Editorial

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¿Hacia un nuevo modelo económico y político?

Por: James Rubio Soto, presidente del Consejo de Administración Coimpresores Bogotá

Como resultado de la crisis sanitaria que aún no termina, se ponen de relieve las debilidades de nuestro modelo económico y los nefastos resultados que algunos observadores proyectan, como un posible decrecimiento del PIB en cerca del 15%.

Una de tales debilidades es la alta dependencia de productos importados financiados por las transferencias de dólares provenientes del carbón, el petróleo y los negocios ilícitos de narcotráfico, en claro detrimento de la producción nacional y del trabajo interno en los sectores industriales y agropecuarios. Con el agravante de que los precios de los dos primeros cayeron a nivel mundial y que el tercero ahora está concentrado en manos de mafias de otro país, la perspectiva del modelo es bastante cuestionable: sin divisas se genera una devaluación que hará costosos los productos importados, y con la industria y la agricultura destruidas se puede generar un proceso inflacionario generador de más pobreza.

De otra parte, la falta de recursos aplicados a la educación de calidad y la investigación científica nos obligará a seguir importando tecnologías costosas porque durante décadas le hemos dado la espalda a esos rubros, tal como lo muestra el hecho de que tenemos déficit de programadores de computadores en alto número. Para nosotros, los desarrollos propios de la robótica, la inteligencia artificial o la biotecnología están lejanos, aunque desde diversos sectores académicos venían presagiando el fracaso y haciendo tenues esfuerzos de implantación con algunos logros aislados. El modelo actual no favorece la gestión de las mipymes a pesar de que estas generan el 80% de los puestos de trabajo y durante la emergencia se debieron cerrar muchas de ellas debido al decaimiento de la demanda interna o la imposibilidad de operar. Las ayudas se dirigieron al fortalecimiento de los bancos y de las grandes corporaciones y de tiempo atrás los altos costos de operación afectan los resultados económicos de las mipymes, mientras abundan las excepciones tributarias que benefician a los grandes propietarios y que generan menos puestos de trabajo y menos ingresos al erario.

Si bien la solución no es fácil, debemos corregir las deficiencias del modelo fortaleciendo las empresas generadoras de empleo, lo cual se logrará si se incentiva la demanda interna dirigida al consumo de productos nacionales, haciéndolos más competitivos, y se disminuyen los costos de operación de las organizaciones.

De hecho, se debe recurrir a lo que propusieron los economistas keynesianos de la posguerra: “meterle dinero al bolsillo” a los ciudadanos con condiciones de consumo fijadas en productos nacionales y procurando el uso de tecnologías limpias, como el caso de la energía solar, para bajar la dependencia del uso de hidrocarburos que a todas luces no constituirán ingresos importantes en el mediano plazo. Igualmente, el acceso a la fibra óptica para mejorar los recursos educativos de los hogares y la liberación de tiempo de funciones domésticas es un imperativo moderno.

De la mano con esto, debemos movilizar recursos a la investigación y al desarrollo de soluciones robóticas y de inteligencia artificial para mejorar la productividad de las empresas y los mercados, de modo que nos hagamos más competitivos a nivel mundial y alcancemos una gradual sustitución de importaciones. Un elemento fundamental para mejorar el modelo económico se plantea desde la asociatividad productiva de las mypimes, para lograr mayor solidez y mejores resultados que les permitan resistir crisis similares a las de hoy; como cooperativistas conocemos la efectividad de esa práctica empresarial.

Esto implica, por supuesto, modernizar las instituciones para hacerlas acordes con las nuevas realidades económicas y políticas de un mundo más globalizado e interdependiente, lo cual nos conduce a una exhaustiva revisión del modelo económico y político, sin perder el foco de la iniciativa privada propio de nuestra gestión empresarial, exigiendo medidas más eficaces para garantizar la libre competencia y el adecuado uso de los recursos del Estado, liberándolos de la captación realizada por sectores ajenos a la producción y propiciadores de la concentración de la riqueza.

OTROSÍ: Nuestra cooperativa prestó su concurso para respaldar la Ley de Pago a Plazos Justos (Ley 2024 de julio de 2020); ahora se necesita el concurso de los Asociados para hacerla cumplir y que no se quede en letra muerta.