Revista Reforma Judicial 2

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C/ Doctor Delgado esq. Moisés García, Casa de Las Raíces, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 809.685.7338 | email: info@reforma-justicia.gob.do www.comisionadodejusticia.gob.do


Reforma

Judicial

Sumario 04

Comisionado de Justicia cumple objetivos trazados

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Seminario Internacional de Victimología

Presidente Fernández pondera nueva Car ta Sustantiva de la Nación

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Ética y Periodismo Conferencia de Rafael Molina Morillo

COMISIONADO DE APOYO A LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA C/ Dr. Delgado esq. Moisés García, Casa de las Raíces, D.N., Rep. Dom. www.comisiondodejustica.gob.do Tel.: 809.685-7338 Fotos: Depto. Logística CARMJ Lino Vásquez Sámuel Cortesía CIG (Luis Sierra) Comisionado de Justicia Articulistas: Ricardo Rojas León Marien Montero Beard Vaunghn González Directora Ejecutiva CARMJ Nassef Perdomo Cordero Miguel Valerio Jiminián Nelly Cedano Comunicaciones CARMJ Lisandro K. Ferreira H. Coordinadoras: Katherine Golez Susana Blas Rodríguez Editor: Diego Pesqueira

Diseño y Diagramación www.ideakreativa.com Clara Silvestre Corrección de Estilo Impresión Editora Corripio

Colaboradores: Milagros Pichardo Pío Ana Lisbett Matos Adonis Martín Ilonka Valentín Pérez Erika Cabrera Dorka Lluberes Edgar Martínez Joselito Bautista Encarnación Domingo D’ Oleo Francisco Guillén Adolfina Quiróz Una publicación periódica del Comisionado de Apoyo para la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) . Prohibida su reproducción total o parcial, sin el previo consentimiento del CARMJ.


MENSAJE

del Comisionado lvasquez@reforma-justicia.gov.do

Nueva Constitución: reforma integral e instrumento de control al ejercicio del Poder Como hemos señalado en otras oportunidades, una constitución es un complejo entramado de valores, principios, instituciones y estructuras heterogéneas que, conjugadas en una síntesis ideológicamente plural, representan las aspiraciones y el compromiso asumido por la sociedad y el estado en un momento histórico determinado, por lo que el compromiso a partir de la proclamación de la carta magna es consolidar la democracia mediante el fortalecimiento del estado de derecho, a partir de una conciencia de participación y empoderamiento de respeto a la ley y sus instituciones. Siendo así, la Reforma Constitucional proclamada el pasado 26 de Enero del año en curso marca el inicio de la Segunda Ola de Reforma en el sistema de justicia de la República Dominicana, con la creación de nóveles instituciones que vienen a fortalecer la eficacia y la eficiencia de la administración de justicia como instrumento del principio democrático, lo que evidentemente lanza un gran reto en la calendarización de las prioridades y sobre todo la articulación del proceso de renovación normativa, adecuación e instalación de los nuevos institutos. Esta constitución, la más avanzada de la vida democrática de la nación, contentiva de 277 artículos, distribuidos en XV títulos a su vez divididos en capítulos organizados en secciones, 19 disposiciones transitorias, un preámbulo y una disposición final, debe servir como instrumento de control al ejercicio del poder y por consiguiente corresponde a los órganos del Estado articular todo un proceso de divulgación y pedagogía constitucional encaminado a que los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana se empoderen de la ampliación sin precedentes del catálogo de derechos y libertades y sus garantías tuteladas civiles y políticas, económicas y sociales, culturales y deportivas, colectivas y del medio ambiente, así como los deberes fundamentales que armonizan el estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Es oportuno resaltar el empeño, esfuerzo y dedicación desplegado por el ciudadano Presidente Constitucional de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, no sólo para la elaboración del texto que finalmente se sometió a la Asamblea Nacional Revisora, sino para lograr la articulación del consenso socio-político que permitió la aprobación de una constitución que incorporó instituciones como el Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo Superior del Ministerio Público, la constitucionalización del sistema de carrera del Ministerio Público, del Poder Judicial, así como

la Defensa Pública, el Defensor del Pueblo y el Sistema Penitenciario, éste último, bajo la dirección del Ministerio Público. Igualmente incorporó mecanismos de tutela judicial efectiva y debido proceso, tales como el Habeas Data, el Habeas Corpus y la Acción de Amparo. Asimismo, mecanismos de participación como el Derecho de Petición, el Referendo Consultivo, el Referendo Constitucional, los mecanismos directos de Participación Local, Plebiscito, la iniciativa legislativa municipal y la iniciativa legislativa popular. Conforme estableció el Presidente Fernández en ocasión del discurso pronunciado en la Asamblea Nacional Revisora en el acto de proclamación de la constitución: “la importancia de la Constitución en cualquier país del mundo radica en que establece una limitación al ejercicio del poder y fija las reglas del juego para el funcionamiento de la democracia y la convivencia civilizada entre los integrantes de un conglomerado social”, es por ello que esta Constitución incorpora un conjunto de disposiciones, que van en dirección de concretar un ejercicio de la función pública más transparente y eficaz, sometida al control de legalidad de la administración, lo que implica un cambio sin precedentes en la vida institucional dominicana. Avanzar es el compromiso.

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Con apoyo del presidente

Leonel Fernández

Comisionado de Justicia cumplió objetivos trazados

DESARROLLÓ 232 ACCIONES, ENTRE ELLAS 35 DIPLOMADOS, 49 TALLERES, 11 PUBLICACIONES, 15 CONFERENCIAS, 26 CONVERSATORIOS Y 23 CHARLAS, PARA BENEFICIAR A 13,874 PERSONAS

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un conjunto de actividades, enmarcadas en el Plan de Acción de la institución, las cuales fueron desarrolladas con diversas organizaciones, vinculadas al ámbito judicial. Entre las entidades beneficiadas figuran gremios que aglutinan a profesionales del derecho, universidades, patronatos, institutos castrenses, organizaciones de mujeres y no gubernamentales, así como ministerios oficiales.

ACCIONES, IMPACTO Y POBLACIÓN BENEFICIADA

Autoridades dominicanas durante la Undécima Conferencia de la Asociación Internacional de Prisiones y Correcciones (ICPA), celebrada en Barbados.

En el cumplimiento de su misión, visión y valores, el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) ejecutó el pasado año un conjunto de iniciativas abarcadas en cinco ejes para apoyar los esfuerzos del Estado y la sociedad, dirigidos a contribuir al proceso de cambios que garanticen un sistema de administración de justicia eficiente.

y difusión de normativas legales e impulsar su implementación, el tercero se refiere hacia las Propuestas Normativas, el cuarto fortalecer la divulgación de la doctrina jurídica y el quinto a la Calidad Institucional. En el marco de la aplicación de los cinco Ejes Estratégicos, el CARMJ desarrolló

Sobre la base de una estrategia nacional de sensibilización sobre la necesidad de servir de soporte académico para el desarrollo de congresos, foros, seminarios, diplomados, conferencias, talleres, charlas, tertulias, entre otras acciones dirigidas a diferentes instituciones, el Comisionado de Justicia desarrolló un amplio programa el pasado año. En el período citado se realizaron un total de 232 eventos que beneficiaron a 13,874 personas, además de que se fortalecieron las relaciones con institucio-

El amplio programa fue el resultado de la aplicación del Plan Estratégico, cuyos propósitos estuvieron apegados a la visión institucional del comisionado que es reconocido como la institución responsable de lograr y preservar el auténtico Estado de Derecho en la República Dominicana. Estos esfuerzos fueron coordinados con diferentes instituciones y sectores nacionales con miras a fortalecer el sistema de justicia. Las metas logradas en el 2009 fueron posible gracias a la implementación, una política de Estado judicial. Las líneas de acción del Plan contemplaron cinco Ejes Estratégicos fundamentales: El primero hacia contribuir con el fortalecimiento de las instituciones del sector justicia, el segundo a apoyar espacios de reflexión, creación

La primera dama, Margarita Cedeño de Fernández, Kirsys Fernández de Valenzuela, presidenta del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), entre otras personalidades, participan en una de las actividades del Comisionado de Justicia.

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nes de naciones, incrementándose la presencia en conclaves e intercambios internacionales. En ese sentido, en 2009, se llevaron a cabo 35 diplomados, seis cursos, tres seminarios, siete tertulias, 49 talleres, 15 conferencias, 26 conversatorios, 23 charlas, dos congresos, un foro-panel, y ocho donaciones a bibliotecas. También, se realizaron 11 publicaciones, se firmaron 24 acuerdos con instituciones nacionales y extranjeras, se editaron 11 publicaciones, se elaboraron cinco propuestas normativas. Mientras, en el proceso de fortalecimiento de las relaciones internacionales del CARMJ se hicieron cinco visitas al exterior y, en el plano local, recibimos ocho visitas de delegaciones de diversos países. Entre las instituciones con las cuales el Comisionado coordinó el plan desarrollado es-

tán diferentes seccionales del Colegio de Abogados de la República Dominicana y las universidades: Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI), Tecnológica de Santiago (UTESA), Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), entre otras academias e institutos de educación superior. De igual manera, los Ministerios de las Fuerzas Armadas y Medio Ambiente y Recursos Naturales, y entidades de la Sociedad Civil, como Participación Ciudadana (PC) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP). Con instituciones extranjeras se trabajó con la Universidad de Castilla La Mancha, el Consejo Especial del Presidente de Haití para la Modernizacion del Código Penal y del Código Procesal Penal

APOYO DEL PRESIDENTE LEONEL FERNÁNDEZ Los resultados alcanzados el pasado año por el Comisionado de Justicia fueron posibles gracias al apoyo recibido del presidente de la República, doctor Leonel Fernández, quien ha impulsado el más significativo y revo-

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lucionario proceso de reforma del el Estado dominicano, confianza za que no ha sido defraudada por or el personal de la institución, quee invirtió todas sus energías en n contribuir al logro del objetivo o alcanzar el proceso de modernización del sistema de justicia. Unicamente con el concurso y la visión del mandatario se hizo posible que el pasado año se continuara avanzando en la consecución del verdadero Estado social democrático de derecho. También fue importante la colaboración de instituciones nacionales y organismos internacionales de cooperación, sin cuya ayuda no hubiese sido posible que los proyectos del CARMJ se hicieran n realidad.

El comisinado de Justicia, Li no Vásquez Sá sidad Interam muel y el rect ericana, Gabrie or de la Univer l Read, ¿rman interinstitucion un acuerdo de al. cooperación

Asimismo, fue trascendental cendental el aporte del equipo de facilitadores itadores por su dedicación y empeño para alcanzar el éxito en el desarrollo de los proyectos, y especialmente, al mayor beneficiado, que fue el público asistente a las actividades, el cual hizo un n esfuerzo en procuraa de incrementar sus us conocimientos y habilidades profesionanales. El comisionad de Justiusticia reconoce el esfuerzo uerzo del personal del CARMJ, ARMJ, que hizo una extraordiraordinaria labor, en consonansonancia con los postulados dos y la filosofía de la institución, titución, gracias a lo cual se alcanzaron los objetivos propuestos opuestos para el 2009. n tertu

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Con el objetivo de seguir fortaleciendo todas las instituciones del sector justicia y el nivel de los abogados del país, el Comisionado de Justicia auspició decenas de diplomados, talleres, cursos, conferencias, charlas, congresos y paneles sobre temas relacionados al derecho inmobiliario, procesal penal, litigación, persecución de la corrupción, reforma constitucional, sensibilización y prevención de violencia, inseguridad ciudadana, entre otros.

DIVULGACIÓN JURÍDICA El Comisionado de Justicia desarrolló múltiples acciones tendentes a la divulgación de la doctrina jurídica, a través de publicaciones de gran valor e interés jurídico, tales como: “Jornada por la Constitución: Justicia y Reforma Constitucional”, que comprende los importantes planteamientos de los actores y expertos que expusieron y debatieron la propuesta de Reforma Constitucional en el sistema judicial. También, “Acceso a la Justicia, Proceso Penal y Sistema de Garantías”, el cual contiene la recopilación de las ponencias del II Congreso Nacional de Defensa Pública, en torno a la participación del doctor Luigi Ferrajoli.

En total, se distribuyeron 15,000 ejemplares en las 11 publicaciones auspiciadas por el Comisionado de justicia.

TERTULIAS Para tener un mayor alcance en la población, el Comisionado de Justicia propició una serie de tertulias jurídicas, donde expertos en derecho expusieron sus experiencias en temas de interés colectivo. En total fueron celebradas siete tertulias con el objetivo de que cada día la comunidad jurídica nacional adquiera mayores conocimientos.

DIPLOMADOS, TALLERES, FOROS Y CURSOS

Se destaca que, además de profesionales del derecho, en los cursos, talleres y diplomados han participado amas de casas, periodistas, fiscales y agentes policiales. De esta manera el titular del Comisionado de Justicia, Lino Vásquez Sámuel, cumple con su misión de apoyar espacios de reflexión, creación y difusión de normativas legales e impulsar su implementación.

DERECHO INMOBILIARIO Conociendo la problemática e importancia de la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana, el Comisionado de Justicia desarrolló un ambicioso programa de actividades en todo el territorio nacional, consistente en la realización de diplomados para que miles de abogados adquieran mayores conoci-

En este aspecto, se destaca la donación de libros como parte de la implementación de un plan estratégico de difundir la doctrina jurídica, y que la población dominicana pueda edificar sus conocimientos y ampliar su cultura de lectura. Entre las publicaciones figuran, además, la Propuesta de Reforma del Código Procesal Penal, Jornada por la Constitución, Política Criminal y Víctimas, Directorio Nacional de Atención a Víctimas, Revista Reforma Judicial, Reimpresión de la Ley 136-03, y Reforma Penitenciaria en Latinoamérica y el Caribe.

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Lino Vásquez Sámuel, profesor Víctor Beras y la gerente de Contabilidad del Comisionado de Justicia, Elba Dolores de la Cruz, al recibir su diploma.


mientos en cuanto a la aplicación de la ley 108-05 de registro inmobiliario y sus reglamentos. Los diplomados con temas exclusivos del sistema inmobiliario, que tienen como objetivo fortalecer la seguridad jurídica en el país, fueron celebrados en Baní, El Seibo, Santiago Rodríguez, Villa Altagracia, Barahona y Santo Domingo Norte. Entre los expositores, en la importante iniciativa del Comisionado de Justicia, figuran los magistrados Rafael Ciprian y Wilson Gómez.

CAPACITAN EMPLEADOS CARMJ-CONAEJ Con el objetivo de instruir, desarrollar y proporcionar a los coordinadores y encargados departamentales del Comisionado de Justicia y de la CONAEJ, las competencias gerenciales y de gestión, que le permitan incrementar su productividad, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) impartió el Programa Destreza Gerencial y Manejo de Proyectos, por el profesor Víctor

Beras, quien manifestó que la practica le permitirá al personal del CARMJ Y LA CONAEJ desarrollar buenas y efectivas relaciones interpersonales, habilidades para manejar y reconocer conflictos.

ACUERDOS Una muestra del alcance del Comisionado de Justicia es la firma de 24 acuerdos de cooperación y asistencias con igual cantidad de instituciones nacionales y extranjeras.

SEMANA DE VICTIMOLOGÍA Con la participación de expertos de España, EE.UU., Chile y Japón se desarrolla la semana de la víctima en la República Dominicana. Otro aporte significativo del Comisionado de Justicia para la implementación en el país de un programa adecuado de protección a víctimas y testigos de crímenes y delitos, fue la celebración del primer Seminario Internacional de Victimología.

El magistrado ¿scal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, recibe donación de libros de parte del comisionado de Justicia, Lino Vásquez Sámuel, para la biblioteca de esa institución.

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Integrantes de la mesa de honor del acto de inauguración del 5to. Aniversario de la Reforma Procesal Penal.

CONAEJ celebró quinto Aniversario Reforma Procesal Penal Durante el acto de inauguración, los doctores Alber to M. Binder, de Argentina, y Rafael Blanco, de Chile, presentaron las conferencias magistrales “El control de la criminalidad en una sociedad democrática” y “La Reforma Procesal Penal como instrumento de transformación de la justicia”; y fue puesto en circulación el libro “Propuesta de la Reforma del Código Procesal Penal” La Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Código Procesal Penal (CONAEJ) celebró la semana conmemorativa en ocasión de cumplirse cinco años de la implementación del Código Procesal Penal, vigente en el país.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del doctor Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, quien destacó que el Código Procesal Penal ha sido una de las conquistas legislativas

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más importantes en materia de fortalecimiento del sistema de garantías.

con la queja social, como las consensuadas en la CONAEJ.

Aseguró que los niveles de eficiencia del Código Procesal Penal son insuperables, en donde el sistema de justicia penal es un escenario más humano, más garantista y más eficiente, pero que todavía faltan importantes reformas institucionales en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía, al igual que se requieren reformas puntuales a la normativa procesal penal para conectarla más

Durante el acto de inauguración, la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma del Código Procesal Penal (CONAEJ), puso en circulación el libro “Propuesta de Reforma del Código Procesal Penal”, documento contenido en la propuesta de reforma a la referida normativa, depositada al Congreso Nacional en el mes de marzo para su conocimiento y aprobación. “con la finalidad de


modificar viejas prácticas y actuaciones de muchos de los actores del sistema de administración de justicia penal, para así estimular eficientemente el proceso de cambio que exige nuestra sociedad en la dinámica de la investigación, la persecución penal y el juicio”, dijo Vásquez Sámuel.

CICLO DE ACTIVIDADES El martes 29 se dio inicio a los tres paneles de la Semana Aniversaria. El tema: “Reforma Procesal Penal: Una Reflexión desde los Derechos”, contó con la presentación de destacados panelistas invitados, doctores: Nassef Perdomo Cordero, Eric Raful Pérez; Cristóbal Rodríguez Gómez; Claudio Aníbal Medrano. El doctor Rafael Blanco, invitado internacional, tuvo a cargo la relatoría del importante panel.

Olivares, el licenciado Pedro V. Balbuena, el coronel Pedro Julio Henríquez Pérez y el ingeniero Francisco Gerdo.

En tanto, el miércoles 30 se desarrolló el segundo panel, “Reforma Procesal Penal: una reflexión desde la eficiencia”, con la disertación del licenciado Alejandro Moscoso Segarra, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, el licenciado Félix D.

El jueves 1ro de octubre fue clausurada la Semana Aniversaria de la Implementación del Código Procesal Penal, con la participación de la licenciada Maritza Ramírez, de la Oficina de Defensa Pública; la licenciada Yeni Berenice Reynoso

Gómez, procuradora fiscal de Santiago; la licenciada Thalía Goldberg, de la Dirección de Gestión del Ministerio Público, y el licenciado Helder Tavárez, de la Dirección de Políticas Públicas del Poder Judicial. La licenciada Orlidy Inoa Lazala, de la Unidad de Investigación & Análisis de la Escuela Nacional del Ministerio Público fue la moderadora de los paneles.

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Comisionado de Justicia, Despacho Primera Dama y UASD realizan Congreso Nacional de Derecho Familiar Anuncian la creación de un código de familia, con el objetivo de promover e impulsar políticas públicas a fin de robustecer su estabilidad y reafirmar los derechos. El Congreso se inició con la participación de destacados expositores de México, Puerto Rico, Argentina y República Dominicana, seguidos por la conferencia magistral a cargo de la Primera Dama, doctora Margarita Cedeño de Fernández, con el tema: La Institución Familiar: nuevos Paradigmas jurídicos y de protección. En su ponencia, Cedeño de Fernández, destacó la importancia de la familia como célula de la sociedad, los cambios que se han producido en ella, así como las iniciativas y proyectos que a favor de la familia se realizan desde su despacho.

La primera dama, Margarita Cedeño de Fernández, Lino Vásquez Sámuel, y el vicerrector académico de la UASD, Iván Grullón.

En tanto, Lino Vásquez Samuel, Comisionado de Justicia resaltó la importancia de que en la República Dominicana exista una normativa familiar que agrupe la legislación vigente sobre los derechos de

este núcleo de la sociedad y responda de manera integral a las necesidades conforme a los nuevos tiempos, “a los fines de fortalecer la familia, el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática”.

Los temas desarrollados fueron: naturaleza jurídica y autonomía del derecho familiar, aspectos civiles con la implementación de las técnicas de fecundación medicamente asistida, violencia domestica, normativa familiar y nueva masculinidad en el entorno familiar, entre otros. Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo del doctor Santo Inocencio Mercedes, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD. Estuvo además en la mesa de honor, el doctor Franklin García Fermín, rector magnífico de la UASD, quien al dirigirse a los presentes, resalto el papel que a través de las instituciones públicas realiza el Poder Ejecutivo en beneficio de los valores y seguridad de la familia dominicana.

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Avanzan ejecución de la Planificación Estratégica 2010 del Comisionado de Justicia CREAN GRAN EXPECTATIVA El Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) tiene en carpeta ejecutar múltiples eventos durante el presente año, a los fines de seguir el proceso de fortalecimiento de todas las áreas del sector justicia. Uno de los objetivos del CARMJ para el presente año, es abordar como un problema de Estado la reforma y modernización de la justicia en la República Dominicana. Para alcanzar este objetivo se plantea la integración de todos los actores del sistema de justicia, proporcionando aportes importantes para el fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en el país. También el CARMJ ha generado una serie de procesos encaminados a fortalecer su estructura, en ocasión de cumplir con su misión de impulsar iniciativas, coordinar y apoyar los esfuerzos del Estado y la sociedad. La meta del CARMJ es contribuir al proceso de modernización que garantice un sistema de administración de justicia eficaz y eficiente. Para alcanzar las metas trazadas, el CARMJ inició el pasado 11 de diciembre del 2009 un proceso de planificación estratégica para el período 2010, reorientando su estructura organizativa, misión, visión, políticas y objetivos institucionales,

mediante el abordaje de diferentes ejes temáticos, líneas estratégicas de intervención, así como programas y proyectos especiales en las diferentes áreas del Derecho.

dad del personal del CARMJ fue celebrada en el Hotel Santo Domingo bajo la dirección del licenciado Salvador A. Espinal, quien dictó la conferencia: “Líderes Estrategas y Líderes Tácticos”.

Estas iniciativas han sido realizadas en virtud de que entre los objetivos del CARMJ se encuentra el apoyar el surgimiento y el desarrollo de proyectos en las instituciones del sistema del sector justicia, así como prestar asesoría, capacitación e información a los programas y proyectos que los diversos sectores ejecuten.

Asistieron directivos, gerentes y encargados de las diferentes áreas del Comisionado de Justicia.

El encuentro para aumentar la capaci-

En el marco de la actividad, se formularon nuevas propuestas para modificar el Código Procesal Penal, que abordan las Reformas Constitucionales y los Sistemas de Niños, Niñas y Adolescentes de manera integral.

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NOTICIAS

Seminario Internacional de Victimología completó proyectos sensibilización Con la participación de expertos de España, EE.UU., Chile y Japón e instituye la Semana de la Víctima en la República Dominicana.

Los expertos Annette Pearson, John Dussich, el magistrado procurador general, Radhamés Jiménez Peña; el comisionado de Justicia, Lino Vásquez Sámuel; y los profesores Andrea Machuca y Miguel Valerio.

El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) realizó múltiples actividades sobre victimología, mediante mesas de conversatorios, talleres y seminarios internacionales, con el objeto de contribuir a la sensibilización de los actores del sistema en la comprensión y elaboración de políticas públicas que garanticen la plena participación y protección integral de las personas que se conviertan en víctimas de delitos perpetrados en su contra o de la comunidad. En el marco de esta iniciativa se abordaron los temas: reparación estatal hacía las víctimas, nuevas formas de interro-

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Es necesario y urgente impulsar un nuevo paradigma de justicia restaurativa, que procure pasos de avance hacia la protección de víctimas y testigos de delito

gatorios a personas menores de edad que son víctimas, protección a la mujer y las amas de casas, servicio de representación legal a víctima, antecedentes y desarrollo del centro de atención a víctimas de Salcedo, víctimas en el proceso penal y víctimas de violencia doméstica. Para fortalecer todas las actividades antes descritas, el Comisionado de Justicia publicó en septiembre pasado el Primer Boletín sobre Victimología, el cual recoge todas las líneas de acción del proyecto desplegado desde enero, creando un espacio de reflexión sobre las víctimas y sus derechos.


NOTICIAS

Miguel Valerio, consultor del CARMJ; Raúl Martínez,ex ¿scal de Santiago; Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia y Vielka Calderón, Procuradora de la Corte de Santiago.

En tanto que en noviembre, presentó el Segundo Boletín denominado “Rendición de Cuentas”, que abarca todas las actividades realizadas en el tercer cuatrimestre del proyecto y las conclusiones a las que se arribó en el primer año.

Seminario Internacional de Victimología, con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales de Estados Unidos, Chile, España y Japón, quienes intercambiaron sus experiencias y conocimientos en la materia.

SEMANA DE LA VÍCTIMA

El objeto del mismo fue reflexionar sobre políticas públicas de víctimas en el sistema nacional y ofrecer un enfoque preventivo, judicial y posdelictual sobre los efectos secundarios de delitos en las víctimas que permiten al mismo tiempo la protección de sus derechos.

Dando cumplimiento al Plan Estratégico para el año 2009, el Comisionado de Justicia celebró en coordinación con la Procuraduría General de la República, en noviembre pasado, la Semana de la Víctima en la República Dominicana”. En este escenario se efectuó el Primer

El evento contó con la cooperación de la Comisión Nacional de Ejecución de la

Reforma Procesal Penal (CONAEJ), la Embajada de los Estados Unidos, a través del Centro Franklin; la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Acción Ciudadana, que coordina la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

OBRAS PUESTAS EN CIRCULACIÓN En el marco de esa actividad, el Comisionado de Justicia puso en circulación las obras “Política Criminal y Víctimas”, de la autoría del profesor Jesús María Silva Sánchez, y “el Directorio Nacional de Atención a Víctimas”, un compendio de 385 instituciones del sector público y de la sociedad civil debidamente clasificadas, atendiendo al tipo de servicios que ofrecen, las áreas de especialización y la jurisdicción geográfica donde se encuentran ubicadas en todo el territorio de la República Dominicana.

ASISTENTES El acto de inauguración contó con la presencia del Procurador General de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña y el licenciado Miguel Valerio, asesor de victimología, entre otros.

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EXPOSITORES Entre los exponentes internacionales, se citan los profesores John Dussich, pasado presidente de la Sociedad Mundial de Victimología y director del Instituto Universitario de Victimología del Japón, Annette Pearson, de EE.UU., es coordinadora de Apoyo a las Casas de Justicia del Programa de Fortalecimiento de la justicia de USAID en Colombia y vicepresidenta de la Sociedad Mundial de Victimología, y Andrea Machuca, coordinadora del Centro de Salud Mental para la reparación de víctimas de abuso sexual y maltrato de la Universidad Católica de Chile.

VÁSQUEZ SÁMUEL El comisionado de justicia, Lino Vásquez Sámuel, explicó que el seminario y las demás actividades se realizaron con miras a reflexionar sobre políticas públicas de víctimas en el sistema de justicia nacional y ofrecer un enfoque preventivo, judicial y pos-delictual sobre los efectos secundarios de delitos en las víctimas, que permiten al propio tiempo la protección de sus derechos. “Es necesario y urgente impulsar un nuevo paradigma de justicia restaurativa, que procure pasos de avance hacia la protección de víctimas y testigos de delito”, precisó. Aseguró que para el CARMJ constituye un compromiso la celebración de todas las actividades, debido a la necesidad de orientar a la población sobre los derechos de las víctimas. “Deseamos instaurar en el país la celebración anual de estos espacios de reflexión para el fortalecimiento de las acciones a favor de las víctimas”, indicó. Sostuvo que la realización de los seminarios, talleres, cursos y publicaciones, forman parte del esfuerzo conjunto con instituciones y organismos comprometi-

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dos con la protección de las víctimas de violencia, desde el primer acto de afección de sus derechos. El Comisionado de Justicia dijo que con la celebración del Seminario se procuró articular todo un movimiento tendente a revalorizar las víctimas, desde la óptica de la protección de sus derechos.

OTRAS ACCIONES El Comisionado ha creado, también, la Comisión Nacional de Víctimas, encargada de la elaboración de una propuesta

normativa de protección a víctimas de delito e impulsar a través de la Mesa Nacional de Decanos y Directores de Escuelas de Derechoo, la inclusión en la currícula universitaria de las asignaturas vinculadas a la victimología, apoyando igualmente las iniciativas vinculantes de las organizaciones de sociedad civil, creando un observatorio permanente de víctima y articular campañas de capacitación, sensibilización y divulgación, que la incorpore como eje central revalorizado, con obligación de ser protegido restaurativamente por el Estado.


Auspiciado por el CARMJ, la Universidad de Castilla la Mancha y el Colegio de Abogados de la República Dominicana

Inician diplomado “Los Derechos y Libertades Fundamentales en la Nueva Constitución” Con los auspicios del Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia, unos 500 profesionales del derecho fueron capacitados en distintos aspectos de los derechos y libertades fundamentales plasmados en la nueva Constitución, en el marco del diplomado: “Los Derechos y Libertades Fundamentales en la Nueva Constitución”, durante actividades realizadas en Santiago y Santo Domingo. Ambas actividades fueron realizadas en coordinación con el Colegio de Abogados de la República Dominicana, y la Universidad de Castilla la Mancha, de España, teniendo como expositor al doctor Marcos Massó Garrote, Miembro de la Primera Comisión para la Visión y Análisis Comparativo de las Reformas Constitucionales en Iberoamérica. Las actividades se desarrollaron en los auditorios del Palacio de Justcia, de Santiago, y de la Procuraduría General de la República, en esta capital. Con esta iniciativa el Comisionado de Justicia cumple con su misión de impulsar iniciativas, coordinar y apoyar los esfuerzos del Estado y la sociedad, para contribuir al proceso de modernización que garantice un sistema de administración de justicia eficaz y eficiente. El CARMJ, el CARD y la UCLM comparten la misión de ofrecer a la ciudadanía en general y a la comunidad jurídica en particular, importantes aportes sobre los

Trajano Pontentini, Diego José García, Radhamés Jiménez Peña, Lino Vásquez Sámuel y Marcos Massó Garrote, encabezaron la mesa de honor en la apertua del acto.

derechos y las libertades fundamentales plasmados en la nueva Constitución. El diplomado “Los Derechos y Libertades Fundamentales en la nueva Constitución” que inició el pasado cuatro de febrero y tuvo una duración de un mes, impartiéndose los viernes de cada semana, en el Auditorio de la Procuraduría General de la República. Las palabras de apertura del acto estuvieron a cargo del Comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, quien valoró la importancia de los diplomados llevados a cabo por el CARMJ y la calidad de sus expositores, tras precisar que mantendrá el apoyo a este tipo de iniciativa, porque con ello se aporta a la instauración del estado social y democrático de derecho previsto en el articulo siete de la Carta Magna. En tanto el presidente del CARD, li-

cenciado Diego José García, resaltó la iniciativa del Comisionado de Justicia de apoyar la capacitación de los profesionales del derecho, ”agradecemos el apoyo recibido por el Comisionado de Justicia, quien en esta oportunidad y con el único interés de dar a conocer las normativas de la nueva Constitución de la República, decidió subvencionar el cincuenta por ciento del costo total de este diplomado, lo que les permitirá a los participantes capacitarse en su area y jugar roles más efectivos en su desempeño profesional. Como invitados especiales estuvieron presentes en el acto, el magistrado Procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña; el doctor Trajano Vidal Potentini, Secretario de Educación y Cultura del Colegio de Abogados de la República Dominicana; entre otras personalidades.

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NUEVA

CONSTITUCIÓN

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PRESIDENTE FERNÁNDEZ

PONDERÓ NUEVA CARTA SUSTANTIVA

ASAMBLEA NACIONAL

REVISORA Tras un largo proceso de consultas, debates, foros y discusiones, la Asamblea Nacional Revisora proclamó el pasado 26 de enero la nueva Constitución de la República, que consta de 277 artículos y 19 disposiciones transitorias, aprobados mediante consenso de todos los sectores de la vida nacional.

REFORMA EFFOORRM MA JUDI JUDICIAL ICI CIAALL 2200 RRE

La ceremonia, celebrada en el Congreso Nacional, fue encabezada por el presidente Leonel Fernández, quien al pronunciar su discurso ponderó la nueva Carta Magna, así como las novedades y garantías que aporta a la sociedad dominicana. Admitió, empero, que falta un largo trabajo para adecuar las leyes a la nueva carta sustantiva.

El jefe de Estado destacó que la verdadera novedad del actual texto constitucional es la creación del Tribunal Constitucional, “el cual viene a sustituir a la Suprema Corte de Justicia en las atribuciones que se le conferían de conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad de las leyes”.


Explicó que según lo consagrado en el artículo 185 de la nueva Carta Magna, dicho Tribunal será competente para conocer en única instancia las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, así como de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo, jurídicamente protegido. Dijo que, al entrar el siglo XXI, en el país era urgente la realización de una profunda reforma a la Carta Sustantiva del Estado, que permitiese consolidar su democracia mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho. Destacó que en el Poder Judicial fue donde se hicieron los cambios más profundos en la nueva Constitución, debido a que en el artículo 155 se establece la creación del Poder Judicial y el Consejo Superior del Ministerio Público.

NUNCA SE PRODUCIRÁ OTRO GOLPE DE ESTADO En su discurso, el presidente Fernández aseguró que con la nueva Constitución en la República Dominicana nunca más volverá a repetirse la amarga y trágica experiencia de septiembre de 1963, cuando se produjo el golpe de Estado que derrocó al gobierno del profesor Juan Bosch. “En definitiva, en la República Dominicana jamás se producirá un golpe de Estado. En la República Dominicana prevalecerá para siempre la democracia, la libertad, la paz, la soberanía, la independencia y el respeto a la dignidad de nuestros hombres y mujeres que fue lo que desde un principio soñaron nuestros padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez”, puntualizó el primer mandatario al proclamar el nuevo texto constitucional durante la ceremonia celebrada en el Congreso Nacional.

Dijo que el artículo 73 resalta que son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, e instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada.

ACTOS Los actos de proclamación de la nueva Constitución se iniciaron en horas de la mañana con la apertura de la sesión de la Asamblea Nacional luego que su presidente, Reinaldo Pared Pérez, estableció que se contaba con el quórum constitucional establecido. Desde las 9:41 a.m. hasta las 2:00 p.m. los asambleístas Rubén Darío Cruz, Teodoro Ursino Reyes, Sofía Azcona y Dionis Sánchez leyeron el texto completo de la Constitución. Aprobaron el acta 20 de los 32 senadores y 102 de los 178 diputados. Cuando se reanudó la sesión a las 4:37 p.m. habían presentes 190 de 210 asambleístas.

MODIFICACIONES La Constitución de la República Dominicana ha sido modificada en 38 ocasiones desde la proclamación de la Independencia Nacional en 1844. La última reforma parcial fue el 25 de julio de 2002 cuando, por motivación del entonces presidente Hipólito Mejía, se modificó el artículo 49 estableciéndose la reelección presidencial.

PLAZOS ESTABLECIDOS Con la entrada en vigencia de la nueva Constitucion se establecen 19 disposiciones transitorias, las cuales tienen sus plazos para ejecutarse. El Consejo del Poder Judicial deberá crearse dentro de 6 meses. El Tribunal Constitucional deberá integrarse dentro de 12 meses. La SCJ mantendrá las funciones atribuidas en la Constitución al Tribunal Constitucional y al Consejo del Poder Judicial hasta tanto se integren estas instancias. Los actuales jueces de la SCJ que no queden en retiro por ha-

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La Constitución de la República Dominicana ha sido reformada en 38 ocasiones por 14 gobiernos que han dirigido el país en toda su vida republicana. Estas son:

REFORMAS CONSTITUCIONALES 1. 27 de febrero 1857 2. 16 de diciembre 1854 3. 19 de febrero 1858 (Constituyente) 4. 14 de noviembre 1865 (Constituyente) 5. 27 de septiembre 1866 6. 26 de abril 1868 7. 14 de septiembre 1872 8. 14 de marzo 1874 (Constituyente) 9. 09 de marzo 1875 10. 31 de marzo 1876 11. 07 de mayo 1877 12. 11 de mayo 1878 13. 11 de febrero 1879 14. 17 de mayo 1880 15. 23 de noviembre 1881 16. 15 de noviembre 1887 17. 12 de junio 1896 18. 14 de junio 1907 19. 22 de febrero 1908 (Constituyente) 20. 13 de junio 1924 (Constituyente) 21. 15 de junio 1927 22. 09 de enero 1929 ber cumplido los 75 años de edad serán sometidos a una evaluación de desempeño por el CNM, el cual determinará su confirmación; el Consejo Superior del Ministerio Público desempeñará las funciones establecidas dentro de los 6 meses siguientes. El Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario existente pasará a ser el Tribunal Superior Administrativo. Los actuales integrantes de la JCE permanecerán en sus funciones hasta la conformación de los nuevos órganos creados y la designación de sus incumbentes. Las disposiciones relativas a la JCE y al Tribunal Electoral entrarán en vigencia a partir de la nueva integración que se produzca en

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el período que inicia el 16 de agosto de 2010.

23. 20 de junio 1929

Los integrantes de estos órganos ejercerán hasta el 16 de agosto de 2016. Los miembros de la Cámara de Cuentas permanecerán en sus cargos hasta 2016. Las disposiciones relativas al referendo aprobatorio, por excepción, no son aplicables a la presente reforma constitucional. Todas las autoridades electas en las elecciones de 2010, excepcionalmente, durarán hasta el 16 de agosto de 2016. Los diputados a ser electos en el exterior serán electos, excepcionalmente, el tercer domingo de mayo de 2012 por cuatro años y las autoridades municipales en 2010 y 2016.

25. 09 de junio 1934

24. 10 de enero 1932 26. 10 de enero 1947 27. 01 de diciembre 1955 28. 07 de noviembre 1959 29. 28 de junio 1960 30. 02 de diciembre 1960 31. 29 de diciembre 1961 32. 16 de septiembre 1962 33. 29 de abril 1963 (Constituyente) 34. 09 de agosto 1965 35. 28 de noviembre 1966 36. 14 de agosto 1994 37. 25 de julio 2002.


DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DOCTOR LEONEL FERNANDEZ

Originalmente esta solemne ceremonia de proclamación de la nueva Constitución de la República estaba pautada para ser celebrada en una fecha anterior. Sin embargo, consideramos que eso habría sido inapropiado. En realidad, la única ocasión válida para la celebración de un acto de esta naturaleza, tenía necesariamente que coincidir con una de las fechas gloriosas de nuestra historia: la del natalicio del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte. Consideramos que no podíamos hacer mejor tributo a quien sacrificó su vida y no escatimó esfuerzo alguno en brindarnos este hogar común a todos los dominicanos, que precisamente proclamar en su día esta nueva Constitución de la República Dominicana, la Constitución del Siglo XXI, la cual será la garantía de la paz, la democracia, la libertad, la justicia social, el bienestar y la prosperidad de la familia dominicana. Y es que, justamente, aun antes de nacer la República, ya el Patricio había concebido un proyecto de Constitución, el cual representaba un aval contra la arbitrariedad, el abuso, el atropello y el despotismo en el ejercicio del poder. Por eso, esta nueva Constitución no aspira más que a ser una continuación de la labor en favor del respeto a la dignidad humana, iniciada por el genio creador de nuestra nacionalidad. Constituye una gran paradoja del destino que la República Dominicana proclamase su independencia, no en lucha contra un poder colonial europeo, sino contra el vecino país de Haití.

Honorable señor Presidente de la Asamblea Nacional, Doctor Reinaldo Pared Pérez; honorable señor Vicepresidente de la República, Doctor Rafael Alburquerque; honorable señor Presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Julio Cesar Valentín; honorable Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Doctor Jorge Subero Isa; excelentísima señora

Primera Dama de la República, Doctora Margarita Cedeño de Fernández; honorables miembros del cuerpo diplomático y consular acreditado en la República Dominicana; honorables miembros de la Asamblea Nacional Revisora; señores Secretarios de Estado; señores Directores Generales; señoras y señores:

Ese acto de separación e independencia nos condujo a una guerra con nuestro vecino que se extendería durante cerca de diecisiete años; lo cual, tal vez, haya sido la causa más profunda y remota de algunas de nuestras históricas desavenencias e incomprensiones. Hoy, sin embargo, como consecuencia

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del devastador terremoto que le sacudiese hace exactamente dos semanas, el hermano pueblo haitiano se encuentra sepultado en las ruinas, sumido en el llanto y abatido por el dolor. Ante esta trágica situación, el sentimiento de solidaridad y de espíritu humanita-

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rio del pueblo dominicano se ha expresado de forma auténtica y generosa, y es por eso, que en estos instantes quisiera extender mi más profundo reconocimiento a todas las personas, organizaciones e instituciones, tanto de la vida pública como del sector privado, que por medio de sus desvelos, su ayuda y

cooperación, pusieron de relieve ante el mundo los más nobles sentimientos de que es capaz el pueblo dominicano. Quisiera también, en estos momentos, expresar mis congratulaciones a todos los Senadores y Diputados, integrantes de esta Asamblea Nacional Revisora, por


la forma ardua, entusiasta y patriótica con que asumieron la discusión, el debate y la aprobación de este nuevo texto constitucional que ha de regir el futuro de las reglas del sistema democrático de la República Dominicana. A todos ustedes, nuestro más profundo reconocimiento.

De igual manera, quisiera reiterar mi valoración y aprecio al trabajo de alto nivel profesional desplegado por un conjunto de notables juristas nacionales, que aportaron lo mejor de sus talentos para que pudiésemos diseñar un texto constitucional con la calidad técnica comparable con las mejores de su género a nivel internacional. Esos juristas son: el Dr. Cesar Pina Toribio, el Dr. Eduardo Jorge Prats, el Dr. Flavio Darío Espinal, el Dr. Milton Ray Guevara, la Dra. Aura Celeste Fernández, el Dr. Adriano Miguel Tejada, el Dr. José Darío Suárez, el Dr. Julio César Castaños Guzmán, la Dr. Leyda Piña, la Dra. Licelotte Marte, el Dr. Pelegrín Castillo, el Dr. Raymundo Amaro Guzmán y el Dr. Luis Gómez Pérez.

cultura, la ciencia, la tecnología o el medio ambiente, no podría operar de manera adecuada. La importancia de la Constitución en cualquier país del mundo, radica en que establece una limitación al ejercicio del poder y fija las reglas del juego para el funcionamiento de la democracia y la convivencia civilizada entre los integrantes de un conglomerado social. En ausencia de esas reglas de juego, asumidas y respetadas por todos, ninguna nación podría sobrevivir, ni ningún pueblo podría aspirar al progreso y al bienestar, por la sencilla razón de que lo que reinaría sería el caos, la inestabilidad, el abuso y la desprotección de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos.

Cuando a finales del año 2006 se iniciaron los preparativos para una Consulta Popular que hiciese posible la actual reforma a la Constitución de la República, en algunos sectores de la vida nacional se suscitaba la siguiente interrogante: ¿para qué sirve esa reforma?

Por consiguiente, dotar a un país de una Constitución no es un acto caprichoso. Es el resultado de la necesidad que exige la creación de un orden, de unas determinadas normas de conducta y de la fijación de los derechos correspondientes a la ciudadanía.

Se entendía que lo que el país necesitaba no era una reforma de sus instituciones democráticas, empezando por su Ley Sustantiva, sino más bien la adopción de políticas y medidas orientadas a reducir la pobreza, generar empleos, solucionar la sempiterna crisis eléctrica nacional y proteger de manera más eficaz a la ciudadanía del narcotráfico, la violencia y el crimen organizado.

No pierdo de vista de que tal vez con la excepción de Venezuela, la República Dominicana sea el país de América Latina con mayor número de textos constitucionales. Ésta que estamos proclamando en el día de hoy, es la número 38.

Era nuestro humilde criterio, sin embargo, que no había necesidad de establecer una separación entre una cosa y la otra. Proponer una reforma constitucional no tenía por qué implicar un abandono de las demás obligaciones y tareas del Estado, sino más bien, un factor de complementación. Al fin y al cabo, el concepto de desarrollo tiene también una dimensión institucional, sin la cual todo lo relacionado a la economía, la sociedad, la educación, la

Eso, por supuesto, contrasta con la Constitución de los Estados Unidos, la cual desde su promulgación en el 1787 no ha experimentado modificación alguna, aunque sí 27 enmiendas añadidas a lo largo de más de 200 años. La razón por la cual ha habido tantas reformas constitucionales en nuestro país se ha debido a una razón fundamental: la falta, a lo largo de nuestro discurrir histórico, de estabilidad política, fruto, a su vez, de la debilidad de nuestro sistema democrático y de la falta de desarrollo económico y social. Desde la elaboración de nuestra primera Constitución, la de San Cristóbal del 6 de

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Elecciones libres e independientes fueron celebradas, y un destacado luchador antitrujillista del exilio, notable escritor y pensador resultó vencedor con el apoyo abrumador del pueblo: el Profesor Juan Bosch. Durante su breve gestión de gobierno se aprobó una nueva Constitución, la llamada Constitución de 1963, la cual aspiraba a redimirnos del oprobio, los vejámenes y atropellos de la tiranía, así como de la falta de estabilidad y de orden político – democrático que, como hemos dicho, había afectado al país desde la fundación de la República. noviembre de 1844, aspiramos a convertirnos en una nación regida por un sistema democrático – liberal en que imperasen los valores supremos de la libertad, la justicia, la separación de poderes y el respeto a la dignidad de los ciudadanos. Diseñamos nuestro primer texto constitucional conforme a los modelos de la Constitución Norteamericana, conocida como la Constitución de Filadelfia, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, emanada de la Revolución Francesa; y la Constitución de Cádiz de 1812, identificada también como La Pepa, por haber sido aprobada el día de San José. Todas esas constituciones, que fueron las primeras del mundo moderno, tenían un carácter democrático – liberal; y esto así, porque representaban, por ejemplo, en el caso de Europa, la superación del régimen de la monarquía absoluta y de la aristocracia; y en el de los Estados Unidos, la fundación de una República, la creación de un Estado federal y el establecimiento, por vez primera en la historia, de la institución de la Presidencia. En ambos modelos, se tenía como objetivo promover la soberanía de la nación, las libertades públicas, la independencia de los jueces, la realización de elecciones, la existencia de parlamentos y la pluralidad de las ideas políticas.

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Pero, además, en sentido general, todas las Constituciones, tanto las elaboradas por los distintos países de América Latina, al proclamar su independencia, como las de las naciones europeas, al lograr su unificación territorial en el siglo XIX, tenían también un carácter democrático – liberal. Desafortunadamente, en el caso de la República Dominicana, nuestra primera Ley Sustantiva se vio rápidamente ensombrecida por la incorporación del nefasto artículo 210, por medio del cual le resultó posible al General Pedro Santana ordenar la realización de un crimen que todavía a estas alturas, en la primera década del siglo XXI, estremece las fibras del pueblo dominicano: la ejecución de María Trinidad Sánchez. En virtud del escaso desarrollo material e institucional de nuestro país durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, a la ausencia en definitiva de un verdadero sistema democrático, los distintos textos constitucionales que se fueron adoptando no hacían más que responder, en términos generales, a los intereses particulares de los gobernantes de turno y no así a las verdaderas necesidades del pueblo dominicano. Un cambio radical, sin embargo, se produjo en la década de los años 60 del siglo pasado. La larga dictadura de Rafael Leonidas Trujillo se había desplomado.

Pero además, siguiendo la tradición de la Constitución de Querétaro, Méjico, de 1917, y la Constitución de Cuba de 1940, introdujo un nuevo elemento en el orden constitucional dominicano: el constitucionalismo social. A partir de ahí no solamente quedaba garantizado el derecho a la vida, a la libertad, al libre tránsito, a la libre asociación, a la libertad de expresión y difusión de las ideas y a la libertad de conciencia y cultos, sino además, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y a un sistema de protección social, de jubilaciones y pensiones. Pero de repente, todo eso colapsó. El golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 puso fin, de manera brusca, a los anhelos, sueños e ilusiones de la sociedad dominicana por construir una verdadera democracia, en libertad y en respeto, de las ruinas de lo que había sido una cruel satrapía. He aquí, sin embargo, que de ese hecho luctuoso emergió uno de los momentos más gloriosos y luminosos de la historia contemporánea de la República Dominicana: la Revolución de Abril de 1965, encabezada por ese gran héroe nacional, Francisco Alberto Caamaño Deñó. La Revolución de Abril de 1965 se hizo bajo la consigna de retorno a la Constitución de 1963; y ciertamente tenía que


ser un acontecimiento conmovedor ver a un pueblo lanzado a las calles, enfrentándose hasta a una ocupación militar extranjera, reclamando su derecho a la democracia, a la libertad y al cumplimiento de sus prerrogativas constitucionales conculcadas. ¡Qué hermoso espectáculo, qué gran acontecimiento! El pueblo dominicano, heroicamente volcado a las calles, reclamando el reconocimiento y exigiendo la aplicación de la Constitución que por vía democrática se había aprobado y por un acto de usurpación había sido desconocida. ¡Que viva la Constitución de 1963! ¡Que viva la Revolución de Abril de 1965! Luego de esos acontecimientos, pasamos a la Constitución de 1966, la cual debemos indicar, ha sido el texto constitucional de más larga duración en la historia del país. Sólo vino a ser modificada en el 1994, como consecuencia de la crisis electoral experimentada ese año. El hecho de que la Constitución aprobada en el 1966 se extendiese por un período de 28 años, es una prueba irrefutable de que por primera vez en la historia nacional íbamos alcanzando el nivel de estabilidad y de continuidad del que habíamos carecido desde la proclamación de la Independencia. Sin embargo, el que la reforma de 1994 se realizase en un contexto de crisis política, esto es, que no fuese consecuencia de un proyecto previamente reflexionado, determinó que se creasen algunas incongruencias, vacíos y divergencias en varios de sus enunciados. Así, por ejemplo, en el artículo 64 se establece que los jueces de la Suprema Corte de Justicia serán designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. De igual forma, el artículo 67 inciso 4, confiere la siguiente atribución a la Suprema Corte de Justicia: “Elegir los jueces de las Cortes de Apelación, del Tribunal

de Tierras, de los Juzgados de Primera Instancia, los jueces de Instrucción, los Jueces de Paz y sus suplentes, los jueces del Tribunal Contencioso Tributario y los jueces de cualesquiera otros tribunales del orden judicial creados por la Ley”.

Son esas y diversas otras disposiciones a lo largo de la Constitución de 1994, lo que hacía impostergable, entre otras razones, la necesidad de elaborar una nueva Constitución de la República más en consonancia con los nuevos tiempos.

Sin embargo, el inciso 9 del artículo 55 le otorga al Presidente de la República el siguiente derecho: “Llenar interinamente las vacantes entre los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de las Cortes de Apelación, del Tribunal de Tierras, de los Juzgados de Primera Instancia, de los jueces de Paz, del Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral”.

Hoy ya tenemos esa nueva Constitución. Hela aquí. Es un nuevo texto del cual debemos sentirnos profundamente orgullosos, porque a fin de cuentas es el producto de la inteligencia colectiva del pueblo dominicano.

En otras palabras, como consecuencia de las contradicciones en los contenidos del propio texto constitucional están dadas las condiciones para una grave situación de crisis institucional, de serios conflictos políticos y de falta de gobernabilidad. Pero, más aún, al Poder Ejecutivo se le confieren atribuciones que no deberían ser de su competencia, como ocurre, por ejemplo, en el inciso 25 del ya citado artículo 55, en el que se señala que el Presidente de la República puede anular por decreto los arbitrios establecidos por los ayuntamientos. Eso, en realidad, ha debido ser siempre de la competencia jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En el inciso 11 se indica que: “Cuando ocurran vacantes en los cargos de regidores o síndicos municipales o del Distrito Nacional, y se haya agotado el número de suplentes elegidos, el Poder Ejecutivo escogerá el sustituto de la terna que le someterá el partido que postuló el regidor o síndico que originó la vacante.” ¿Se imaginan ustedes al Presidente de la República sustituyendo a regidores y síndicos de los partidos de oposición? ¡A Dios gracias que no me ha correspondido tener que hacerlo!

Esta nueva Constitución forma parte de una moderna tendencia constitucionalista que ha ido ganando fuerza en el ámbito iberoamericano durante las últimas tres décadas, como consecuencia directa del proceso de transición de regímenes dictatoriales y gobiernos autoritarios a sistemas democráticos. El moderno constitucionalismo iberoamericano se ha nutrido, a su vez, de los cambios en el diseño constitucional ocurrido en Europa en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que se evidencia en la Constitución de Italia de 1947, la Constitución de Alemania de 1949, la Constitución de Francia de 1958, la cual dio inicio a la V República y la vuelta al poder del General Charles De Gaulle. En tiempos más recientes, en su calidad de pioneros de lo que se ha dado en llamar la Tercera Ola Democrática a nivel mundial, habría que considerar también la Constitución de Portugal de 1976 y la Constitución de España de 1978. Luego de esas reformas al orden constitucional de cada uno de esos países, ha habido en las últimas tres décadas en América Latina, Europa Oriental y África, por encima del centenar de reformas a la Carta Sustantiva de las naciones integrantes de cada una de esas regiones del mundo. Algunos autores hablan incluso de un neo – constitucionalismo a escala internacional, pero lo cierto es que este es un

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fenómeno que se ha producido debido fundamentalmente a la expansión de la democracia como sistema político, en una dimensión nunca antes conocida en la historia de la humanidad. Siguiendo la corriente progresista del constitucionalismo moderno, la nueva Constitución que hoy entregamos a la sociedad dominicana, empieza por consignar en su artículo 7 que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual significa que se funda en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Un elemento básico del nuevo texto constitucional es que erige un muro de contención frente a aquellos que por las razones que fuesen intentasen hacer zozobrar nuestra democracia, cuando en su artículo 73 afirma lo que sigue: “Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, e instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada.” En otras palabras, lo que ese texto esta indicando es que en la República Dominicana nunca más volverá a repetirse la amarga y trágica experiencia de septiembre de 1963 o por la que en estos momentos ha tenido que atravesar la hermana República de Honduras. En definitiva, en la República Dominicana jamás se producirá un golpe de Estado. En la República Dominicana prevalecerá para siempre la democracia, la libertad, la paz, la soberanía, la independencia y el respeto a la dignidad de nuestros hombres y mujeres, que fue lo que desde un principio soñaron nuestros Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez.

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Para garantizar en el tiempo el que nuestra democracia permanezca inquebrantable, resulta imprescindible el que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional queden al margen de las disputas políticas, razón por la cual desde hoy mismo queda prohibido el reintegro de oficiales y alistados a nuestros institutos castrenses y policiales, a menos que el retiro haya sido realizado en violación a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. En la nueva Constitución se produce un salto cualitativo al introducirse elementos propios de una democracia directa o participativa. En la nueva Constitución se consagra la iniciativa popular para presentación de proyectos de leyes ante el Congreso. En la nueva Constitución se consagra el referendo a los fines de que el pueblo decida de manera soberana sobre cualquier asunto que sea sometido a su consideración. En la Ley Suprema que hoy proclamamos ante el mundo, en este acto histórico y solemne, se produce una ampliación de los derechos fundamentales de los ciudadanos como nunca antes había ocurrido en la historia nacional. De entrada, es la primera vez que en la Carta Sustantiva del Estado se consigna la igualdad de género, cuando en el artículo 39, inciso 4, se dice lo que sigue: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género.” Pero inmediatamente, en el inciso 5, reafirma su concepción de equidad al prescribir las siguientes medidas:

“El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.” Sólo por haber establecido esas disposiciones, que consignan constitucionalmente la igualdad entre hombres y mujeres en la República Dominicana, valía el esfuerzo de haber llevado a cabo esta reforma a la Constitución. En la nueva Constitución se reconoce el fenómeno de la transnacionalización en el mundo moderno, al aprobar la representación legislativa de los dominicanos residentes en el exterior, así como la representación nacional en parlamentos de carácter internacional. Además de consolidar las libertades individuales, en el nuevo texto se consagra el derecho a la intimidad y al honor de las personas, el derecho a la propiedad intelectual, el derecho de los consumidores, el de la seguridad alimentaria, el de los derechos de la familia, de los jóvenes, de las personas de la tercera edad y de los discapacitados. Un rasgo verdaderamente innovador que emana de las nuevas disposiciones constitucionales lo representa la consagración del secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, lo cual ofrece a los profesionales de la comunicación la oportunidad de realizar sus trabajos con sentido ético e independencia de criterio. Fueron enfáticos ustedes, Señores Miembros de la Asamblea Revisora, en establecer mecanismos especiales de seguridad al desarrollo de la frontera y de protección a nuestros recursos naturales no renovables y a nuestro sistema nacional de áreas protegidas. Pero donde verdaderamente el nuevo texto constitucional alcanza las alturas


de cualquier otro de su misma naturaleza en cualquier lugar del mundo, es cuando consigna la existencia de derechos colectivos y difusos, lo cual permite la acción jurisdiccional directa de los ciudadanos para obtener la conservación del equilibrio ecológico, la protección del medio ambiente, así como la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico. Todos esos derechos establecidos carecerían, sin embargo, de sentido, si no dispusiesen de garantías para su pleno ejercicio o de protección en caso de vulneración o violación de los mismos. Es por eso que cobra particular relevancia el régimen de garantías a los derechos fundamentales estipulado en el nuevo ordenamiento constitucional, el cual entre otras figuras, consagra la tutela judicial efectiva, el habeas data y la acción de amparo. Respecto de esta última, se señala en el artículo 72, que: “Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos”. La constitucionalización de esa última disposición es la mejor garantía y protección que jamás haya tenido un ciudadano de este país contra el abuso de poder, el despotismo y el atropello. Hagamos del recurso de amparo una verdadera institución democrática y popular al servicio de los mejores intereses del pueblo dominicano. Señores Miembros de la Asamblea Nacional Revisora, Ilustres Invitados:

En algunos círculos de la opinión pública a veces se aduce que la actual reforma a la Constitución se ha llevado a cabo con el propósito esencial de ampliar las prerrogativas en favor del Poder Ejecutivo. Nada más incierto. Es todo lo contrario, pues, además de no adicionar ninguna nueva potestad en su favor, lo que verdaderamente ha ocurrido con la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna, es una disminución de algunos poderes tradicionalmente otorgados al titular del Ejecutivo. Por ejemplo, la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas ya no queda en manos del Presidente de la República, sino de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. De ahora en adelante, el Presidente de la República ya no dispondrá de la prerrogativa para autorizar la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República, ni de aprobar el envío al extranjero de tropas nacionales en misiones de paz. De igual manera, al Presidente de la República se le ha despojado de la facultad concedida para anular los arbitrios municipales, como antes habíamos dicho, así como de llenar interinamente las vacantes de Síndicos y Regidores. Así pues, como puede observarse, de continuar por la ruta trazada en el nuevo orden constitucional, del Presidente de la República se dirá lo que se afirma de los reyes en los regímenes monárquicos: que reinan, pero no gobiernan. Ahora bien, donde se han efectuado algunos de los cambios más profundos y radicales ha sido en el ámbito del Poder Judicial. Conforme al artículo 155, se crea el Consejo del Poder Judicial, un organismo enteramente nuevo, el cual representa el órgano permanente de administración y disciplina de dicho poder.

Asimismo, se crea el Consejo Superior del Ministerio Público, el cual constituye su órgano interno de gobierno, cuyas funciones son las de dirigir y administrar el sistema de carrera y ejercer el control disciplinario sobre representantes, funcionarios y empleados del Ministerio Público. Se instituye la defensa pública y asistencia legal gratuita y se amplían las funciones tradicionales del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora bien, Señoras y Señores, la verdadera gran novedad del actual texto de nuestra Ley Suprema es la creación del Tribunal Constitucional, el cual viene a sustituir a la Suprema Corte de Justicia en las atribuciones que se le conferían de conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad de las leyes. Según lo consagra el artículo 185, el Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia de las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo, jurídicamente protegido. De igual forma, es competente para conocer del control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo, y de los conflictos de competencia entre los poderes públicos. No cabe dudas que hay mayor claridad conceptual en el contenido del nuevo texto constitucional que el que prevalecía en el inciso 1 del artículo 67 de la Carta Sustantiva que hoy queda derogada. En efecto, de acuerdo con la antigua disposición, correspondía a la Suprema Corte de Justicia conocer únicamente de la inconstitucionalidad de las leyes, y no fue sino por interpretación analógica del artículo 46 que declara la nulidad de

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pleno derecho de toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la misma Constitución, que se interpretó la noción de ley no en sentido estricto, como debe ser toda interpretación de carácter constitucional, sino como queriendo significar norma, en sentido general, lo cual, por vía de consecuencia, le confería competencia para conocer de la nulidad de los decretos, resoluciones y reglamentos. Ese tipo de interpretación analógica podía generar un quebrantamiento del principio de la separación de poderes, por lo cual resultaba más conveniente seguir la experiencia europea de crear tribunales constitucionales, independientes del Poder Judicial, para ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes y de las demás normas del orden jurídico. Albergamos la esperanza de que este nuevo órgano del Estado dominicano pueda cumplir a plenitud sus funciones y disponer, con el tiempo, del mismo prestigio y autoridad de nuestra actual Suprema Corte de Justicia. Señores Miembros de la Asamblea Nacional Revisora: Al entrar en el siglo XXI, la República Dominicana estaba urgida de realizar una profunda reforma a la Carta Sustantiva del Estado, que permitiese consolidar su democracia mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho. Es mi convicción de que el nuevo texto constitucional aprobado por esta Asamblea Revisora cumple con esos propósitos. No se trata, obviamente, de una obra perfecta, ni de un trabajo que esté exento de disidencias o discrepancias. En sentido general, ninguna Constitución está al margen de esas circunstancias. Sólo basta recordar que la Constitución de Filadelfia de 1787 establecía que un esclavo era equivalente a las 3/5

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partes de un hombre libre; y su debate y discusión, en sentido general, dio origen a dos facciones, los Federalistas y Antifederalistas. Lo mismo ocurrió en Francia, cuando la pasión suscitada en torno a la aprobación de la Constitución de 1791, dividió al país en dos bandos irreconciliables: los Jacobinos y los Girondinos. En la República Dominicana, hemos aprobado la actual Constitución por consenso. Aquí, en este recinto, están representadas las fuerzas mayoritarias del escenario político nacional, y fueron ustedes, los portavoces de esas fuerzas, los que con vehemencia, con pasión y entusiasmo, discutieron cada concepto, cada criterio, cada juicio vertido, con la finalidad de que la nueva Carta Sustantiva fuese el mejor instrumento posible para la defensa de la libertad y la democracia en la República Dominicana. Ese espíritu de consenso se expresa de manera clara en los valores y principios que se manifiestan en el preámbulo del nuevo texto, de la siguiente manera: “Nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora; invocando el nombre de Dios; guiados por el ideario de nuestros Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, y de los Próceres de la Restauración de establecer una República libre, independiente, soberana y democrática; inspirados en los ejemplos de luchas y sacrificios de nuestros héroes y heroínas inmortales; estimulados por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres; regidos por los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esencia-

les para la cohesión social; declaramos nuestra voluntad de promover la unidad de la Nacional dominicana, por lo que en ejercicio de nuestra libre determinación adoptamos y proclamamos la siguiente Constitución”. Pero aún antes de que el proyecto de Reforma Constitucional fuese conocido en esta Augusta Asamblea Nacional, fue estudiado, examinado y debatido, en forma de Consulta Popular, en todo el ámbito del territorio nacional por las diferentes organizaciones sindicales, empresariales, comunitarias, campesinas, estudiantiles y barriales, que consideraron que era su deber cívico contribuir y aportar al alumbramiento de una nueva forma de la democracia, más justa, más directa, más equitativa, más participativa y más responsable. Ahora nos queda un inmenso trabajo por delante, que es el de elaborar y ajustar un conjunto de leyes que puedan estar en armonía con las disposiciones de la nueva Constitución. Estoy seguro que con la misma tenacidad, el mismo espíritu patriótico y el mismo compromiso con las mejores causas nacionales, avanzaremos en esa dirección, en la dirección de una auténtica, genuina y verdadera Revolución Democrática Institucional, que es la gran herencia que dejaremos a las futuras generaciones para que puedan vivir en un país del que puedan sentirse profundamente orgullosos, en razón de que será el lugar donde permanentemente reinará la paz, prevalecerá la armonía y florecerá la justicia. Queda formalmente proclamada la nueva Constitución de la República. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la nueva Constitución! Una vez más lo digo, Dominicanas y Dominicanos: ¡E´ pa´lante que vamos! ¡Muchas gracias!


Presidente juramenta Comisión El presidente Leonel Fernández juramentó la Comisión Consultiva de juristas que tendrá a su cargo redactar y revisar los proyectos de ley que someterá el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para adecuar el marco jurídico a la nueva Constitución de la República. Al tomar el juramento de los comisionados en el Palacio Nacional, el jefe de Estado manifestó que la gran tarea que tienen por delante los letrados es adaptar las leyes del país a la recién promulgada Constitución dominicana, tras precisar que una Carta Sustantiva moderna requiere de leyes modernas. El gobernante observó que se trata de una delicada y ardua labor que precisa de un equipo de profesionales en diversas áreas y disciplinas del derecho que se dedique a pensar y a producir nuevas leyes. En ese sentido, expresó su complacencia por la creación de la comitiva, la que deberá asistir a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en la tarea de revisar y

crear el nuevo sistema jurídico nacional. Para el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Abel Rodríguez del Orbe, la nueva Constitución demanda la derogación de leyes y la creación de otras, entre la que citó la Ley del Ministerio. La comitiva fue creada por el presidente Fernández mediante el decreto 35-10 y la integran los abogados Mariano Ger-

mán Mejía, Flavio Darío Espinal Jacobo, Reynaldo de Jesús Ramos Morel, Katiuska Jiménez y Olivo Andrés Rodríguez Huertas. También componen la Comisión Consultiva, los doctores Milton Ray Guevara, Alejandro Moscoso Segarra, Adriano Miguel Tejada y los licenciados Luis Julio Jiménez y Eduardo Jorge Prats.

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Comisionado pondera proclamación Nueva Constitución de la República Asegura que a partir de ahora el país podrá disfrutar de normas que fortalecerán la tutela judicial efectiva de sus derechos

Trajano Vidal Pontentini, Mario MatíaS Matías, Lino Vásquez Sámuel, Julio César Valentín y Marcos Massó Garrote.

Santiago.- El Comisionado de Justicia dijo que con la aprobación de la Nueva Constitución ganó el país al quedar establecido en su contenido una serie de normas que fortalecen el sistema democrático y los derechos individuales.

ran con visión, para proteger a los más débiles, a la minoría, y esta Constitución, en armonía con este criterio incorpora el Estado social democrático y de derecho.

Destacó, además, que la institución que dirige se encamina a un proceso de charlas, talleres conferencias y seminarios, a través de las cuales expertos constitucionalistas y peritos en la materia orientarán a la población y a los actores del sistema judicial sobre el nuevo texto sustantivo.

El funcionario sostuvo que las constituciones son actos normativos para proteger al ciudadano frente al poder, “el espíritu que prevaleció en la modificación de la Carta Magna, proclamada el pasado 26 de enero del año en curso, fue de crear un instrumento de garantía de derechos individuales y colectivos debidamente tutelados para garantizar su eficacia”.

Dijo que las constituciones son de los pueblos, de la gente, de las generaciones vivas; no son exclusivamente de los partidos ni de las instituciones. Se elabo-

Las palabras del doctor Lino Vásquez Sámuel fueron dadas a conocer en el inicio del seminario sobre los avances, novedades y retos contenidos en la nueva

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Constitución a cargo de los licenciados Julio César Valentín, presidente de la Cámara de Diputados, y vicepresidente de la Asamblea Nacional Revisora; Marcos Massó Garrote, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Castilla La Mancha y miembro de la primera comisión para la visión y análisis comparativo de las reformas constitucionales en Iberoamérica, y Trajano Vidal Potentino, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. La actividad, llevada a cabo en el Centro León de esta ciudad, fue dirigida a profesionales del derecho y público en general, contando con la participación de destacados juristas e invitados especiales, jueces, actores del Ministerio Público, entre otras.


Inician campaña para dar a conocer alcance nueva Constitución El Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) inició una campaña a nivel nacional para cooperar con el proceso de aplicación y adaptación de la sociedad a las nuevas figuras jurídicas creadas en la reciente reforma constitucional. Las actividades son encabezadas por destacados juristas y el propio comisionado de Justicia doctor Lino Vásquez Sámuel, quien desplegó un amplio proceso de consultas previo a la aprobación de la nueva Carta Magna. Vásquez Sámuel destacó que el Comisionado de Justicia propicia una campaña educativa en la que se publicará la nueva Constitución y se explicarán los nuevos artículos y sus modificaciones, para que todo el pueblo tenga conocimiento pleno de la misma y su alcance a favor de las libertades y la democracia. Dijo que la población debe conocer una serie de detalles, tales como: la forma en que entrará en vigencia el Tribunal de Garantías Constitucionales, así como las novedades en cuanto a la creación del referéndum y la prohibición de los reintegros a las filas militares y policiales, entre otros. También, estimó el comisionado de Justicia, la población debe conocer los grandes esfuerzos que desplegarán las autoridades para adecuar cientos de leyes y resoluciones a la nueva Constitución. Para tales fines, Vásquez Sámuel, adelantó que el comisionado de Justicia recorrerá el país instruyendo a la población sobre todos los aspectos innovadores del nuevo texto sustantivo del Estado dominicano.

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El profesor Marcos Massó Garrote durante su exposición en unas de las Jorandas por la Reforma Constitucional.

CARMJ celebró 24 Jornadas en todo el país

Orientó a ciudadanos previo proclamación nueva Constitución 34 REFORMA JUDICIAL


Distintos sectores de la vida nacional conocieron los detalles de lo que es hoy la nueva Constitución, con antelación a su proclamación el pasado 26 de enero, durante 24 jornadas por la Reforma Constitucional celebradas por el Comisionado de Justicia en igual cantidad de provincias del país, con el objetivo de sensibilizar y concienciar a los ciudadanos. Las jornadas por la Reforma Constitucional fueron impartidas por el doctor Massó Garrote, miembro de la Primera Comisión para la Visión y Análisis de las Reformas Constitucionales en Iberoamérica y catedrático de la Universidad Castilla La Mancha. Las actividades contaron con los auspicios de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ) y el Comisionado organizó. Massó Garrote resaltó que la actual Constitución dominicana está bien estructurada, bien lograda “y según he podido leerla es la más completa y extensa”. En una de sus exposiciones, dijo que las constituciones son de los pueblos, de la gente, de las generaciones vivas; no son de los partidos ni de las instituciones, funcionan a través de sus diputados y funcionarios. Sirven para proteger a los más débiles; “son el mejor instrumento

para proteger la minoría con el objetivo de que esa minoría se conviertan en mayoría; las constituciones son actos normativos para proteger las normas frente al poder y controlar el poder de la ley”, agregó El comisionado de Justicia, Lino Vásquez Samuel, destacó que durante las jornadas por la Reforma Constitucional “se trataron los principales temas que versan en nuestra carta magna y con ello se preservó los derechos fundamentales”. Afirmó que además de las jornadas, se realizaron foros para debatir el tema ju-

dicial en el proyecto de reforma constitucional con actores y expertos del área. Resaltó que en las jornadas por la Reforma Constitucional participaron juristas especializados en la materia: Eduardo Jorge Prats, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus, y el pasado presidente del Colegio Dominicano de Abogados, José Fernando Pérez Volquez.

CALENDARIO DE JORNADAS: Julio • 21 Higüey • 24 La Romana • 30 La Vega • 31 Moca Agosto • 06 Monte Plata • 10 Puerto Plata • 11 Gaspar Hernández • 18 Montecristi • 24 Santiago Rodríguez • 28 Jimaní Septiembre • 03 Baní / Ocoa • 08 San Juan de La Maguana • 10 Santiago de Los Caballeros • 15 Miches • 17 San Francisco de Macorís • 21 Distrito Nacional

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NOTICIAS

Poder Legislativo Ante grandes retos en el área judicial para 2010

Aunque la adecuación de la normativa legislativa que exige la vigencia de la nueva Constitución se iniciará ahora, el gran reto será de los nuevos congresistas que se instalarán el 16 de agosto próximo”.

Para el presidente de la comisión de Justicia del Senado, Francisco Domínguez Brito, el Congreso Nacional tendrá ante sí grandes retos en lo relativo al área judicial durante el presente año, cuando entrará en vigencia la nueva Constitución, promulgada a finales de 2009 por el Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, la cual consigna una serie de novedades en el sector, incluyendo la creación de un Tribunal Constitucional. Según el legislador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se debe definir claramente lo relativo a la Carrera Judicial y todas las modalidades del creado Consejo del Poder Judicial, el cual, entiende, cambia totalmente la estructura de carrera, evaluación y de designación de los jueces, todo lo cual requiere de una nueva ley. Los 32 senadores y 178 diputados tendrán bajo su responsabilidad adecuar toda la normativa legislativa que exigirá la vigencia de la nueva Constitución de la República, lo que se suma a una serie de proyectos e iniciativas que se encuentran pendientes de conocimiento en el organismo. Cabe señalar que éste es un año de

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elección de nuevas autoridades congresuales y municipales, lo que llevaría a los parlamentarios que pretenden quedarse en el cargo (la gran mayoría) a dedicarse a sus actividades proselitistas, en desmedro de las labores legislativas y la posibilidad de agilizar la aprobación de algunos de los asuntos pendientes, como los proyectos de modificación del Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Civil. Los tres se encuentran bajo estudio en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.


NOTICIAS OTROS Al igual que los mencionados anteriormente, existen otras iniciativas en espera de aprobación. Tal es el caso del proyecto de ley que establecería un tiempo límite al procurador general de la República para emitir dictámenes sobre los recursos sometidos a su consideración. Además, el proyecto que concedería efectos civiles a los matrimonios celebrados por iglesias no católicas. Otra iniciativa que está en lista de espera es la que contempla la protección y compensación de los derechos de empleados y funcionarios públicos, denunciantes, querellantes o testigos de alegados actos de corrupción contra fondos y propiedad pública. De igual manera, está en manos de esta comisión una propuesta que regularía el tránsito de motocicletas en las ciudades principales del país.

En ese sentido, el representante de Santiago, quien tiene una amplia experiencia en el área judicial, ya que fue fiscal del Distrito Nacional y procurador general de la República señala que el Congreso se abocará en lo inmediato a establecer la metodología y logística que aplicará para enfrentar estos grandes retos que le impondrá la nueva Constitución, cuya proclamación estuvo pautada el 26 de enero.

población debe ser cuidadosa y valorar bien a favor de quién o quiénes emitirá su voto.

PRECAUCIÓN Domínguez Brito (PLD) fue enfático en precisar que aunquee la adecuación de la normativaa legislativa que exige la vigenciaa de la nueva Constitución se ininiciará ahora, el gran reto será de de los nuevos congresistas que se instalarán el 16 de agosto próxióximo, por lo que entiende quee la

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ÉTICA

Y PERIODISMO RAFAEL MOLINA MORILLO Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa

E

ran exactamente las 8 horas, 15 minutos y 17 segundos cuando las puertas del piso del avión Enola Gay se abrieron para dejar caer la primera bomba atómica de la Historia. Nadie que estuvo a un kilómetro a la redonda de donde cayó la bomba sobrevivió a la explosión. Todos los seres vivientes dentro de ese perímetro quedaron literalmente carbonizados. Ese 6 de agosto de 1945 en Hiroshima murieron más de 765 mil personas en una fracción de segundo. En aquel momento, mientras el avión viraba a la derecha huyendo de la explosión, el copiloto, capitán Robert Lewis exclamó horrorizado y arrepentido: “¡Oh, Dios mío! ¿Qué hemos hecho? ¡Hemos sembrado muerte y destrucción!”. En cambio, el capitán de la nave, comandante Tibbets, justificó su acción porque, según su criterio, cuando se está peleando en una guerra, para ganarla se deben usar todos los medios posibles. Como vemos, en la cabina del bombardero convivieron dos percepciones éticas tan distantes como las que constantemente se debaten en cualquier circunstancia en que hay dos o más personas, y de esa realidad no se excluye, por ejemplo, la sala de redacción de cualquier periódico o noticiero. ¿Qué está bien publicar o divulgar, y qué no está bien publicar o divulgar? El comandante Tibbets se apoyó en la naturaleza de la guerra y en la obligación de ganarla a cualquier costo; para él, lo correcto era poner fin a la guerra y salvar a la Humanidad, sin fijarse en el alto precio de vidas humanas que había que pagar. Pero para su copiloto ellos acababan de cometer un acto horrible e injustificable. En el ámbito periodístico también hay quienes defienden que es válido recurrir a cualquier estrategia para aumentar, digamos, la circulación o la sintonía, asumiendo, como en la

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Rafael Molina Morillo, director del periódico El Día; Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas; Lino Vásquez Sámuel, Comisionado de Justicia; Marino Vinicio Castillo, presidente del CNECC; Rafael Núñez, derector de Prensa de la Presidencia y Manuel Pérez Martínez, ex director ejecutivo del CNECC.

guerra, que es preciso a cualquier costo derrotar a la competencia para garantizar la supervivencia del medio. Como en la guerra – dicen quienes así piensantodo se vale. Pero éste no es el pensamiento de hombres como el capitán Lewis, que, olvidado de la guerra, concentró su pensamiento y su sensibilidad en las víctimas; como él, hay también periodistas capaces de intuir los efectos secundarios de una información sensacionalista, o las posibilidades de bien o de mal que abre una noticia, antes que los cálculos para ganar lectores o anunciantes. Estamos, pues, ante el desafío de poder diferenciar a un periodista ético de otro periodista no ético. Inicialmente debo precisar que en la vida real no se da este cuadro en blanco y negro, de buenos y malos, de lo ético y lo no ético; esa apariencia es el producto de un hecho, este sí real y existente en las salas de redacción y en la vida de los periodistas: la coexistencia de distintas sensibilidades frente a lo ético, como también las hay frente al arte, o al deporte, o a cualquier actividad humana. Existe, pues, un conflicto. Lo que hay que determinar es si hay posibilidades

de acercamientos y avenimientos entre las distintas concepciones.

un noticiero debiera causar más desvelos de los que realmente provoca.

El conflicto se explica por una visión de la ética considerada como una utopía; la visión del comandante Tibbets es tan realista y desprovista de utopías como la del periodista que busca el titular y la fotografía de portada que más vendan; Lewis con su invocación a Dios aparece tan utópico como otro tipo de periodista, el que en nombre de valores éticos, pone en duda el valor periodístico de la portada escogida simplemente para provocar mayor impacto en el lector. La utopía parece, pues, levantar trincheras y se convierte en un factor importante a la hora de asumir una carrrera en la vida. De ahí resulta que es conveniente formularnos, de entrada, una pregunta fundamental relacionada con la profesión o el oficio que cada uno ha escogido: ¿Para qué está un soldado, cuál es su papel en la vida?, se preguntarían en el avión que tiró la bomba atómica. ¿Para qué sirve un periodista, cuál es su rol en la sociedad?, nos preguntamos nosotros cuando surgen los dilemas éticos.

Los jóvenes periodistas que se inician en la carrera y todavía creen en la ética como camino hacia la excelencia profesional, se encuentran a veces con algunos colegas veteranos que, desencantados talvez porque su ejercicio profesional no han sido exitosos, les inculcan que deben “olvidarse de las utopías y de las normas éticas”, porque eso no conduce a nada, o peor todavía, “eso no paga” o “no deja”. Es, les dicen, un obstáculo para la eficiencia en el trabajo diario de un periódico.

El para qué de la guerra pudo haber desatado una discusión entre Lewis y Tibbets, pero ello no iba a pasar de ahí; pero el para qué de un periódico o de

Para algunos, la utopía es sinónimo de ilusión, de sueño divorciado de la realidad. De esas utopías, sostienen, está lleno el país de las maravillas de Alicia; utopías, para ellos, son los unicornios y los pegasos, o las ciudades de tira cómica congestionadas de torres de cristal y de transportes aéreos. Esas utopías, sostienen, son refugios de la imaginación y de la impotencia, refugios que enajenan e inactivan porque llenan la mente y la voluntad con el contraste brutal entre las limitaciones del ser humano y las cumbres empinadas de lo imposible, lo irrealizable y lo irracional.

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Lo ético, situado en esos escenarios aparece entonces como un obstáculo y como una distracción que le dan toda la razón al periodista frustrado. Pero la utopía de la ética se puede mirar también bajo otra luz y con otros ojos. Con los ojos de Tomás Moro, por ejemplo, cuando imaginó un espacio para la tolerancia, considerada como uno de los cimientos de una sociedad ideal a la que llamó, precisamente, Utopía. Según su etimología, esta palabra equivale a una ciudad que no existe porque, agrego yo, tiene que ser construida. La República de Platón fue eso, una utopía, porque no existía y tenía que ser construida como historicamente ha ocurrido con todas las democracias que se han alimentado de la utopía platónica. La aparición de la Utopía de Tomás Moro coincidió con otros hechos que demostraron que es muy sano que los hombres corran el riesgo de internarse en las aguas cenagosas de lo posible y que se rebelen contra la inmovilidad de lo real. Por esos años, Copérnico descubrió que la tierra no era el centro del universo, otra peligrosa utopía que sacudía una inmovilidad apoltronada en la lectura primitiva y acientífica de los textos bíblicos y en la incapacidad para explorar lo posible. Los navegantes utópicos también subvirtieron la idea intocable de Europa como centro de la tierra y movieron con las quillas de sus naves las agujas de la rosa de los vientos que presidía la cartografía del renacimiento. Más audaces, los reformistas desplazaron de su centro a Roma, hasta entonces punto de convergencia de todos los caminos de la cristiandad. Las utopías, señores y señoras, cambiaron y siguen cambiando al mundo. Son utopías dinámicas las constituciones de nuestros países, escritas, discutidas y aprobadas según la medida de las ambiciones colectivas. Casi todas ellas diseñan un estado social de derecho, repúblicas unitarias, democráticas, par-

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ticipativas y pluralistas, porque ese es el lenguaje de las utopías que hacen más humano al mundo. Relean los editoriales del primer número de los distintos periódicos del mundo y encontrarán que allí se formula la utopía del periódico. La revista Ahora se definió, en su primer número, el 15 de enero de 1962, como “órgano, exclusivamente, de la verdad” en todos los órdenes. En The Washington Post el objetivo es “la búsqueda intensa, responsable e imparcial de la verdad.” La Nación de Buenos Aires se presentó el 4 de enero de 1870 como “tribuna de doctrina”. El Comercio de Lima anunció el cuatro de mayo de 1839 que su servicio sería “comunicar los sucesos con la rapidez que exigen los negocios”. Y así podría seguir citando periódicos y revistas de todo el mundo que, desde su nacimiento, señalan su propia utopía. Todos ellos sentían y siguen sintiendo que la utopía es necesaria para que la historia no se estanque e inmovilice, y puesto que un periódico en cada edición moviliza y propone tareas nuevas fundidas en los hornos de sus utopías, debe vivir guiado e inspirado por ellas. La utopía pone en tela de juicio la racionalidad dominante, el patrón de pensamiento instalado en las conciencias y en las instituciones y proclama que el pensamiento, como la vida, si no se renueva, se muere. La utopía, al inspirar el cambio, induce una rebelión contra lo existente y muestra que lo real no está completo si no abarca lo posible: que el conocimiento no se limita a lo que muestran las luces de la razón porque existen, además, los horizontes anchos que revela la imaginación. Recuerden si no a Colón, no olviden a Pasteur, tengan presente a Von Braun, mirados al principio como imaginativos y soñadores y consagrados después, como los gigantes que impidieron que la humanidad se inmovilizara, hundida en el fondo de sus aguas el ancla de la razón. La utopía es esa vela poderosa que inflaman los vientos de la imaginación. Cuando en las redacciones de los pe-

riódicos se aclimata la utopía como en su ambiente propio es porque ella es un rechazo activo de la pasividad de los dogmatismos: es inconformidad permanente; es la convicción de que en la vida, por más altas que sean las metas alcanzadas, siempre se puede hacer más; es reconocer que la vida humana nunca está completa y que la ambición del hombre desborda los límites de todo lo real. Habrá quien me diga, a estas alturas, que rechazar las utopías de los periodistas soñadores no significa ser dogmático, ni temerle al progreso, ni a la ambición, ni al reto del futuro. Pero debemos estar claros en que si afirmamos que la ética es una utopía, no es porque ella sea un imposible soñado por ilusos, ni un dogma sostenido por fundamentalistas, sino un reclamo constante de excelencia y un impulso siempre renovado para ir más allá de lo que se acostumbra. La utopía ética grita en la conciencia que lo que se está haciendo es bueno, pero que puede ser mejor; no deja olvidar que hay otras formas más exigentes de hacer lo que siempre se ha hecho. Resistirse a la utopía de lo ético es dar por sabido que en la redacción todo se seguirá haciendo como siempre se ha hecho, porque no hay manera de mejorarlo; es aceptar, sin más, que está prohibido rebelarse contra lo mediocre, lo rutinario y lo indigno, que no se puede aspirar a la excelencia, que han alcanzado rango de virtudes la pasividad, la sumisión y la resignación. Como no puedo estar de acuerdo con esa tabla de intenciones, gris y mezquina, rechazo que un periodista piense, aunque sea por un instante, que “ hay que olvidarse de las utopías y de las normas éticas.” Al fin y al cabo, si al abrazar esta profesión, de ella a uno lo seducían su dignidad, su elevado papel en la sociedad, su influencia y su capacidad para inducir cambios en la historia común, y al


llegar a la redacción uno se encuentra con otras tareas y propósitos, es imperativo preguntarse entonces: ¿Qué soy yo como periodista? En el presunto choque entre un periodista ético y una realidad no ética, hay que tener en cuenta el factor de la identidad profesional. Escucho las voces múltiples de jóvenes colegas desconcertados por ese choque, cotejo con mis propios recuerdos y creo tener suficientes elementos para concluir que un periodista, mirado desde la perspectiva de un medio no ético, se describe como empleado de un órgano del poder político o del poder económico. En un periódico al servicio del poder, cual que sea, unos ocupan el trono, otros hacen parte de la corte y los demás se desdibujan dentro de una masa gris. Todo está dirigido dentro de esa estructura a mantener y fortalecer el poder y a obtener beneficios de su uso. El periodismo ha llegado muy cerca de ser tenido como un negocio más, que sólo responde por su interés. Desde que William Allen White, en la primera mitad del siglo XX describió un tipo de periodismo “que no acepta obligaciones sociales porque sólo aspira a ganancias pecuniarias”, el mal no se ha detenido sino que ha seguido avanzando en un proceso de desdibujamiento progresivo de la identidad profesional. Asombraba al filósofo español, Julián Marías “la proporción del espacio dedicado a crímenes, formas decadentes de conducta y flecos demenciales, y la manera desorbitada de hablar del deporte,” porque es lo que el público pide, no lo que necesita. Según el mismo Marías, la prensa “necesitaría valores positivos: amistad, paz, inteligencia, producción literaria y científica, temas sobre los que se siente un silencio sistemático”. Exagera ciertamente, pero la percepción del lector es que predomina en los medios el culto de los poderosos, los ricos y los famosos, de modo que hacer la

definición de un periodista es un ejercicio que bordea peligrosamente cerca de la imagen de alguien que está en cacería permanente, de lo que quieran decir peloteros, cantantes, actores y estrellas de televisión, o los personajes de la crónica roja. De esa distorsión de la naturaleza de los medios resulta un periodista perplejo respecto de su identidad; ¿Qué es, entonces, un periodista? ¿Un relacionista público, acaso, al servicio de un partido, de un político o del empresario dueño del anuncio publicitario? ¿O es un vendedor de publicidad en medios que le pagan con el porcentaje de las ventas? ¿O un simple escribano que recoge palabra por palabra lo que dicen las fuentes que le asignan? ¿O un agente chantajista de un poder que amenaza a quienes no se pliegan a sus exigencias e imposiciones? ¿O un recolector de rumores que el medio se encarga de convertir en noticias con sólo divulgarlos? ¿O un modesto redactor de gacetillas con que se pagan, se demandan o se exigen favores? Podría agregar más y más preguntas que son las que hoy se hacen en un silencio indignado de frustración, los periodistas que creyeron tener el cielo entre las manos el día en que obtuvieron su primer empleo como redactores y que luego, ante la realidad del trabajo diario, vieron como el cielo se les deshacía como agua que se escurre entre los dedos, hasta quedar convencidos de que era demasiado tarde para desembarazarse del maldito oficio. Es verdad que un periódico o un noticiero son negocios, pero no cualquier clase de negocios. Allí no todo está en venta y la ganancia es un objetivo subordinado, no el principal como en todos los negocios. Los periódicos de éxito son los que no permiten que los negocios invadan la arena editorial. Pero si un periódico quiere ofrecer buen periodismo, tiene que triunfar como negocio. Las ganancias no son incompatibles con el buen periodismo. La diferencia con cualquiera

empresa es clara: la primera prioridad es hacer buen periodismo, la segunda, mantener una empresa económicamente sólida para que se pueda hacer buen periodismo. La experiencia de los mejores gerentes indica que lo uno conduce a lo otro, en un círculo virtuoso: el buen periodismo produce ganancias y estas, a su vez, permiten hacer un buen periodismo. Lo que resultaría equivocado ética y empresarialmente sería manejar el periódico con criterios de avaro y en vez de canalizar las ganancias al buen periodismo, desviarlas y congerlarlas en el bolsillo de los empresarios; o manejar el periódico con los mismos objetivos de cualquier otra empresa. Tratar un periódico como un bien de producción más, puede ser devastador para la calidad de su periodismo. Prohibe ese equivocado tratamiento, entre otras, la calidad de la materia prima que se maneja en un periódico. En las otras empresas las materias primas se manejan con un criterio técnico y de ganancia. Son elementos sobre los que el propietario o los accionistas tienen pleno dominio. No sucede así con esta materia prima de los periódicos que es la historia que toda la sociedad hace todos los días. Es un bien social que no se puede manejar a capricho y por el que debe responderse a toda la sociedad. Pero si no es un negocio como los demás, ¿cuál es su fisonomía específica y su papel en la sociedad? Las respuestas a esta pregunta son variadas y no siempre acertadas. El medio de comunicación puede asumir la función de vocero del poder, como pretendieron los reyes que monopolizaron en la Francia anterior a la revolución francesa el derecho de informar; como se proponen hacerlo todos los dictadores, como resultan haciéndolo todos los gobernantes autoritarios y temerosos de la opinión pública. Prestar oidos solamente a las voces del poder, asumir la defen-

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sa de lo oficial, con razón o sin ella, como contraprestación a la generosa pauta de anuncios del gobierno y como seguro de supervivencia, no es ético ni técnico porque toda acción oficial destinada a ejercer dominio sobre los medios es una usurpación de un derecho ajeno. Los medios, por su naturaleza, están hechos para potenciar la palabra de la sociedad, y si alguna vez sirven a los poderes es cuando estos aparecen, sin duda alguna, al servicio de la sociedad. Este hecho da lugar para hacer esta propuesta: fundar el acercamiento entre los miembros de una redacción en el propósito común de hacer el mejor periódico posible, un objetivo que conviene a todos porque de la publicación de un buen producto informativo deriva ganancia para todos. Un buen periódico es, a grandes rasgos, el que el lector considera indispensable para su información diaria, distinto del que se mira con curiosidad y de paso, por el escándalo que vocea, pero que es prescindible. Ese periódico tiene éxito momentáneo, aquél tiene imagen sólida y duradera. Pero hacer un buen periódico es una tarea infinitamente más compleja que hacer buenos automóviles, computadores, zapatos o empanadas. Afirmación que nos revela una clave para superar el conflicto: entender en qué consiste un buen periódico y trabajar alrededor de ese propósito. Los diarios que han aceptado esa concepción del buen periódico, ante la complejidad de los elementos necesarios para alcanzar ese ambicioso objetivo, han revisado su estructura interna en busca de una que permita optimizar el recurso humano. Por ese camino se ha llegado al desmonte de una estructura autoritaria y vertical, tradicional en algunos medios, y a la adopción de un esquema horizontal y de participación de toda la redacción.

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La estructura tradicional, jerarquizada y autoritaria, parte del supuesto de que el poder lo es todo y, por consiguiente, la capacidad de iniciativa y de crítica se concentran en una minoría que, generalmente, mira más a los intereses de la empresa y pierde de vista los de la sociedad. Además, dentro de ese esquema, se utilizan el talento y la creatividad del grupo ubicado en los cargos de dirección. Los demás se tienen en cuenta a la hora de obedecer las órdenes. Una reingeniería empresarial está aconsejando en los periódicos la adopción de un esquema horizontal de participación democrática de toda la redacción, que permita aprovechar el potencial de todos para la elaboración de agenda, para la autocrítica y para el hallazgo y realización de las mejores propuestas creativas. Se complementa la propuesta anterior con la de una práctica que hoy está renovando la vida de los mejores periódicos en el mundo: su interactividad con los lectores. Un examen de los vicios de que se acusa reiteradamente a periodistas y medios, revela que, en parte, se deben al aislamiento autosuficiente de estas empresas, en riesgo permanente de dogmatismo, autoritariasmo y autosatisfacción. La voz del lector agrieta dogmas y le baja el tono a la suficiencia autocrática de medios y periodistas, con una consecuencia benéfica: un acercamiento a la clientela, mucho más efectivo que las fórmulas publicitarias y de relaciones públicas. De ese acercamiento resulta otro hecho que inspira una nueva propuesta: la operación de mecanismos de autocrítica. Si la autocrítica se mira como un mecanismo para conocer mejor la realidad, es evidente que coincide con la manera de ser de periódicos y periodistas que, por definición, buscan y no le temen a la verdad. La autocrítica conduce a lo ético, que es el resultado de una exploración sobre

la naturaleza humana, y esa indagación nunca termina. Un diálogo ético es el instrumento para esa búsqueda que siempre enriquece porque aporta cada vez nuevos conocimientos sobre la naturaleza humana y sobre la profesión. Estas reflexiones finales me permiten llegar a una conclusión, que es el punto por donde debí comenzar y es que cuando se registra un choque entre la visión ética de un periodista frente a una sociedad o un medio no ético, el problema no es de ética versus no ética, sino de dogmatismos. Dos dogmáticos enfrentados siempre chocan y generan un incendio que no ilumina, pero sí quema y destruye. La luz de los valores éticos no resulta de los choques, sino de la serena e inteligente puesta en común de pensamientos y experiencias. Cuando Aristóteles definía la ética como un saber práctico, descartaba cualquier predominio de teorías y por supuesto el uso de trampas retóricas y verbales, y reafirmaba su fe en el poder persuasor de los hechos. Es el examen de los hechos, es la sabiduría que dejan como remanente las experiencias vividas, es la lectura de los propios errores que, como las cicatrices en el cuerpo del guerrero, se pueden deletrear como huellas y conocimientos que dejó la vida. Son esos los caminos por donde se llega a la percepción de lo ético. Coinciden la retórica y la expresión de los mejores en afirmar que esta, la del periodismo, es la más bella de las profesiones; también tendremos que concluir que es la más bella porque es la más exigente y porque en ella no hay cabida para la mediocridad, ni para la resignación, ni para la vulgaridad. Por el contrario, es el campo propicio para las utopías y los idealismos de esa porción de la humanidad que vive convencida de que con la palabra sana, honesta y sincera, se puede construir un mundo mejor. ¡Muchas gracias!


NOTICIAS

PRESIDENTE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Resalta credibilidad Ministerio Público de República Dominicana El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), doctor Jorge Subero Isa, resaltó el desarrollo que experimenta el Ministerio Público del país, el cual, declaró, ha alcanzado un nivel de profesionalización, institucionalidad y credibilidad nunca antes registrado en la República Dominicana. Proclamó que los dominicanos deben sentirse orgullosos del avance que experimenta el Ministerio Público, al tiempo de precisar que es la institución del país que ha logrado mayor desarrollo en los últimos años. Manifestó “hemos sido testigos de ese avance y yo felicito al procurador Radhamés Jiménez por la gran labor que viene realizando desde que asumió la dirección de esa institución. El presidente de la SCJ produjo sus declaraciones al depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, con motivo de los actos conmemorativos del Día del Poder Judicial. En el homenaje a los Padres de la Patria, que también estuvo encabezado, junto a Subero Isa, por el procurador general de la República, participaron también, funcionarios y empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Jorge Subero Isa al pronunciar su discurso en ocasión de la celebración del Día del Poder Judicial. El presidente Leonel Fernández escucha la alocución.

El presidente de la SCJ dijo que el Poder Judicial se siente orgulloso del papel que ha desempañado, pero sobre todo del grado de credibilidad que tiene en la ciudadanía junto al Ministerio Público. “En la República Dominicana ha nacido un nuevo Ministerio Público y gracias a la labor combinada con el Poder Judicial, las cárceles del país no son un monopolio”, ya que cualquier persona que viola la

ley es castigada y recibe los cargos que corresponden a cada delito. Los actos de celebración del Día del Poder Judicial incluyeron, además de la ofrenda floral, una misa en la Iglesia La Paz, y culminaron con la Audiencia Solemne en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, encabezada por el presidente de la República, Leonel Fernández.

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NOTICIAS

JUECES

DE DISTINTAS JURISDICCIONES aÀrman Sistema Penitenciario experimenta cambio radical

Valoran aportes del Comisionado de Justicia para la educación y humanización de los centros de rehabilitación. VISITARON LOS CENTROS DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE MOCA Y SANTIAGO Jueces de distintas jurisdicciones del país calificaron de impresionantes los avances y el cambio radical que vive el nuevo modelo penitenciario dominicano, del cual afirman, ofrece un trato humano, buena orientación, educación y bibliotecas a los internos e internas, lo

RREFORMA EFOORM RMA JU RMA JUDICIAL UDI DICI CIAL CIAL AL 4444 RE

que permitirá una verdadera rehabilitación de las personas privadas de libertad.

persona y más cuando se encuentra privada de libertad.

Valoraron como positivo y de gran ayuda para los internos la instalación de bibliotecas en cada uno de los centros de rehabilitación, tras precisar que la lectura es vital para el desarrollo de cualquier

Elogiaron la visión del Comisionado de Justicia de inaugurar bibliotecas en los recintos dentro del Nuevo Modelo Penitenciario y dotarlas de libros para uso de los internos.


NOTICIAS Los magistrados externaron su parecerr sobre el Nuevo Modelo de Gestión Pe-nitenciaria y del programa “Dona Liber-tad”, que auspicia el Comisionado de Justicia, tras concluir un recorrido junto al procurador general Radhamés Jimé-nez Peña; Roberto Santana, director de la de la Escuela Nacional Penitenciaria, el comisionado de Justicia, Lino Vásquezz Sámuel, entre otras autoridades, por los centros de corrección y rehabilitación La Isleta, de Moca, y Rafey Femenino y de Hombres, de Santiago. Los representantes del Poder Judicial co-incidieron en que se vive un cambio ra-dical en el nuevo sistema penitenciario, que debería ser implementado en todo el país a la mayor brevedad. En la actua-lidad existen 12 centros de corrección y rehabilitación en el país. Los magistrados que recorrieron y observaron el nuevo modelo penitenciario pertenecen a las jurisdicciones del Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y Valverde, felicitaron al procurador Jiménez Peña luego de observar el manejo de los recintos. Destacaron, además, que la humanización, higiene, buen trato, capacitación y asistencia que se brinda a los internos e internas representa un hecho sin pre-

cedentes en la administración de justicia del país.

quier circunstancia deban ser privadas de su libertad.

“La verdad es que estamos sorprendidos al ver la atención humanizante que se brinda a las personas privadas de libertad. Es un verdadero cambio radical, que esperamos sea implementado en todo el país”, afirmó el magistrado Ignacio Camacho, presidente de la Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

En tanto, la juez Esther Agelán, de la Sala Penal del DN, dijo que está impresionada con el proceso de reforma y de lo mucho que se ha avanzado en tan poco tiempo, dando por garantizado que desde los centros se devolverá a la sociedad personas rehabilitadas.

Dijo, además, que a nadie le quepa la menor duda de que hay un futuro promisorio para las personas que por cual-

Destacó, también, la higiene y organización, así como la infraestructura de los nuevos recintos. De su lado, el juez de Ejecución de la Pena de la provincia Santo Domingo, Rafael Báez, dijo que está convencido de que el nuevo modelo penitenciario ha transformado la vida de los internos, debido a que en esos centros se respetan los derechos humanos y los acuerdos internacionales. El juez Eduardo Sánchez Ortíz, de la Cuarta Sala, felicitó a la Procuraduría General de la República por la atención y el interés mostrado en la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Dijo que es la sociedad, en sentido general, la que saldrá beneficiada del gran aporte del nuevo sistema. Mientras que el magistrado Saulo Isa-

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NOTICIAS

bel Díaz, juez de Ejecución de la Pena del DN, reconoció que se ha avanzado bastante y está seguro que se logrará el objetivo de rehabilitar a las personas privadas de libertad. Otros jueces que participaron en el recorrido, fueron: Modesto Martínez, de la Sala Penal; Eduardo Sánchez Ortíz, de la Cuarta Sala; Manuel del Socorro Pérez García, de la Corte de Apelación; Dory Pujols, de la Corte Penal del DN, y Mariana Danneira García, jueza de la novena sala. Del Cibao, participaron los jueces: Rubén Darío Uceta, Luis Nobel Gómez, Juan Antonio Reyes y Henry Liberato. En el recorrido, el procurador Jiménez Peña mostró a los jueces de las jurisdicciones penal y civil las actividades productivas y multidisciplinarias que desarrollan dentro del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria para la rehabilitación y reinserción social de los internos, el staff de profesionales que le ofrece asistencia, así como los nuevos Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTPs), egresados de la Escuela Nacional

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Penitenciaria y quienes están encargados de la custodia de los nuevos centros.

COMISIONADO

madamente un treinta por ciento. La media internacional de reincidencia se estima en un cuarenta a un cincuenta por ciento.

De su lado, el comisionado para la Reforma y Modenización de la Justicia, Vásquez Samuel, mostró satisfacción al ver la impresión que tenían los jueces del proyecto ejecutado por la Procuraduría General de la República para humanizar los Centros de Corrección y Rehabilitación del país.

VISITA DE JUECES

Destacó que el nuevo modelo presenta una tasa de reincidencia que oscila entre un tres a diez por ciento en contraste con el modelo tradicional, de aproxi-

Al final del recorrido, a los visitantes le fue ofrecida una presentación artística a cargo de grupos teatrales y artísticos de los centros.

El procurador Jiménez Peña resaltó la importancia de que las autoridades de la judicatura tengan mayor conocimiento de la reforma carcelaria con visión humanista que implantan en el país.


NOTICIAS RECTOR JOHN JAY COLLEGE

Elogia aportes del Comisionado de Justicia Najayo, San Cristóbal.-El rector de la Universidad John Jay College Of Criminal Justice, Jeremy Travis, elogió la iniciativa del Comisionado de Justicia de instalar bibliotecas en los centros de corrección y rehabilitación que operan en el país. La apreciación del rector de John Jay College Of Criminal Justice fue externada tras recorrer, el Centro de Corrección y Rehabilitación Femenino Najayo, donde observó a decenas de internas inmersas en la lectura. A juicio del catedrático estadounidense la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria, incluyendo las bibliotecas, es de incalculable valor para la reinserción de las personas a la sociedad. Travis visitó el Centro de Corrección y Rehabilitación Femenino Najayo, para la implementación del Nuevo Modelo Penitenciario que ejecuta la Procuraduría General de la República. El catedrático, quien recorrió cada una de las áreas del Centro en compañía del procurador Jiménez Peña y Roberto Santana, director de la Escuela Nacional Penitenciaria y coordinador del Nuevo Modelo Penitenciario, mostró satisfacción al ver todas las facilidades de que disponen las internas para su rehabilitación. Travis dijo que es alentador ver cómo el personal de custodia y administrativo del Centro realiza sus funciones,

resaltando los valores éticos y morales, que a fin de cuentas, impactarán de manera positiva en la rehabilitación de las internas. Destacó que, gracias a la implementación del Nuevo Modelo y el acceso a la lectura, las internas regresarán a la sociedad como personas de bien y podrán ser entes productivos. Acompañaron al catedrático, los profesores José Luis Morín y Lawrence Kobilinsky, y el embajador de las Naciones Unidas y profesor de la Universidad Fordham de Nueva York, Juan Ávila, quienes

también dijeron estar complacidos con el funcionamiento del Centro. Sostuvo que el Nuevo Modelo es un proyecto emocionante que cambia de principio a fin la filosofía de lo que es el sistema penitenciario, tras admitir que se sorprendió al ver los avances alcanzados por la República Dominicana en materia penitenciaria. Dijo, además, que el John Jay College tiene gran interés en cooperar con el país, a los fines de que siga fortaleciendo el sistema penitenciario.

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Experta chilena aboga por implementaci贸n programas educativos y campa帽as sensibilizaci贸n para prevenir abusos y maltratos a mujeres y menores

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La directora del Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato de Chile, Ana María Aron abogó por la implementación de campañas de sensibilización y educación a nivel preescolar, como parte de una serie de medidas que permitirían reducir los abusos y maltratos hacía niños, niñas, adolescentes y mujeres. Entiende que los niños y mujeres ocupan una posición de mayor debilidad al interior de la familia, por lo que se debe reforzar las acciones para su protección. “Es decir, en primer lugar campañas de sensibilización que nos permitan seguir ignorando este tipo de problemas y en segundo lugar educación a nivel preescolar, y de las instituciones formadores de operadores de educación”, precisó la experta internacional. Entiende, además, que la educación en los sectores de Salud y de Justicia es vital, “ya que es donde muchas veces se perpetúan los sistemas abusivos”. Plantea también cambios en el nivel legislativo que aseguren la, protección a quienes denuncian ser víctimas de abusos y maltratos. Sostiene que para esto debe existir una red institucional que acoja a quienes denuncian y piden ayuda. “Si esto no existe, el problema simplemente se invisibilizará de nuevo”, advirtió la experta chilena, entrevistada en ocasión de visitar el país invitada por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia.

FUNCIONAMIENTO CENTRO DE ESTUDIOS Al explicar el alcance de la institución que dirige en Chile, Aron destacó que la misión del Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato es impulsar un cambio cultural, para que se registre un trato adecuado a las personas más débiles y vulnerables en la familia a través de programas de formación de los distintos

Ana María Aron a¿rma agotamiento laboral puede generar violencia intrafamiliar.

operadores sociales en Educación, en Salud, en Justicia y en la comunidad en general. “Uno de nuestros logros más importante ha sido el Diplomado en línea de Educación para un Buen Trato. Este programa nos permitió llegar a todos los jardines infantiles (educación pre-escolar) de extrema pobreza en Chile”, precisó.

Explicó que el Diplomado fue dirigido a Educadoras preescolares de la JUNJI (institución que se ocupa de la educación preescolar desde el Estado en Chile) . Destacó, además, que con anterioridad se había trabajado en las mismas temáticas con la Fundación Integra (Fundación que tiene una labor similar a la JUNJI).

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y aparecen los primeros programas institucionalizados de atención a mujeres y a niños con maltratos. “Con anterioridad a la implementación de ese servicio, las víctimas eran atendidas por ONG”, indicó.

CULTURA PATRIARCAL PERMEA VIDA FAMILIAR Al ser consultada sobre los factores que influyen en el comportamiento humano que les induce a ser víctimas sociales, abordó el tema desde el modelo ecológico, el cual dijo plantea distintos niveles de análisis. Sostiene, en base a su percepción, que el comportamiento de las personas, tanto de las víctimas como de los victimarios, es sólo un nivel de análisis y no el más importante, y agrega que el factor más importante es la Cultura Patriarcal “en la que estamos insertos y que permea tanto la vida familiar como la vida de las instituciones. “Este programa se enmarca en una política pública dirigida a establecer la equidad desde la cuna”, apuntó. Explicó que ese programa tiene el interés adicional de haber sido financiado por el Ministerio del Interior de Chile en la línea de las políticas públicas para combatir la delincuencia, entre cuyos ejes más importantes están la prevención y la educación. “Otro de los logros importantes de nuestro centro ha sido el de instalar en el discurso público el tema del desgaste profesional y la necesidad del cuidado de los equipos”, agregó. Dijo que el Centro de Buen Trato de Chile no se ocupa directamente de protección a víctimas, sino que trabaja con los equipos que están a cargo de esa función, del primer apoyo y de la reparación.

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Explicó que en estos equipos es fundamental el manejo de modelos teóricos que permitan conceptualizar el fenómeno de la violencia en su perspectiva más amplia. También, el manejo de modelos prácticos de intervención en crisis, tanto individual como familiar y grupal, así como manejo teórico-práctico de reparación a víctimas, y de los conceptos de desgaste profesional, autocuidado y cuidado de los equipos.

ORIGEN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CHILE Narró que a partir de la recuperación de la Democracia (1990) que aparece en Chile la violencia en la familia como un problema de salud pública. Dijo que ante esa situación se crea el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)

Dijo que la existencia de jerarquías de poder rígido en los ámbitos sociales, institucionales y familiares, es el escenario en que se gestan los abusos de poder que resultan en violencia de distintos tipos.

AGOTAMIENTO LABORAL OCASIONA VIOLENCIA POR ESTRÉS Aron afirmó que el desgaste profesional y el agotamiento influyen ya que los altos niveles de estrés proporcionan irritabilidad y pueden generar lo que se ha denominado “violencia por estrés”. Sin embargo, explicó que este tipo de violencia se da al interior de sistemas abusivos o tolerantes con la existencia del abuso: lo silencian, lo justifican, y muchas veces sindican a la víctima como culpable de las agresiones recibidas.


CARMJ y CEJNNA Auspician Jornada Inseguridad Ciudadana, Justicia Penal de la Persona Adolescente: Mitos y Realidades La Comisión para la Ejecución de la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes y el Comisionado de Justicia, en coordinación con UNICEF y FUNGLODE, celebraron el foro: “Inseguridad Ciudadana. Justicia Penal de la Persona Adolescente: Mitos y Realidades”, con la finalidad de reflexionar en torno al Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 136-03. El Foro contó con la participación de destacados panelistas locales e internacionales con el objetivo de tocar temas especializados sobre las diversas propuestas públicas y comunicacionales de reformar la Ley 136-03 en los aspectos relacionados con el sistema penal de responsabilidad de la persona adolescente y la ley sobre pandillas. Además, identificar propuestas sobre la importancia de las normas internacionales en materia de justicia penal de la persona adolescente y acciones positivas de política pública en la disminución de la criminalidad desde una perspectiva de los derechos humanos y, en particular, de la doctrina de protección integral de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). El comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, en su calidad de director ejecutivo de la CEJNNA dijo que, entre los puntos específicos, se destacan la identificación de las causas verdaderas sobre la problemática penal juvenil y sus soluciones, así como conocer la expe-

Marco Herrera, director ejecutivo de FUNGLODE, Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia y Francoise Gru Loos-Ackemans, representante de UNICEF en República Dominicana.

riencia internacional y los argumentos de diversos sectores frente a las propuestas de aumento de penas, disminución de la mayoridad y ley de pandillas.

Las exposiciones estuvieron a cargo de

“Las conclusiones de este foro incidirán en los medios de comunicación e instituciones públicas y privadas sobre la importancia de conservar las normas y principios de derechos humanos en el tratamiento de la delincuencia en general, y de la persona adolescente en particular”, sostuvo Vásquez Sámuel.

de Venezuela, y el magistrado Juan Aní-

Entre los temas a tratar se citan: Pandillas y Maras: La Experiencia Internacional en el Contexto de la Legislación y los Derechos de los Adolescente; La Visión y Manejo Mediático sobre la Justicia Penal de la Persona Adolescente; Reformas Legales sobre Justicia Penal de la Persona Adolescente y Ley de Pandillas; Derechos Humanos y Justicia Penal de la Persona Adolescente.

de FUNGLODE, contó con la modera-

la Salvadoreña Karla de Varela, la comunicadora dominicana, Patricia Solano, el doctor Yuri Emilio Buaiz Varela, consultor bal Rodríguez, Juez de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, quienes tendrán la responsabilidad de ofrecer sus puntos de vista, según las experiencias y normas de su país. La actividad, desarrollada en el auditorio ción del doctor Guillermo Moreno y la asistencia de representantes de la Iglesia, medios de comunicación, instituciones públicas y privadas, ONG, así como autoridades gubernamentales adscritas al sector justicia en la República Dominicana y de los organismos internacionales invitados al mismo.

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El comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, junto a la experta en justicia penal, Annette Pearson, quien visitó el país invitada por el CARMJ.

Annette Pearson aboga por integración familiar y mayor educación para prevenir violencia intrafamiliar

U

na experta internacional en justicia penal y criminología, con experiencia de trabajo en Colombia y Guatemala, aseguró que la aplicación de sanciones no solucionará el problema por el que atraviesan las víctimas de violencia intrafamiliar, tras afirmar que la justicia debe ser parte de un engranaje integral, donde la salud, la educación y el trabajo son elementos vitales. La profesora Annette Pearson, quien se mostró contraria a la conciliación en este tipo de casos, planteó la necesidad de “desjusticializar” el tema

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“Al igual que yo, hay muchas personas que piensan que la solución del problema de violencia intrafamiliar no esta en lograr que el juez imponga más años de cárcel al culpable, sino en trabajar por mayor educación, salud y desarrollo personal de las personas”, precisó. Sustentó su propuesta en que tanto las mujeres como los hombres víctimas de violencia enfrentan grandes obstáculos para iniciar y terminar un proceso. Para la experta internacional lo ideal sería que antes de una mujer iniciar un proceso judicial esté consiente de que quiere vivir una vida sin violencia entre ellas y sus hijos. Reconoció que lamentablemente en la República Dominicana y otras naciones del área se aceptan los hogares con altos niveles de violencia como algo normal y casi necesario. “Hay que empezar por orientar a las parejas de que se puede vivir sin tener que maltratarse y de que la violencia no es permitida”, dijo. Dijo que para cambiar esa cultura se debe empezar a educar a los jóvenes sobre la necesidad de vivir sin violencia. Sostuvo que, en ocasiones, los padres muestran un comportamiento en público y otro en el seno del hogar.

de la violencia contra las mujeres, “no para quitarle a la justicia el panorama de las instituciones que deben atender”, sino para que las víctimas tengan la oportunidad de otras atenciones que complementen a la justicia y que le permitan ser más fuertes para soportar el proceso. “La justicia es necesaria, pero no es suficiente para resolver el problema, se requiere de mayores niveles de educación para la vida, especialmente en cuanto las relaciones interpesonales no violentas, lo cual empieza por la familia”, precisó la experta internacional, nacida en Nueva Zelanda. “Siendo realistas, la justicia es un anuncio, una sanción social, que es importante mantener, pero hay que trabajar para que sea parte de una gama de medidas para enfrentar la situación”, dijo. Sostuvo que la justicia puede actuar de manera casi perfecta contra los responsables de cometer actos de violencia intrafamiliar, y no se resolverá el problema, debido a que sólo entra y conoce ciertos incidentes cuando son denunciados por los afectados.

Abogada con postgrado en Criminología, que incluyó especialidades en Sociología y Psicología del Crimen y el Criminal, Sistema de Justicia Penal y Penología, Metodología de Técnicas de Investigación Social. Especialista en Justicia Restaurativa. Como profesional se ha desempeñado a nivel internacional en el campo de Justicia e Investigación Sociojurídica.

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Con auspicio del CARMJ y FINJUS

Crean Instituto Dominicano de Derecho Procesal

Personalidades que encabezaron el acto que dejó en funcionamiento el Instituto Dominicano de Derecho Procesal.

Con el auspicio del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), fue presentado a la comunidad jurídica nacional el Instituto Dominicano de Derecho Procesal, institución científica que tendrá la responsabilidad de promover el estudio, la investigación, el desarrollo, el perfeccionamiento y la divulgación del derecho procesal penal. El acto, celebrado en el Salón de Conferencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, contó con la participación del procesalista chileno, Raúl Tavolari, pre-

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sidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, quien presentó la conferencia magistral “Nuevas Tendencias del Derecho Procesal Iberoamericano”. La mesa de honor estuvo formada por el doctor César Pina Toribio, presidente de la Comisión Nacional para la Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ) y ministro de la Presidencia; el doctor Carlos Morales Troncoso, ministro de Relaciones Exteriores; el doctor Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia; el doctor Radhamés Jiménez Peña, procurador general de la República; el doctor José

Alberto Cruceta, presidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal; el doctor Fernando Martínez Mejía, director ejecutivo del Instituto Dominicano de Derecho Procesal. Asimismo, el doctor Lino Vásquez Sámuel, Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ); el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el doctor Raúl Tavolari Oliveros, procesalista chileno y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.


Dijo que, del mismo modo, se creará una biblioteca especializada en Derecho Procesal que funcionará en la sede del Instituto y publicará una revista que será su órgano publicitario oficial, así como también la publicación de cualesquiera otros órganos de divulgación o de libros relacionados con su objeto. De su lado, el doctor Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia, destacó la honra de poder integrar la presentación de un organismo que luche por fortalecer la profesión del Derecho y la profesionalidad de todos los abogados del país.

El ¿scal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso y el presidente de la DNCD, mayor general Rolando Rosado Mateo, encabezaron el nutrido grupo de personalidades que asistieron al acto.

Durante su discurso, el doctor José Alberto Cruceta, presidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal, explicó que el organismo tiene la misión de propiciar y promover el estudio, la divulgación, el perfeccionamiento y el desarrollo del Derecho Procesal en general, especialmente el Derecho Procesal dominicano.

También tendrá la misión de llevar a cabo un estudio histórico relativo a la evolución del Derecho Procesal dominicano, promoverá y coordinará conversatorios, congresos, seminarios y reuniones científicas, nacionales o internacionales, para el estudio, consideración y discusión del tema.

El Instituto está dirigido por una Comisión Ejecutiva integrada por José Alberto Cruceta, presidente; el doctor Mariano Germán Mejía, vicepresidente; el doctor Fernando Martínez Mejía, director ejecutivo; el doctor Sergio Germán Medrano, director académico; el doctor Justiniano Montero, director de Asuntos Internacionales; y el doctor Samuel Arias Arzeno, tesorero. El Instituto Dominicano de Derecho Procesal está ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart No.68, 2do. Piso, Ensanche Naco, Distrito Nacional.

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Internas CCR Najayo-Mujeres afirman lectura ha cambiado sus vidas

Ponderan del Comisionado de Justicia apertura bibliotecas en Centros Rehabilitación

Tras ser detenida he logrado superar la situación gracias a la lectura y comprender las razones por las que mis padres me pedían cada día que estudiara .

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“Para las personas que están afuera (en libertad) nosotras estamos pasando trabajo, pero la realidad es que el tiempo que hemos pasado bajo el sistema penitenciario ha sido de vital importancia en nuestras vidas, y todo gracias a la lectura y la iniciativa del Comisionado de Justicia que donó y equipó la biblioteca”, afirmaron decenas de internas del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. En este centro de corrección y rehabilita-


ción, al igual que en otros 11 instalados en el país, existe un espacio para la reflexión y cultivar el intelecto. La interna Belkis Lozano, encargada de la biblioteca, narró que gracias al aporte del comisionado de Justicia, Lino Vásquez Sámuel, la paz espiritual llegó a ese centro, donde la lectura es parte vital en su rehabilitación. Explicó que brinda el servicio de orientación en la biblioteca a las demás internas junto a Johanny Castro y Janet Contreras, quienes tienen la misión de motivar cada día a otras compañeras para que se integren al club de lectoras.

LIBROS MÁS BUSCADOS Admiten que los libros más buscados son los relacionados con historias de amor, ya que entienden, mantiene viva la pasión. También tienen mucha demanda los libros sobre leyes y autoayuda, ya que tienen la esperanza de aprender a defenderse de los abogados que pretenden timarlas y superar las adversidades.

QUÉ NECESITAN Las internas mostraron interés por tener a su alcance obras de los fenecidos líderes profesor Juan Bosch y doctor Joaquín Balaguer, así como de otros escrito-

res dominicanos, para así conocer más la historia del país.

las que sus padres les pedían cada día que estudiara.

En tanto, Oscarina Carlok relató que a diario se reúne un grupo de internas a discutir sobre los libros que han leído, tratando en cada caso de buscar los aspectos positivos, la enseñanza y en qué les sirva para cuando regresen a la sociedad.

Admitió que luego de integrarse al club de lectoras ha logrado adaptarse a la vida dentro del centro, ya que mantiene la mente en asuntos positivos y aprendiendo sobre diversos aspectos de la vida que eran desconocidos para ella.

Mientras que una interna que nació y vivió en Nueva York, cuyo nombre pidió no divulgar, afirmó que tras ser detenida ha logrado superar la situación gracias a la lectura y comprender las razones por

AGRADECEN A CUSTODIAS Y DIRECCIÓN DEL CENTRO Las internas elogiaron el trato humano y de respeto a sus derechos que a diario les brinda el personal de custodia del centro, dándoles las facilidades para que adquieran nuevos conocimientos.

RECONOCEN APORTE La labor del Comisionado de Justicia a favor del Nuevo Modelo Penitenciario ha sido elogiada por distintos sectores, instituciones y organismos internacionales, así como por los internos e internas que cumplen sus penas en los 12 centros donde se han inaugurado bibliotecas. Tal es el caso de los internos del centro San Felipe, de Puerto Plata, quienes entregaron un reconocimiento al doctor Vásquez Sámuel, por haber gestionado una biblioteca y dotarla de cientos de libros.

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Raúl Tavolari

recomienda prudencia ante eventuales cambios reforma El presidente del Instituto de Derecho Procesal Iberoamericano, profesor Raúl Tavolari, advirtió sobre la consecuencia que acarrearía para los países latinoamericanos un cambio abrupto en la reforma procesal global, y dijo que eso no sería solo injusto, sino tremendamente deficiente. “Un abrupto cambio de las reglas del juego no sólo es injusto, sino tremendamente indeficiente”, recalcó Tavolari, al dictar la conferencia titulada “Tendencias Actuales del Proceso Civil Latinoamericano”, en un hotel de la Capital. El presidente del Instituto de Derecho Procesal Iberoamericano visitó el país invitado por el Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia. Recomendó a los que trabajan en los procesos de reforma cuidarse de los términos del debate, “guardarse” de las descalificaciones y que los bandos no se atribuyan intereses mezquinos y subalternos. “Si no se dispensan recíproco respeto, ¿cómo se hace una reforma procesal global?. Nadie puede, seriamente, dar lo que Dworkin llama la única respuesta correcta”, observó Tavolari. El presidente del Instituto de Derecho Procesal Iberoamericano, Raúl Tavolari, visitó el país invitado por el Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia.

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Dijo que la reforma depende de las circunstancias de cada país, pero que al menos, se ha de considerar que sea un


cambio de la justicia y, por ende, del Estado, que representa un ingente esfuerzo financiero. “Semejante reforma requiere operaciones, jueces y abogados, auxiliares, etc, capacitados en la nueva normativa y,

en lo posible, especialmente si se trata de jueces, personas que no tengan enraizadas en la piel, no las disposiciones legales antiguas, sino los usos, modos y prácticas, que se persigue desterrar”, manifestó.

Sostuvo que una reforma supone, además, organizar un adecuado régimen de transición, por lo que “un abrupto cambio de las reglas del juego, no sólo es injusto sino tremendamente deficiente”. Dijo que, “los juristas no encabezamos – cabe reconocer – los procesos reformadores y, en ocasiones, tampoco sabemos cómo hacer reformas”. Manifestó que en el mundo del proceso, puede reconocerse que el advenimiento y consolidación de la democracia, que en las últimas décadas del siglo XX irrumpió por doquier en América, trajo un fortísimo viento de innovación y modernidad, que apunta, no sólo a actualizar la tarea judicial, sino a una manifiesta especialización de la actividad jurisdiccional indispensable en un mundo de crecientes y complejas regulaciones y que parece ser una constante mundial en procura de una justicia de mejor calidad, salvo, claro está, en los Estados Unidos de América.

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La legalidad penal en la nueva Constitución La nueva Constitución dominicana ha ampliado y fortalecido los Derechos Fundamentales que formaban parte del Bloque de Constitucionalidad.

RICARDO ROJAS LEON

E

s de todos sabido que la nueva Constitución dominicana, proclamada el pasado 26 de enero, ha ampliado el catálogo de Derechos Fundamentales, estableciendo un sistema de garantías para que aquellos se tornen efectivos, así como un conjunto de principios para interpretarlos y aplicarlos. Especial atención merece, a nuestro modo de ver, la consagración constitucional del principio de legalidad penal, que si bien formaba parte del denominado Bloque de Constitucionalidad, no tenía una formulación explícita en la Constitución del 1966, aunque la doctrina y la jurisprudencia siempre lo dedujeron de su art. 8, numeral 6, en el que la norma sustantiva dominicana establecía que “A nadie se le podrá obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe”.

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Junto a los de intervención mínima, culpabilidad, igualdad y lesividad, el de legalidad es uno de los principios límitadores del Jus Puniendi en todo Estado moderno. Es un principio de profundo contenido político, en la medida en que expresa la necesidad de que sea el órgano encargado de evacuar las leyes, el Congreso o Parlamento, el que determine cuáles conductas ciudadanas vulneran qué bienes jurídicos y con cuáles penas se castigan. Su consagración persiguió a Paul Johann Anselm Feuerbach, autor del Código Penal de Baviera (1813), se le reconoce la formulación latina del principio de legalidad, que reza “nullum crimen, nulla pœna sine lege praevia”, y del cual se derivan cuatro garantías fundamentales: la garantía criminal, la garantía penal, la garantía procesal y la garantía de ejecución. Ferrajoli sostiene que éstas son “garantías negativas”, pues están dirigidas “a limitar el poder punitivo en defensa de las libertades individuales”. La formulación del principio de legalidad penal y administrativa, ha encontrado su espacio en el numeral 13 del art. 40 de la nueva Carta Magna, que establece que “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa”. O sea, las únicas conductas que pueden ser sancionadas –por los tribunales o por la Administración- son aquellas que previamente han sido descritas por una norma anterior a la comisión u omisión punible. Ese principio de legalidad ha sido reafirma-

do cuando, en el numeral 7 del art. 69 de la nueva Constitución se enfatiza que “ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio”. La consagración en la nueva Constitución de todas las garantías que se derivan del principio de legalidad, deberá traducirse en una mayor vigencia sociológica de los Derechos Fundamentales que en ella se reafirman y amplían. Ferrajoli ha indicado que “las constituciones y los principios y derechos fundamentales establecidos en las mismas, pasan así a configurase como pactos sociales en forma escrita que circunscriben la esfera de lo indecidible, esto es, aquello que ninguna mayoría puede decidir o no decidir...” Otro aporte importante de la nueva Constitución dominicana es que establece que “solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad” (art. 74.2). A lo que finalmente nos permitimos añadir que, la eventual regulación del algún derecho o garantía constitucional, únicamente podrá hacerse mediante una “ley orgánica”, o sea, con una ley que, como establece el art. 112 requiere el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras.


Funcionarios Justicia Puerto Rico hablan sobre Sistema Brazaletes Dos funcionarios del sistema de justicia de Puerto Rico visitan al comisionado de Justicia y al senador Domínguez Brito Dos funcionarios del sistema de justicia de Puerto Rico visitaron al Comisionado de Justicia y al senador Francisco Domínguez Brito, con quienes trataron diversos temas relacionados con la administración de justicia. Durante su estadía en el país ambos realizaron conversatorios sobre la implementación de los brazaletes electrónicos a los imputados de delitos, auspiciado por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. El comisionado de Justicia, Lino Vásquez Sámuel, recibió en su despacho la visita de Rolando Rivera Gutiérrez, director de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ) y de la jueza Mildred Pabón Charneco, asociada al tribunal Supremo de Puerto Rico. Después del CARMJ, los funcionarios dispensaron una visita de cortesía al senador de Santiago, Francisco Domínguez Brito, donde trataron el tema sobre el sistema de implementación de brazaletes electrónicos a imputados en el país. Rivera Gutiérrez aseguró que la implementación de los brazaletes en la vecina isla ha sido todo un éxito, ya que sólo el 5 por ciento de las personas que los tienen dan problemas, “el 95% en imposición y recomendaciones por nuestras oficinas, tan solo el 5% por ciento nos da problema, en cuanto a la reincidencia tienen lo que es el sistema de monitoreo. Las estadísticas dicen que reinciden menos en el sistema de monitoreo”, dijo. El director de la OSAJ explicó que en

El senador Francisco Domínguez Brito y Lino Vásquez Sámuel, conversan con Rolando Rivera Gutiérrez, director de la O¿cina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) y la jueza de la Corte Suprema de Puerto Rico, Mildred Pabón Charneco.

Puerto Rico el sistema de brazaletes se utiliza en los delitos de asesinato en primer grado, a toda infracción de la ley de armas, tráfico de sustancias controladas y violencia doméstica si hay agresión. En tanto que Pabón Charneco aseguró que la aplicación de brazales electrónicos ha dado muchos beneficios al sistema judicial de Puerto Rico, aunque no ha erradicado la criminalidad. “Es un sistema que ha traído numerosos beneficios al pueblo de Puerto Rico contrario a lo que originalmente se esperaba, que nos iba a ayudar a erradicar la criminalidad, no tanto la criminalidad, pero si hubo una disminución”. Finalmente Lino Vásquez, comisionado de Justicia dijo que la implementación de los brazaletes electrónicos es una misión de esa entidad para que las personas puedan esperar su juicio en libertad

con seguridad, sin los altos costos que la prisión implica. “Queremos implementarlo a partir de un proyecto piloto que incluye los distritos judiciales de más población en mayor nivel conflictiva que son el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago”. Dijo, además, que se trabaja en la posibilidad de la instalación del brazalete electrónico en el país, a partir de la creación de una oficina de servicios que le de información requerida al juez y al Ministerio Público al momento de presentar la medida de coerción. En tanto, el senador por Santiago resaltó lo importante de la implementación de los brazaletes electrónicos, por lo que cree es importante socializar la idea con el sistema de justicia y a partir de la experiencia en Puerto Rico, ver cuáles aspectos podrían ser aplicables aquí y procurar la mejor solución.

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Propuesta reforma justicia penal ha alcanzado aceptación nacional CARMJ ofrece ter tulia sobre el pensamiento jurídico y doctrinario del doctor Manuel Pellerano Gómez. El doctor Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia, destacó que las reformas al Código Procesal Penal demuestran que el sistema de administración de justicia nacional se encamina a garantizar un escenario judicial eficaz, transparente, social, igualitario y respetuoso de los derechos de la sociedad. Vásquez Sámuel opinó que es necesario una justicia penal más eficiente, que pueda dar respuestas contundentes de reacción al delito, no porque las garantías sean flexibles, sino con el objetivo de que las instituciones gocen de fortaleza institucional y capacidad operativa en situaciones de riesgo. Resaltó que el hecho de que actualmente se promuevan reformas a esta nor-

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mativa es un síntoma saludable, porque demuestra que, contrario al pasado, la preocupación por la mejoría de la justicia penal es un asunto que ha ganado espacio en el debate público.

de la Fiscalía del Distrito; la jueza Sara Veras Almánzar, así como los expertos constitucionalistas Zaida Carrasco, Gregorio Montero y Cristóbal Rodríguez.

Las palabras del comisionado de Justicia fueron exernadas en la tertulia sobre el pensamiento jurídico y doctrinario del doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, en torno a su obra Derecho Procesal Penal, con la asistencia de destacados juristas del país.

El doctor Manuel Pellerano Gómez es autor de libros de textos jurídicos utilizados por abogados en ejercicio y estudiantes de derecho. Entre sus obras se citan: Derecho Procesal Penal, en sus cuatro ediciones, Manual de Derecho Penal Dominicano; además es editor de la revista Estudios Jurídicos, entre otros.

La actividad fue realizada en el salón de conferencias del Comisionado en presencia del doctor Pelleramo Gómez, del licenciado Ramón Núñez, director de la Escuela del Ministerio Público; el licenciado Román Jacques, director ejecutivo

El Comisionado de Justicia ha realizado otras tertulias dirigidas a analizar el pensamiento jurídico de José I. Cafferata Nore y Claus Roxin.


Pellerano Gómez aÀrma recurso amparo Hábeas Corpus desplazado por nuevo Código Estos criterios fueron recogidos en el marco de la ter tulia desarrollada en el Comisionado de Justicia donde fue valorado el pensamiento jurídico y doctrinario del connotado jurista dominicano. Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal, para este año 2009, a través de Tertulias que llevaron a reflexionar sobre el pensamiento y corrientes doctrinarias de grandes maestros del derecho, entre ellos: Claus Roxin, José Cafferata Nores y, en esta oportunidad, Juan Manuel Pellerano Gómez.

El doctor Juan Manuel Pellerano Gómez expresó que la Ley de Amparo no deja claramente establecida su exclusión en los casos relativos a derechos que debieran estar tutelados por el Hábeas Corpus. El connotado jurista dominicano se expresó en estos términos durante su participación en la tertulia realizada en el salón de conferencias del Comisionado de Justicia, donde manifestó que el Hábeas Corpus, de forma particular, es destinado sólo a la protección de los derechos de libertad.

El especialista en temas relacionados con el Derecho Constitucional, expuso que la evolución del sistema de justicia penal ha sido coherente con las diversas transformaciones en la situación jurídica del imputado y, en consecuencia, el derecho defensa como su garantía nuclear es un asunto constante en la dogmática penal, coadyuvado, además, paralela y paradójicamente, en una indiscutible realidad: el derecho defensa es uno de los derechos más vulnerados en la continuidad.

Opinó que todo recurso de amparo es una vía de derecho ante los tribunales para la defensa de cualquier lesión, violación a amenaza contra un derecho constitucionalmente protegido. En la actividad, presidida por el comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel; el director del consejo de la revista legal “Estudios Jurídicos” explicó que aunque la ley mantiene la prohibición de usar el amparo contra las sentencias judiciales, si lo contempla contra actos administrativos emitidos por el Poder Judicial, lo que consideró como un

choque frente a la seguridad jurídica. La actividad en la planificación estratégica diseñada por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, en coordinación con la

En estas tertulias o círculos jurídicos participan destacados magistrados, entre los que citan: Franny Castillo, Alba Luisa Beard, Zaida Carrasco, Francisco Alberto Ovalle, Hirohito Reyes Cruz y Joanne Tavera Lorenzo.

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Comisionado de Justicia y Ministro de Medio Ambiente Àrman acuerdo

Lino Vásquez Sámuel junto al ministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad UNPHU, Roger Espaillat y la magistrada Sara Veras, jueza del Primer Tribunal Colegiado del DN.

El Ministerio Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia suscribieron un acuerdo interinstitucional para la ejecución de un programa de capacitación y formación contínua de especialización en la aplicación de la ley 64-00. Los doctores Jaime David Fernández Mirabal, ministro de Medio Ambiente, y Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia firmaron el convenio previo al inicio de un curso taller sobre litigio en materia de medio ambiente con el cual se inauguró el programa de formación. Al ofrecer las palabras de bienvenida, Fernández Mirabal expresó su preocupación por las necesidades y vacíos que existen en el tema de la litigación respecto a la legislación ambiental. “Hay desniveles en las capacidades de nues-

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tros profesionales, de experiencia y de aplicación de las leyes. Cada día se crean nuevas leyes y hay cambios en los procedimientos, y, por tanto, se necesita una preparación continuada de nuestros recursos humanos”, expuso. Indicó que necesitan transferir esas capacidades a otros estamentos porque lo importante es que prevalezca el Estado de Derecho, y que cada día exista mayores potencialidades para lograr un equilibrio entre un reconocimiento legítimo de los derechos y el cumplimiento de los deberes en materia de medio ambiente. De su lado, Vásquez Sámuel calificó la firma del convenio y la realización del primer taller como “el más importante esfuerzo de los últimos tiempos por tener un cuerpo especializado de defensa de la sociedad, como son los actores del Ministerio de Medio Ambiente que

interactúan en los tribunales de la República”. Anunció que como parte del convenio rubricado, coordinarán actividades en las que incorporarán al ministerio público y a otros actores del sistema de justicia, y que en octubre próximo se efectuará en el país el primer seminario internacional en materia de persecución del crimen contra el medio ambiente. En la firma del convenio estuvieron, además, el doctor Roger Espaillat, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU); la magistrada Sarah Altagracia Veras, jueza presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, y la doctora Marisol Castillo, directora del departamento Legal del ministerio medioambiental.


Los retos que nos deja la reforma constitucional traerá cambios ni en un sentido ni en otro. El trabajo ahora será actualizar las instituciones públicas dominicanas y sus prácticas para que estén en sintonía con la Constitución de la República. NASSEF PERDOMO CORDERO

E

l proceso de reforma constitucional que recién terminó ha sido, con sus altas y bajas, uno de los períodos de discusión política más intensos que ha tenido el país en las últimas décadas. No era para menos, puesto que lo que estaba en discusión era la decisión más importante que se puede tomar en un sistema constitucional democrático. La Constitución es la norma jurídica suprema del ordenamiento y, por tanto, su texto es la primera fuente del Derecho. Pero aunque este es importante, la Constitución no se agota en su texto. De hecho va mucho más allá. Esto ha sido tema de discusión obligada de la teoría Constitucional occidental desde los días de Lasalle, pasando por Mortati, Schmitt y la doctrina estadounidense. Lo anterior tiene como consecuencia que si bien es cierto que el momento de la reforma es importante, vital incluso, también lo es que existe otro momento igualmente importante: El de la construcción de una nueva realidad institucional, social y política sobre la base del nuevo texto. Un nuevo texto por sí mismo no

Como es natural, los cambios afectan al Estado a todo lo largo y lo ancho de su estructura institucional. Los ejemplos abundan: La Cámara de Cuentas, la organización territorial del Estado, el régimen del Presupuesto Nacional, entre otros. Sin embargo, el principal reto proviene del sistema de justicia. Como es de conocimiento público, se establecieron instituciones muy importantes que no tienen precedente inmediato en la cultura constitucional dominicana: El Consejo Superior del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Con ellos se transformó de manera radical el sistema de órganos jurisdiccionales en República Dominicana. Esto deja al Estado dominicano con un importante problema. Por un lado, tiene que darle cuerpo a las nuevas instituciones si quiere que la Constitución funcione como se espera de ellas, por otro, no existen las condiciones necesarias para que estas empiecen a operar. Los asambleístas reconocieron esta realidad y, a sabiendas de que estos procesos toman tiempo, establecieron plazos para la implementación de algunas de las instituciones más importantes que surgieron fruto del proceso de reforma. En el caso del Tribunal Constitucional, se prevé que el mismo puede ser designado hasta doce meses después de proclamada la Constitución. El plazo para el Consejo Superior del Poder Judicial es menor, seis meses. Es un mandato constitucional que estas instituciones estén listas para cumplir su

labor cuando se agoten estos plazos. El desafío es mayor de lo que puede parecer a primera vista. Antes que nada, es necesario crear un marco jurídico que pueda servir para que dichos órganos se instalen, pero además, que les sirvan para enfrentar sus responsabilidades y los obstáculos, previstos y no previstos, que encontrarán en su camino. Esta labor es compleja porque según la nueva Constitución las leyes relacionadas con el Tribunal Constitucional y el Consejo Superior del Poder Judicial son leyes orgánicas que requieren de mayorías calificadas y, por tanto, de un nivel mucho mayor de consenso político. Otro órgano del sistema de justicia cuya regulación constitucional fue profundamente modificada es el Ministerio Público. Su carrera queda ahora constitucionalizada y para su gestión se crea el Consejo Superior del Ministerio Público. Esto quiere decir que su regulación en la ley adjetiva también tiene que ser objeto de una profunda revisión. El proceso de discusión que lleve a la aprobación de estas leyes orgánicas tiene que ser alcanzado sobre la base de la transparencia, la discusión pública, la participación ciudadana y la coherencia teórica. Tiene que buscarse un equilibrio sano entre la premura por aprobarlas y la necesidad de que cuenten con la aprobación de todos los actores del sistema y de la ciudadanía. Como puede verse, el proceso de reforma de la Constitución ha terminado, pero no puede decirse lo mismo del proceso de reforma del sistema constitucional. Para que el mismo tenga éxito debemos aportar todos, ciudadanos públicos y privados, nuestro grano de arena proverbial.

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¡PELIGRO! CONTRABANDOS GLOBALES!

VAUGHN GONZÁLEZ

A

l leer y analizar de manera comprensiva el libro titulado Ilícito, cómo Traficantes, Contrabandistas y Piratas están Cambiando el Mundo, publicado por el prestigioso articulista del periódico FINANCIAL TIMES, Moisés Naím, he observado que existe una historia a tomar en consideración con respecto al delito de contrabando cometido a escala planetaria. En ese sentido, tal historia es la siguiente:

Explica el citado autor que, a partir de la década de 1990, los contrabandistas se hicieron más ricos y políticamente más influyentes que nunca. El contrabando global no solamente ha experimentado un espectacular aumento de volumen, sino que, debido a su capacidad para amasar colosales beneficios, se ha convertido además en una poderosa fuerza política.

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El reputado escritor del también diario NEWSWEEK, nos enseña que la lista de negocios de contrabando en alza es amplia: marfil procedente de colmillos de elefantes cazados ilegalmente en Sudáfrica y Zimbabwe que se vende abiertamente en Cantón, China; riñones humanos vendidos por donantes vivos, que son transportados desde Brasil hasta Sudáfrica y trasplantados a clientes alemanes reclutados online por intermediarios israelíes; antigüedades incas o iraníes robadas en espacios protegidos y vendidas a galerías de arte en París y Londres; animales exóticos, como pangolines y pitones; productos químicos que dañan la capa de ozono; cuadros de Matisse y de Renoir desaparecidos hace mucho tiempo; piezas de ordenadores desechadas saturadas de mercurio enviadas a vertederos situados en lugares donde pueden eludirse las leyes de protección medioambiental; diamantes sangrientos o de guerra extraídos de forma ilegal y sacados clandestinamente de zonas en conflicto.

Además, explica el importante investigador que lo que está en juego es el tejido social mismo, toda vez que el contrabando hunde sectores industriales enteros (finanzas, computación, entretenimiento, libros, viajes, productos farmacéuticos, moda, etc.), al tiempo que potencia a otros; está asolando países y desencadenando expansiones económicas; está haciendo y deshaciendo carreras políticas, desestabilizando o apuntalando gobiernos.

Indica el experto que Citicorp y Deutsche Bank, Wal-Mart y Cartier, Microsoft y Phillips, Pfizer y Nestlé, Sony y Bertelsmann, General Motors y Nissan, Tommy Hilfiger y Armani son solamente algunas de las empresas más conocidas que ya no pueden ignorar los desafíos del contrabando global. Sus prácticas comerciales, canales de distribución, estrategias de compra, empla-

zamientos fabriles, gestión de recursos humanos, sistemas de información y prácticas financieras se han visto afectados.

Según el analista, el ilícito tratado se manifiesta a través de redes capaces de eludir la persecución gubernamental, utilizando su influencia política para rechazar a sus perseguidores.

De acuerdo al doctrinario mencionado, en las próximas décadas, las actividades de esas redes mundiales de contrabandistas y sus socios tendrán un enorme impacto en las relaciones internacionales, las estrategias de desarrollo, el fomento de la democracia, los negocios y las finanzas, la emigración, la seguridad global, la guerra y la paz.

Sin lugar a dudas, estos ilícitos constituyen los perjuicios más fuertes en contra de la actividad comercial. También, los mismos tienen como consecuencias crueles evitar que miles de niños se alimenten y eduquen, que miles de jóvenes se capaciten, que miles de enfermos se sanen, que miles de familias vivan con dignidad, que miles de campesinos cultiven sus tierras, que miles de obreros reciban un pago justo por su trabajo y que miles de profesionales se dediquen con seguridad al arte u oficio que conocen.

De modo y manera que son esas las razones por las cuales debemos combatir el contrabando día a día, como se está haciendo desde la Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas de nuestro país, con energía y sin ningún tipo de contemplación.

Así pués, los datos que aporta el intelectual Moisés Naím nos señalan muy claramente que como forma de advertencia y toma de conciencia debemos exclamar con vehemencia ¡Peligro, contrabandos globales!


Reconocen jueces y abogados dominicanos residentes en EE.UU. El Comisionado de Justicia celebró durante el pasado año múltiples actividades en diferentes naciones, en las que se adquirieron conocimientos en distintas áreas y reconoció la labor desempeñada por jueces y abogados dominicanos residentes en los Estados Unidos, entre ellos, la primera jueza de una Corte de Nueva York. Tras el reconocimiento a Dilcia Pineda, posteriormente fue designada como jueza de la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Convertida en la primera persona de origen latino en ser electa a un tribunal en Queens y que ahora, al cabo de algunos años se haya convertido en la primera dominicana en ser electa a la Corte Suprema de Queens. En esa ocasión, en la que se celebró la XVII Semana Dominicana, también fue reconocida Ada Guerrero Guillop, fiscal ayudante del Consejo Principal del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. En el marco de esta actividad, el Comisionado de Justicia organizó la conferencia “La Reforma Constitucional en la

Dilcia Pineda, Jueza de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, recibe de parte de Lino Vásquez Sámuel un reconocimiento. Les acompañan, Justo Pedro Castellanos, Rector de la Universidad Apec.

República Dominicana. Mitos y Realidades”, dictada por el doctor Milton Ray Guevara, miembro de la Comisión de juristas designada por el Poder Ejecutivo que redactó la propuesta de reforma constitucional. El doctor Lino Vásquez dijo que para el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, es motivo de gran regocijo y privilegio poder reconocer la labor que desempeñan los do-

minicanos radicados en los Estados Unidos, quienes llevan en alto su identidad dominicana, resaltando su compromiso para con su país y con la sociedad que los acoge. Pineda-Kirwan al recibir el reconocimiento, de manos del Comisionado de Justicia, Lino Vásquez Sámuel, resaltó su orgullo de ser dominicana, admitiendo que sus logros en el sistema judicial del Estado de New York muestran que cada día son más los dominicanos que se superan y ocupan posiciones privilegiadas en otras urbes, “Esto nos llena de gran satisfacción y sentimiento patrio.” De su lado Guerrero Guillod agradeció al rector de UNAPEC, licenciado Justo Pedro Castellanos, al magistrado Moisés Ferrer, representante del Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña y a Vásquez Sámuel; la distinción de que fue objeto, expresando tener “la certeza que en el futuro serán más los profesionales dominicanos que se incorporarán al mundo de las grandes potencias”.

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VÍCTIMA Y NUEVA CONSTITUCIÓN La nueva Carta Fundamental le da a este derecho de víctimas rango constitucional y ahí está el primer gran aporte.

MIGUEL E. VALERIO JIMINIÁN

A

partir del día 26 de enero del 2010 nuestro país estrena un nuevo marco jurídico y político consagrado en la nueva constitución. Esta normativa sustantiva consagra derechos a favor de los ciudadanos que estemos a favor o en contra de la forma en que fue debatida en el Congreso Nacional debemos respetarla por ser a partir de la fecha precedentemente indicada nuestra Ley de Leyes. Este nuevo marco jurídico consagra derechos esenciales para las víctimas del proceso penal que viabilizan ese añorado plano de igualdad por los estudiosos de las ciencias penales entre los sujetos procesales. Ello, principalmente, porque somos de

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los que abogamos por una participación en condición de igualdad entre víctima e imputados en el proceso penal. Mas la práctica diaria no es congruente con el principio fundamental consagrado en el artículo 12 del código procesal penal que establece: “Las partes intervienen en el proceso en condiciones de igualdad. Para el pleno e irrestricto ejercicio de sus facultades y derechos, los jueces deben allanar todos los obstáculos que impidan la vigencia o debiliten este principio”. El desequilibrio procesal a favor de los imputados se puede verificar en los fallos emanados de nuestros tribunales en donde más del 99% de los mismos revalidan los derechos fundamentales de


los imputados y se olvidan de los de las víctimas. Nuestra opinión es que ante los derechos del imputado existen también los derechos fundamentales de las víctimas en razón de su calidad de seres humanos y ciudadanos dominicanos que tienen derecho a una justicia efectiva. A continuación procedemos a realizar un breve análisis sobre los derechos consagrados en la nueva constitución a favor de las víctimas. En primer lugar debemos resaltar el “artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;”. Este artículo revalida derechos fundamentales de las víctimas como el acceso a la justicia. Este acceso a la justicia es uno de los principales problemas que se les presentan a las víctimas cuando surge un conflicto jurídico penal. La nueva carta fundamental le da a este derecho de víctimas rango constitucional y ahí está el primer gran aporte. Siendo ahora el Estado en su naturaleza social, democrática y de derecho quien garantice los medios para que la víctima no se vea reducida en sus pretensiones en la vía penal por problemas de acceso. Como bien afirma, Leonardo Efraín Cerón Eraso, en su obra “La Víctima, el protagonista desplazado del conflicto penal”: “Al ser fines del Estado, el acceso a una justicia eficaz, la convivencia pacífica, la participación ciudadana, la solidaridad, la igualdad, se ha de concluir que la solución de los conflictos debe adoptar un nuevo esquema diferente al anterior, que propugnó por la solución vertical desde el omnipasiente y omnipotente Estado, que generó más problemas que soluciones efectivas” . Esta situación de un Estado determinista se puede evitar si logramos equiparar las partes en el

proceso penal y garantizar la participación de la víctima en igualdad de condiciones cumpliendo otro principio fundamental del Código Procesal Penal: “La víctima tiene derecho a intervenir en el procedimiento penal y a ser informada de sus resultados en la forma prevista por este Código”. Adicionalmente, el artículo 69, acápite 1, al enumerar los derechos que consagran una tutela judicial efectiva y debido proceso de toda persona establece que la justicia a de ser oportuna. Esta característica desde nuestra humilde opinión concretiza derechos como la rapidez en la solución del conflicto penal, pero además con eficiencia y efectividad que eviten impunidades en el sistema de justicia penal. Como bien afirmó la Sala Constitucional en Pleno de Colombia al analizar el derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, en la sentencia C-454/06, que trata el derecho a que no haya impunidad: “Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso”. Finalmente, el artículo 69, acápite 1, establece un último derecho fundamental de la tutela judicial efectiva sobre la gratuitidad del servicio judicial. Ello es importante porque ante un servicio de defensa pública a nivel nacional dependiente hasta el presenta año del poder judicial, los representantes legales de las víctimas a penas son diez (10) y fundamentalmente en el Distrito Nacional dependientes de la Procuraduría General de la República. No es necesario analizar que víctimas e imputados en cuanto al

aspecto gratuito de la justicia se encuentran en una clara desventaja. Sin embargo, en el plano normativo la constitución envía un mensaje importante a los gobernantes del Estado Social y Democrático de Derecho al otorgar rango constitucional a este derecho en otro artículo de la nueva constitución: “Artículo 177.Asistencia legal gratuita. El Estado será responsable de organizar programas y servicios de asistencia legal gratuita a favor de las personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de los derechos de la víctima, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio Público en el ámbito del proceso penal.” Ello garantizaría el añorado estado de igualdad entre las víctimas y los imputados. Esperamos que esto al igual que muchas disposiciones constitucionales o legales del pasado no quede en un simple enunciado. En conclusión, la nueva constitución establece un marco óptimo para la realización de los derechos de las víctimas. Así, el Estado Social, Democrático y de Derecho tiene una obligación de proveer acceso a las víctimas al aparato judicial en igualdad de condiciones evitando con ello impunidades manifiestan que perjudican la credibilidad del sistema de justicia penal. Un logro importante es el elevar a rango constitucional el estado gratuito de la justicia. Que como bien afirmó el Tribunal Constitucional Español, Sala Primera, en una sentencia del 21 de enero del 2009: “(…) en la medida en que la ley le reconoce el derecho a personarse como acusación particular, resulta titular del derecho a la tutela judicial efectiva, y, por ende, goza del derecho a la gratuidad de la justicia, incluidos los honorarios profesionales de Abogado y Procurador cuando su intervención sea preceptiva”.

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Colegio de Abogados juramenta nueva directiva Nuevo titular se compromete a rescatar su prestigio institucional apoyado en acciones transparentes "Asumimos la presidencia del Ilustre Colegio de Abogados como un reto para el rescate de su prestigio institucional y el fortalecimiento de las seccionales; para satisfacer la necesidad urgente de 38,440 abogados que anhelan el auxilio de su Colegio, seguro médico, bienestar social y una cooperativa robusta", afirmó el nuevo presidente del Colegio de Abogado, Diego José García, al tomar posesión de su mandato para el período 2010-2012, durante un acto celebrado en el Salón Independencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Para cumplir con esta meta, dijo contar con un equipo que encarna la voluntad del cambio, la decencia, la transparencia y el espíritu de trabajo, para enderezar el rumbo del CARD. "Es una fecha memorable y prodigiosa porque está cargada de esperanzas en el amanecer de un nuevo año, en la víspera de la proclamación de una nueva Constitución de la República, en el que los profesionales del derecho tenemos el reto de ser agentes activos en la implementación de ese contrato social que renueva las bases democráticas de la sociedad dominicana. Pero también es una fecha que nos invita a reflexionar sobre el rol del sistema de justicia ante los embates de la criminalidad común y organizada", precisó. Dijo que el acto revestía gran solemnidad, por ser celebrado el Día del Poder Judicial, "y está llena de regocijo, por la juramentación de una nueva Junta Directiva de nuestro Ilustre Colegio de Abogados".

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Diego José García, presidente del Colegio de Abogados.

García dijo que su equipo de trabajo está consiente de que el "ilustre Colegio de Abogados" ha sufrido un deterioro muy lamentable. Para muestra, citó lo que definió como el triste rol que jugó durante el proceso de reforma constitucional, razón por la que la Asamblea Revisora optó por no incluirlo en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entende que se precisa de un cambio profundo para recuperar la imagen del CARD en la comunidad jurídica y la colectividad nacional, y lograr los puntos reivindicativos más requeridos por los integrantes de este sector profesional.

ACCIONES Al detallar su programa de trabajo, el presidente del CARD destacó que el primer eje de su gestión será la transparencia y el fortalecimiento institucional. Mientras que en un segundo eje hará énfasis en la dignificación de la profesión jurídica y el impulso de una solidaridad institucional, así como apoyo para los afiliados. En un tercer eje, jugará un rol primordial en la defensa y promoción del Estado Social y Democrático de Derecho y propondrá acciones para prevenir el auge de la delincuencia y un rol activo en la creación de leyes.


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