“La unificación histórica de las clases dirigentes está en el Estado y su historia es esencialmente la historia de los Estados y de los grupos de Estados. Esta unidad debe ser concreta, o sea el resultado de las relaciones entre Estado y “sociedad civil”. Para las clases subalternas la unificación no se produjo: su historia está entrelazada con la de la “sociedad civil”, es una fracción disgregada de ésta” ANTONIO GRAMSCI
El documental “CIUTAT MORTA” se emitió por la televisión pública catalana (Canal 33) el pasado día 17 de enero de 2015. Tuvo una audiencia inmensa: más de un 19% de share, que se correspondía con más de medio millón de espectadores. Fue, con diferencia, el programa más visto de aquella noche en Catalunya. Lo que el citado documental reflejaba eran unos acontecimientos propios de un Estado policial incontrolado. Nada que ver con esa democracia en la que vivimos, según nos dicen, desde hace casi 40 años. Los famosos tres poderes del Estado que describía Montesquieu, al servicio de los excesos de los cuerpos policiales, incluso de aquellos de sus miembros que luego acabaron condenados por torturas y falso testimonio. Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, erigiéndose en un bloque monolítico, en un poder único e indivisible, que protege a sus elementos descontrolados para protegerse a sí mismo, en lugar de proporcionar garantías contra el abuso. Más allá del poder único y de la inexistente separación entre sus elementos “estatales”, existe el poder más allá del Estado mismo. Se habla del “cuarto poder”, haciendo referencia a los medios masivos de comunicación (que deberían controlar y difundir las verdades y vergüenzas del Estado, pero que bajo el control de la misma clase dirigente se acaba convirtiendo en mero altavoz propagandístico de las verdades oficiales: de nuevo el poder único, indivisible). Pero va mucho más allá. Se trata de algo relacionado con la concepción que Gramsci tenía de la “hegemonía” de la clase dominante; precisamente Gramsci, que escribía en las cárceles fascistas de la Italia de Mussolini. Para Gramsci el poder no era sólo el Estado, sino todos los resortes que permitían a una determinada clase dirigente mantenerse en el poder, aunque su fachada esté pintarrajeada como democracia. Es el aparato del Estado mismo, con sus tres poderes aparentemente diferenciados, pero es mucho más. El poder no es sólo el control de la policía y del Estado: el poder es el control de todo. Lo público y lo privado. El control de lo que haces, de lo que dices e incluso de lo que piensas, a través de la miríada de instrumentos públicos y privados, todos a disposición de la misma clase dirigente. Y, por supuesto, la represión y el castigo implacable de lo que pretenda liberarse de ese control. Esta presión asfixiante del poder desnudo fue lo que acabó matando a Patricia Heras, víctima de uno de los más terribles crímenes perpetrados por el régimen
posfranquista de 1978. El destino terrible de Patricia fue lo que llevó a Silvia Villullas a participar en el documental “Ciutat Morta”. Silvia alzó su voz en rebeldía, aunque tan sólo se limitara a plasmar su testimonio, reflexionar en voz alta y leer poemas de Patricia. Pero eso, tratándose de un documental como “Ciutat Morta”, ya supone en sí mismo un acto de rebeldía contra el Estado. Por eso el Estado despidió a Silvia Villullas. Ciertamente, Silvia Villullas no era funcionaria ni trabajaba para una entidad pública. Ni falta que hace. La empresa SEGUR IBÉRICA está bajo el control de la misma élite dirigente que controla el Estado, por lo que, en realidad, “distinguirlo” del Estado es un ejercicio más teórico que real (así nos lo decía Gramsci); máxime si en su máximo órgano de administración hay ministros como Pedro Morenés (quien sólo renunció a su cargo en esta empresa por incompatibilidad con su cargo de ministro), si cuenta con directivos que son policías en excedencia, o si gran parte de sus ingresos proceden de múltiples contratas celebradas con Administraciones Públicas. El despido de Silvia Villullas en realidad no sólo se explica por la extrema facilidad con la que es posible despedir a raíz de la enésima contrarreforma laboral de 2012. El despido de Silvia Villullas nos retrotrae a un tiempo anterior. Nos retrotrae a las represalias que padecían sindicalistas y huelguistas durante el régimen franquista, que en el mejor de los casos se limitaban al despido y al ostracismo laboral (lo que en no pocas ocasiones obligaba al exilio) por causas estrictamente ideológicas. No fue sino hasta la amnistía laboral de 1977 que los despedidos ideológicos por causa de su oposición a la dictadura franquista, pudieron ser readmitidos en sus puestos de trabajo. Actualmente, en teoría, no deberíamos necesitar una nueva ley que legalizase ninguna nueva amnistía laboral. Tenemos la Constitución Española de 1978, que reconoce como Derechos Fundamentales la libertad de expresión, la libertad ideológica e incluso la prohibición de discriminación por razón de sexo y orientación sexual. Pero claro, se trata de la misma Constitución que ha sido insuficiente para evitar que se produjese un caso tan terrible como el 4-F, incluso para corregirlo una vez producido. La Constitución de 1978 no impidió la muerte de Patricia Heras. Como sabemos que la Constitución de 1978, por sí sola, no será suficiente para que Silvia recupere su puesto de trabajo, todos debemos solidarizarnos activamente con ella. Sólo la presión de los de abajo podrá obligar a los de arriba a que respeten sus derechos, nuestros derechos.
José Antonio González Espada abogado laboralista y socio de Col·lectiu Ronda SCCL