Informe Situación de defensores, derechos humanos y empresas y construcción de paz by Comité Permanente por la Defensa De Los Derechos Humanos

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INFORME FINAL SEMINARIO TALLER

Situación de defensores, derechos humanos y empresas y construcción de paz Encuentro Preparatorio para el Diálogo Unión Europea – Gobierno Colombiano Bruselas 2016

Julio de 2016, Bogotá D.C

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Presentación La Delegación de la Unión Europea ha considerado de gran importancia reflexionar sobre dos temas cruciales en el actual contexto colombiano. En primer lugar, la situación de los defensores de los derechos humanos, y, en segundo lugar, la relación entre empresas y los derechos humanos en el país. En el actual escenario de negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC y un eventual acuerdo de paz, estos temas cobran aun mayor importancia estratégica. Con el ánimo de explorar la situación actual sobre estos asuntos se desarrolló en el 28 de junio de 2016, con apoyo europeo, el Seminario - Taller “Situación de defensores, derechos humanos, empresas y construcción de paz”. El propósito de este evento fue acopiar indicaciones, conclusiones, recomendaciones y orientaciones para la UE buscando fortalecer su capacidad de diálogo formal en el tema de los derechos humanos, a nivel nacional y global. Esta acción se localiza en el ámbito del apoyo y el reforzamiento del rol de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos y la democracia, así como la consolidación de la participación democrática y la representatividad. Es además una contribución al cumplimiento de los compromisos de la Hoja de Ruta de la Unión Europea para el compromiso con la Sociedad Civil en Colombia. Por esta razón, fueron invitados miembros de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos y representantes de plataformas nacionales, líderes comunitarios y académicos. Así mismo, se hicieron presentes los Consejeros de Derechos Humanos de los Estados Miembros de la Unión Europea, al igual que miembros de la Delegación de la Unión Europea (Francisco Garcia y Jose Luis de Francisco (Devco), Antonio García (EEAS), Nina Stredel (Trade) para Colombia y Ecuador en cabeza de su Excma. Sra. Embajadora. El presente documento se presentan las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas de las dos mesas de trabajo, una de ellas referida a la situación de los defensores de derechos humanos, y la otra a la relación entre empresas, derechos humanos y construcción de paz.

Principales conclusiones y recomendaciones 1.1

Sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia

La mesa de trabajo analizó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios y ONG, la situación específica de los defensores de DDHH en el contexto actual del país, como paso siguiente se hizo un balance de las políticas públicas existentes, sus logros, limitaciones y el estado de las instituciones públicas encargadas de la protección de defensores.

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Finalmente, con este trabajo, se realizaron recomendaciones sobre el tema, con la idea que los resultados del trabajo en la mesa, puedan abrir ventanas de oportunidad o rutas posibles para avanzar en la situación de defensores de derechos humanos, que contribuyan a visiones constructivas en un contexto de transición política y legal de Colombia, y finalmente formular recomendaciones a la delegación de la Unión Europea y al conjunto de la sociedad civil convocada. I) CONTEXTO ACTUAL En este aparte se presentan los contextos bajo los cuales trabajan los defensores, y en los cuales se mantienen riesgos para continuar su trabajo en el país. Reconociendo en primer lugar el preocupante incremento durante el año 2015 y lo que va del 2016 de ataques y asesinados contra defensores, como lo ha documentado el reciente informe 2015 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y como lo ha reportado recientemente el Programa Somos Defensores, entre otras entidades. Los contextos específicos de riesgo actual en que se desarrolla el trabajo de los defensores y defensoras, identificados por la Mesa de Trabajo, fueron los siguientes: A. El ejercicio de defensa de la tierra, los territorios y recursos naturales de las comunidades en ámbitos locales, principalmente rurales. B. La amenaza o ataques de organizaciones armadas y/o intereses de economías ilegales, paramilitares y grupos sucesores, que mantienen control territorial y la captura del Estado regional en contextos de alta impunidad. C. Estigmatización, señalamiento y desconfianza del trabajo cotidiano de los defensores de DDHH D. Vigencia del control territorial de grupos legales o ilegales, que se sienten amenazados por la labor de los defensores y obstruyen su trabajo. E. Criminalización por parte de los organismos de seguridad, contra las acciones que se adelantan en defensa de los DDHH. F. El ejercicio de la oposición política o la crítica al modelo de desarrollo. Actividades que se hacen más riesgosas en contextos locales. G. Actividades relacionadas con el apoyo o implementación de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Conversaciones de las FARC –EP y el Gobierno Nacional. H. Búsqueda de justicia y reparación a víctimas (denuncias al Estado como violador de derechos humanos)

II) BALANCE DE POLÍTICAS PÚBLICAS A. Lo primero que se señaló en la Mesa de Trabajo, es la inexistencia de política pública para la protección defensores de DDHH, que sea integral y con enfoques diferenciales, principalmente

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de género, étnico, que incluya una aproximación a las comunidades locales urbanas y rurales (campesinos, indígenas y afrodescendientes), con un carácter colectivo. B. Se reconoce que las acciones de protección actual, son el resultado de las propuestas y presión del movimiento de derechos humanos, pero son insuficientes, teniendo en cuenta que se han focalizado en acciones materiales y de protección física, pero descuidan las dimensiones sicosociales y de carácter colectivo, las cuales son trascendentales para una intervención integral y adecuada ala situación de los defensores y defensoras. C. El uso extendido de medidas de protección tercerizadas por la Unidad Nacional de protección (UNP) a través de empresas de seguridad privada, han dejado en evidencia corrupción estatal y baja efectividad de la protección ofrecida a los defensores de derechos humanos. D. Procesos burocráticos, hacen dificil y lento la adjudicación de esquemas de seguridad, como es el caso de la lentitud de las evaluaciones de riesgo y la adopción de medidas de protección, que en muchos casos no se materializan de forma inmediata en consideración del riesgo identificado. E. Se valora el avance de un enfoque de género en materia de protección de defensoras de DDHH, mediante la conformación de un Comité Especial de Evaluación de Riesgos (CERREM) para valorar la situación de riesgo de mujeres y la participación de organizaciones de la Sociedad Civil en este espacio. A pesar de la presentación de una propuesta de la sociedad civil al Gobierno Nacional, sobre la implementación de un mecanismo integral de prevención y protección de mujeres líderes y defensoras de los derechos humanos, esta propuesta aún no ha sido recogido en un programa específico que lo implemente, a pesar de las promesas del Gobierno Nacional de conformarlo. F. Se presenta una gran complejidad en la normatividad vigente sobre protección, que hace difícil su implementación en ámbitos locales. Usualmente las medidas de protección son desarticuladas, entre las diferentes entidades encargadas: UNP, policía, ministerios, alcaldías etc. G. La institucionalidad local suele ser debil y sus funcionarios conocen poco las rutas de protección de individuos o colectivos. Se hace necesario reconsiderar el rol que cumplen las entidades encargadas de la protección: Unidad Nacional de Protección, Personerías, Defensoría, Policía, etc. H. Se tiene una alta valoración del acompañamiento y apoyo de la comunidad internacional al trabajo de los defensores y defensoras, a través ONG, Sistema de ONU, Embajadas y organizaciones internacionales que trabajan en el país. I. Se mantienen dificultades para pasar de esquemas de protección individual a esquemas colectivos, principalmente en aquellos casos en que el riesgo se tiene por el trabajo de asociaciones, colectivos, grupos de trabajo, comunidades, etc. III)

RECOMENDACIONES

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A. Necesidad urgente de una política pública integral para la protección de defensores de DDHH, con fuertes procesos de articulación institucional en todos los niveles, enfoques diferenciales, presencia estatal en los territorios y participación activa de la sociedad civil. B. En los programas actuales se recomienda poner en marcha medidas de prevención y protección que vayan más allá de las medidas de carácter físico (medidas duras) y que incluyan medidas de protección de carácter socio-económico, atención psico-social y enfoques colectivos de trabajo que se adecuen al trabajo de organizaciones, asociaciones, comunidades etc. C. Sobre el tema de defensoras, se recomienda la pronta adopción de el programa de prevención y protección de género presentado al Gobierno Nacional por la sociedad civil en meses pasados. El programa presentado incluye un mayor énfasis en las medidas de prevención; un enfoque de protección integral y medidas dirigidas a la no repetición. Se propone que el programa esté bajo la coordinación del Ministerio del Interior por su carácter civil y en articulación con instituciones como UNP, ICBF, DPS, etc. D. Los programas deben incluir medidas diferenciales para las comunidades indígenas y afrodescendientes, de acuerdo a sus necesidades específicas, en el desarrollo de las evaluaciones de riesgo e implementación de las medidas de prevención y protección colectivas e individuales. E. Se requiere ampliar la veeduría internacional sobre a situación de defensores de DDHH en el nuevo contexto de transición. En especial se solicita a la Delegación de la UE, la inclusión de líneas de trabajo sobre defensores en los programas financiados al Estado colombiano. De la misma manera se solicita mantener el acompañamiento directo y financiación a proyectos dirigidos a defensores y a sus organizaciones o comunidades, así como un seguimiento especial a la relación de empresas con comunidades en contextos locales. F. En aras de reivindicar el trabajo de los defensores y destacar la importancia que tienen para la construcción de paz y fortalecimiento de la democracia, se requieren acciones para legitimar su trabajo y desestigmatizar su labor en la defensa de los DDHH. Se recomienda el apoyo a proyectos de pedagogía social en contexto locales de alto riesgo, que contribuyan a comprender por parte de la sociedad, la importancia del trabajo de los defensores. G. Sobre la brecha de impunidad en cuanto a las violaciones a los derechos humanos de defensores, se recomienda fortalecer los grupos de tareas especiales de la Fiscalía General de la Nación, y avanzar en investigaciones eficaces, a través de investigaciones de carácter contextual que superen metodologías del caso a caso. H. Se recomienda tanto para la prevención, como para la protección establecer medidas con carácter colectivo que se adecuen al trabajo que realizan día a día organizaciones, asociaciones, grupos, colectivos y comunidades.

I. En el contexto de posacuerdo y posconflicto, se recomienda recoger las experiencias sobre prevención y protección existentes en el país. Los nuevos programas e instituciones que surjan en

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el contexto de los acuerdos de paz, deberán reconocer esta experiencia con sus aciertos y contribuir a superar sus limitaciones. J. Las medidas actuales de protección a los defensores deberían reforzarse, teniendo en cuenta que el proceso de reintegración de combatientes y el reacomodamiento de intereses y grupos armados en contextos locales, es en sí mismo un nuevo riesgo a los defensores y defensoras.

1.2

Sobre derechos humanos y empresas en Colombia

En el marco de este seminario – taller, los espacios de diálogo entre la sociedad civil y la Unión Europea se desarrollaron a partir de metodologías participativas. Éstas se enfocaron en la identificación de problemáticas centrales, dentro del área de Empresas y Derechos humanos, desde perspectivas legales, institucionales y comunitarias. De manera particular se hizo énfasis en la garantía y protección de derechos humanos con ocasión de la actividad empresarial en Colombia. Así mismo, se debatieron y consensuaron un conjunto de recomendaciones que devienen en ventanas de oportunidad para el tratamiento del tema, una vez éste se articula al proceso de transición -política, social, económica, jurídica, etc.- que actualmente se lleva a cabo en Colombia. En consecuencia, las mesas se estructuraron a partir de tres ejes de análisis: i) la política pública en materia de DDHH y empresas, ii) los retos respecto de la relación entre las empresas y las comunidades locales u organizaciones sociales, y iii) los desafíos para la implementación de medidas transicionales desde la protección legal internacional a la inversión extranjera. Posteriormente, se elaboraron las recomendaciones para la delegación de Unión Europea. A continuación, se detallan los elementos centrales que, a juicio de la sociedad civil convocada, deben ser tenidos en cuenta en el estudio y la gestión de esta temática. I) POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DDHH Y EMPRESAS El desarrollo de una política pública en materia de Empresas y Derechos Humanos en Colombia es, per se, un avance en el tema. Sin embargo, es evidente que hasta el momento no ha sido desarrollada, y que en esa medida no se perciben avances tangibles en la materia. El Plan de Acción de Derechos Humanos y Empresas “Colombia Avanza” 1 se ajusta a los estándares que a nivel internacional han sido desarrollados, tales como los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos 2, adoptados en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a través de la Resolución 17/4 de 2011, o la Red del Pacto Global “Empresas por la Paz”, que busca la implementación de prácticas empresariales responsables alineadas con los principios del Pacto Global en zonas afectadas por conflictos o de alto riesgo 3. 1 Véase: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/PNA_Colombia_9dic.pdf 2 véase: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf

3 http://www.pactoglobal-colombia.org/index.php/plataformas-mundiales/business-for-peace

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La potencialidad del Plan de Acción es alta. Se constituye en una oportunidad para ampliar la comprensión pública de lo que representa el modelo de desarrollo de un país para la situación y bienestar de sus habitantes. Permite avanzar en la articulación de las preocupaciones del nivel central con las realidades de los territorios. Lo anterior emerge como una respuesta a la creciente movilización social que se ha generado en Colombia alrededor de la defensa al medio ambiente, el territorio, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Igualmente, la política pública se enmarca en las dinámicas de la economía global, que implican una mayor interacción entre fronteras nacionales y el incremento de potencialidades y externalidades negativas a nivel local. Sin embargo, la política pública conlleva una serie de limitaciones, tanto normativas como contextuales. Se percibe que hay un bache entre lo que se plantea como lineamientos generales de política y su implementación a través de acciones regulatorias particulares. Igualmente, se aprecia que la política pública no fue concertada de forma efectiva con las comunidades, sino principalmente con los sectores empresariales, y que su aplicación termina siendo un ejercicio de conminación voluntaria, mas no de implementación de estándares obligatorios para los actores económicos. Es recurrente la visualización de la empresa como víctima de la poca seguridad jurídica que provee el Estado, pero no se proyecta como eventual responsable de daños y violaciones a los derechos humanos. Se percibe así mismo que, si bien el Plan de Acción menciona la importancia de esta área de política en el actual contexto colombiano, marcado por la construcción de paz y la implementación de cambios estructurales, éste no logra ajustarse de forma plena a dicha coyuntura. De forma complementaria, se advirtió que la Política Pública en materia de Empresas y Derechos Humanos está desconectada de otras áreas de política muy relevantes como la reglamentación agraria, minera, de infraestructura y de ordenamiento territorial. Por ejemplo, hay conflictos entre la normatividad minero-energética o agroindustrial y otras figuras de ordenamiento territorial en materia de protección ambiental y de reconocimiento de derechos a la tierra y a los territorios. En aquellas regiones donde existen grupos étnicos y procede la consulta previa, 4 el Estado pocas veces actúa como garante. Hay una opinión generalizada en las organizaciones sociales, la academia y otros sectores que indican que la consulta previa en contextos de tanta asimetría (capacidades técnicas y jurídicas) muchas veces favorece los intereses de las empresas. El proyecto de ley estatutaria para reglamentar la consulta previa 5 podría flexibilizar aún más la responsabilidad del sector empresarial en el respeto a los derechos étnico-territoriales, asunto que llama la atención de la sociedad civil. Otro aspecto fundamental en este análisis es el papel de la fuerza pública en las áreas de influencia de las empresas extractivas. Los participantes afirman que en muchos casos se limita la protesta y las manifestaciones sociales que controvierten las actuaciones de empresas específicas. Lo que deriva en algunos casos en criminalización y judicialización de líderes y comunidades campesinas y étnicas. 4 Véase Ley 21 de 1991: http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/5_ley_21_de_1991.pdf 5

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2014/07/proyecto-ley-estatutaria-consulta-previa-2014colombia.pdf

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Esta problemática se agudiza por la ausencia del Ministerio Público en este tipo de conflictos. Las limitaciones de tipo contextual para la efectiva implementación de la política pública de derechos humanos y empresa se materializan en diversos casos que se detallarán más adelante. En ellos se evidencia cómo algunas empresas actúan en fronteras muy difusas entre lo legal y lo ilegal. Esto se agudiza con la presencia de empresas en regiones en las que el desplazamiento forzado, el despojo y otras dinámicas del conflicto armado han configurado zonas con una altísima conflictividad territorial y ambiental. Se manifestó que, en algunos casos, las empresas establecen alianzas con políticos de turno que deslegitiman su presencia y sus intereses en la zona. El Estado no está por fuera de esta problemática. La sociedad civil señala que la falta de coordinación y articulación intersectorial, y entre la nación y los territorios, genera mayores vacíos de regulación y de responsabilidad en el control, seguimiento y prevención de conflictos y violaciones de DDHH. II) LOS RETOS RESPECTO DE LA RELACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS Y LAS COMUNIDADES LOCALES U ORGANIZACIONES SOCIALES La relación entre empresas y comunidades a nivel territorial en Colombia se encuentra moldeada por las disputas de poder que a nivel territorial hay por el acceso y uso de la tierra y los recursos naturales. En dicho contexto, hay registros históricos de violaciones a derechos humanos que se han dado con ocasión de la actividad empresarial; de un lado, porque se han financiado estructuras o acciones ancladas al conflicto armado, y del otro porque algunas empresas se beneficiaron de dinámicas de violencia, desarraigo y despojo. Los casos emblemáticos que se introdujeron durante en el seminario – taller permiten reconocer la relación entre las complejidades regionales y los desafíos territoriales a nivel rural, que merecen especial atención. Los principales sectores en los que se presentan tensiones de este tipo son los de explotación de carbón, oro, petróleo, gas y empresas y proyectos turísticos, así como el sector agroindustrial, de infraestructura y de pesquerías. Diversos casos fueron presentados por los asistentes a las mesas, a través de los cuales se ilustró de qué forma la actividad o dinámicas de actores empresariales en lugares afectados por el conflicto armado puede tener consecuencias negativas a nivel de derechos humanos. En estas zonas, además, existen graves y reiteradas infracciones en materia medioambiental, daños a sistemas ecológicos relacionados con la extracción de carbón, oro, petróleo y otros hidrocarburos, así como proyectos de acumulación de biomasa (plantaciones forestales y siembra de palma aceitera) en zonas de reserva forestal o de ecosistemas con algún nivel de riesgo. En la mayoría de los casos ocurre la desviación de cauces de cuencas hídricas y la exposición a niveles de contaminación del aire que sobrepasan los límites permitidos por la legislación colombiana. El caso de la operación de Glencore PLC en el departamento del Cesar fue mencionado por las organizaciones de la sociedad civil como particularmente relevante 6. Se habla de impactos a nivel

6 http://documentos.pas.org.co/INFORME_SOMBRA_GLENCORE_-_SHADOW_REPORT_layout.pdf

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de medio ambiente, patrimonio natural de la nación, garantías laborales y sindicales, relaciones con las fuerzas de seguridad estatales y reasentamientos involuntarios de las comunidades afectadas por las operaciones mineras, como es el caso de las poblaciones afrodescendientes del municipio de El Hatillo - corregimiento La Loma. Esta dinámica coincide con las problemáticas que se presentan en zonas como La Jagua con la empresa Drummond, y en el Cerrejón con la población indígena Wayuu. También en el Cesar, la Serranía del Perijá, afectada por distintos proyectos mineros de hidrocarburos y proyectos agroindustriales que limitan la circulación, acceso y uso de recursos naturales estratégicos y las aspiraciones de al menos 150 comunidades que aspiran a la declaración de una zona de reserva campesina7. En el Pacífico, los conflictos alrededor del uso del suelo y la explotación de recursos naturales están relacionados con proyecto de infraestructura portuaria, vial y de turismo. Buena parte de estos proyectos afecta tierras tradicionales de afrodescendientes e indígenas. Finalmente, se habló de la importancia del caso de la multinacional suiza Novartis, el cual gira en torno a las tensiones producidas por la declaratoria de interés público de un medicamento para la leucemia, desarrollado por la compañía, y que había obtenido una patente de exclusividad. La liberación de dicha patente en aras de bajar los elevados precios del medicamento desencadenó presiones diplomáticas internacionales, que llegaron hasta la intervención de miembros del senado de Estados Unidos, que manifestaron la posibilidad de que la ayuda de dicho país a Colombia se congelara como consecuencia de ésta acción regulatoria. Una caracterización de los impactos negativos en el marco de la relación entre empresas y comunidades en Colombia trae como resultado las siguientes dinámicas: -

Permanencia de riesgos sobre líderes comunitarios o sindicales. Incapacidad de las autoridades públicas de prevenir y proteger efectivamente a las comunidades cuando reciben impactos negativos como consecuencia de la actividad empresarial. Persecución judicial sobre defensores de derechos humanos y líderes comunitarios alrededor de tensiones con la actividad empresarial. Utilización de programas de responsabilidad social empresarial para relativizar o invisibilizar eventuales casos de violaciones de derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial. Baja confianza de las comunidades, especialmente campesinos y grupos étnicos, a las intenciones y accionar de las empresas.

Por lo tanto, las tensiones entre las empresas y la sociedad civil se derivan de afectaciones ambientales, vulneración de derechos territoriales, presencia de proyectos extractivos, agroindustriales y de infraestructura en regiones donde se superponen con políticas de restitución de tierras y desarrollo rural alternativo, y regulación de ciertas actividades del sector privado.

7 http://expedicionperija.blogspot.com.co

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III) DESAFÍOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS TRANSICIONALES DESDE LA PROTECCIÓN LEGAL INTERNACIONAL A LA INVERSIÓN EXTRANJERA. Dentro de las discusiones llevadas a cabo en las mesas también se habló de los desafíos que a nivel regulatorio se están generando entre el estado colombiano e inversionistas extranjeros, en el marco de la existencia de tratados de libre comercio e inversión que ofrecen herramientas de protección y solución de disputas a nivel arbitral en favor de los primeros. Los participantes manifestaron que, con el aumento de estos instrumentos internacionales, el estado colombiano asume obligaciones comportamentales, en favor de los intereses de las empresas multinacionales que operan en el país, que pueden llegar a limitar la capacidad regulatoria de las autoridades públicas colombianas. Es decir, que el otorgamiento de condiciones máximas de seguridad jurídica a las empresas puede incidir en la forma en la cual el estado colombiano actúa, incluyendo la eventual implementación de transformaciones estructurales como las que devienen de la ley de víctimas (programa de restitución de tierras) o los acuerdos de paz con las FARC (el acuerdo agrario). En todo caso, es claro que la paz atrae inversión extranjera, razón por la que urge una revisión de las problemáticas descritas en la búsqueda de coherencia en las actuaciones del sector. IV) RECOMENDACIONES PARA LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. -

Al estado colombiano Desarrollar a través de políticas públicas, normas y otras acciones públicas el Plan Nacional en Materia de Empresas y Derechos Humanos.

Implementar mecanismos de articulación entre el Plan Nacional y las iniciativas multi-actor complementarias, privadas o públicas, que se estén desarrollando (Guías Colombia, CME, Diálogo minero-energético, etc.)

Hacer seguimiento y divulgación pública de los eventuales casos de violaciones de derechos humanos en el marco de la actividad de actores económicos en Colombia.

Desarrollar mecanismos nacionales y regionales de diálogo y solución de conflictos entre el estado, las empresas y la sociedad civil (incluyendo de forma especial a las comunidades). Fortalecer a la sociedad civil y las comunidades ubicadas en territorios emblemáticos para el área de empresas y derechos humanos a través de procesos de capacitación y empoderamiento político (consulta previa, consulta popular, acción de tutela, acción de cumplimiento, etc.)

Incluir de forma expedita el área de empresas y derechos humanos en el actual proceso de justicia transicional, con miras a satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación integral, y la no repetición.

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Cabe señalar algunas medidas o estrategias como escenarios de oportunidad en esta materia que son liderados por organizaciones sociales8.

Se requiere mayor de acompañamiento a las comunidades en sus capacidades técnicas y jurídicas.

Crear espacios entre las comunidades y el Estado con participación activa de Ministerio Público y organizaciones internacionales puesto que se precisa de diálogos continuos entre el Estado (como garante), las empresas (actores de prevención) y la sociedad civil 9.

Es fundamental fortalecer los espacios y mecanismo de veeduría.

Se requiere además del fortalecimiento de las capacidades de las entidades a nivel territorial. Así como del mejoramiento de la capacidad institucional de la Defensoría del Pueblo en la mediación de conflictos entre comunidades rurales, organizaciones sociales y empresas. Asimismo, se necesita que la Procuraduría debe desarrollar la circular 001 10.

Es de gran importancia avanzar en el fortalecimiento de la rama judicial en la atención de casos que involucren empresas y protección de DDHH. Se debe promover una cooperación más equilibrada en propiedad intelectual y medicamentos. Debe involucrarse no solo la Superintendencia de Industria y Comercio, sino a otras entidades clave del Estado. (TLC Colombia-U.E 4669).

Las reglas del juego sobre derechos humano y empresas, deben estar claras y establecidas por el Estado, no debe delegarse su seguimiento solo a la sociedad civil. A la Unión Europea Ubicar el área de Empresas y Derechos Humanos como prioritaria en su agenda diplomática y de trabajo en Colombia.

Apoyar el desarrollo de mecanismos de interlocución y acción para lograr que los actores económicos europeos que operan en Colombia cumplan de manera efectiva con los estándares internacionales, comunitarios y domésticos en materia de derechos humanos y empresa.

Iniciar un proceso de diálogo exploratorio con el gobierno colombiano respecto de los eventuales impactos del área de empresas y derechos humanos sobre el contenido y alcance

8 Entre ellos, el informe sobre de la empresa Glencore en Colombia: AECID y su experiencia en la elaboración de recomendaciones a nivel territorial; el Informe del CINEP; Informe Sombra de P.A.S.

9 En estos casos la Cooperación Internacional puede ser un aliado para el fortalecimiento de diálogos.

10 http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/001(1).pdf

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de los acuerdos internacionales de comercio e inversión firmados entre los Estados miembros de la Unión Europea y Colombia. -

La Unión Europea podría crear espacios de diálogo con el Alto Comisionado de DDHH, y en ese marco promover y afianzar el papel en los temas de empresas y DDHH en la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Es central impulsar y facilitar la participación en ejercicios de memoria colectiva del sector privado.

Así mismo, es fundamental promover el intercambio de las experiencias de las organizaciones territoriales y las empresas, al igual que sistematizar experiencias de la sociedad civil exitosas en relación empresas y DDHH.

Es necesario promover el seguimiento a los informes que hacen las empresas en sus países y apoyo para la elaboración de informes sombra11.

En el marco de la cooperación Unión Europea – Colombia, y con ocasión de la puesta en marcha de un plan para el postconflicto y la construcción de paz en el país, impulsar el desarrollo de proyectos en las siguientes áreas: o

Seguimiento y documentación de casos emblemáticos en materia de derechos humanos y empresa.

Fortalecimiento de mecanismos nacionales y regionales de diálogo y solución de conflictos entre el estado, las empresas y la sociedad civil (incluyendo de forma especial a las comunidades).

Fortalecimiento de mecanismos regionales de promoción y protección de los derechos humanos, tales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con miras a desarrollar trabajo específico en el área de empresas y derechos humanos.

Fortalecimiento de la sociedad civil y las comunidades ubicadas en territorios emblemáticos para el área de empresas y derechos humanos a través de procesos de capacitación y empoderamiento político (consulta previa, consulta popular, acción de tutela, acción de cumplimiento, etc.)

Asistir al estado colombiano en la implementación efectiva del Plan nacional en materia de Empresas y Derechos humanos, desde una perspectiva contextualizada con el actual proceso de justicia transicional y de construcción de paz.

11 En este caso se puede capitalizar la experiencia de Suecia frente al seguimiento a empresas

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