procesos que generan, y que esa interrelación de las opresiones y sus manifestaciones, se debe tener en cuenta al momento de proponer acciones reparadoras. Este enfoque diferencial se materializa en la propuesta metodológica más adelante esbozada través de un diseño que permite reconocer, primero, la particularidad de la violencia experimentada por las y los sindicalistas en Colombia; segundo, con la identificación dentro del mundo sindical de la violencia específica sufrida por las mujeres, sus distintas modalidades y consecuencias. Tercero, con la puesta en marcha de ejercicios que permiten comprender la manera en que distintas opresiones dan lugar a la violencia contra las mujeres; y en cuarto lugar, ahondando en las particularidades que surgen entre las mujeres.
El enfoque diferencial tiene entonces la responsabilidad de identificar las maneras concretas en que el sindicalismo, las mujeres, y la diversidad de las mujeres sindicalistas han sido objeto de violencia; debe explicar esos fenómenos; y avanzar en la formulación acciones que materialicen sus derechos a la verdad, justicia, la reparación y la no repetición. En ningún caso el enfoque diferencial puede segmentar a las mujeres y desarticularlas de los procesos y comunidades más macro de las que hacen parte, sino que por el contrario tiene la tarea de ver lo particular para las mujeres dentro de contextos más amplios. En ese sentido las acciones que se pongan en marcha deben responder a lo particular articulado a lo macro.24
1.2.3. Memoria para la transformación social y la vida La presente Consultoría tiene como uno de los ejes centrales la memoria. Se propone partir de una noción específica de memoria, memoria para la transformación social y la vida, para adelantar el proceso de reconstrucción de la memoria histórica de las mujeres sindicalistas victimizadas. La perspectiva general sobre la memoria desde la cual se aborda este proceso, se describe a continuación.
Mnemosina, la diosa de la memoria “No hay nada sin historia. Quien no la tiene, se acabó.
Este enfoque hace necesario vincular otros que son propuestos en el Proyecto de Reparaciones Colectivas al Sindicalismo (Codhes e Iscod, 2013), tales como el enfoque bidimensional y el territorial. Por bidimensional se plantea que se debe reconocer a las organizaciones sindicales como sujetos colectivos de reparación en dos dimensiones: singular y plural, es decir tanto de los sindicatos individualmente considerados a nivel local como de las agrupaciones, federaciones y confederaciones a nivel departamental y nacional (Codhes e Iscod, 2013: 61). En términos de memoria, esto se traduce en reconstrucciones de lo ocurrido en los niveles local, departamental y nacional, ubicando al sujeto victimizado y a la dimensión colectiva de la victimización en el centro del proceso. Por enfoque territorial se plantea la necesidad de reconocer las particularidades de la victimización en espacios concretos. Esto, en términos de memoria, implica identificar las dinámicas específicas de la violencia en lo local y regional, pues la victimización a las mujeres y a los sindicatos, adquirió rasgos especiales en cada territorio. 24 Existen muchas críticas a la aplicación del enfoque diferencial por parte del Estado porque no logra responder a las necesidades de las mujeres, indígenas y afro-descendientes, entre otros sujetos sociales. Para ver una experiencia que avanza en la concretización del enfoque, revisar los planteamientos de la Dirección de Enfoque Diferencial de la Secretaría Distrital de la Mujer coordinada por Angélica Bernal durante el período del alcalde Gustavo Petro.
Los blancos dicen a los indios: cuénteme un cuento. Y si ellos hablan, los blancos dicen que es cuento. Y solo queda eso: un cuento. Y allí se acabo la historia. La historia es de todos; cada uno debe hablar su parte; entre todos se da un redondeo”.
Taita Abelino Dagua Exgobernador Guambiano25
Fue a Mnemosina, la diosa del panteón griego, a quien se le concedió el don de la memoria, “el poder de sembrar entre los mortales la memoria predestinada a no olvidar nada” (Piñón, 2002: 3). Esta diosa heredó de Cronos el sentido del tiempo. La memoria, íntimamente ligada con la historia, es un medio para recordar lo que ha ocurrido y una forma de mantener la relación con el pasado y las personas, cosas y eventos que han marcado nuestras vidas. Recordar, del latín recordari, re de nuevo y cordis de corazón, significa volver a pasar por el corazón.
25 En: Dagua, Abelino; Aranda, Misael; Vasco, Luis Guillermo. 1998. Guambianos: hijos del arcoiris y del agua. Santa Fe de Bogotá: Cerec, Los Cuatro Elementos.
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La memoria a lo largo de la historia ha sido un pilar fundamental de construcción de lo colectivo, central para la creación de distintos tipos de sociedades y de los diversos grupos que le conforman. La memoria ha sido central para la constitución de los Estadonación, los partidos políticos y los movimientos sociales, al funcionar como referente de construcción de un pasado común y de una identidad colectiva que puede contribuir tanto a la dominación como a los procesos de resistencia y emancipación. En el contexto particular de América Latina, la memoria ha jugado un papel central en los procesos de resistencia y reconstrucción cultural de indígenas y afrodescendientes; ha sido una de las reivindicaciones centrales de los movimientos y organizaciones de sujetos victimizados en la región que han experimentado dictaduras, conflictos armados y en general los estragos de la violencia política; y un mecanismo de reafirmación para sujetos sociales como las mujeres que han experimentado en el marco de sociedades patriarcales la invisibilización constante. Para los sujetos históricamente discriminados (mujeres, campesinos, indígenas y afro-descendientes), la memoria se ha convertido en una forma de reafirmar su existencia. En el caso concreto de los familiares y de las víctimas organizadas, la memoria ha sido el vehículo a través del cual un pasado doloroso es permanentemente recordado con la intención de que quienes fueron objeto de violencia permanezcan presentes, se les dignifique y se visibilice las atrocidades que se cometieron contra ellos, posicionando una voz ética que sanciona los crímenes cometidos. En Colombia la memoria ha sido una de las prácticas y demandas centrales de las organizaciones de familiares y de sujetos victimizados que han surgido desde el inicio de la década de 1980. En 1990 ganó mayor centralidad a través de las demandas crecientes de un variado número de organizaciones sociales que ponían en el centro de su quehacer político los derechos de los sujetos victimizados y la vía negociada para el fin del “conflicto armado”. Es precisamente en estos años que diversos
movimientos de derechos humanos y sociales proponen la creación del Proyecto Colombia Nunca Más (1996), situando en el centro de su quehacer la memoria histórica. La reivindicación de la memoria como eje central de la construcción de paz alcanzó su mayor auge en el marco de la desmovilización de los paramilitares, al punto que se generaron procesos de institucionalización dentro del Estado y lo que podríamos denominar un “boom” de la memoria. La institucionalización se ha expresado en la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR y el Grupo de Memoria Histórica, así como en los Centros de Memoria y museos de los niveles local, departamental y nacional que han surgido en la última década. Esto ha alimentado el “boom” de la memoria, que también es producto de una amplia gama de iniciativas que se han puesto en marcha por parte de organizaciones, ONGs, la academia y los medios de comunicación. Hasta cierto punto el “boom” le ha quitado a la memoria, a través de los procesos de institucionalización, parte de su fuerza ética, de resistencia y emancipación. Dicha situación hace necesario remirar constantemente qué se entiende por memoria y para qué se enarbola, en aras de que contribuya y esté alineada con los objetivos organizativos y los horizontes políticos de quienes la enuncian. En momentos como el actual, la memoria es un terreno de lucha a través del cual se disputa el sentido de la sociedad entre actores en confrontación, tales como el Estado, las guerrillas, los paramilitares, los sujetos victimizados, las izquierdas, los movimientos sociales, las élites, los sectores populares y excluidos. Como plantea Ricoeur (2004), las palabras, en este caso la memoria, no son conceptos, por lo cual es importante plantear las características centrales de la noción de memoria que se propone para el proceso de reconstrucción de la memoria de los procesos de victimización sufridos por las mujeres sindicalistas. Es de anotar, que para ese proceso, y como parte del Proyecto de Reparaciones Colectivas al Sindicalismo, las
organizaciones sindicales han propuesto el concepto de memoria histórica, el cual ha acompañado la materialización del derecho a la verdad de los sujetos victimizados en distintos contextos. En el caso del Grupo de Memoria Histórica (GMH), esta noción se emplea para reconocer el papel que cumple la memoria como “opción imprescindible para reconstruir la historia”; dando importancia a “comprender, registrar y dignificar la manera como las víctimas recuerdan, sufren, interpretan y resisten resignificando lo vivido, tanto individual como colectivamente” (Wills, 2011: 52). El Grupo reconoce de manera explícita la memoria como fuente, objeto y método de reconstrucción histórica. Para el Proyecto de Reparaciones Colectivas al Sindicalismo, los propósitos de la memoria histórica tienen que ver con reconstruir las identidades; invocar la solidaridad del movimiento sindical y de la sociedad en su conjunto; evitar la victimización y la estigmatización del movimiento sindical posicionándolo como un actor dentro de la democracia; reparar el tejido social para evitar que las atrocidades del pasado se repitan y funcionar como principio de la reconciliación; resarcir el buen nombre del movimiento sindical y de sus valores democráticos; y reivindicar las luchas de los sindicalistas victimizados (ENS, 2014). La memoria histórica en esta perspectiva está íntimamente vinculada con la reparación transformadora, y tiene como principal objetivo reconstruir desde un punto de vista no oficial, sino propio y con una gran centralidad de las víctimas, los procesos de victimización al sindicalismo colombiano. Se plantea también que esa memoria histórica, construida de manera conjunta, debe producir un “conocimiento mucho más profundo sobre las acciones sindicales, sus orígenes, finalidades y formas de resistencia, las oportunidades que edifica en torno a un proyecto de vida” (ENS, 2014), e identificar los aportes del movimiento a la democracia y a la construcción de nación (Codhes e Iscod, 2013).
La memoria histórica, en su relación con la reparación transformadora, tiene la tarea de proponer “soluciones viables a través de políticas públicas” (ENS, 2014), que incluyen el desarrollo de un marco favorable para el ejercicio del sindicalismo en el país y la generación de condiciones para la no repetición. De manera explícita, la memoria histórica es pensada como una “reivindicación política y social” (Codhes e Iscod, 2014: 24) que contribuye a “esclarecer cada una de los factores que posibilitaron las acciones violentas, … la identificación de los victimarios y sus diferentes enlaces” (Codhes e Iscod, 2013), y las razones por la que ocurrió. El Proyecto de Reparaciones Colectivas al Sindicalismo reconoce la necesidad de incluir la perspectiva de género, las vulneraciones específicas que las mujeres han vivido, sus reivindicaciones dentro del movimiento sindical, y sus mecanismos de resistencia (Cumbre de Mujeres Sindicalistas, 2014).
Memoria verbo La memoria hace parte de la lista de poderes y capacidades de lo humano, integrando la categoría “Yo puedo” (Ricoeur, 2004). Este tipo de memoria será nombrada en este escrito como memoria verbo. Incluye el recuerdo, el reconocimiento de una re-presentación, un volver al pasado (lo cual implica una acción consciente); el hábito, que no supone una representación, y lo involuntario (la acción no consciente). La memoria implica distintas dimensiones humanas: la cultura, el cuerpo, los sentidos, las emociones y los procesos de construcción identitaria y subjetiva. Adicionalmente, hay algunos elementos intrínsecamente ligados con la memoria: el olvido, el tiempo/espacio y la otredad. Uno recuerda, olvida y maneja el tiempo en relación a los otros, y esos otros, la alteridad, juega un papel central en la construcción de narrativas sobre el pasado y por ese camino, en la escritura de la historia.
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La memoria implica los ritmos del tiempo y las particularidades de los lugares. Tenemos memorias cuando el tiempo “transcurre” (Ricoeur 2004, p. 16), nuestras memorias son memorias del pasado localizadas en un espacio específico, por lo cual la dimensión espacial debe hacer parte de los procesos de reconstrucción de la memoria. Siguiendo a Aristóteles, Ricoeur plantea que existe una anterioridad de lo que se recuerda en relación con el momento presente de su evocación (2004: 27). De esa manera existe un nacimiento de la memoria en el mismo momento de la impresión (del hecho violento, por ejemplo), y un ‘volver a vivir de las imágenes’ cuando llevamos a cabo un proceso de reconocimiento (Ricoeur 2004: 416-417). El reconocimiento es el acto por el cual uno puede acceder al pasado en el presente. Este encuentro implica que la memoria está disponible, accesible, como un pensamiento esperando a ser llamado, pero no a la mano. Lo que una vez fue visto, oído, experimentado, aprendido no se pierde definitivamente, sino que sobrevive porque podemos llamarlo y reconocerlo (Ricoeur 2004: 434). Esta idea es de importancia para un país como el nuestro, en el cual ciertos olvidos han prevalecido, especialmente los relacionados con las violencias infringidas a los sujetos contrahegemónicos (mujeres, sindicalistas, indígenas, afro-descendientes, izquierdas) y los que son ejecutados por actores de poder. La memoria hace parte del mundo de la experiencia. Para que haya memoria tuvo que ocurrir algo, que llamaremos en adelante la “materialidad” de la historia, del pasado. La impresión causada por un evento sigue disponible para relacionarnos con el pasado y es la materia prima de los procesos de memoria colectiva que se buscan poner en marcha a través de este proceso de Reparaciones Colectivas al Sindicalismo. La memoria está moldeada por el olvido, el cual funciona al mismo tiempo como memoria represada. La dupla memoria-olvido más que ser una dicotomía, funciona como dos caras de una misma moneda que se encuentran fuertemente
vinculadas. El olvido es una parte integral de la memoria, como lo es la muerte a la vida (Augé, 2004 p. viii). La presencia constante de la díada memoria-olvido nos permite introducir dos aspectos centrales de la memoria: la selección y las narrativas. Los recuerdos del pasado que los individuos y la sociedad seleccionan asisten al tiempo para ser vividos como narración, como historia (Ricoeur, 2004: 23-25), Como Augé comenta, los protagonistas de las historias no son siempre los autores de dichas narrativas (2004:39), pues éstas son producto de la interacción con otros sujetos y se dan en el marco de relaciones de poder. Esto hace necesario pensar en el lugar de los sujetos victimizados en los procesos de reconstrucción de lo acaecido, e invita a generar las condiciones para que las víctimas cumplan un rol activo en la construcción de la historia no solo desde el testimonio y el pasado, sino también desde su capacidad explicativa de lo ocurrido, y desde sus contribuciones al presente y al futuro. Para esto es importante potencializar la capacidad crítica y analítica de los sujetos victimizados para que contribuyan activamente a escribir, narrar y socializar la historia de las que ellas y ellos, y/o sus familiares fueron protagonistas. De la mano con esta postura metodológica y política, se debe fomentar la articulación de los familiares y sujetos victimizados a la construcción de la paz y a otro(s) país(es). Es decir, los procesos de reconstrucción del pasado desde la memoria deben potencializar la construcción/consolidación de sujetos colectivos abiertos a la transformación social. Como plantea Ricoeur, existe una búsqueda por la verdad en la exploración de las ‘cosas del pasado,’ de las cosas que fueron vistas, oídas, experimentadas y aprehendidas. Esta búsqueda determina la memoria como cuestión cognitiva (Ricoeur 2004:55). En ese sentido, lo cognitivo implica producción de conocimiento, no sólo repetición. La idea de que algo paso nos sitúa como sujetos, agentes y testigos, y nos hace co-participes no sólo de la reconstrucción de lo que paso, sino también del análisis sobre lo ocurrido, y de la posibilidad de transformarle.
Por esto, las visiones que defienden la integralidad de los derechos de las víctimas (verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición), requieren poner en marcha concepciones del tiempo no lineales en las que el pasado, el futuro y el presente co-existan. Por lo general, en los procesos de transición política, el Estado, sus burocracias e intelectuales, terminan desplegando una visión del tiempo lineal que desvincula el pasado del presente, y estos dos del futuro, despolitizando las luchas de los sujetos victimizados y de sus familiares y compañeros, ubicándolos en el pasado, en un lugar “manejable” en el “post-conflicto”, relegitimando el modelo de sociedad hegemónico. Coyunturas de transiciones políticas como las que ha experimentado Colombia en el siglo XXI, son momentos de disputa histórica exacerbada del modelo de sociedad, por lo cual la paz puede ser leída como un escenario de elevación del conflicto (Hijos e Hijas, 2012) sin mediación de la violencia, como una posibilidad de radicalizar las luchas y las apuestas políticas desde la vía democrática, para lo cual la memoria es fundamental. De allí precisamente la trascendencia que tiene el proyecto de Reparaciones Colectivas al Sindicalismo y la reconstrucción de la memoria de los procesos de victimización sufridos por las mujeres sindicalistas.
Memoria para la transformación social A lo largo de la historia la memoria ha sido usada y abusada por diferentes actores sociales. La memoria se ha transformado en un proyecto (Ricoeur, 2004: 86). Ricoeur distingue entre una memoria bloqueada, forzada y manipulada.26 En el contexto de Colombia ha existido un abuso de la memoria y del olvido cuando ciertos actores del conflicto son más cuestionados que otros y cuando 26 En el caso de la memoria manipulada Ricoeur expresa: una “forma tortuosa de olvido está presente aquí, resultado de extraer a los actores sociales de su poder original de recontar su acción por ellos mismos. Esta desposesión no ocurre sin una complicidad secreta, lo que hace al olvido un comportamiento semi-pasivo, semi-activo, como es observado en el olvido como escape … un deseo de no conocer” (2004, p. 449). Como memoria activa, este “olvido implica el mismo tipo de responsabilidad de esos actos imputados como negligencia, omisión, imprudencia, falta de precaución …” (2004, p. 449).
algunas violaciones a los derechos humanos son más visibles que otras. También puede haber un abuso de la memoria por parte de las víctimas tanto de actores de derecha como de izquierda, cuando no se analiza de manera crítica al conjunto de actores del conflicto y la violencia, y cuando no ejercemos una memoria crítica de las historias de los seres queridos y de las colectividades que son objeto del ejercicio del recuerdo (Gómez, 2012). De esa manera actores subalternos y contrahegemónicas están en la tarea de poner en marcha prácticas de la memoria que escapen a los usos y las lógicas hegemónicas, lo que hace necesario subvertir los usos del sentido común que se han creado e interiorizado en los últimos años. Para esto resulta útil pensar la memoria como verbo, como acción política. Esto incluye propuestas innovadoras sobre la memoria tanto de forma como de contenido que tengan la capacidad de impactar a amplios sectores de la sociedad colombiana, y que cultive en ellos al menos una actitud deliberativa y crítica sobre el pasado. En el presente, cuando se ha acordado la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición en el marco del actual proceso de paz, y dadas las experiencias recientes y las más anteriores en relación a procesos de memoria y re-construcción del pasado, es necesario que desde los movimientos sociales se planteen ejercicios de la memoria que habiliten la posibilidad de construir un país distinto. Para esto es urgente pensar la memoria como una estrategia, un camino, una metodología de la transformación social.
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De esa manera la pregunta del para qué de la memoria, tiene como posibles respuestas: i. Generar procesos críticos y deliberativos en la ciudadanía sobre lo que ocurrió en el país que incluya el reconocimiento de los sujetos victimizados y del daño causado; y la identificación de los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas y sus razones. ii. Dignificar a los sujetos victimizados, en este caso al sindicalismo, las mujeres y las mujeres sindicalistas. iii. Cultivar una postura ética ciudadana de rechazo a la degradación de lo humano, a la impunidad y a la violencia como manera de resolver las diferencias políticas y los conflictos. iv. Crear sujetos abiertos a la transformación social (ciudadanía en general y sujetos victimizados). v. Reconstruir el tejido social. vi. Fortalecer los procesos organizativos. vii. Re-pensar y re-elaborar los horizontes políticos de los movimientos sociales, los partidos políticos y otros actores relevantes de la sociedad. viii. Poner a circular otros imaginarios de sociedad, que incluyen arreglos políticos, económicos, culturales y emocionales distintos a los que generaron la guerra. ix. Avanzar en los procesos de sanación y duelo individual y colectivos. x. Generar cambios institucionales, culturales, sociales, políticos y económicos a partir de políticas públicas y la acción decidida del Estado.
Dentro del Proyecto de Reparaciones Colectivas al Sindicalismo, se enuncian algunos de los cambios que deberían operarse gracias a los procesos de memoria histórica del movimiento sindical. Algunos de estos tienen que ver con: i. El restablecimiento pleno de las libertades sindicales y los derechos humanos. ii. La realización institucionales.
de
profundas
reformas
iii. El fortalecimiento y restablecimiento de las organizaciones sindicales como instituciones esenciales a todo sistema democrático. iv. La restitución de un ambiente propicio para el ejercicio de la libertad sindical, y para la participación del movimiento social de los trabajadores y trabajadoras en la democracia. v. La recuperación de la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho, pluriétnico y multicultural, y la promoción de la reconciliación y la convivencia pacífica. vi. La puesta en marcha de una auto-reforma sindical producto de una mirada crítica interna del sindicalismo (Aguilera En: Codhes e Iscod, 2013). vii. Una valoración de las mujeres al interior del sindicalismo, reconociendo sus aportes y erradicando la desigualdad, discriminación y exclusión a la cual ha sido sometida en el mundo laboral y sindical (Cumbre de Mujeres Sindicalistas, 2014).
La memoria para la transformación social, noción desarrollada desde Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad (En Gómez, 2012), implica poner en marcha tres tipos de memoria: 1. La memoria de la larga duración, 2. La memoria de las luchas, y 3. La memoria crítica.
La memoria de larga duración se refiere a situar la victimización que ha sufrido el sindicalismo en el marco de las especificidades de construcción del Estado-nación, y las implicaciones que la estructura colonial tuvo en el desarrollo del capitalismo, las formas de organización de lo laboral y el surgimiento de unas clases sociales diferenciadas que han puesto como dispensable lo pobre, lo no blanco y lo no masculino. La larga duración, como se planteó más arriba, permite comprender el hecho de que las mujeres, en la historia de violencia del país, han experimentado la victimización de una manera particular como resultado de la existencia de un modelo patriarcal que se entrecruza con otras formas de dominación. En ese sentido la violencia que viven en el marco de dictaduras, conflictos armado internos, guerras y democracias violentas, exacerba la violencia que le da constitución al patriarcado. La memoria de las luchas hace referencia a la necesidad de visibilizar no sólo los ejercicios de violencia que han sufrido movimientos sociales como el sindical, sino al hecho de comprender el por qué de la victimización, poniendo en el centro las luchas que estos enarbolaron y los hicieron objeto de violencia sistemática. En el caso particular de las mujeres, la memoria de las luchas tendrá la tarea de identificar los aportes concretos de las sindicalistas al movimiento sindical y a la sociedad en general, resaltando sus demandas, propuestas, acciones, realidades y problemáticas.27 Por otra parte, cualquier ejercicio de memoria que busque contribuir a la construcción de otro tipo de sociedad en donde se eliminen las causas estructurales que le dieron vida a la violencia, debe comprometerse con una memoria crítica. Es decir, con un entendimiento analítico y no repetitivo de lo que ocurrió que permita avanzar en una lectura problematizada del pasado y el presente 27 Estos dos componentes de la memoria para la transformación social hacen necesario que se re-conceptualice y amplíe, como ya se argumentaba en la primera parte de este texto, la explicación histórica de la violencia sufrida por las mujeres sindicalistas de tal manera que no sólo tenga en cuenta lo que ocurre durante el conflicto armado interno, o en razón del conflicto, sino también la violencia estatal, el patriarcado y las violencias sistémicas producidas por el capitalismo.
del país. Esta memoria es de gran importancia pues contribuye enormemente a no quedarse “atrapado” en el pasado bien porque éste se idealice o se condene, al tiempo que abre la posibilidad de construir presentes y futuros divergentes al pasado que produjo la violencia. Este ejercicio de memoria para la transformación, que permite aprender a través de la memoria, aprender del pasado, es posible solamente si es acompañado de metodologías que hagan pedagógica la memoria, habilitando la construcción de ciudadanas y ciudadanos críticos y deliberantes; y que le permita a los propios sujetos victimizados, a los familiares y allegados, y al movimiento sindical en su conjunto, comprender por qué ocurrieron los hechos de violencia de los que sistemáticamente han sido objeto. El ejercicio de una memoria crítica es un paso importante para posicionarse lejos de los abusos de la memoria y de la réplica de las formas dominantes de emplearla. Esto extrae a la memoria del reino de la memoria por la memoria. Como Borges (1962) plantea, recordar no siempre supone el ejercicio de pensamiento. Una perspectiva crítica de la memoria también le distancia de los proyectos individualistas, situándola más en el reino de lo colectivo y la construcción del bien común, de lo público. En este ámbito, la memoria puede contribuir a radicalizar la democracia. En conjunto, la memoria para la transformación, obliga a reflexionar sobre el tipo de futuro que se quiere construir, lejano al pasado y presente que produjo la victimización. En ese sentido esta memoria permite “diseñar” futuros posibles sobre los que los sujetos victimizados deben colectivamente reflexionar. En este caso resulta crucial entonces una memoria e historia para la vida.
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Memoria e historia para la vida Los ejercicios de memoria colectivos e individuales que toman sistematicidad se constituyen también en maneras de escribir historia. Tal como propone el Grupo de Memoria Popular (1982), el objeto de la historia no es solo el pasado, sino la relación entre pasado-presente. En ese sentido, siguiendo las reflexiones de Nietzsche (1873), se propone poner en marcha una memoria y una historia para la vida. El término historia será comprendida en dos sentidos: como algo que los humanos hacen de manera constante (Historia), y como el ejercicio de narrar el pasado (historia). Como ya se describió, hay una relación entre memoria, historia y verdad. La memoria puede constituirse en un vehículo a través del cual se materializa el derecho a la verdad, y se reconstruye, en forma de narración histórica, lo que ocurrió. Una historia y memoria para la vida ponen en el centro la verdad; la relación con los otros derechos como la justicia, la reparación y la no repetición; la pregunta por el futuro; y la sanación y el duelo.
Verdad Recordar y escribir sobre el pasado se ha convertido en un campo de lucha a través del cual tiene lugar una batalla por la verdad. De esa manera, la H/ historia es hecha y escrita por varios actores, no sólo por aquellos que dominan – quienes están en posiciones de privilegio en ciertas estructuras de dominación –, o por académicos. Esta característica de ser un campo en disputa, implica que hay distintos actores con diversos intereses que hacen de la historia un lugar de la política, un lugar de posiciones, de puntos de vista y de deseos por imponer “verdades.” La escritura de la historia es en sí misma un acto político, como pone de relieve el Grupo de Memoria Popular (1982).
Cuando hablamos de “verdad” nos estamos refiriendo a la aproximación más cercana que se puede dar desde la memoria y la narración histórica a lo que ocurrió en el pasado. Si bien la distinción entre lo que pasó y lo que se dice que pasó no es siempre clara (Trouillot, 1995), (por ejemplo cuando muchos actores armados niegan sus acciones, o políticos, gremios económicos y élites desconocen su injerencia directa en la guerra); es esencial apelar a la materialidad del pasado para la reconstrucción de lo que acaeció. En esta dirección los hechos importan y no pueden ser ignorados, lo cual no significa que los hechos por sí solos hagan historia. En el Proyecto Colombia Nunca Más se plantea que en Colombia no hay verdad, y en consecuencia existe la impunidad, entre otras cosas porque la “razones” o pretendidas “justificaciones” que validan los hechos no son sustentables, “y por eso tienden a esconderse, ocultarse, camuflarse, disfrazarse; en síntesis, acudir a la falsedad” (Nunca Más, 2000: 45).28 Por esta razón proponen una verdad integral y comprometida que permita conocer los móviles éticos, políticos, ideológicos y morales que inspiraron los actos de violencia, y que ponga de presente a qué tipo de sociedad quiere contribuir esa propuesta. En el caso del Proyecto de Reparaciones Colectivas al Sindicalismo, la verdad se concibe como un derecho que permite acceder a lo que ocurrió, a las circunstancias en que los hechos ocurrieron, a lo móviles de la victimización, y a la identificación de los responsables aún cuando estos hubiesen muerto. La verdad, además, permite ver el daño causado al movimiento sindical colombiano, la existencia de la política antisindical y sus lógicas (Codhes e Iscod, 2013). La verdad como derecho ha sido consagrada en instrumentos nacionales e internacionales. En el “Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, se consignan los derechos a saber, a la justicia y a obtener reparación.
28 La negrilla y la cursiva son del original.
En relación al primero plantea que: “[C]ada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar que en el futuro se repitan violaciones” (En Asfaddes, 2003: 406). Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esgrime que el derecho a la verdad contribuye a la justicia, y tiene un contenido claramente reparador bajo dos dimensiones: individual y colectiva. “Conforme a la primera, el derecho a la verdad surge del deber del Estado por esclarecer los hechos relacionados con las vulneraciones a los derechos humanos; y, de acuerdo a la segunda, este derecho implica salvaguardar del olvido a la memoria colectiva, a fin de evitar que las violaciones se reiteren en el futuro” (ENS, 2014). En el ámbito nacional, la Corte Constitucional planteó en el 2006 que el “derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido, así como el derecho de la sociedad a esclarecer los macroprocesos de criminalidad que afectan de manera masiva los derechos humanos, gozan de un sustento constitucional” (ENS, 2014). En el Proyecto Colombia Nunca Más, se define la verdad como “la concordancia entre el conocimiento y la realidad (verdad objetiva) o la concordancia entre lo que se sabe y lo que se dice (verdad moral)” (Nunca Más, 2000: 48). Para el Proyecto de Reparaciones Colectivas al Sindicalismo, el derecho a la verdad se hace real a través de, entre otros elementos, la construcción de una Comisión de la Verdad “desde un horizonte global; la construcción de la memoria histórica desde un enfoque mucho
más concreto y particular que dé cuenta de las dinámicas y las lógicas de cada organización sindical”; el derecho a la conmemoración; su difusión a toda la sociedad colombiana; y el fomento del estudio del sindicalismo como actor de la democracia (Codhes e Iscod, 2014: 22). Reconociendo la memoria como un campo de batalla que tiene como centro la disputa por la verdad sobre el pasado, es necesario plantear que hay reconstrucciones de lo ocurrido que son más rigurosas y cercanas a lo que aconteció que otras.29 La “rigurosidad” de esas narraciones debe ser juzgada no solo por académicos sino también por quienes han sufrido el rigor de la violencia, y por una amplia ciudadanía educada para ese ejercicio crítico. Las reconstrucciones más rigurosas serán producto de una activa participación de las víctimas, del ejercicio de una memoria y una historia crítica, de la triangulación de distintas fuentes (orales, archivos, secundarias), de la participación honesta de los victimarios, y de un rol activo de las personas, colectivos y movimientos cercanas a los hechos de violencia, y de las comunidades en los que tuvieron lugar. Hablar de reconstrucciones más rigurosas y cercanas a lo que ocurrió, no implica plantear que existen sujetos sociales neutrales, pues todas las personas están cruzadas por intereses, posiciones políticas y relaciones de poder. Esto, sin embargo, no puede significar descartar la posibilidad de acercarse a la verdad de lo que aconteció. Reconocer que la producción de conocimiento está marcada por la posición del sujeto, que el saber implica poder y que la verdad está situada cultural, histórica y “políticamente”, no tiene porque implicar la negación de su existencia y de su búsqueda.
29 Por eso no podemos contentarnos con la descripción de la memoria como proceso de selección, sino que teniendo eso en mente debemos ir más allá de esa característica y generar un relacionamiento más holístico, crítico y riguroso con el pasado.
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Una historia y una memoria crítica deben hacer el esfuerzo de abordar qué paso realmente, no hacerlo implica profundizar la polarización y las lecturas dicotómicas y simplistas de la realidad que no dan cuenta de la complejidad de la sociedad colombiana, y que al mismo tiempo impiden un cambio positivo. Para hacer esto es importante partir de una claridad sobre el carácter de los actores de la guerra y de las particularidades de los sujetos victimizados que evite reproducir la explicación de “los dos demonios”, común en otros contextos en los que se plantea que el Estado y las izquierdas tienen la misma responsabilidad en lo ocurrido. Esta postura desconoce que el Estado tiene el monopolio de la fuerza porque está supuesto a velar por los derechos y el bienestar de sus ciudadanos, y no para atentar contra ellos. Una historia y memoria crítica debe partir por reconocer que no podemos “tratar” igual lo que es distinto – por ejemplo, víctimas y perpetradores – o igualar actores (guerrillas, paramilitares, Estado). En Colombia se le debe asignar responsabilidad a los diferentes actores de la guerra dependiendo de las posiciones que han ocupado y de sus funciones sociales. Esto permite, entre otras cosas, develar el carácter violento del Estado colombiano, y la ilegitimidad que le ha acompañado hasta el momento. Por esa razón una historia crítica tienen una tremenda importancia para la construcción de una paz sostenible, justa y que dignifique. La verdad, la memoria y la historia del pasado de violencia de Colombia no puede ser una suma de versiones de lo ocurrido, sino que por el contrario requiere que se construyan narrativas explicativas y comprehensivas del pasado. El país necesita en el presente la pluralización de las reconstrucciones de la Historia, y una amplia difusión de estas. Dicho proceso debe estar acompañado por pedagogías de la memoria que más que imponerse, inculcan una lectura crítica sobre el pasado a las y los colombianos.
Dadas las dinámicas que caracterizan a las transiciones políticas, que usualmente ponen en el centro una memoria e historia estática que no conversa con el pasado y que termina contribuyendo a relegitimar el modelo de sociedad hegemónico, es importante la pluralización que se propone, y a la que contribuiría una Comisión de la Verdad dedicada al sindicalismo, así como las otras acciones de verdad y memoria histórica propuestas por el movimiento. Al mismo tiempo resulta relevante construir una estrategia que permita incidir e interlocutar con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en especial con la Comisión para la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; y con la sociedad colombiana en su conjunto. Hablar en Colombia del derecho a la verdad requiere reconocer que ha estado permanentemente cruzado por la impunidad. Esta impunidad se ha convertido en el principal obstáculos para que los sujetos victimizados, individuales y colectivos, conozcan la verdad. Entre los impedimentos encontramos las dificultades para el acceso al aparato de justicia, sus ritmos, la pérdida de evidencia e información, la tergiversación de lo ocurrido, la generación de miedo y culpa en las víctimas, y la manipulación de la ciudadanía a través de los medios de comunicación y el sistema educativo. Dada la importancia de los medios de comunicación, resulta vital integrar las propuestas de Fabio López de la Roche sobre los medios de comunicación (Codhes e Iscod, 2013), a la difusión de la memoria histórica del sindicalismo y de las mujeres sindicalistas. Estas dinámicas de impunidad estructural inciden en la escritura de la historia, y refuerzan las relaciones desiguales e interacciones asimétricas con la reconstrucción del pasado. Trouillot nos dice que las fuentes dan cuenta de estas relaciones de poder a través de presencias y ausencias que están ya de por sí incorporadas en ellas (1995, p. 48). De allí la relevancia de poner en el centro a los sujetos victimizados, de aportar a la reconstrucción de lo que paso poniendo en diálogo a distintos actores, y de conjugar distintas fuentes en un
proceso de reconstrucción de la memoria histórica del sindicalismo, teniendo de presente que hay ausencias de información que hacen más complejo el trabajo de reconstrucción del pasado.
Justicia y no repetición La memoria tiene relación no sólo con la historia, el pasado y el derecho a la verdad, sino también con la reparación, como lo plantea el proceso de Reparaciones Colectivas al Sindicalismo, y con el derecho a la justicia y las garantías de no repetición. Varios sujetos victimizados consideran la verdad como el punto de entrada a los otros derechos, y como una forma concreta de justicia y reparación. En esa interdependencia de los derechos de las víctimas, el Proyecto Colombia Nunca Más planteó una estrategia que tiene que ver con Salvaguarda de la Memoria, Esclarecimiento de los Hechos, Sanción a los Responsables y Reparación de lo Destruido (2000), anticipándose a lo que veían como una actitud del Estado, entes internacionales y otros actores, de postular que conocer la verdad es suficiente para reparar a las víctimas. Esta última perspectiva mantiene intacta la impunidad, por lo cual hay que prepararse para que en el actual contexto no ocurra eso. Por esta razón, es necesario construir estrategias para que el proceso de reconstrucción de la memoria de las mujeres sindicalistas victimizadas sirva al mismo tiempo como insumo para los procesos de justicia en el marco del proceso de paz, y para materializar el derecho a la no repetición. Si bien no es el escenario ideal, es necesario partir de un principio de realidad, y es que va a ser difícil que en un país como Colombia, cruzado por la impunidad estructural, todas las víctimas accedan a la justicia desde los esquemas propuestos por el Estado. La manera como ese derecho está pensando en el marco de los acuerdos de paz de la Habana plantea un modelo de selección en torno a los criterios de casos más graves y emblemáticos, lo cual dejará por fuera a un número grande de sujetos victimizados, en especial los de la criminalidad estatal. Estas víctimas no ingresan al Sistema Integral en las
mismas condiciones que las víctimas de la guerrilla, dado que la criminalidad estatal se encuentra marcada desde sus inicios por la impunidad. Esto se refleja en un trato asimétrico por parte del sistema de justicia que ha privilegiado los derechos de las víctimas de las guerrillas en detrimento de las víctimas de la criminalidad estatal; y que ha dado un trato endeble a paramilitares y miembros del Estado, que contrasta con una mayor punibilidad de las victimizaciones producidas por la guerrilla. Este tipo de contextos requiere, entonces, que: • Se sistematice información que permita presentar casos a la Jurisdicción Especial para la Paz • Se construya una estrategia de justicia fuera de ese Sistema Integral • Se ponga en marcha una sanción de la sociedad a los hechos de violencia que ocurrieron • El ejercicio de memoria histórica sirva como una forma propia de justicia puesta en marcha desde los sujetos victimizados, las colectividades a las que pertenece y sectores críticos de la sociedad Es por todo lo anterior, y en especial por los dos últimos puntos, que es de suma importancia que los sujetos victimizados sean actores protagónicos de todo el proceso de reconstrucción de la memoria, y que sus familiares, los procesos organizativos, las comunidades y en general la sociedad en su conjunto se involucre. Esta relación dialógica de los sujetos victimizados con múltiples actores, es parte de un ejercicio pedagógico de la memoria que pone en el centro la denuncia de la impunidad social. Es decir, que interpela a toda Colombia por no haber sancionado los crímenes ocurridos, por los silencios y actitudes conformistas que se instalaron, al tiempo que analiza colectivamente cómo y por qué eso ocurrió.30 30 Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad propuso desde el 2006 esta noción de impunidad social. Este concepto pone en el centro de la aplicación de justicia al pueblo más que al Estado, retomando el significado último de la democracia como ejercicio de gobierno del pueblo para el pueblo (Gómez, 2012).
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Esto haría parte de una justicia para la vida (Gómez, 2012), la cual incluye el desarrollo de una ética del cuidado y de las diferencias que reconoce lo común que nos junta y la necesidad y obligación ética que tenemos de vivir juntas y juntos como humanas y humanos en un mismo territorio. Esa cualidad de humano y humana está acompañada de un sentido de colectividad capaz de reconocer a las y los OTROS como pares con el derecho a la pluralidad, y de tomar responsabilidad por ellas y ellos. Esto necesariamente lleva a una pregunta por el futuro, que está en el centro de la demanda por la no repetición, la cual vista desde la radicalidad que suponen las demandas de las víctimas, significa cambios que avancen en la erradicación de las condiciones estructurales que generaron la violencia.
Futuro Nietzsche (1873) propone hacer del ejercicio de escribir la historia una práctica que inyecte vida. Para el filósofo es la historia crítica la que es capaz de hacerlo. La historia crítica es para aquellos cuyo corazón está “oprimido por una necesidad presente y quieren deshacerse de su carga.” Esta historia requiere de historiadores/ciudadanos capaces de ser críticos incluso con lo que aman y reverencian, tienen la tarea de entender el pasado, situarlo en su contexto, y abordar las preguntas morales y éticas que el presente sugiere.31 Para Nietzsche escribir “buena” historia requiere un historiador conocedor del presente que sea arquitecto del futuro. Esta idea pone en el centro la reflexión por el tipo de futuro que se quiere construir. Si esta historia es para aquellos que quieren emanciparse, para aquellos para quienes el presente es opresivo, y/o para quienes han sido heridos por el pasado, el futuro es/estará muy lejos del pasado/presente en el cual esos individuos han sido situados. 31 Nietzche (1873) identifica otros dos tipos de historia, la monumental, que generaliza, universaliza, y diluye la individualidad del pasado, y en la que sólo una manifestación del pasado prevalece, al punto que se le idealiza. Para el filósofo la historia monumental no es capaz de producir una veracidad completa, al tiempo que lastima el pasado. El segundo tipo de historia es la anticuaria, la cual enfatiza tanto la costumbre como la tradición. Esta historia venera el pasado, así como todo lo viejo. Nuevas tendencias son concebidas como amenaza.
En ese sentido no todos los que en el presente apelan a la memoria como parte de sus reivindicaciones (Estado, sujetos victimizados, guerrillas), están pensando en el mismo futuro. Una historia crítica tiene que estar acompañada por propuestas, y eso incluye la tarea de analizar la complejidad de la situación colombiana y los retos que eso implica para la(s) sociedad(es) futura(s), partiendo de reflexiones colectivas. Una memoria y una historia para la vida deben romper con la idea del mesías, de la vanguardia revolucionaria, incluso dentro del universo de los sujetos victimizados, y debe tratar de construir proyectos colectivos horizontales que sobrepasen la demanda de la memoria y la justicia como fin último, para situarse como principios éticos y morales, como caminos, que permiten avanzar hacia la construcción de otro país. El concepto de Nietzsche de una historia para la vida hace un llamado a la producción de conocimiento efectivo, para la acción, para el futuro. Además de invitar al conocimientos de verdades eficaces, que afecten los arreglos de poder del presente y la continuidad histórica de la impunidad, invita a generar una reflexión sobre qué cambiar, cómo hacerlo y para qué. Esta pregunta por el futuro, que pone en marcha una prospectiva que permite imaginar y diseñar otros mundos, otros arreglos sociales, otras economías y formas de hacer política y tratarnos los unos a los otros, necesariamente debe preguntarse por el tipo de vida individual que se quiere llevar. Llegados a este punto es necesario reflexionar por el olvido. Los seres humanos hacemos uso de la memoria y el olvido para vivir, por lo cual el olvido (la memoria represada), no se puede “demonizar” per se. Esto hace urgente reflexionar sobre su rol en una sociedad como la colombiana, y sobre cómo funciona. Algunas de las preguntas que vale la pena hacerse en un contexto como el actual, y en trayectorias de victimización particulares son: ¿cuáles tipos de olvido resultan útiles al nivel individual y colectivo en el presente? ¿qué olvidos potencian la paz, la vida y la felicidad? ¿cómo y cuándo ciertos olvidos deben tener lugar, quiénes deben olvidar y qué se debe olvidar?
En el caso de los familiares y de los sujetos victimizados muchas de sus memorias están cruzadas por el dolor, sin embargo para algunos resulta mucho más doloroso mantener el silencio y los olvidos impuestos en lo relacionado con crímenes, violaciones de derechos humanos e injusticias que han marcado sus vidas. En estos casos la memoria se conecta directamente con los sentimientos de injusticia, convirtiéndose en una postura ética de rechazo a la violencia y a sus perpetradores. En otros casos, las víctimas han preferido olvidar (o poner en reposo sus memorias). Para acercarse a estas historias, es necesario pensar estrategias que le permitan a esos sujetos reconocer la importancia para sus vidas y para la sociedad del recordar, reconstruir el pasado y acceder a la verdad. En ningún caso puede obligarse a nadie a recordar, a hablar o a abordar experiencias de violencia pasadas, pues esto vulnera su integridad. Para incentivar su participación se debe poner en el debate público las consecuencias del olvido. El proyecto Colombia Nunca Más plantea que el olvido tiene efectos desastrosos. Se constituye en una agresión más contra las víctimas, hace parte de un andamiaje de represión de las identidades de los sujetos victimizados a nivel individual y colectivo y de sus familias, e hipoteca el presente y el futuro “a un modelo de sociedad diseñado por los victimarios” (Nunca Más, 2000: 64).
conectado con la construcción de paz, y por ende con el futuro. Estas visiones se han traducido en el Derecho a la Memoria. El Principio No. 2 del conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la impunidad, establece que: “El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio, y por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar del olvido la memoria colectiva, entre otras cosas para evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas” (ONU, 1997 En: Nunca Más, 2000: 67).
Sanación y duelo El olvido, o lo que prefiero llamar la memoria “represada”, está ligada con lo no consciente, distinto a lo inconsciente, el subconsciente o lo irracional, y muy ligado al afecto y las emociones. Tener presente esto cuando se trabaja con población victimizada es fundamental para materializar el enfoque de acción sin daño.
Por esto resulta tan importante que las preguntas por la memoria y el olvido pongan en el centro la reflexión sobre “el objetivo, … la cuestión moral” (Ricouer, 2004: 86), el fin de la memoria. De allí que la noción de memoria que se propone para el proceso de reconstrucción de la memoria de los procesos de victimización sufridos por las mujeres sindicalistas, responda a la pregunta del para qué de la memoria.
Freud (2008) y Ricoeur (2004), entre otros autores, plantean que el olvido es imposible. Esto resulta cierto en el caso de varias víctimas en las que se observa que la memoria tiene su propia vida, y acecha incluso cuando el sujeto no lo desea. Piénsese en lo involuntario de la memoria cuando fechas, olores, lugares, objetos y personas evocan recuerdos. Lo que ocurre muchas veces en los procesos de victimización es que las personas voluntaria o involuntariamente ponen a descansar parte o todo lo que sufrieron para poder continuar con sus vidas.
Diversos sujetos victimizados, familiares, intelectuales, defensores de derechos humanos, entre otros, reconocen que el deber de la memoria pertenece a un problema moral directamente
Cuando se pone a descansar aspectos del pasado, en ciertos casos se evita que se procese el dolor y el daño, y que se avance en los procesos de duelo y sanación. La propuesta de memoria e historia para
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la vida, implica que la sanación y el duelo se ponen como uno de los objetivos de la reconstrucción de la memoria histórica, con la intención de contribuir a que estas dos le permitan a los sujetos victimizados avanzar en la construcción de sus proyectos de vida.
• Una memoria de las luchas, de los procesos de resistencia, evitando quedarse en la victimización y reconociendo las propuestas, demandas y acciones de los sujetos victimizados, en este caso del sindicalismo y de las mujeres sindicalistas.
La sanación y el duelo no son iguales para todo el mundo, no tienen puntos de cierre, y no se pueden abordar con libretos. Esto requiere identificar los daños causados, explorar las propias maneras en que los sujetos han resistido a los hechos de violencia y la forma en que han logrado continuar con sus vidas. Distintas experiencias han demostrado que la politización de los sujetos victimizados contribuye a que sanen y avancen en los duelos.
• Una memoria crítica del pasado, que en consecuencia fomenta sujetos críticos abiertos a la transformación social.
Como parte esencial de una memoria para la transformación y la vida, se requiere que este proceso de reconstrucción de la memoria de las mujeres sindicalistas victimizadas se tome en serio el sufrimiento de las víctimas y las emociones que acompañan sus experiencias. Esto requiere, entre otras cosas, saberes sobre las emociones, el sufrimiento en medio de la violencia y el abordaje psicosocial de estas realidades desde perspectivas que potencien a las víctimas como sujetos políticos.
• Una memoria de larga duración que permite entender la complejidad del presente e interrelacionar las distintas variables que han generado la opresión. • Una memoria que reconoce y potencia sus enlaces con las emociones, los sentidos, lo no consciente, el cuerpo, el espacio, el tiempo, la otredad, las identidades y la cultura. • Una memoria que promueve los procesos de sanación y duelo. • Una memoria que permite comprender los procesos de victimización, sobrepasando la condición de víctima para potenciar el poder de los sujetos victimizados.
Hasta aquí, los lineamientos centrales que se desprenden de una noción de la memoria para la transformación social y la vida, tienen que ver con:
• Una memoria que dignifica a los sujetos victimizados, sus luchas e historias de vida, que es expresión de sus inconformismos con las injusticias, y que se convierte en una forma específica de justicia.
• Una memoria que vincula el pasado con la narración histórica y el derecho a la verdad.
• Una memoria que habilita la materialización de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
• Una memoria que construye una historia para la vida, que permite pensar y diseñar otros futuros distintos al pasado y el presente. • Una memoria que visibiliza verdades eficaces, es decir, que contribuyen a cambiar lo que promovió la violencia. • Una memoria verbo, acción, que habilita el impactar la realidad.
1.3. Estrategias de participación de la mujeres para la reconstrucción de la memoria histórica de los procesos de victimización sufridos por las mujeres pertenecientes a organizaciones sindicales Este proceso de reconstrucción de la memoria histórica requiere de una activa participación de las mujeres. Para garantizar su incorporación, permanencia y sus aportes, es necesaria una planeación y preparación previa por parte del equipo responsable de su ejecución; una convocatoria amplia con perspectiva de género; la construcción de una metodología que reconozca a las mujeres como sujetas políticas, potenciando sus proyectos de vida; la puesta en marcha de unas reglas de juego para el desarrollo del proceso en consonancia con la perspectiva metodológica; y un acompañamiento permanente. Las siguientes son algunas de las estrategias que se recomienda implementar.
Para la puesta en marcha del proceso: a. Formular de un plan de trabajo con tiempos, responsables, actores aliados e insumos b. Identificar los territorios en los que se va a llevar a cabo el proceso con anterioridad, realizando análisis de contexto que permitan identificar potencialidades, riesgos y necesidades c. Conformar equipos de trabajo que cuenten con sindicalistas y especialistas en abordar procesos de victimización y reconstrucción de memorias (antropólogos, historiadores, psicólogos, abogados, trabajadores sociales) d. Formar a los equipos previamente. La formación debe incluir la interiorización de las perspectivas y metodologías que animan esta propuesta, así como la creación de las técnicas y materiales pedagógicas a ser empleados
Para la vinculación de las mujeres: a. Difundir el proceso de Reparaciones Colectivas que adelanta el sindicalismo colombiano y del proceso de reconstrucción de la memoria de victimización que está interesado en adelantar con mujeres en las regiones, ciudades y municipios seleccionados colectivamente empleando las bases de datos existentes y los medios de comunicación locales, de los sindicatos y las centrales sindicales b. Convocar de manera amplia a las mujeres sindicalistas víctimas y a las familiares mujeres de hombres y mujeres sindicalistas asesinados, desaparecidos, secuestros, exiliados y objeto de cualquier otro tipo de vulneración de derechos humanos, para participar en el proceso de reconstrucción de la memoria de victimización de las mujeres pertenecientes a organizaciones sindicales. Para esto es fundamental emplear las bases de datos existentes y los medios de comunicación locales, de los sindicatos y las centrales sindicales c. Emplear un lenguaje y una sensibilidad de género en la difusión y convocatoria del proceso de reconstrucción de la memoria. Este lenguaje debe permitir que las mujeres sientan que sus experiencias van a ser reconocidas y que tienen valor colectivo (para el sindicalismo, sus contextos cercanos y Colombia), y que es importante, dado el momento actual que estamos viviendo en el país
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Para su permanencia: a. Diseñar y poner en marcha metodologías que: • Partan de la experiencia individual y colectiva • Pongan en el centro al sujeto victimizado, privilegiando su voz y reconociendo que son agentes con poder y capacidad de cambio • Reflexionen sobre las identidades y subjetividades que se construyen a través de las victimizaciones • Potencien la relación entre memoria, emociones, sentidos, cuerpo y cultura • Habiliten la construcción colectiva • Promuevan no sólo recordar sino también comprender lo que ocurrió • Produzcan conocimiento y sujetos críticos abiertos a la transformación • Contribuyan a los procesos de sanación y duelo • Hagan pedagógica la experiencia individual y colectiva b. Emplear el enfoque de género para dar cuenta de las vulneraciones específicas que se han cometido contra las mujeres en razón de su género, de forma que las participantes sean conscientes de que han sufrido de violencias particulares por el hecho de ser mujeres c. Utilizar el enfoque diferencial para dar cuenta de las especificidades con las que las mujeres han vivido la victimización en tanto género, y las otras variables que acompañan esa vivencia para lo femenino como la etnia, la edad, la clase, la raza y los diversos sectores sindicales, de forma tal que en el desarrollo del proceso las mujeres participantes se sientan identificadas, reconocidas y valoradas
d. Usar la perspectiva interseccional para analizar los hechos victimizantes e identificar las distintas opresiones que le causan (el patriarcado, el capitalismo, el racismo, el heterosexismo, entre otras), de forma tal que las mujeres comprendan aspectos de la realidad que muchas veces no le son claros e. Avanzar en todas las acciones propuestas empleando un enfoque de acción sin daño que evite la re-victimización de las participantes. Para ello es crucial contar con equipos de especialistas que sepan lidiar con el dolor, el sufrimiento y las emociones que la victimización desencadena f. Entrenar de manera permanente a los equipos a cargo del proceso para que interioricen las perspectivas propuestas para el desarrollo de este proceso, así como la metodología, de forma tal que tengan la capacidad de poner en marcha una escucha activa con las mujeres victimizadas g. Involucrar constantemente a los sujetos victimizados en la producción de conocimiento que este proceso de reconstrucción de la memoria histórica implica, de forma tal que no sólo desde el testimonio participen
Para el éxito del proceso es necesario evaluar periódicamente su desarrollo, llevando a cabo las modificaciones del caso que sean necesarias.
2. Metodología para la reconstrucción de la memoria de los procesos de victimización sufrido por las mujeres sindicalistas
En esta segunda parte del documento se plantea la metodología para la reconstrucción de la memoria de los procesos de victimización sufridos por las mujeres sindicalistas. Primero se describen brevemente las vertientes metodológicas y pedagógicas de las que esta propuesta se nutre; luego se contextualiza la propuesta de una Comisión
de la Verdad para el sindicalismo con perspectiva de género que se propone en documentos del Proyecto de Reparaciones Colectivas al Sindicalismo; y por último se explicita la ruta metodológica propuesta. Tentativamente se propone llamar a la Comisión, Comisión de Memoria Histórica del movimiento sindical para la transformación y la vida.
2.1. Metodología para la criticidad y la vida “No sería posible deshumanizar sin deshumanizarse, tal es la radicalidad social de la vocación. No soy si tú no eres y, sobre todo, no soy si te prohíbo ser”. Freire, 1993: 95
La propuesta metodológica para la reconstrucción de la memoria histórica de la victimización de las mujeres sindicalistas se apoya en principios de la educación popular, la investigación acciónparticipativa, las metodologías feministas, descoloniales y participativas; así como en las metodologías de investigación de la historia y la antropología. A través de la combinación de estas metodologías y pedagogías, se busca poner en el centro a las mujeres victimizadas, y al conjunto del movimiento sindical. Se quiere, además, que este proceso sirva para la politización de las víctimas, y la consolidación organizativa del movimiento sindical y las mujeres sindicalistas, de forma tal que la reconstrucción de
la memoria histórica se constituya en un espacio de fortalecimiento político. La propuesta metodológica busca que se potencie la capacidad transformativa de la memoria, que genere vida en un país que se encuentra bajo el imperio de la muerte y la represión, que le permita a los sujetos victimizados avanzar en el duelo y la sanación, y que habilité la posibilidad de pensar, diseñar y poner en marcha futuros más justos. Para esto es fundamental una metodología que alimenté la capacidad crítica de las y los participantes e interlocutores, así como cultivar sujetos abiertos a la transformación social. Esta metodología es diseñada para avanzar en la reconstrucción de lo que ocurrió, buscando contribuir principalmente a la materialización del derecho de las víctimas a la verdad, y por este camino a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en consonancia con las necesidades y propuestas esbozadas por el movimiento sindical.
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Educación popular
Investigación-acción participativa
La educación popular ha sido propuesta por Paulo Freire para retar las formas de conocimiento bancarias que suponen que quien aprende es un recipiente vacío al que es necesario llenar con datos, un objeto, más que un sujeto de conocimiento. Freire concebía la pedagogía como una metodología imprescindible dentro de y para las luchas sociales, políticas, ontológicas y epistémicas de liberación (Walsh, 2013: 29). Para él, la educación tenía que enseñar a leer críticamente el mundo; y debía convertirse en un espacio para realizar análisis político-sociales con los “oprimidos”, en aras de generar la concientización.
La investigación-acción participativa (IAP), propuesta por Orlando Fals Borda, reta la producción de conocimiento hegemónica problematizando dicotomías como las de pensamiento/acción, corazón/cabeza, intelectuales /populares, sujeto/ objeto y teoría/práctica. Esta propuesta, junto con la de la educación popular, aterriza al contexto particular de América Latina la relación entre teoría y práctica, poniendo en el centro del activismo principios ético-políticos para una “praxis transformadora” (Fals Borda, 2007: 18).
Estos aspectos son, desde su perspectiva, necesarios para avanzar en la transformación social. Para responder a esas necesidades, Freire propuso la pedagogía del oprimido, la cual potencia la responsabilidad de pensar críticamente, y tener una ética humana en y con el mundo. Desde la pedagogía de la esperanza, el educador popular imaginó la rebeldía como praxis político-pedagógico de reinvención de la existencia y la vida (Walsh, 2013: 40); y en compañía de la pedagogía de la indignación, enunció una “pedagogía perpetua” que implica una praxis crítica como práctica y proceso continuo de reflexión, acción, reflexión. Retomando estas propuestas, Claudia Korol, feminista popular, plantea la educación popular como un momento fundamental de elaboración teórica colectiva. Cuando esto ocurre, plantea, los movimientos populares se convierten en sujetos históricos, intelectuales colectivos (Korol En Hijos e Hijas, 2012). La propuesta metodológica que más adelante se esboza, se entiende como una pedagogía del conocer y analizar, y el proceso de reconstrucción de la memoria como una instancia de educación popular para analizar y actuar.
La IAP se caracteriza por desvirtuar la división entre académico y objeto de estudio, entre intelectual y bases, subrayando las relaciones que le vinculan al investigador y a sus sujetos de estudio, y buscando generar relaciones horizontales. Esta metodología reconoció la existencia del saber popular sin subalternizarlo, recuperando “la versión popular (no oficial) de la historia y [reforzando] la cultura y la autoestima de los pueblos de base” (Fals Borda, 2007: 19). En la propuesta de la IAP se reconoce como fundamental el uso del lenguaje sencillo, y la obligación que tiene quien desarrolla procesos investigativos de producir conocimiento colectivamente, y de presentar a la comunidad los resultados de las investigaciones. Siguiendo distintas reflexiones y propuestas de la IAP, entre ellas el que somos seres senti-pensantes, la propuesta metodológica aquí desarrollada, busca generar diálogos horizontales con las y los participantes, producir conocimiento colectivo que responda a las necesidades de los movimientos, y articularlo a la acción política.
Metodologías feministas descoloniales La metodología feminista descolonial comienza por cuestionar la dominación racista, colonial, capitalista y del sistema moderno-colonial de género (Lugones, 2008), con la intención de producir procesos que coadyuven a un horizonte de buena vida en común (Espinosa et al., 2013). Propone, al entender la realidad, y más específicamente la opresión, no fragmentarla, y mirarla desde la interseccionalidad, es decir, desde los múltiples cruces que las estructuras de dominación han generado. De igual manera invita a que al momento de pensar la transformación, se haga desde el reconocer y potenciar esas superposiciones (Cumes, 2014; Gómez, 2015), y en alianza con otros movimientos sociales.
para identificar problemas, sino también a la hora de formular propuestas para afrontarlos. Las metodologías participativas tienen la intención de “dar voz”, escuchar a las y los participantes, para lo cual es fundamental el trabajo en grupos pequeños, herramientas gráficas y técnicas que faciliten la comprensión. Estas herramientas son flexibles en su diseño y aplicación, facilitando la adaptación a distintas necesidades de investigación e intervención, a diversos temas, entornos y grupos poblaciones (IMP, 2006). Recogiendo estas distintas propuestas metodológicas y pedagógicas, se propone que el proceso de reconstrucción de la memoria se guíe por: • La construcción colectiva
Como las metodologías y pedagogías feministas, el feminismo descolonial pone en el centro de la reflexión y de la producción de conocimiento a las mujeres, la subjetividad, la experiencia, el cuerpo, las emociones, el arte, lo simbólico y la creatividad. Plantea la necesidad de vincular la teoría con la práctica, y poner en marcha metodologías que potencien la sanación (Espinosa et.al., 2013). En el centro de estas propuestas está el diálogo de saberes que reconoce que todas y todos somos sujetos de saber/poder.
Metodologías participativas Las metodologías participativas provienen de “una familia cada vez más grande de enfoques y métodos que le permiten a la población local compartir, mejorar y analizar su conocimiento de la vida y de las circunstancias para planificar y actuar” (Chambers, En IMP, 2006). Estas metodologías ofrecen a las y los participantes la oportunidad de tener voz, capacidad de acción y representación; e incluye, más allá, de las herramientas técnicas, fundamentos filosóficos (IMP, 2006).
• Los diálogo horizontales de saberes y sabidurías • Las experiencias concretas de vida • El cuerpo holístico (emociones, pensamientos, recuerdos, sentidos) • El proceso del recordar-pensar-sentir-hacer (teoría y praxis) • La dinámica del recodar-aprenderdesaprender para liberar (Hijos e Hijas, 2012) • El hacer – transformar • La construcción de sujetos críticos con capacidad para el cambio y la acción propositiva • El comprender la realidad colombiana desde su complejidad • El analizar y comunicar • Lo local y subjetivo (lo micro) en interrelación con contextos más amplios (macro) • El reconocimiento del poder de agencia de las y los participantes y la interacción entre agencia y estructura para la creación de lo real • La centralidad de los sujetos victimizados
En estas metodologías las personas son involucradas de manera activa para garantizar que sus opiniones y aportes sean escuchados, discutidos y tenidos en cuenta. Esta escucha activa se realiza no sólo
• Lo místico, creativo, artístico e imaginativo
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2.2. Experiencias previas de memoria histórica para las mujeres Si bien Mnemosina es la diosa de la memoria, en la tradición occidental han sido los hombres los intérpretes oficiales de la memoria colectiva, y los encargados durante siglos de escribir la historia. Aunque ellos han debido recurrir a la memoria femenina para reconstruir aspectos de lo que Cronos iba consolidando como pasado, las mujeres, desde la escritura de los varones, quedaron condenadas por mucho tiempo al silencio. De esa manera las mujeres no sólo han vivido, en razón de las construcciones de género, de manera particular la violencia, la política y la economía, sino que también dentro de la propia escritura de la historia han sido invisibilizadas y discriminadas (Wills, 2011). Los relatos históricos han negado el rol de las mujeres, las han condenado al espacio de lo privado y han reforzado los estereotipos que existen sobre ellas, ubicándolas “como víctimas o figuras pasivas frente al devenir histórico y, con ese gesto” despojándolas de agencia y politicidad (Wills, 2011: 45). Esto tuvo repercusiones en las primeras Comisiones de la Verdad y en todos los procesos de esclarecimiento sobre lo ocurrido en contextos de guerra, dictaduras, conflictos armados y ejercicios de criminalidad estatal. Comisiones como la de Argentina y Chile no se preocuparon por la dimensión de género, dado que creían que las violaciones a los derechos humanos acontecidos durante las dictaduras tenían un “carácter neutral” (Wills, 2011: 51). Al momento de que esta perspectiva es integrada a Comisiones de la Verdad como la de Perú y Ecuador, la violencia sexual comenzó a hacerse visible, a tomar, como
plantea Wills (2011), una naturaleza política, problematizando las razones de su existencia, y permitiendo la apertura de un debate público sobre ésta.32 Las Comisiones de la Verdad se han convertido en los procesos de transición política en uno de los mecanismos por los cuales se busca que el derecho a la verdad de las víctimas se materialice. Dada la invisibilización de las mujeres, sus contribuciones y problemáticas en la H/historia, los movimientos de mujeres y feministas se han preocupado porque se incorpore la perspectiva de género en su desarrollo. Una experiencia paradigmática, que se ha convertido en ejemplo para Colombia, es la del Perú. Los movimientos de mujeres y feministas que trabajan por la paz en el país desde inicios del presente siglo se han preocupado por entender como funcionan las Comisiones de la Verdad en aras a contribuir al esclarecimiento sobre lo que ha ocurrido con las mujeres. Esto llevó a la Ruta Pacífica a proponer una Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas. La Ruta plantea que si bien han habido muchos esfuerzos de documentación sobre los impactos del conflicto armado y las consecuencias de la violencia sociopolítica en Colombia, no han existido esfuerzos de este tipo en relación a las mujeres. Para suplir este vacío, optan por desarrollar una Comisión de la Verdad desde un enfoque feminista y a “través de la documentación de las historias y hechos contados por las mujeres” (Ruta Pacífica, 2013: 9). Esta propuesta tiene como elemento central la historia oral, y específicamente el testimonio.
32 Esto fue producto de las luchas feministas y de los cambios en la historiografía de la década de 1970, que permitieron que en los 90s la historia de las mujeres se desarrollara articulada a la categoría de género (Wills, 2011: 51).
La Comisión, cuya puesta en marcha inició en el 2010, se pensó como un proceso que contribuyera a la reparación y a la transformación de la situación de las mujeres víctimas del conflicto armado, así como aportar a la superación de la impunidad en Colombia. La metodología de la Ruta se centra en los hechos de violencia, la experiencia subjetiva y las consecuencias de la victimización, promoviendo una postura activa de las mujeres. La Comisión se llevó a cabo por un período de aproximadamente tres años. Además de recoger historias individuales, la Comisión de la Verdad hizo levantamiento de casos colectivos bajo los criterios de interés, factibilidad y cuidado del proceso (Ruta Pacífica, 2013: 81).33 En total recogieron 1000 testimonios individuales y colectivos, en nueve regiones, con un equipo de trabajo de 60 personas. De esta experiencia quisiera resaltar algunos aprendizajes importantes de tener en cuenta a la hora de desarrollar la propuesta de Comisión de la Verdad del movimiento sindicalista. • La perspectiva desde la que se desarrolle la iniciativa debe ser compartida por todo el equipo que pone en marcha el proceso • Los materiales que se emplean, como guías de preguntas para entrevistas, deben surtir un proceso de revisión y apropiación colectiva • Las actividades en campo requieren un proceso de organización que incluyen evaluación de la situación y de las condiciones para llevarlo a cabo • Los equipos de trabajo deben formarse para el desarrollo de la labor, y su selección debe estar guiada por las habilidades requeridas para llevar a cabo la tarea encomendada
33 Entre los casos colectivos figuran: a. las mujeres de AMI, Asociación de Mujeres de las Independencias, atacadas durante la Operación Orión ejecutada por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea en la Comuna 13 de Medellín entre el 16 y 20 de octubre de 2002. b. Las mujeres en la masacre del Naya, ejecutada contra población indígena en abril de 2001, y llevada a cabo por paramilitares dirigidos por Alias HH, del Bloque Calima de las AUC. c. Las mujeres familiares de los diputados secuestrados en el Valle del Cauca por las FARC-EP el 11 de abril de 2002, y posteriormente asesinados.
• La documentación de casos debe ir de la mano con un acompañamiento psicosocial permanente • El equipo de trabajo también requiere acompañamiento psicosocial Adicional a los esfuerzos de los movimientos de mujeres, desde el Grupo de Memoria Histórica se ha prestado especial atención a la reconstrucción de lo ocurrido en el marco del conflicto armado interno empleando una lupa de género que ha permitido abordar la manera concreta en que las mujeres han experimentado la violencia. Esto ha incluido reflexiones sobre la manera particular como las mujeres recuerdan,34 estudios de caso, y propuestas metodológicas para el trabajo de memoria histórica con mujeres. El Grupo de Memoria Histórica propone como método trabajar los recuerdos en clave colectiva, la relación entre reminiscencia, espacio y tiempo (empleando mapas y líneas de tiempo); memorias y cuerpo (mapas del cuerpo); y memorias, proyectos y agendas de futuro (colcha de retazos) (Wills, 2013: 54). El GMH propone el desarrollo de casos emblemáticos en clave de género (Wills, 2013: 60). Por caso emblemático entienden aquel que genera huella en la sociedad, en la historia colectiva, y que permite pensar y reconstruir las dinámicas de un período de la guerra. Estos se convierten en “lugares de condensación de múltiples procesos” y en “una puerta de acceso para ilustrar una trama de dinámicas que superan el hecho en su individualidad pero que, al reconstruirse, le confieren su sentido histórico” (Wills, 2013: 60).
34 María Emma Wills, en consonancia con reflexiones sobre la relación entre memoria y género que se han desarrollado en otros contextos de guerra, plantea que es importante reconocer que la memoria tiene género (Wills, 2011: 45). Esto quiere decir que las mujeres ponen énfasis distintos en el recordar, recuerdan cosas particulares y narran de una manera específica.
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En Colombia los movimientos de familiares, víctimas y derechos humanos, han desplegado una serie de estrategias y políticas de la memoria que han buscado sacar a flote la realidad sobre la guerra. Entre estas distintas iniciativas es importante mencionar el Tribunal de los Pueblos (1979), el Proyecto Colombia Nunca Más (1996), la Comisión de Ética del MOVICE (2005), la Comisión de la Verdad del MOVICE y otras organizaciones sociales (2013), el diseño de Comisión de la Verdad de CONPAZ (2014), los esfuerzos de documentación de casos de Asfaddes y otras organizaciones de familiares de desaparecidos, la documentación como caso colectivo de la UP, y la propuesta de Reparaciones Colectivas del movimiento sindical, entre otras. Muchos de estos esfuerzos se han concentrado en la documentación de casos para el esclarecimiento de la verdad y el avance de los procesos de justicia. Sin embargo, la memoria de los familiares y de los sujetos victimizados no se agota allí, pues cotidianamente ponen en marcha una serie de repertorios de la memoria que traen a la cotidianeidad la violencia de la que han sido objeto ellas, ellos y sus seres queridos. Las conmemoraciones, los plantones, las galerías de la memoria y de las luchas, las marchas, entre otras, son ejemplos de esto. Si bien muchos de estos repertorios se gestaron en la década de 1980, han sido reinventados en los últimos años, entre otras cosas, gracias a los diálogos intergeneracionales. El repertorio se ha ampliado con documentales, murales, escraches, diseño gráfico, batucadas, arte, teatro, pintura, poesía, narraciones libres y blogs. Todas estas experiencias, las cuales es difícil detallar aquí por espacio, alimentan una propuesta de senticaminar y pensar la memoria.
2.3. Caminar senti-pensando: metodología para la memoria histórica de las mujeres sindicalistas La metodología es el camino por el que optamos para el proceso de reconstrucción de la memoria de victimización de las mujeres sindicalistas. Responde en términos generales a las propuestas esbozadas en el marco del desarrollo del Proyecto de Reparaciones Colectivas al Sindicalismo, y que enseguida se detallan (Codhes e Iscod, 2013). Se subrayan las propuestas y los aspectos a lo que se prestará particular atención en el camino seleccionado.
Medidas de construcción de la verdad • Conformación de un Observatorio Judicial que sistematice la información resultante de las declaraciones de los desmovilizados del paramilitarismo que se acogieron a la Ley 1424 de 2010, el cual deberá estar adscrito al Centro Nacional de Memoria Histórica. • Creación de la Comisión de la Verdad sobre violaciones de los derechos humanos del movimiento sindical conformada por representantes de las centrales obreras y el gobierno. Esta Comisión tendrá seccionales en cada departamento las cuales tendrán la participación de al menos un representante regional de los sindicatos.
Medidas para la reconstrucción de la memoria histórica • Creación de un Programa de investigaciones sobre violencia antisindical en el Centro Nacional de Memoria Histórica, articulado a las centrales obreras y a los centros de estudio del movimiento sindical y ONG de derechos humanos, para que ponga en marcha un plan nacional de investigaciones que se desarrolle en varias líneas
Medidas para estimular el estudio del sindicalismo y de la violencia antisindical a. Apertura del programa nacional “Alfredo Correa de Andreis”, con el propósito de estimular a estudiantes universitarios en la elaboración de tesis de grado sobre la violencia contra miembros de sindicatos localizados en sus respectivas regiones b. Apertura de concurso público “Aury Sará Marrugo”, para escoger dos guiones para cine y tres guiones para documentales que se ocupen de episodios reales o ficticios acerca de las vivencias de sindicalistas durante el proceso de violencia producto del conflicto armado contemporáneo c. Realización de concursos públicos bianuales —con nombres de dirigentes sindicales asesinados— dirigidos a premiar trabajos testimoniales, historias de vida o cuentos cortos relacionados con la vida cotidiana de los y las sindicalistas en sus luchas y episodios de victimización d. Creación del centro de investigaciones interdisciplinario, “Jaime Pardo Leal”, adscrito a la Universidad Nacional de Colombia, destinado a asesorar y producir documentos para garantizar el éxito de las actividades y los derechos sindicales e. Financiación de investigaciones sobre la historia y el presente de las centrales y colocación de estas en las páginas web de las mencionadas organizaciones sindicales
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Medidas para el desarrollo de conmemoraciones y conservación de la memoria pública a. Creación del día conmemorativo del sindicalismo en la cual se realizarán actividades culturales y artísticas para recordar a los sindicalistas victimizados b. Creación de una sala para perpetuar el recuerdo de los y las sindicalistas víctimas del conflicto dentro del “Museo de la Memoria” contemplado por la ley de víctimas c. Establecer “centros o museos de memoria departamentales” en los cuales debe garantizarse la creación de una “sala de la memoria sindical” y la creación de un fondo documental y visual sobre el sindicalismo de la región en sus luchas y afectaciones d. Acuerdo entre el gobierno nacional y las centrales sindicales para el diseño y ubicación de un monumento nacional en memoria de cerca de 3000 víctimas del sindicalismo. Lo que no excluye la construcción de monumentos a nivel departamental o municipal e. Recuperar la memoria de los y las principales dirigentes sindicales asesinados mediante el uso de sus nombres en colegios de las zonas de influencia del sindicato a que pertenecieron
Medidas para satisfacer el derecho a la verdad de la sociedad y la dignificación de las víctimas a. Difusión de las sentencias que exoneran a miembros de organizaciones sindicales acusados de tener vínculos con grupos armados, por los medios escritos y orales, tanto a nivel nacional como en los escenarios regionales. En estos últimos deberán hacerse actos públicos en los que se pida perdón por autoridades judiciales que adelantaron o contribuyeron a la judicialización del sindicalista
b. Creación del premio “Alirio Pedraza”, de convocatoria trianual, como reconocimiento a la mejor trayectoria, el compromiso y la eficiencia de los y las abogados/as laboralistas que asesoren al movimiento sindical c. Realizar un acto de “perdón y desagravio nacional al movimiento sindical” un 20 de julio, en la plaza de Bolívar antes de la instalación de sesiones del Congreso, con presencia del presidente, delegados del Congreso, de la fuerza pública, de los gremios, de empresarios y del movimiento sindical. El acto deberá ser transmitido en la televisión pública y privada
Luego de la lectura de los distintos documentos propuestos en torno al Proyecto de Reparaciones Colectivas al Sindicalismo, se entiende que se le da prioridad a una Comisión de la Verdad, la cual estaría acompañada de las propuestas que se esbozan arriba. Se propone llamar tentativamente a este proceso de reconstrucción de la memoria: Comisión de Memoria Histórica del movimiento sindical para la transformación y la vida. Dentro de este proyecto se deben desarrollar las propuestas de las mujeres sindicalistas, las cuales tienen que ver con (Codhes e Iscod, 2014): a. Establecer una cátedra sobre equidad de género que permita la dignificación y valorización de la mujer y propenda por la transformación del imaginario machista que tienen tanto hombres como mujeres sindicalistas b. Crear secretarias para la mujer especializadas en la reparación colectiva de las mujeres sindicalistas que desarrollen las siguientes acciones: medidas de satisfacción: apoyo psicológico y moral; capacitación a las mujeres sindicalistas, empoderándolas a ser lideresas y gestoras de la reparación colectiva a las mujeres del Movimiento Sindical c. Reconocimiento por parte de los medios de comunicación del buen nombre del movimiento sindical y del papel protagónico de las mujeres dentro de él
d. Dignificación del buen nombre de las mujeres sindicalistas y los colectivos de mujeres como por ejemplo, el movimiento de maestras para incentivar la articulación con el proceso de reparación colectiva al movimiento sindical y fortalecer la participación de la mujer en ese y otros escenarios e. Elaborar la historia del movimiento sindical, haciendo énfasis en la recolección de información respecto a los efectos producidos en las mujeres por la persecución sindical de parte del Estado y la criminalización del movimiento sindical colombiano f. La creación de una gran movilización anual, el Día de los Mártires de la Violencia Sindical
Sintetizando, para lograr lo anterior se propone: • La creación de una Comisión de la Verdad específica para el movimiento sindical que incluya la perspectiva de género • Realización de conmemoraciones • La apertura de museos y casas de la memoria • La organización de actos públicos de petición de perdón • La puesta en marcha de procesos de investigación sobre el pasado del movimiento sindical para dar cuenta de la victimización y su lucha • La edificación de monumentos
g. Reconstruir la memoria de las mujeres en el movimiento sindical
• El nombramiento de premios y colegios con nombres de sindicalistas
h. Tener en cuenta, la vida de las lideresas sindicales dentro del diseño y difusión de los materiales audiovisuales, publicaciones y piezas publicitarias que se realicen en el marco de la reparación colectiva al movimiento sindical, de tal manera que, se resalten sus aportes como mujeres líderes dentro de la lucha sindical
• La realización de películas y documentales
Vistas en su conjunto, estas propuestas buscan que a través de la memoria, de la narración histórica y de dilucidar la verdad, se de cuenta de: a. La victimización de las y los sindicalistas, introduciendo una perspectiva de género b. La historia del movimiento sindical, los aportes de las mujeres a éste y al movimiento social de mujeres c. La dignificación de las víctimas de la violencia antisindical d. Los importantes aportes que el sindicalismo ha hecho al país, y en especial, para el caso que nos ocupa, las mujeres
Para potencializar las propuestas anteriores, se propone tener en cuenta: • Incluir en la dimensión individual de la reparación, que emplea nombres de sindicalistas y otras figuras públicas asesinadas, los nombres de mujeres sindicalistas. Así mismo nombrar no sólo las y los líderes más reconocidos en lo nacional, regional y local, sino también aquellos que desde su trabajo cotidiano contribuyeron al sindicalismo pero que no alcanzaron un reconocimiento público amplio • Potenciar una memoria dinámica en el caso de los museos, monumentos, casas de la memoria y la propia Comisión de la Verdad. En otros contextos, estas formas de recordar convierten la memoria en algo estático que no logra cumplir su objetivo y comunicar lo que se espera a las audiencias. Esto requiere que estos repertorios de memoria se acompañen permanentemente de ayudas pedagógicas que incentiven no solo la empatía con los sujetos victimizados, sino también la capacidad crítica de quien observa, lee y/o escucha. En ese caso resulta también vital que estas maneras de recordar estén directamente integradas en
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un proceso más general de memoria, es decir que el contacto con la realidad sindical no se reduzca al momento de la interacción con el monumento, el museo o el reporte de la Comisión. • Llevar a cabo actos públicos donde el Estado y los actores armados reconozcan que cometieron violaciones de derechos humanos, poniendo de presente las razones para hacerlo, y comprometiéndose públicamente a que esto no volverá a pasar. Esto debe estar acompañado de propuestas elaboradas por ellos mismos para evitar la repetición, y sanciones para los casos en que actos de barbarie se vuelvan a repetir. Estas propuestas serán revisadas por los sujetos victimizados, modificadas si es el caso, y difundidas a través de los medios de comunicación para que la sociedad en su conjunto sea veedora de estos compromisos. En los casos en que las y los sindicalistas así lo quieran, los victimarios pedirán perdón. Sería importante que se adelantará un debate al interior del sindicalismo sobre el perdón y la reconciliación previo a estos actos públicos, de forma tal que pedir perdón sea opcional y no obligatorio, y que cuando se hable de ello, las y los sindicalistas tengan un lenguaje común.
2.3.1. Puesta en marcha de la “Comisión de Memoria Histórica del movimiento sindical para la transformación y la vida” En lo que queda del documento, se presentará una propuesta metodológica tendiente a la reconstrucción tanto de la victimización experimentada por las mujeres sindicalistas, como de sus luchas dentro de la implementación de la Comisión de Memoria Histórica propuesta, la cual debe combinar la aplicación de una perspectiva de género transversal a todo el informe, y un capítulo especial que permita comprender las particularidades de las mujeres. Esta reconstrucción busca: a. Identificar los tipos de victimización experimentadas por las mujeres sindicalistas, la manera como operaron y los daños causados b. Conocer la manera en que las mujeres hicieron frente a los procesos de victimización y las transformaciones positivas y negativas de los hechos de violencia c. Determinar los autores materiales e intelectuales, así como las razones para el ejercicio de la violencia d. Conocer sus propuestas, demandas y las acciones que emprendieron (memoria de las luchas) e. Vislumbrar las dinámicas de poder y los arreglos sociales que dieron origen a la violencia (memoria crítica)
Para el desarrollo de esta reconstrucción del pasado se hará uso de distintas fuentes y técnicas de investigación histórica y antropológica como: • El trabajo de campo • La historia oral (el testimonio, las entrevistas, las historias de vida)
• La investigación de archivo (documentos de trabajo, actas, declaraciones, chapolas, afiches, material gráfico, audiovisual, sonoro y fotográfico)
e. Las y los ciudadanos más cercanos a las y los sujetos victimizados
• La revisión de fuentes secundarias sobre la violencia anti-sindical, la violencia contra las mujeres, la historia del sindicalismo y del movimiento de mujeres y feminista
g. El Estado, los medios de comunicación y los victimarios
Este proceso de reconstrucción de la memoria histórica será procesual, para lo cual se plantea una serie de fases que superponen la revisión de fuentes y la utilización de las técnicas. Para pasar a describir el camino propuesto, se propone abordar cinco preguntas guía: Qué: Esto responde al objetivo general del proceso de reconstrucción de la memoria que se va a llevar a cabo y que tiene que ver con: a. La victimización específica que han sufrido las mujeres sindicalistas b. Sus luchas (demandas, propuestas, acciones, logros, debilidades, aprendizajes)
Quiénes: Se refiere a las personas que van a hacer parte del proceso de reconstrucción de la memoria de victimización del sindicalismo con perspectiva de género y con quienes se va a interlocutar en distintas fases. Los actores que resultan relevantes para este proceso son: a. Los sujetos victimizados en primera y segunda instancia. Las mujeres sindicalistas victimizadas, y las mujeres familiares de sindicalistas mujeres y hombres objeto de vulneraciones a los derechos humanos b. Las colectividades de las que hacen parte (los sindicatos locales, regionales y nacionales) c. Pedagogas y pedagogos que faciliten, cocoordinen y guíen el proceso d. Especialistas en acompañamiento psico-social
f. Las y los colombianos en general
h. Las y los comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, surgida en el marco del actual proceso de paz
Dónde: Esto hace mención a los lugares en los cuales se va a llevar a cabo los procesos de reconstrucción de la memoria. Se propone seguir la división geográfica que más consideren conveniente las mujeres sindicalistas, en consonancia con las dinámicas identificadas con el movimiento sindical en general. Es importante que de la división geográfica definida, si es regional, se seleccionen unidades más micro (municipios). De esa forma se propone tener tres escalas espaciales: lo municipal, lo regional y lo nacional.
Cómo: Se refiere a la manera particular como va a desarrollarse el proceso de reconstrucción de la memoria. Esta es el camino que se propone adelantar. a. Recopilación y organización de información local y nacional ya sistematizada sobre las vulneraciones que han sufrido las mujeres sindicalistas y las mujeres en general (fuentes secundarias). b. Recopilación de información histórica de los diversos sindicatos en las regiones que permita reconstruir sus principales demandas, propuestas y el rol y contribuciones de las mujeres. Para ello es de gran importancia consultar fuentes primarias y secundarias que permitan identificar los aportes concretos de las mujeres.
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c. Realización de talleres locales, regionales y nacionales con sindicalistas. En algunos casos estos serán de carácter mixto. d. Realización de grupos focales con las mujeres victimizadas y/o sus familiares que se subdividirán por las variables que más se consideren importantes para el nivel local y regional tales como etnia, raza, edad, sector sindical y tipos de victimización. e. Documentación de casos a través de entrevistas, revisión de fuentes primarias y secundarias, y de los archivos judiciales. f. Elaboración y difusión de recuentos históricos de lo ocurrido tanto en lo relacionado con la victimización como con la memoria de las luchas en los niveles local, regional e internacional en distintas modalidades: • Informe de la Comisión en texto ilustrado de manera creativa • Documentales • Películas • Cuentos • Exposiciones itinerantes de los materiales elaborados en los talleres y los grupos focales • Exposiciones fotográficas acompañadas de audios • Conmemoraciones acompañadas de varios de los materiales vivenciales y pedagógicos arriba descritos g. Divulgación de los resultados principales de la Comisión a través de los medios de comunicación, las cátedras de derechos humanos y paz, los colegios y universidades y otros centros educativos.
h. Presentación de casos colectivos documentados en este proceso a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, así como a la Jurisdicción Especial para la Paz.35 i. Realización de audiencias locales, regionales y nacionales con participación activa de la ciudadanía en la que se les comunica no solo desde el testimonio (cortometrajes, exposiciones fotográficas, de dibujos, relatos, líneas de tiempo, cartografías de la memoria), lo que ocurrió, empleando un lenguaje pedagógico que habilité no sólo la empatía sino también la visión crítica y la capacidad de transformación de las y los colombianos. j. Realización de audiencias públicas en todos los niveles en los que los victimarios, incluidos el Estado, reconocen su responsabilidad en los hechos de violencia, explican la razón de estos, y se comprometen con acción concretas a que no vuelve a pasar, y diseñan, en caso de que ocurran de nuevo los actos de violencia, sanciones a esas infracciones. Estas audiencias deben ser públicas, con masiva asistencia de la ciudadanía, y televisadas en horario Triple A.
Cuándo: Esto hace referencia a los tiempos en los cuáles la presente propuesta metodológica se va a llevar a cabo. Al respecto, dada la coyuntura actual, se propone que este ejercicio de reconstrucción de memoria se inicie lo más pronto posible de manera tal que sirva de insumo para esa Comisión, así como para los procesos de justicia que se van a adelantar, y para la consiguiente disputa en torno a la verdad, la memoria y la historia que se va a profundizar en los años que vienen en el país. Como marcos de referencia temporal, se recuerda que el proceso de la Ruta Pacífica, que sólo se centró en la victimización, tuvo una duración aproximada de 3 años desde su puesta en marcha, y que en el caso de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, se ha propuesto la misma duración. Para 35 Si se presentan o no los casos, depende de la decisión de los sindicatos de cómo van a interlocutor con ese espacio. En algunos documentos se plantea una Comisión autónoma con apoyo económico y técnico del Estado.
lograr reconstruir los procesos de victimización y las luchas sindicales, se propone un tiempo mayor de alrededor cinco años. Esto haría necesario definir tiempos según las prioridades. Tentativamente se proponen las siguientes fases:
Primer fase: Recopilación de información y división geográfica a. Definición de las regiones o divisiones geográficas por medio de las cuales se va a llevar a cabo el presente proceso de reconstrucción de la memoria. Al mismo tiempo se deben constituir los equipos de trabajo y llevar a cabo un estudio de factibilidad de los lugares seleccionados para la realización del proceso. b. Recopilación y organización de información local y nacional ya sistematizada sobre las vulneraciones que han sufrido las mujeres sindicalistas y las mujeres en general (fuentes secundarias). c. Recopilación de información histórica de los diversos sindicatos en las regiones que permita reconstruir sus principales demandas y propuestas; así como el rol y las contribuciones de las mujeres. Para ello es de gran importancia consultar fuentes primarias y secundarias que permitan identificar los aportes concretos de las mujeres.
En esta primera fase se definen las escalas espaciales en lo local y lo regional, y se preparan los equipos de trabajo, los cuales deben incluir expertas y expertos, sindicalistas y sujetos victimizados. Además de esto, se debe realizar un proceso de recopilación de información que ya se tenga sistematizada sobre las vulneraciones que han sufrido las mujeres sindicalistas. Esto permite tener información para ambientar y contextualizar los primeros talleres. Esta fase debe estar alimentada por una visión amplia de la victimización, en la que se reconozca la acción violenta de diversos actores como los paramilitares, las guerrillas, el Estado y sus diferentes encarnaciones, los gremios, las multinacionales, el narcotráfico, entre otros.
La visión amplia de la victimización debe incluir no sólo la violencia física, sino también la violencia psicológica, verbal, sexual, simbólica y laboral. Es decir, toda aquella que lástima los intereses laborales de las y los trabajadores, teniendo de presente las consecuencias que esto ha tenido para el ejercicio del sindicalismo, en especial para las mujeres. Esta fase debe incluir también un proceso de recopilación de información histórica sobre los diversos sindicatos en las regiones seleccionadas que permita reconstruir sus principales demandas, propuestas y acciones. Al respecto es fundamental recurrir a fuentes primarias y secundarias (investigaciones, actas, registro fotográfico, fílmico, de voz, entre otros). El proceso de reconstrucción de las memorias de las luchas del sindicalismo inicia desde esta fase, y será complementado en la segunda teniendo presente dos razones. Primero, la intención de que la reconstrucción de la memoria no se quede tan solo en la victimización, sino que se vaya articulando con una explicación sobre lo ocurrido que permita entender por qué paso lo que paso, y de ese modo se ponga en marcha una memoria crítica. Y segundo, para que los sujetos victimizados y sus familiares participen no sólo como sujetos de dolor y testimonio, sino también como agentes de cambio y transformación, sujetos históricos que le han aportado a la historia.
Segunda fase: Reconstrucción de la memoria histórica a. Realización de talleres locales, regionales y nacionales con sindicalistas. En algunos casos estos serán de carácter mixto. b. Realización de grupos focales con las mujeres victimizadas y/o sus familiares que se subdividirán por las variables que más se consideren importantes para el nivel local y regional tales como etnia, raza, edad, sector sindical y tipos de victimización.
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c. Documentación de casos a través de entrevistas, revisión de fuentes primarias y secundarias, y de archivos judiciales. d. Elaboración y difusión de recuentos históricos de lo ocurrido tanto en lo relacionado con la victimización como con la memoria de las luchas en los niveles local, regional y nacional en distintas modalidades.
Talleres mixtos (hombres y mujeres) Dado que la presente propuesta se enmarca en la propuesta general del Proyecto de Reparaciones Colectivas al Sindicalismo de creación de una Comisión de la Verdad, y que dentro de esta se va a poner en marcha una perspectiva de género que reconozca la manera particular como las mujeres sindicalistas han vivido la victimización en el marco de la violencia anti-sindical, se propone iniciar con talleres a la que asistan hombres y mujeres. En estos talleres se van a identificar las principales vulneraciones de las que el sindicalismo de esa región o municipio fue objeto, y se van a reconstruir de manera general sus luchas (demandas, acciones, propuestas, visiones alternas de país). Para esos talleres se propone trabajar en tres momentos distintos. Primer momento. En grupos mixtos se identifican los principales tipos de vulneración de los que fue objeto el sindicalismo, y se discute la dimensión de género de la victimización. Es decir, las y los participantes van a identificar cómo cada tipo de agresión estuvo cruzada por el hecho de ser mujer, hombre o de expresar identidades sexuales alternativas. Se propone que las y los participantes construyan una línea de tiempo en la que identifican historias de victimización, y que dibujen cartografías del cuerpo donde se plasman los tipos de victimizaciones. Segundo momento. De nuevo en grupos conformados por hombres y mujeres, se van a reconstruir las luchas del movimiento sindical en esa zona. Se propone que esto se haga primero a modo de lluvia de ideas identificando coyunturas históricas claves y las acciones adelantadas por
el movimiento sindical que se convirtieron en hitos históricos. Las coyunturas como los hitos históricos deben tener el potencial de ayudar a explicar los hechos victimizantes. Para visualizar esto se propone construir una línea de tiempo. Luego de realizar la línea de tiempo, se identifica en cada momento cuales eran las demandas y las propuestas centrales, y se coteja en plenaria con las líneas de tiempo de la victimización. Tercer momento. Se recopila material vivencial sobre la historia del movimiento sindical. Para ello se propone que las y los participantes escojan uno de los hitos de la historia del movimiento sindical y que lo narren colectivamente a manera de crónica, obra de teatro o canción. Se requiere que se cuente con los elementos apropiados para preservar tales materiales. En el caso de las obras de teatro serían necesarias, por ejemplo, filmadoras. Este taller debe funcionar como un primer paso de apertura y ambientación al proceso de reconstrucción de la memoria histórica. Allí se debe explicar toda la ruta metodológica que va a guiar este ejercicio, los tiempos, los objetivos y los enfoques. Se propone la participación de hombres no sólo con la intención de articular este ejercicio de memoria histórica sobre las mujeres sindicalistas a la Comisión de Memoria del Sindicalismo, sino también con la intención de generar sensibilidad en los hombres frente a las vulneraciones específicas que han experimentado las mujeres. Se debe aclarar que los hombres son participantes activos del taller, a los que se les convida a tener una escucha activa con las compañeras sindicalistas.
Grupos focales (mujeres victimizadas y/o sus familiares y compañeras) Los grupos focales se llevan a cabo con una población bien delimitada. En este caso se proponen hacer grupos focales en los que participen sólo mujeres. La participación puede ser tanto de mujeres victimizadas, como de sus familiares y compañeras del movimiento sindical. Estos grupos tienen la intención de que las mujeres puedan hablar con mayor tranquilidad de sus vivencias de victimización
y sobre sus aportes, demandas y propuestas como sindicalistas y sujetos victimizados. Se propone llevar varios grupos focales. El primer grupo focal tiene la tarea de abordar las vulneraciones específicas de las que han sido objeto las mujeres sindicalistas y sus familiares (víctimas en segunda instancia). Esto incluye la variedad de violencias que se presenta en esta población (asesinatos, violencia física, violencia sexual, simbólica, laboral, amenazas, desplazamiento, exilio), y las especificidades que esos tipos de violencia van tomando por el hecho de ser mujer. El segundo grupo focal tiene la intención de reconstruir los aportes de las mujeres sindicalistas al movimiento sindical y de las mujeres familiares a su municipio, ciudad o región y al país. Luego de estos dos primeros grupos focales, se propone realizar un tercer grupo focal en el que se constituyen grupos de trabajo que responden a los tipos de vulneraciones que han sufrido las mujeres. Los grupos focales por tipos de victimización, tienen la intención de comprender con mayor profundidad como la violencia ocurrió, identificar las consecuencias que tuvo en los proyectos de vida individuales y colectivos, así como generar un espacio de mayor tranquilidad para hablar sobre la violencia sufrida. Esto es fundamental para dar cuenta de la complejidad de la victimización, así como para aportar a reparaciones colectivas que expresen verdaderamente el daño causado. Esta jornada será seguida por un cuarto grupo focal en el que los grupos de trabajo se constituyen teniendo en cuenta pertenencias étnicas, generacionales, de clase y ocupación. Los dos últimos grupos focales se proponen porque distintas experiencias de reconstrucción de la memoria y la verdad muestran que no es suficiente compartir una identidad de género para que las mujeres hablen con confianza. Por eso se plantea la constitución de grupos por ciertas afinidades. Al mismo tiempo estos grupos focales permiten identificar cómo otras variables (opresiones), han afectado de manera particular a ciertas mujeres.
Esto hace parte de la aplicación del enfoque diferencial, que se preocupa por identificar las particularidades de las violencias en mujeres afro-descendientes, indígenas, jóvenes, adultas mayores, de sectores populares, clases medias, regiones, ocupaciones e ideologías específicas. De nuevo se debe identificar junto con las afectaciones particulares, el daño causado y los efectos en la vida individual y colectiva. El objetivo de los grupos focales es poder identificar los tipos de victimización que sufren las mujeres, desarrollar una tipología, y comprender las especificidades en relación a otras pertenencias más allá de las relacionadas con el ser mujer sindicalista. Esto es importante porque es una manera de que las mujeres se sientan recogidas y reflejadas en las reconstrucciones más colectivas que se realizan. Para que las mujeres participantes se sientan incluidas y tratadas de manera equitativa, los grupos focales se van a desarrollar a través de una metodología concreta que sirva para documentar, si así lo desean las participantes, su historia particular. Esto contribuye a la compilación de casos colectivos desde individualidades concretas, que pueden ser presentados al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.
Talleres regionales y nacionales (mixtos y de solo mujeres) Se llevarán a cabo talleres en el nivel regional y el nacional, ambos con una duración de dos días. En el primer día las mujeres se reúnen solas y socializan lo que encontraron en los talleres locales cuando el taller es regional; y lo que encontraron en lo regional, cuando el taller es nacional. Además de socializar los hallazgos, se hace un ejercicio de análisis de las especificidades regionales y nacionales, se construyen líneas de tiempo de la victimización y de la memoria de las luchas del movimiento, y se identifican las afectaciones que se han desencadenado como parte de los procesos de victimización.
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A cada uno de los tipos de victimización se le construye de manera colectiva, un tipo de reparación específica, una manera cómo se le haría justicia, y una propuesta de garantías de no repetición. Estos talleres tienen la intención de que las participantes analicen la interrelación entre la victimización y los procesos de lucha, y que identifiquen qué aspectos del movimiento sindical es necesario repensarse para que como actor político contribuya a la construcción de paz. Esto requiere que se desglose que se entiende por paz, de qué tipo de paz se está hablando, y cuál es la sociedad que le haría posible. Este es un ejercicio de diseño de futuros posibles. En el segundo día, en el cual participan los hombres, se presentan los resultados de la jornada anterior, y se realiza un trabajo similar pero para lo que tiene que ver con la historia del sindicalismo en general y los procesos de victimización. A los encuentros regionales van, si es posible, todas y todos los participantes de los niveles locales y municipales. Al nacional asisten un número menor que debe ser determinado por las y los coordinadores del proceso de reconstrucción de la memoria histórica de la violencia anti-sindical, teniendo en cuenta la equidad de género. En este segundo día se preparan las audiencias locales, regionales y nacionales.
Salas de casos de la Comisión Además de los talleres y los grupos focales, la Comisión tendrá abierta de manera permanente una Sala de casos a la que pueden acudir todas las mujeres víctimas que deseen documentar su historia. Los casos se documentaran a través de entrevistas previamente diseñadas que buscan recopilar información sobre el evento de violencia, lo que ocurrió, lo que desencadenó, los daños generados, los posible autores materiales e intelectuales, los posibles móviles y las razones más estructurales para que la violación de derechos humanos fuera ejecutada.
Esta parte del proceso requiere que quien escuche esté preparado para ser empático y solidario con la víctima y que se cuente con personal adiestrado para el manejo psicosocial del sufrimiento. La documentación debe abordarse más que como el desarrollo de una entrevista estandarizada, como un diálogo horizontal en el que el sujeto victimizado encuentra eco a sus preocupaciones, y expresa desde la conversación sus propias explicaciones a lo sucedido. La conversación debe ayudar a la víctima a aclarar dudas, y quizás a potenciar la conexión de eventos, personajes, contextos que le sumen al conocimiento (poco o mucho) que tiene sobre lo sucedido. Esta documentación debe ser complementada por otras fuentes primarias y secundarias, y lo ideal es que la víctima juegue un papel activo en ello.
Tercera fase: Elaboración de los relatos históricos y difusión A este punto los equipos de trabajo han recogido una gran porción de información que deben sistematizar. Si hay víctimas interesadas, se les habilitará condiciones para contribuir al proceso de sistematización, el cual está acompañado del análisis y elaboración de recuentos históricos. Se propone que estos recuentos se realicen a través de diversos medios de difusión, y de manera didáctica y pedagógica. • Informe de la Comisión en texto ilustrado de manera creativa • Documentales • Películas • Cuentos • Exposiciones itinerantes de los materiales elaborados en los talleres y los grupos focales • Exposiciones fotográficas acompañadas de audios • Conmemoraciones acompañadas de varios de los materiales vivenciales y pedagógicos arriba descritos
Esta es además una fase de relacionamiento directo con las comunidades en las que tuvieron acento las vulneraciones, lo cual implica un análisis de que tanto quieren o no recordar y/o discutir públicamente sobre el pasado sus habitantes. Dependiendo de esto, deben pensarse estrategias pedagógicas puntuales, y definir resultados deseables y posibles. En términos de la difusión se propone: a. Divulgación a través de los medios de comunicación, las cátedras de derechos humanos y paz, los colegios y universidades y otros centros educativos, los resultados principales de la Comisión. b. Realización de audiencias locales, regionales y nacionales con participación activa de la ciudadanía en la que se les comunica no solo desde el testimonio (cortometrajes, exposiciones fotográficas, de dibujos, relatos, líneas de tiempo, cartografías de la memoria), lo que ocurrió, empleando un lenguaje pedagógico que habilite no sólo la empatía sino también la visión crítica y la capacidad de transformación de las y los colombianos.
Esta fase requiere una metodología propia que logre habilitar la capacidad crítica, analítica y transformadora de las y los colombianos, y una pedagogía particular en la que el dolor de los sujetos victimizados o sus emociones no genere en quien escucha un bloqueo que lo invita a distanciarse y permanecer en el olvido y la complicidad. También se necesitan pedagogías y metodologías que saquen de la zona de confort, de la indiferencia y el olvido, a las y los colombianos, problematizando las relaciones de poder desiguales que existen en el país y las consecuencias que esto ha tenido.
En el proceso hay unos momentos que son transversales a las tres fases y que requieren la construcción de estrategias concretas. Estos son: a. Presentación de casos colectivos documentados en este proceso a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, así como a la Jurisdicción Especial para la Paz.36 b. Realización de audiencias públicas en todos los niveles en los que los victimarios, incluidos el Estado, reconocen su responsabilidad en los hechos de violencia, explican la razón de estos, y se comprometen con acción concretas a que no vuelve a pasar, y diseñan, en caso de que ocurran de nuevo los actos de violencia, sanciones a esas infracciones. Estas audiencias deben ser públicas, con masiva asistencia de la ciudadanía, y televisadas en horario Triple A. c. Puesta en marcha de jornadas de formación a las participantes, con la intención de contribuir a la politización de las víctimas y de los procesos en curso. Esta formación incluye, entre otros, temas como: • Historia del movimiento feminista, de mujeres y sindical • Historia de Colombia • Historia de la historiografía de Colombia • Especificidades de las Comisiones de la Verdad y de la justicia transicional • Patriarcado, género y tipos de violencias que experimentan las mujeres • Derechos de los sujetos victimizados, las mujeres y los sindicalistas
36 Si se presentan o no los casos, depende de la decisión de los sindicatos de cómo van a interlocutor con ese espacio. En algunos documentos se plantea una Comisión autónoma con apoyo económico y técnico del Estado.
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El desarrollo de esta Comisión de Memoria Histórica del movimiento sindical para la transformación y la vida, reconocerá durante todo el proceso: • las diferencias y las desigualdades del entre mujeres • El dolor y la posibilidad o no de ahondar en las historias • El derecho a la privacidad • El conflicto Las unidades de análisis y puntos de partida de la reconstrucción de la memoria histórica son la experiencia personal de cada una de las participantes y de los distintos colectivos que se van a identificar, así como la noción de evento. Desde allí se promoverá una lectura compleja de lo que ocurrió que permita entender lo que paso y avanzar en procesos de sanación y duelo. Para esto último, en los talleres, sobre todo cuando se identifiquen los tipos de victimización, se abordará el rol de las emociones y el sufrimiento en este proceso, y se habilitarán estrategias para afrontar los estados anímicos y las emociones. Este proceso busca contribuir a potencializar el movimiento sindical, a las mujeres victimizadas, y en general al movimiento de víctimas en Colombia. Desde una relación dialéctica con el pasado se busca que quienes caminen el mundo de la memoria sentí-pensante, la memoria para la transformación social y la vida, habiliten la posibilidad de construir múltiples futuros. Posibilidades de ser y estar en Colombia que sean más justos que el pasado y el presente que hasta ahora nos gestó.
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