Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos; que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto.
Buenos días para todos y todas, en este lugar donde se discute el fin del conflicto armado entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo- FARC EP y el Estado Colombiano, los ausentes, ellos y ellas, los que un día se llevaron los enemigos de la vida y la libertad están presentes acá con nosotros. Por eso vengo vestida de memoria, para que ustedes, vean sus rostros, mencionen sus nombres y sobre todo NO LOS OLVIDEN.
Voy a permitirme leer un documento que recoge, por una parte la ¨Declaración de los 10 Principios para la discusión del punto 5 de la agenda”, texto que construimos los familiares de las personas desaparecidas en un encuentro nacional que se realizó en Bogotá los días 1 y 2 de junio del presente año. Por otro lado, voy contextualizar nuestras exigencias con los relatos testimoniales de algunos familiares que permiten comprender la dimensión de la tragedia.
Sobre esta patria del subsuelo de cadáver sin lengua, el hijo de un padre desaparecido aprende a construir la patria verdadera nacida de la memoria de su padre Chucho Peña Poeta colombiano desaparecido
De acuerdo con los organismos jurídicos internacionales, la desaparición forzada es la privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma (aprehensión, detención o secuestro), seguida de su ocultamiento, o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esa persona, privándola así de los recursos y las garantías legales. A menudo, la desaparición forzada está acompañada de torturas o violencia sexual y en muy pocas oportunidades las víctimas logran ser rescatadas con vida. Se trata de un
crimen continuado en el tiempo, que sólo cesa una vez se establece con certeza el paradero de la víctima viva o muerta (Grupo de trabajo Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, 2012).
Cuando sucede la desaparición forzada, la vida se nos detiene en un espacio y en un tiempo contradictorio. Los primeros días, la búsqueda incesante entre personas conocidas, luego entre hospitales, morgues y botaderos de cadáveres -se tiene la certeza que no hay muerte sin cuerpo-. A los años, la vida se nos va en medio de la angustia de creer que el desaparecido ha muerto después de tanto tiempo sin tener ninguna noticia, pero luego, un olor, un rostro en la calle o la silueta de alguien al caminar, afloran la esperanza, esa misma, que no permite cambiar de lugar sus pertenencias. Esa esperanza que hace que se mantenga siempre el cuarto detenido en el tiempo. Esa misma esperanza, es la que ha hecho que en tres décadas nosotras, las mujeres en su mayoría, hayamos podido convertir el dolor en lucha y el amor en resistencia. Hoy nuestros rostros cuarteados ya por las arrugas, hacen contraste con la imagen de la fotografía del desaparecido al que no le pasan los años.
En Colombia, los primeros casos registrados como desaparición forzada son de finales de la década de los 70 en el marco de la doctrina de la seguridad nacional (ONG, 1988), (ASFADDES, 2003), (CNMH, 2014). En los años 90, las desapariciones se extendieron a todos los sectores sociales, caracterizándose en su ejecución por ser grupos de paramilitares apoyados por agentes estatales (Gómez, 2007: 2), Durante los últimos años, este delito se ha llevado a cabo en las regiones donde se realizan proyectos de desarrollo económico ligados al tema de la tierra y la extracción de recursos naturales. En este contexto, muchos familiares de víctimas han tenido que guardar silencio como mecanismo para preservar la vida, situación que ha impedido dimensionar la realidad de la tragedia de la desaparición forzada en Colombia.
Por esta razón, nosotras y nosotros familiares víctimas de desaparición forzada, hacemos las siguientes demandas de actuación a la mesa de diálogos de paz –Gobierno, FARC EP-.
Enfatizamos, que la desaparición forzada de personas cometida en Colombia de manera generalizada y sistemática desde finales de los años setenta, ha sido un arma de terror y control social de agentes del Estado y particulares que han actuado con su apoyo, complicidad y/o aquiescencia contra opositores políticos, luchadores sociales, dirigentes populares y población civil de zonas rurales y urbanas. Estos crímenes comprometen la responsabilidad del Estado colombiano a través de sus agentes, tal como lo han establecido distintos órganos y tribunales nacionales
internacionales. Por lo tanto, demandamos del Estado colombiano el reconocimiento de su responsabilidad en las desapariciones forzadas cometidas en el país y su compromiso para que nos devuelvan vivos a nuestros seres queridos, como vivos se los llevaron, su búsqueda seria y sin más dilaciones, o la entrega digna de sus restos si fueron asesinados.
Primera Demanda: Las organizaciones de familiares saludamos la voluntad política de la Mesa de Diálogos para la creación de una Comisión de la Verdad en Colombia. Como primera demanda proponemos como un capítulo de la misma el diseño, construcción y puesta en marcha de una Subcomisión de Verdad exclusiva para las desapariciones forzadas que realice una investigación profunda de sus causas, desarrollos, responsables y graves consecuencias, así como de sus dinámicas regionales, económicas y políticas. La Subcomisión debe tener en cuenta los impactos específicos y diferenciados sobre las comunidades, la sociedad y los efectos desproporcionados sobre las mujeres, y elaborar recomendaciones para garantizar la no repetición de este delito.
Esta Subcomisión debe estar integrada por representantes de organizaciones internacionales, de víctimas de desaparición forzada y especialistas, además de tener presencia en las regiones y lugares afectados. Debe recopilar y articular todas las fuentes posibles de información históricas y testimoniales, abordar la impunidad que ha rodeado este crimen, garantizar la protección de los denunciantes, la integridad física de los archivos, tener facultades para acceder a archivos estatales sin restricciones y garantizar la participación amplia de las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, abordando las afectaciones al derecho a la vida cuando las victimas hayan sido ejecutadas, a la libertad cuando hayan sido aprehendidos ilegalmente, a la integridad cuando hayan sido sometidos a torturas, a la personalidad jurídica cuando sus cuerpos hayan sido ocultados como N.N. y al derecho al buen nombre sin discriminación alguna a las familias.
Segunda demanda: La puesta en marcha de un programa enfocado en garantizar la no repetición de casos de desaparición forzada en el país. Esto implica dos cosas, por un lado, socavar las estructuras de poder estatales y paramilitares que son responsables de estos casos, y por otro, contrarrestar la indiferencia social y el miedo generalizado a través de pedagogías de memorias en currículos escolares, medios de comunicación, entre otros. Por lo tanto, este programa debe incluir como tareas imprescindibles para la construcción de una paz estable y duradera:
1.
La depuración administrativa de la fuerza pública y de los organismos de inteligencia de agentes involucrados en violaciones de DDHH y DIH, y la aplicación de sanciones
ejemplarizantes a funcionarios e instituciones públicas que por negligencia o complicidad permitieron la ocurrencia de estos hechos o su no investigación e impunidad. 2. La erradicación y desmonte de los grupos paramilitares –desde los años 70 a la fecha- que en asocio o por omisión del Estado colombiano han cometido o siguen cometiendo desapariciones forzadas de miles de colombianos y colombianas. 3. La creación de un mecanismo de verificación para la búsqueda, identificación y dignificación de las víctimas de desaparición forzada. En ese sentido, en fundamental la aprobación de una política y una legislación para la búsqueda, recuperación, e identificación de personas no identificadas en cementerios oficiales, fosas clandestinas y ríos, así como la búsqueda de las niñas y mujeres desaparecidas y las garantías de investigación de todas las formas de violencia sexual que hayan sufrido durante la desaparición. 4. La puesta en marcha de una ley de medios que exija a los canales de comunicación públicos y privados, realizar iniciativas de visibilización y sensibilización en los espacios de mayor audiencia, reconociendo cada una de las historias de las personas que han sido desaparecidas, así como la labor de resistencia que hemos realizado las organizaciones de familiares.
Como víctimas de desaparición forzada ratificamos que a pesar de la grave dimensión de este crimen y de los impactos personales, colectivos y psicosociales que han trascendido en el tiempo afectando generaciones enteras de familiares, todavía no somos reconocidas, mientras tanto miles de familias no denuncian por terror o amenazas, viviendo condenadas en el silencio. Por ello, demandamos como prioridad, que el Estado, las FARC EP, el ELN en el eventual caso de iniciar los diálogos con este grupo y la sociedad en su conjunto, establezca escenarios concretos para documentar los casos de las personas desaparecidas en los territorios de fuerte conflicto armado.
Es fundamental construir mecanismos de reflexión en torno a las múltiples dimensiones y temporalidades de los daños e impactos de la desaparición forzada, estos escenarios deben apuntar a la visibilización de este delito y a transformar las condiciones de existencia y de vida de las familias de las víctimas de desaparición forzada, de cara a la finalización del conflicto como un aspecto crucial para la construcción de la paz.
Quedará de nosotras y nosotros algo más que el gesto o la palabra este deseo candente de derrotar la impunidad
Muchas gracias,