seguridad humana y desarrollo en las ciudades eNSAYO
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(In)seguridad humana: elementos mínimos para discutir Guadalupe Margarita González Hernández Expresiones de la inseguridad hídrica Fernando J. González Villarreal Jorge Alberto Arriaga Medina
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Ciudad y violencia Fabián González Luna
Expediente
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Etnografía de una inseguridad invisibilizada Alejandro J. Peimbert Seguridad en la habitabilidad María Elena Torres Pérez Victimización y percepción de la seguridad pública María Evangelina Salinas Escobar Javier Rentería Vargas
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Expediente
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Seguridad y territorio Alfonso Valenzuela Aguilera
SIN LÍMITE
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Violencia y órdenes privados de regulación de la seguridad Antonio Fuentes Díaz
TESTIMONIO
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Seguridad patrimonial, “desocialización” y gentrificación Sonia Maria Taddei Ferraz Leticia Lyra Acioly Paula R. C. C. de Mendonça
REVISTA TRIMESTRAL DE LA RED DE INVESTIGACIÓN URBANA A.C.
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CIUDADES es una publicación científica trimestral con arbitraje, editada por la Red de Investigación Urbana A.C. con sede en el DIAU-UAP. Año 26, Nº 105, enero-marzo de 2015. Todos los derechos de reproducción de los textos aquí publicados están reservados por CIUDADES. Certificado de Licitud de Contenido Nº 3586. Certificado de Licitud de Título Nº 4424. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo del Titulo Nº 369-90. Oficinas: Juan de Palafox y Mendoza Nº 208, 2º Patio, Tercer Piso, Cubículo 4, Puebla, Puebla, C.P. 72000. Teléfono: (222) 2462832. Fax: (222) 2324506. Correos electrónicos: rniu@rniu.buap.mx, rniu@correo.buap.mx Web: http://www.rniu.buap.mx Impresa por Gráficos eFe/Jesús Fernández, Urólogos 55, Colonia El Triunfo, 09430 México, D.F., Tel: (55) 56342822. 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Ambiente n CIESAS-Ciudad de México n CONAPO-D.F. n Universidad Obrera de México n Coalición Internacional del Habitat/América Latina n Universidad Iberoamericana-Plantel Santa Fe: Depto de Ciencias Sociales y Políticas n COPEVI n CORETT-D.F. n Universidad Autónoma de la Ciudad de México: Centro de Estudios sobre la Ciudad n FLACSO-Sede México: Maestría en Población/Maestría en Ciencias Sociales n FEMICSA n CIDE: Administración Pública n UPNT: Centro de Investigación Urbana, Documentación y Asesoría Didáctica n Instituto Mexicano de la Juventud: Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud n INAH: DEAS/ENAH n Estudios Sindicales de América n CENVI n Universidad de Guanajuato: Facultad de Arquitectura/CIM/Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales n Universidad Iberoamericana-Plantel León n Universidad Autónoma de Guerrero: Centro de Investigaciones en Estudios Socioterritoriales/Escuela de Arquitectura y Urbanismo/Maestría en Ciencias Sociales/IIEPA-IMA/Maestría en Ciencias 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seguridad humana y desarrollo en las ciudades eNSAYO
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(In)seguridad humana: elementos mínimos para discutir Guadalupe Margarita González Hernández Expresiones de la inseguridad hídrica Fernando J. González Villarreal Jorge Alberto Arriaga Medina
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Ciudad y violencia Fabián González Luna
Expediente
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Etnografía de una inseguridad invisibilizada Alejandro J. Peimbert Seguridad en la habitabilidad María Elena Torres Pérez Victimización y percepción de la seguridad pública María Evangelina Salinas Escobar Javier Rentería Vargas
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Expediente
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Seguridad y territorio Alfonso Valenzuela Aguilera
SIN LÍMITE
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Violencia y órdenes privados de regulación de la seguridad Antonio Fuentes Díaz
TESTIMONIO
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Seguridad patrimonial, “desocialización” y gentrificación Sonia Maria Taddei Ferraz Leticia Lyra Acioly Paula R. C. C. de Mendonça
ENSAYO
(In)seguridad humana: elementos mínimos para discutir CIUDADES 105, enero-marzo de 2015, RNIU, Puebla, México
Guadalupe Margarita González Hernández*
G
eneralmente cuando se habla de seguridad, intuitivamente se relaciona con violencia asociada a lo físico y a lo público. No necesariamente sucede de esta manera. Por razones de espacio no se discute el debate que actualmente se está desarrollando sobre la conceptualización de la seguridad y cómo ha avanzado desde la seguridad pública, su pasaje a la seguridad ciudadana para aterrizar en seguridad humana. Hasta la fecha, en la mayoría de los países –en donde México no es la excepción– la seguridad está planteada como acción coercitiva y punitiva asociada al crimen organizado, concretamente al narcotráfico y una red diversificada a otras actividades delictivas como el secuestro, extorsión, robo, asesinato, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, entre otros (García et al., 2012). Se trata, en esencia, de un tipo de violencia emergente que ha llamado poderosamente la atención de los medios masivos de comunicación así como de las esferas gubernamentales (Martín Barbero, 2002). Bajo este precepto, la pasada administración de Felipe Calderón consideró adjudicarle fuerza omnipresente al ejército y policía federal en estados y municipios con el fin de combatirla. A partir de ese momento, los enemigos públicos fueron los cárteles de la droga, propiciando el destino de monumentales recursos y esfuerzos para desmantelar su actividad. El saldo ha sido catastrófico si se considera el incremento de asesinatos, desaparecidos, desplazados y la incertidumbre que viven comunidades y personas al ser amenazados o amedrentados (García et. al 2012). Estos eventos han cambiado radicalmente los hábitos de comportamiento de los habitantes en comunidades urbanas y rurales mexicanas y vulnerado sus derechos humanos y libertades políticas y sociales; han esparcido el miedo colectivo,
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Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Zacatecas, México. Correl: gmarggonzh@gmail.com.
muchas veces incitado por la práctica publicitaria estatal y el acoso de grupos armados oficiales e ilegales. Políticamente, se traduce en un deterioro de la experiencia democrática al imponer un modelo de seguridad punitivo sin legitimidad al no consultar a la población. Su emergencia cortó de tajo cualquier tentativa de impugnar al gobierno en funciones (García et al., 2012). Este panorama se compagina (y contrapone) con discursos estatales de paz y desarrollo. Alegatos que se basan en éxitos macroeconómicos (gasto público mínimo, déficit fiscal controlado y estabilidad cambiaria) que buscan convertir a México en potencia económica emergente. La problemática referente a la desigualdad económica, social y política se resuelve a través de programas paliativos de combate a la pobreza y control social bajo dádivas, por un lado; y mano dura hacia sectores inconformes, rebeldes o indignados, considerados enemigos públicos, por el otro. La seguridad y su consecuente violencia ha sido analizada bajo distintos enfoques, la mayoría asociados a un problema de crimen organizado y las propuestas están relacionadas a cómo afrontarlo judicialmente. Todos estos análisis se caracterizan por investigar exclusivamente dichos fenómenos como violencias emergentes y no como lo que realmente son: manifestaciones de las violencias estructurales o sistémicas (García et al., 2012). Entre esas propuestas está aquélla en donde supone la existencia o reconstrucción del Estado de derecho (Carpizo y Valadés, 2008), o la que propone medidas como la legalización de las drogas para aminorar el componente armado y violento sin trastocar el modelo de desarrollo neoliberal (Castañeda y Aguilar, 2012). O bien, aquélla de Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en donde se plantea resarcir los daños a las víctimas y moralizar a las instituciones para impulsar la seguridad ciudadana. En tanto, Edgardo Buscaglia (2013), al considerar el crimen organiza-
do como un fenómeno que trasciende al ámbito transnacional por la red de delitos involucrados, la respuesta se encuentra en los preceptos de la Convención de Palermo. En este contexto, dichas propuestas alternativas resultan insuficientes y limitativas por dejar de lado la necesidad de emprender cambios estructurales en la organización socioeconómica y sistema político, y sólo ofrecen variantes para afrontar la oleada de violencia armada. Su interés por la incidencia de la violencia emergente se debe principalmente para distinguir la mordacidad de las bandas criminales o para cuestionar la estrategia gubernamental del uso excesivo de la fuerza pública, sin considerar que están relacionadas al modelo de desarrollo (García et al., 2012). Estos enfoques alternativos a la propuesta institucional tienen la virtud de poner en el centro de atención a la seguridad humana, superando la circularidad de su problemática en la seguridad pública o ciudadana. Se pretende superar las limitaciones de estos enfoques a través de una perspectiva integral acerca de las violencias sistémicas y emergentes que se manifiestan en las ciudades mexicanas, dejando claro que las amenazas, riesgos y peligros que devienen de las violencias e inseguridades en perjuicio de toda la población son resultado de la implantación de modelos de desarrollo basados en la acumulación de la riqueza en unos pocos y a la forma en cómo han sido construidas las ciudades mexicanas. Esta perspectiva implica reconocer que es urgente reconfigurar un pacto entre ciudadanía y autoridades competentes, con el fin de implantar una política territorializada basada en el desarrollo humano comunitario y productivo, con atención especial a sectores poblacionales urbanos desposeídos y excluidos (Márquez et al., 2012). Las violencias estructurales refieren al acrecentamiento de las desigualdades económicas, culturales, territoriales, sociales, étnicas y políticas que atraviesan el amplio y variado entramado urbano del país y que, entre otras cosas, se manifiestan en una creciente exclusión, segregación, fragmentación y vulnerabilidad social. Con la implantación del neoliberalismo y sus programas de ajuste estructural, este tipo de violencias estructurales o sistémicas ha aumentado a grados extremos. Ello ha propiciado una descomposición sin precedentes del tejido social que afecta, principalmente, a los niños, jóvenes y mujeres, y que se recrudece en las periferias de las zonas urbanas (Márquez et al., 2012). Seguridad ciudadana versus seguridad humana Al ser la ciudad el espacio principal para la construcción social, para la construcción de la ciudadanía, para la formación de identidades colectivas y para potenciar las capacidades de socialización, la violencia irrumpe con sentimientos contrarios. La violencia provoca una erosión de la ciudadanía en tanto que los habitantes, víctimas del fenómeno, empiezan a asumir mecanismos que llevan a modificar su conducta cotidiana: cambios en horarios habituales, transformación de los senderos y espacios transitados cotidianamente; restricción de las relaciones sociales (miedo al desconocido), etcétera (Reguillo, 2002). La violencia y su estigmatización (miedo al otro) genera un impacto ilimitado en los pobladores de la ciudad, porque atacan su esencia: la condición de ciudadanía. El residente
urbano, por miedo a la violencia y amenazas, relega su condición de civitas o polis al modificar sus prácticas participativas y hábitos de convivencia. Una forma de alteración es a través de la reducción de tiempos y espacios para socializar y ejercer sus derechos cívicos más fundamentales, elementos que redefinen la cualidad urbana hacia una estructura más inequitativa (Sanjuán, 2002; Adorno, 2002; Cárdia, 2002). Mas reducir la violencia e inseguridad a la mera participación ciudadana es limitativo, porque considera a “la violencia objetiva (los hechos) y la subjetiva (la percepción) que se despliegan en el territorio urbano de manera desigual produciendo impactos diferenciados” (Carrión, 2008: 120), como un problema de “no ejercicio de derechos” sin establecer relación con la forma de organización social y productiva y la relación de poder cargada. En contraste, la inseguridad humana implica la sistemática degradación de la condición humana propiciada por la dinámica económico-política del modelo de desarrollo suscitado en violencias sistémicas y emergentes. La inseguridad humana expresa mecanismos de exclusión social (Márquez et al., 2012) que se manifiestan y se producen bajo distintas modalidades en el espacio urbano. La perspectiva de la seguridad humana busca un enfoque integral de análisis acerca de las violencias estructurales y emergentes suscitadas por el modelo de desarrollo, por un lado, y por la ciudad misma, por el otro, en perjuicio de toda la población dando mayor incidencia en los sectores sociales más vulnerables (Rotker, 2002). Urbanización de la violencia y la ciudad generadora-contenedora de violencia Las violencias viven un proceso de cambio constante, ya sea por el incremento de su magnitud o la transformación de sus características. Por igual, la ciudad sufre transformaciones por la reducción de su tasa de urbanización; la internacionalización y la reforma del Estado. A las dinámicas en los cambios de la violencia y de la ciudad les corresponde la mutación de la relación entre ellas, que desemboca en una concentración de hechos de violencia y la existencia de una violencia típicamente urbana (Carrión, 2008: 117).
La urbanización de la violencia significa la localización espacial de la violencia en las ciudades: las violencias emanadas de los procesos de desarrollo se manifiestan en las ciudades. Este tipo de violencias se dirigen principalmente en contra de las personas y su organización socioeconómica y política. Las ciudades son receptoras de estas violencias, mas no las creadoras. En contraste, las violencias urbanas son transmitidas en una forma particular de violencias desarrolladas, como escenario, exclusivamente en las ciudades y en un tipo de urbanización proclive a la generación (y control) de violencias específicas, con frecuencia vinculadas a los asuntos de convivencia social urbana. Violencias estructurales y violencias emergentes La mayoría de los estudios sobre violencias en las ciudades se enfoca en aquellas consideradas emergentes, con problemas que refieren a sus manifestaciones (actos delictivos, crimen
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organizado y/o manifestaciones). Las violencias estructurales o sistémicas, por el contrario, se refieren al acrecentamiento de las desigualdades económicas, culturales, territoriales, sociales, étnicas y políticas que atraviesan el amplio y variado entramado espacio urbano del país y que, entre otras cosas, se manifiestan en una creciente exclusión, segregación, fragmentación y vulnerabilidad social. Este tipo de violencias es poco analizada. Con la implantación del neoliberalismo y la aplicación de los programas de ajuste estructural, este tipo de violencias estructurales o sistémicas se ha incrementado y profundizado, afectando las relaciones de convivencia social, que involucra con particular saña a los niños, jóvenes y mujeres, y que se recrudece en las periferias urbanas. Las violencias emergentes se manifiestan principalmente como incidencia delictiva y de inseguridad, en donde las acciones de combate son de corte coercitivo y punitivo. En México, este tipo de violencia emergente ha llamado poderosamente la atención de medios de comunicación y de ámbitos gubernamentales en todos los niveles (Martín-Barbero, 2002), a tal grado que ha habilitado a las fuerzas militares para la realización de actividades policiacas y, simultáneamente, extender la presencia de las policías federales en las ciudades. Las causas estructurales y sistémicas de la violencia urbana se ubican en las relaciones sociales de producción, y que el actual modelo de desarrollo, centrado en las estrategias de las grandes corporaciones multinacionales –como la relocalización de la producción y el empleo de trabajo barato–, confinan a las ciudades mexicanas como un conspicuo apéndice de las cadenas globales de producción, comercio y servicios, y cierran el paso a cualquier tentativa de desarrollo nacional. En este contexto, las aristas de desigualdad y exclusión contravienen la tentativa de desarrollo humano y catapultan la ciudadanía mínima y una condición social generalizada de inseguridad humana que trastoca, en múltiples planos y niveles, desde las más elementales relaciones de convivencia social hasta la fractura del sistema de producción y reproducción de la vida humana, que instiga el trabajo productivo y reproductivo, pasando por la espiral de violencia estructural y criminal que, amén de generar una percepción social esquizofrénica, significa el último círculo de la degradación social, que termina por constreñir los márgenes de acción social en el espacio urbano. Bajo este precepto, es imprescindible distinguir cuáles son las violencias estructurales o sistémicas propias de la ciudad y las que se manifiestan en la ciudad; al mismo tiempo, clasificar las violencias emergentes urbanizadas (que se exteriorizan en el espacio urbano) y las generadas por la organización citadina. Violencias estructurales urbanizadas El proyecto de desarrollo implantado en México implica la integración regional sustentada en las ciudades. Como resultado de este proyecto, se intensifican las desigualdades económicas y sociales a través de los flujos de inversión, comercio, tecnología, conocimientos e información, y se generan escenarios óptimos para el tráfico de personas, armas y drogas como signo de la vulnerabilidad de la condición humana. En el interior de las ciudades emergen desigualdades sociales, manifestadas en la convivencia de islotes de prospe-
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ridad en medio de un mar de precariedad y pobreza que reproducen vacíos de poder en ámbitos socioespaciales; consolidan el desempleo estructural y su economía informal, debilitan el patrimonio genético y cultural de la población, afloran signos de ingobernabilidad y deterioran la actividad política. Aunque el análisis de la (in)seguridad humana en las ciudades es incipiente, existe evidencia que puede ayudar a aportar elementos constitutivos; aquí se enuncian sólo algunos. Reestructuración productiva El modelo neoliberal, con el fin de restablecer la tasa de ganancia a un estado estable, ha concentrado la actividad económica en espacios y actividades que fomentan, además de las especulativas y financieras, el deterioro de los recursos económicos, humanos y ambientales, olvidando las dimensiones regionales. Desde el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones se configuraban cambios demográficos, económicos y sociales hacia la concentración en zonas urbanas, concretamente las más grandes como la ciudad de México o Guadalajara, con la característica del fomento y especialización de la industria que cubría un mercado interno. Pero la imposición del modelo neoliberal, ante el agotamiento del modelo anterior, intensificó las diferencias y desigualdades a tal grado que existe un vaciamiento de la actividad industrial tanto territorial como sectorial, así como un proceso de terciarización de la economía caracterizado por la precarización del trabajo y empeoramiento de las condiciones de vida de los pobladores urbanos y rurales. Ciudades anteriormente industriales como León o Monterrey han perdido competitividad no sólo por la volatilidad en los flujos de inversión, sino por el tipo de suministros requeridos por la demanda y dependencia de insumos importados. La reubicación de la actividad industrial hacia la frontera y centro del país (concretamente el corredor Querétaro-Aguascalientes) se caracteriza por no tener fuertes impactos económicos multiplicadores en dichos espacios urbanos ni sus zonas de influencia. Aquellas ciudades que no tuvieron acceso al proyecto de industrialización, o su proceso no fue de relevancia a causa de su poca capacidad de atracción de inversión, se dedicaron principalmente a ser centros de distribución de bienes y servicios y de administración de recursos públicos. En la etapa del modelo de desarrollo de apertura comercial, los cambios en la distribución de bienes y servicios fueron modificados ante nuevas formas de comercialización y de introducción de técnicas innovadoras en el trasporte y las comunicaciones; al mismo tiempo, el reacomodo del Estado, de ser un generador de desarrollo económico a ser simplemente gestor de recursos, modificó la estrategia de sobrevivencia de las ciudades terciarias, dando paso a nuevas dinámicas. Asimismo, estas ciudades se encargaron de mercantilizar su patrimonio cultural urbano. Los proyectos de conservación y mantenimiento patrimonial estimulan el desarrollo económico de acuerdo a la liberación de acciones individuales y colectivas empresariales con base en los derechos en la propiedad privada, libre mercado y libre comercio (Su, 2010). Las ciudades terciarias se ven forzadas a competir por la atracción de capitales y personas extranjeros con el fin de asegurar su ventaja locacional, su
distinción, en donde la gestión estatal juega el papel principal para la rentabilización del patrimonio por medio de negociaciones y disputas de poder con los actores involucrados. Localización económica y residencial La aglomeración puede generar concentraciones de empleo en ciertas localizaciones dentro de un área urbana. Una localización bien equipada con infraestructura como vialidades y líneas de transporte puede atraer a las empresas. Los centros se pueden formar en donde tengan accesibilidad a mercados e insumos de una manera menos costosa (McDonald y McMillen, 1998; Bennett y Smith, 2002). No obstante, los cambios en la aglomeración al interior de las ciudades pueden darse por cambios en las dinámicas externas como los procesos de reestructuración productiva o los cambios en las innovaciones tecnológicas aplicadas a los transportes y las comunicaciones, dando paso al cambio de un centro principal a otro suburbano. En los centros principales tradicionales, la población que camina es más amistosa e incluso es benéfica a las economías de aglomeración, potencial que impulsa las compras y uso de servicios y, por tanto, una mayor interacción social (Cook et al., 2007). En contraste, el centro suburbano con dependencia en el uso del automóvil y baja densidad, comparada con la del centro tradicional, sigue siendo un signo distintivo del ambiente suburbano a pesar de considerarse como principal en la jerarquía (Fillion, 2001). El centro suburbano expone un estilo de vida, como la utilización de tecnologías, el cuidado de la salud y la adquisición de prácticas de consumo suscitadas por las nuevas formas de inserción del capital mundial intensificando la individualidad. El patrón de localización de los grupos sociales en una zona urbana corresponde a principios sociales y económicos; el acceso a una vivienda estriba en la capacidad de compra, las necesidades y la oferta inelástica de vivienda. Grupos con alta capacidad de compra acceden a residencias con mejores servicios de infraestructura y equipamiento urbano; los de menor capacidad económica adquieren viviendas que cumplan con sus necesidades básicas. La integración de grupos sociales con sus vecinos corresponde a la complementación social que poseen grupos de ingreso con gustos y costumbres similares, tienen mayor armonía social que aquéllos en donde los intereses grupales son diferentes; los barrios sociales reflejan un mosaico de manifestaciones diferenciadas de comportamientos sociales y económicos. Aquellos grupos sociales que gozan de mayor diversidad en manifestaciones sociales y económicas demandan más y mejores bienes y servicios; la centralidad requiere de un mercado diversificado en gustos y preferencias, necesita barrios en donde la segregación social sea mínima. En zonas en las que el aislamiento social es elevado es difícil que un centro con alta jerarquía exista a causa de la poca diversidad en la demanda, conocimiento social y educación (Alegría, 1994a). Si existen cambios en la estructura urbana, los grupos con más recursos y conocimientos se adaptan mejor. La localización de la actividad económica hacia una nueva dirección implica movilizaciones de recursos humanos y económicos; ni todas las actividades ni todos los grupos sociales se ajustan al mismo ritmo (Harvey, 1985). Cambios en la estructura urbana implican modificaciones en costos de proximidad y precios de
accesibilidad, así como en oportunidades de empleo, compras y redistribución del ingreso (Alegría, 1994b). Violencias estructurales urbanas Las violencias estructurales urbanas provienen de la producción social del territorio. El espacio urbano como elemento relevante de la producción de los hechos violentos viene de la división social del espacio y de la lógica particular del urbanismo, que puede producir cierto tipo de violencia particular acorde a las manifestaciones estructurales urbanas. Las principales violencias estructurales urbanas se podrían enumerar en los proceso de planeación urbana, segregación residencial, fragmentación espacial y acceso diferenciado a los recursos urbanos que provocan exclusión social y miedo al otro. a) Procesos de planeación urbana. Las técnicas y herramientas para conocer e influir en la estructura urbana no son imparciales. Son instrumentos que permiten la desigualdad y diferenciación de espacios, recursos y personas sobre la forma, el diseño y la orientación de la planeación urbana. Generalmente, la planeación está asociada a la imposición de gustos, intereses y proyectos de la clase hegemónica, quien expresa su visión de la dinámica urbana bajo los proyectos de diseño urbanístico y arquitectónico y reactivación económica y social de los espacios urbanos. b) Segregación residencial. La localización diferenciada de la sociedad en el territorio crea una violencia real y simbólica que, finalmente, se expresa en las relaciones excluyentes entre los lugares de despliegue de la población de altos y bajos recursos económicos y culturales, convertidos en elementos centrales de la desigualdad. Con la segregación residencial se confirma que, mientras los pobladores de barrios pobres encuentran seguridad en la búsqueda del sentido de pertenencia, de la identidad comunitaria y de la participación colectiva de lo local, los habitantes de los barrios altos lo hacen sobre la base de la defensa de la homogeneidad interna, para lo cual se blindan. c) Fragmentación espacial. Se pasa de una urbe que contiene una ciudad plural a una ciudad de fronteras, con límites y barreras infranqueables en donde la exclusión es una forma de estar fuera de la ciudad, y lo hace por medio de las rupturas territoriales, generacionales, étnicas, migratorias y de género, entre otras. Las fronteras son sinónimo de separación entre nosotros y ellos, en donde el paso de unos está reglado y el de otros negado. La fragmentación lleva al habitante de la ciudad a comportarse como un forastero, porque cuando no camina por senderos habituales hacia los lugares de trabajo o de residencia y se sale de su territorialidad cotidiana (barrio), inmediatamente se le hace sentir forastero y, por tanto, se le exige identificación, como si fuera necesario un pasaporte o una visa para transitar de un barrio hacia otro y en cada uno de ellos se expresa como unidad cerrada y autárquica (Reguillo, 2002). d) Acceso diferenciado a recursos urbanos. En las ciudades, el equipamiento e infraestructura urbana se distribuye de manera escasa. Los recursos se localizan en zonas de mayor accesibilidad. Plazas, parques, escuelas, amplias avenidas, tratan de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Centros de comercios y servicios también responden a ese principio físico, el acceso a mayor número de consu-
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midores correspondería a una localización conveniente. Por tanto, la localización de centros tiene que ver con la ubicación de recursos urbanos. El acceso a recursos urbanos y centros es diferenciado de acuerdo al asentamiento residencial de cada uno de los grupos sociales. Aquéllos cercanos a centros alcanzarían un mayor poder adquisitivo por el hecho de su proximidad. Un elemento fundamental para mejorar o deteriorar el ingreso real es el costo de desplazamiento (Alegría, 1994b). Los recursos financieros y sociales de los grupos de ingreso alto y medio permiten acceder a las residencias en espacios con equipamiento urbano, su localización contigua a los centros se debe a su capacidad económica y social. Hay una disminución en costos de desplazamiento por su cercanía a los centros, lo que crea consecuencias favorables en su ingreso real. Por el contrario, el poder adquisitivo del individuo de bajos ingresos se deteriora espacialmente; su localización se evidencia en las áreas de menor renta de suelo e interés social (González, 2009). e) Renta del suelo. Los gastos asociados con contactos cara a cara se amplían por el incremento en la distancia, así como el tiempo asociado con el movimiento de población, que son decisivos en la localización. Su relevancia se refleja en la oferta de rentas más profundas para localizaciones con excelente acceso. Los servicios financieros o de consultoría son ejemplos en donde las medidas de producto no son tangibles y la frecuencia del contacto personal indica altas tasas de transferencia (costo en el tiempo asociado con el movimiento de personas), pero para obtener altas tasas de producto implica un manejo de múltiples contactos interpersonales para un pro-
ducto total dado. Por otro lado, la habilidad para sustituir entre suelo agrícola y no agrícola contribuye a la profundidad de gradiente de la renta urbana. Esas actividades ofertan suelo más central; al aumentar los costos fijos –como edificios y equipamiento– por acre de tierra, la profundidad de gradientes de renta del suelo también es reforzada. La producción y características de transferencias de actividades que ocupan áreas urbanas usan intensivamente el suelo y ofertan altas rentas en localizaciones centrales, con el supuesto de que la tierra es igual en calidad en cualquier lugar; a mayor demanda por actividad, más amplia es el área que ocupa (Hoover y Giarratani, 2000). Estas violencias sistémicas o estructurales a la construcción social de la ciudad son casi ya imperceptibles a los ojos de sus habitantes, y analizadas cada vez con menor intensidad por los académicos y planeadores. Violencias que configuran una inseguridad humana de los pobladores urbanos más intensa y profunda, así como menos perceptible. Violencias emergentes urbanizadas Este tipo de violencias es el más visible y acapara la atención de los medios de comunicación masivos. a) Urbanización de la violencia por “guerra contra el crimen organizado” y movimientos sociales asociados al modelo de desarrollo. Las disputas entre grupos del crimen organizado y la contraofensiva estatal se han desatado en todo el territorio mexicano, pero ha sido en las ciudades en donde ha tenido el mayor impacto, principalmente por la concentración de recursos humanos y económicos. Pero aquellos actos considerados como delitos que atentan a la
Emma Liliana Navarrete y Nelly Caro Luján (coords). Poblaciones vulnerables ante la salud y el trabajo, El Colegio Mexiquense, 2014 La pobreza es un signo inequívoco del México de estos tiempos. Por más que aparecen programas que intentan disminuirla, los resultados han sido insuficientes y cada vez un grupo mayor de personas se dirige hacia ella. Es bajo esta premisa que se propone este libro, pero asumiendo que no todos los individuos vulnerables se encuentran en el mismo riesgo de transitar hacia la exclusión. El objetivo de poblaciones vulnerables ante la salud y el trabajo es conocer cuáles son los riesgos de algunos sectores de la población, es vislumbrar qué tan vulnerables están algunos grupos para trasladarse hacia una peor condición de vida, mas esta vulnerabilidad es vista sólo bajo el tamiz de dos dimensiones: el trabajo y la salud, asumiendo que el acceso a la salud y a un trabajo decente permite conocer dos parámetros fundamentales para lograr el bienestar y mejorar la calidad de vida. En este libro se contemplan principalmente seis grupos poblacionales: niños, jóvenes, indígenas, mujeres, sexoservidoras y migrantes. Evidentemente faltan otros, como los que viven con vih/Sida, la población lésbico-gay-bisexual-transgénero (lgbt), los ancianos, etcétera. Minorías en general que, aunque no fueron incluidos en este volumen, requieren sin duda ser estudiados. Los textos que conforman este libro no agotan la problemática de la vulnerabilidad, pero sí aportan un acercamiento actual desde diversos contextos geográficos, con variedad de enfoques metodológicos y representan avances importantes en el conocimiento de la pobreza y la desigualdad de la realidad mexicana. Informes: El Colegio Mexiquense ac, Ex Hacienda Santa Cruz de los Patos s/n, col. Cerro del Murciélago, 51350 Zinacantepec, Estado de México. Tel: (722) 2799908 ext. 183. Página: http://www.cmq.edu.mx
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seguridad física y emocional del individuo, como el robo o secuestro, también han sido masificados en las ciudades. Adicionalmente, las ciudades son el lugar idóneo para expresar públicamente las inconformidades ante los procesos de desigualdad social llevados por el actual modelo de desarrollo. Marchas, mítines o repudios públicos en contra de los despidos masivos de trabajadores, del aumento de precios o la intensificación de crisis económicas son constantes fenómenos exhibidos en los espacios urbanos. Los residentes urbanos han asimilado y apropiado a su dinámica cotidiana estas manifestaciones y las relacionan a la dinámica sociourbana más que a la dinámica estructural socioeconómica. Estos fenómenos atentan a la seguridad humana de los residentes urbanos. b) Patrones de localización y comportamiento diferenciados dependiendo del emplazamiento de la violencia en las ciudades. La incidencia de la violencia en determinadas áreas en el interior de las ciudades o entre ciudades estigmatiza y provoca segregación, exclusión y fragmentación de la vida comunitaria urbana. La percepción de que Acapulco es más violenta que Mérida a causa de la lucha contra el narcotráfico, o que el barrio Tepito es mucho más violento que Santa Fe, incita indirectamente los patrones de tránsito de residentes así como patrones de localización residencial, afectando no sólo a la economía local y estructura intra e interurbana, sino a los patrones de convivencia social y deterioran el tejido social urbano. c) Cambios en los patrones de vida de los ciudadanos. La exaltación de la violencia en las ciudades ha provocado, además del miedo, cambios en los comportamientos de los residentes urbanos, que va desde considerar al otro como un agresor, hasta cambiar hábitos en las prácticas cotidianas. A esto se le añade la violencia ejercida del Estado a través de legitimar una fuerza militar y policial en aras de controlar el crimen organizado, que asusta y cohíbe las manifestaciones políticas y sociales de los ciudadanos (Concha, 2002). A raíz de esto, en las ciudades mexicanas –principalmente las azotadas por este tipo de violencia– es común identificar los cambios en las rutas de traslados de los residentes, en reducir sus salidas de sus casas a sólo actividades exclusivamente necesarias, y a someter sus horarios de convivencia social. Violencias emergentes urbanas Para Jesús Martín Barbero (2002), en sus propias direcciones, los movimientos étnico, social, regional, feminista, ecológico, de juventud, de consumo y gay están dando forma a la racionalidad política. Esos nuevos movimientos excedieron el tradicional sentido de la política y son reorganizados en términos culturales. Los nuevos movimientos urbanos descubrieron las dimensiones culturales de la política, revelaron la política como una esfera para producir un sentido de lo social para negociar intereses y diferencias. Los nuevos movimientos urbanos encaran una ciudad hecha de flujos y noticias con una fuerte dinámica de reterritorialización de luchas: luchas por el espacio. Al descubrir la relación entre política y cultura –la cual no tiene nada que ver con la vieja obsesión por politizar todo–, los nuevos movimientos descubrieron la diferencia como un espacio para profundizar la democracia y la autonomía. Así, la lucha con-
tra la injusticia es también la lucha contra la discriminación y diversas formas de exclusión, la cual es, al final del día, la construcción de un nuevo modo de ser del ciudadano que nos lleva a reconocer a los otros, en una condición indispensable para la comunicación y sólo la vía civil de superar el miedo. Al mismo tiempo, es la forma en cómo se está construyendo la ciudad social, y espacialmente ha estado intensificando las conductas de desprecio, discriminación, y principalmente de segregación, en contra de determinados grupos sociales marginados y asociados al modelo de desarrollo. Los movimientos étnico, feminista, étnico y/o gay son expresiones de diferencia entre seres humanos, pero no de desigualdad. Para el modelo neoliberal implantado en México desde inicios de la década de 1980, ha sido muy rentable políticamente estimular las diferencias y las individualidades, pero ha estado discriminando social y espacialmente a los marginados: despreciar al pobre que pide limosna en una calle, al desempleado o al joven por vivir en un barrio “no deseado”. Asimismo, las expresiones de grupos de jóvenes como ninis, dark o emos son conductas no aceptadas por los residentes urbanos porque reflejan la incapacidad de la ciudad para contrarrestar las desigualdades. Los comportamientos “anti-desigualdad” se están reproduciendo a pasos agigantados en las ciudades mexicanas como producto de la segregación y la fragmentación. Se trata de una estigmatización, exclusión y miedo de un subgrupo social urbano por otro. Estas violencias emergentes urbanas se traslapan y se diluyen entre la insurgencia de la guerra contra el crimen organizado y la insurgencia de diferentes movimientos urbanos en contra de la discriminación sexual, étnica o ambiental, al mismo tiempo que ocultan las violencias estructurales tanto urbanas como de organización social, que avanzan sin obstáculos serios. Deterioro de la ciudadanía y seguridad humana En ciudades que padecen el incremento de la violencia social, el cambio tendría que comenzar con repensar el contrato social, los modelos de solidaridad o construcción cultural/ simbólica de un deteriorado sistema que produce más fisuras que las que llena. Las fisuras son estructurales, discursivas y políticas. Pero la violencia reescribe las condiciones de ciudadanía y obliga aun a los teóricos del discurso y las estructuras ideológicas del poder a revisar postulados conocidos, porque el miedo ha creado una nueva forma de subjetividad. Acostumbrados, en otra era, a representar la realidad en términos de lucha de clase, y ahora en términos de minorías étnicas o sexuales, se olvida que ir caminando en las calles es una aventura diaria de miedo en muchas ciudades (Rotker, 2002). Es una guerra no declarada que enfrenta a todos contra todos; es un lucha de cualquiera por sí mismo. Esta guerra no declarada es, en cualquier sentido, una guerra civil en la que no hay espacios seguros, sin lugares de refugio, ni slogans patrióticos, ni proclamaciones programadas, ni direcciones, ni metas a medio ni a largo plazo. Las ciudades también tienen sus dolencias, zonas cancerosas que pueden ser extirpadas o al menos aisladas para vecindarios específicos. La modernidad dividió a las grandes ciudades dentro de áreas claramente marcadas, pero la posmodernidad las diferenció social y culturalmente. Y los argu-
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mentos construidos de seguridad humana deben reconocerlo (Reguillo, 2002). El diagnóstico y análisis de la seguridad humana se da sólo si existe una diferenciación en la conceptualización de la violencia en lo referente a la dinámica urbana. Las ciudades mexicanas no sólo han profundizado sus conflictos negativos como producto de los cambios en su dinámica interna de reproducción social vividos en los últimos años, sino como producto de la configuración del modelo de desarrollo llevado actualmente. De hecho, se configura actualmente una mayor atención a la problemática de la urbanización de las violencias emergentes que a la violencia urbana estructural, que incita a plantear la urgencia del cambio del modelo de desarrollo basado en la seguridad humana como indicativo de la evolución de capacidades y habilidades que permitan un avance armónico en mejores condiciones de convivencia social, lo que lleva a la construcción física y social de ciudades más justas. En términos prácticos, la propuesta alternativa aboga por entablar un pacto entre ciudadanía y autoridades competentes, con miras de articular una política de participación territorializada orientada a la construcción social de nuevas avenidas de desarrollo humano que permitan reconstruir, paulatinamente, el tejido social y productivo, en especial de los sectores poblacionales desposeídos y excluidos en la actual estructura urbana. Asimismo, este pacto social pretende asentar la seguridad humana como baluarte de la convivencia y solidaridad social, a fin de garantizar los derechos humanos fundamentales de la población urbana y crear un clima social de bien común, democracia, justicia y paz (García et al., 2012) en donde la morfología y naturaleza de la ciudad contribuya a construirla, no a destruirla.
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seguridad humana y desarrollo en las ciudades eNSAYO
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(In)seguridad humana: elementos mínimos para discutir Guadalupe Margarita González Hernández Expresiones de la inseguridad hídrica Fernando J. González Villarreal Jorge Alberto Arriaga Medina
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Ciudad y violencia Fabián González Luna
Expediente
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Etnografía de una inseguridad invisibilizada Alejandro J. Peimbert Seguridad en la habitabilidad María Elena Torres Pérez Victimización y percepción de la seguridad pública María Evangelina Salinas Escobar Javier Rentería Vargas
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Expediente
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Seguridad y territorio Alfonso Valenzuela Aguilera
SIN LÍMITE
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Violencia y órdenes privados de regulación de la seguridad Antonio Fuentes Díaz
TESTIMONIO
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Seguridad patrimonial, “desocialización” y gentrificación Sonia Maria Taddei Ferraz Leticia Lyra Acioly Paula R. C. C. de Mendonça