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Educación Pública, crítica y emancipadora
La educación se destaca como un campo fundamental para el cierre de brechas. Garantizar el acceso, permanencia y culminación exitosa de las trayectorias educativas en todos los niveles deberá ser un pilar fundamental en la gestión del gobierno nacional. Se destacan algunas propuestas en términos de financiación, modelo educativo, mecanismo de participación y enfoques poblacionales.
Una de las propuestas gira en torno a la implementación de las cátedras de estudios afrocolombianos. Actualmente esto no se está dando, reforzando la invisibilización y desconocimiento de las comunidades NARP, situación que va en contravía a lo planteado en el Artículo 39 de la ley 70 de 1993, el Decreto 1122 de 1998 y la creación de la cátedra por MinEducación en el 2004. Por ello, desde el ministerio deberá darse de forma inmediata una estrategia etnoeducativa; así las comunidades étnicas y los docentes podrán formarse en la protección de sus saberes ancestrales, lenguas y territorios. Lo anterior permitirá que, las instituciones educativas puedan reformar sus currículos y en un periodicidad no mayor a 4 años se pueda consolidar una materia etnoeducativa. Dicha asignatura servirá para disminuir el racismo y consolidar el conocimiento ancestral.
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En nivel de educación básica y media, especialmente en la ruralidad colombiana existen grandes limitantes para garantizar el transporte de los estudiantes y maestros. Las condiciones de las vías no son las óptimas, pero tampoco la implementación de la ley se ha dado de forma adecuada, el proceso ha sido más bien lento. En términos de calidad también se requieren esfuerzos, por ello se solicita la revisión y capacitación de la planta docente. El aumento del personal permitiría que exista una rápida actualización en los enfoques y paradigmas.
La anterior propuesta está alineada a la reforma integral del sistema educativo en el mediano y largo plazo. El nuevo enfoque deberá responder a los conocimientos de los territorios y las comunidades, e incluir a estudiantes, padres de familia, profesores, directivas y demás actores de la comunidad educativa en su construcción, todos los niveles deberán hacer parte de este nuevo paradigma. Es relevante mencionar que la esfera educativa no solo debe buscar la generación de conocimiento en ciertas competencias. En articulación con otras entidades del orden nacional y local deberá impulsarse la ejecución de programas, estímulos a iniciativas juveniles y políticas encaminadas a la consolidación de nuevos liderazgos. Los personeros estudiantiles, líderes comunales y cualquier joven deberá recibir asistencia técnica y de recursos para potenciar las iniciativas en función de la paz, la cultura, las artes y el desarrollo regional.
En la educación superior se requiere aumentar la financiación de las instituciones educativas y los mecanismos democráticos internos. Se deja constancia sobre el aumento de la comunidad estudiantil sin aumentos presupuestales reales. El déficit presupuestal ha impedido la construcción de nuevas sedes, el mantenimiento de las ya existentes, el fomento a la investigación y el gasto focalizado para mejorar la calidad en las IES; todo esto debe cambiar. Cabe destacar que existen áreas del conocimiento que han sido relegadas, allí la ausencia de recursos ha agudizado la crisis estructural ya expuesta.
Por otro lado se destaca la necesidad de impulsar mecanismos de elección democrática para las directivas y representantes estudiantiles de las instituciones. El MEN deberá buscar los mecanismos para viabilizar la consolidación de dichos instrumentos democráticos. Igualmente, se requiere de un acompañamiento por parte de esta entidad para que las representaciones estudiantiles existentes, así como las futuras, sean tenidas en cuenta. El desconocimiento de estos liderazgos ha sido una problemática a lo largo del tiempo.
Finalmente se destaca la necesidad de revisar las barreras para el acceso al empleo de los estudiantes y graduados. La exigencia de la libreta militar en los contratos de prestación de servicios, los altos costos en los derechos de graduación, la exigencia de inútiles tarjetas profesionales y los altos niveles de experiencia requeridos en algunos empleos del sector público y privado impiden que la juventud popular y en mayor condición de vulnerabilidad pueda acceder al mercado laboral y transformar la realidad de otros jóvenes.
