Estudios Críticos del Desarrollo vol. X, no. 18, primer semestre de 2020

VOLUMEN X, NÚMERO 18, PRIMER SEMESTRE DE 2020 ISSN: 2594-0899

Estudios Críticos del Desarrollo, volumen x, número 18, primer semestre 2020, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas», a través de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Jardín Juárez 147, colonia Centro, 98000 Zacatecas, Zacatecas, Teléfono: (01) 492 92 291 09, www.uaz.edu.mx, www.estudiosdeldesarrollo.mx, revistaecd@uaz.edu.mx Editor responsable: Humberto Márquez Covarrubias Reserva de derechos al uso exclusivo vía red cómputo número 04-2015-060212193100-203, issn: 2594-0899, otorgados ambos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor Responsable de última actualización: Israel David Piña García Fecha de la última modificación: junio de 2020 Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de los editores de la publicación.

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Contenido Editorial 7

¿Adiós a todo eso? Los avatares de la «cuarta transformación» Humberto Márquez Covarrubias

Artículos 25

Capitalismo, desarrollo, imperialismo, globalización: una historia de cuatro conceptos Henry Veltmeyer

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Claves de los conflictos socioambientales mexicanos Darcy Tetreault

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La lucha de clases por la tierra y por la democracia en Paraguay Arturo Ezquerro-Cañete

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Mi idea de caracol es otra Luciano Vasapollo

175

Ucronías para la vida buena René Ramírez Gallegos

Debate 213

Los microbios interpelan a las terapias Guillermo Foladori

261

El rey va desnudo: realidad y retórica en el proyecto transformista de la 4t Humberto Márquez Covarrubias

Reseña 349

Los caminos del desarrollo del tercer mundo al mundo emergente, de Héctor Guillén Romo Carlos Mallorquín

Estudios Críticos del Desarrollo | Primer semestre 2020, volumen x, número 18:7-24

Editorial ¿Adiós a todo eso?

Los avatares de la «cuarta transformación» Humberto Márquez Covarrubias*

El movimiento lopezobradorista se inscribe dentro de la tradición populista latinoamericana, aunque es un emisario tardío de su tercer corte generacional, el de la oleada «progresista». El antecedente del populismo en México es el Partido de la Revolución Mexicana (prm), de los años treinta, con el cardenismo a la cabeza, y después durante los cuarenta y los setenta, ya con la nueva denominación de Partido Revolucionario Institucional (pri). En América Latina también ha habido populismos y su era dorada fue entre mediados de los cuarenta y mediados de los sesenta. La segunda ola populista va de la mano de la socialdemocracia en los setenta y ochenta.

Después es eclipsado por el neoliberalismo y resurge, en un tercer ciclo, acompañado del «progresismo» sudamericano.

Los rasgos populistas del lopezobradorismo son variopintos, pero identificables. Se trata de un movimiento político supeditado al liderazgo carismático de Andrés Manuel López Obrador, un peculiar caudillo laico-cristiano. La hegemonía política de esta formación corresponde a una dirección entre burguesa y pequeñoburguesa que amalgama al sector empresarial de derecha y a intelectuales de centro-izquierda. Detenta una * Docente investigador, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

issn impreso 2448-5020

issn red cómputo 2594- 0899

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ideología nacionalista decimonónica con incrustaciones de todo tipo, desde religiosidad evangélica y católica, pasando por el populismo hasta un neoliberalismo encubierto.

La formación partidaria denominada Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no es precisamente un partido nuevo, sino que deviene de partidos anteriores que fueron abandonados como la piel de una serpiente: Partido de la Revolución Democrática (prd), Partido Mexicano Socialista (pms), el pri, entre otros. Debido a la larga campaña electoral en que cimentó su triunfo, esta organización se asume como un partido-movimiento que opera, a su vez, como un frente electoral en alianza con partidos políticos y organizaciones de las más diversas y contrapuestas ideologías.

Cuenta con una gran base popular multiclasista donde convergen trabajadores, campesinos, profesionistas, pequeños empresarios y políticos profesionales; sin embargo, renuncia a asumir la representación de clase y en su lugar se identifica con la entelequia de «pueblo», por oposición a la «mafia del poder». Una vez en el poder, el lopezobradorismo dice ser el genuino, sino es que el único, representante del pueblo en su conjunto («bueno y sabio», con remembranzas cristianas y roussonianas) y adopta una política de tipo bonapartista, esto es, supuestamente se eleva por encima de las clases sociales y de los conflictos entre ellas («gobernar para pobres y ricos»). Pero en última instancia está al servicio de los intereses del capital en general (los «mercados», el «crecimiento», la «inversión», los «megaproyectos») y del imperialismo estadounidense en particular («libre comercio», contención de migrantes centroamericanos, política de seguridad militarizada). De manera conspicua establece vínculos con sectores específicos de la burguesía mexicana, algunos de los magnates más identificados con los gobiernos anteriores (la «mafia del poder»), lo cual no está exento de confrontaciones 8

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con otra facción de la burguesía que apostó por las candidaturas más resueltamente derechistas del Partido Acción Nacional (pan) y el pri. Sin embargo, se hacen gestiones para limar asperezas, desde la oficina del jefe de gabinete, ocupada por un empresario derechista, Alfonso Romo. En claro contraste, no se despliega un acercamiento semejante, concreto, con trabajadores, movimientos sociales y comunidades de base, a quienes, por el contrario, se les ataca discursivamente, colocándolos en el saco genérico de los «adversarios» y «conservadores», donde figuran indistintamente todos quienes osen criticar al gobierno, sean de derechas o de izquierdas, de las clases trabajadoras o del empresariado. La política asistencialista contribuye a desmovilizar a las organizaciones sociales y colectivos para reconfigurarlos como ese pueblo idílico al que se dice gobernar, sin admitir ningún contenido clasista como sujetos explotados y dominados, sino como bases sociales de apoyo al gobierno con una funcionalidad electoral manifiesta.

La renuencia a tomar decisiones antiimperialistas y marcar una distancia con los gobiernos latinoamericanos que expresan esa intencionalidad política pone de relieve las relaciones de «amistad», por no decir sumisión, con el presidente Donald Trump, declaradamente hostil hacia los mexicanos, en tanto que se invoca la doctrina Estrada («no intervención») para eludir un eventual liderazgo latinoamericano y la solidaridad política con gobiernos que pudieran ser afines a la línea «progresista», con todas sus limitaciones.

En las últimas décadas, los gobiernos de ascendencia popular en América Latina se adscriben al «giro progresista» y proclaman un proyecto «posneoliberal». Emergen con el respaldo de frentes electorales conformados por movimientos sociales y enarbolan un programa centrado en el crecimiento económico y la distribución del ingreso, para ello se gestiona

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la reproducción del capital, así sea con programas extractivistas o maquiladores, y se respalda el consumo de sectores pobres. El soporte de esta forma de gobernar ha sido la formación de economías de enclave operadas por el gran capital mediante el neoextractivismo y la exportación de materias primas en un contexto de precios internacionales favorables, donde el gobierno toma una parte de la renta del suelo concesionado (government take), lo cual le permite conformar una bolsa para financiar al gobierno y los programas de asistencia social. A la postre, el despliegue de esa fórmula de gestión estatal posibilita la construcción de una hegemonía política, pero no produce un genuino cambio social.

Así como la vertiente productiva del progresismo latinoamericano ha sido la de incentivar el crecimiento neoextractivista y redistribuir parte de la renta, el gobierno lopezobradorista puede ser considerado bajo esa pauta como un miembro tardío de la corriente posneoliberal y populista.

En el caso de México, la apuesta se remite al salvamento de la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex) y la construcción de la refinería de Dos Bocas, como si se fraguara una reedición del «milagro mexicano» verificado entre los cincuenta y setenta del siglo pasado, cuando la petrolización impulsó el crecimiento económico, en un contexto internacional favorable signado por la expansión capitalista de posguerra, la demanda de petróleo y otras materias primas y los acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Aquel fue el momento de esplendor del pacto populista mexicano comandado por el pri y la corporativización de los sectores campesino (Confederación Nacional Campesina [cnc]), obrero (Confederación de Trabajadores de México [ctm]) y popular (Confederación Nacional de Organizaciones Populares [cnop]). No obstante, el punto de quiebre devino con el colapso de los precios internacionales y el consecuente estallamiento de 10

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la crisis en 1973. Este crucial episodio fue aprovechado estratégicamente por el Fondo Monetario Internacional (fmi) y el Banco Mundial (bm) para imponer los programas de ajuste estructural y desde ese momento se derrocó el proyecto de «industrialización por sustitución de importaciones» o el llamado «milagro mexicano» con su ideología nacionalista, mediante un contundente golpe de timón operado desde el mismo poder político del Estado y bajo la continuidad de la hegemonía del pri-gobierno para suplantar el pacto populista con la adopción de la política neoliberal y la reinserción subordinada de la economía a la égida del capital global. La petrolización de la economía era una especie de extractivismo exportador basado en la bonanza del mercado mundial que insufló el desarrollismo mexicano, un idílico «desarrollo estabilizador», pero no se acompañó con la generación de bases científico-tecnológicas para alentar la industrialización y la reestructuración del aparato productivo y la promoción de cambios sociales sustantivos, más allá del corporativismo priista.

En América Latina, los gobiernos de centro-izquierda que derrotaron a la derecha neoliberal impulsan el ciclo progresista y un renovado pacto populista, pero México arriba tardíamente, incluso cuando pareciera estar en retirada o en un momento de reflujo, al menos en Brasil, Argentina, Ecuador, Honduras, Paraguay, debido a la imposición de gobiernos de derecha neoliberal, por la fuerza o por las urnas. El lopezobradorismo no se ha identificado con ese fenómeno, guarda silencio, marca su distancia, y más bien prefiere presentarse como aliado obediente del gobierno estadounidense de Trump y retomar la política de no intervención para eludir la toma de postura en los conflictos de América Latina. En esa línea se refrenda el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (t-mec) —versión trumpista del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan)—,

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además de corresponder a la exigencia de contención militarizada de los migrantes centroamericanos, entre muchas otras disposiciones). Por añadidura, se enuncian inverosímiles posturas neoconservadoras, que retoman agendas retrógradas de las Iglesias evangélicas, premisas que favorecen a los grandes capitales y a los intereses imperialistas, acometidas contra grupos feministas, en suma, un cúmulo de giros ideológicos y prácticas políticas ajenas a la izquierda laica, republicana y soberana.

El progresismo también tiene una vertiente cultural que suele desentenderse de la cuestión económica, pues se orienta a luchas simbólicas, identitarias y los derechos de las minorías, en torno a temas como el medio ambiente, la equidad de género, los pueblos indígenas, la diversidad sexual, el consumo de mariguana, etcétera. El lopezobradorismo es ambiguo en este terreno, pues su líder tiene un cariz conservador (evangelista) y moralista, al igual que muchos de sus aliados derechistas. En este aspecto, el frente electoral muestra una indefinición ideológica o una confusión programática, quizá deliberada para abarcar los más variados flancos del espectro ideológico, lo cual presagia algunos desencuentros. No existe, sin embargo, un fuerte impulso de articulación entre la parte económico-política y la vertiente cultural, en detrimento de la coherencia del supuesto proyecto transformador. De hecho, el ala izquierdista morenista es más posmoderna, identitaria y culturalista, que económico-política, y resueltamente muy lejana de posiciones abiertamente socialistas o comunistas.

Sin embargo, el lopezobradorismo no se define a sí mismo ni como populista ni como progresista, sino que pretende definirse en oposición al «neoliberalismo», entendido como una forma de corrupción política, cuando en realidad se siguen los postulados y políticas neoliberales en el ejercicio del gobierno. Para esta vertiente política el problema no es el capitalismo, 12

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sino la forma neoliberal del capitalismo, por lo que, se supone, el capitalismo puede ser «humanizado» o «moralizado», y en esa lógica los empresarios privados no explotan al trabajador, no se apropian de trabajo ajeno, sino que sus ganancias son bien habidas. La solución mágica es suprimir la corrupción política, aplicar la austeridad fiscal y abatir los privilegios de diversos sectores de trabajadores. Desde un imaginario decimonónico refulge una obstinación por rastrear los antecedentes de la historia patria, la historia de bronce, tan cara a la ideología nacionalista-revolucionaria del viejo pri, donde se enaltecen los hechos heroicos de los próceres, los mitos del nacionalismo, como si se fueran a escribir nuevos capítulos en ese añejo libro, y en esa trama ideológica se promulga la «cuarta transformación», supuestamente heredera de las gestas patrióticas: independencia, reforma y revolución.

Más allá de la subjetividad política y de la simiente ideológica que envuelve a todo proyecto político, el programa de gobierno se presenta como antineoliberal o posneoliberal. Esta postura resulta muy contradictoria, pues es más declarativa que efectiva. El neoliberalismo es definido como una especie de corrupción política —de hecho todo el discurso lopezobradorista gira en torno a la corrupción, como la matriz de todos los males— y se esgrime como una explicación unívoca, monocausal, de cuanto problema se afronta. Por supuesto, se omite el hecho de que el susodicho neoliberalismo es un proyecto de clase, del capital contra el trabajo; una correlación que el gobierno no pretende modificar en su estructura profunda.1 A decir verdad, el neoliberalismo no es tan nuevo, puesto que replica o actualiza las atrocidades del capitalismo victoriano, además de que no es liberal si se considera que esa perspectiva no acepta la autocracia. Algo similar se puede decir de la noción de «Estado mínimo» y su axioma que predica que el «Estado no debe intervenir en la economía», toda vez que el Estado es un poder muy activo para desplegar la acumulación de capital. Tampoco es admisible la noción de «libre mercado», en una economía donde campean los monopolios internacionales.

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Ideológicamente es una arista del neoconservadurismo que alienta el individualismo, la libertad y la autonomía individual, contra el colectivismo, el progresismo y el socialismo. En definitiva, es la careta ideológica de los grandes monopolios, el capital financiero y el poder del gran dinero. Aunque tiene una agenda clara en contra de lo público, de los trabajadores y de lo común, se trasviste con proclamas favorables al combate a la corrupción, la responsabilidad social y la economía verde. Como sea, el fantasma del neoliberalismo deambula por los pasillos de la «cuarta transformación»: si por los discursos fuera, pareciera ser su némesis, pero perdura en los hechos como una política inercial, una continuidad tecnocrática en las sombras. El régimen político en ciernes puede, incluso, ser concebido como populismo neoliberal.

Además de los rasgos populistas y progresistas, donde se conjugan las variantes extractivista y asistencialista, en la dimensión económica el programa lopezobradorista atiende al término neodesarrollista. El neodesarrollismo es una vertiente teórico-política que, ante el desencanto del neoliberalismo, se entiende como el programa que postula la intervención del Estado, la política económica procrecimiento, la industrialización, la reducción de la brecha tecnológica y la imitación del modelo del Sudeste Asiático. En remembranza del desarrollismo de la época de industrialización por sustitución de importaciones, del crecimiento arropado en el «desarrollo estabilizador», y como tentativa de superar al neoliberalismo, así sea sólo en el discurso, el proyecto económico lopezobradorista plantea una suerte de neodesarrollismo a la mexicana. Sin embargo, los promotores empresariales del lopezobradorismo, quienes comandan el brazo político-económico de este gobierno, han formulado el pejenomics,2 un programa proempresarial Pejenomics: hacia una economía para todos (2018), recuperado de https://drive.google.com/ file/d/1gqgu7it-fgn-htfnjy9wyaxgebuau0jo/view 2

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que garantiza la continuidad neoliberal y el apego a la mercadocracia. La otra vertiente es el asistencialismo social programa mediante transferencias monetarias operadas por la banca privada afiliada al gobierno (Banco Azteca) que actúa como intermediaria y se apropia de un jugoso nicho de mercado, sin que tengan cabida las organizaciones de la sociedad civil o instancias financieras del sector social que pudieran tener vínculos directos con la «economía popular». Por tanto, el neodesarrollismo lopezobradorista puede definirse como la suma de neoliberalismo y neopaternalismo.

Desde este punto de vista, el objetivo principal es gestionar la reproducción del capital a través del crecimiento económico, la inversión privada y la ganancia; en ese marco se agrega la atención de la pobreza mediante las consabidas políticas asistencialistas-electoreras. El pejenomics se basa en un catálogo limitado de «megaproyectos» de infraestructura, el relanzamiento del tlcan renombrado como t-mec, la imposición de la austeridad (la profundización del ajuste neoliberal), la preservación de una política fiscal no progresiva, el subsidio a la nómina de las empresas privadas al otorgar becas a aprendices, la promoción de la inversión privada y el militarismo como brazo punitivo y resguardo político del gobierno en turno.

Por su carácter multiclasista, el gobierno puede ser considerado populista, pero su orientación político-ideológica corresponde al nacionalismo burgués: el vetusto «nacionalismo revolucionario». Para el nacionalismo burgués, el patriotismo está anclado en el régimen de la propiedad privada y su nacionalismo no significa la consecución del bienestar de la mayoría de la población que constituye una nación integrada, sobre todo, por las clases trabajadoras. El nacionalismo decimonónico arrastra prejuicios como religión y, al final de cuentas, la propaganda política. El postulado de la unidad nacional, una estrategia política ya ensayada por los frentes

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populares latinoamericanos y ahora reditada, tiene como corona la preponderancia de la comunidad empresarial, es decir, la burguesía nacional, a quien se atribuye funciones primordiales en la generación de empleo, inversión, crecimiento y bienestar. En el presente, el sentido de unidad se construye ideológicamente y se disemina en la opinión pública, mediante un uso desmedido de conferencias diarias, que más que informar, deliberar y decidir sobre los grandes problemas nacionales, es una plataforma de propaganda política que convierte al pueblo imaginario en un espectador inmovilizado y al espacio público en una arena de golpeteo político. En el ideario de la unidad nacional no existen desigualdades sociales, antes bien se busca que los trabajadores y los desclasados defiendan al nuevo bloque de poder, articulado por facciones de la burguesía nacional y de los políticos profesionales, y con ello que se identifiquen con el régimen de acumulación y el sistema de poder, por lo que terminan apoyando a sus explotadores y a quienes los dominan y oprimen. El nacionalismo burgués pretende hacer avanzar los intereses de las clases altas, los grandes capitalistas, como si con ello se defendiera el interés de la nación. Los príncipes del mercado y los barones del dinero son los protagonistas y grandes aliados del régimen político en ciernes. En lugar de dar la tierra a quien la trabaja, se le otorga al capital extractivo; en vez de organizar el trabajo autónomo y desenajenado, se promueve la servidumbre con becas de aprendizaje. Los intereses del bloque en el poder son tomados como los intereses nacionales, y al contar con un fuerte respaldo electoral el gobierno asume que representa un profundo carácter legítimo y nacionalista. Sus políticas y acciones serán inequívocas. Con ese razonamiento y amparado en el respaldo popular buscará ampliar sus espacios de poder y pretenderá gobernar a nombre del bienestar nacional.

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El discurso retórico y demagógico es un viejo dispositivo ideológico que utilizan los políticos de las más variadas formaciones partidarias, pero en el caso actual se trasmina cotidianamente al pueblo idílico, a la nación mexicana, como un bálsamo de moralidad, veracidad y pragmatismo, en aras de refrendar la adhesión de las masas y consolidar el proyecto político.

Con el recurso de esa práctica política se renueva el nacionalismo mítico: los héroes, los padres de la patria, la raza de bronce y la religión, pero de manera particular se cristaliza la ficticia fusión del pueblo en la nación y, sobre todo, la unión del pueblo en torno al gran líder impoluto. El estilo personal de gobernar, más que el ejercicio desparpajado y pedestre del gobierno del Estado significa la perpetuación de la campaña política, y la virtual conversión de la política en un espectáculo de masas condescendientes. Con la consolidación de una masa desbordante de votantes perpetuos, que «votan» respaldando al líder en encuestas de opinión, que «votan» dando likes a las redes sociales, que «votan» sintonizando las conferencias presidenciales, se formaliza a un tipo peculiar de ciudadano, supuestamente popular y movilizado, cuando en realidad es un espectador pasivo y atomizado. El ocultamiento de los problemas reales, de los problemas estructurales y las contradicciones del capitalismo, sin exponerlos públicamente, menos aún buscando medidas para solucionarlos, ha servido también como ideología del desarrollo y el progreso, ha sido herramienta de los cultores del neoliberalismo y de los populistas. El nacionalismo desarrollista sirve como ideología de la incipiente burguesía para eludir los proyectos transformadores y de cambio. La retórica de la nación mítica es complementada con la prédica neodesarrollista. Sobre los intereses abstractos y comunes de los individuos que conforman una nación, terminan prevaleciendo los intereses concretos de las clases dominantes. El nacionalismo es

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capaz de crear naciones imaginarias, idílicas, pero no así de transformar su estructura social y su inserción en el mundo global.

Los temas clave del gobierno lopezobradorista son la corrupción, la austeridad, la militarización y la moralización.

La principal bandera política es el combate a la corrupción. Esta cuestión no es novedosa, se remonta a los noventa, cuando el bm la impone en la agenda internacional, como parte de la estrategia de reconversión del Estado hacia las pautas del mercado. Luego de que fuera considerado un problema «tabú» por estar catalogado en la esfera política, el bm, en consonancia con otros organismos internacionales, coloca el tema de la corrupción y de la lucha contra la corrupción como un asunto central del proyecto neoliberal que busca restructurar al Estado y acondicionarlo a las exigencias del capital y el mercado (bm, 1997). Desde entonces se han creado organismos, programas y políticas de lucha contra la corrupción. El problema de la corrupción se inserta en la agenda ortodoxa para el desarrollo, como un componente de las políticas de «buena gobernabilidad» y una premisa para despolitizar el aparato del Estado en la puja por ampliar los espacios de capitalización y mercantilización. En concordancia con organismos internacionales y organizaciones civiles empresariales, el diagnóstico y el programa de gobierno del lopezobradorismo es monotemático: el principal problema es la corrupción y el programa de gobierno se centra en la lucha contra la corrupción. Esto no significa, en modo alguno, un cuestionamiento a las contradicciones estructurales del capitalismo ni a las formas de explotación y dominación, las cuales no reconoce, ni siquiera a la trama económica-política del capitalismo neoliberal sino sólo, de manera reduccionista, a los malos gobierno, políticos deshonestos e individuos que se enriquecen, a la sazón de sus adversarios. En la reconstrucción de los daños, 18

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se busca moralizar al Estado, que tenga credibilidad ante su pueblo y ante los inversionistas internacionales y nacionales que se adhieran a su credo.

Según López Obrador, primero como candidato y luego como presidente, citando datos del bm, al desaparecer la corrupción se recuperará 20% del presupuesto nacional, un billón de pesos, pero según sus cálculos el latrocinio sólo representa 10%, equivalente a 500 mil millones de pesos al año, recursos con los cuales, presuntamente se financiaría el desarrollo nacional (Reza, 2018).

El segundo puntal, rayando en la obsesión, es la austeridad, que moralistamente se denomina «franciscana» y políticamente «republicana», pero en realidad es neoliberal, como dictan los cánones del capital financiero y los programas de ajuste estructural. Pese a su revestimiento ideológico de tipo nacional populista, la austeridad es, a final de cuentas, un dispositivo político de corte neoliberal que proclama el equilibrio fiscal, la disminución de los impuestos al capital o no la fiscalidad progresiva, el recorte del gasto social, la disminución de empleos públicos, la desvalorización del trabajo, la transferencia de funciones públicas al mercado. Es una «receta para el suicidio», como diría Stiglitz, exvicepresidente del bm, que llega impuesta por la constelación de organismos internacionales que regulan el comercio, la inversión y las finanzas. Prescripción que los gobiernos nacionales en turno adoptan comedidamente. En esa tónica, la esfera estatal y el ámbito de lo público son atacados y señalados como corruptos e ineficiente (un «elefante reumático») y lo privado se considera como eficiente, competitivo y fuente de crecimiento, empleo y bienestar. La consigna, llevada al extremo, es constreñir al Estado hasta su mínima expresión y ampliar dos de sus funciones, el Estado gendarme y el Estado dadivoso. A su manera, López Obrador impone el criterio de la austeridad («republicana»)

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mediante el dogma del superávit primario, la disminución del presupuesto, el subejercicio del gasto, la venta de activos públicos, el recorte de programas, el despido de trabajadores y la disminución de salarios. Aún más, en tono moralista habla de la austeridad «franciscana», una alusión al ascetismo cristiano y un regodeo simbólico-político sobre el estilo personal de gobernar (disminución del salario, uso de vuelos comerciales, etcétera), como si el presidente más poderoso de los últimos tiempos que vive en el Palacio Nacional realmente viviera igual que el pueblo pobre. El discurso dirigente arguye que drenando recursos de la austeridad, vendiendo activos públicos y conteniendo la corrupción se generará un cúmulo de recursos más que suficientes para sustentar a los programas asistenciales y detonar el crecimiento económico, sin necesidad de implementar una reforma hacendaria ni utilizar el gasto público como palanca del desarrollo. Con todo, el núcleo duro del gobierno sigue siendo la tecnocracia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) y el Banco de México (Banxico), los mandones de las finanzas públicas que determinan las directrices neoliberales, ajustan los presupuestos, establecen los criterios generales de política económica y vigilan el desempeño macroeconómico en consonancia con las señales del mercado y las determinaciones del capital financiero. Además, es más que perceptible el influjo empresarial, instalado en la jefatura de la Oficina de la Presidencia y en el Consejo Asesor Empresarial.

El tercer componente es la militarización, incluso ya en grado superlativo, el militarismo. El neoliberalismo se ha sostenido con la mano dura, la mano militar, pero también algunas versiones del populismo. Al final de cuentas, las Fuerzas Armadas aparecen como el «cuarto poder» del Estado. En México, durante los últimos sexenios, la implementación de la llamada «guerra contra las drogas», una guerra de amplio espectro, incluía 20

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la militarización. Como en muchos otros temas torales, contraviniendo a sus promesas de campaña, López Obrador plantea dar continuidad a esa tendencia castrense mediante la formación de una policía militarizada, la Guardia Nacional y la adecuación de un marco constitucional ad hoc. En esta lid, se configura al país como un perímetro de seguridad del vecino del norte, interesado en contener los flujos migratorios y la criminalidad, y de articular las zonas económicas afiliadas, además de que es un espacio virtual de contención de proyectos inopinadamente socialistas y comunistas, o cuando menos antiimperialista. Además de los grandes empresarios, no cabe duda de que el otro gran aliado del lopezobradorismo son las Fuerzas Armadas. El pacto político con las Fuerzas Armadas es uno de los componentes más fuertes del nuevo gobierno y al Ejército se le quiere lavar la cara y asemejarlo con el «pueblo bueno», puesto que se presenta como «el pueblo uniformado». Sintomáticamente, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hace acreedora de mayor presupuesto, diversos rubros sociales sensibles, como educación y salud, son rebajados. Además, se le conceden actividades lucrativas, como la administración de un nuevo aeropuerto e inversiones inmobiliarias, entre otras. Por omisión, se hace tabla rasa de un pasado colmado de hechos trágicos de violación de derechos humanos, contrainsurgencia, represión, colusión con el narcotráfico e impunidad. De una parte, la mano invisible del gran dinero y, de la otra, la manu militari.

El cuarto pilar es la moralización, que como corresponde a una postura de ese tipo, está cargada de prejuicios. La política de moda es moralizar el Estado y la sociedad, una política que tiene su antecedente en el gobierno priista de Miguel de la Madrid, el precursor del neoliberalismo en México, quien puso en juego su política de «renovación moral», a principios de

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los ochenta. Al igual que entonces, el lopezobradorismo reedita la Cartilla moral de Alfonso Reyes para proclamar una ilusoria e idílica «república amorosa», donde perviven valores como el amor al próximo, la felicidad, la fe y la esperanza. Mientras que la república política no tiene una carta de navegación, ya que la Constitución política sigue siendo desmantelada, parchada y zurcida, cambiada por órdenes supremas y usada como herramienta política para golpear a los adversarios y ampliar los espacios de poder.

Pero como documento político donde se asienten los derechos sociales, las garantías laborales, las mejoras sociales, siguen siendo letra muerta. Como si fuera poco, el pensamiento mágico religioso invade los espacios públicos y se inocula en el discurso del líder plenipotenciario. Amén de que se potencia el activismo político de grupos evangélicos y se cita a la Biblia como fuente de sabiduría y remanso metafísico donde se encuentran las respuestas a los problemas de la actualidad. Ello pese a que también se insiste en el Estado laico y la figura de Benito Juárez como emblema republicano.

Por añadidura, persiste la doctrina moralizadora de la seguridad nacional, próxima al populismo punitivo, basada en la invención de un enemigo interno, el narco, fuente de la violencia maligna, según el discurso del poder, para lo cual se quiere «pacificar» al país y canalizarlo a una agenda de justicia transicional, esquema aplicado en zonas de conflicto armado para desmovilizar a los grupos sociopolíticos en resistencia; pero a trasmano se libra una guerra social de baja intensidad, en contra de sectores populares poseedores de bienes comunes, de movimientos sociales y líderes comunitarios (Flores, 2017).

La noción de «cuarta transformación» es efectista en términos discursivos y propagandísticos, pero no tiene correlato en la praxis política ni en las verdaderas intenciones del gobierno en turno: cuando mucho se trata de 22

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un reformismo adocenado. En la trama ideológica del nacionalismo revolucionario de cuño priista, la burguesía emergente de la Revolución mexicana que detentaría el poder económico y político, y se convertiría en clase dirigente, el Estado mexicano moderno ha sido cofigurado y transformado durante la independencia, la reforma y la revolución, y, ahora, se supone que vendría su cuarta transformación; sin embargo, en esta línea histórica del estatalismo mexicano se omite que el régimen posrevolucionario consistió en la larga hegemonía priista gestora del desarrollo capitalista y que la última gran transformación bajo su férula, aún vigente en el seno del Estado y de la sociedad mexicana, ha sido el neoliberalismo, en realidad una modalidad de gestión del capitalismo subdesarrollado y dependiente, que entraña una contrarreforma del pacto social, pero que significa un decidido proyecto de consolidación oligárquica. En todo caso, resulta del devenir de una formación social capitalista, cuyos rasgos han sido el subdesarrollo ancestral.

La correlación de fuerzas es crucial para desbrozar las posibilidades de transformación social. A sabiendas de que se libra una prolongada lucha de clases, donde el sector capitalista dispone de una conciencia de clase acendrada y está organizado, dispone de recursos y actúa en consecuencia.

En tanto que los políticos profesionales de los diversos partidos se acusan mutuamente de ser incapaces para gobernar y transformar la sociedad, con lo cual esgrimen una dosis de verdad, pero son funcionales, pese a sus escarceos y exabruptos, a la reproducción del capitalismo mexicano. La lucha en contra del estatalismo y el populismo, el neoliberalismo y la corrupción política, no culminará firmando cheques en blanco a los políticos que se han turnado por periodos el relevo presidencial, las gubernaturas y el control de las legislaturas. La transformación social sustantiva, en tanto supone

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un proyecto de emancipación humana, significa una colosal tarea colectiva, que ilusamente puede cristalizar en un proyecto político partidista desde donde se proyecta el derrotero de un país a partir de las ideas de un feliz hombre habitante de un palacio.

Referencias Banco Mundial (1997). Informe del desarrollo mundial 1997. El Estado en un mundo en transformación. Banco Mundial.

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Estudios Críticos del Desarrollo | Primer semestre 2020, volumen x, número 18:25 -58

Capitalismo, desarrollo, imperialismo, globalización: una historia de cuatro conceptos Henry Veltmeyer* Resumen. Este artículo se refiere a una serie de controversias que han rodeado los conceptos de «desarrollo», «globalización» e «imperialismo», con relación a si pueden servir como descriptores del desarrollo capitalista o de qué manera. El texto proporciona una visión general y crítica del discurso dominante sobre esos conceptos desde una perspectiva de los estudios críticos del desarrollo.

Palabras clave: estudios críticos del desarrollo, desarrollo, globalización, imperialismo, capitalismo.

* Docente investigador, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

Traducción del inglés por Humberto Márquez Covarrubias.

issn impreso 2448-5020

issn red cómputo 2594- 0899

Henry Veltmeyer

Capitalism, development, imperialism, globalization: a history of four concepts

Abstract. This article addresses a series of controversies which have come to surround the concepts of «development», «globalization», and «imperialism», with regard to whether they may serve as descriptors of capitalist development and in what way. The article offers a general vision of criticism of the dominant discourse on those concepts from a critical development studies’ perspective.

Keywords: critical development studies, desarrollo, globalization, imperialism, capitalism.

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Capitalismo, desarrollo, imperialismo, globalización

Este artículo se refiere a una serie de controversias que han rodeado los conceptos de «desarrollo», «globalización» e «imperialismo», sobre si estos conceptos pueden servir como descriptores del desarrollo capitalista o de qué manera. Desde la perspectiva dominante de la economía del desarrollo, estos conceptos tienen poco que ver con el capitalismo, que, como sistema operativo cuya dinámica da sentido a estos términos, se caracteriza en el discurso del desarrollo por su virtual ausencia. Esta ausencia se remonta a una tendencia dentro de la tradición filosófica liberal de separar lo económico de lo político para tratar a ambos como sistemas independientes que pueden entenderse en sus propios términos. Dentro de la tradición filosófica liberal, la escuela de pensamiento de economía política criticada por Marx dio paso a la economía clásica y la ciencia política como disciplinas académicas separadas, ambas centradas en el marco institucional y político del sistema en lugar de sus pilares y dinámicas estructurales.

Una consecuencia y característica de este modo de pensar fue la desaparición virtual del «sistema» como unidad fundamental de análisis. Otra consecuencia fue una visión reduccionista de la economía y la política como sistemas separados y distintos más que como instituciones fundamentalmente interrelacionadas de desarrollo capitalista: el desarrollo de las fuerzas productivas y un proceso asociado de transformación productiva y social.

Los estudios del desarrollo como disciplina académica surgieron en el contexto de la ii posguerra de una división ideológica este-oeste, la formación del sistema de gobernanza global de Bretton Woods y, lo que es más importante, la búsqueda de varios países de Asia y África para liberarse ellos mismos del yugo del colonialismo europeo y el imperialismo británico, y, en su contexto, la formación de movimientos sociales que exigen la

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liberación nacional y el cambio revolucionario. En esta situación, la idea de desarrollo y el proyecto de cooperación internacional se construyeron con el objetivo y el propósito de asegurar que las antiguas colonias tomaran un camino capitalista más que socialista hacia el desarrollo nacional (Sachs, 1992). Al menos, esta era la opinión de algunos estudiosos de la tradición

de estudios de desarrollo de la economía política marxista y de otros en una tradición más amplia de estudios críticos del desarrollo, que surgió en la década de 1980 en el contexto de lo que se describió como un «impasse teórico» (Munck y O’Hearn, 1999; Schuurman, 1993, 2000, 2001).

Mientras que los académicos y profesionales de la tradición dominante de los estudios del desarrollo tienden a limitar su preocupación a las cuestiones de desarrollo institucional y reformas de políticas, los adherentes al enfoque de estudios críticos del desarrollo1 estaban y siguen preocupados por la dinámica estructural del sistema subyacente, que es ver el capitalismo como el problema fundamental, no como un sistema esencial para cumplir la promesa del desarrollo. Esta perspectiva es compartida, entre otros, por los partidarios de la economía política marxista, así como por los defensores de la teoría crítica y el posdesarrollo, y los teóricos neomarxistas de la «dependencia y el subdesarrollo» y también por los teóricos del «sistema mundo», algunos de los cuales han destacado en la construcción de lo que se ha concebido como «estudios críticos de globalización».

Con referencia a este preámbulo, la principal preocupación de este artículo es aclarar los conceptos de «globalización» y «desarrollo», así como «capitalismo» e «imperialismo», desde la perspectiva de los estudios críticos del desarrollo. Nuestro argumento se construye de la siguiente manera.

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Sobre esta tradición emergente ver Veltmeyer y Bowles (2017).

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Primero, reconstruimos los contornos generales y la dinámica interna del proceso de desarrollo capitalista a lo largo del tiempo. El desarrollo aquí no se concibe en términos de ideas sobre cómo mejorar la condición social de una población definida u objetivo, o como un proyecto dirigido a un objetivo deseado y predefinido, sino más bien como un proceso asociado con la evolución de un sistema. El supuesto es que con la evolución del sistema, los individuos —como argumentara Marx— entablan relaciones independientes de su voluntad y que son objetivas en sus efectos según su ubicación en el sistema. Una vez reconstruidos los contornos generales de este proceso de desarrollo, pasamos a su dinámica globalizadora y a la formación, en la década de 1980, de una forma periférica de capitalismo que generó, y continúa reproduciendo, condiciones de desarrollo desigual a escala global.

En segundo lugar, reconstruimos la idea de desarrollo tal como se materializó en el proyecto de cooperación internacional o ayuda exterior.

Aquí sostenemos que el desarrollo, así entendido en la era de la posguerra, se puede entender mejor como una forma de imperialismo, a saber, la proyección del poder estatal para facilitar el avance del capital en el proceso de desarrollo. El desarrollo en este contexto se entiende generalmente como un proyecto diseñado para mejorar la condición social de una población objetivo, mientras que la globalización es vista como una estrategia y una política más que como una dinámica del desarrollo capitalista.

En tercer lugar, revisamos las características más destacadas de un debate contemporáneo sobre la naturaleza y la dinámica operativa del imperialismo. Nuestro argumento aquí es que el capitalismo y el imperialismo, aunque estén íntimamente conectados, no deben confundirse ni confundirse uno con el otro; deben distinguirse claramente en cuanto a

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su dinámica distintiva y distinta. El motivo para este argumento son los estudios en la tradición liberal de la teoría imperialista, que tienden a una visión políticamente reduccionista del imperialismo, así como algunos estudios en la tradición marxista de la teoría del «nuevo imperialismo», que tienden a la inversa hacia el reduccionismo económico.

Como preámbulo de este argumento, debo señalar que esta crítica de la teoría del «nuevo imperialismo» no implica ni invalida la tradición más amplia y más rica de los estudios marxistas en la que el imperialismo es visto como lo hacemos nosotros, es decir, como un complemento del capitalismo, la proyección del poder estatal sobre otros Estados en el sistema mundial y la subordinación de estos Estados a este poder en interés de la clase dominante. Después de un paréntesis de varias décadas, con el advenimiento de lo que Harvey (2003) describió como la «era neoliberal», los estudios en esta tradición se renovaron para capturar y reconstruir teóricamente la dinámica globalizadora del desarrollo capitalista asociada con el avance de capital «extractivista» en busca de recursos en el proceso de desarrollo —imperialismo extractivista, podríamos decir (Kadri, 2019; Petras y Veltmeyer, 2014)— o la dinámica de globalización desatada con la instalación de un «nuevo orden mundial» del capitalismo de libre mercado. El último grupo de estudios generalmente avanzó dentro del marco, no de una teoría marxista del imperialismo tal como la entendemos, sino de una perspectiva «sociológica» (Kadri, 2019; Ness, 2015) o una perspectiva de economía política internacional heterodoxa y matizada, centrada en la dinámica del desarrollo desigual y las desigualdades sociales en la distribución de la riqueza y el ingreso (Hickel, 2017; Lauesen y Cope, 2015).

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Capitalismo y desarrollo: la evolución de un sistema Aunque la explotación imperialista, el gobierno colonial y la proyección del poder del Estado más allá de los límites del Estado nación preexistieron a la formación del capitalismo tal como lo entendemos hoy por unos tres siglos (1500 -1800), sí condujo a la acumulación de capital comercial, que, como la apropiación de la riqueza de recursos naturales en forma de oro y plata, así como los productos agroalimentarios de las plantaciones (azúcar, ron, algodón) extraídos en condiciones de dominio colonial y explotación imperialista del trabajo esclavo, fue un ingrediente esencial para configurar el capitalismo en el siglo xix. Pero lo que el capitalismo requería, según Marx, además de la acumulación de capital en forma de dinero, era la formación de un proletariado desposeído de sus medios de producción y, por lo tanto, disponible para contratarse. Marx describió este proceso de formación de clases —la separación de los productores directos o del campesinado de la tierra— como «acumulación primitiva (u originaria)» (Marx, 1867/1976). Como Marx teorizó el proceso de desarrollo capitalista, esto resultaría en la «multiplicación del proletariado» (una clase desposeída de su propiedad en los medios de producción, que no posee nada más que su fuerza de trabajo) en un proceso de transformación productiva y social. Antes de este «desarrollo» (proletarización y creación de una clase para alquilar), tres siglos de imperialismo extractivista o explotación imperialista —que vio la acumulación de grandes fortunas y grandes cantidades de dinero en forma de lingotes (oro y plata)— no condujo al capitalismo como tal (como un modo de producción claramente nuevo basado en la relación capital-trabajo y la industria moderna), aunque algunas de las ganancias de la explotación imperialista en la era mercantilista

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se invirtieron en la industria basada en el trabajo asalariado. Es decir, el capital comercial que se acumuló a través del saqueo de las colonias ayudó a preparar el escenario para el desarrollo del capitalismo. Pero el factor decisivo en este desarrollo fue lo que Marx describió como «acumulación primitiva (u originaria)», a saber, la separación del campesinado (pequeños productores agrícolas) de sus medios de producción y la «proletarización» resultante (conversión del campesinado en una clase trabajadora para alquilar). Fue la conjunción de dos desarrollos, el «comercio» mercantil o la explotación imperialista y el cercamiento de los bienes comunes, lo que permitió la conversión del dinero en capital, sentando las bases para la aparición del capitalismo.

Marx teorizó el proceso de desarrollo capitalista resultante en términos de una Ley General de Acumulación de Capital, que especificaba una doble tendencia, por un lado, hacia la centralización y concentración del capital, y por otro lado, hacia la transformación de una economía basada en la agricultura sobre una cultura comunitaria tradicional y relaciones de producción precapitalistas (una economía campesina) en un sistema industrial moderno basado en la relación capital-trabajo. El funcionamiento de esta ley se puede rastrear en diversos contextos históricos y regionales en la periferia de lo que evolucionaría en un sistema capitalista mundial como un proceso de emigración rural forzada y la formación de un «ejército industrial de reserva» de trabajo agrícola excedente.

Desde una perspectiva dominante de economía del desarrollo, articulada más claramente por el economista caribeño Arthur Lewis, el desarrollo capitalista de la agricultura y la consiguiente «oferta ilimitada o mano de obra excedente», funcionó como una palanca de la acumulación de capital, proporcionando a los capitalistas una fuente de fuerza de trabajo 32

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barata para impulsar el desarrollo de la industria. Tal como lo vio Marx, este ejército de reserva de fuerza de trabajo excedente, resultante del desarrollo capitalista de la agricultura, también sirvió como una palanca de acumulación de capital para mantener bajo el costo de la fuerza de trabajo empleada.

Hasta la década de 1980, y la institución de un nuevo orden mundial basado en la creencia fundamental de las virtudes del capitalismo de libre mercado, el proceso de desarrollo se desplegó más o menos como lo concibieron Arthur Lewis y Marx. Pero el único aspecto de este proceso de desarrollo que Marx anticipó claramente,2 pero que ni él ni Lewis teorizaron, tiene que ver con la dinámica globalizadora del capitalismo y su evolución como un sistema mundial con un centro y una periferia, y la construcción de una división internacional del trabajo que conduciría a un desarrollo desigual de las fuerzas productivas y, según André Gunder Frank entre otros teóricos de la «dependencia» o del «sistema mundo», el subdesarrollo basado en la superexplotación de trabajadores y productores en el periferia. 3 Aunque Marx no teorizó la contribución del imperialismo en la evolución del capitalismo como sistema mundial, sus trabajos posteriores incluyen una discusión bastante extensa sobre la opresión en las colonias de Gran Bretaña (Irlanda e India en la periferia) por el imperialismo británico y la esclavitud africana en condiciones del dominio colonial. Además, aunque Gran Bretaña invirtió capital en la India al emprender una vasta construcción de redes ferroviarias en todo el subcontinente, lo hizo para extraer materias primas para su propio desarrollo posterior, lo que describimos y discutimos a continuación como el avance del capital extractivo y el imperialismo extractivo. Cito aquí los comentarios hechos a este respecto por una revisión de este documento.

3 Esto plantea varias preguntas sobre un debate en curso sobre el avance del capital «extractivista» en la búsqueda de recursos en el proceso de desarrollo capitalista que se desarrolla en la periferia de América Latina del sistema mundial. Lo que está en discusión en este debate es la fuente y los diversos componentes del «excedente» generado en este proceso, así como los mecanismos de apropiación de este excedente. El punto teórico, que no podemos abordar 2

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Hay diferentes formas de entender la dinámica de este proceso de desarrollo desigual capitalista. Desde una perspectiva de estudios críticos del desarrollo, un factor determinante es la instalación de un orden mundial basado en principios neoliberales y un programa de «reformas estructurales» en la política macroeconómica, que incluye la «globalización», entendida como la apertura de las economías tanto en el centro como en la periferia al funcionamiento del capitalismo de libre mercado (Petras y Veltmeyer, 2001).

El resultado de estas «reformas estructurales», que se implementaron en América Latina y África con una fuerza particularmente destructiva y un impacto devastador, fue cualquier cosa menos la reactivación del proceso de acumulación prometido por los defensores del capitalismo de libre mercado y los impulsores de la «globalización» (Bhagwati, 2004; Norberg, 2003; Wolf, 2004). El resultado, más bien, incluyó a) la destrucción de las fuerzas productivas acumuladas tanto en la industria como en la agricultura; b) el éxodo de los «pobres rurales» de la agricultura y sus comunidades rurales y su migración a las ciudades en busca de trabajo; c) la formación de un semiproletariado rural y urbano, con un pie en la economía urbana (en el sector informal, donde los pobres urbanos se ven obligados a trabajar por cuenta propia en lugar de cambiar su fuerza de trabajo por un salario digno) y el otro en la agricultura y comunidades rurales; d) el por falta de espacio (ver Petras y Veltmeyer, 2014), es que la contribución del trabajo en forma de plusvalía es sólo uno, y no el factor dominante, en este excedente y su apropiación; otros factores incluyen el valor de cambio de la abundancia de los recursos naturales, que en la época colonial se extrajeron bajo condiciones de trabajo esclavo en lugar de trabajo asalariado, cuyo valor se asigna en forma de renta por tierra y recursos, que, cuando se agregan a rentas tecnológicas, excede la producción de plusvalía. Además, el excedente, o el valor total de los productos básicos en los mercados capitalistas, incluye la contribución de los productores directos en condiciones de superexplotación (fijación de precios de los productos básicos por debajo del valor de la fuerza de trabajo agrícola).

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rápido avance del capital extractivista que busca recursos,4 y con ello una reprimarización de las exportaciones y una dependencia renovada de la inversión extranjera directa y las exportaciones de productos primarios; y e) la generación de poderosas fuerzas de resistencia al avance del capital en la frontera extractiva y a la agenda política neoliberal de los gobiernos de la región (Petras y Veltmeyer, 2011).

Desarrollo como imperialismo La idea del desarrollo, tal como la entendieron Sachs (1992) y sus asociados en la teoría del posdesarrollo, fue deconstruida como un mecanismo de control mental neocolonial, un medio de someter a la población objetivo en los «países en desarrollo» a los dictados del capital. Como se señaló anteriormente, la idea de desarrollo (y el proyecto de cooperación internacional), vista a través de la perspectiva de los estudios críticos del desarrollo, fue entendida y teóricamente reconstruida como un medio para asegurar que esos países en proceso de liberarse del yugo del dominio colonial siguieran un camino de desarrollo capitalista. Posteriormente, la idea del desarrollo se reformuló como un proyecto de asistencia para el desarrollo, entregado a los pobres rurales por el Estado con cooperación internacional para alejar a los pobres rurales de la política de confrontación de los movimientos revolucionarios y ofrecerles la opción de un programa de reforma agraria combinado con microproyectos de «desarrollo rural integral» (Veltmeyer, 2005).

Capital invertido en la adquisición de tierras y la extracción de riqueza de recursos naturales en forma de combustibles fósiles, minerales y metales, y productos agroalimentarios/ biocombustibles (Gudynas, 2010; Veltmeyer, 2013).

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La Ayuda Oficial al Desarrollo (oda, por sus siglas en inglés) o, en términos más comunes, la ayuda externa, es vista por muchos teóricos de la corriente principal de los estudios de desarrollo como un catalizador del desarrollo económico que proporciona un impulso necesario a las economías en desarrollo para ayudarlas en el proceso de desarrollo industrial y la modernización, ya trazada por los países más avanzados que ahora forman el rico club de «países desarrollados» en el centro del sistema (Pronk, 2004). Pero es posible considerar la ayuda externa de una manera muy di-

ferente: como un medio para promover los intereses geopolíticos y estratégicos de los gobiernos y las organizaciones que brindan esta ayuda, diseñada para beneficiar no a los receptores sino a los donantes. A principios de la década de 1970, en medio de una crisis sistémica que provocó el fin de la llamada «edad de oro del capitalismo», esta opinión se expresó en la noción de «ayuda como imperialismo» (Hayter, 1971).

La idea del «desarrollo» en sí se remonta a menudo al punto cuatro del programa aod anunciado por el presidente Truman el 10 de enero de 1949. Sin embargo, en su forma multilateral5 se remonta a varios proyectos

financiados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (posteriormente conocido como el Banco Mundial) en Chile en 1948 y en Brasil y México al año siguiente. El Banco Mundial es un pilar institucional del sistema de Bretton Woods diseñado para resucitar una forma global de desarrollo capitalista y el proceso de comercio internacional.

El bird o el Banco Mundial fue una de las tres instituciones de un nuevo orden planeado por representantes de las democracias capitalistas que se reunieron en Bretton Woods en 1944. Otros pilares institucionales del «orden económico mundial» planeados, como Bretton Woods, incluyeron al fmi, una institución diseñada para ayudar a los países experimentando problemas temporales de balanza de pagos, y la «ito», una institución que nace frente al proteccionismo de Estados Unidos, tomando forma como gatt hasta que finalmente surgió como la omc 50 años más tarde.

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Con respecto a las formas bilaterales y multilaterales de la aod, el gobierno de Estados Unidos fue el principal donante con mucho, y las consideraciones geopolíticas y estratégicas de política exterior del gobierno de Estados Unidos son las más relevantes en la configuración de la forma de «ayuda exterior». Estas consideraciones no fueron de talla única o en una dirección. Desde el principio existió un extenso debate político, particularmente dentro de Estados Unidos, sobre el valor y los posibles usos de la «ayuda exterior». El tema central en este debate tenía que ver con si los intereses estratégicos geopolíticos económicos y más amplios de Estados Unidos podían ser atendidos por medio de la aod o no. A este respecto, se alzaron varias voces en el sentido de que no sería de interés económico de Estados Unidos promover el desarrollo económico en las zonas más remotas del mundo y que los esfuerzos por contener a los países subdesarrollados dentro del bloque occidental sería «poco realista» y no fructífero para los intereses estadounidenses. Sin embargo, la opinión dominante, la que eventualmente prevalecería, era que la aod era el medio más útil para promover los intereses geopolíticos más amplios de Estados Unidos (para evitar la propagación del comunismo) sin dañar, al mismo tiempo, sus intereses económicos. De hecho, en el contexto de este debate político dentro de Estados Unidos, se argumentó que la aod podría ser un instrumento útil de la política económica exterior de Estados Unidos para lograr el objetivo general de contener el comunismo.6 Para evitar que el sistema se desmoronara, en un esfuerzo hercúleo para salvar al capitalismo de sí mismo y reactivar el impulso de acumulación, la Sobre la aod (firmada de antemano) como política de política extranjera en el contexto de la Segunda Guerra Mundial del problema de garantizar la «contención global» de la urss, véase Dratler Finney (1983).

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clase capitalista en los Estados Unidos y otras economías líderes del sistema capitalista mundial en la década de 1970 lanzaron una guerra de clases contra trabajo como parte de una serie de medidas destinadas a reestructurar el sistema en la búsqueda de una salida a la crisis (Bello, 2006; Crouch y Pizzorno, 1978; Davis, 1984; Marglin y Schor, 1990). Estas estrategias de reestructuración incluyeron el abandono del acuerdo capital-trabajo (un acuerdo para que los trabajadores compartieran las ganancias de productividad) que no sólo mantuvo la paz social durante la «edad de oro» de la posguerra, sino que trajo dos décadas de crecimiento económico sostenido y aumento constante de los salarios. Otras estrategias de reestructuración incluyeron medidas diseñadas para reducir la participación del trabajo (salarios) en el ingreso nacional y, por lo tanto, aumentar el conjunto de capital disponible para la inversión productiva, la reubicación geográfica de las empresas capitalistas más cerca de las fuentes de mano de obra barata, la implementación de una forma de producción posfordista más flexible, la reestructuración tecnológica del aparato de producción global —y tanto la financiarización como la globalización (Bello, 2006; Lipietz, 1982).

Debate sobre el imperialismo Muchos estudios del imperialismo contemporáneo, tanto en sus vertientes de economía política (neo)marxista como en las (neo)liberales, carecen de los análisis sociológicos más crudos sobre el carácter de clase de los grupos e individuos que gobiernan el Estado imperial (véase, por ejemplo, Foster, 2006; Hardt y Negri, 2000; Harvey, 2003; Magdoff, 2003; Panitch y Leys, 2004). Hay excepciones a esto en una serie de estudios recientes que 38

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combinan la economía política internacional (no marxista) con una perspectiva «sociológica» matizada sobre el desarrollo capitalista y el imperialismo (Hickel, 2017; Kadri, 2019; Ness, 2015). Lo mismo es cierto para las teorías contemporáneas sobre el Estado imperial, que, con algunas excepciones, carece de análisis de clase político-estructural. Este es incluso el caso de estudios, como Panitch y Leys (2004), de la tradición institucionalista de economía política o estudios del desarrollo. La mayoría de los teóricos del imperialismo recurren a una forma de reduccionismo económico en el que las dimensiones políticas e ideológicas del poder imperial son minimizadas o ignoradas, y categorías como «inversiones», «comercio» y «mercados» son descontextualizadas y presentadas como entidades históricamente incorpóreas que son comparables a través del espacio y el tiempo. Los cambios en la configuración de las relaciones de clase y la dinámica asociada se explican en términos de categorías económicas generales como «finanzas», «manufactura», «banca» y «servicios» sin ningún análisis de la economía política del desarrollo capitalista y la formación de clases, o la naturaleza y las fuentes de riqueza financiera (tráfico ilegal de drogas, lavado de dinero, especulación inmobiliaria, etcétera) (Panitch y Leys, 2004).

Por otro lado, las teorías contemporáneas sobre el imperialismo en la tradición liberal de la ciencia política generalmente ignoran la configuración del poder económico de la política imperial, así como el papel de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial en la configuración del marco institucional y político de la nueva orden mundial, que no sólo proporciona un sistema de gobernanza global, sino también las reglas de participación para la guerra de clases lanzada por la clase capitalista global contra el trabajo en la década de 1970 (Crouch y Pizzorno, 1978; Davis, 1984). El enfoque principal de estos estudios está

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en la proyección del poder militar del Estado con el objetivo de proteger y promover los intereses geopolíticos del Estado imperial de Estados Unidos y los intereses geoeconómicos del capital monopolista en el Medio Oriente y otras zonas de acumulación de capital, o las operaciones económicas de las corporaciones multinacionales que dominan la economía global.

En cuanto a las corporaciones multinacionales que dominan la economía global, los teóricos del «nuevo imperialismo» las ven como la principal agencia operativa del poder imperial en el sistema capitalista mundial, habiendo desplazado al Estado nación en su poder para avanzar el proyecto de acumulación de capital y la búsqueda de la dominación mundial.

Mientras que los teóricos y analistas de la tradición liberal continúan su preocupación por la dinámica de la política exterior de Estados Unidos en la proyección del poder imperial, y los marxistas, en la tradición de la economía política internacional y los estudios críticos del desarrollo, continúan concentrando su análisis en la dinámica del poder estatal, los teóricos del «nuevo imperialismo», muchos de los cuales se suscriben a la «teoría del sistema mundo» en lugar de la teoría marxista, se concentran en la dinámica globalizadora del capital monopolista (Magdoff, 1992; Robinson, 2007).

A pesar de este enfoque en la dinámica del poder económico, las relaciones de poder imperiales tienen una forma política y económica, y, como lo reconocen los teóricos de la tradición liberal que ignoran la dinámica del poder económico enfatizada por los teóricos del sistema mundo, de hecho se involucran con el aparato político del Estado. En cuanto a la dinámica económica, según la teoría de Lenin en un contexto muy diferente, se derivan de la búsqueda por el capital de ganancias e inversiones 40

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productivas, así como de fuentes más baratas de materias primas, fuerza de trabajo y mercados. En términos de estas dinámicas, particularmente aquellas relacionadas con la fusión del capital industrial y financiero, la exportación de capital y la aparición del capital monopolista, Lenin teorizó el imperialismo como la forma más elevada del capitalismo, una manifestación de sus leyes fundamentales de desarrollo. Sin embargo, mientras que los teóricos liberales del imperialismo tienden a enfatizar lo político y a aislar la dimensión política del imperialismo de su dinámica económica, viendo el imperialismo simplemente en términos de la búsqueda de la dominación mundial o la búsqueda de preocupaciones estratégicas geopolíticas y el interés nacional, los teóricos marxistas que siguen a Lenin reconocen que el Estado imperial es una agencia crítica del desarrollo capitalista y una fuente fundamental de poder político y militar perseguido al servicio del capital para asegurar su dominio.7 Desde esta perspectiva marxista (frente al sistema mundo), el imperialismo se entiende en su conexión con el capitalismo como la proyección del poder estatal dirigida a asegurar las condiciones necesarias para la acumulación de capital. No es que haya un consenso sobre este punto: sobre el imperialismo como agencia de desarrollo capitalista. William Robinson, Además de las teorías que ven al imperialismo a través de la lente de los intereses geopolíticos o la búsqueda racional del poder por su propio bien, los teóricos liberales del imperialismo a menudo recurren a «explicaciones» culturales e incluso psicológicas del imperialismo, viéndolo en términos de un impulso psicológico imputado al poder o, como en el caso de Razack (2004), quien en la «idea del imperio», «creía profundamente en (...) el derecho a dominar a los demás». Razack (2004) amplía esta teoría bastante fantasiosa en los siguientes términos: «El imperialismo no se trata sólo de acumulación sino de la idea del imperio (...) El imperio es una estructura de sentimiento, una creencia profundamente arraigada en la necesidad y el derecho de dominar a otros por su propio bien, otros que se espera que estén agradecidos» (énfasis en el original, pp. 9 -10).

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por ejemplo, amplía el argumento presentado por Hardt y Negri (2000) y los teóricos del sistema mundo de que las «relaciones de clase del capitalismo global ahora están tan profundamente internalizadas dentro de cada Estado nación que la imagen clásica del imperialismo como una relación de la dominación externa está desactualizada» (Robinson, 2007:7).8 Aunque lo que podrían ser estas relaciones de clase no está claro, como lo es la pregunta sobre qué forma adopta el imperialismo en estas circunstancias (¿el dominio del capital sobre el trabajo?), Robinson argumenta que en efecto los «monopolios capitalistas nacionales» ya no necesitan «recurrir al Estado para recibir ayuda». El corolario es que el Estado ya no necesita asumir la responsabilidad de la construcción del imperio, y la proyección del poder imperial ya no tiene que ver con la dinámica de la acumulación de capital.9 En la formulación de Robinson «el sistema de Estados nación (...) ya no es el principio organizador del desarrollo capitalista, o el marco institucional primario que da forma a las fuerzas sociales y de clase y la dinámica política» (Robinson, 2007:8).

Esta imagen del imperialismo como «dominación externa» que Robinson menosprecia aquí se asocia con una visión que Robinson, por alguna razón, asocia con las teorías del «nuevo imperialismo», a saber, que el «capitalismo mundial en el siglo xxi está compuesto por capitales nacionales y distintas economías nacionales que interactúan entre sí, así como un análisis realista de la política mundial como resultado de la búsqueda por parte de los gobiernos de su interés nacional» (Robinson, 2007:11). Aquí Robinson agrupa todo tipo de teorías contemporáneas sobre el imperialismo, ya sea marxista, estructuralista o realista, puramente sobre la base de la suposición compartida, que Robinson problematiza y ridiculiza, y que en palabras de Meiksins Wood (2003:23), «la organización nacional de las economías capitalistas se ha mantenido obstinadamente persistente».

9 Los teóricos del sistema mundial del «capital transnacional(izado)» como Robinson (2007) y los teóricos del «neoimperialismo» como Harvey (2003) coinciden en la opinión de que el capital es «económico» e inherentemente «global» (ya no toma una forma nacional) pero que el estado es «político» e inherentemente «nacional» (basado en el territorio y «geopolítico») y que, por lo tanto, persiguen «lógicas de poder» distintas (aunque según Harvey, interconectadas).

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Otra suposición hecha por Robinson —y compartida por otros teóricos del sistema mundo del capital transnacional y la «empresa globalmente integrada»— es que «si queremos llegar a la raíz de la dinámica social y política global del siglo xxi», la tradición marxista de la teoría del imperialismo basada en las declaraciones clásicas de Lenin y Hilferding debe descartarse. Basada en la suposición de un mundo de capitales y economías nacionales rivales, el conflicto entre las potencias capitalistas centrales, la explotación por parte de estas potencias de las regiones periféricas y «un marco centrado en el Estado nación para analizar la dinámica global», esta tradición teórica es completamente inútil, incapaz, según Robinson, de comprender las dinámicas contemporáneas fundamentales del desarrollo capitalista (Robinson, 2007:6 -7).10 Si, como sostiene Robinson, el capital ya no necesita al Estado imperial, ¿significa que el imperialismo se marchitará? ¿O significa, como argumentó Klare (2003:51-52), que tomará la forma de «competencia geopolítica (...) la disputa entre grandes poderes y aspirantes a grandes poderes para el control sobre territorio, los recursos e importantes posiciones geográficas como puertos (...) y otras fuentes de riqueza e influencia»? O, de nuevo, ¿significa lo que Robinson y algunos —incluyendo a Amin (2001), Foster (2003) y otros en el torrente de literatura del «nuevo imperialismo» que ha aparecido desde 2001— han sugerido o sostienen, a saber, que el imperialismo avanza principalmente, si no exclusivamente, en forma económica a través de la agencia de las corporaciones transnacionales(izadas) que representan un «imperio sin imperialismo», como lo En su crítica de la teoría del imperialismo de Robinson se confunden (y confunden) las opiniones de los marxistas con esta tradición, agrupando a los «estructuralistas», «realistas» y «neomarxistas».

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dirían Hardt y Negri, o «capitalismo más allá del imperialismo» como lo dice Robinson?

En oposición a esta visión un tanto reduccionista del imperialismo, sostenemos que el poder imperial está conformado predominantemente por el Estado imperial y sus políticas que dan por sentado que lo que se percibe como «interés nacional» coincide con las preocupaciones e intereses, tanto económicos como políticos, de la clase capitalista del «sector privado» en el discurso oficial. A pesar de los argumentos en contrario, y teniendo en cuenta tanto su dinámica económica y política como sus operaciones reales (inversiones, producción, ventas), el imperialismo ahora como antes está claramente diseñado y trabaja para avanzar en el proyecto de acumulación de capital en cualquier y en tantas formas como sea posible, para penetrar en los mercados existentes y abrir nuevos mercados, explotar la fuerza de trabajo de la manera más humana posible pero de la forma más inhumana necesaria, extraer el excedente de los productores directos siempre que sea posible y acceder según sea necesario o procesar materias primas y minerales.

En lo que respecta a la clase capitalista, el objetivo y la agenda de sus miembros individuales e institucionales es acumular capital. En cuanto al Estado imperial y sus agentes y agencias, incluido el Banco Mundial y las agencias de cooperación internacional para la seguridad y el desarrollo, la agenda es allanar el camino para el capital, crear las condiciones necesarias para el desarrollo económico y social. En ninguno de los casos se incluye el desarrollo desigual de las fuerzas productivas y sus condiciones sociales (desigualdad social, desempleo, pobreza, degradación social y ambiental, etcétera) en la agenda. Más bien, estas condiciones son las consecuencias no intencionadas o «estructurales» del desarrollo capitalista y, como tales, 44

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costos inevitables y aceptables del progreso que deben gestionarse y, si es posible, mitigarse en interés de la seguridad y el desarrollo.

Bajo estas condiciones estratégicas y estructurales, es esclarecedor, pero no particularmente útil, medir el impacto del imperialismo simplemente en términos económicos del volumen de entradas de capital (inversión extranjera directa, préstamos bancarios, inversiones de cartera, etcétera) y salidas (ganancias, pagos de intereses, etcétera). Esto se debe a que el imperialismo es fundamentalmente una cuestión de poder de clase y de Estado, y como tal una cuestión de política y economía política, una cuestión que no se enfoca en un análisis de las cuentas nacionales. De lo que se trata aquí no son sólo de las dinámicas estructurales del desarrollo capitalista desigual (el «desarrollo del subdesarrollo», en la elegante pero muy cuestionada formulación de André Gunder Frank) sino de las relaciones sociales e internacionales de poder y competencia entre las clases imperial y doméstica, entre funcionarios y representantes del Estado imperial y del Estado en las «economías emergentes» y «sociedades en desarrollo».

En las condiciones actuales de rápido crecimiento económico y desarrollo capitalista en la periferia sur del sistema mundial, estas relaciones son muy dinámicas y cambiantes. De ninguna manera pueden describirse hoy como relaciones de dominación y subordinación. Además, los miembros de la clase dominante mundial (inversores, financieros, grandes banqueros, industriales, etcétera) deben competir entre sí no sólo en el mismo sector sino en diferentes países dentro del sistema capitalista e imperialista mundial. Esta no es sólo una cuestión de rivalidad intercapitalista e intraimperialista. También es un tema político y de desarrollo incrustado en la estructura social de la relación capital-trabajo y la estructura económica de las relaciones internacionales dentro del sistema mundial. Por ejemplo,

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dentro de la estructura dinámica y cambiante de este complejo sistema de clase y relaciones internacionales, los funcionarios de los Estados con una posición subordinada en el sistema estatal imperial insistirán en la transferencia de conocimientos tecnológicos, de gestión y marketing para fortalecer la capacidad de sus capitalistas para competir y para que obtengan ganancias, extraigan rentas y sirvan al «interés nacional».

En cuanto a las relaciones de «dominación» y «dependencia» entre las naciones en las líneas de una división norte-sur, la estructura de la producción global, y las relaciones internacionales de dominación y subordinación, son dinámicas y cambian con el tiempo, en parte debido a la geopolítica y la economía. Las preocupaciones del Estado nación sujeto al poder imperial conducen a una búsqueda de relativa autonomía por parte de los funcionarios estatales y políticos en estos países, así como a la protección del interés nacional. Los «desarrollos» en este sentido han dado como resultado cambios cualitativos en las relaciones entre los estados capitalistas imperialistas y emergentes establecidos.11 Por lo tanto, la teoría que se centra sólo en un análisis de las entradas y salidas de capital —como si el país «anfitrión» fuera un «factor en blanco»— o un enfoque en la estructura de la producción global basada en una división internacional fija del trabajo, no puede explicar la dinámica del desarrollo capitalista en los países y regiones en la periferia del sistema con aquellos en el centro.

Este tipo de teorización económica tampoco puede explicar las características dinámicas del sistema capitalista mundial, por ejemplo, el cambio China, Japón, Corea del Sur, los países de alto crecimiento de Asia Oriental, por ejemplo, un gran número de países que van más allá de la dependencia a economías independientes de alto crecimiento (Financial Times, 25 de marzo de 2010 y 22 de febrero de 2010). Sobre China, ver «China da forma al mundo» en Financial Times, 21 de enero de 2011.

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en el poder económico de América del Norte y Europa Occidental hacia Asia, China e India.

Globalismo versus desarrollo como teoría El discurso académico en diversos campos durante las últimas dos décadas ha estado dominado por un nuevo icono que rodea la noción de «globalización» —entendida generalmente como la integración de sociedades y economías de todo el mundo en un solo sistema— y por un nuevo enfoque de análisis para que podamos llamar «globalismo» en lugar de globalización.

La noción de globalización contiene una descripción y explicación de los procesos y tendencias que hasta ahora se desarrollaron a nivel nacional pero que en las últimas décadas se han extendido más allá de los límites del Estado nación. En su sentido más general, «globalización» se refiere al aumento de la inversión directa y la liberalización y desregulación de los flujos transfronterizos de capital, tecnología y servicios, así como a la creación de un sistema de producción global: el capitalismo global (Norberg, 2003; Robinson, 2007). En este sentido, el término aparentemente fue acuñado en 1986, en el contexto de la octava ronda de negociaciones del gatt (Ostry, 1990). Para los teóricos de este proceso y sus muchos defensores, estos flujos, tanto en alcance como en profundidad, junto con la integración económica y la transformación social resultantes, han creado un nuevo orden mundial con sus propias instituciones y configuraciones de poder que han reemplazado las estructuras anteriores asociadas con el Estado nación, y que han creado nuevas condiciones para la vida de las personas en todo el mundo, incluida una mayor interconexión (Giddens, 1990; Holm y Sørensen, 1995; Therborn, 1999).

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La característica definitoria de lo que podríamos describir como «estudios críticos de la globalización» es que toma al «mundo» en lugar de a la «sociedad» dentro del Estado nación, o una subunidad de esta «sociedad» (comunidades locales, por ejemplo), como la unidad fundamental de análisis, como escenario y contexto para el análisis. Este enfoque ha sido particularmente popular en la economía del desarrollo y la economía política, con un enfoque en la estructura y la dinámica del desarrollo capitalista y las relaciones internacionales.

El globalismo también ha sido la tendencia predominante en el estudio del desarrollo en sus muchas permutaciones y dimensiones diversas: económicas, sociales, políticas, culturales y ecológicas. En efecto, el globalismo ha proporcionado nuevas formas de análisis de procesos que trascienden el Estado nación, que se desarrollan a escala global; procesos que han sido analizados y teorizados en términos de «globalización» en lugar de desarrollo capitalista: la preocupación central de los estudios críticos del desarrollo. El globalismo como una forma alternativa de entender el desarrollo mundial, se cruza claramente con los estudios críticos del desarrollo al nivel del concepto de globalización, que desde una perspectiva de los estudios críticos del desarrollo se refiere a una dinámica fundamental del desarrollo capitalista, a saber, la exportación de capital, una dinámica arraigada en una propensión del capitalismo hacia la crisis. La globalización en este contexto es una de varias formas y medios por los cuales la clase capitalista puede compensar la propensión a la crisis. Claramente, un enfoque crítico de estudios de globalización para el desarrollo mundial proporciona una perspectiva diferente y bastante distinta.

Como descripción de desarrollos generalizados que definen la época y una prescripción para la acción, la globalización ha alcanzado una hegemonía virtual y, por lo tanto, se presenta con un aire de inevitabilidad que desarma 48

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la imaginación y evita la acción (e incluso el pensamiento) en la dirección de una posible alternativa sistémica: hacia otro mundo, un orden social y económico más justo.

Al surgir a mediados de la década de 1980 como una forma alternativa de promover un «nuevo orden mundial» en el que las «fuerzas de la libertad» se liberan de las limitaciones del Estado desarrollista del bienestar, la «globalización» se ha visto alternativamente como un «proyecto», un medio para «impulsar [los] niveles de vida» (Rodrik, 2002); y como un «proceso», o de nuevo, como en el manifiesto capitalista del Banco Mundial, el Informe sobre el desarrollo mundial de 1995, escrito para desalentar a los trabajadores del mundo a resistir; o como ambos.

En la academia y en los círculos de formulación de políticas, el globalismo y la globalización se conciben principalmente en términos económicos, es decir, como un proceso de integración económica. Pero el concepto de globalización no tardó mucho en penetrar y aparecer en el discurso académico de otras disciplinas académicas como la ciencia política y la sociología.

Tal como lo construyeron los científicos sociales en estas «disciplinas» dentro de un marco globalista, la «globalización» emerge como un fenómeno multidimensional más que como uno «económico» estricto o indirecto. En este contexto, se concibe como la ampliación, profundización y aceleración de la interconexión mundial en todos los aspectos de la vida contemporánea, abarcando ideas e información, valores y creencias, así como prácticas económicas y políticas basadas en una revolución tecnológica impulsada por la computadora que ha provocado una nueva forma de sociedad posmoderna rica en información.

En el análisis globalista resultante —la «sociología» y la «economía política» de la globalización (o «globalizaciones»)— el discurso globalista

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sobre la globalización trata no sólo la economía de la globalización sino también su sociología o política, la economía política del capitalismo tardío en su última fase de desarrollo (globalización neoliberal). En estos términos, el enfoque del discurso académico se ha desplazado hacia la dinámica de las nuevas formas de «gobernanza» asociadas con los esfuerzos (y tendencias) para construir un nuevo conjunto de reglas para gobernar las relaciones internacionales dentro del (des)orden mundial. Los sociólogos, por otro lado, están más centrados en la dimensión cultural de la globalización, con referencia específica a la difusión e integración global en ciertas formas de valores y creencias, y prácticas institucionalizadas o «estructuras» asociadas. En este enfoque (la sociología de la globalización) se presupone, si no se argumenta específicamente, que puede haber una tendencia hacia la integración económica en un sistema económico, pero que no existe tal tendencia en los niveles sociales o culturales. Es decir, podría haber una tendencia identificable hacia la integración cultural, y una homogeneidad asociada de instituciones sociales y prácticas culturales, pero al mismo tiempo hay fuerzas considerables de resistencia a dicha «globalización», así como esfuerzos concertados para proteger la diversidad cultural y social.

Desde una perspectiva globalista, la dinámica del cambio y el desarrollo puede analizarse en diversos contextos y conceptualizarse en términos ideológicos y teóricos, el primero en aras de movilizar la acción hacia un fin deseado e intereses específicos, el segundo en aras de comprender la dinámica involucrada. En términos ideológicos podemos identificar tres enfoques. Uno que bien podríamos llamar «boosterismo», con referencia a las ideas y argumentos de aquellos como Norberg, que hacen poco esfuerzo para disfrazar las fuentes ideológicas de la noción (la codicia es buena, 50

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no hay otra manera), o los argumentos económicos más matizados pero suplicantes de Martin Wolf y Jagdish Bhagwati. El segundo enfoque podría denominarse «positivo pero crítico», con referencia a la opinión de aquellos como Stiglitz (2002) y Rodrik (2002), quienes creen que la globalización es deseable y factible, pero que necesita tomar un enfoque diferente (no neoliberal) y una forma más pragmática con cierto grado de gobernanza socialdemócrata global. Y luego están los puntos de vista de aquellos que son más y decididamente críticos en su oposición a la globalización, particularmente en lo que respecta a su forma neoliberal, al ver en ella una nueva forma de imperialismo, el último en una larga serie de esfuerzos de las clases dominantes del Estado imperial para imponer un orden mundial que puedan dominar (Petras y Veltmeyer, 2001).

En términos teóricos, hay dos conceptualizaciones particularmente útiles de la globalización, una presentada por Held, McGrew, Goldblatt y Perraton (1999), la otra por Bowles (2008). Held identifica tres escuelas de pensamiento que capturan las principales líneas de división dentro del discurso académico y político. Los hiperglobalistas definen la globalización como una nueva era en la que las personas están cada vez más sujetas a la disciplina del mercado global impulsada por el capitalismo y la tecnología global, lo que lleva a un debilitamiento, si no al final, del sistema de relaciones internacionales del Estado nación. Estos incluyen tanto teóricos que enfatizan la dinámica globalizadora del capitalismo como defensores ideológicos del capitalismo global (Norberg, 2003; Wolf, 2004).

Los escépticos argumentan que este es esencialmente un mito que oculta la realidad de una economía internacional en lugar de global, gradualmente más fragmentada en grandes bloques regionales en los que el Estado nación todavía tiene un fuerte poder, junto con un aumento en la

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marginación del Sur. Los transformacionistas, por otro lado, ven el patrón contemporáneo y la dinámica de la globalización como históricamente sin precedentes; los Estados y las sociedades lo están experimentando como un proceso de cambio profundo y adaptación a un mundo más interconectado e incierto que conducirá a una transformación de la comunidad política y a una arquitectura completamente nueva del orden mundial y la estructura de poder.

Bowles (2008) elaboró ​​una tipología o «taxonomía» algo diferente de enfoques y perspectivas teóricas. A medida que lo construye, el análisis de la dinámica globalizadora del capitalismo adopta cuatro formas: 1. La globalización como un proceso principalmente impulsado tecnológicamente que fortalece los mercados y los actores del mercado mientras debilita y requiere la adaptación de los Estados nacionales. Rycroft (2002) es una exposición de este punto de vista, como lo es el Banco Mundial en sus Indicadores del Banco Mundial de 2002. 2. La globalización como un «mito» que no ha debilitado significativamente la base nacional de la actividad económica y el dominio de los Estados nacionales. La popularidad de la «globalización» en este contexto tiene más que ver con su agenda ideológica neoliberal que como una descripción objetiva del capitalismo contemporáneo. 3. La globalización como imperialismo. Desde este punto de vista (por ejemplo, Berberoglu, 2003; Petras y Veltmeyer, 2001), algunos Estados se debilitan por la globalización, mientras que otros estados y sus actores del mercado (corporaciones multinacionales) se fortalecen. El proceso de globalización es una estrategia diseñada para mejorar los intereses de los poderes imperiales mediante la apertura de los mercados de los países más débiles. 4. La globalización como un descriptor inadecuado de los procesos en curso en la era neoliberal, que se describe mejor como 52

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regionalización o regionalismo. Desde este punto de vista, los Estados nacionales pueden estar debilitados, pero las estructuras emergentes de producción y gobernanza son de naturaleza regional (tanto a nivel macro como microregional) en lugar de global. Mittelman (2000) es un exponente de este punto de vista.

A pesar de la ampliación de la noción globalista de desarrollo en el discurso académico, la mayoría de los «estudios» y el discurso académico dominante sobre la globalización se enfoca en su forma neoliberal, es decir, se enfoca en la dinámica de las políticas y las condiciones de integración económica en la economía mundial bajo las reglas y los requisitos de un «nuevo orden mundial» en el que las fuerzas de la libertad económica se liberan de las restricciones regulatorias del estado de desarrollo del bienestar: el neoliberalismo.

Después de tres décadas de globalización neoliberal y el estallido de una crisis global multifacética, podemos afirmar con seguridad que el espectro del neoliberalismo ha sido eliminado del arsenal de doctrinas políticas disponibles para los responsables políticos. El neoliberalismo ha demostrado ser económicamente disfuncional y políticamente insostenible. En ninguna parte ha funcionado, y menos aún en América Latina, donde la doctrina se ha puesto en práctica de manera más sistemática.

Sin embargo, la desaparición del neoliberalismo y el surgimiento de un Estado posneoliberal basado en el posconsenso de Washington sobre la necesidad de «traer de vuelta al Estado» y establecer un «mejor equilibrio entre el Estado y el mercado», no significa el fin de la globalización. Simplemente significa que la forma que tomará, de hecho que está tomando, será impugnada y dependerá de la nueva correlación de fuerzas que indudablemente surgirá.

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Conclusión Los conceptos «desarrollo» y «globalización» hacen referencia a descriptores de dinámicas asociadas con la evolución del capitalismo como sistema mundial. Como tales, proporcionan diferentes formas de entender la dinámica de este sistema, aunque con una serie de puntos de convergencia e intersección. La principal diferencia en la forma en que se entiende el desarrollo y la dinámica globalizadora del sistema capitalista es entre lo que podríamos describir como concepciones dominantes y críticas del desarrollo y la globalización. En la corriente principal, ambos conceptos y áreas de estudio asociadas están separados de sus raíces en el funcionamiento del capitalismo en las personas y los países de acuerdo con su ubicación en el sistema. En el discurso general de desarrollo y globalización, y por lo tanto en el análisis, el sistema operativo subyacente desaparece literalmente de la vista en un enfoque concentrado en la dinámica institucional y de políticas del sistema. En cuanto a los estudios críticos del desarrollo y los estudios críticos de la globalización, ambos están fundamentalmente relacionados con las fuerzas estructurales liberadas por el funcionamiento del sistema sobre las personas y los países, y las fuerzas de cambio y resistencia generadas por estas fuerzas (antiimperialismo, antiglobalización), proporcionan un análisis esencialmente complementario de la dinámica globalizadora del proceso de desarrollo capitalista. Los puntos de intersección y convergencia en este análisis complementario tienen que ver con el impacto de estas dinámicas y la respuesta estratégica a las fuerzas de cambio asociadas, fuerzas que pueden movilizarse hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de la correlación de fuerza en la lucha de clases (desde una perspectiva de estudios críticos del desarrollo) o el 54

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movimiento antiglobalización (desde la perspectiva los estudios críticos de la globalización). Los principales puntos de diferencia tienen que ver, por un lado, con el enfoque analítico concentrado de los estudios críticos del desarrollo en las relaciones sociales de producción en el proceso de desarrollo capitalista y, por otro lado, un enfoque alternativo en las relaciones de poder económico en el mercado global. Pero como se argumentó anteriormente, esta diferencia es complementaria y no antagónica en su forma.

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Estudios Críticos del Desarrollo | Primer semestre 2020, volumen x, número 18:59 -96

Claves de los conflictos socioambientales mexicanos Darcy Tetreault Resumen. Políticos e investigadores asumen que el crecimiento económico es imprescindible para reducir la pobreza, puesto que redunda en la creación de empleos y de financiamiento de las políticas sociales. Si bien en la posguerra el crecimiento contribuyó a reducir la pobreza, las políticas sociales ya no pueden subordinarse al imperativo del crecimiento económico debido a los límites ecológicos y los conflictos socioambientales. De ahí la relevancia de pensar en alternativas poscapitalistas.

En las últimas décadas se advierte que la dinámica de acumulación de capital ha generado rupturas metabólicas en el nivel planetario y múltiples problemas ambientales en los ámbitos nacional y local. Las propuestas de decrecimiento postulan el posdesarrollo a escalas local y subnacional y el posestructuralismo enfocado en el discurso, los valores y la cultura. La perspectiva marxista sobre el decrecimiento alude a los cambios estructurales necesarios y la cuestión de agencia. Los conflictos socioambientales en México se han multiplicado desde la aplicación en 1992 de reformas estructurales diseñadas para liberar la tierra, el agua y los demás recursos naturales a las fuerzas del mercado. Las demandas, propuestas y alternativas de las luchas socioambientales mexicanas constituyen puntos de referencia insoslayables para pensar en las formas de organización y las políticas públicas requeridas con el fin de empezar una transición hacia modos de producción y gobernanza que exhiben racionalidad socioecológica y diversidad biocultural, y que están orientados a la satisfacción de las necesidades básicas de todo el mundo.

Palabras clave: conflictos socioambientales, límites ecológicos, poscapitalismo, posdesarrollo, México.

* Docente investigador, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

issn impreso 2448-5020

issn red cómputo 2594- 0899

Darcy Tetreault

Key features of Mexican socio-environmental conflicts

Abstract. Politicians and researchers assume that economic growth is essential in order to reduce poverty, as it is based on the creation of jobs and the funding of social policies. Although in the post-war era growth contributed to poverty reduction, social policies can no longer be subordinated to the imperative of economic growth, given that there are ecological limits and socio-environmental conflicts.

Thus appears the relevance of thinking about post-capitalist alternatives. In the past few decades, concerns have developed regarding the dynamics of capital accumulation that have contributed to metabolic ruptures at the global level and with multiple environmental problems in national and local spheres. The proposals for de-growth conceive of a post-development process at local and sub-national levels, and a post-structuralism focused on discourse, values and culture. The marxist perspective on de-growth alludes to the necessary structural changes and the question of agency. Socio-environmental conflicts in Mexico have multiplied since the 1992 application of structural reforms designed to put land, water and other natural resources at the mercy of market forces. The demands, proposals and alternatives of Mexican socio-environmental struggles constitute key points of reference for the conception of forms of organization and public policies required to transition toward modes of production and governance that demonstrated socio-ecological rationality and bio-cultural diversity, and which are directed toward the satisfaction of basic needs for all.

Keywords: socio-environmental conflicts, ecological limits, post-capitalism, postdevelopment, Mexico.

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Claves de los conflictos socioambientales mexicanos

Durante el tercer debate presidencial que se llevó a cabo el 12 de junio de 2018, el candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Mo-

rena), Andrés Manuel López Obrador, señaló que la falta de crecimiento económico estaba en el trasfondo de los grandes problemas sociales del país. En sus palabras: «Si no hay crecimiento, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Si no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad». López Obrador, como muchos investigadores que se especializan en los temas de pobreza y desigualdad y en el análisis de las políticas sociales, da por sentado que el crecimiento económico es una condición sine qua non para reducir la incidencia de pobreza, ya que se traduce en la creación de empleos y en la generación de financiamiento para la expansión de políticas sociales.

Se argumenta en este texto que, si bien esta condición contribuyó a reducir la incidencia de pobreza durante el periodo de la posguerra, las políticas sociales ya no pueden ser subordinadas al imperativo de lograr crecimiento económico, debido a los límites ecológicos y conflictos socioambientales que se han manifestado en distintos niveles. Tomando en cuenta que una economía capitalista que no crece cae en crisis con impactos negativos, sobre todo para los trabajadores y los sectores marginados de la población, se plantea la necesidad de pensar en alternativas poscapitalistas.

La primera sección examina los debates en torno a los límites del crecimiento, se llega a la conclusión de que la dinámica de acumulación de capital durante las últimas décadas ha resultado en una serie de rupturas metabólicas a nivel planetario y múltiples problemas ambientales en los ámbitos nacional y local. La segunda sección analiza diversas propuestas de decrecimiento y distingue entre dos acercamientos interrelacionados: uno posdesarrollista, inspirado por el pensamiento de Iván Illich y

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enfocado en las escalas local y subnacional; y otro posestructuralista, enfocado en el discurso, los valores y la cultura. La tercera sección entra en diálogo con las aportaciones marxistas a los debates en torno al decrecimiento y retoma algunas de sus propuestas con respecto a los cambios estructurales necesarios y la cuestión de agencia.

La cuarta sección analiza los conflictos socioambientales en México que se han multiplicado desde la aplicación en 1992 de reformas estructurales diseñadas para liberar la tierra, el agua y los demás recursos naturales a las fuerzas del mercado. En la misma sección, se analizan algunas de las demandas y propuestas de las redes que operan a nivel nacional y que reúnen distintas luchas socioambientales a lo largo del país, así como las experiencias en los ámbitos local y regional que tienen cierta resonancia con el posdesarrollo, sobre todo en comunidades indígenas. El texto termina con una serie de reflexiones y conclusiones, donde se plantea inter alia que las demandas, propuestas y alternativas de las luchas socioambientales mexicanas constituyen puntos de referencia insoslayables para pensar en las formas de organización y las políticas públicas requeridas para empezar una transición hacia modos de producción y gobernanza que exhiben racionalidad socioecológica y diversidad biocultural, y que están orientados a la satisfacción de las necesidades básicas de todo el mundo.

Los límites al crecimiento económico ¿Existen límites ecológicos absolutos al crecimiento económico? Sobre este tema hay debate. Según los optimistas tecnológicos se puede realizar crecimiento económico indefinidamente, superando los límites de la 62

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naturaleza a través de la innovación tecnológica, la sustitución entre diferentes materiales y el descubrimiento de nuevas reservas. En esta visión, los mercados dan las señales e incentivos necesarios para impulsar los procesos de innovación, sustitución y descubrimiento; el Estado nación y el sector privado son los actores centrales en un esfuerzo coordinado a nivel internacional por mejorar el manejo de los recursos naturales y hacer más ecológicamente eficientes los procesos de producción, distribución y consumo, con el objetivo de extender cada vez más la capacidad de los ecosistemas de proveer materias primas y absorber los desechos. Ésta es esencialmente la visión de «desarrollo sostenible» esbozada en el Informe de Brundtland (wced, 1987) e institucionalizada a nivel mundial por la Organización de Naciones Unidas (onu) y otros organismos internacionales de desarrollo a partir de la primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. El Informe de Brundtland no reconoce límites absolutos al crecimiento, sólo «límites impuestos por el estado de la tecnología y la organización social sobre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras» (wced, 1987:43). El mismo Informe señala la necesidad de realizar tasas de crecimiento de por lo menos 3 por ciento anual en todas partes del mundo (wced, 1987:50 -51).

Asimismo, el preámbulo de la Agenda 21 pone énfasis en la necesidad de contar con un crecimiento económico internacional dinámico y confiable y subraya los méritos del libre comercio al respecto. Más recientemente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la onu no duda en la necesidad de realizar crecimiento económico, mientras aboga por hacerlo más inclusivo y sostenible. Según el Objetivo 12 de esta Agenda, el consumo y la producción sostenible «consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía».

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Los escépticos frente a la posibilidad de realizar crecimiento económico indefinido expresan múltiples argumentos desde diversas posturas políticas y epistemológicas. Para empezar, desde finales de los años sesenta del siglo pasado una corriente de pensamiento neomaltusiano ha encontrado expresión en publicaciones populares, tales como The population bomb (Ehrlich, 1968) y The limits to growth (Meadows et al., 1972). Para esta corriente, el meollo del argumento es simple: en un mundo finito ninguna cosa material puede crecer exponencialmente, incluso el número de seres humanos y el consumo de recursos naturales no renovables.

Al mismo tiempo, emergió una versión más sofisticada del argumento de que existen límites absolutos al crecimiento: Georgescu-Roegen (1972) recurrió a la segunda ley de la termodinámica para argumentar que la extracción y el consumo de minerales y combustibles fósiles no pueden continuar de manera indefinida. Mientras históricamente el desarrollo industrial ha dependido cada vez más de ellos, implica el agotamiento de materiales con bajos niveles de entropía y su transformación irreversible a formas de contaminación con altos niveles de entropía. Cabe señalar que el trabajo de Georgescu-Roegen sigue siendo un punto de referencia importante para los defensores del decrecimiento.

Durante los años noventa, cuando todavía era posible ser optimista sobre la Agenda 21 y la noción dominante de desarrollo sostenible, emergió en el campo de la economía ambiental la idea de que se puede observar una especie de curva invertida de Kuznets en la relación entre los niveles de desarrollo y el deterioro del medio ambiente. En este modelo, que buscaba su soporte empírico en un análisis sincrónico de múltiples países categorizados por su nivel de desarrollo y basado en la suposición de que todos siguen un camino unidireccional de progreso definido por 64

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la experiencia histórica de los países del Norte global (véase por ejemplo, Panayotou, 1995), el medio ambiente se deteriora durante las primeras fases de desarrollo, para posteriormente mejorar después de cierto punto de inflexión, cuando las economías «se modernizan». Esto, según los defensores de la curva, se debe a múltiples factores, entre los más importantes: la creciente importancia relativa de los sectores de servicios e información en las economías modernas, los cuales consumen menos materiales y energía; un cambio de valores conforme se satisfacen las necesidades básicas de grandes sectores de la población; y la disponibilidad de más recursos para financiar políticas ambientales.

No obstante, como han señalado los escépticos al respecto (por ejemplo, Stern, 1998; Ekins, 2000; Dinda, 2004), la evidencia empírica sugiere que esta relación sólo es válida por un número limitado de indicadores, generalmente los asociados con algunas formas de contaminación del aire, no puede ser generalizada a todos los aspectos de la calidad ambiental; además, varias formas de contaminación y los gases de efecto invernadero aumentan con la industrialización y el crecimiento del producto interno bruto (pib) (Martínez Alier, 1994:87-88). Los avances tecnológicos y los sustitutos «establecen la posibilidad teórica, no la certeza, ni la probabilidad y ni siquiera la posibilidad en la práctica de que el crecimiento continúa indefinidamente» (Lecomber citado en Ekins, 2000:4). En efecto, como señaló Sachs (1993:16) desde hace más de un cuarto de siglo, los sectores de servicios e información «sólo pueden crecer por encima del sector industrial y en asociación estrechamente simbiótica».

Para Martínez Alier (2011:38), el desarrollo sostenible apuesta por el «evangelio de la ecoeficiencia», o sea «una religión de la utilidad y la eficiencia técnica sin una noción de lo sagrado». Esta es la apuesta detrás de

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el Objetivo 12 de la Agenda 2030 de la onu: hacer más ecológicamente eficiente el uso y consumo de recursos naturales. Como han señalado múltiples autores, uno de los principales problemas con esta corriente de pensamiento es que ignora la paradoja de Jevons, la cual postula que los incrementos en la eficiencia con que se utiliza o consume un recurso conducen a crecientes niveles de demanda y consumo, lo que eclipsa, efectivamente, los avances en mejorar la eficiencia (véase, por ejemplo, Foster, 2002:94 -95; Latouch; 2008:46; Foster et al., 2010:169-181; Schneider et al., 2010:516; Williams, 2010:198-199; Martínez Alier, 2011:28; Kallis, 2017).

En efecto, aunque no existe una ley intrínseca basada en una teoría económica que demuestra lógicamente que el crecimiento económico y el flujo de energía y materiales siempre estarán vinculados en una economía capitalista (Kallis, 2017), la evidencia empírica revela esta tendencia. Por ejemplo, en un estudio sobre el uso de materiales a nivel global, Krausmann et al. (2009:2701) observan que durante el siglo xx el «metabolismo social» —es decir, la tasa de flujo de materiales y energía— creció dos veces más rápido que la población y ha acelerado a partir de finales de los años noventa. Así, a pesar de los impresionantes incrementos en la eficiencia con la que se producen y consumen los materiales y la energía, el metabolismo social global sigue siendo ascendente. Más aún, se puede observar un flujo neto de materiales y energía desde el Sur hacia el Norte (con las excepciones notables de Australia y Canadá, dos países desarrollados que son exportadores netos) (Dittrich y Bringezu, 2010), lo que evidencia la persistencia de un «comercio ecológicamente desigual» (Delgado Ramos, 2012; Martínez Alier y Walter, 2016).

Desde una perspectiva marxista, «el problema no es la sobrepoblación: es que bajo las relaciones sociales capitalistas se empuja a la gente a 66

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expandir rápidamente la producción orientada al mercado para realizar ganancias» (Williams, 2010:43). Marx, en su polémica contra Malthus, argumentó que «la sobrepoblación es (...) una relación determinada históricamente, de ninguna manera determinada por los números abstractos o por el límite absoluto de la productividad de lo necesario para la vida, sino más bien por límites establecidos por condiciones específicas de producción» (énfasis en el original, Marx, 1973:606). Si bien esta postura sobre la no existencia de límites absolutos al crecimiento puede parecer a primera vista la misma expresada por el Informe de Brundtland, la diferencia es que para Marx dichas condiciones se refieren no sólo a aspectos tecnológicos y técnico-organizacionales sino también y más importante al modo dominante de producción. Marx observó que «la producción capitalista sólo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el hombre» (Marx, 1977:638).

Marx era consciente de los impactos destructivos del desarrollo capitalista sobre el medio ambiente. Su visión histórico-materialista contempla una interacción dialéctica y mutuamente transformadora entre la sociedad humana y el medio ambiente, mediada por el trabajo. De esta manera, teoriza una «ruptura metabólica» a partir de la subsunción del trabajo y la naturaleza a los procesos productivos orientados a crear valor de cambio. Con base en el trabajo del agroquímico Justus von Liebig, Marx analizó las consecuencias de esta «ruptura metabólica» en la pérdida de fertilidad de la tierra, entre otros problemas ambientales.

John Bellamy Foster (2000), además de revindicar «la ecología de Marx» (como reza el título de su libro), ha recuperado el concepto de la ruptura metabólica y lo ha desarrollado para poner de relieve su relevancia

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en la actualidad. Sobre esta línea, postula que durante la segunda mitad del siglo xx sucedió una profundización de la ruptura metabólica en el sector agrícola en la medida en que se concentró la producción de ganadería cerca de las plantas de procesamiento, separándola así aún más de la producción agrícola especializada en cultivos (Foster, 2002:162-166). De esta manera, el estiércol de los animales, en lugar de servir como fertilizante, se convierte en una fuente de contaminación y conflictividad socioambiental, como en el caso de Granjas Carroll de México (propiedad de Smithfield Foods) en el Valle del Cofre de Perote, en el estado de Veracruz.

En un libro más reciente con Brett Clark y Richard York (2010:13 -19), Foster y sus colaboradores señalan nueve límites planetarios o «rupturas» que han sido analizados por un grupo de investigadores en el Stockholm Resilience Center: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los ciclos de nitrógeno y fósforo, la acidificación oceánica, el agotamiento del ozono estratosférico, el agotamiento y la contaminación del agua dulce, el cambio de uso de suelo, el deterioro atmosférico relacionado al uso de aerosoles, y la contaminación química. Según este grupo de científicos, los primeros tres límites están en su punto de quiebre y los otros seis significan el inicio de degradación ambiental irreversible. Desde una perspectiva marxista, esta evidencia empírica apoya la hipótesis de que el capitalismo de por sí no es sustentable.

James O’Connor (1998) llega a esta conclusión a través de su análisis de las dos contradicciones básicas en el desarrollo capitalista que empujan el sistema hacia las crisis. La primera, expuesta por Marx, se encuentra en la relación entre el capital y la fuerza de trabajo, «cuando capitales individuales tratan de defender o restaurar las ganancias al incrementar la productividad laboral, acelerando el trabajo, reduciendo los salarios y 68

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utilizando otras maneras de larga data para sacar más producción de menos trabajadores» (1998:240). El resultado no intencional es de reducir la demanda por los bienes consumibles, lo que inclina el sistema hacia una crisis de sobreproducción.

O’Connor (1998) propone que existe una segunda contradicción. Ésta afecta el lado de los costos, cuando el capital socava las «condiciones de producción», las cuales incluyen condiciones naturales, comunales y humano-laborales. Hay dos maneras de hacerlo: «Cuando los capitales individuales defienden o restauran las ganancias a través de estrategias que degradan o no logran mantener con el tiempo las condiciones materiales de su propia producción» y «cuando los movimientos sociales demandan que el capital provea mejor para el mantenimiento y restauración de estas condiciones de vida» (1998:242). La posibilidad de que el capital internalice los costos ambientales y reconstruya las condiciones de producción mediante la regulación estatal para restaurar o aumentar su productividad a largo plazo es remota, argumenta O’Connor, puesto que se requeriría la coordinación de grandes inversiones y la renuncia de ganancias a corto plazo, algo que va en contra de la lógica autoexpansiva y antiecológica del capital (1998:246).

Estado estacionario y decrecimiento Desde los años setenta, Herman Daly ha abogado por una transición hacia una economía estacionaria, definida por cantidades constantes de riqueza física, una población humana no creciente, y una tasa baja del flujo de energía y materiales. Su visión se inspira en el estado estacionario imaginado por John Stuart Mill a mediados del siglo xix. A diferencia

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de la economía neoclásica, Daly (1996) insiste en que las actividades económicas humanas constituyen un subsistema del ecosistema planetario donde la segunda ley de la termodinámica establece límites biofísicos al crecimiento del uso y consumo de materiales y energía. Además, hace una distinción entre crecimiento y desarrollo. El primero «se refiere a un aumento en la escala física del flujo de materiales y energía que sostiene las actividades económicas de la producción y consumo de bienes» (Daly, 1996:31). El segundo puede ser concebido en términos cualitativos como

una mejora en la calidad de vida que no necesariamente implica un aumento en el flujo de materiales. Así, mientras existen límites al crecimiento económico, no hay límites al desarrollo. La solución para Daly (1996:7) «es dolorosamente sencilla: controlar la población, redistribuir la riqueza y los ingresos, y realizar mejoras técnicas en la productividad de los recursos». Sugiere que el Banco Mundial y los Estados nación son las agencias clave en realizar esta transición y apela a argumentos religiosos y principios éticos para guiar la reformulación de la política pública.

Los defensores del decrecimiento van más lejos al abogar a favor del achicamiento de la economía en el Norte global. En las palabras de Serge Latouche (2008:15), el representante más reconocido a nivel mundial de esta escuela de pensamiento, «no se trata ni del estado estacionario de los viejos clásicos, ni de una forma de regresión, de recesión ni de ‹crecimiento negativo›, ni incluso de crecimiento cero —aunque encontramos en él una parte de la problemática». El decrecimiento, entonces, tiene que ser distinguido en primer lugar de las recesiones y crisis económicas, cuyas consecuencias son devastadoras para los trabajadores: «Distinguimos entre depresión, es decir decrecimiento no planeado dentro de un régimen de crecimiento, y decrecimiento sustentable, una transición voluntaria, lisa y equitativa a un 70

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régimen de menos producción y consumo» (Schneider et al., 2010:511). En última instancia, esta visión de decrecimiento es compatible con la del estado estacionario, ya que una economía no puede decrecer indefinidamente, de tal manera que tarde o temprano tendrá que establecer un estado estacionario para ser sustentable (Martínez Alier et al., 2010:1744).

Ambas corrientes de pensamiento (decrecimiento y estado estacionario) toman en serio la paradoja de Easterlin, la cual postula que el crecimiento económico a nivel nacional no conlleva después de cierto punto a un aumento en la felicidad de los ciudadanos. Asimismo, ambas corrientes critican la contabilidad del pib, entre otras razones porque no toma en cuenta el trabajo no remunerado para la reproducción social, como han señalado las feministas desde hace décadas; porque no descuenta la disminución del «capital natural» (es decir, minerales, hidrocarburos, fertilidad del suelo, bosques, acuíferos, etcétera) y porque registra como algo positivo los gastos defensivos, incluso los asociados con la protección y rehabilitación de los ecosistemas. Daly (1996:99-102) aboga por una contabilidad que pretende corregir estas deficiencias: el producto nacional neto sustentable. Verma (2017:487) argumenta a favor de la Felicidad Nacional Bruta,1 la medición adoptada por el gobierno del Reino del Himalaya de Bután, que «no sólo es congruente con el decrecimiento, sino también un ejemplo vivo del mismo». Mientras Latouche (2008) pregunta si no sería más sensato «salir de la obsesión de medirlo todo». Desde su punto de vista, «el problema no es cambiar el patrón de medida para transformar La Felicidad Nacional Bruta se mide a través de un índice compuesto de indicadores en nueve áreas: salud, educación, estándares de vida, uso de tiempo, gobernanza, diversidad y resistencia ecológica, bienestar psicológico, vitalidad comunitaria, y diversidad y resistencia cultural (Verma, 2017:482).

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la sociedad, sino empezar a cambiar los valores» a través de «la descolonización del imaginario» (Latouche, 2008:82). He aquí uno de los supuestos cuestionables de la visión de decrecimiento de Latouche, a saber, que las ideas de por sí tengan el poder para determinar la realidad. Ésta es una postura «idealista», como diría Marx con referencia a la dialéctica hegeliana. Regresamos a este punto más adelante.

Schneider et al. (2010:511-512) identifican cinco corrientes de pensamiento que han nutrido la escuela de decrecimiento: una culturalista asociada con el trabajo de antropólogos en el Sur global quienes critican la idea de que los países del Sur deben seguir el camino del Norte; la segunda se asocia con las luchas por profundizar la democracia; la tercera con ecología; la cuarta con estilos de vida minimalistas, artísticos y pacíficos; y la quinta con la economía ecológica. Demaria et al. (2013) identifican las mismas corrientes de pensamiento y agregan lo que podemos llamar el «postestructuralismo verde», el cual consiste en un análisis crítico del discurso dominante de desarrollo.

Siguiendo a Martínez Alier et al. (2010), un esquema más sencillo para nuestros propósitos agrupa las raíces filosóficas de la escuela de decrecimiento en dos principales corrientes de pensamiento. La primera tiene que ver con la ecología y su hibridación con la economía política, dando lugar a la emergencia de dos nuevas áreas de investigación interrelacionadas: economía ecológica y ecología política. «En la economía ecológica», plantean Guha y Martínez Alier (1997), «el estudio de los temas distributivos constituye un nuevo campo de investigación, que llamamos ‹ecología política›». Ya mencionamos algunos de los contribuidores más importantes de la economía ecológica, empezando con Georgescu-Roegen.

En cuanto a la ecología política, uno de los precursores más influyentes para la escuela de decrecimiento es André Gorz, un marxista de la corriente 72

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existencialista sartreana quien en 1968 empezó a marcar cada vez más su distancia con algunas de las tesis centrales del marxismo (por ejemplo, el papel emancipador del proletariado), al mismo tiempo que abordó cuestiones ecológicas en su crítica de las sociedades modernas y en el desarrollo de una visión utópica basada en la cooperación voluntaria y la autodeterminación de comunidades e individuos. «El capitalismo orientado al crecimiento está muerto», declaró a mediados de los años setenta, «El socialismo orientado al crecimiento (...) refleja una imagen distorsionada de nuestro pasado, no de nuestro futuro» (Gorz, 1987 [1975]:7). Un elemento central de su análisis que sería recogido por los defensores del decrecimiento tiene que ver con el avance de las fuerzas productivas y la concomitante reducción del trabajo socialmente necesario, lo que abre la posibilidad de crear tiempo libre para toda la población, a través de la distribución equitativa del trabajo colectivo.

La segunda corriente principal de pensamiento que ha nutrido el decrecimiento es la culturalista y el autor clave en ella es Iván Illich, un filósofo austriaco, sacerdote católico, multilingüista y doctor en historia medieval de la Universidad de Salzburgo. Illich trabajó con migrantes puertorriqueños en Nueva York a principios de los años cincuenta del siglo xx, posteriormente fue a trabajar en la Universidad Católica de Ponce, en Puerto Rico, y de allí migró a Cuernavaca, México, donde fundó en 1961 el Centro Intercultural de Documentación. A partir de esta formación y experiencia desarrolló una visión utópica postindustrial donde las personas y comunidades recuperan mayores niveles de autonomía frente el Estado y el mercado, al emplear «herramientas» que tienen una escala más accesible para la gente común, en lugar de las que implican centralización y administración vertical. Para Illich, el concepto de «herramienta» incluye no sólo aparatos simples como taladros, ollas o escobas, y no sólo grandes

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máquinas como coches o plantas eléctricas; sino también instituciones productivas (fábricas, por ejemplo) y sistemas de producción de bienes intangibles como la educación, la salud y los conocimientos (2009:20).

Illich identificó dos parteaguas en el desarrollo de las grandes herramientas modernas: la primera a principios del siglo xx cuando éstas empezaron a crecer y consolidarse, lo que resultó en mejoras tangibles (con múltiples contradicciones) en, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida, la movilidad independiente y el alfabetismo; y la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial cuando el tamaño y la burocratización de las instituciones conllevaron a una serie de conductas perversas y de efectos secundarios que progresivamente eclipsaron los beneficios, tales como la medicina adictiva, las cesáreas por conveniencia, la dependencia excesiva de servicios profesionales, el tráfico vehicular congestionado, la contaminación, y el diseño de currículos educativos para cumplir con las necesidades ideológicas del Estado y los requisitos técnicos de la industria. Ante esta situación, Illich (2009:13) aboga por una transición hacia una sociedad «convivencial», donde «la habilidad de una persona de expresarse en trabajo no requerirá como condición el trabajo forzado o el aprendizaje forzado o el consumo forzado de otra persona», y donde la gente puede redescubrir la «sobriedad alegre» y la «austeridad liberadora».

El trabajo de Illich ha tenido gran impacto no solamente en el pensamiento de los defensores del decrecimiento, sino también y más generalmente en la emergencia de una escuela de pensamiento estrechamente relacionada: el posdesarrollo. Según Latouche (2008:16), «el decrecimiento es simplemente un estandarte tras el cual se agrupan aquellos que han procedido a una crítica radical del desarrollo y que quieren diseñar los contornos de un proyecto alternativo para una política del postdesarrollo».

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Gudynas (2014:63) considera que «el postdesarrollo en sentido estricto sería la abreviación para indicar una crítica postestructuralista del desarrollo». De acuerdo con lo anterior, Escobar (2005:18) señala que «la noción del posdesarrollo proviene directamente de la crítica postestructuralista».

En esta conexión, el postestructuralismo se refiere al acercamiento cuyo enfoque es el análisis del discurso. Como afirma Escobar (1996:326), «el postestructuralismo se enfoca en el papel del lenguaje en la construcción de la realidad social; trata al lenguaje no como un reflejo de la ‹realidad› sino como constitutivo de ella».

Desde una perspectiva materialista, si bien este acercamiento puede servir para desnudar los discursos de poder, puede también conducir a la trampa del idealismo, mencionado arriba, donde se supone que, para cambiar el mundo, sólo hay que cambiar nuestra manera de pensar o cambiar nuestros valores. Una ilustración: «La apuesta por el decrecimiento (...) Consiste en pensar que la atracción por la utopía convivencial (...) puede favorecer una ‹descolonización del imaginario› y suscitar suficientes comportamientos ‹virtuosos› a favor de una solución razonable: la democracia ecológica» (Latouche, 2008:246 -247). Peor aún cuando las ideas asumen explícitamente la forma de agencia: «El imaginario social se pone manos a la obra y acomete explícitamente la transformación de las instituciones existentes» (Latouche, 2008:175). Desde luego, un cambio de valores es necesario para superar los

grandes problemas sociales y ecológicos, pero desde nuestro punto de vista este cambio no es tanto un punto de partida o solución en sí mismo, sino más bien algo que se construye sobre la marcha de las luchas sociales.

Es importante señalar que el posdesarrollo va más allá de la deconstrucción de los discursos de las poderosas agencias de desarrollo a nivel mundial; al rechazar el discurso y las prácticas del desarrollo desde arriba,

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llega a ciertas conclusiones sobre cómo se debe impulsar mejoras en las condiciones de vida en el ámbito local. «Las propuestas locales», afirman Esteva y Prakash (1997:285), «si son concebidas por comunidades enraizadas en lugares específicos, reflejan el pluralismo radical de las culturas y la cosmología singular que define cada cultura». Sobre esta línea, el posdesarrollo apuesta por las organizaciones y movilizaciones locales vinculadas entre sí en redes que operan en escalas mayores; apuesta por la recuperación y desarrollo de los conocimientos y tecnologías indígenas y por la defensa de los territorios y bienes comunes con significado histórico-cultural. En estos sentidos, recupera —aunque rara vez de manera explícita— una visión anarquista de un mundo poscapitalista.

Regresando al decrecimiento, ¿cómo se puede definir? Schneider et al.

(2010:517) afirman que «el decrecimiento no es sólo un proyecto científico sino también parte de un movimiento social más amplio que funciona sobre la esperanza de que podamos reducir el tamaño [de la economía] de manera equitativa y democrática». En la misma vena, Martínez Alier et al. (2010:1742) argumentan que «el decrecimiento sustentable es tanto una consigna asociada con los movimientos sociales y ambientales, como un concepto emergente en círculos académicos e intelectuales». Como consigna, se aplica más a los movimientos del Norte; y éstos se ven como los principales aliados de las luchas socioambientales en el Sur por la defensa y recreación de los bienes comunes, o lo que Martínez Alier (2011) ha denominado «el ecologismo de los pobres».

Algunos de los defensores del decrecimiento sugieren que, mientras el Norte decrece, será necesario en el Sur fomentar el crecimiento de algunos bienes colectivos (que ocupan materiales y energía) para combatir la pobreza y satisfacer las necesidades básicas de toda la población, sobre todo 76

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en las áreas de salud y educación (véase Martínez Alier et al., 2010:1743).

Otros, por ejemplo Latouche (2008:225 -226), sugieren que al tomar el camino del posdesarrollo en el Sur simplemente no implica crecimiento como tal. Por otra parte, todos los defensores del decrecimiento están de acuerdo en que la clave para superar la pobreza en términos materiales es la redistribución, dentro y entre los países. Sobre esta línea, los promotores del decrecimiento exigen justicia ambiental a nivel global, donde el Norte reconoce su deuda ecológica con el Sur debido a la explotación colonial del pasado, el intercambio ecológico desigual y el acaparamiento de los bienes comunes globales no (bien) regulados, como la atmósfera en su función de sumidero para los gases de efecto invernadero.

Los defensores del decrecimiento tienden a ser ambivalentes con respecto a la cuestión de agencia. Latouche, por ejemplo, declara que «la lucha de clases se acabó» (2008:240), que el proletariado no tiene un papel emancipador y que «la transformación de la sociedad exige en la actualidad la participación de toda la población» (énfasis agregado, 2008:239). Él asigna un papel central al voluntarismo individual, señalando que existen «dos vías individuales para decrecer: la primera es consumir menos, la sobriedad; la segunda, autoproducir e intercambiar según la lógica del donativo» (2008:101).

En cuanto al Estado, también hay ambivalencia y diversas posturas.

Muchos se oponen o retan a algunas instituciones, al mismo tiempo que proponen actuar dentro de las existentes. Como señala Demaria et al.

(2013:203), «mientras algunos asumen una postura anarquista tradicional a favor del abandono del Estado, otros creen que se debe mantener y mejorar el Estado». Por otra parte, los defensores del decrecimiento generalmente asumen una postura anticapitalista, aunque no pongan énfasis en ésta. En efecto, Foster (2002) acusa a Latouche de «tratar de eludir la

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cuestión del capitalismo». En respuesta, Latouche (2008:168) señala que «si no insisto en la crítica específica al capitalismo, es porque me parece inútil derribar una puerta abierta». Por otra parte, opina que el reto no es sólo salir del capitalismo, sino también acabar con la sociedad productivista, con referencia al productivismo del «socialismo real».

Perspectivas ecomarxistas Los ecomarxistas también critican el desarrollo antiecológico de la ex Unión Soviética y de China (véase por ejemplo O’Connor, 1998:255 -265; Williams, 2010:170 -173). Kallis (2017) considera que estas experiencias son mejor clasificadas como «capitalismo estatal» y critica a los ecomarxistas quienes todavía creen en —o que son agnósticos con respecto a— las posibilidades de realizar crecimiento económico ecológicamente sustentable bajo un sistema socialista. Desde su perspectiva, el socialismo debe ser orientado a la satisfacción de los valores de uso (determinados democráticamente) que expresan necesidades humanas, y esto no implica crecimiento en el flujo de materiales y energía, mucho menos el crecimiento del pib (una medida de valores de cambio).

Según Foster (2011), es un error usar un concepto abstracto como el crecimiento económico como blanco de críticas, cuando el problema dimana más específicamente de la dinámica de acumulación de capital: «Aunque el concepto de decrecimiento es valioso en el sentido ecológico, sólo puede adquirir un sentido genuino como parte de una crítica de la acumulación de capital y parte de la transición a un orden sustentable, igualitario y comunal» (Foster, 2011).

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James O’Connor (1998:331) define el socialismo ecológico en los siguientes términos: «Teorías y movimientos que buscan subordinar el valor de cambio al valor de uso y el trabajo abstracto al trabajo concreto, es decir, que buscan organizar la producción alrededor de las necesidades (incluso las necesidades de desarrollo personal de los trabajadores), no de las ganancias». Löwy (2015:7) añade que esta concepción debe suponer la propiedad colectiva de los medios de producción, planeación democrática que posibilita que la sociedad defina sus prioridades de inversión y producción, y una nueva estructura tecnológica.

Por lo general, se descarta desde una perspectiva ecomarxista la posibilidad de decrecer dentro del sistema capitalista, por las razones esbozadas en la sección anterior. Se ve la necesidad no sólo de decrecer, sino también de transformar la sociedad al reorientar el modo de producción a la satisfacción de necesidades básicas, incluso con respecto a un medio ambiente sano. Otra necesidad humana básica es la de tener tiempo libre para el «florecimiento humano», como diría Julio Boltvinik. Pues, como señaló Marx (1981:958-959), «el reino de libertad realmente empieza sólo donde termina el trabajo determinado por la necesidad y los fines exteriores». Por tanto, la reducción del día de trabajo es un prerrequisito básico para eventualmente realizar el verdadero reino de libertad, concebido en términos del desarrollo de los poderes humanos como un fin en sí mismo.

Löwy (2015:51) visualiza un cambio gradual, donde cada victoria colectiva es un paso en la dirección correcta en tanto avanzan los procesos de concientización y organización. Williams (2010) implica algo parecido en su esbozo de algunos de los proyectos alrededor de los cuales se pueden organizar luchas sociales hoy día. Por ejemplo: una transición energética desde la actual dependencia de los combustibles fósiles a las fuentes renovables de energía;

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la construcción de mejores sistemas públicos de transporte para conectar centros urbanos con trenes rápidos y, dentro de las ciudades, trenes, camiones y la remodelación de la infraestructura urbana para mejor acomodar a los ciclistas, patinadores y peatones; la defensa de la salud pública frente a la contaminación del medio ambiente; y la reducción de las horas de trabajo para enfrentar los problemas de desempleo y subempleo, y para crear una sociedad que privilegie el tiempo libre sobre el consumo de bienes materiales.

Al mismo tiempo, a Williams (2010:179) no se le escapa una de las percepciones centrales del pensamiento marxista, a saber, que los estados de equilibrio se interrumpen por momentos de ruptura, no sólo en la historia humana que marca transiciones de un modo de producción a otro, sino también en la historia natural, donde se observan largos periodos de equilibrio y evolución, interrumpidos por cambios abruptos (véase York y Clark, 2011). De esta manera, Williams puede visualizar rupturas decisivas en la lucha por la transición a una forma de ecosocialismo, por ejemplo: la abolición del derecho de propiedad privada sobre la tierra y los principales medios de producción (2010:180); la redistribución de la tierra, de tal manera que los pobres urbanos del Sur se animen a regresar al campo para practicar la agroecología (2010:224); la prohibición de los anuncios y la mercadotecnia, y relacionado con esto, la eliminación de empaques/embalajes superfluos (2010:219), entre otras.

Desde esta perspectiva, las acciones individuales voluntarias no son suficientes para realizar estos cambios. «Sólo las organizaciones colectivas masivas, la presión social y la acción pueden hacer materializar estos tipos de planes», afirma Williams (2010:163), «debido a que van en contra de los intereses de corto plazo de las corporaciones y los partidos políticos». Él y otros promotores del ecosocialismo señalan como agentes principales una posible alianza entre los movimientos obreros y los ambientalistas, 80

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o dicho de otra manera, entre los «rojos» y los «verdes». De acuerdo con Löwy (2015:6), aunque los ecosocialistas critican la ideología de los sectores dominantes de los movimientos obreros, «saben que los trabajadores y sus organizaciones son una fuerza indispensable para cualquier transformación radical del sistema». Lo que se requiere es un movimiento «co-revolucionario» que reúne las luchas que critican el capital desde la perspectiva de la clase trabajadora, las luchas antiimperialistas, las que critican el patriarcado y el racismo, y las luchas ambientalistas que critican las consecuencias ecológicas destructivas del desarrollo capitalista (Foster, 2011).

Por último, cabe señalar que entre los ecomarxistas hay defensores de la necesidad de hacer crecer la infraestructura de producción, transportación, comunicación y también servicios públicos en las áreas de salud, educación y seguridad social. Foster (2011), por ejemplo, argumenta que «muchos países en el Sur con un nivel muy bajo de ingresos por habitante no pueden permitirse el decrecimiento sino que pueden aprovecharse de una especie de desarrollo sustentable, orientado a las necesidades reales como el acceso al agua, alimentación, salud, educación, etcétera» (énfasis en el original). Asimismo, Schwartzman (2012) argumenta que algunas cosas deben crecer para combatir a la pobreza (por ejemplo, energía solar, agroecología), mientras otras (el complejo militar, combustibles fósiles y energía nuclear) deben decrecer. Esto requiere formas de organización que tengan un alcance más allá del ámbito local, lo que para algunos implica la necesidad de conquistar y transformar el Estado, idealmente en un contexto internacional favorable para el apoyo mutuo entre Estados poscapitalistas. En todo caso, se visualiza una transformación que empieza con la construcción de movimientos sociales y redes organizacionales que empujan por cambios radicales en las leyes del Estado y su aplicación.

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Los conflictos y movimientos socioambientales en México2 Entre los problemas ambientales que han sido reconocidos y cuantificados por las agencias ambientales del país se pueden mencionar los siguientes: 45% de las tierras de cultivo sufre algún grado de degradación del suelo, 73% del agua superficial está contaminada, 102 acuíferos están sobreexplotados y al menos 40 acuíferos están contaminados por la actividad antropogénica. Además, 2 mil 486 especies de plantas y animales están en peligro de extinción y la deforestación avanza a una tasa de 155 mil hectáreas por año, contribuyendo así a una pérdida neta de 49 millones de hectáreas desde la mitad del siglo xx, equivalente a una cuarta parte del territorio nacional. En la Ciudad de México y otros grandes centros urbanos hay serios problemas de tráfico y contaminación del aire; las emisiones de gases de efecto invernadero van a la alza, han alcanzado el equivalente de 748 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2010; y la generación de residuos sólidos está también en aumento, ha llegado a 41 millones de toneladas en 2011, en la que una cuarta parte fue depositada en sitios no controlados. 3 La extracción de materiales en México ha aumentado de manera constante durante las últimas décadas, de 349 millones de toneladas en 1970 a mil 148 millones de toneladas en 2003 (González Martínez y Schandl, 2008:319). Esto, en un marco regulatorio ambiental laxo, cuando menos

en la práctica. Si bien a partir de la promulgación de la Ley General del Esta sección y la siguiente toman algunos fragmentos del libro Tetreault et al. (2018) escritos por el mismo autor de este texto.

3 Las estimaciones para la cantidad de agua contaminada fueron tomadas de Conagua (2001); el resto de las estadísticas presentadas en este párrafo vienen de Semarnat (2013).

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Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (lgeepa) en 1988, se ha construido un entramado de leyes y agencias gubernamentales ambientales en los tres niveles de gobierno cada vez más complejo e incluso con una secretaría de medio ambiente a nivel nacional, lo cierto es que las políticas ambientales en México parecen mucho más fuertes sobre el papel que en la práctica. No se trata sólo de subfinanciar las políticas ambientales, el imperativo de atraer y retener las inversiones privadas se traduce en lo que McCulligh (2017) llama «corrupción institucionalizada» para referirse no a actos individuales de corrupción, sino a una tendencia generalizada y sistemática de subordinar las leyes ambientales a los intereses de corto plazo del sector privado.

En lo que concierne a la contaminación industrial de cuerpos de agua, esta tendencia se manifiesta en un proceso de estrecha consultación con el sector privado en el diseño de las normas, un número restringido de sustancias tóxicas reguladas y la escasa aplicación de la normatividad (McCulligh, 2017). El resultado de todo esto se expone en un informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental (cca) sobre las emisiones de sustancias tóxicas emitidas a aguas superficiales reportadas en Canadá, Estados Unidos y México, donde se puede constatar que las empresas mexicanas han reportado mucho menos de 1% de la totalidad de las emisiones para los tres países (cca citado en McCulligh, 2017:223).

Algo parecido pasa en el sector minero. Un estudio de la cca (2018:9) revela que el volumen de los contaminantes reportados por el sector minero en México sólo representa 0.84% del total en América del Norte en 2013. Más allá de lo revelado por estos datos, el hecho de que se permite la

utilización de tecnologías altamente destructivas al medio ambiente, tales como las minas a cielo abierto y el beneficio por medio de la cianuración,

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evidencia el sesgo en las políticas ambientales a favor del capital extractivo. En el caso de la mina San Xavier en el estado de San Luis Potosí, propiedad de la compañía canadiense New Gold (antes Metallica Resources), es notoria la imposición del proyecto a pesar de la inconformidad de la población local y la resistencia organizada, la existencia de un área natural protegida y fallos jurídicos en su contra. Asimismo, gracias al trabajo investigativo de Garibay y sus colaboradores (2014), el caso de la mina Peñasquito en el estado de Zacatecas también ha llegado a ser notorio, entre otras razones porque dichos investigadores descubrieron que Conagua modificó su cálculo de la tasa de recarga del acuífero Cedros aumentándolo por un factor de más de cinco para poder otorgar una concesión de agua a la empresa canadiense Goldcorp en volúmenes conmensurables con la demanda de su proceso de beneficio, afectando así a la población cercana que depende del agua subterránea para sus actividades agropecuarias y para satisfacer sus necesidades básicas.

Ante atropellos de este tipo, los conflictos socioambientales se han multiplicado a lo largo del país. Fernanda Paz (2012) detectó 95 entre mayo de 2009 y mayo de 2011, 39% relacionado al agua, 25% a tierras agrícolas y territorios, y 15% a áreas naturales protegidas. En un inventario más abarcador en el tiempo, Víctor Toledo y sus colaboradores (2015) detectaron 298 conflictos socioambientales entre septiembre de 2009 y marzo de 2013, vinculándolos a la minería (79), la infraestructura hidráulica (65), los

proyectos energéticos (52), el desarrollo urbano (26), la silvicultura (19), la biotecnología (18), el turismo (17), los desechos peligrosos (14) y la agricultura (8). Para marzo de 2018 este inventario tenía registrados 560 casos.

Estos conflictos típicamente suceden entre grandes corporaciones que cuentan con el respaldo del Estado y las poblaciones afectadas quienes se 84

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organizan a nivel local y construyen alianzas con los elementos progresistas y radicales de la sociedad civil. Los movimientos de resistencia despliegan diversas formas de acción colectiva a través de redes de organización que operan en distintos ámbitos: regional, nacional e internacional. En muchos casos, son las agencias gubernamentales quienes toman el liderazgo en la promoción de grandes y controvertidos proyectos de desarrollo, particularmente en el sector petrolero y para la construcción de represas y carreteras. El capital y el Estado promueven proyectos ecológicamente destructivos bajo las banderas de «progreso», «crecimiento económico» y «modernización»; mientras que los discursos de resistencia hablan de la defensa de medios de vida en el campo, la protección de entornos ambientales sanos, los derechos humanos, los bienes comunes y la diversidad biocultural.

Se han construido redes de resistencia al despojo en varias regiones de México. Por ejemplo: en Ayala y otros municipios del estado de Morelos, donde los pobladores de 30 núcleos agrarios han organizado y construido alianzas con sujetos universitarios en contra del Proyecto Integral Morelos, que consiste en un gasoducto, un acueducto y dos plantas termoeléctricas; en la Sierra Norte de Puebla, donde múltiples organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil han unido fuerzas en oposición a un conjunto de proyectos hidroeléctricos, minería y fracking; y en Guerrero y Michoacán, donde varias comunidades indígenas han creado sus propios cuerpos policiacos para enfrentar el crimen organizado y para poner fin a la explotación ilegal de bosques y minerales.

En otros estados también se han construido movimientos de resistencia a las actividades extractivas y a los megaproyectos de desarrollo en zonas predominantemente indígenas. En el estado de Chiapas, los cinco

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caracoles que comprenden el territorio zapatista sirven como un baluarte contra la penetración de proyectos de inversión privada y como un modelo para la construcción de sociedades poscapitalistas. En Oaxaca, 418 de los 570 municipios del estado se gobiernan por usos y costumbres, lo que constituye una base institucional para sostener las luchas en contra de los proyectos de minería, represas y parques eólicos. En el estado de Sonora, los yaquis han luchado durante años en contra de la construcción y ahora el uso del Acueducto Independencia, diseñado para transferir agua de su territorio ancestral hacia la ciudad de Hermosillo. Y en el centro-norte del país, los huicholes (wixárikas) se han movilizado, junto con sus aliados de la sociedad civil, para oponerse a los planes de la compañía minera canadiense First Majestic Silver de minar plata en el territorio sagrado de Wirikuta, en el estado de San Luis Potosí.

En el ámbito nacional, destacan tres redes: la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (anaa), que ha reunido 130 luchas socioambientales desde su creación en 2008; el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), nacido en octubre de 2004 en el seno de la lucha en contra de la presa La Parota en Guerrero, con el objetivo de crear un espacio para la interacción y apoyo mutuo de las luchas en contra de los megaproyectos hidráulicos y la contaminación de cuerpos de agua; y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), creada en junio de 2008 durante la quinta asamblea general del Mapder, con el propósito de reunir a los movimientos en contra de la megaminería tóxica. A su vez, estas redes y las organizaciones constituyentes están conectadas con, y forman parte de, otras redes que operan en el ámbito internacional, tales como el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (m4), la Red Latinoamericana contra Represas (Redlar) e International Rivers.

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Las demandas y propuestas de estas luchas son múltiples. En torno al agua, desde su nacimiento Mapder ha exigido la cancelación de los proyectos de construir grandes presas, el desmantelamiento de las presas que «durante muchas décadas han afectado y desplazado a miles de mexicanos y mexicanas, particularmente indígenas», y la reparación de daños e indemnización para los afectados (Castro, 2004:5). Propone la búsqueda de alternativas técnicas y ahorradoras para la generación de electricidad y abastecimiento de agua, mientras denuncia la debilidad de las políticas ambientales.

Además la agrupación Agua para Todos, Agua para la Vida ha organizado una campaña para modificar las leyes y normas sobre el agua. En 2015, ante la propuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto de una nueva

Ley General de Aguas, esta agrupación elaboró la «Iniciativa Ciudadana Ley General de Aguas», a través de un proceso participativo que incluía decenas de talleres a lo largo del país con la participación de más de 420 investigadores y organizaciones. Mientras la propuesta oficial buscaba incorporar nuevos mecanismos para mercantilizar y privatizar el agua, la Iniciativa Ciudadana «establece en primer lugar que el agua es un bien de la Nación (...) y que las decisiones sobre ella tendrán que ser tomadas por los pueblos y la ciudadanía en sus respectivas escalas de territorio».4 En este tono, la Iniciativa Ciudadana pone énfasis en la creación de instancias de co-gestión del agua con base en el principio de «corresponsabilidad ciudadana-comunitaria».

Podemos observar iniciativas parecidas en el sector minero, donde los afectados por la megaminería y sus aliados retan al Estado a modificar Citado del sitio de internet de Agua para Todos, Agua para la Vida: http://aguaparatodos. org.mx/nuestro-proceso/ 4

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las leyes y prácticas existentes. Sobre esta línea, la primera versión de la «Agenda Legislativa ante el modelo y la política de la minería devastadora e inconstitucional», elaborada por Rema en 2009, exige entre otras reformas las siguientes: modificar el artículo 6 de la Ley Minera para quitar la intención de dar prioridad a las actividades mineras sobre cualquier otro tipo de actividad productiva; fortalecer las agencias ambientales y las leyes ambientales; fortalecer la participación social en materia ambiental; garantizar consultas previas, libres e informadas a las comunidades amenazadas por los grandes proyectos de minería; y crear un Fondo Especial Minero para asegurar que se realice la remediación de pasivos ambientales.

Reflexiones finales y conclusiones Según los cálculos oficiales, más de la mitad de la población de México vive en la pobreza; y si agregamos a esta cifra el porcentaje de los mexicanos que viven en condiciones de «vulnerabilidad», la cifra sube hasta incluir cuatro de cada cinco mexicanos. Es notable que la incidencia de pobreza es mayor en el campo, donde la gran mayoría de los conflictos socioambientales suceden. Más de tres quintas partes de la población rural y tres cuartas partes de la población indígena se consideran oficialmente «pobres» (Coneval, 2015). Y estas estadísticas no capturan bien lo más fundamental para el bienestar humano: un medio ambiente sano. Por el otro extremo, hay 16 empresarios mexicanos cuyas propiedades tienen valores que se cuentan en los miles de millones de dólares. La desigualdad, medida en términos del coeficiente de Gini, ubica a México como el segundo país más desigual entre los miembros de la Organización para la 88

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Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde, 2015), después de Chile.

Bajo estas condiciones, un principio central para superar la pobreza tiene que ser la redistribución, más que el crecimiento.

No se puede refutar que el crecimiento económico era uno de los pilares centrales del modelo keynesiano de desarrollo industrial por sustitución de importaciones durante el periodo de la posguerra, junto con la construcción paulatina de políticas sociales universales, lo que resultó en mejoras tangibles en las condiciones de vida para los trabajadores en el sector formal y sus familias. No obstante, hubo fuertes contradicciones, entre ellas la marginación de grandes sectores de la población campesina e indígena, y la emergencia de múltiples problemas y conflictos socioambientales.

Una conclusión que se deriva de la discusión abordada en la primera sección de este capítulo es que ya no es posible seguir aumentando el ritmo de extracción y consumo de materiales y energía, debido precisamente a estas contradicciones que han ido exacerbándose en la época neoliberal. En una economía capitalista, el motor es la acumulación de capital ad infinitum. Esto se traduce en el imperativo de realizar de manera continua el crecimiento económico; lo que a su vez implica crecientes flujos de energía y materiales, cuyos impactos no pueden ser mitigados lo suficiente sólo por mejoras en la ecoeficiencia de los procesos productivos y de consumo. Por tanto, conforme crecen las economías capitalistas destruyen con cada vez más voracidad los ecosistemas que sostienen la vida.

Una economía capitalista que no crece cae en crisis; por eso es necesario transitar hacia modos de producción y consumo poscapitalistas.

En la búsqueda de alternativas de esta naturaleza se encuentran en el campo de México diversas experiencias que ejemplifican los principios

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del posdesarrollo en el ámbito local y regional. De acuerdo con Gustavo Esteva, la insurrección zapatista y la construcción de los Caracoles en Chiapas constituye una experiencia que «corresponde claramente a la descripción de [Illich de] la sociedad convivial» (2016:21). En efecto, las comunidades zapatistas han logrado un alto nivel de autonomía en sus formas de gobernanza, caracterizada por la rotación de autoridades y el trabajo colectivo. Se destaca la autoprovisión de servicios en las áreas de educación, salud, agroecología y seguridad. Otras experiencias que ejemplifican algunos aspectos del posdesarrollo corresponden a las comunidades indígenas de Oaxaca que han recuperado y actualizado formas tradicionales de gobernanza y democracia directa. De esta manera, defienden el territorio, llevan a cabo proyectos productivos colectivos, proveen servicios sociales básicos para todos los miembros de la comunidad y organizan fiestas culturales y religiosas. En Oaxaca, el eje articulador de esta dinámica es la «comunalidad», que puede ser vista como una versión indígena de «convivialidad» que ha emergido de las luchas históricas de los pueblos indios en territorios específicos del sur de México.

A nivel nacional e internacional, el decrecimiento poscapitalista sigue siendo una utopía cuya medida de realización dependerá del desenvolvimiento de las luchas sociales y políticas en diferentes escalas. Las políticas sociales desmercantilizadoras que se pueden desprender de los debates analizados en este capítulo pueden incluir: la provisión pública por tubería de agua bebible a todos los hogares, la construcción y extensión de sistemas públicos de transporte eficientes, el abastecimiento de electricidad generada por fuentes renovables que no desplacen comunidades rurales, programas para la conservación y desarrollo in situ de semillas criollas, y el fomento de la producción agroecológica de comida sana para el 90

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consumo local. En un plano más abstracto y ambicioso, una transición hacia el ecosocialismo implica la desmercantilización de las tres mercancías ficticias señaladas por Polanyi (1944), a saber, el dinero, la mano de obra y la tierra, esta última como abreviatura para representar todos los recursos naturales.

En México, las demandas y propuestas de los movimientos socioambientales incluyen mayor participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, reformas redistributivas en materia ecológica, leyes ambientales más estrictas en su contenido y aplicación, y el derecho de las comunidades rurales de no aceptar en sus territorios megaproyectos de extracción y desarrollo. Además, incluyen propuestas en torno a la agroecología, la soberanía alimentaria, el manejo forestal comunitario y la diversidad biocultural. El último eslabón del argumento desarrollado en este capítulo propone que estas demandas y propuestas —así como las lecciones que se pueden derivar de las experiencias destacadas de comunidades indígenas autónomas— constituyan claves para mejorar el bienestar en el campo mexicano sin destruir el medio ambiente.

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Estudios Críticos del Desarrollo | Primer semestre 2020, volumen x, número 18:97-144

La lucha de clases por la tierra y por la democracia en Paraguay Arturo Ezquerro-Cañete*

Resumen. El artículo1 explora el reciente cambio en la economía agraria de Paraguay hacia el agroextractivismo y sus efectos en la reconfiguración de la estructura de clases. Se analiza cómo dicha estructura de clase ha contribuido a las formas cambiantes que la lucha de clases (desde arriba y desde abajo) ha adquirido en Paraguay en el curso de la prolongada transición del país a la democracia (1989-2008).

Se centra en «el ascenso y la caída» del presidente Fernando Lugo (2008-2012) y estudia los procesos históricos específicos de formación de clases y del Estado en Paraguay que explican el golpe constitucional instigado por la clase terrateniente contra Lugo en 2012. Además, se argumenta que la burguesía terrateniente paraguaya ejerce un control oligárquico sobre el Estado, de tal forma que las posibilidades de una reforma agraria redistributiva continúan siendo muy complicadas en tanto no se produzcan cambios profundos, estructurales e institucionales en la sociedad y el Estado.

Palabras clave: Paraguay, agroextractivismo, lucha de clases, movimiento campesino, Fernando Lugo.

Este artículo es una traducción actualizada del capítulo «Paraguay: class struggle on the extractive frontier» (Ezquerro-Cañete, 2018), publicado originalmente en The class struggle in Latin America (Petras y Veltmeyer, 2018). * Candidato a doctor en estudios de desarrollo internacional, Saint Mary’s University, Canadá; estudiante del Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Correo-e: arturo_ezquerro@hotmail.co.uk 1

issn impreso 2448-5020

issn red cómputo 2594- 0899

Arturo Ezquerro-Cañete

The class struggle for land and democracy in Paraguay

Abstract. This article explores the recent change in Paraguay’s agrarian economy towards agro-extractivism and its effects on the reconfiguration of the class structure. It analyses how this class structure has contributed to the changing forms that the class struggle (from above and from below) has taken in Paraguay in the course of the country’s protracted transition to democracy between 1989 and 2008. It focuses on «the rise and fall» of President Fernando Lugo (2008-2012) and studies the specific historical processes of class and state formation in Paraguay that explain the parliamentary coup against Lugo in 2012, instigated by the landlord class. It is argued that the oligarchic control of the state by landed elites continues to impede the prospects for redistributive land reform, the prospects of which continue to be slim without substantial, even if partial, structural and institutional change within the state and in society.

Keywords: Paraguay, agro-extractivism, class struggle, peasant movement, Fernando Lugo.

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La lucha de clases por la tierra y por la democracia en Paraguay

Introducción

El 22 de junio de 2012 el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, fue removido de sus funciones por el Senado y reemplazado temporalmente por Federico Franco, miembro de una de las facciones de la coalición Alianza Patriótica para el Cambio (apc), que había llevado al propio Lugo al poder, situación que puso fin al incierto experimento democrático existente en el país desde 1989. Paraguay fue suspendido tanto de la Unión de Naciones Suramericanas

(Unasur) como del Mercado Común del Sur (Mercosur) por dicha irregularidad democrática, y sólo fue readmitido tras la elección del nuevo presidente del gobierno Horacio Cartes, del Partido Colorado, en agosto de 2013.

El episodio anterior refleja la intensificación de los esfuerzos del imperialismo y de la derecha latinoamericana para abortar el ciclo progresista iniciado en los años 2000. En este sentido, el caso paraguayo (junto con el golpe militar de 2009 en Honduras) constituyó, quizá, una de las primeras etapas del retroceso de la llamada marea rosa, algo que se ha intensificado en los últimos años. Por un lado, se inauguró una tendencia emergente hacia «golpes de Estado inteligentes», por la cual los gobiernos de izquierda son derrocados y reemplazados por gobiernos de derecha, preferiblemente, sin apenas derramamiento de sangre y con un elemento de legitimidad popular e institucional (Cannon, 2016:119; en el caso de Dilma Rousseff en 2016 en Brasil, véase Santos y Guarnieri, 2016).

Aunque el presente estudio se centra en «el ascenso y la caída» de Fernando Lugo y en los avances multifacéticos de las fuerzas conservadoras a partir de entonces, comienza con la premisa de que el papel y las nuevas manifestaciones de la lucha de clases no pueden entenderse desde un

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aislamiento histórico. En efecto, según describe Marx en su concepción del materialismo histórico, en cada etapa del desarrollo capitalista puede encontrarse una forma correspondiente y distinta de la lucha de clases, basada en las fuerzas de resistencia a dicho avance. Por lo tanto, este trabajo empieza con una breve reflexión sobre los fundamentos históricos del Paraguay contemporáneo, en la que se trazan las dinámicas de represión y cooptación durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), así como el cambio más reciente en la economía agraria del país hacia el «agroextractivismo».

La sección dos se centra en la cuestión de la agencia y examina las clases sociales más importantes del país: la oligarquía terrateniente, el campesinado y las fuerzas del imperialismo. La siguiente sección explora cómo esta estructura de clase ha contribuido a las formas cambiantes que la lucha de clases (desde arriba y desde abajo) ha tomado en Paraguay en el curso de la prolongada transición del país a la democracia (1989-2008). En ese contexto, el presente estudio ubica el ascenso de Lugo al poder y traza la característica sobresaliente de la lucha de clases durante su efímera administración (20082012). Se analizan también los intereses de clase detrás del «golpe parlamen-

tario» de junio de 2012. Finalmente, se ofrece un breve análisis de la lucha de clases bajo la administración de Horacio Cartes (2013-2018).

Fundamento histórico El régimen de Stroessner (1954-1989) El general Alfredo Stroessner presidió la dictadura más larga de América Latina del siglo xx, entre 1954 y 1989. Durante ese periodo, la corrupción 100

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generalizada y el clientelismo en sus diversas formas —desde el contrabando hasta el blanqueo de capitales y el robo al Estado— fueron justificados por Stroessner (en una entrevista en 1965) como «el precio de la paz», lo que convirtió a Paraguay en lo que Eduardo Galeano (1973:196) llamó el «reino de la corrupción institucionalizada». Stroessner también buscó justificar la tortura y la represión interna al vincular su medida contra todos los opositores, percibidos o reales, a la doctrina anticomunista de la Guerra Fría, lo que dio a su régimen una merecida reputación de brutalidad y abusos contra los derechos humanos, así como el apoyo económico y político de Estados Unidos. Mientras la deslealtad era castigada con persecución y represión, la lealtad garantizaba recompensas económicas y privilegios que incluían posiciones lucrativas en monopolios estatales, acceso a activos públicos y adquisición de tierras a través del Instituto de Bienestar Rural (ibr).

Kleinpenning y Zoomers (1991:279) explican que «a pesar del hecho de que la propiedad rural y las relaciones de tenencia eran muy desfavorables para la mayoría cuando el presidente Stroessner llegó al poder, hubo poca o ninguna rebelión campesina durante su régimen, y las masas rurales fueron incapaces de forzar al gobierno a mejorar su situación». La quietud del campesinado se explica por medio de una estrategia y una política en dos frentes: a) la colonización agrícola, en la que el régimen de Stroessner institucionalizó los lazos tradicionales patrón-cliente del campesinado y la élite rural a través de la tierra, y b) la represión por la que el régimen de Stroessner logró derrotar o «derribar» a los movimientos sociales involucrados en la lucha por la tierra.

En la década de 1960, el régimen de Stroessner, ante el estancamiento del crecimiento agrícola y una creciente preocupación por el extendido conflicto de tierras entre latifundistas y minifundistas, se embarcó en un

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ambicioso programa interno de colonización con la distribución de tierras estatales, sobre todo en el interior escasamente poblado y en las zonas fronterizas. El Estatuto Agrario de 1963 proporcionó una nueva base legal y se creó el ibr como la agencia gubernamental encargada de llevar a cabo esta reforma, con la intención declarada de aumentar el bienestar rural (Kleinpenning, 1984). En la práctica, sin embargo, mientras la reforma estaba nominalmente comprometida a probar el título de propiedad y el apoyo al campesinado sin tierra, la mayor parte de la tierra pública fue asignada a precios oficiales irrisorios a personas asociadas políticamente con el régimen (por ejemplo, Fuerzas Armadas, élites rurales, funcionarios del gobierno), que a su vez revendieron parte de esta tierra a precios de mercado muy favorables a empresas y colonos brasileños. El ibr también vendió tierras directamente a agencias y compañías inmobiliarias extranjeras (Kleinpenning, 1984).

Según un informe reciente de la Comisión de Verdad y Justicia (cvj) acerca de la tenencia ilegal de tierras, entre 1954 y 2003 se asignaron 7 millones 851 mil 295 hectáreas (64 por ciento del total de tierras distribuidas y 19 por ciento de la superficie total de Paraguay), tanto a nacionales como a extranjeros, de manera irregular y clientelar (cvj, 2008). El estudio examinó 200 mil 705 adjudicaciones de tierras y concluyó que muchos beneficiarios eran parientes del mismo Stroessner, o políticos y oficiales del ejército directamente asociados con su gobierno. Como resultado, «casi todos los miembros del Congreso también son miembros de la pequeña élite terrateniente de Paraguay, con títulos que se conservan directamente o en nombre de amigos y familiares» (Nickson, 2015:18).

Como quedará claro más adelante al analizar los casos de Ñacunday y de Marina Kue, los vínculos con el Estado continúan permitiendo que 102

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La lucha de clases por la tierra y por la democracia en Paraguay

la oligarquía rural mantenga su monopolio de acceso seguro a la tierra, a pesar de que dicho acceso a menudo se adquirió ilegalmente. La tierra así adquirida, o «políticamente constituida» (véase Wood, 1999:49-50; Vergara-Camus y Kay, 2018:22-26), se conoce en Paraguay con el nombre de «tierra malhabida», y continúa estando en el centro de los conflictos de tierras y de la cuestión agraria del país. En realidad fue a propósito de reclamar la propiedad de tierras por parte de Blas N. Riquelme, exsenador del Partido Colorado, que 17 personas fueron masacradas el 15 de junio de 2012, lo cual desencadenó la destitución de Fernando Lugo una semana más tarde, como se verá en detalle a continuación.

De las agroexportaciones al «agroextractivismo» Durante gran parte de su historia Paraguay ha sido uno de los países que con mayor consistencia ha aplicado la estrategia de «economía abierta» para el crecimiento económico (Nickson y Lambert, 2002; Birch, 2014).

A diferencia de la mayoría de los otros países latinoamericanos a mediados del siglo xx, particularmente de sus vecinos del Cono Sur, Paraguay nunca experimentó un periodo de industrialización que disminuyera la necesidad de importaciones, sino que basó su economía en un modelo de desarrollo agroexportador (Baer y Birch, 1984; Weisskoff, 1992). Parte de la razón de esto fue el poder de los grandes terratenientes y cabilderos agrícolas. Stroessner también desalentó la industrialización por miedo a la posibilidad de que ésta alentara el surgimiento de sindicatos, que podrían representar una amenaza para su gobierno. En consecuencia, en Paraguay no existe ni sector manufacturero significativo ni burguesía o proletariado

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industrial, lo que explica en parte por qué el movimiento campesino sigue siendo el actor social más importante en cuanto a desafiar al Estado y a la élite política.

La agricultura sigue siendo el mayor sector de la economía paraguaya, ya que representa más de un quinto de su actividad económica, una característica que la distingue del resto de América del Sur. Como señaló Kregg Hetherington (2009), Paraguay es el único país latinoamericano incluido en el World development report: agriculture for development, en el que el Banco Mundial considera que se ajusta a la categoría de «economía basada en la agricultura» (Banco Mundial, 2007:31). Además, si bien la contribución relativa de la agricultura disminuyó de forma constante y significativa durante las décadas de 1970 y 1980, de forma algo inesperada Paraguay es hoy una economía más agrícola que en 1990, de acuerdo a su participación en el producto interno bruto (pib) (Birch, 2014).2 Desde finales de la década de 1990, el ritmo, la dirección y las consecuencias del modelo de desarrollo agrario paraguayo se han transformado radicalmente y se están convirtiendo cada vez más en características de un «agroextractivismo» (Rojas, 2014; Fogel, 2019; véase también Petras y Veltmeyer, 2014). Éste se manifiesta a través de la conversión de tierras cultivables para la producción doméstica de alimentos en tierras para la producción corporativa de productos agrícolas con múltiples usos, en tanto alimento, ración para animales (pienso), combustible o insumos industriales que pueden ser fácilmente intercambiables —llamados «cultivos flexibles» (flex crops) o «cultivos comodín» en el léxico de estudios agrarios críticos «La agricultura como porcentaje del pib para el periodo de 1968 a 1988 promedió 14.2 por ciento, mientras que se situó en 18.4 por ciento para el periodo 2003 -2010» (Borda, 2012, citado en Birch, 2014:288n2).

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(véase Borras et al., 2012). En ese sentido, Paraguay ha experimentado un marcado cambio respecto a la producción a pequeña escala de una variedad de cultivos agrícolas, tanto para el consumo interno como para la exportación, y también un marcado cambio hacia la monocultivación mecanizada a gran escala de la soja para los mercados mundiales de productos básicos.

Como resultado de tales desarrollos, junto con los altos precios de los productos básicos durante la década de 2000, Paraguay experimentó un crecimiento económico sostenido, lo que promedió 4.9 por ciento entre 2003 y 2013, marcado por oscilaciones económicas extremas a menudo co-

nectadas a las condiciones climáticas, con un máximo de 13.6 por ciento en 2013 y un mínimo de - 4.0 por ciento en 2009. Cabe destacar que en sólo dos

años la economía pasó de una contracción de 4 por ciento del pib en 2009, récord de medio siglo después de la grave y generalizada sequía de ese año y de la caída de los precios internacionales de los productos agrícolas, a un crecimiento récord del pib de 13.1 por ciento en el año siguiente, gracias a una cosecha abundante en el periodo 2009-2010. Tras ello, la economía se desplomó 4. 3 por ciento en 2011 y se contrajo de nuevo 1.2 por ciento en 2012 (a raíz de la severa sequía que azotó el país a finales de 2011 y principios de 2012), para luego volver a crecer 13.6 por ciento, siendo el país de más rápido

crecimiento en la región (Cepal, varios años).

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Cuadro 1 Área de siembra y producción de soja en Paraguay, 1997-2018 Zafra

Área de siembra (has)

Producción comercial (ton)

1996 -1997

1 050 000

2 771 000

1997-1998

1 150 000

2 988 201

1998-1999

1 200 000

2 980 058

1999-2000

1 200 000

2 911 423

2000 -2001

1 350 568

3 502 179

2001-2002

1 445 365

3 546 674

2002-2003

1 550 000

4 518 015

2003 -2004

1 936 623

3 911 415

2004 -2005

2 009 474

4 040 828

2005 -2006

2 227 487

3 641 186

2006 -2007

2 429 796

5 581 117

2007-2008

2 644 856

5 968 085

2008-2009

2 524 649

3 647 205

2009-2010

2 680 182

6 462 429

2010 -2011

2 870 539

7 128 364

2011-2012

2 957 408

4 043 039

2012-2013

3 157 600

8 202 190

2013 -2014

3 254 982

8 189 542

2014 -2015

3 264 480

8 153 587

2015 -2016

3 264 480

9 216 937

2016 -2017

3 388 709

10 336 144

2017-2018

3 400 000

10 262 575

Fuente: Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, recuperado de http://capeco.org.py

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La lucha de clases por la tierra y por la democracia en Paraguay

La fuerza impulsora detrás de ese crecimiento volátil del pib es reducible (casi por completo) al auge de la producción de soja transgénica (véase cuadro 1), que representa aproximadamente 55 por ciento del valor de las exportaciones (Guereña, 2013), lo que ha convertido a Paraguay en el país con la economía más dependiente de la soja en el mundo (Ezquerro-Cañete, 2016a). Al respecto, el campo paraguayo se ha visto afectado por otros cambios más amplios en el régimen alimentario mundial, como la reestructuración neoliberal globalizada y el despliegue de cultivos transgénicos en América Latina desde mediados de la década de 1990 (véase Otero, 2012). En particular, la conversión de Paraguay en la llamada «República de la Soja» (es decir, en el régimen neoliberal de la soja del Cono Sur) ha llevado a una marcada transformación en el modo de producción agrícola, ocasionada por la adopción de cultivos genéticamente modificados, de agroquímicos y de técnicas de no-labranza (no till).

Mi argumento es que Paraguay ha sido testigo y ha experimentado todos los desarrollos contradictorios y todas las trampas del agroextractivismo. Esto incluye una mayor concentración de tenencias de tierra y la reducción del empleo, a medida que los trabajadores rurales se vuelven «excedentes» de los requisitos del capital de la agroindustria, así como una creciente dependencia de los agroquímicos que comprometen la calidad medioambiental y la salud humana. Al mismo tiempo, la «transgenización» de la soja en la agricultura paraguaya ha acelerado la expulsión forzada del campesinado. 3 La inserción de Paraguay en la «República de la Soja», dentro del régimen neoliberal del Cono Sur, ha generado un nuevo sistema de desposesión impulsado por las nuevas prácticas agroindustriales Según Fogel (2019), Paraguay es el país más transgenizado del mundo, considerando la proporción de la superficie total destinada a este tipo de cultivo.

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asociadas con este régimen. La naturaleza débil, ausente o confabuladora del Estado paraguayo es fundamental para entender cómo el uso de químicas agroindustriales intensivas, dictadas por un capital altamente globalizado, ha reescrito la dinámica del proceso histórico de «acumulación por desposesión». En un trabajo anterior sugerí que este proceso podría específicamente, «acumulación por fumigación y desposesión» (Ezquerro-Cañete, 2016a).4 Esto es, el desplazamiento del campesinado de sus tierras, forzado por el uso intensivo de agrotóxicos, cuando los cultivos están ubicados cerca de los lugares donde viven los campesinos (es decir, la deriva de agroquímicos como un nuevo mecanismo de acumulación por desposesión medioambiental).

Los cambios económicos, políticos y distributivos asociados con la transición a la democracia, y la incorporación al régimen alimentario neoliberal, han realineado la estructura de las clases rurales en Paraguay. Dicha estructura incluye a la élite (ganaderos, sojeros, generales del ejército y acólitos políticos, quienes se adjudicaron grandes propiedades ilegalmente durante el régimen de Stroessner, bajo el disfraz de reforma agraria) y también al campesinado en sentido amplio (pequeños terratenientes, campesinos sin tierra y temporeros). 5 El censo agrario de 2008 sugiere que las tenencias de 20 hectáreas o menos constituían 83. 5 por ciento del número total de unidades agrícolas, pero representaban sólo 4 por ciento de la superficie de las tierras agrícolas del país (mag, 2009). En el otro extremo, 4 mil 691 explotaciones (apenas 1.6 por ciento del total) controlaban 79 por ciento de todas las tierras agrícolas. De éstas, las 600 explotaciones Una versión en español puede encontrarse en un número anterior de esta misma revista (Ezquerro-Cañete, 2016b).

5 Para análisis similares, véase Nickson (2010), Palau (2010) y Fogel (2015).

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La lucha de clases por la tierra y por la democracia en Paraguay

más grandes (0.2 por ciento del total) controlaban 40.7 por ciento de la agricultura del país.

Estas cifras, según corroboran varios estudios, dan testimonio del hecho de que la distribución de las tierras agrícolas en Paraguay es una de las más desiguales, si no la más, del mundo. Por ejemplo, en 1991, el coeficiente Gini de Paraguay fue de 0.93, el más alto de los 133 países encuestados en el Informe de Desarrollo Mundial 2008 del Banco Mundial (2007); mientras que un informe más reciente de Oxfam reveló un coeficiente de Gini aún mayor de 0.94 (Guereña, 2013). Tal desigualdad no es un problema nuevo en Paraguay,6

pero, como se verá en la siguiente sección, la falta de programas de reforma agraria sostenidos, coordinados o significativos, y de programas de alivio de la pobreza rural, combinada con la promoción excesiva de las agroexportaciones, ha agravado aún más la situación en los últimos 20 años.

Estructura de clases agrarias en Paraguay Concerneinte a la estructura de clases en Paraguay, pienso que sería útil enmarcar nuestro argumento en términos del autor marxista argentino El contexto histórico de la escandalosamente desigual distribución de tierra en Paraguay tiene un antecedente largo y tortuoso que se remonta a casi un siglo y medio. A diferencia de gran parte de América Latina, el desarrollo del sistema de haciendas paraguayo (es decir, una estructura agraria dual compuesta de latifundios o grandes haciendas, por un lado, y de minifundios o pequeñas granjas orientadas a la subsistencia, por el otro) no está primariamente arraigado en la colonización europea del siglo xvi (Kleinpenning, 1984). En cambio, la concentración de las tierras y la marginación del campesinado se basan en gran medida en la derrota de Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza (1864 -1870), por la cual se vendieron grandes extensiones de las tierras dominadas en su totalidad por el Estado a inversores extranjeros y a la élite paraguaya, como medio para pagar la deuda de guerra (Pastore, 1972; Riquelme, 2003). Esto estableció un sistema de tenencia de la tierra muy desigual que permanece prácticamente sin cambios hasta nuestros días.

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Claudio Katz (2007), quien categorizó primordialmente tres fuerzas sociales con capacidades e intereses distintos y contrapuestos en América Latina: a) las clases pobres rurales y urbanas y los grupos oprimidos, b) las clases dominantes internas, y c) el imperialismo.

Adoptar este marco analítico dentro del contexto paraguayo significa centrarse en el equilibrio inestable de las relaciones de poder entre: a) el campesinado, que es en gran medida el actor más importante del movimiento social en el país, b) la élite política y económica, no menos importante en referencia a la larga historia de la hegemonía del Partido Colorado, los grupos de propietarios y las organizaciones de agronegocios, y c) las dinámicas del capital (agro)extractivista y del imperialismo extractivista, particularmente en relación con el subimperialismo brasileño, es decir, la agencia y la función del Estado brasileño en su apoyo activo a las operaciones del capital agroextractivista en Paraguay.

La oligarquía terrateniente Los grupos de terratenientes comprenden algunas de las élites más ricas e influyentes del país y ejercen una fuerte presencia de cabildeo dentro del Congreso, con representación en los principales partidos políticos. En términos generales, la oligarquía terrateniente se puede dividir en dos grupos principales: los ganaderos y los granjeros de la soja. Los ganaderos han sido durante mucho tiempo un poderoso grupo de interesados, al tratarse de uno de los principales beneficiarios del desigual sistema de tenencia de la tierra en Paraguay.

Están organizados a través de la Asociación Rural del Paraguay (arp), fundada en 1938 en respuesta a la amenaza de expropiación que había sido planteada por el efímero gobierno reformista del Partido Febrerista (1936-1937).

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La gran mayoría de las familias de altos ingresos residentes en Asunción posee una estancia (rancho ganadero), por lo que existe una considerable superposición entre los ganaderos y otras partes interesadas, incluido el Partido Colorado (Nickson, 2010). En respuesta a la escalada de invasiones de tierras tras el derrocamiento de Alfredo Stroessner, la arp llevó a cabo una vociferante campaña mediática en favor de la propiedad privada, argumentando que las invasiones y expropiaciones de tierras ahuyentarían la inversión extranjera directa. Esto condujo a la disolución de la comisión para el desarrollo rural, llamada Consejo Nacional de Coordinación del Desarrollo Rural (Concoder) (Nickson, 2015).

Los productores de soja emergieron como un poderoso grupo de interesados durante la década de 1990. Ha habido un aumento espectacular del área de cultivo de la soja, con agricultores inmigrantes brasileños que han consolidado sus propiedades mediante la compra de tierras a pequeños agricultores paraguayos, a menudo empobrecidos. Los productores de soja están representados por la poderosa Asociación Paraguaya de Productores de Soja, Cereales y Oleaginosas (aps), que representa a 50 mil agricultores comerciales «brasiguayos» (véase más adelante), quienes controlan la mayor parte de la enorme producción de soja de Paraguay, y también por la Cámara de Exportadores de Cereales y Oleaginosas de Paraguay (Capeco). La mayoría de sus miembros son agricultores familiares de rango mediano, a menudo inmigrantes de segunda generación procedentes de Brasil, descendientes de europeos. Se sobrentiende que las grandes empresas transnacionales de la soja que operan en Paraguay no son miembros de Capeco (Nickson, 2010). arp, aps y Capeco son miembros de la Unión de Gremios de la Pro-

ducción (ugp), una poderosa organización paraguas establecida en 2005

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para defender los intereses de los productores y de los exportadores de productos agrícolas.7 Tradicionalmente, estos grupos han podido bloquear la reforma tributaria y agraria, no sólo a través del cabildeo, sino mediante la amenaza de acciones directas en forma de «tractorazos» (grandes demostraciones disruptivas que movilizan a miles de agricultores para bloquear carreteras con tractores y maquinaria agrícola). Por ejemplo, a finales de 2003, la Coordinadora Agrícola de Paraguay (cap) amenazó con un «tractorazo», lo cual sirvió para bloquear efectivamente los planes del gobierno de imponer un impuesto al valor agregado (iva) a los productos agrícolas no procesados.

El movimiento campesino En ausencia de un proletariado industrial significativo, el movimiento campesino ha sido durante mucho tiempo, con diferencia, el movimiento social más importante y más fuerte de los que han desafiado al Estado y a la élite política (Fogel, 2009). Sin embargo, tradicionalmente, este movimiento ha permanecido atomizado en diferentes organizaciones de movimientos sociales, que surgieron con rapidez a partir de la década de 1990, tras sufrir una severa represión durante todo el régimen de Stroessner.8 Hubo un momento excepcional de unidad y cohesión durante el periodo 1994 -1997, cuando las cinco principales organizaciones campesinas nacionales de aquel periodo, incluyendo la Federación Nacional Campesina Su membresía incluye la Coordinadora Agrícola del Paraguay y la Federación de Cooperativas de Producción.

8 En 1976, por ejemplo, el gobierno de Stroessner reprimió y desarticuló violentamente una tentativa de alianza entre estudiantes y campesinos, basada en un movimiento campesino apoyado por la Iglesia llamado Ligas Agrarias.

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La lucha de clases por la tierra y por la democracia en Paraguay

(fnc), la Organización de Lucha por la Tierra (olt), el Movimiento Campesino Paraguayo (mcp), la Organización Nacional Campesina (Onac) y la Unión Nacional de Campesinos (unc), así como 22 organizaciones diferentes en los niveles regional, departamental y municipal, se aglutinaron mediante la creación de otra poderosa organización paraguas, llamada la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (mcnoc).

El evento fundacional de la mcnoc fue una marcha de protesta masiva de una escala sin precedentes en el país, que tuvo lugar en Asunción el 15 de marzo de 1994, para exigir una reforma de la política agraria del gobierno. La marcha congregó unas 20 mil personas y se constituyó en la primera movilización nacional de organizaciones campesinas, que previamente habían articulado sus demandas sólo a escala local o regional. Cada año a partir de entonces las organizaciones campesinas han celebrado una marcha de protesta masiva en la capital del Estado para presentar sus demandas, haciendo una demostración pública de su fuerza multitudinaria (Levy, 2013).

Aunque la demanda central de las diversas organizaciones campesinas es básicamente la misma (reforma agraria redistributiva), el movimiento está plagado de luchas internas y divisiones. Como resultado, el movimiento se ha fragmentado en diferentes organizaciones de movimientos sociales que, a veces, han propuesto distintos proyectos y estrategias, pero que en momentos puntuales se han unido para constituir su propio gobierno. En 1998, las rivalidades de liderazgo entre la fnc y la olt ocasionaron una división dentro de la mcnoc (Piñeiro, 2004). De esa manera, puede decirse que la ausencia de un grupo unitario, que represente al campesinado,

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tiene más que ver con las rivalidades personales y la competencia por los recursos y el apoyo de masas entre sus líderes que por diferencias ideológicas y programáticas. Sin embargo, también es cierto que coinciden con divisiones más sustantivas y refuerzan las rivalidades personales. Las diferencias regionales en las condiciones políticas y en la estructura de tenencia de la tierra fomentan el uso de diferentes tácticas por los líderes campesinos. Estas diferencias se ven agravadas por las diferentes estructuras de base que poseen las organizaciones campesinas (Setrini, 2011:384 -385).

La orientación nacionalista se ha dejado ver durante bastante tiempo dentro de los movimientos campesinos. Beverly Nagel explica que esto es en parte una consecuencia de la represión sufrida por las organizaciones campesinas durante el régimen de Stroessner: «Como la crítica de clase no podía ser expresada, el reclamo nacionalista proporcionaba el único espacio real para las objeciones» (Nagel, 1999:157). Tal retórica nacionalista adquiere una dimensión especial por la peculiaridad lingüística del país: Paraguay es la única nación de América Latina en la que la mayoría de la población habla una sola lengua indígena (el guaraní) aunque no se identifica políticamente como indígena.9 Según el censo de 2002, el guaraní es preferido por 59 por ciento de los hogares en comparación con 35.8 por ciento que prefiere el castellano (dgeec, 2004). En las zonas rurales el guaraní sigue siendo, con mucho, el idioma predominante, preferido por 82. 5 por ciento de la población. Por ende, ha habido una tendencia (no exenta de discontinuidades o de contradicciones) a que la composición Paraguay tiene una población mestiza en gran parte homogénea. Según el censo de 2012 la población indígena ascendía a 117 mil 150 personas (dgeec, 2013), equivalente a aproximadamente 2 por ciento de la población nacional.

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etnolingüística guaraní de los movimientos campesinos paraguayos sea considerada un análogo de clase (Petras, 1997).

Este discurso nacionalista es particularmente evidente cerca de la frontera con Brasil, donde los paraguayos nativos se sienten perjudicados por su desposesión, como consecuencia de la ocupación de las tierras por brasileños y «brasiguayos».10 Los argumentos y la retórica utilizados son decididamente nacionalistas, con similitudes obvias respecto a las invasiones brasileñas de tiempos pasados. En un conmovedor ejemplo de la creciente animosidad hacia los «brasiguayos», citada en los periódicos nacionales en 2008, los campesinos quemaron la bandera brasileña en una celebración del día de la independencia en Curupayty, en el departamento de San Pedro (abc Color, 2008).

Subimperialismo brasileño Según exponen acertadamente Veltmeyer y Petras, el capital extractivo se percibe sobre todo como «corporaciones multinacionales, portadoras de capital en forma de inversión extranjera directa» (2014:28). Por otro lado, el imperialismo extractivista se refiere «al Estado en el ejercicio y la proyección de sus diversos poderes en apoyo de este capital» (Veltmeyer y Petras, 2014:28).11 Sin embargo, en el caso paraguayo es preciso hacer una El uso del término «brasiguayos» ha sido objeto de una crítica particular por la dicotomía que lleva implícita entre agricultores brasileños ricos dedicados a la producción de soja por un lado, y campesinos paraguayos empobrecidos y marginados por el otro (Blanc, 2015). En realidad, «la mayoría de los inmigrantes brasileños en Paraguay son pequeños agricultores que, como muchos de sus vecinos paraguayos empobrecidos, se han enfrentado a una marginación constante» (Blanc, 2015:145).

11 Para un debate más completo sobre la relación íntima entre el imperialismo (extractivista) y el capitalismo, véase Veltmeyer y Petras (2015).

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distinción adicional relacionada con un renovado interés en el concepto de subimperialismo propuesto por Marini (1972), que redirige la atención a la alianza geopolítica entre el Estado brasileño y los intereses de los agronegocios privados (véase Vuyk, 2014; Zibechi, 2014; Oliveira, 2016). El complejo sojero del país tiene un carácter claramente «translatino», debido a la gran afluencia de capital extranjero (en especial brasileño), que controla 64 por ciento de la tierra cultivada con soja en los cuatro departamentos

sojeros más importantes del país: Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú e Itapúa (Galeano, 2012).

Este proceso de «extranjerización» comenzó en la década de 1970 con la liberación de tierras estatales para la compra privada (Nickson, 1981), pero se ha acelerado en las últimas dos décadas a medida que las tierras paraguayas se integran cada vez más en las fronteras agrícolas en expansión de Brasil y, en un grado mucho menor, Argentina (Galeano, 2012). Aunque aún no es un inversionista directo en la tierra, el gobierno brasileño brinda un apoyo significativo a los inversores brasileños: primero, monitorea acuerdos de inversión para adquirir o arrendar tierras (a través de la embajada brasileña), y segundo, brinda asistencia técnica (por medio de agencias estatales brasileñas) a empresas ganaderas (Galeano, 2012). Además, frente a la agitación cada vez más militante de los campesinos sin tierra en Paraguay, en su lucha por la redistribución de las granjas de soja de propiedad brasileña, el gobierno brasileño emitió fuertes advertencias y amenazó con sanciones contra tales acciones. Por ejemplo, a principios de octubre de 2008, el presidente brasileño Lula firmó el Decreto 6.592, que reglamenta la Movilización Nacional y crea el Sistema Nacional de Movilización (Sinamob) dedicado a confrontar la «agresión extranjera». El primer artículo del decreto define la agresión extranjera: «Amenazas o actos lesivos a la soberanía nacional, 116

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La lucha de clases por la tierra y por la democracia en Paraguay

la integridad territorial, al pueblo brasileño o a las instituciones nacionales son parámetros, aun cuando no signifiquen invasión al territorio nacional» (citado en Última Hora, 2008, énfasis añadido). En otras palabras, cualquier expropiación de tierras de propiedad brasileña en Paraguay podría usarse como pretexto para la acción militar brasileña contra Paraguay. En ese sentido, el interés brasileño (subimperialista), es decir, la intervención del Estado brasileño en apoyo de sus nacionales en el conflicto por la tierra, ha pasado a ser un obstáculo permanente de cara a la redistribución de la tierra, en concreto en el caso de Ñacunday (Fogel, 2013).

La lucha de clases en una era de transición prolongada hacia la democracia (1989-2008) La transición del régimen de Stroessner a una democracia electoral de tinte conservador estuvo acompañada de una creciente movilización de campesinos. Los flujos y reflujos de la lucha de clases por la tierra a lo largo de la prolongada transición a la democracia se muestran en el cuadro 2.

A simple vista, tres años sobresalen en términos de conflictos y arrestos: 1989, que con la caída del régimen de Stroessner abrió la puerta a la expre-

sión del descontento rural, manifestado principalmente mediante una ola de ocupaciones de tierras a lo largo del año siguiente; 1999, que marcó el llamado «marzo paraguayo»; y 2004, que representa el pico en el número de ocupaciones de tierras, desalojos y arrestos de campesinos. La siguiente sección proporciona una breve descripción cronológica de los picos y valles de la acción colectiva y de la represión estatal asociada, así como de la criminalización de las protestas campesinas.

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Cuadro 2 Movilizaciones campesinas 1990 -2007 Año

Conflictos Ocupaciones Desalojos

Detenciones

Manifestaciones

1990

99

49

51

820

34

1991

66

17

23

566

19

1992

50

16

16

120

15

1993

46

14

17

128

18

1994

57

26

24

411

60

1995

49

23

25

359

37

1996

54

20

27

553

39

1997

43

15

13

137

15

1998

28

14

11

429

17

1999

52

31

20

1 048

54

2000

47

19

12

531

34

2001

42

17

24

260

73

2002

28

16

14

161

49

2003

51

30

19

339

41

2004

149

75

74

1 400

30

2005

34

7

7

34

36

2006

45

24

–

50

69

2007

40

20

9

2

45

Fuente: Centro de Documentación y Estudios (2007).

1989 -1990: ola de ocupaciones

El derrocamiento de Stroessner estimuló una ola de ocupaciones de tierras y un florecimiento de la organización campesina. A mediados de la década 118

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La lucha de clases por la tierra y por la democracia en Paraguay

de 1990, aproximadamente 19 mil familias habían reclamado tierras que totalizaban más de 360 mil hectáreas (Nagel, 1999). La ola de ocupaciones de tierra fue seguida por un contraataque de la clase terrateniente; las fuerzas paramilitares y luego el ejército intervinieron para desalojar a muchas familias. La posición del gobierno se resumió en la siguiente cita del presidente Rodríguez (1989-1993), quien declaró: «Hemos resuelto declarar una guerra total contra los invasores de la propiedad privada (...)Aquellos que hacen las declaraciones de manera honesta y con justicia recibirán una respuesta positiva del gobierno, pero a los invasores, guerra total, guerra total» (abc Color, 28 de marzo de 1990, citado en Nagel, 1999:166).

En 1990 hubo 51 desalojos de tierras y 820 campesinos fueron arrestados.

El patrón de invasión y desalojo ha continuado bajo sucesivos gobiernos del Partido Colorado. A mediados de la década de 1990, el nuevo gobierno desplegó las Fuerzas Armadas para sofocar las ocupaciones y emprendió una campaña para desalojar a la fuerza a los ocupantes y destruir sus chozas y cultivos (Nagel, 1999). El Comité Coordinador de los Derechos Humanos en Paraguay (Codehupy, 2007) informó del asesinato de 77 líderes rurales en el contexto de la lucha por la tierra entre 1989 y 2005.

1999: «marzo paraguayo» En 1999, en lo que se conoce como «la masacre del marzo paraguayo», las protestas campesinas regulares estaban programadas para marzo, cuando el asesinato del vicepresidente Luis Argaña desencadenó una crisis política. A cambio de la condonación de los préstamos del sector público a sus miembros, las organizaciones campesinas nacionales se unieron a los

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líderes estudiantiles que se oponían al intento de golpe de Estado por parte del general Lino Oviedo. Los líderes campesinos (junto con los estudiantiles) pudieron movilizar un número lo suficientemente grande como para defender al gobierno constitucional. Sin embargo, como expresa Setrini, la naturaleza de esta acción fue claramente clientelar: el apoyo político al gobierno de turno a cambio de la condonación de la deuda. Más aún, los líderes garantizaron beneficios materiales para sus seguidores, traicionando las preferencias políticas de sus bases, entre los cuales se encontraban muchos partidarios de Oviedo (Setrini, 2011:383; véase también Hetherington, 2011:47-56).

La década de 2000: de la movilización antineoliberal a la lucha de clases en curso En el nuevo milenio, la lucha de clases adquirió una vez más un papel diferente bajo los condicionantes de varios cambios definitorios en la economía global. Junto a la cuestión no resuelta de la tierra, la lucha de clases en este periodo tomó la forma de levantamientos y de una resistencia generalizada contra la agenda neoliberal (que conllevaba una reforma estructural en las políticas públicas macroeconómicas) y, más tarde, contra las actividades depredadoras asociadas con las operaciones del capital agroextractivista.

La primera lucha se centró, en 2002, en una ola de resistencia antineoliberal sin precedentes contra las políticas gubernamentales de privatización de las empresas estatales y de un paquete de políticas de austeridad económica, dictadas por el presidente colorado Luis González Macchi (1999-2003), respaldado por el Fondo Monetario Internacional (fmi).

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La lucha de clases por la tierra y por la democracia en Paraguay

Vociferantes en su oposición a la participación del sector privado en los servicios públicos y en su defensa del acuerdo institucional existente para la provisión de suministro de agua, electricidad y telecomunicaciones, la fnc y la mcnoc se unificaron nuevamente en 2002 y proporcionaron la columna vertebral del Congreso Democrático del Pueblo (cdp). Éste comprendía una amplia coalición de los partidos políticos de izquierda y más de 60 grupos campesinos, sindicales y comunitarios en oposición al programa de privatización impuesto por el fmi.

Entre junio y septiembre de 2002 el cdp organizó marchas a gran escala en Asunción que obligaron al gobierno a hacer un cambio en la privatización de tres empresas estatales (servicios de agua, de electricidad y de ferrocarriles).12 Tras una protesta y un conflicto generalizados, el gobierno se vio obligado a aceptar toda la demanda del cdp, incluyendo la suspensión indefinida de todos los planes de privatización contenidos en el paquete del fmi.13 Nuevas manifestaciones también condujeron a la derogación de la legislación gubernamental que buscaba introducir más medidas de «ajuste del cinturón», incluido un aumento de los precios en los servicios públicos. Ante tal resurrección organizativa de la sociedad civil estaba claro que cualquier gobierno entrante tendría que enfrentarse a esta oposición profundamente arraigada en la lucha contra las reformas neoliberales (Palau, 2002; Lambert, 2005; Nickson, 2010; Setrini, 2011).

Irónicamente, al impedir la privatización, las organizaciones campesinas también prestaron su apoyo a los elementos rentistas del Estado, cuyos intereses radican en el descarrilamiento permanente de la reforma del sector público en Paraguay (Setrini, 2011).

13 Con un Congreso liderado por la oposición, con el inicio de un juicio político contra el presidente, con las elecciones generales un año más tarde y con el apoyo del general Oviedo a otro potencial intento de golpe de Estado desde el extranjero, los legisladores del Partido Colorado negociaron la derogación del programa de privatización con los líderes sindicales y los campesinos, a cambio del desmantelamiento del movimiento de protesta (Setrini, 2011).

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La lucha por la tierra en curso Tras varias promesas de reforma agraria incumplidas por el gobierno, junto a su inacción ante la creciente crisis, la lucha se recrudeció a mediados de la década de 2000.14 Como se puede observar en el cuadro 2, el número de ocupaciones de tierras alcanzó un pico en el año 2004: hubo 75 ocupaciones de tierras, 74 desalojos y mil 400 arrestos. La paciencia de los dos principales sindicatos campesinos finalmente se agotó. En septiembre de 2004, la mcnoc y la fnc organizaron una serie de ocupaciones y protestas masivas en

el nivel nacional para exigir una reforma agraria inmediata (Lambert, 2005).

De manera muy parecida a la proclama anterior de Rodríguez, el presidente Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), en una reunión que tuvo con los grandes terratenientes y refiriéndose a los campesinos que ocupaban propiedades, declaró: «Los vamos a traer por las orejas, y a aquellos que tengan orejas pequeñas los traeremos por el pelo» (citado en González Bozzolasco, 2005).

A principios de diciembre la fnc reanudó las invasiones de tierras.

La lucha de clases en la frontera extractiva La segunda forma principal de la lucha de clases en ese momento tenía que ver con la resistencia contra la dinámica del agroextractivismo. Como lo expresé con anterioridad, sostengo que Paraguay ha sido testigo y ha experimentado todos los desarrollos contradictorios y las trampas del Luego de una serie de protestas campesinas, el gobierno de González Macchi (1999 -2003) asignó fondos para proyectos agrícolas a la fnc y la mcnoc. No obstante, los fondos se otorgaron sin ningún tipo de control administrativo, lo que provocó acusaciones inmediatas de que el gobierno estaba tratando de «sobornar» al liderazgo campesino (Lambert, 2005).

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La lucha de clases por la tierra y por la democracia en Paraguay

agroextractivismo, incluyendo la oligarquía terrateniente, la reducción del empleo y la aceleración de las expulsiones forzadas del campesinado. Los trabajadores rurales son considerados «excedentes» de los requisitos del capital de la agroindustria y existe una creciente dependencia de agroquímicos que comprometen la calidad ambiental y la salud humana.15 Con respecto a la cuestión de los agroquímicos, la «sojización transgénica» de la tierra en Paraguay ha generado un nuevo régimen de desposesión impulsado por nuevas prácticas agroindustriales asociadas con este modelo —«acumulación por fumigación y desposesión» (Ezquerro-Cañete, 2016a). Una vez más, la naturaleza débil, ausente o confabuladora del Estado paraguayo es fundamental para entender cómo el uso intensivo de pesticidas agroindustriales, dentro de un sistema capitalista altamente globalizado, ha reescrito la dinámica del proceso histórico, desatando poderosas fuerzas de resistencia. Tal vez el caso que generó el mayor escándalo público contra el sector sojero fue la muerte por envenenamiento en 2003 de Silvino Talavera, un niño de once años que fue rociado por un fumigador en su camino de la escuela a casa (Hetherington, 2013).16 Hijo de un miembro de la Coordinadora Nacional de Organización de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas (Conamuri), la muerte de Silvino provocó una amplia movilización contra el uso indiscriminado de agroquímicos (véase Palau y Kretschmer, 2004; Viveros, 2012).

La naturaleza excluyente y socialmente problemática de lo que podríamos llamar la «sojización transgénica» de la agricultura paraguaya, se analiza con mayor detalle en Fogel y Riquelme (2005), Palau et al. (2007), Guereña (2013), Hetherington (2013), Riquelme y Vera (2013), Elgert (2016) y Ezquerro-Cañete (2016a).

16 Mientras se rumoreaba que otros casos habían ocurrido en la totalidad del campo paraguayo, éste fue el primero en el que un equipo de activistas y de abogados lograron obtener evidencia médica, a través de los análisis de la sangre del niño realizados en Buenos Aires, de que los pesticidas fueron la causa de su muerte (Hetherington, 2014).

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Tales fuerzas de desarrollo y cambio conforman el contexto para abordar la siguiente sección de este trabajo: la dinámica de la lucha de clases durante «el ascenso y la caída» de Fernando Lugo. Al examinar la distribución previa del poder en la sociedad y dentro del Estado, así como las constelaciones de actores estatales y sociales y sus alianzas, acciones y estrategias, podemos comenzar a identificar la naturaleza del problema político que obstaculiza cualquier intento de reforma agraria redistributiva en Paraguay. El contexto histórico-político incluye el legado de un Estado predatorio, el carácter cambiante del capitalismo agroextractivo contemporáneo (en específico en relación con los intereses subimperiales del capital brasileño) y la creciente violencia, corrupción y disputa por la tierra.

Es en este contexto en el que debemos situar nuestro análisis de la economía política y de la dinámica del cambio social, durante los casi cuatro años del gobierno de Lugo (de agosto 2008 a junio 2012).

El interregno de Lugo (2008-2012)17 Fernando Lugo, obispo católico y persona independiente sin carrera previa como político, asumió la presidencia en agosto de 2008 como líder de una coalición electoral fragmentada e ideológicamente dividida, la Alianza Patriótica para el Cambio. Según señaló Andrew Nickson (2008), la victoria de Lugo implicó tres «primicias». Fue la primera vez en más de sesenta años que un candidato no perteneciente al Partido Colorado gobernara el país. Sorprendentemente, esto solapó el hecho de que también se trataba Gran parte de la siguiente sección proviene de Ezquerro-Cañete y Fogel (2017); para una traducción en español, véase Ezquerro-Cañete y Fogel (2018).

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La lucha de clases por la tierra y por la democracia en Paraguay

de la primera vez que se hacía una entrega pacífica de poder de un partido político a otro en la historia de Paraguay. Asimismo, fue la primera vez que ocurría en el mundo que una persona pasase directamente del sacerdocio a la presidencia.18 Al mismo tiempo, el ascenso de Lugo a la presidencia aconteció dentro de una década de significativo, aunque desigual, cambio social y político hacia la izquierda en gran parte de América Latina (Petras y Veltmeyer, 2009). Sin embargo, Lugo estaba constreñido por su dependencia de los socios de la coalición de centro-derecha, lo que hacía que su elección fuera más ambigua y «algo así como una farsa» (Hetherington, 2011:227).

Dejando de lado algunos intentos iniciales de presentar la elección de Lugo como «otra pluma en el sombrero» para el «socialismo del siglo xxi» (por ejemplo, O’Shaughnessy y Ruiz Díaz, 2009), varios observadores más sopesados se apresuraron a desvelar las significativas restricciones estructurales e institucionales y demás limitaciones con las que se tendría que enfrentar la administración de Lugo desde el comienzo.

Nickson (2008), por ejemplo, estimó equivocadas las comparaciones del régimen de Lugo con el «socialismo del siglo xxi» y advirtió que, a pesar de ser «influenciado por la teología de la liberación», Lugo «había tenido grandes dificultades para presentarse como un candidato de ‹centro-izquierda› y para ser visto como un radical afín al amplio movimiento populista que se iba extendiendo por el resto de América Latina». En una línea similar, Kregg Hetherington (2011:227) sugirió que «un paralelo más instructivo en la historia reciente no es la victoria de Chávez en Venezuela, «En una llamativa marcha atrás, el 30 de julio de 2008, el Vaticano le concedió a Lugo la primera bula papal para que un obispo católico volviera a su previo estatus laico» (Nickson, 2009:148n10).

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sino la victoria de Vicente Fox, en 2000, sobre el Partido Revolucionario Institucional (pri) de México, que había sostenido el poder bajo diferentes nombres desde 1928». En su estudio del «post-neoliberalismo» en América Latina, Yates y Bakker (2014) van más allá y ubican la administración de Lugo dentro de la ideología política llamada «neoliberalismo incluyente» y «nacionalismo», aunque no proporcionan ningún análisis para fundamentar su reclamo. Quizá la interpretación más convincente pueda encontrarse en la creciente literatura que ilustra cómo la administración de Lugo se adaptó ampliamente al régimen gramsciano, conocido como «cesarismo» (González Bozzolasco, 2009; Bourscheid, 2016; Ezquerro-Cañete y Fogel, 2017). Esto consiste en una «solución arbitraria, confiada a una gran perso-

nalidad, de una situación histórico-política caracterizada por un equilibrio de fuerzas de perspectiva catastrófica» (Gramsci, 1973:219).

En 1994 Lugo había sido ordenado por el papa Juan Pablo ii como el obispo de San Pedro, el departamento más pobre de Paraguay y una diócesis llena de conflictos sociales (Abente Brun, 2009). En San Pedro, Lugo comenzó un ascenso gradual, trabajando junto a los campesinos y haciendo campaña con ellos en sus luchas por la tierra (Nickson, 2009). Fue elevado a la arena política en marzo de 2006, cuando encabezó un mitin y una marcha de 40 mil personas en Asunción para protestar contra el plan inconstitucional de Nicanor Duarte Frutos, presidente en ejercicio, para buscar su reelección (Nickson, 2009). El plan Duarte fue derrotado, gracias al papel catalizador de Lugo al encabezar aquella multitudinaria marcha de los movimientos sociales del país, en marzo de 2006. Tal era la desilusión del pueblo con los políticos que Lugo fue inmediatamente catapultado a la arena política nacional; más de 100 mil personas firmaron una petición en la que le pedían que abandonara el sacerdocio y que 126

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presentara su nombre como candidato presidencial.19 Más tarde, ese año, Lugo ayudó a crear un nuevo movimiento político, Partido Popular Tekojojá (que significa «vida e igualdad» en guaraní). El 25 de diciembre de 2006 Lugo anunció que se presentaría a las elecciones presidenciales de 2008 como candidato de consenso de una oposición fracturada (Nickson, 2009).

Esto llevó a la creación de la apc, una organización electoral formada por un amplio espectro de movimientos sociales y sindicatos y de una miríada de pequeños partidos de izquierda, fuertes en militancia, pero electoralmente débiles por su cultura política basada en el mecenazgo de Paraguay. La coalición incluía a demócratas cristianos, a socialistas de diversos matices y a «desafectados» radicales del Partido Colorado. Crucial para su éxito (pero también para su desaparición) fue una alianza estratégica con el antiguo Partido Liberal (plra), que aceptó apoyar la candidatura de Lugo a cambio del boleto de la vicepresidencia (Nickson, 2009). En la campaña presidencial de 2008 Lugo se enfrentó a la candidata del Partido Colorado, Blanca Ovelar. Lugo ofreció vagas promesas sobre reformas socioeconómicas de largo alcance para abordar los problemas crónicos de la pobreza, la desigualdad y la corrupción en Paraguay. Fundamentalmente, la reforma agraria fue colocada de nuevo en la agenda política, un tema de especial importancia en un país con la mayor desigualdad de tierras en toda América Latina y donde más de 40 por ciento de la población vive en el campo.

Una vez en la presidencia Lugo hizo algunos movimientos tímidos hacia una reforma social y económica de carácter progresista. Amplió una serie de políticas sociales a favor de las familias en extrema pobreza (Tekoporã), así como a favor de la prevención de la explotación laboral infantil 19

La Constitución paraguaya no permite que un sacerdote pueda ser elegido presidente.

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(Abrazo) y del apoyo a los estudiantes (complemento nutricional, kits escolares) y a los grupos indígenas (desarrollo comunitario). Renegoció con éxito una mejora parcial del Tratado de Itaipú de 1973 con Brasil, que durante mucho tiempo había sido una fuente de controversia en Paraguay.20 Sin embargo, la promesa electoral central de Lugo (la reforma agraria) quedó en punto muerto. Según indicó Peter Lambert (2011:185 -186): La incapacidad del gobierno para implementar su programa de reforma agraria fue consecuencia no tanto de una falta de voluntad o incluso de recursos, sino de la existencia de una oposición coordinada, dotada de recursos y poderosa. Los grupos de propietarios (...) comprenden algunas de las élites más ricas e influyentes del país, y disfrutan de una fuerte presencia de cabildeo, con representación en todos los principales partidos políticos.

Aunque cada país posee una participación igual (50 por ciento) de la energía producida, el tratado obliga a Paraguay a vender a Brasil toda la electricidad no utilizada a un precio de costo establecido, en lugar de poder venderla a terceros a precio de mercado. En la práctica Paraguay apenas utiliza 7 por ciento de la producción de energía eléctrica y, por lo tanto, vende el resto de su parte a Brasil. Aunque Paraguay recibe una tarifa de «compensación» de $120 millones por año, se ha argumentado durante mucho tiempo que éste es un tratado «escandalosamente injusto», por el cual Paraguay otorga a Brasil un subsidio de aproximadamente 20 por ciento del uso nacional de electricidad, valorado en $3 mil millones por año (Nickson, 2009). Después de reiteradas negativas por parte de Brasil para renegociar las condiciones del acuerdo vigente hasta 2023, la presión constante de Lugo, incluidas algunas amenazas veladas de llevar el asunto a la Corte Internacional de Justicia, hizo que se alcanzara un nuevo acuerdo en julio de 2009. Brasil prometió lo siguiente: triplicar las regalías de «compensación» a Paraguay ($360 millones por año), finalizar la construcción de una subestación y de una línea de transmisión hasta Asunción, aceptar auditorías y transparencia, permitir que Paraguay comience a vender gradualmente electricidad a Brasil a precio de mercado (pero no a otros países) y admitir que la gestión sea compartida por los dos países (Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos 2009). Esto se interpretó en Paraguay como una gran victoria, ya que los ingresos anuales adicionales podrían duplicar la inversión pública del gobierno central y financiar grandes programas de reducción de la pobreza y de gasto social. Sin embargo, las dos cámaras de la legislatura brasileña no aprobaron el acuerdo hasta mayo de 2011 (Lambert, 2011).

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La lucha de clases por la tierra y por la democracia en Paraguay

La oposición por parte del Partido Colorado y de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), junto con las facciones disidentes dentro de la apc, consiguió bloquear la legislación clave relativa a la agenda de reformas de Lugo. El 4 de junio de 2009 el Congreso votó para posponer aún más un impuesto a la renta personal, reduciendo de ese modo una fuente de ingresos clave (alrededor de $160 millones), mientras que el mismo día se negó a aprobar un acuerdo entre la central hidroeléctrica Itaipú Binacional y la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (Cepra) el cual financiaría nuevos asentamientos para las familias sin tierra. En la misma sesión, y en contra de los deseos del ministro de finanzas Dionisio Borda, también se aumentaron las pensiones estatales y se duplicaron los salarios de los gobernadores departamentales y de los miembros de la Comisión Electoral Nacional, a un costo combinado de $118 millones. Dicho de otra manera, el Congreso votó para bloquear los flujos de financiamiento vitales, mientras que al mismo tiempo votó para aumentar el gasto, algo que inevitablemente conduciría a un déficit insostenible. Así, la capacidad del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para ayudar a los campesinos sin tierra siguió siendo muy restringida, por limitaciones presupuestarias y por el requerimiento de compensar a los propietarios de tierras expropiadas a precio de mercado (Nickson, 2015).

En el ámbito de las agroexportaciones, el «giro a la izquierda» en Paraguay no coincidió con el cambio regional hacia el neodesarrollo (o «neoextractivismo progresista»). En marcado contraste con las políticas neodesarrollistas implementadas, por ejemplo, en Argentina bajo los regímenes Kirchner, donde se redistribuyeron parte de las rentas producidas al poner un impuesto de 35 por ciento sobre la soja (véase Lapegna, 2017), los intentos de Lugo de aprobar una ley para introducir un impuesto de 6 por

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ciento sobre las exportaciones de cereales no procesados (soja, maíz y colza) fueron rechazados reiteradamente por el Congreso. Como resultado, la administración de Lugo no pudo mover a Paraguay más allá de las políticas fundamentalistas de libre mercado y los impuestos a la agricultura comercial se mantuvieron en niveles irrisorios (el monto neto en 2011 fue de sólo $13 millones, equivalente a 0. 5 por ciento de los ingresos fiscales totales).

A pesar de las crecientes demandas de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de Fernando Lugo no hizo nada para recuperar las tierras adjudicadas ilegalmente por ibr e Indert, lo que podría haber proporcionado una base para la redistribución a los agricultores sin tierra (Nickson, 2015). Peor aún es el hecho de que Lugo fue incapaz de detener la transferen-

cia ilegal de tierras, que continuó durante toda su presidencia: en septiembre de 2011, Alberto Antebi Duarte (hijo del segundo terrateniente más rico de Paraguay, Roberto Antebi) recibió 4 mil hectáreas por este medio gracias a alta corrupción en Indert (Nickson, 2012).

La lentitud de la reforma durante la administración de Lugo llevó a un aumento en las ocupaciones de tierras, a un discurso cada vez más militante entre organizaciones campesinas y a choques con guardias de seguridad armados, a menudo brasileños (...) A medida que el proyecto de reforma agraria de Lugo se estancaba, el conflicto social se hacía cada vez más probable (Lambert, 2011:186).

El 15 de junio de 2012, 11 ocupantes ilegales y seis policías murieron en un tiroteo durante una operación de seguridad fallida por 324 policías para expulsar a 60 miembros de la organización campesina Movimiento por 130

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la Recuperación Campesina de Canindeyú (mrcc), que habían ocupado tierras cerca de Curuguaty. La tragedia fue el peor incidente de violencia política durante décadas, por lo que encendió las críticas de los movimientos campesinos y de los líderes de la oposición, aunque por razones muy diferentes. Tuvo lugar en una sección de 2 mil hectáreas de propiedad en Marina Kue (Departamento de Canindeyú), que fue obtenida espuriamente durante la era Stroessner por Blas Riquelme, un corrupto hombre de negocios y exsenador del Partido Colorado, bajo el disfraz de reforma agraria (Fogel, 2012).

El 11 de julio de 2016, un tribunal paraguayo condenó a 11 campesinos (ocho hombres y tres mujeres) por los asesinatos de los seis policías durante la masacre de Curuguaty. Rubén Villalba, quien fue identificado como el cabecilla de los ocupantes ilegales, fue condenado a 30 años de prisión.

Luis Olmedo, considerado como el principal coautor del crimen, fue condenado a 20 años. Y otros dos hombres, Arnaldo Quintana y Néstor Castro, fueron condenados a 18 años cada uno por el mismo cargo. Otros siete campesinos recibieron sentencias de entre cuatro y seis años por asociación delictiva e invasión de propiedad privada (lawr, 2016). Las dudas sobre la falta de imparcialidad e independencia en las investigaciones de los acontecimientos de Curuguaty se recogen en un comunicado de prensa del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein: La condena de once campesinos en el caso Curuguaty, tras un juicio que presuntamente no respetó las garantías judiciales, es algo profundamente perturbador (...) [También es preocupante] el hecho de que, hasta ahora, las muertes de los once campesinos asesinados en el mismo incidente no hayan

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sido investigadas por las autoridades paraguayas, ni existan denuncias de que algunos de ellos fueron ejecutados sumariamente después de ser sometidos a tortura y a otras violaciones de los derechos humanos.21

La versión oficial de lo sucedido dice que los ocupantes ilegales habían disparado contra la policía primero, pero esta versión fue inequívocamente impugnada por organizaciones de activistas y de los derechos humanos (por ejemplo, Codehupy, 2012; peicc, 2012). El modo como se realizaron las investigaciones siembra muchas dudas, debido a «denuncias de graves irregularidades en las actuaciones del Ministerio Público, de la judicatura y de las fuerzas de seguridad, con relación al operativo policial en Curuguaty, en junio de 2012» (conclusiones del Comité de Derechos Humanos 2013, en Paraguay). También existen acusaciones sobre la participación de

tiradores ocultos, presuntamente contratados por los terratenientes para desencadenar una crisis política con el fin de expulsar a Lugo de su cargo.

En tal clima de sospecha abundan las teorías de la conspiración.22 Inmediatamente después de la masacre de Curuguaty, un grupo dispar de fuerzas sociales conservadoras vio su oportunidad y convergió en torno al juicio político y a la destitución de Lugo. Las acusaciones de negligencia, ineptitud e incapacidad para actuar de manera decisiva, https://z-upload.facebook.com/watch/live/?v=10155997320837968&ref=watch_permalink Según el examen independiente de imágenes de audio, realizado por expertos españoles en balística, se demostró que los policías fueron asesinados por fuego automático, algo incompatible con los viejos y rudimentarios rifles de caza que les fueron incautados a los okupas.

La presencia de mujeres y niños sugirió que dichos okupas no pensaban actuar con violencia.

Muchos llegaron a la conclusión de que el tiroteo fue orquestado por francotiradores ocultos.

En la versión detallada por la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (peicc, 2012) se argumenta que los policías, quienes vestían chalecos antibalas, fueron asesinados por disparos en la cabeza y en el cuello.

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proclamadas por portavoces de alto rango entre los productores de soja (como Héctor Cristaldo, jefe de la ugp, así como portavoces de Cargill y de Monsanto), culparon a Lugo por las muertes y pidieron su destitución inmediata (Última Hora, 2012). Dado que la posición de Lugo con respecto a la legislatura nunca fue sólida, no resulta sorprendente que la oposición atacara al surgir la oportunidad y que Lugo no pudiese resistir el ataque.

Retroceso democrático: restablecimiento del statu quo (2012-2018) Tras la impugnación y destitución de Fernando Lugo en junio de 2012 hubo una autorización relámpago para el cultivo de un variado número de semillas transgénicas; sólo durante la breve presidencia interina de Federico Franco hubo ocho nuevas aprobaciones. La administración de Cartes (2013 -2018) restableció a Paraguay dentro de la ortodoxia neoliberal de la política latinoamericana, junto con México, Chile, Perú, Colombia y la mayoría de los países de América Central (López y Vértiz, 2015).23 Desde que asumió la presidencia en agosto de 2013 el gobierno de Horacio Cartes reforzó el papel represivo del gobierno, como la criminalización del movimiento campesino (Areco y Palau, 2016). La criminalización en este contexto se caracteriza no tanto por el uso manifiesto de la fuerza policial o de las milicias armadas para reprimir la protesta social (Palau, 2007), como por la judicialización, esto es, el sometimiento de los campesinos Un análisis similar de Petras y Veltmeyer (2015:140) sitúa a Paraguay dentro de los «regímenes coloniales-extractivos».

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al código penal utilizando un repertorio creciente de acusaciones (Areco y Palau, 2016). Según recogen estos autores, entre 2004 y 2012 hubo cuatro cargos, mientras que en los dos primeros años de la administración de Cartes (2013 -2018) los casos de judicialización aumentaron a 39.

El ambiente político y económico posterior al golpe aseguró un buen «caldo de cultivo» para la continuada agitación campesina en su lucha por la reforma agraria y para la creciente presencia de grupos armados insurgentes. Esta forma de lucha de clases está en aumento en Paraguay. El autoproclamado Ejército del Pueblo Paraguayo (epp), un movimiento insurgente que opera en el norte del país desde mediados de la década de 2000 (véase Nickson, 2019), ha estado en el centro de varios episodios oscuros en la historia reciente, que incluyen el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas (1998-1999). Otro trágico incidente ocurrió el 27 de agosto de 2016, el cual involucró un ataque mortal a una patrulla de la Fuerza de Tarea Conjunta (ftc). El vehículo patrullero fue alcanzado por una bomba colocada en la cuneta cuando viajaba por una carretera secundaria en el área de Arroyito, en el municipio de Horqueta (departamento de Concepción), en la llamada «área de influencia» del epp. Ocho soldados fueron asesinados en el ataque y los que sobrevivieron

a la explosión fueron asesinados a tiros por hombres armados ocultos; se trata del ataque más mortífero perpetrado por este grupo insurgente contra las fuerzas de seguridad hasta la fecha. Este ataque es un claro reflejo de la creciente explosividad del conflicto en la lucha por la tierra. Indudablemente, existe un riesgo de que haya más explosiones de ese tipo en los años venideros.

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Conclusión A lo largo del presente trabajo he analizado aspectos clave del contexto histórico, económico, político y social que han contribuido a la lucha en curso por la tierra y por la consolidación de la democracia en Paraguay.

Después de casi tres décadas de transición democrática, Paraguay se ha estancado en una etapa ampliamente conocida como «democracia defectuosa», caracterizada por el clientelismo, los enclaves autoritarios y la inequidad (Merkel, 2004; Lambert, 2011). El derrocamiento de Fernando Lugo como presidente de la república revela el desmesurado nivel de influencia ejercido por la élite terrateniente sobre la política paraguaya, así como la débil naturaleza de la democracia del país. La vehemencia de la oposición a un presidente de centro-izquierda, cuyas políticas eran más socialdemócratas que revolucionarias y que en realidad lograban muy poco, sirve de poderoso recordatorio de que «apenas resulta necesario que los gobiernos latinoamericanos adopten medidas socio-revolucionarias antes de que la élite tradicional (...) se sienta amenazada y actúe violentamente en defensa de sus intereses» (Gordon y Webber, 2013:36).

En términos generales, puede afirmarse que la experiencia paraguaya es un poderoso recordatorio de cuán frágiles siguen siendo las perspectivas de una reforma agraria redistributiva, en el periodo post-autoritario y post-neoliberal de la política latinoamericana. Sin abordar el legado del Estado predatorio en Paraguay, y comprender cómo la estructura de poder dejada por este legado se entrelaza con nuevos regímenes de acumulación (capitalismo extractivo) en una economía política más amplia, el actual modelo de exportación agroextractivista continuará reproduciendo las condiciones de una lucha de clases arraigada en las relaciones de

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explotación de clase e injusticia rural. Bajo esas condiciones, ni siquiera las políticas redistributivas de un régimen neodesarrollista progresista y post-neoliberal pueden funcionar para mantener la paz. Con una clase obrera y un campesinado movilizados, la clase dominante probablemente tendrá que recurrir a la violencia y a la represión: la lucha de clases desde arriba.

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Estudios Críticos del Desarrollo | Primer semestre 2020, volumen x, número 18:145 -173

Mi idea de caracol es otra Luciano Vasapollo* Resumen. La imagen del caracol está impresa en las publicaciones sobre la «comida lenta» (slow food) para simbolizar la necesidad de volver a una vida que recupere los ritmos naturales. No obstante, en las sociedades de producción capitalista esa idea es poco factible sin la socialización de los medios de producción y sin la participación de los movimientos locales reales en la reapropiación y transición al socialismo. Por ello mi idea de caracol es otra. El problema debe afrontarse en términos de los conflictos de clase de campesinos, indígenas, obreros y sujetos sociales de las economías locales dentro del conflicto capital-trabajo y las luchas por la defensa y socialización de los bienes comunes. Es inevitable analizar la capacidad política de los movimientos campesinos y obreros, de los movimientos locales; como también lo es la necesidad de recuperar el patrimonio identitario y cultural que está hoy en riesgo de desaparecer debido a la especulación, el consumismo y la pérdida de memoria histórica. Es importante que en la construcción de una sociedad nueva y de su idea de desarrollo se busque un progreso equilibrado, complementario y solidario, socio-ecosostenible y autodeterminado, que se opone al desarrollismo capitalista fundado por la explotación del trabajo. No obstante el vértigo de la sociedad capitalista, la lentitud puede ser la de la historia, que a su vez puede ser tremendamente veloz; pero es, sobre todo, la lentitud del cambio.

Palabras clave: capitalismo, cambio, desarrollo, nueva sociedad, caracol.

*Professor of economics and statistics, Università La Sapienza, Rome. Correo-e: vasapollo. luciano@virgilio.it

issn impreso 2448-5020

issn red cómputo 2594- 0899

Luciano Vasapollo

My vision of the nautilus is unique

Abstract. The portrayal of a nautilus is included in publications on «slow food» in order to symbolize the need to return to a kind of living that rediscovers natural rhythms. However, in societies based on capitalist production that idea is impractical without the socialization of the means of production and without the participation of authentic local movements for re-appropriation and a transition to socialism. Therefore, my vision of the nautilus is somewhat different. The challenge must be engaged in terms of the class conflicts of peasants, the indigenous, workers, and socal actors of the local economy within the capital-labor struggle and the fight for the defense and socialization of common goods. An analysis of the political ability of peasant and worker movements, of local movements, is inevitable; as is the need to reclaim the traditional and cultural knowledge that is presently at risk of disappearing beneath the process of speculation, of consumerism, and the loss of historical memory. It is vital that in the construction of a new society and in its conception of development that it strives for a progressive equilibrium, complementary and in solidarity, socio-economically sustainable and self-determining, that opposes capitalist developmentalism founded on the exploitation of labor. Notwithstanding the vertigo that accompanies capitalist society, the interminable pace of history, that at times can also be incredibly swift; but is, above all, the slow process of change.

Keywords: capitalism, change, development, new society, nautilus.

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Mi idea de caracol es otra

La lentitud puede ser la de la historia, que a su vez puede ser tremendamente veloz; pero es sobre todo la lentitud del cambio, del tiempo necesario para organizarlo, para combatir y realizarlo, para pensarlo críticamente y avanzar... lentamente pero avanzando.

Desde hace años hablo de la capacidad política de los movimientos campesinos y obreros, de los movimientos locales; y también de la necesidad de recuperar un patrimonio identitario y cultural que está hoy en riesgo de desaparecer a causa de la especulación, consumismo y pérdida de memoria histórica. Hablo de pertenecer a la Madre Tierra, pero sin actuar como poseedores y explotadores de la misma.

Sobre esto es necesario precisar de manera enfática en una parte de la izquierda europea «solidaria y equitativa» que no se trata de tener un punto de vista sociológico o antropológico. Ni siquiera se trata de una cuestión solidaria general; en los últimos años, gran parte de la gente tiene en mente una idea de avanzar hacia una sociedad diferente, más justa, solidaria y humana.

Un ejemplo que hace compatible la rentabilidad económica con el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente puede ser el de la Banca Ética, pues sólo invierte en proyectos que generen un valor agregado para la sociedad desde el punto de vista social, medioambiental, cultural, educativo.

Muchas publicaciones sobre el tema del slow food llevan en su portada el caracol como símbolo de la necesidad de volver a una vida que intente recuperar los ritmos naturales. Pero, si ese intento se realiza buscando su compatibilidad con la sociedad fundada sobre la forma de producción

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capitalista, sólo sería una recuperación a medias, o para pocos, porque sin una socialización de los medios de producción, sin una participación de los movimientos locales reales en la reapropiación y transición al socialismo, sólo quedaría en discursos vanos.

Mi idea de caracol es otra. El problema se debe afrontar en términos del conflicto de clase que expresan los campesinos, indígenas, obreros, sujetos sociales de las economías locales en el marco de la dinámica del conflicto capital-trabajo y de las luchas por la defensa y socialización de los bienes comunes (sin caer en formas de benecomunismo, como sostienen algunos en Italia, que ¡no se entiende qué son!).

El amor por la historia de nuestro Sur, Sudamérica (o por otros sures del mundo), es el amor por el mundo campesino, por los sueños «come tierra» del proceso histórico socialista.

Lo digo también en Italia —para no saltar cronológica ni geográficamente de una parte a otra del mundo— porque algunas dinámicas de las clases populares, en sus inmersiones como sujetos históricos activos, se reproducen de forma similar, sin por ello negar la especificidad de cada situación. Por eso es importante imaginar la historia que sucederá en un futuro.

Los revolucionarios del mundo capitalista maduro cometen errores de análisis, interpretaciones o visiones dogmáticas; ellos tienen la responsabilidad de asumir esos análisis con la mayor rigurosidad. Todos, sin exclusión, incluidos nuestros compañeros de viaje en Italia y en el mundo, tienen esa responsabilidad.

Al parecer, los comunistas «occidentales» no están haciendo su trabajo como se debe a lo interno, y mucho menos en relación con la necesidad de entender, conocer, contribuir, difundir, defender y sostener los procesos revolucionarios en otras latitudes, como los que ocurren en América Latina 148

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y, concretamente, en el Sur de América. Sin duda, estos procesos —más allá de sus particularidades— son indicios de un camino de ruptura para nosotros europeos, que pueden ser ejemplo para emprender el camino hacia un alba Euro-Afro-Mediterráneo que permita salir del polo imperialista de la Unión Europea.

En esas experiencias del Sur está presente una gran preocupación y cuestión propia: el declive en las formas históricas del meridionalismo de los campesinos que nosotros, en Italia, y sin forzar demasiado la interpretación, podríamos reportar a varias épocas y latitudes. Sin duda, es importante que esa posibilidad no se lea como una rémora del pasado, sino como algo que debe formar parte de la construcción de una sociedad nueva y de su idea de desarrollo: un progreso equilibrado, complementario y solidario, socio ecosostenible y autodeterminado, que se opone al desarrollismo capitalista fundado por la explotación del trabajo. He aquí la posibilidad concreta política de actuar, aquí y ahora.

Al paso del caracol o las innovaciones tecnológicas Las economías locales utilizan mano de obra local con su equipaje histórico de cultura, de recursos naturales y humanos del lugar, evitan los viajes de las mercancías por miles de kilómetros y, sobre todo, redistribuyen las riquezas que producen.

Este no es un descubrimiento nuevo: se cuenta por milenios el tiempo desde cuando las poblaciones originarias (como se les llama en Bolivia, y en ese nombre quiero incluir también a los sureños, no sólo los campesinos o «campesindios») tienen conciencia de que hace falta ayudar al mundo,

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a la naturaleza, a nuestros recursos, sobrevivir a la depredación causada por el hombre bajo el sistema capitalista. Cuando vemos a un campesino plantar un árbol porque ha tenido un hijo, cuando indulta de la carneada a alguna vaca o cerdo con la idea de que deben procrear; cuando planta árboles que no verá jamás florecer (como la nuez negra) pensando en las generaciones futuras, cuando realiza un gesto de economía para el desarrollo cualitativo y autodeterminado fuera de la lógica del lucro, una economía solidaria con el mercado interno y externo, y útil para preservar la tierra y sus riquezas para los hijos.

Esta forma de estar en el mundo, que es tan antigua como los hombres, empezó a tambalear con la llegada de la industralización, se fue luego transformando de manera consciente en un modelo de desarrollo alternativo al sistema, y actualmente se articula en una serie de innumerables experiencias dispersas en los países progresistas y revolucionarios, en el marco de una democracia participativa y popular sobre todo en el área caribeña y de América Latina.

Un modelo de socialismo comunitario centrado en la recuperación del trabajo campesino, obrero y artesanal tradicional, con base en la multiplicación de las experiencias asociativas y cooperativas, contra la acción de las multinacionales, por ejemplo, las que sustraen el maíz de la alimentación de la población autóctona para emplearlo en el ámbito de la industria de los agrocombustibles.

En muchas ocasiones y de forma apasionada, y con miras al futuro, Fidel Castro subrayó que los agrocombustibles no son exactamente orgánicos ni, por tanto, «limpios y verdes», como intentan hacernos creer; para producir una tonelada de aceite de palma se emiten 33 toneladas de dióxido de carbono durante el proceso de producción.

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Citando a Rousseau, Marx reflexiona sobre la relación entre la naturaleza como fuente de todas las riquezas y sus usos, y el «principio de propiedad» que el hombre aplica al mundo natural, abriendo una enorme contradicción de tipo filosófico, espiritual y terriblemente práctica: la instrumentalización, la reificación del ambiente se vuelve inevitablemente contra el hombre porque también él es un ente de la naturaleza, forma parte del universo que corroe, consume y destruye.

También aquí, como en la cultura popular y política clasista del Sur, un pasado campesino actúa dialécticamente con el presente y futuros proyectos al paso lento y decidido del caracol de la historia.

El progreso tecnológico ha alcanzado hoy un nivel tal que gran parte de la producción —especialmente en el campo— en sus tareas más rutinarias, puede ser sustituida por «máquinas» (entendidas acá tanto las máquinas clásicas de la sociedad fordista como los más modernos software y productos informáticos). En muchos ambientes intelectuales, sobre todo del mainstream, la idea de un «mundo sin trabajo» se va afirmando y ganando espacio. Algunos la ven como una bendición, otros como una maldición a evitar; Keynes creía que el progreso tecnológico ayudaría a reducir la fatiga y la servidumbre del hombre al trabajo, resolviendo «el problema de escasez que ha sufrido la humanidad encadenada a una pesada vida de fatigas».

De ninguna manera. Las «Revoluciones Científico Técnicas», tal y como fueron definidas en el pasado por los intelectuales del bloque soviético, son necesarias e inherentes al propio progreso del desarrollo capitalista, pero también a su superación.

En la fase actual de profundo reacomodo de las fuerzas productivas, es fundamental identificar un instrumento que pueda darnos una medida

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de la innovación y del curso del progreso tecnológico; desde este punto de vista el mejor instrumento parecen ser las patentes, pues permiten analizar la fase y la búsqueda de indicaciones sobre el futuro próximo. En las economías modernas, las patentes representan una nueva forma de propiedad privada inmaterial de los medios de producción; el título que confiere la patente da derecho a las rentas financieras que son una premisa de la acumulación capitalista y de su tendencia al monopolio. Las patentes constituyen un instrumento potentísimo de «garantía jurídica» de las posiciones monopólicas y oligopólicas; la posesión de una patente implica la capacidad de dominar e incorporar la inteligencia social en la producción capitalista.

En la guerra de patentes se esconden los mecanismos más despiadados de los conflictos interimperialistas y de la lucha entre capitales; la garantía de la propiedad intelectual acaba cada vez más a menudo coincidiendo con una actividad salvaje de apropiación de bienes inmateriales por parte del capital privado.

En la actualización de la teoría del imperialismo, las patentes desenvuelven un papel fundamental porque ofrecen una medida de la diversificación de la fuerza productiva de punta y, más en general, de lo que son las relaciones entre ciencia y su aplicación a la producción. En el actual Profit State (Estado Empresario), la concentración de enormes y crecientes masas de capital se genera por sí misma: los oligopolios y los monopolios pueden permitirse centros de investigación costosísimos para desarrollar nueva tecnología, inventar nuevos productos y reforzar sus rentas y posiciones prevalentes en el mercado. El capital menor, sin fuerzas para competir, sucumbe o es absorbido. En conjunto, el bloque con libre acceso al conocimiento comporta una ulterior reducción de la competencia, 152

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alargando los tiempos de reparto equitativo de la tasa de beneficio y manteniendo situaciones de privilegio que reducen los estímulos a la producción de nueva tecnología.

En la actual situación de crisis sistémica, además, las patentes dan una medida del desarrollo desigual al interior de los propios polos imperialistas, determinando una penalización a los polos menos innovadores y caracterizados por una producción todavía basada en los mercados nacionales.

Los datos sobre patentes confirman los argumentos del análisis teórico: al interior del polo imperialista europeo, Italia y los pigs están en los últimos lugares según el número de patentes, registrando una inflexión en los últimos veinte años y, en particular, en la crisis. Del mismo modo, los brics no crean ninguna innovación, se cualifican plenamente como paí-

ses en competencia con base en el modelo fordista de producción. Un dato que nos debe hacer pensar viene de Estados Unidos, donde el número de patentes se ha estancado; ello es una medida de la pérdida de hegemonía en el mercado global de quien hasta hace pocos años era la única gran potencia capitalista.

Volviendo a la situación en la Unión Europa, podemos notar cómo el mayor crecimiento en el número de patentes se encuentra en el este de Europa y en los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania). Estos países, de hecho, desempeñan la doble función de ofrecer fuerza de trabajo a bajo precio, pero con una especialización alta, constituyendo el hábitat ideal para las patentes. En el contexto actual, no está todavía claro cuál pueda ser el papel que jugarán las oligarquías árabes; sin embargo, la elevada inversión en innovación de los últimos años podría sumar nuevos competidores en la guerra de las patentes.

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En términos generales, no es fácil imaginar a dónde nos llevará este proceso; pero una cosa es clara: la tendencia de los capitalismos al monopolio genera crisis y conflictos no sólo entre los capitales de diversos polos imperialistas, sino también dentro de los mismos y en relación con las particulares áreas geográficas y contextos institucionales.

Las intuiciones de Keynes eran correctas, sin lugar a dudas, pero no tenían en cuenta un aspecto fundamental: el problema de la propiedad de los medios de producción y las relaciones de dependencia y de dominio imperialista entre áreas de desarrollo desigual. Sería realmente ingenuo elogiar las increíbles ventajas del progreso tecnológico sin tomar en cuenta la cuestión de la propiedad del conocimiento, de las patentes y de las máquinas y equipos que se producen con todo ello. En otras palabras, los cambios tecnológicos por sí mismos no modifican las relaciones de propiedad ni tampoco las relaciones sociales que caracterizan a una sociedad.

La cuestión central no es el progreso tecnológico, sino la manera de usarlo: sustituir con capital la «problemática» mercancía viva, los trabajadores (que no aceptan reducciones salariales, hacen huelgas y contraponen sus intereses a los de los propietarios del capital). Junto al problema de la propiedad de los medios de producción, las dinámicas imperialistas no permiten que los pueblos de las regiones sometidas a su dominio alcancen un desarrollo autodeterminado, o que gocen de las innegables ventajas del desarrollo tecnológico, sea porque la tecnología está ausente o porque esas ventajas no llegan a toda la colectividad.

El problema «tecnológico» y del subdesarrollo afecta de igual modo a la esfera de la producción y de la circulación. En la esfera de la circulación, la dependencia nace del intercambio desigual: productos de alta composición orgánica de capital generados en los países desarrollados son 154

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intercambiados por productos de baja composición de capital y baja especialización provenientes de los países subdesarrollados.

¿Retorno al Estado de Bienestar?

Se ha discutido mucho sobre el papel del Estado de Bienestar (Welfare State) en tanto sistema de pacificación social y de resolución del conflicto de clase. En particular, el debate teórico se interroga a menudo sobre una eventual causalidad entre Estado de Bienestar y las relaciones de fuerza; en otras palabras, ¿hemos tenido la Edad de Oro keynesiana porque el movimiento de los trabajadores era fuerte o porque el movimiento era fuerte gracias a los elevados niveles de protección social?

No hay duda, en todo caso, de que con el avance neoliberal y el debilitamiento del movimiento obrero, han ido desapareciendo las (pocas) formas de keynesianismo social que habían sostenido parcialmente los ingresos de millones de proletarios en los países occidentales y, particularmente, en Europa. Se va reafirmando, especialmente después de la crisis, un nuevo y, al mismo tiempo, viejísimo paradigma bienestarista, en su versión de «Welfare de los miserables»: el Estado —y cada vez más a menudo la empresa privada— se vuelve productor de bienes y servicios sociales solamente para resolver los casos de extrema indigencia. Aunque muy pocos osan hacer esta comparación, son claros los paralelos con los primeros modelos del bienestar bismarckiano e incluso con las Leyes de Pobres de victoriana memoria.

En la actual fase, los derechos sociales se han convertido poco a poco en privilegios o, como mucho, en donaciones de beneficencia. El Profit

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State (Estado empresario) opera como una gran máquina en manos de los empresarios que obtienen beneficios a costa de los trabajadores, promoviendo como modelo único de desarrollo posible al basado en políticas de privatización, flexibilidad y aumento de la productividad. Es en esta fase en la que las tasas de crecimiento se ralentizan y se expanden las filas del ejército industrial de reserva, lo que coloca las bases de la crisis sistémica actual. El Welfare social que sobrevive a la ola neoliberal padece nuevos y progresivos recortes a través de la reducción de gasto público y la consiguiente disminución del salario indirecto.

Como marxistas, sin embargo, no deberíamos pensar que entre el Welfare State y el Profit State hay un muro infranqueable, ni que los dos modelos constituyan paradigmas opuestos y diferentes en el modo de producción capitalista. La nueva fase histórica y el cambio del modelo de desarrollo se caracterizan, de hecho, por la privatización de las mismas estructuras sociales que habían caracterizado la fase fordista-keynesiana. En otras palabras, en el plano teórico, el neoliberalismo obtiene su fundamento y legitimación real del mismo modelo keynesiano.

Pensar hoy que un New Deal (Nuevo Trato) keynesiano reorienta las políticas sociales de los gobiernos occidentales es de ingenuos, por razones alusivas al devenir histórico y a la misma estructura de los esquemas bienestaristas del siglo xx. El Estado de Bienestar o Estado Social fue necesario para asegurar las condiciones de paz social, mediante la activación de formas de solidaridad en momentos de constatación de rupturas temporales del poder adquisitivo de la fuerza-trabajo que hubieran podido producir problemas. Este esquema de funcionamiento se basaba en dos presupuestos fundamentales: de un lado, la organización social del trabajo sobre una base fordista; del otro, la existencia en los países capitalistas de 156

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Estados sostenidos por sólidas bases de una burguesía nacional y hegemónica solamente al interior de las fronteras del propio Estado (Vasapollo, 2017).

La economía verde y la renovación de la acumulación a escala global El inmovilismo táctico que caracterizó a los años que siguieron de inmediato a la explosión de la crisis de 2008 ha llegado a su fin, abriendo espacio para conflictos más o menos enmascarados y para guerras imperialistas no siempre enfrentadas de manera simétrica. Es difícil predecir hoy cuáles serán los capitalismos de mañana; sin duda, el aumento de las tensiones vistas en los últimos años (desde Ucrania a Siria y a Turquía) hay que leerlo con los instrumentos propios de la teoría del imperialismo, analizando los aspectos políticos y económicos que subyacen al actual conflicto entre polos ya establecidos (Estados Unidos y la Unión Europea) o en vía de constitución (los seis países del Golfo). La lucha por el aprovisionamiento de petróleo es, sin duda, fundamental; pero no la única: el enfrentamiento se sitúa en un plano más general de las necesidades energéticas a toda costa, tocando aspectos más amplios relacionados con la superación del modelo de producción posfordista y la reactivación del ciclo de acumulación.

En este sentido, ¿qué papel juega en el actual tablero internacional la así llamada economía verde? ¿Cuánto podrá influir a futuro la lucha por la hegemonía de las energías renovables en los conflictos interimperialistas?

Como he defendido muchas veces, no podemos dejarnos engañar por la terminología y la retórica del «verde». La economía verde no es nada

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más que un modo igual que otros para hacer negocios, explotando los recursos energéticos cuya propiedad tendría que estar en manos de la colectividad y no en la de poquísimas corporaciones. Dicho esto, es probablemente a través de la economía verde que los capitalismos contemporáneos busquen la reactivación del proceso de acumulación, intentando salir del actual impasse provocado por la continua caída del precio del petróleo.

Es sabido que todo modelo de producción está históricamente caracterizado por diferentes fuentes de energía: así como las primeras formas del capitalismo industrial fueron posibles por el uso del carbón, la producción en los próximos años se basará muy probablemente en fuentes de energía diferentes al petróleo, tal vez más «limpias», pero igualmente más convenientes para la valorización del capital. Las fuentes energéticas verdes son innumerables: eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica, biomasas, hasta la energía de hidrógeno. Al presente, Arabia Saudita parece haber «apostado» a la energía solar; de cualquier modo, lo que esto revela no es tanto la fuente de energía escogida para una transición postpetrolera, como la voluntad de volverse hegemónico frente a los otros competidores globales en materia de fuentes energéticas tout court. Sobre la decisión de invertir en fuentes renovables ha pesado, sin duda, el fuerte aumento de la demanda interna de energía en Arabia Saudita; es decir, las razones profundas de esta inversión hay que buscarlas en el mercantilismo energético árabe, en un contexto en que el nuevo polo imperialista tiene como objetivo estratégico ganar la hegemonía en la producción global de energía.

Las lógicas imperialistas, propias de la situación actual, no se limitan solamente a procesos de deslocalización, externalización y reorganización productiva en las colonias internas y en las áreas de menor explotación capitalista. En su último intento de sobrevivir a la crisis sistémica, las 158

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empresas explotan la enorme masa de trabajo inmigrada proveniente de las zonas que hace tiempo se conocían como las «periferias del imperio».

Su ocupación en los polos imperialistas, en el centro de las cadenas productivas, genera la desigualdad entre clases y al interior de la propia clase como presupuesto de la acumulación capitalista. La reorganización de las fuerzas productivas se expresa, finalmente, en el empleo de trabajadores inmigrantes por salarios más bajos, lo que permite detener el recorte del salario de los competidores autóctonos, y con ello aumentar a la vez la tasa de explotación y la tasa de beneficio.

Al mismo tiempo, los capitales transnacionales exigen cada vez más un número creciente de fuerza de trabajo inmigrada y, al mismo tiempo, especializada.

El desarrollo capitalista en estos siglos nos deja un mundo donde la producción está extremando los límites de insostenibilidad ambiental.

Vastas áreas del planeta están irremediablemente contaminadas, la producción industrial amenaza con alentar un aumento de la temperatura terrestre del orden de entre 1 y 2 grados, las fuentes fósiles amenazan con comprometer la atmósfera.

¿Y el medio ambiente? ¿Por qué es importante que las fuerzas clasistas hagan suya la lucha ecologista y no relegarla a mera batalla burguesa? ¿Tiene sentido hablar de ecosocialismo?

Esta pregunta me permite recordar a mi hermano Domenico, a poco más de dos años de su muerte; «Mimmetto» dedicó su vida a la causa del

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medio ambiente, escribiendo textos como Capitalismo, naturaleza y ambiente, que han enseñado mucho a compañeros e intelectuales militantes, incluyéndome a mí mismo.

En primer lugar, empiezo por un asunto básico: el mundo de la producción capitalista opera en una constante contradicción que no se reduce a aquella entre capital y trabajo, sino que incluye aquella entre capital y naturaleza. Lo que hace un siglo y medio Engels defendía en su Dialéctica de la Naturaleza se ha visto y sigue siendo confirmado por el desarrollo capitalista que, aunque pase por diferentes modelos de desarrollo, funciona siempre bajo una continua valorización del valor que ignora y, peor aún, mina la relación entre hombre y naturaleza.

Pero no sólo Engels sino también Marx habían enmarcado el problema de la sostenibilidad medioambiental en sus escritos. En los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, Marx describió la condición humana como la de un «ser natural». En otras palabras, antes de existir en la sociedad (y, en particular, en la sociedad de clases), el ser humano es esencialmente un ser que vive en la naturaleza, de la cual recibe pasivamente impulsos y condicionamientos; fuera de ésta, el ser humano deja de existir. En el plano económico y de las relaciones entre desarrollo capitalista, clase y naturaleza, en el Libro i de El Capital, Marx esboza el doble conflicto entre capital-trabajo y, a su interior, entre capital y medio ambiente.

Hoy es evidente que la supervivencia biológica de la especie humana está estrechamente relacionada con la supervivencia social y natural; reconocer esto quiere decir, en primer lugar, reconocer que es necesario un crecimiento equilibrado y equitativo en el seno de la sociedad. Esto, obviamente, no es posible en el modo de producción capitalista; la nueva sensibilidad sobre los temas ambientales, desde una posición de clase, 160

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exige el cuestionamiento de la posición que la economía dominante tiene en la vida cotidiana, de cara a la superación de este modo de producción.

Las salidas de las crisis En momentos de profundas crisis en que el capitalismo parece haber agotado toda perspectiva de desarrollo y emancipación para la humanidad, es imperativo encontrar una unidad entre las instituciones campesinas, obreras y de los miles de rostros de los emigrantes, que encarnan la experiencia forjada por una sabiduría milenaria que —además de protagonizar las luchas por los derechos— se interseccionan con las necesidades de la gente en las regiones, provincias y periferias. Es imperativo enlazar los conflictos referidos al trabajo con la atención y gestión del territorio, con las instancias civiles y democráticas, y las demandas de sostenibilidad social en torno a la vivienda, los ingresos, los conocimientos, pues es sabido que sólo la colectividad crea democracia participativa y popular.

Y aquí hay que advertir que, por ejemplo, si la nacionalización y estatalización general de la economía no plantea la cuestión de la propiedad social directa de los medios de producción como alternativa a la propiedad privada, ellas se convierten en algo muy diferente a la socialización de los medios de producción. Si la democracia participativa directa como alternativa o complementaria a la representativa no cambia las formas y estructuras del viejo Estado capitalista y asume un papel central en la política y la economía de cara a un Estado socialista, no existirá un auténtico poder popular ni una intransferibilidad de la soberanía popular. Si las conquistas sociales no van acompañadas de formas estables y organizadas de ese poder

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popular en el territorio, más lenta y difícil será la transición hacia el socialismo. Del mismo modo, si la planificación económico social centralizada del desarrollo no va acompañada de formas de planificación descentralizada que fortalezcan economías socioambientales locales y una diversificación productiva para limitar las importaciones y favorecer el mercado interno y las exportaciones a través de inversiones socioambientalmente concedidas por un sistema bancario que responda a los intereses nacionales y comunes (¿nacionalización?), será imposible imaginar la desestructuración del capitalismo y generar condiciones para una real transición socialista.

Desde hace tiempo, en ámbitos políticos vecinos, somos testigos de la apología del crecimiento cero y del fin del desarrollo. Estas teorías y formas de pensar, sin atender la realidad y las reivindicaciones de clase, han terminado por justificar la economía verde; es decir, un modelo productivo basado en la puesta en valor de los recursos naturales y, en particular, las fuentes de energías renovables. Con todo, la explotación de los recursos energéticos —del tipo que sea— no puede desvincularse de las dinámicas sociales de explotación del trabajo. Piénsese en el caso de los países árabes donde, incluso sin proletariado industrial, podemos observar una distribución de las riquezas y de los réditos extremamente desigual (el índice Gini en Arabia Saudita, según las estimaciones, está próximo al 0. 5). No tenemos elementos para poder sostener que la inversión en recursos renovables, de la que hemos hablado, pueda tener efectos significativos en la mejora de las condiciones de distribución de renta entre la población árabe; condiciones que podrían empeorar a consecuencia del progresivo drenaje de riqueza para financiar la nueva construcción imperialista.

Desde el punto de vista de la sociedad, la internacionalización capitalista provoca una aceleración de la polarización de clases: cada vez menos 162

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capitalistas poseen cada vez más riqueza relativa en relación con el número creciente de proletarios, tanto en las economías del así llamado Centro, como en las de la Periferia. Al mismo tiempo, aunque al interior de cierta homogeneidad de la clase emergen cada vez más diferencias económicas, se advierte la agudización de las contradicciones en el seno de la misma burguesía, que muestra el distanciamiento progresivo entre la oligarquía financiera y el resto de la clase burguesa. Tales dinámicas generan, sin duda, importantes repercusiones políticas que conducen a una intensificación de la lucha por la supervivencia del régimen de producción y del sistema social en sí a escala internacional. Mirando aún más a fondo, en la realidad, es la plena internacionalización la que ha marcado el declive del liderazgo unipolar estadounidense; un imperio que ha entrado en crisis justamente por su incompatibilidad con algunas de las dinámicas de la expansión internacional.

La primera contradicción se da entre el imperio de Estados Unidos en expansión y la «república» en declive, con la consiguiente dificultad para transferir riqueza, rentas y fuerza de trabajo para la construcción imperial, en un marco de declive generalizado del fin del así llamado american way. La segunda y más grave contradicción se da entre el imperio militar en expansión y la incapacidad de extraer beneficios de las regiones de reciente colonización, a pesar de las ganancias provenientes del petróleo. A partir de la Guerra del Golfo y, en particular, con la llegada al mercado de los petrodólares surgidos en Oriente Medio, los intereses de las oligarquías locales, contrapuestos a los intereses estadounidenses, han generado verdaderos conflictos interimperialistas.

En el contexto de desarrollo desigual capitalista se debe recordar, finalmente, que son los países «desarrollados» o «avanzados» los principales

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responsables de los efectos devastadores de su propio modo de producción que funciona con lógicas coloniales e imperialistas. Hoy, los que reivindican el «derecho a contaminar» son los brics, y aquellos países que aspiran a convertirse en competidores globales en la manufactura y la producción de base fordista. El peso que ello tiene sobre el medio ambiente provoca efectos políticos perturbadores en las necesidades reales y el derecho a la autodeterminación de los llamados países en vías de desarrollo en la persecución de caminos de emancipación social y económica.

En los últimos 25 años hemos asistido a la difusión de las cadenas productivas de carácter internacional, de una serie de operaciones de transformación que permiten la producción de bienes y servicios bajo modos diferentes a los de la época fordista-taylorista; ello incentiva a los sectores afines a la competencia global y a una mayor valorización. La cadena se identifica como ciclo productivo de tipo espacio-temporal que, en perspectiva internacional, logra valorizarse en los contextos donde más débiles son las contradicciones entre capital y trabajo. Las empresas tienden a asumir una estructura integrada en el campo de la producción y en el de los capitales: la llamada «globalización financiera» incide así sobre la vieja estructura orgánica de la empresa, abriendo paso a la externalización de varias funciones y fases del proceso de trabajo en su conjunto, que se delegan a sujetos jurídicamente autónomos, pero económicamente dependientes y controlados por la empresa. La cadena tiene, asimismo, el papel de articular a capitales más pequeños mediante una centralización tendiente al monopolio que responde a una lógica imperialista. Gracias a la cadena, la empresa madre consigue aprovechar las relaciones de fuerza entre los varios capitales, absorbiendo parte del salario creado a lo largo de la cadena y aumentando la extracción de plusvalía.

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Por tanto, es nuestra obligación actualizar aquellas intuiciones que, mediante la construcción de una teoría económica-socio-ecológica-política que ponga al centro las convergencias sociales y medioambientales, en favor de un profundo e inmediato cambio orientado a un horizonte socialista no solamente posible sino, en definitiva, necesario.

Sólo poniendo al centro la dimensión de clase y enmarcando el conflicto capital-naturaleza al interior del conflicto capital-trabajo podremos construir una visión y teoría realmente ecologista y anticapitalista.

La naturaleza no es una entidad neutral; su defensa exige un análisis que considere la dinámica de clases y que vea la resolución del conflicto por vía de la superación del modo de producción capitalista en favor de un proceso sostenible y autodeterminado.

La existencia de un conflicto irresoluble entre capital y naturaleza empieza a clarificarse también para sociólogos y economistas no marxistas.

Pero sostener que la solución pasa únicamente por la superación del modo de producción podría dejar a los ecologistas sin instrumentos en su resistencia a los desastres ambientales que ocurren a diario en la carrera por la valorización del capital.

La propuesta de las finanzas éticas, que buscan la transformación de la sociedad, por ejemplo, argumenta que ello pasa por potenciar otra educación, poner el arte y la cultura al alcance de todos, por promover la salud de manera integral y por pensar iniciativas de crecimiento personal para fortalecer las economías solidarias.

Ofrecer financiamiento a familias organizadas en cooperativas participativas e invertir en comercio justo significa pensar en un modelo que garantice un precio justo por el trabajo realizado, y beneficios para la comunidad.

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Las finanzas éticas no rechazan las reglas fundamentales de las finanzas tradicionales, pero permiten reformar los valores sobre los cuales ellas se fundan, en torno a las socioambientales, realizar batallas impulsadas por los movimientos y sindicatos que consigan rechazar, al fin, la ficticia contraposición entre las cuestiones medioambientales y las retributivas.

Es verdad, el mundo no termina aquí en el mundo capitalista. En muchas partes de este mundo, campesinos y obreros —que representan más de cuatro quintas partes de la humanidad— el proletariado que vive de su propio trabajo, se ven obligados a pasar hambre hasta la muerte por el trabajo negado. Son millones los que están saliendo progresivamente de una situación de minoría y de semiesclavitud, en la que han permanecido durante siglos; hoy reclaman su vínculo con la tierra, y en muchos casos constituyen la base social de nuevas experiencias de gobiernos democráticos y progresistas, de economías autogestionadas guiadas por el uso social de los bienes, la gestión popular y colectiva de los bienes comunes, como muestran experiencias de varios países en América Latina, principalmente.

La cuestión de reavivar el socialismo revolucionario, nos hace rememorar el texto/manifiesto de 1891 de José Martí, donde —desde Nueva York— individuaba e intentaba dar forma a una identidad latinoamericana en contraposición con la de la América colonialista que ubicaba como el futuro gran problema de los países y poblaciones latinoamericanas.

En efecto, Martí —aunque no era marxista, pero da referencias de Marx («aquel alemán con alma de seda y puño de hierro»)— rebela en varios textos con mayor amplitud su pensamiento anticolonialista respecto a América Latina (Martufi y Vasapollo, 2000).

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Experiencias en marcha El razonamiento anticolonialista de Martí hoy se reaviva con el reposicionamiento imperialista en toda Sudamérica, donde se intentan revertir los procesos de transformaciones sociales y políticas que se vienen desarrollando desde inicios del nuevo milenio.

Sin duda, este reposicionamiento es una reacción a las importantes políticas sociales redistributivas y, en específico, a las políticas económicas internacionales vinculadas en particular al sector energético y la nueva tecnología (sobre todo los acuerdos de Petrobras y pdvsa, las perforaciones petroleras y de gas en Cuba y las costas venezolanas, el proyecto de puertos, gaseoductos y oleoductos con sedes preferentes en Cuba y Venezuela, etcétera).

En efecto, Brasil como potencia emergente a partir de un nuevo modelo de desarrollo basado en características progresistas de un capitalismo de Estado y una importante orientación expansionista, limita el poder económico y político de Estados Unidos también en países históricamente aliados (Perú y Colombia), lo que causa preocupación a la burguesía nacional, al imperialismo norteamericano y a las multinacionales. Esto ha favorecido la búsqueda por varios medios del retorno de un liberalismo desenfrenado a Brasil; ha facilitado también una más tranquila expansión militar norteamericana en Sudamérica, que acompaña a las diversificadas formas de guerra económica, monetaria y comercial en la zona.

No otra cosa significa el auténtico «golpe blanco» parlamentario y judicial desencadenado contra Dilma Rousseff, a través de una guerra mediática cuyo objetivo era desacreditar a escalas nacional e internacional a la presidenta de Brasil y su Gobierno. De igual modo, también queda muy

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claro el intento deliberado de un ajuste fiscal impuesto por la burguesía, conectado con la ocultación de casos judiciales de muchos legisladores opositores brasileños que han quedado al margen de la acción legal.

El retorno de Brasil al neoliberalismo requiere que las fuerzas de la burguesía nacional y transnacional controlen el país y todos sus poderes: ejecutivo, judicial y legislativo, así como el poder de los medios de comunicación, que se encarga de destruir cualquier idea diferente al neoliberalismo, y de favorecer una opinión pública favorable a hacer recaer los costes de la crisis sobre los trabajadores y los pobres, recortando salarios, puestos de trabajo y el Estado social. Aquí se advierte un problema inherente a la teoría revolucionaria: individuar los posibles puntos de ruptura.

En cuanto al proceso de cambio dirigido por el Presidente Evo Morales, se apoya en la nueva Constitución boliviana que establece de forma clara los principios sobre la propiedad pública de los recursos naturales y minerales: «propiedad del pueblo» y administración del Estado; y sobre las áreas mineras: intransferibles e intransmisibles por sucesión hereditaria.

Pero estos principios deben ser aplicados de forma inmediata e integral para evitar que surjan justificaciones para algunas pretensiones de privilegios clasistas de cooperativas mineras (formas de control de la propiedad por parte de empresarios privados que, según sus intereses económicos y de poder, pueden ser por momentos aliados y por otros opositores al Gobierno) u otros grupos que ponen en cuestión principios irrenunciables como la sindicalización, los derechos de pueblos indígenas o el respeto de las normas ambientales.

El cooperativismo minero ya no tiene carácter familiar, y apoyando a las transnacionales se hace responsable de procesos contrarrevolucionarios y reaccionarios que llegan a defender los propios intereses mediante formas 168

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notorias de conspiración política que llegan a extremos, por ejemplo, declarar clandestinos a sus dirigentes, realizar bloqueos u organizar auténticas y verdaderas emboscadas armadas y matar a agentes de policía y del ejército.

Todo obedece al afán del cooperativismo de —luego de haberse aliado al Gobierno— querer plena libertad de empresa para asociarse a las transnacionales en la explotación de recursos naturales y obtener la máxima ganancia posible mediante la explotación de trabajadores asalariados.

Un ejemplo evidente de intercambio desigual lo da la historia reciente de Oriente Medio; en esta área, los monopolios extractivistas occidentales —sobre todo en el sector petrolero— están efectivamente interesados en frenar el desarrollo de los países dependientes, ya que éstos exigirían el uso de las mismas materias primas para su naciente industria. Políticamente, esta situación se ha traducido en un apoyo de los monopolios occidentales a las formas de gobierno más reaccionarias y autoritarias. Sólo estas pequeñas franjas de población local tienen un trato preferente en cuanto a progreso tecnológico, el que ha permanecido ligado a las técnicas extractivas sin aportar ningún beneficio y, al mismo tiempo, ha desestabilizado y empobrecido a poblaciones enteras.

En las economías occidentales, el factor conocimiento tiene un papel cada vez más importante en el marco capitalista, particularmente en las economías occidentales; ese factor atraviesa cultura, geografía y clases y extiende su dominio social más allá de la esfera de la producción.

Frente a tales cambios, ninguna de las teorías económicas —clásicas, neoclásicas y keynesianas— ha podido adaptarse a las dinámicas de la producción del conocimiento.

Incluso la teoría del valor-trabajo marxista tiene un retardo sustancial para explicar de modo convincente el papel y significado del conocimiento

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en la creación de valor. Sin embargo, en un primer análisis, podemos considerar que el trabajo abstracto —o así llamado «cognitivo»— es siempre trabajo asalariado caracterizado del mismo modo que el trabajo del obrero fordista en cuanto a los mecanismos de extracción de plusvalía y plustrabajo. El trabajo abstracto, como cualquier otro trabajo, es un determinante del valor de la mercancía, indistinto e indiferenciado. Desde este punto de vista, el conocimiento es clasificable como trabajo complejo o, en palabras de Marx, como trabajo simple potenciado que se incluye en el proceso de producción con un elevado grado de productividad y, por tanto, de competitividad.

Aquí comienza a emerger un problema para la teoría revolucionaria que debe individuar los posibles puntos de ruptura.

En cuanto al caso de la experiencia de la revolución bolivariana en Venezuela, ella pone al debate la necesaria presencia y acción de calle de las fuerzas revolucionarias para defender la revolución como camino hacia la actualización y reforzamiento de las formas políticas, sociales y económicas de una transición al socialismo.

Esa presencia y luchas en las calles deberían orientarse a la conquista de espacios de poder político a través de la reapropiación de los recursos públicos y con la demanda explícita de favorecer la inversión social en infraestructuras, en salud y educación públicas, en sistemas de protección y de pensiones, de protección al trabajo, etcétera.

Es necesario reconocer los propios errores y rectificar el rumbo sin perder de vista las batallas contra el imperialismo y el modo de producción capitalista; y también poner al centro la defensa de los derechos sociales, la defensa de los bienes ambientales, el freno a las privatizaciones de actividades basadas en la extracción de recursos naturales como petróleo, 170

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gas, tierras, agua; en la promoción de tecnologías ecosostenibles y preservación de la biodiversidad, para relanzar una plan de acumulación que, si no inmediatamente de carácter socialista, tenga por lo menos un fuerte impacto en redistribución social y reproducción natural.

La lentitud puede ser la de la historia, que a su vez puede ser tremendamente veloz; pero es sobre todo la lentitud del cambio, del tiempo necesario para organizarlo, para combatir y realizarlo, para pensarlo críticamente, y avanzar... lentamente pero avanzando. La inmediatez no es la forma. No es cuestión de ser más o menos revolucionario, más o menos dispuestos al enfrentamiento, a la violencia, al riesgo.

Lo digo después de décadas de militancias donde conscientemente y en el desarrollo de la historia no me ha faltado nada; pertenezco a una minoría formada por tantos sinceros y honestos compañeros que han pasado de pensar y actuar a peleas, denuncias, cárceles e incluso a intentos de forzamientos extremos aunque no extremistas, a aislamiento político y, a veces, personal, a incomprensiones a veces colectivas y hasta hostiles.

Pero siempre, todo ello ha sido hecho con la intención de contribuir a la construcción de relaciones de masas y sabiendo que esa construcción es el largo camino hacia la transformación (Vasapollo, L., 2018; Amin, S., 2017; Gallinari P., 2006; Farah, I., 2016).

Referencias Amin, S., Arriola, J. y Vasapollo, L. (1990). Delinking: towards a polycenthric world. Zed Books.

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Bornstein, M. (1973). Economia di mercato ed economia pianificata. Franco Angeli.

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Imperialismi e movimenti di resistenza. Jaca Book.

Farah, I., Martufi, R. y Vasapollo, L. (2016). «Sfide e prospettive della transizione nella Nuestra America indo-africana». Nuestra America (4).

Gallinari, P. (2006). Un contadino nella metropoli. Bompiani.

Jaffe, H. (1976). Marx e il colonialismo. JacaBook.

Keeran, R. y Kenny, T. (2015). Socialismo traicionado. Cencias Sociales.

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Martufi, R. y Vasapollo, L. (coords.) (2017). Caminando con Fidel. Pioda.

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Proteo Annali (2016). La grande fabbrica. Dalla catena di montaggio alla catena del valore.

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Vasapollo, L., Echevaria, E., Hernández, G., Labanino, R. y Martufi, R. (2018).

Soldati delle idee. Allerta che cammina! La scuola di Fidel e del Che per l’America Latina. Ediz. italiana e spagnola. Efesto.

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Ucronías para la vida buena René Ramírez Gallegos* Resumen. La respuesta a la pregunta de si el tiempo es dinero o vida ha sido el centro del debate conceptual sobre el buen vivir en Ecuador y parte de la disputa política acerca de la concepción de la sociedad a escala global. Para el capitalismo es la acumulación del capital, donde el tiempo es dinero porque el dinero es tiempo en función de la aceleración de la producción, la circulación y el consumo de los bienes y servicios. El orden social imperante desmantela y mata la vida al intentar igualar (ficcionalmente) tiempo con velocidad o aceleración (la cual es el instrumento más eficaz de acumulación del capital). En contraste, la utopía de la sociedad del buen vivir, propuesta por un intelecto social colectivo, demanda y necesita ser construida a partir de otra ucronía: recuperar al tiempo como vida. Tal ucronía debe ser pensada en el marco de un acercamiento a un cuerpo epistémico diferente, teórico y metodológico, que acompañe la disputa de la construcción de la propia sociedad del buen vivir. Al respecto, el artículo esboza un marco de análisis conceptual, metodológico y empírico a partir del estudio del tiempo. Se plantea que en el análisis de la socioecología política del tiempo para la buena vida es posible encontrar los instrumentos teóricos y metodológicos que permitan analizar, evaluar y proponer alternativas de acción hacia la construcción de la sociedad de la vida buena, la del sumak kawsay. Porque el tiempo es vida y en la calidad del tiempo está la configuración que implica si esa vida es buena o no lo es. En la disputa del sentido (objetivo y subjetivo) del tiempo reside la disputa del sentido de la existencia. Por ello, un orden social distinto, como es la sociedad del buen vivir, requiere de un orden temporal distinto, como es el tiempo para la vida buena.

Palabras clave: ucronía, tiempo, dinero, buen vivir, socioecología política.

*Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra, Portugal, e investigador invitado de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

issn impreso 2448-5020

issn red cómputo 2594- 0899

René Ramírez Gallegos

Alternate realities for the good life

Abstract. The response to the question of whether «time is money or life» has been the central of the conceptual debate about the buen vivir concept in Ecuador and part of the political dispute around the conception of society at a global scale. For capitalism, the accumulation of capital, where «time is money because money is time» is a function of the acceleration of production, the circulation and consumption of goods and services. The prevailing social order dismantles and kills life with the attempt to equate (fictionally) time with velocity or acceleration (which is a more efficient instrument of capital accumulation). In contrast, the utopia of the buen vivir society proposed by a social collective mindset, demands and must be built from an alternate reality: reclaiming time as life. This alternate reality must be thought of in the framework of an approach to a distinct, theoretical and methodological epistemic body, which accompanies argument around the construction of the buen vivir society. To that end, this article outlines a conceptual, methodological and empirical framework of analysis based on the study of time. It suggests that in the analysis of the socio-ecological policy of time for the «good life» it is possible to discover theoretical and methodological instruments that allow for the analysis, evaluation and the proposal of alternatives for action toward the construction of the good life, that of sumak kawsay. Time is life and it is the quality of time that results in whether a life is good or not. In the (objective and subjective) debate of the sense of time lies the debate over the meaning of existence.

Thus, a different social order, as conceived within the buen vivir society, requires a different temporal order, as is time for the good life.

Keywords: alternative reality, time, money, buen vivir, good life, socio-ecological policy.

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Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias [de vida].

Eduardo Galeano

Introducción1 ¿El tiempo es dinero o el tiempo es vida? En la respuesta a esta pregunta no sólo está el corazón del debate que ha atravesado la discusión conceptual sobre el buen vivir en Ecuador (Ramírez, 2018), sino que también se encuentra la disputa política sobre dos concepciones diferentes de ordenamiento social a escala global. El orden social del capitalismo es la acumulación del capital. En tal virtud, a través de una ingeniería teórico-metodológica en el campo académico y de una construcción de formas particulares de relaciones de poder a nivel social se concreta un ordenamiento particular de las sociedades que se ha consolidado como hegemónico. Tal estructuración social parte de un orden temporal particular donde el tiempo es dinero porque el dinero es tiempo al configurarse en función de la aceleración de la producción, de la circulación y del consumo de los bienes y servicios devenidos en capital para la acumulación. Desde la academia, esa configuración del sentido común de que el «tiempo es oro» o time is money se ha apalancado en marcos analíticos —como el utilitarismo económico neoliberal— que permiten la multiplicación exponencial de tal sentido.

Este artículo constituye una síntesis de la investigación Ramírez, R. (2018), La vida y el tiempo. Apuntes para una teoría ucrónica de la vida buena a partir de la historia reciente del Ecuador, Coimbra, Centro de Estudios Sociales-Universidad de Coimbra [por publicar].

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El orden social imperante desmantela y mata la vida al intentar igualar (ficcionalmente) tiempo con velocidad o aceleración (al ser ésta el instrumento más eficaz de acumulación del capital). Frente a tal construcción teórica-social, el artículo plantea que la utopía llamada sociedad del buen vivir, propuesta por un intelecto social colectivo (sociedad ecuatoriana), demanda y necesita ser construida a partir de otra ucronía: recuperar al tiempo como vida y no cualquier tipo de vida, sino en tanto buena vida. Esta ucronía debe ser pensada en el marco de un acercamiento a un cuerpo epistémico diferente, tanto teórico como metodológico, que acompañe la disputa de la construcción de la propia sociedad del buen vivir, porque sólo su consecución implicará el nacimiento de otra episteme social diferente. Al respecto, el artículo nace de las entrañas de un mandato social y busca esbozar un marco de análisis conceptual, metodológico y empírico para tal especificidad histórica a partir del estudio del tiempo. En otras palabras, el artículo propone que en el análisis de la socioecología política del tiempo para la buena vida2 se pueden encontrar los instrumentos teóricos y metodológicos que permiten analizar, evaluar (las distancias o cercanías) y proponer alternativas de acción para caminar hacia la construcción de la sociedad de la vida buena, la del sumak kawsay. ¿Por qué?

Porque el tiempo es vida (a quien se entrega el tiempo se entrega la vida) y en la calidad del tiempo está la configuración que conlleva si esa vida es buena o no lo es. En efecto, en la disputa del sentido (objetivo y subjetivo) del tiempo está la disputa del sentido de la existencia; es decir, de la propia vida. Siguiendo el postulado general de Elías (2015) se expone que es por eso que un orden social distinto, como es la sociedad del buen vivir, necesita de un orden temporal distinto, como es el tiempo para la vida buena.

Para un análisis detallado sobre la socioecología política de la vida buena véase Ramírez (2012, 2015, 2018).

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Cabe resaltar que el artículo se organiza con la presentación de las principales conclusiones empíricas del libro titulado La vida y el tiempo. Apuntes para una teoría ucrónica de la vida buena a partir de la historia reciente del Ecuador (Ramírez, 2019), donde se evidencia que el tiempo puede funcionar como un proxy de la vida buena y en tal virtud puede ser una brújula idónea para disputar la construcción y sentido de la sociedad del buen vivir. La tercera sección analiza la Esperanza de Vida Buena (evb)3 y en qué medida el usar como unidad de análisis al tiempo permite deconstruir las relaciones sociales, económicas y ecológicas vigentes hoy día, para —al interpelarlas— buscar reconstruir otro orden social. La cuarta sección coloca a la vida buena como sustantivo crítico a partir de la reflexión sobre cómo a través del análisis del tiempo/vida se pueden evidenciar las grandes y perversas opresiones de nuestra sociedad que produce el patriarcalismo, el colonialismo y el capitalismo. Finalmente, el epílogo culmina con el debate acerca de la cronopolítica para la construcción de otras ucronías sociales posibles: «otros mundos son posibles» mientras se construyan otros órdenes temporales. En ese sentido, en la disputa por el sentido del tiempo también puede estar la disputa por la emancipación social.

La Esperanza de Vida Buena (evb) es un indicador sintético macrosocial que busca ser un proxy evaluador del buen vivir, visto éste a través de la unidad de análisis tiempo. Se aleja del enfoque monetarista de la economía neoclásica, basado en el dinero cosificador de la vida, y cuya síntesis macroeconómica suele ser el producto interno bruto (pib) o de aquellos índices que dado su nivel de abstracción o por ser a-unitarios (son generalmente entre 0 y 100) dificultan la apropiación social para disputar la configuración de nuevos sentidos comunes que conlleven a la construcción de sociedades cuyo centro del valor sea la vida buena (Ramírez, 2019).

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Hacia una socioecología política del tiempo para la vida buena Difícilmente bajo el marco analítico y metodológico de la economía de la corriente principal del bienestar (utilitarismo) sería posible aplicar la propuesta realizada por la sociedad ecuatoriana en torno de la vida buena. Se podría sostener que hacerlo implicaría negar la posibilidad de contender la construcción del mandato social pues tal operación involucraría la cosificación y alienación de la vida al ser el tiempo un recurso de intercambio que importa en tanto únicamente valor de cambio. En contraposición, se sostiene que un proxy adecuado para caminar hacia la construcción de la sociedad de la vida buena es el tiempo para la buena vida. Analizar el tiempo es analizar la vida y analizar la calidad del tiempo es estudiar en qué medida la vida es una vida buena o una vida digna. En esta sección se colocan las principales evidencias empíricas que demuestran que el análisis de la socioecología política del tiempo es un buen prisma a fin de visualizar «la cercanía o lejanía» en el esfuerzo por alcanzar el buen vivir en Ecuador.4 1. La vida humana en tanto tiempo de la existencia. El primer compo-

nente de la vida buena es la vida misma. En tal sentido, se relaciona con el tiempo de existencia del ser humano. En general, el tiempo de vida en un territorio determinado es quizá una de las máximas expresiones del resultado de la presencia o ausencia de la materialidad necesaria y objetiva para satisfacer las necesidades y derechos en una comunidad política específica.

Al ser el lado opuesto de la mortalidad refleja cuán adecuados son los servicios de salud, los servicios de saneamiento básico, el estado nutricional y Los resultados aquí presentados corresponden a la investigación realizada en Ramírez (2018) anteriormente citada.

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alimentario de sus habitantes, los niveles de seguridad de una población, la calidad ambiental o los niveles educativos de una población. Como sociedad, evitar muertes prematuras prevenibles después de haber nacido o incrementar la esperanza de vida de una población tiene valor propio.

El promedio de vida de los ecuatorianos es de 62.3 años. Éste ha crecido 11.5 años entre 1997 y 2014. Tal crecimiento no es irrelevante dado que se empiezan a vislumbrar países en los que se ha detenido o incluso decrece la esperanza de vida. 5 Al hacer un corte según género, es posible percatarse de que las mujeres viven en promedio siete años más que los hombres. Asimismo, los altos niveles de necesidades básicas insatisfechas (sobre todo en servicios básicos), altos niveles de desigualdad o bajas tasas de asistencia a la educación explican negativamente los años promedio de vida de la población ecuatoriana. A su vez, si el municipio es predominantemente agrícola o tiene población dedicada a la manufactura, más años de vida tendrá la población. No sucede lo mismo con aquellos cantones en los que predomina la minería. Si el cantón tiene población que suele trabajar en el sector minero, el municipio tendrá menores años promedio de vida. Se comprueba, además, que la mala calidad ambiental y aquellos territorios con mayor crecimiento demográfico tienen una probabilidad más alta de vivir menos años de vida.

2. El tiempo para la buena vida. La disputa por otro orden social es la bata-

lla por una vida emancipada. No es suficiente con tener más tiempo de vida, sino que ésta debe ser una vida buena, digna de ser vivida. El referirse a que la vida sea buena presupone necesariamente analizar las 24 horas del día, de los siete días de la semana y de los 365 días del año. Siguiendo esta premisa, En efecto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (cdc) de Estados Unidos indican que la esperanza de vida de Estados Unidos ha caído desde 1993.

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es importante examinar cómo se distribuye el tiempo en la sociedad ecuatoriana, poniendo énfasis en el tiempo para la buena vida. Se ha sostenido que en la esencia del nuevo pacto constitucional en Ecuador se busca romper con la construcción individualista de la sociedad neoliberal. La garantía de derechos o necesidades no debe ser producto de la ley del más fuerte donde «mi» calidad de vida exclusivamente está en función de una competencia de suma cero, egoísta y de solitarios individuos que crecen a costa de que el otro no florezca. La vida buena incluye también recuperar el sentido de la necesidad del «otro». El ciudadano de la sociedad del buen vivir es republicano, tiene derechos y obligaciones frente al otro, reconoce y convive con el diverso como parte de su realización, trabaja por la unión de la comunidad política para construir un porvenir que se comparte. En otras palabras, en el corazón del pacto de convivencia ecuatoriano del 2008 está el retorno del «otro», puesto que se recupera la gregariedad como esencia humana en el marco del florecimiento individual; es decir, parte de una genuina sociabilidad. Como categoría analítica, ese retorno de la interdependencia para el florecimiento implica poner en el centro del debate la generación y el disfrute de los bienes relacionales. El tiempo para la buena vida es el tiempo para el florecimiento de los bienes relacionales. Hay que tener cuidado con creer que este tiempo relacional es posmaterial. La materialidad necesaria para la vida buena debe ser construida en el marco de la creación y goce del bien relacional.6 Los bienes relacionales sólo pueden ser cogenerados y codisfrutados en el marco de un mutuo acuerdo; y, dado que dependen de la interacción con No es fortuito que la Constitución de la República del 2008 recupere también la necesidad de construir una democracia no sólo representativa sino una democracia participativa y deliberativa, y en el marco productivo exprese con claridad frente a la economía de mercado la necesidad de construcción de una economía social y solidaria.

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otro ser humano, son apreciados únicamente en la medida en que generan una reciprocidad compartida en igualdad de condiciones. Metodológicamente, el tiempo para la buena vida o tiempo relacional es aquel en el que el ciudadano se realiza y vive momentos con el otro o para el otro. Tener tiempo para la buena vida es tener tiempo autónomo para construir más democracia; participar en asuntos públicos, políticos y civiles; alimentar la philia y el eros con «el otro»; y para la autocontemplación liberadora en el marco de un trabajo emancipador.

Partiendo del hecho de que el tiempo no es acumulable, el incremento del tiempo relacional implica que se ha distribuido más equitativamente el tiempo para la vida buena y ha disminuido el tiempo enajenado. Frente a la sociedad del trabajo/consumo alienado, la sociedad del buen vivir se ordena en función del tiempo para el buen vivir.

A lo largo de la semana, un ecuatoriano promedio dedica 74 horas (44%) a satisfacer sus necesidades biológicas. A su vez, un ciudadano trabaja en promedio 64.3 (38.3%) horas, si bien existen grandes diferencias entre el trabajo remunerado y no remunerado. En efecto, del total de horas trabajadas por toda la ciudadanía, 39.1 horas a la semana corresponden a trabajo no remunerado y 25.21 horas a asalariado. Mientras en el trabajo no remunerado la mujer trabaja 28.5 horas más a la semana que el hombre, en el trabajo asalariado éste trabaja 17.3 horas más.

Empero, ¿cuánto tiempo tiene un ecuatoriano para coproducir y codisfrutar tiempo para la buena vida? Sin tomar en cuenta las horas de dormir, un ecuatoriano vive plenamente un poco más de un día a la semana (26.7 horas semanales). Esto equivale a decir que tan sólo 16% de su vida disfruta de bienes relacionales. Del total del tiempo para la buena vida, disfruta 17 horas de tiempo libre, consagra 9.3 horas de su tiempo para el amor y la

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amistad y 0.41 horas dedica a la participación democrática o civil. Por último, al tiempo relacional mencionado se deben añadir únicamente entre 2.3 a 3.4 horas de trabajo emancipado del total del tiempo que se trabaja. En Ecuador, parece ser que el trabajo enajenado es uno de los principales límites de la vida buena.

3. La concentración o desigualdad del tiempo bien vivido. Uno de los

principios estructuradores de la sociedad del buen vivir es la igualdad y la libertad vista no sólo como no interferencia sino como no dominación. Analizar la distribución del tiempo emancipado para la buena vida es estudiar la igualdad y la libertad; es analizar cuán bien o mal está distribuida la libertad para el florecimiento. Si un individuo, por ejemplo, por buscar trabajo no tiene tiempo para el florecimiento del buen vivir, claramente su libertad está limitada. La libertad de pensamiento y de expresión, la participación libre en procesos deliberativos necesita, entre otras cuestiones, de una base material que es el tiempo. Si pocos tienen tiempo para el buen vivir y muchos apenas pueden decidir qué hacer con su tiempo porque carecen de la posibilidad para tomar esa decisión, existe una libertad dominada: el no tener tiempo autónomo es tener una vida enajenada. La distribución del tiempo para la buena vida bajo esa perspectiva es la distribución de la vida emancipada. Lamentablemente, en Ecuador se evidencia que existe una profunda estratificación temporal: 20% más rico en términos de tiempo relacional «concentra» a su vez 39.4% de tiempo bien vivido; mientras que 20% más pobre apenas goza de 5% del total del tiempo relacional de un año (coeficiente de Gini de 0.32). Si se analizan los extremos de los estratos temporales, en una semana 10% más rico de tiempo tiene 2.4 días más (57.6 horas a la semana) de tiempo relacional que 10% más pobre de tiempo. Ahora bien, si se estudian los principales componentes del tiempo para la buena vida 184

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se puede constatar que están también desigualmente distribuidos: 10% de mayor riqueza temporal tiene 50 horas más a la semana que puede dedicar a disfrutar arte, música, lectura, contemplación, hacer deporte, etcétera, que 10% más pobre. Asimismo, el decil más rico de tiempo dedica 50.5 horas se-

manales más a la participación pública, civil o política que el decil más pobre de tiempo. Si bien las distancias son menores cuando se trata del tiempo para la philia y el amor, tampoco es menor la diferencia entre los dos deciles extremos de tiempo. En efecto, la diferencia entre el decil más rico y el más pobre de tiempo relacional para el disfrute de estar con amigos, familia o pareja es de 26 horas a favor de los que son parte del extremo superior.

Por otra parte, se advierte que no necesariamente coincide la composición de la estratificación económica con la temporal. En efecto, del total del quintil más rico según ingreso, únicamente 30% pertenece al quintil con mayor nivel de buena vida, medido según la variable tiempo relacional. En el otro extremo del quintil más rico según ingreso, casi 30% pertenece a los dos quintiles más «pobres» calculados según el tiempo que dedican a vivir bien. No siempre un rico de ingreso goza y valora el tiempo para una buena vida. En otras palabras, desde un enfoque temporal se visualiza que existe también un «mal vivir» de los ricos según ingreso. Al cambiar de unidad de análisis de tiempo por dinero, la descripción de la realidad cambia y con ello la mirada para la intervención social.

4. La geografía o espacialidad del tiempo para la vida buena. La distri-

bución del tiempo también se expresa en cómo se organiza en el territorio.

Ecuador tiene cuatro regiones geográficas que han configurado la economía política del país. Si se examina el tiempo de vida se constata una injusticia inmoral: el municipio con más edad promedio de vida (Oña) tiene casi 40 años más que aquel territorio con menos años de vida promedio (Taisha). No es

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fortuito que los municipios con menor promedio de vida estén en la Amazonía o en el cantón con mayor población afroecuatoriana del país. Asimismo, es necesario advertir que en la Sierra Central y la Amazonía la tasa de suicidio es cuatro veces superior al promedio del resto del país.

Ahora bien, ¿existen diferencias territoriales al analizar la vida buena?

Se confirmó que en el tiempo relacional también existen desigualdades espaciales significativas. La región con mayor tiempo para la buena vida es la Costa, con excepción de la provincia de Esmeraldas (territorio mayoritariamente afroecuatoriano). La Sierra Central y la Amazonía son los territorios con el menor tiempo para el buen vivir. En términos provinciales y de las principales ciudades del país, el territorio con mayor tiempo relacional es Cuenca, que tiene casi 11 horas más a la semana de tiempo para la buena vida que los ciudadanos que viven en Bolívar. A diferencia de lo que pasa en el resto del país, es necesario advertir que existen territorios que han visto disminuir el tiempo relacional en el lustro analizado, principalmente a los territorios del noroccidente de Quito (la capital de la República), Esmeraldas, Pichincha e Imbabura.

5. El tiempo bien vivido en el tiempo. ¿La población del Ecuador tiene

más o menos tiempo autónomo para la buena vida? Evaluar al tiempo como unidad de análisis de la buena vida implica estudiar si la sociedad ha distribuido mejor el tiempo para la buena vida, de tal forma que ha incrementado o no el tiempo por persona para la generación y goce de bienes relacionales en un lapso determinado. Si bien los años promedio de vida en Ecuador se han incrementado sistemáticamente, la libertad leída a través del tiempo autónomo para la buena vida ha disminuido. Entre 2007 y 2012 el tiempo relacional por persona se redujo 2.3 horas, es decir, cada año se redujeron 6.6 millones de horas en las que los ciudadanos ecuatorianos dedicaron menos 186

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tiempo a la socialización, democracia, participación pública y civil, ocio o trabajo emancipador. La reducción se da en particular en el tiempo relacionado en el disfrute de la sociabilidad (estar con amigos, familiares, pareja) y la participación pública; mientras que se verifica un ligero incremento en el tiempo dedicado a la contemplación, autoconocimiento u ocio liberador.

El tiempo de sociabilidad fue «capturado» primordialmente por el tiempo comprometido en la movilización hacia el trabajo y escuelas, y en destinar mayor tiempo a satisfacer las necesidades personales (en especial a dormir).

Tal situación sucede a pesar de que se da una reducción del tiempo dedicado al trabajo, asalariado y no asalariado.

En términos territoriales, si se analiza el promedio de vida y el tiempo para la buena vida, se puede verificar que existe una convergencia espacial: es decir, que los territorios que peor se encontraban en 2007 han visto mejorar con mayor rapidez sus condiciones de tiempo para la vida buena, los que más avanzan han sido los territorios de la Sierra Central y la Amazonía; situación que acontece con excepción de las provincias noroccidentales anteriormente mencionadas.

6. La macroestructuración del tiempo bien vivido. La distribución del

tiempo no es una elección exclusivamente individual, existen condiciones socioeconómicas que la estructuran. Aunque todos tenemos 24 horas para distribuir el tiempo, las condiciones sociales estructuran la disponibilidad de tiempo para la buena vida. No es fortuito que en los municipios más pobres según necesidades básicas insatisfechas (nbi) se encuentren las poblaciones que menos tiempo viven. Tampoco es casual que los grupos poblacionales con mayor número de nbi tengan 10 horas menos a la semana de tiempo relacional que aquellos cuyas necesidades básicas están satisfechas o que 20% más rico según ingresos tenga cinco horas más de tiempo para

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la buena vida que el quintil más pobre de ingreso. En el caso de los países denominados «en vías de desarrollo», como Ecuador, la mejora en las condiciones de vida material y monetaria conlleva, en promedio, incrementos en el tiempo para la vida buena.

A su vez, se puede demostrar que las decisiones sobre la estructura macroeconómica también afectan a la vida cotidiana. En efecto, se comprobó que dos «modelos» macroeconómicos diferentes generan distintos impactos en el tiempo de trabajo, lo que repercute en el potencial tiempo para la buena vida. Cabe advertir que en el modelo macroeconómico que fomentó la liberalización de la economía (periodo 1993-2001) —que vino acompañado de flexibilización laboral, congelamiento temporal de salarios, aumento del desempleo—, la ciudadanía compensó tal situación con el incremento de las horas de trabajo. Es así que de las personas ocupadas en los años de mayor crisis de la historia del Ecuador sucedió el mayor pico en horas de trabajo asalariado; en promedio, llegaron a ser 45 horas a la semana. En cambio, en el periodo 2007-2016 el tiempo destinado al trabajo se redujo en aproximadamente cinco horas, cuando la política tuvo una orientación de desarrollo endógeno —que vino acompañada de políticas que lucharon en contra de la precarización laboral, tales como suspender la tercerización laboral y la contratación por horas— se llevaron a cabo varias medidas: se estableció un «salario digno» de manera que ninguna empresa podía distribuir utilidades entre sus accionistas si su trabajador no ganaba un salario igual al costo de la canasta básica; se incorporó a las empleadas domésticas al grupo de trabajadores que por ley deben recibir salario básico; se penalizó la no afiliación a la seguridad social; se amplió el periodo de licencias por paternidad y maternidad. En el periodo 2007-2016 existe una reducción sistemática de las horas de trabajo, de tal modo que el periodo cierra con un 188

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promedio de 39 horas de trabajo asalariado por semana de los ciudadanos que trabajan. Cabe destacar que el salario por hora entre 2007 y 2016 creció casi tres veces más en términos reales que entre 1993 y el 2001. La conclusión es clara: sabiendo que existe una relación inversa entre tiempo del trabajo y el tiempo relacional (Ramírez, 2012), las decisiones macroestructurales también configuran la agencia individual al momento de elegir libremente qué hacer con el tiempo. Luego de la crisis de 1999 se pudo constatar que al país le tomó una década retornar al número de horas de trabajo previo al periodo de liberalización.

7. La temporalidad del espacio (naturaleza o Pachamama). Uno de los

cambios más importantes en términos sociales en el pacto de convivencia del 2008 en Ecuador para la sociedad del buen vivir es el paso de la ética antropocéntrica a la biocéntrica. Tal perspectiva implica construir una sociedad que ponga en el centro del valor las vidas, busque la justicia intertemporal y garantice la reproducción de las especies existentes en los ecosistemas (incluida la del ser humano).

Frente al individualismo metodológico, la socioecología política de la vida buena plantea la recuperación del «otro», entendida no sólo como la necesidad del ser humano de cocrear y codisfrutar bienes relacionales con otro ser humano sino también de éste con la naturaleza. En ese sentido, no sólo somos interdependientes sino ecodependientes. En dicho marco, la Esperanza de Vida de la Naturaleza o Pachamama (evn) es una propuesta metodológica que permite evaluar la vida de la naturaleza o de la Pachamama en función del tiempo. La evn propone estudiar la edad, la velocidad de regeneración de la vida y el estadio de madurez de un ecosistema como parte del análisis del buen vivir o sumak kawsay. Si se comparan dos territorios con condiciones sociales iguales, puede afirmarse que mientras más

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esperanza de vida de la Pachamama exista por persona, mejor viven las poblaciones humanas y no humanas.

En la actualidad, plantear la existencia de los derechos de la naturaleza podría resultar un quiebre epistemológico y ontológico bajo la mirada occidental, pero ésta no es una mirada ajena a la cosmovisión andina, en la cual tiempo y espacio son dos lados de la misma moneda. En efecto, la civilización inca, de una manera muy precisa, interconectaba ciclos naturales con ciclos temporales y a partir de tal relación organizaba sus ciudades, rituales, procesos agrícolas y relaciones sociales. Por tal motivo, para la cosmovisión indígena en la palabra Pachamama se conjuga a la vez el tiempo y el espacio.

La entrada analítica de reflexionar y estudiar la temporalidad de la Pachamama permite romper con la mirada monolítica y epistemicida que defiende que únicamente existe una sola temporalidad en el tiempo. De esa forma se rompe con lo que el marco analítico de las Epistemologías del Sur denomina la lógica monocultural del tiempo lineal:7 «Bajo los términos de esta lógica, la modernidad occidental ha producido la no contemporaneidad de lo contemporáneo, la idea de que la simultaneidad esconde las asimetrías de los tiempos históricos que en ella convergen (...) un encuentro simultáneo entre no contemporáneos» (De Sousa, 2011:30). En un tiempo específico pueden confluir varias temporalidades, incluso la temporalidad no humana de la naturaleza. Se pudo sustentar, como se ha realizado en otras ocasiones, que el problema del ecocidio que existe en nuestra era es justamente por no comprender que en un mismo tiempo coexisten diferentes temporalidades, Vale indicar que el concepto de linealidad se está quebrando y habría que matizarlo. Lo que se vive en la actualidad también es el tiempo de la aceleración que trae a la mente la imagen de un hámster corriendo cada vez más rápido sobre una rueda (Concheiro, 2016). Tal perspectiva no está en contra de que en el proceso de aceleración se maten otras temporalidades, lo que implica que se continúe con procesos «epistemicidas».

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lo que genera desacoplamientos entre la temporalidad humana y la de la Pachamama. Queda planteada la necesidad de analizar otras temporalidades de diferentes nacionalidades o pueblos tales como la de las etnias indígenas, montubias o afroecuatorianas. El análisis del tiempo, en ese marco, permite estudiar y entender la diversidad epistémica para «convivir en» y construir un Estado plurinacional e intercultural. Los tempos del tiempo son aristas que también pueden ser indicadores de la medida en que se está o no construyendo la sociedad del buen vivir (como lo evidencia el análisis de la temporalidad del espacio o de la Pachamama). La democracia humana sostenible se asienta —siguiendo al sociólogo portugués— en la convivencia de la pluralidad de ecologías temporales.

8. El tiempo y la subjetividad. ¿La asignación del tiempo impacta en el

bienestar subjetivo? Si bien, como se ha argumentado en estas páginas, la felicidad es un inadecuado evaluador del bienestar porque puede esconder graves problemas estructurales como la adaptación de las preferencias a condiciones de miseria, por lo que no se puede dejar a un lado el análisis de la subjetividad en su relación con el tiempo. La economía bienestarista sostiene que la felicidad está en función de maximizar el consumo de la mayor cantidad de bienes y servicios, considerando una restricción presupuestaria determinada. La paradoja de Easterlin demostró que «el dinero no compra la felicidad». A partir de tal estudio surgieron otros acerca de los determinantes de la felicidad de las personas. En este marco, Van Praag y Ferrer-i-Carbonell (op. cit.) estimaron la función acumulada de la felicidad que depende de las múltiples satisfacciones que tiene el individuo en cada una de las subactividades que realiza. En otras palabras, la felicidad general con la vida —estimaron los autores— depende de las subfelicidades en el ámbito del trabajo, la familia, la educación, la salud, etcétera.

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El análisis del tiempo y la subjetividad en Ecuador también tiene un carácter político. En la «paradoja del bienestar objetivo y malestar subjetivo» (Ramírez, 2017) se afirma que a pesar de que la sociedad mejoró sus condiciones materiales entre 2007-2016 (mediante el consumo, ingreso, democratización de derechos, necesidades básicas satisfechas, etcétera), la clase media no pobre se siente (subjetivamente) más pobre. Esto no es un fenómeno generalizado en la sociedad dado que, por ejemplo, en los indigentes o pobres (que también mejoraron sus condiciones de vida objetivamente) mejoró el bienestar subjetivo y se redujo el sentimiento de pobreza subjetiva. Lo anterior pone en el debate un tema fundamental. Los cambios materiales no necesariamente producen cambios subjetivos o si lo hacen pueden ser prohegemónicos, lo que limita la posibilidad de cambios sociales estructurales.

La sociedad del buen vivir es una propuesta de nuevo orden social. Difícilmente pueden configurarse nuevos sentidos comunes si no cambia la subjetividad de las personas. En ese contexto, además de la importancia que de por sí tiene analizar la relación entre satisfacción con la vida y tiempo, adquiere relevancia conocer si la distribución del tiempo puede o no influir en la subjetividad de los ciudadanos. La no influencia sería un gran problema para seguir avanzando en estudiar al tiempo como instrumento teórico-metodológico evaluador y constructor de sentidos acordes a la filosofía de la vida buena. Es por esto que la evaluación de la eficacia del tiempo como instrumento de impacto en la subjetividad resulta prioritario.

Se constató, en efecto, que el tiempo y su distribución tiene consecuencias en el bienestar subjetivo de las personas. Empíricamente se pudo corroborar que la satisfacción con la vida está en función de las subsatisfacciones en los diferentes espacios de la vida, las cuales a su vez dependen del tiempo asignado a cada subdominio. En otras palabras, la satisfacción con la vida 192

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en general está en función de la distribución del tiempo en cada espacio de la vida. El tiempo que se dedica a la familia, amigos, educación, etcétera, impacta de modo significativo en la felicidad que producen la familia, los amigos, la educación; y la distribución total del tiempo influye en el nivel de bienestar subjetivo general con la vida.

Difícilmente se trastocará el sentido hegemónico de la vida si sólo se tiene tiempo para trabajar (la mayoría de las veces de forma alienada) o si el tiempo libre se dedica a consumir entretenimiento alienado y no se destina para contemplar arte, participar en espacios públicos, en mingas, con amigos, etcétera. En la distribución del tiempo se halla también el sentido histórico político del tiempo. Más allá de que esté en disputa su sentido, se demostró que el tiempo impacta en los sentidos subjetivos, razón por la cual la distribución del tiempo se puede constituir en una heurística apropiada para disputar el propio sentido del tiempo al buscar nuevos órdenes temporales acordes a la sociedad del buen vivir.

La Esperanza de Vida Buena (evb)8 Sin deseos de simplificar el análisis del tiempo, es necesario proponer indicadores sintéticos que permitan cuestionar el indicador hegemónico monetario liderado por el producto interno bruto (pib) y que esté más cercano a los principios de la vida buena. Una propuesta para Ecuador constituye la Esperanza de Vida Buena (evb). Difícilmente se podrá construir un orden social alternativo si el dinero es la unidad de evaluación del desempeño de Para un análisis detallado de la metodología empleada en el cálculo de evb véase Ramírez (2012, 2018).

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la sociedad. Siguiendo la propuesta de esta investigación, la evb se elabora usando el tiempo como unidad de análisis.

Este indicador se compone de cuatro campos: la vida, lo bueno de la vida (incluido el trabajo emancipador), lo que permite su florecimiento (educación y salud) y la desigualdad en la distribución del tiempo. Es pertinente resaltar que pone en el núcleo del debate no la acumulación del dinero, sino el florecimiento de la vida buena. La mayor esperanza de vida debe ser vivida saludablemente y bien vivida, con la intención de romper las distancias que nos separan del «otro». La evb busca definir qué proporción de la vida (en promedio) ha dedicado cada territorio para el conocimiento, la contemplación, el ocio o el trabajo emancipador, el amor, la amistad, la participación pública (civil o política) y la participación democrática de una manera saludable. Dicho indicador puede ser sopesado por la satisfacción subjetiva que genera el tiempo para la vida buena.

Un ecuatoriano promedio vive 32.4 años bien vividos, lo que significa que 52.9% de su vida ha vivido dignamente. En los últimos cinco años, la evb ha tenido un crecimiento anual de 1.6%. La distribución de la vida bue-

na ha sido dispar. Mientras existen territorios como Cuenca, que tiene una evb de 36 años, otros que se localizan en la Amazonía no llegan a 25 años.

Sin incluir las horas de sueño en el tiempo bien vivido, la evb de un ecuatoriano promedio es de 10.6 años.

De la misma forma, se advierte la relación inversa entre desigualdad y evb. En otras palabras, la concentración del tiempo y del ingreso impacta

en el tiempo para la vida buena de los ecuatorianos. Por otra parte, la desigualdad económica convive con desigualdades temporales; es decir, los territorios con alta desigualdad de ingresos también son territorios con alta concentración de tiempo para la buena vida. Finalmente, se ha probado que 194

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si bien hay ritmos diferentes de cambio entre ciudades y provincias del país, a través de la evb se constata que éstos convergen en el lustro analizado; en los territorios más rezagados la evb creció a mayor velocidad que en aquellos que se encontraban mejor en el año 2007, disminuyendo la desigualdad territorial.

La evb debe ser leída concomitantemente a la evn. El sumak kawsay, la vida buena, no puede ser entendida sin que se realice en armonía con la Pachamama. El bien relacional alude no sólo a la interdependencia sino a la ecodependencia que garantiza la pluralidad de vidas que existen en la Pachamama. Así como cada año uno de los debates nodales en nuestra democracia es cuánto creció el pib, se debería discutir y ser tema y problema público: ¿cuánto creció la evb?, ¿por qué varió?, ¿qué territorios se están rezagando?, ¿dónde hay retrocesos?, ¿qué sucede con la evb de los pueblos indígenas, afroecuatorianos o montubios?, ¿ha aumentado la concentración del tiempo bien vivido?, ¿se ha deteriorado o se ha regenerado la evn?, entre otras interrogantes. Tener tal discusión implicaría que el sentido común de lo que se valora socialmente estaría trocando de ser «el dinero» a ser «la vida buena».

La construcción de la economía capitalista necesita de la unidad de análisis dinero a fin de reproducirse. La sociedad del buen vivir —como se ha sugerido a lo largo de estas páginas— necesita del tiempo/vida como variable focal para configurarse. Es por eso que es preciso construir un aparataje teórico-político que lo sustente y uno metodológico-empírico. De hecho, se evidenció que el usar como unidad de análisis el tiempo y no el dinero permite describir el mismo momento histórico desde otro prisma (desde otra mirada), que la nueva narrativa conduciría a proponer alternativas de intervención social ligadas al objetivo común del sumak kawsay. Así, por ejemplo, cuando el objetivo de la educación es incrementar los retornos laborales se

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construye un juego de suma cero: «es mejor que menos personas tengan acceso a la educación porque así incrementa el retorno financiero de un año más de escolaridad». Al poner como centro la educación para la construcción de seres humanos fraternos y ciudadanos, el juego es de suma positiva: mientras más individuos se educan, más florece el individuo y la sociedad.

Desde los excluidos y explotados de la historia: la vida buena como sustantivo crítico y ucrónico De Sousa expone en su marco analítico de las Epistemologías del Sur que si bien la teoría crítica ha sido dueña de un conjunto vasto de sustantivos, en las últimas décadas pasó a caracterizarse y distinguirse por los adjetivos con que califica los sustantivos de las teorías convencionales: Si la teoría convencional habla de desarrollo, la teoría crítica hace referencia a desarrollo alternativo, democrático o sostenible; si la teoría convencional habla de democracia, la teoría crítica plantea democracia radical, participativa o deliberativa; lo mismo con cosmopolitismo, que pasa a llamarse cosmopolitismo subalterno, de oposición o insurgente, enraizado; y con los derechos humanos, que se convierten en derechos humanos radicales, colectivos, interculturales (De Sousa, 2011:25).

Adjetivar, como recuerda el intelectual portugués, «permite entrar en un debate pero no le permite discutir los términos del debate y mucho menos discutir el por qué de la opción por un debate dado y no por otro» (De Sousa, 2011:25). De esta forma, la hegemonía genera los límites sobre qué debatir.

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Se puede sostener que el concepto de «vida buena o sumak kawsay» es un sustantivo crítico, pero sobre todo utópico/ucrónico. Se debe tener claro que no necesariamente la teoría crítica se transforma en teoría para la acción y, por ende, tampoco para la transformación. Se han construido grandilocuentes diagnósticos de lo que el capitalismo o el colonialismo implican, pero éstos no se traducen de manera automática ni necesaria en propuestas para la praxis política. La defensa de la vida buena como sustantivo se puede hacer desde tres aristas: la ética epistémica, la teoría filosófica y una justicia intergeneracional que nace desde los excluidos.

Desde la ética epistémica, la vida buena o sumak kawsay es la cuestión social central que deliberadamente el pueblo ecuatoriano ha decidido poner en la médula del debate para ser conquistada. Algo que nace como voluntad del pueblo no puede ser «un adjetivo» por principio democrático, porque es un mandato social. Quien establece el marco de referencia es la ciudadanía y el buen vivir es el sustantivo a partir del cual debe nacer uno de los primordiales debates públicos dentro de la sociedad.

En términos filosóficos, siguiendo a Martha Nussbaum (2007), se ha sostenido que se debe reconocer que existen dos umbrales que permiten caracterizar una vida como humana. El primero tiene que ver con las capacidades de los seres humanos para realizarse y funcionar dentro de la sociedad. Si existen personas que se encuentran debajo de ese umbral, se podría estar de acuerdo en que su vida no podría llamarse humana. El segundo se refiere a que las funciones y capacidades no sean tan mínimas ni tan reducidas, ya que aunque se consideraría que es una vida humana, no podría afirmarse que es una buena vida o que es una vida digna de ser vivida. Claramente, un nuevo contrato social no debe basarse únicamente en evitar la muerte (mínimos) o prolongar los años de vida, sino que debe conquistar una vida digna de

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ser vivida (máximas): una vida buena. En la ética biocéntrica que plantea la Constitución de 2008, lo que aplica para el ser humano le corresponde también a la Pachamama. En ese contexto, la disputa es por todo el sustantivo crítico y utópico/ucrónico: vida buena o sumak kawsay de los seres humanos y de la Pachamama. No obstante, la vida buena, como un todo, debe ser defendida en el marco de hacer justicia histórica respecto a las ausencias y silencios de la misma, para de esa forma resarcirse en el accionar futuro.

Una de las subpreguntas de esta investigación interroga en qué medida usar al tiempo como unidad de análisis permite capturar las relaciones de poder patriarcal, colonial y capitalista; es decir, las relaciones de explotación, dominación y alienación. En el análisis de las 24 horas de un día resulta menos probable que las ausencias no sean visibilizadas dado que se tiene que leer lo que sucede en el trabajo y el consumo, además de lo que acontece en el espacio doméstico, en la democracia, en los espacios de encuentro social que se generan, en las acciones realizadas (o no) para vivir en armonía con la naturaleza, etcétera.

Se ha podido evidenciar a lo largo de estas páginas que al analizar el tiempo se traslucen las peores injusticias de nuestra era. Si se estudian los años promedio de vida se revela una primera injusticia: el «azar» (que de azar no tiene nada) marca diferencias en cuántos años vivirá una persona frente a otra. Así, por ejemplo, puede constatarse que un ecuatoriano que nace en un territorio predominantemente indígena vive 12 años menos que alguien que nace en un territorio autodefinido como blanco-mestizo. Tal situación muestra con claridad una estructura social excluyente, discriminadora y racista.

Ahora bien, ¿es suficiente condición ética buscar equiparar los años de vida? Al examinar la división sexual del trabajo o la explotación de los 198

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trabajos precarios sin duda puede indicarse que el sustantivo no sólo es la vida, sino que ésta sea buena, digna de ser vivida. Pese a que las mujeres en Ecuador viven siete años más que los hombres, al estudiar su calidad de la vida es mucho peor que la de los hombres. En efecto, mientras las mujeres trabajan sin remuneración 38.4 horas a la semana, los hombres únicamente emplean 9.9 horas a la semana en el mismo tipo de actividad. Referente al tiempo dedicado al trabajo remunerado, las mujeres trabajan casi 11.23 horas más a la semana que los hombres y la mayor cantidad de su tiempo (69%) es no remunerado. No es casualidad que la mujer tenga tres horas menos a la semana de tiempo autónomo emancipador en comparación con los hombres para disfrutar del ocio creador, el arte, el deporte, compartir con amigos, disfrutar de música, participar en mingas o en espacios públicos. No es casualidad tampoco que de los egresos hospitalarios totales 69% sea de mujeres y 31% de hombres.

Mucho menos es casualidad que una trabajadora no remunerada del hogar tenga 6.5 horas menos de tiempo bien vivido que un patrono; que un trabajador con nombramiento tenga ocho horas más de tiempo relacional que un ciudadano que trabaja por jornal; o que en momento de crisis económica, como la que vivió Ecuador en 1999, fueran los trabajadores que no tienen afiliación a la seguridad social los que tuvieron que compensar con más horas de trabajo sus ingresos frente a aquellos trabajadores asegurados.

Desde un punto de vista étnico, los indígenas no sólo viven menos años sino que esos años de vida son de peor calidad que los no indígenas: los que se autodefinen como blancos y mestizos tienen casi 6.3 horas más de tiempo relacional que los indígenas. De las personas enfermas, mientras los indígenas dedican 18.5 horas para cuidar su salud, los no indígenas dedican 11.6 horas a la semana. En otras palabras, de una semana completa, los

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indígenas pasan enfermos casi siete horas más que los no indígenas. Cínicamente, frente a tal discusión la economía ortodoxa sugeriría: ¿cuánto dinero se requiere para compensar la menor esperanza de vida de los indígenas o la mala vida que llevan las mujeres, los trabajadores explotados a lo largo de su existencia? La economía crematística es incompleta e inmoral.

En el análisis del tiempo se expresan las asimetrías de poder más estructurantes de nuestra sociedad porque tratan de la vida misma: el colonialismo, el patriarcado y las relaciones capitalistas. Un nuevo orden temporal implica concretar el mandato constitucional de construir una nueva división sexual del trabajo, un Estado plurinacional e intercultural y una economía social y solidaria que rompa con las explotaciones generadas en las relaciones de producción capitalistas.

Aunque la gramática lingüística subordina el adjetivo «bueno» al sustantivo «vida» (un adjetivo sin un sustantivo usualmente tiene menor significación), la semántica de la ética y de la historia exige la no subordinación de lo bueno a la vida. Por ello, por las mujeres, por los indígenas, por los precarizados, por los explotados, por los discriminados y por los excluidos del mundo, la lucha utópica/ucrónica es: ¡la vida buena como sustantivo!

Epílogo: ucronías y cronopolítica «No por mucho madrugar, amanece más temprano», dice un refrán popular. La carrera contra el tiempo es la carrera más absurda que está librando la humanidad. El tiempo de la aceleración que vivimos conduce a que se busque vivir la velocidad en detrimento de vivir el tiempo, que es la vida. Tal autocompetencia por buscar cada instante nuevos mecanismos de 200

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aceleración está matando al tiempo del tiempo, que no es otra cosa que asesinar nuestra propia existencia. Podría argumentarse que el imaginario del tiempo lineal se ha detenido, para dar paso a la imagen donde el ser humano se asemeja al hámster enjaulado que corre sobre una rueda para ejercitar sus músculos e intenta cada vez hacerlo más rápido, pero sin tomar conciencia de que sigue inmóvil en el mismo sitio: vamos más rápido pero no sabemos si avanzamos o, si creemos que avanzamos no sabemos hacia dónde, incluso es bastante probable que estemos retrocediendo.9 Ironizando lo dicho por Jeremy Rifkin en la obra citada, pese a que el Homo sapiens es el único animal que puede «sujetar el tiempo», a la vez parece ser también que es el único animal que se puede dejar «sujetar por el tiempo». Desde un punto de vista filosófico puede argumentarse, a escala humana, se está asimilando tiempo con movimiento, pero «el tiempo no es movimiento» —como lo señaló ya Aristóteles (1994)—; y se pierde la perspectiva de que la vida, en última instancia, es tiempo y que el tiempo es existencia de vida, como bien lo defendía Heidegger (1996).

El general intellect llamado sociedad ecuatoriana, en 2008, decidió desafiar el sentido de la era y poner en el centro del debate, de la cuestión social, a la vida buena. Tal acción comprende un cambio estructural del orden social desde sus raíces, lo cual conlleva disputar el orden temporal actual y construir otro ligado a las aspiraciones sociales planteadas en el El diario británico Independence publicó en octubre de 2016 un artículo significativo al respecto: «Children of Thatcher era have half the wealth of the previous generation», https://www. independent.co.uk/news/uk/politics/margaret-thatcher-generation-80s-children-wealth-halfamount-ifs-study-a7338076.html, visitado última vez el 5/30/2018. El reporte del Institute of Fiscal Studies concluye: «People born in the early 1980s are the first post-war generation to suffer smaller incomes in early adulthood than those born 10 years before». Como se indicó anteriormente, en Estados Unidos la esperanza de vida parece estar disminuyendo por primera vez desde 1993.

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nuevo pacto de convivencia; es decir, concretar la ucronía de otros tiempos (incluidos sus sentidos) para la buena vida.

A lo largo de la historia, el conflicto por el ritmo de la vida siempre ha sido uno de los centros de lucha por el poder. Disputar otro ritmo y orden temporal es disputar el poder hegemónico. El nuevo orden social planteado en Ecuador, por lo tanto, implica otra cronopolítica; es decir, una política que dispute el orden y sentido del tiempo en los ámbitos social, económico, ecológico y cultural. A partir de la reflexión de lo escrito en estas páginas, en el marco de la búsqueda de la construcción de un nuevo orden temporal y siendo conscientes de la incompletud de las mismas, se plantea un decálogo de ucronías para caminar y disputar la concreción y el sentido de la construcción de la sociedad del buen vivir: Ucronía i: una esperanza de vida (buena) no dependiente del azar. Se necesita seguir construyendo una temporalidad donde siga creciendo la esperanza de vida y sobre todo que la población de cualquier territorio tenga igual tiempo de vida (promedio). La ucronía entraña que el tiempo de vida no depende del azar, del lugar en que se nace ni del sexo, etnia, clase social o religión que se tenga. Una esperanza de vida buena incluye garantizar una muerte digna, empezando con tener condiciones dignas para enterrar a nuestros muertos, según las costumbres de cada pueblo.

Ucronía ii: otro orden temporal implica una nueva división sexual del trabajo. Las brechas sexuales de carga de trabajo, en concreto en la esfera de la economía del cuidado, estructuran el tiempo autónomo para la vida buena en la sociedad. Respetando la diversidad de tempos, la ucronía radica en que exista una igual distribución del tiempo de trabajo asalariado y no asalariado entre ambos sexos. En la esfera del mercado, eso significa igual valoración salarial entre hombres y mujeres y que el denominado «costo laboral» 202

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reconozca al momento de la negociación salarial que la condición de posibilidad material del tiempo de trabajo asalariado es el tiempo de trabajo no asalariado. La ucronía ii presupone, por ejemplo, que el tiempo de paternidad y maternidad sean los mismos (y sus cargas respecto a la reproducción de la vida del infante) y que exista la oferta necesaria no mercantil de provisión de servicios y recursos para el cuidado de niñas y niños, discapacitados y ancianos, para las familias que lo necesiten.10 Si bien la utopía debería ser que no existan trabajos indeseables, en el mientras tanto, de la misma forma habría que distribuir democráticamente los trabajos no deseados en la sociedad sin distinción alguna. La ucronía ii es un orden temporal feminista donde se da la abolición del patriarcalismo.

Ucronía iii: caminar hacia un sistema productivo en el que el tiempo no sea valorado como recurso y los bienes relacionales no sean instrumentalizados. En esta ucronía el tiempo deja de tener valor de cambio y la relación en sí misma se constituye como bien (no mal). Socialmente, ningún minuto de la vida o segundo tiene supremacía sobre otro minuto o segundo. Tal perspectiva conlleva que se rompa la escisión entre el mundo del trabajo y el mundo de la vida. Mientras tengamos a Immanuel Kant, Luis Buñuel, Marie Curie, Albert Einstein o Alice Munro que hagan sus obras maestras no en el tiempo de trabajo sino por fuera del mismo, difícilmente existirá un tiempo de trabajo no alienado. Como se ha demostrado, en Ecuador, en el mejor de los casos, cerca de 9 de cada 10 ciudadanos no se realiza en su puesto de empleo. La ucronía no es que se trabaje menos sino que el ser humano florezca De la misma forma se deben auspiciar, como sostiene Damián, políticas universales dado que promueven políticas con enfoque de género, y eliminar la condicionalidad de las políticas sociales de los programas focalizados que aumenta la presión del tiempo de las mujeres, ya que suelen ser las responsables de hacerlas cumplir (2014:296).

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en el trabajo y en el resto de la vida. Tal situación comprende nuevas formas de organización y de propiedad de la economía en las que no se pueda dar apropiación/explotación del trabajo de ninguno de sus miembros hacia otro. Concerniente a Ecuador, tal sistema productivo supone construir una economía social y solidaria.

Ucronía iv: el horizonte debe ser una ecología de ucronías. El nuevo horizonte temporal en la sociedad del buen vivir debe construir una ucronía donde quepa una pluralidad de ucronías; es decir, construir una temporalidad que permita la convivencia en igualdad de múltiples temporalidades culturales y sociales. El respeto para la convivencia de la pluralidad de temporalidades es el reconocimiento no sólo de la subjetividad sobre la intensidad del tiempo, sino que la generación y disfrute de bienes relacionales entraña el respeto irrestricto a que, en la simultaneidad de la historia, existen ritmos temporales diferentes. Es decir, aceptar que existen muchos tempos en un mismo tiempo. Acoger una convivencia de ucronías es condición de posibilidad de la construcción de un Estado y una sociedad plurinacional e intercultural y la construcción de un cronos verdaderamente democrático.

Ucronía v: un nuevo orden temporal para garantizar una justicia intertemporal de la vida humana en armonía con la de la naturaleza. La cronopolítica de la ucronía v atraviesa al menos cuatro esferas. La primera, debido a su importancia, fue enunciada en la ucronía iv y alude a que en el presente se necesita asegurar la convivencia en igualdad de condiciones de diferentes temporalidades humanas. Ahora bien, en el marco de la historia y el futuro, la justicia intergeneracional implica, en segundo lugar, hacer justicia para los grupos históricamente excluidos ya sea por el patriarcado, el colonialismo o el sistema capitalista. En tercer lugar, en el marco de porvenires posibles, se 204

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busca construir un sistema con el propósito de que las generaciones venideras gocen de igual o más tiempo para la vida buena. Finalmente, la justicia con las generaciones futuras envuelve también la garantía del respeto de los derechos de la naturaleza, es decir, la garantía de que pueda existir una vida armónica entre la temporalidad humana y la de la naturaleza. Volver a recuperar la mirada de la indisociabilidad del tiempo y el espacio de la vida en aras de remediar los desacoplamientos entre tiempo del sistema de producción, tiempo de reproducción de la vida y tiempo de la naturaleza, es condición de posibilidad de la ucronía v. En otras palabras, la ucronía v parte de la toma de conciencia de que la humanidad es interdependiente en términos generacionales y que tal interdependencia expresa una ecodependencia de la temporalidad humana con la de la naturaleza.

Ucronía vi: edificación de un sistema de relaciones de intercambio ecotemporales iguales. La socioecología política del tiempo no debe ser pensada en función únicamente de cada comunidad política. También debe repensarse en el marco de la comunidad mundial. Si la ucronía pone en el centro a la vida, se debe buscar un sistema internacional más justo en el intercambio de vida material (vida humana, biodiversidad y recursos biofísicos que garantizan la reproducción de la vida) e inmaterial (educación, cultura, ideas, ciencia, saberes, innovación). Tal ucronía incluye una cronopolítica que demande el pago de la deuda ecotemporal de los países del «centro» hacia los «periféricos». A su vez, implica un reconocimiento del mundo de que la mayor evn está en los países del Sur, lo cual es garantía de que exista futuro.

En el otro lado, la cronopolítica pasa por disputar la distribución de la vida inmaterial de los conocimientos; es decir, recuperar el carácter público y común de los mismos, a través de nuevas ingenierías institucionales de propiedad intelectual y de otra gestión referente a la creación y apropiación de los

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conocimientos, la ciencia y la tecnología. El conocimiento, al final de cuentas, es el acumulado temporal de los múltiples general intellect de la humanidad a lo largo de su historia. En otras palabras, la ucronía alude también a tener una distribución equitativa desde una perspectiva de justicia intergeneracional (pasado, presente y futuro) del acumulado que ha generado la vida material (biodiversidad) e inmaterial (conocimientos) a lo largo de su historia.

Ucronía vii: construcción de una espacialidad ucrónica. Espacios inseguros por la violencia, barrios cercados por el miedo, masificación de un sistema de transporte privado, pocos parques públicos y vacíos, son la antítesis de lo que supondría una espacialidad diseñada para producir una ucronía para la buena vida. Si no existen espacios de encuentro común suficientes o si existen pero nadie los usa por miedo o porque es costoso, esa espacialidad no propicia otra temporalidad. Si se pierden más horas en movilizarse que el tiempo para compartir el almuerzo con los amigos o la familia; o si en tal espacialidad el acceso a la posibilidad de creación y disfrute de cultura es excluyente y elitista, no se está pensando en una ciudad o territorio acorde a la construcción de bienes relacionales. El espacio debe ser pensado para facilitar el encuentro y el florecimiento de la vida buena.

Ucronía viii: derecho al tiempo para la vida buena. La sociedad utilitaria ha organizado la vida en función del trabajo y el consumo. La ucronía vi implica disputar una cronopolítica con el objetivo de que el centro de las actividades humanas sea el tiempo para la vida buena. En la transición se deben construir las condiciones de posibilidad para que se garantice el derecho a una base de horas al día dedicadas a vivir un tiempo emancipador para la buena vida. No obstante, el fin es que la vida en sí misma se constituya en un tiempo emancipado y emancipador para la vida buena. La construcción ucrónica de un tiempo autónomo para la buena vida que incluye un trabajo 206

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emancipador en el que florece la humanidad del ser humano significa romper con cualquier estado de necesidad. Ello retrotrae un debate que debe ser colocado en el primer plano de la esfera pública: construir un pacto social por un sistema tributario y de seguridad social que garantice el derecho a un ingreso o dividendo ciudadano universal (Van Parijs, 1996).11 La desmercantilización de las relaciones de trabajo y la emancipación en el mismo sólo se pueden conseguir si el individuo no se encuentra en estado de necesidad o de sobrevivencia. Asimismo, la vida inmaterial (conocimientos, saberes, ideas, ingenio, producción científica) debe tener como fin no la acumulación de capital sino la liberación de tiempo para el disfrute de la vida buena. Tal situación comprende la recuperación del sentido público y común de los conocimientos en el marco del respeto de la pluralidad de saberes existentes y de garantizar la soberanía de nuestros pueblos. Por último, la cronopolítica de la ucronía vi conlleva no sólo buscar un trabajo no alienado sino un tiempo libre no alienado. La «ocupación» del tiempo libre y el «aburrimiento» son señales claras de un tiempo libre alienado; es decir, si la sociedad o el individuo no sabe qué hacer con su tiempo libre, razón por la cual se aburre en el mismo, es símbolo de un tiempo no emancipado que mal podría llamarse libre. En tal sentido, la vida es buena en tanto es genuinamente libre.

Ucronía ix: otra subjetividad temporal para la vida buena. Con la subjetividad que genera el capitalismo acerca del tiempo difícilmente se podrá construir otra ucronía. Dicha subjetividad empieza con otra distribución del tiempo, pero no se agota en la misma. El nuevo orden temporal debe En el continente más desigual del planeta, la pobreza no es consecuencia de falta de recursos sino de excesiva desigualdad. En Ecuador, con menos de la riqueza de 5% de su población se podría superar toda la pobreza del país (Ramírez y Burbano, 2012). Este debate escasamente dado en la región debe constituirse en agenda pública para disputar el sentido del tiempo en una nueva era.

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articularse con un nuevo sentido común de la nueva temporalidad en disputa.12 La subjetividad del tiempo debe transformarse con la intención de dejar de ser un mecanismo instrumental de acumulación de capital, para edificar una ucronía que recupere al tiempo como vida buena en el marco del reconocimiento de la pluralidad de ucronías que confluyen en un mismo tiempo.

Ucronía x: de cronos a kairós o del tiempo del reloj al tiempo de la vida buena. De acuerdo a la filosofía griega (griego antiguo), mientras kairós es de naturaleza cualitativa, cronos es cuantitativo. Cronos es el tiempo secuencial, kairós es el momento de máxima plenitud. Metafóricamente, puede decirse que la era que vivimos es la era del cronos, la era cuantitativa, la era en la cual el nanosegundo es más relevante que el segundo porque lo que importa es la exactitud del tiempo del reloj (porque el tiempo es oro) y en qué medida la precisión de la medida ayuda a producir mayor aceleración (para generar mayor acumulación del capital). Una de las alienaciones más profundas se produce cuando el ciudadano común vive para y por el reloj sin tener control sobre el tiempo de su vida. El reloj es el tiempo y la vida es el tiempo del reloj. En este marco, la reinvención del tiempo en tanto ucronía es también la reinvención de la apropiación del sentido del reloj (¿se podría pensar una sociedad sin reloj13 o con otro reloj? 14). Un nuevo orden Una nueva subjetividad contrahegemónica no puede ser cooptada por el sistema capitalista. Frente a la aceleración de la vida, las propuestas de construir ciudades lentas (slow) parecía una alternativa. No obstante, éstas terminaron siendo un buen negocio porque cubrían una necesidad social y entraron en una lógica capitalista.

13 Al respecto, el físico Rovelli afirma que «las ecuaciones fundamentales de la gravedad cuántica están elaboradas, de hecho, de este modo: no tienen una variable tiempo, y describen el mundo señalando las posibles relaciones entre las magnitudes variables» (Rovelli, 2018:90). En la física cuántica moderna no sólo se analiza el mundo sin medir nada a través del reloj, sino que la variable tiempo desaparece.

14 Levine explica: «Un intento, bastante radical, de cambio temporal formó parte de la Revolución francesa. En 1793, la Convención Nacional Francesa estableció un ‹calendario 12

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temporal debe recuperar otro cronos. Un cronos que no sirva como instrumento de vigilancia de nuestros cuerpos, sino que permita su disfrute. Un cronos que no sirva para ordenar un sistema para la acumulación del capital, sino uno que coadyuve a des-ordenar el tiempo para la vida buena y su florecimiento. Un cronos que no restrinja las opciones de ordenar nuestras vidas, sino uno que expanda su abanico de opciones. Un cronos que no se piense sin su correspondiente kairós. Un cronos que no esclavice, sino que potencie otras ucronías. En suma, la ucronía x busca recuperar un sentido del tiempo que no sea el de la velocidad en su constante búsqueda de la aceleración, sino que sea el del propio tiempo; es decir, el de la vida, el del acontecimiento, el de la existencia plena, digna, buena.15 ¿Seremos capaces como especie humana de reinventar nuevas ucronías, nuevas temporalidades, nuevas formas de organizar y dar sentido al tiempo, que no es otra cosa que repensar la propia existencia de la vida? El decálogo revolucionario› para reemplazar el gregoriano. Entre otras cosas, el nuevo calendario declaraba que el año de 1792 de la era cristiana sería el año uno del nuevo calendario republicano; cada año nuevo debía comenzar el día 22 de septiembre del antiguo calendario; los meses tendrían 30 días y se añadirían cinco días al final del año; los meses se dividirían en tres ciclos de 10 días; los días se dividirían en unidades de 10, en vez de 24 horas. Se llegó a pronunciar que el tiempo, a partir de ese momento, se mediría en unidades de décadas (minutos decimales y segundos decimales» (2006:110).

15 A escala no humana y desde la disciplina de la física cuántica moderna se llega a la conclusión de que el mundo está hecho de eventos, no de cosas: «El mundo es una red de acontecimientos. Una cosa es el tiempo con sus numerosas determinaciones, y otra el simple hecho de que las cosas no ‹son›: acontecen. La diferencia entre cosas y eventos es que las cosas permanecen en el tiempo. Los eventos, en cambio, tienen una duración limitada. Un prototipo de cosa es una piedra: podemos preguntarnos donde estará mañana. Mientras que un beso es un evento: no tiene sentido preguntarse adónde habrá ido el beso mañana. El mundo está hecho de redes de besos, no de piedras» (Rovelli, 2018:75 -77). Dentro de esta disciplina se puede señalar que «la teoría no describe cómo evolucionan las cosas en el tiempo, sino cómo cambian las cosas unas con respecto a otras, cómo acontecen los hechos del mundo unos con respecto a otros. Ese es todo» (2018:92).

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ucrónico es planteado como tesis para repensar otro orden temporal. Si la alienación del tiempo es la alienación de la vida, la disputa por el tiempo emancipado es la disputa por la vida emancipada. Si las sociedades necesitamos un nuevo orden social, éste no será posible sin un nuevo orden temporal puesto que en la estructuración y sentido que demos al tiempo nos estamos jugando la misma vida. Esta investigación plantea retomar la discusión para disputar el sentido del tiempo, ¡un tiempo para la vida buena, porque la urgencia por un futuro lo exige!

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D E B A T E

Los microbios interpelan a las terapias Guillermo Foladori1 Resumen. El covid-19 ha sido la causa inmediata de la más profunda crisis de la sociedad moderna. Este artículo trata de un aspecto de esta crisis: el papel de la medicina capitalista hegemónica. El enfoque no es técnico sino social; no se refiere a la eficacia del diagnóstico o sus medicamentos, sino a la trayectoria teórica y metodológica de largo alcance. El objetivo es llamar la atención sobre cómo la medicina capitalista hegemónica ha roto radicalmente con las tradiciones médicas precapitalistas, sin considerar oportunidades en ciencia y tecnología que podrían resultar más eficientes para atender la salud de la población, pero desechadas por seleccionar un camino más rentable para la industria farmacéutica.

Palabras clave: covid-19, biomedicina, pandemia, virus.

Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México. gfoladori@gmail.com 1

issn impreso 2448-5020

issn red cómputo 2594- 0899

Guillermo Foladori

The germs are demanding new therapies Capitalist medicine is the wrong prescription for modern illnesses

Abstract. covid-19 has been the immediate cause of the deepest crisis of modern society. This article deals with one aspect of this crisis: the role of the hegemonic capitalist medicine. The approach is not technical, but social; it does not focus on the efficacy of the diagnosis or its remedies and medications, but on the long-range theoretical and methodological trajectory. The purpose is to draw attention on how hegemonic capitalist medicine has radically broken with precapitalist medical traditions, disregarding opportunities in science and technology that could be more efficient to attend the health of the population, but discarded for selecting a more profitable path for the pharmaceutical industry.

Keywords: covid-19, biomedicine, pandemic, virus.

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Los microbios interpelan a las terapias

Introducción

A 10 meses de desatada la pandemia de la covid-19 hay 1 millón 140 mil muertos acumulados. Se trata de la primera pandemia global provocada por un retrovirus. A pesar que algunos gobiernos e instituciones preveían una pandemia causada por un coronavirus desde hace más de una década, puede decirse que la covid-19 tomó por sorpresa al mundo entero, debido a la virulencia, rapidez y amplitud con que alcanzó nivel planetario en pocos meses.

Pareciera absurdo que con la tecnología que actualmente se tiene, que permite la secuencia genética y análisis filogenético de un virus en minutos, como de hecho se hizo con el sars-cov-2 que dio origen a la pandemia,2 junto a sofisticados softwares de procesamiento de datos globales (Big Data), y la posibilidad de monitoreo permanente de condiciones de salud (Grubaugh et al., 2019), no pueda establecerse un sistema mundial eficiente de predicción de epidemias. En los últimos 10 años los medios vienen reportando lo que han denominado la revolución industrial 4.0, siendo que la base de ella es la alta conectividad entre bases de datos, equipos industriales, y sistemas de transporte y comercio. No obstante, todo indica que la industria 4.0 no llegó a la salud pública mundial.

La pandemia ha cuestionado el desarrollo capitalista, y particularmente a muchos de sus sectores económicos, como causantes de las condiciones favorables para que surja la pandemia y cobre tantas víctimas.

También el sector salud, en concreto la salud pública, ha sido cuestionada, El virus fue aislado el 7 de enero de 2020 y su secuencia genética se dio a conocer cinco días después (World Health Organisation, 2020).

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principalmente por el abandono que sufrió en muchos países como resultado de las políticas neoliberales desde la década de 1980. Esas políticas tendieron a privatizar sectores antes públicos y cuando no privatizaron redujeron significativamente el financiamiento, con lo cual la salud pública perdió capacidad de reacción frente a una pandemia novedosa por su alto potencial de contagio, por hacer estragos en la salud de los pacientes, y porque ninguno de los fármacos existentes ha resultado significativamente útil, luego de haberse experimentado con una gran variedad durante tantos meses.

Aunque todas las causas que se adjudican como favorables para la explosión de la pandemia sean ciertas, resta discutir si las principales terapias son efectivas para reducir o impedir la expansión de la pandemia y el surgimiento de otras semejantes. Este artículo trata específicamente de las principales características de la moderna medicina capitalista, señala algunos aspectos que generan dudas sobre la capacidad terapéutica cuando enfrenta a epidemias del calibre de la covid-19.

Comprende cinco apartados además de esta introducción y las conclusiones. En el segundo se destacan características generales de la covid-19, su potencial origen y sus probables causas. En el tercero, se realiza

una síntesis del desarrollo histórico de la medicina en épocas precapitalistas. Esto es imprescindible para entender el radical cambio que sufre la medicina una vez inmersa en el modo capitalista de producción, que se analizará posteriormente. En el cuarto apartado se muestran los aspectos clave en el cambio de las condiciones de vida bajo relaciones capitalistas y la manera en que ellos, y el bagaje ideológico asociado, cambian el rumbo de la medicina heredada de tiempos pretéritos. Se mencionan también los medicamentos estrella (vacunas y antibióticos) con los que la medicina 216

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capitalista conquista hegemonía. El quinto individualiza los principales periodos de crisis de la medicina capitalista, como resultado de la pérdida y el cuestionamiento de la efectividad de sus principales medicamentos terapéuticos. De igual modo, se exhiben aquí los mecanismos de carácter político, jurídico y administrativo que el sistema capitalista utiliza para contrarrestar los momentos de crisis y garantizar la hegemonía de su terapia estrella. El sexto apartado establece la conexión de la pandemia de la covid-19 y su tratamiento con la trayectoria anteriormente analizada.

Las conclusiones sintetizan la preocupación principal del artículo.

El triunfo de los microbios y la pandemia de la covid-19 Transcurridos 10 meses de desatada la pandemia y con un ritmo de más de 5 mil muertos diarios, no se vislumbra un fin. Dependerá más de la retira-

da de los microbios que de los mecanismos humanos de control.

La pandemia ha puesto en evidencia lo que diversos grupos sociales venían alertando desde hace décadas: el carácter insustentable del desarrollo capitalista. Diversas publicaciones científicas mencionan ejemplos de la conexión entre la covid-19 y diversos sectores económicos.

Se menciona, por ejemplo, la degradación ambiental, la producción animal confinada, o la agricultura química y de monocultivo, junto a la deforestación como probable causa del surgimiento y expansión de la pandemia (Wallace, 2016). La Organización Mundial de la Salud (oms) ha reconocido que la covid-19 está asociada a la destrucción de la naturaleza (Carrington, 2020).

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En efecto, el sars-cov-2, que produce la enfermedad covid-19, es de la familia coronavirus y del género betacoronavirus, y es un virus zoonótico. El virus pertenece al subgénero sarbecovirus, y tiene la mayor afinidad genética (96.2 por ciento) con un coronavirus extendido entre murciélagos. Esta afinidad lleva a considerar que el sars-cov-2 puede tener su origen en los murciélagos, transmitido y mutado en otros animales. 3 Los murciélagos serían el repositorio natural más probable de la variedad más cercana al sars-cov-2 (Cheng et al., 2007; Vellingiri et al., 2020); hay estudios que indican que la deforestación, la agricultura y la ganadería de escala son la causa de la expansión de los murciélagos (Afelt et al., 2018).

Otros investigadores ponen el acento en las precarias condiciones de salud de la población, que facilita el contagio y la enfermedad; con su causa en elementos que degradan los ecosistemas y terminan alterando funciones orgánicas, como en el caso de micro y nanopartículas de químicos tóxicos que están en prácticamente todas las cosas de uso cotidiano, y que su degradación termina incorporándose a las diversas cadenas tróficas (Heindel y Birbaum, 2020; ipen, 2020). Otra causa que podría deteriorar la salud es la expansión de las radiaciones provocadas por el sistema de comunicaciones 5g (Attkisson, 2019; emfscientist.org, 2017; Ketcham, 2020).

También es relevante el hacinamiento en ciudades, la inequidad, el desempleo y la pobreza (Kaufmann et al., 2009); sin descartar otras muchas causas como el aumento del transporte, el movimiento de personas y mercancías en las últimas décadas.

Las correlaciones estadísticas son elocuentes de la relación entre pobreza y desigualdad para explicar el diferente impacto de la enfermedad Así ha sido, probablemente en el caso de la epidemia de sars-1 en 2003, con la civeta como intermediario (Paguma larvata) (Cheng et al., 2007).

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en los pacientes. Una investigación de la Harvard School of Public Health para más de 3 mil condados de Estados Unidos establece la correlación entre muertes por el coronavirus y pacientes previamente enfermos por habitar en zonas con una larga historia de contaminación aérea y de pobreza.

Destacan en peor situación los afroamericanos, grupo étnico más pobre del país.4 En la ciudad de Chicago los afroamericanos representan 30 por ciento de la población; no obstante, en los primeros días de abril de 2020, los muertos por el coronavirus alcanzaron 70 por ciento. En Wisconsin representan 6 por ciento de la población y 40 por ciento los decesos. En el «Cancer Alley» de Luisiana la población tiene 50 por ciento más probabilidades de tener cáncer que el americano medio; una región plagada de refinerías y plantas petroquímicas, donde los afroamericanos (32 por ciento de la población) rondaban 56 por ciento de las muertes por el coronavirus (Wu et al., 2020).

Los ejemplos anteriores apoyan las principales teorías epidemiológicas, mismas que consideran que cuando mejoran las condiciones de vida disminuye la probabilidad de epidemias. La epidemiología sostiene de igual manera que el cambio en los ecosistemas, incluyendo el humano, explica el resurgimiento de viejas enfermedades infecciosas y el surgimiento de nuevas (Evans et al., 1994; McKeown, 1991). Cada cambio en la forma de producir, en la organización de la sociedad, en la utilización de los ecosistemas significa una modificación de la tela de la vida, de la cual los microbios son parte. Las sociedades precapitalistas conocieron variedades de enfermedades y epidemias y, a la par con los cambios en las formas de producción, se creaba un modo particular de producción de enfermedades.

En los Estados Unidos los afroamericanos constituyen el 27.4 por ciento de los pobres, siendo el 12.7 por ciento de la población (Economic Policy Institute, 2018).

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La revolución neolítica, por ejemplo, basada en el excedente regular y almacenable en cereales o en ganado vivo domesticado, provocó el desarrollo de varias enfermedades de origen zoonótico por causa de la convivencia con animales.

Estas críticas al capitalismo en general y a sectores en particular se han planteado desde los 1970. En las últimas tres décadas conceptos como el principio de precaución, el análisis del ciclo de vida de los procesos productivos y la economía circular guían la atención a lo que tradicionalmente no se consideraba un problema de salud, como son los efectos de esos procesos o sectores productivos en el ecosistema como un todo.

Hay un sector que, sin embargo, ha quedado inmune al cuestionamiento. Se trata del sector biomédico. Podría tomarse como una paradoja, porque mientras se cuestiona el papel de diversos sectores económicos capitalistas se deja de lado uno que también lo es, y hasta se apuesta en él como solución. En este artículo incursionamos en el aludido aspecto, el cual ha sido poco analizado con relación a la pandemia y al capitalismo.

Cabe mencionar, que debido a su amplitud, tomaremos un elemento central: los dos medicamentos con los que la moderna medicina capitalista ha logrado su hegemonía a escala mundial y ha marginando otras alternativas terapéuticas.

La medicina en épocas precapitalistas La medicina es una rama de la división social del trabajo con particularidades propias. Tiene como objeto de trabajo el cuerpo humano, al igual que ocurre con la cosmética, los deportes, ciertas artes y, en menor medida, la 220

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industria de la alimentación. Esto es una diferencia frente a la mayoría de las otras ramas que tratan con la naturaleza externa al cuerpo humano. El organismo humano como objeto de trabajo de la medicina no está aislado del contexto en que vive, de manera que la medicina debe contemplar las interrelaciones del organismo con el ambiente, lo que puede generar desequilibrios al interior del primero. Ambos elementos, el externo y el interno, pueden alterar el equilibrio de salud de las personas. Al surgir la epidemiología demuestra que cuando existen enfermedades extendidas en una población sus causas son ajenas al comportamiento individual de la persona, son colectivas, y deben ser enfocadas con políticas económicas, sociales y de salud pública (Evans et al., 1994).

La medicina y sus terapias es tan antigua como el Homo sapiens y, posiblemente anterior. Es sabido que vegetales con propósitos medicinales son usadas por una amplia gama de animales. Chimpancés y gorilas registran varias decenas de usos medicinales de plantas y puede intuirse que todos los antepasados del Homo sapiens los utilizaban (Hardy, 2018). Hay indicaciones que el Homo neandertal usaba plantas medicinales (Lietava, 1992).

Se conocen registros escritos de remedios y prácticas medicinales en el antiguo Egipto desde el 1800 a.c., como el Kahun Gynaecological Papyrus, y, al menos, siete papiros más (Jouanna y Eijk, 2012). La medicina egipcia se trasmite a la griega, árabe, romana, india y, tal vez, a la china (Lewis, 2016; Subbarayappa, 2001). Esta tradición llegó a Europa desde el mundo árabe, y fue sistematizada por el alquimista Paracelso sobre finales del siglo xv.

Si se hace abstracción de las muy diversas diferencias entre las terapias precapitalistas, todas tienen puntos en común. Para nuestros fines nos interesa resaltar tres. Una se vincula con el enfoque holista y vitalista de las

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terapias precapitalistas. El propósito de la terapia precapitalista es restaurar la fuerza vital del paciente (De Klerk, 1979). Este enfoque está incorporado a la tradición milenaria en medicina (antigua medicina egipcia, árabe, china, india, espagírica, alquimia, etcétera) (Federspil y Sicolob, 1994).

Es probable que el escaso desarrollo de las fuerzas productivas de las sociedades precapitalistas creara ideologías y religiones proclives a adaptarse a la naturaleza, antes que enfrentarse a ella. En el nivel de un organismo individual aquel espíritu de adaptación se manifiesta como la búsqueda de la armonía interna y con el entorno. De hecho, no es hasta la revolución industrial que la idea de una naturaleza posible de ser alterada a voluntad penetra todos los poros de la sociedad capitalista (Passmore, 1978).

Recuperar la fuerza vital de un organismo enfermo requiere conocer las características, historia clínica, estilo de vida, y otras particularidades por parte del terapeuta, además del agente externo dado el caso. Tales requisitos explican el segundo punto en común de las terapias precapitalistas: su carácter elitista.

En un afán de considerar este segundo punto en común de las terapias precapitalistas, el elitismo, es necesario dejar de lado en el análisis el extenso conocimiento médico de las poblaciones, basado en la tradición personal y en medicamentos que pueden ser obtenidos en las inmediaciones de la vivienda del paciente. El carácter rural de estas sociedades permite ese conocimiento y prácticas terapéuticas asociadas.

La medicina más especializada, no obstante se encuentra en manos de médicos profesionales que atienden a una élite. Esto es obligado por las características del tratamiento holista, que supone un seguimiento desde la cabecera del paciente durante mucho tiempo. Las decenas o centenas de medicamentos provienen de muy lejanas regiones y variados ecosistemas, 222

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y su preparación exige realizarla en el momento. Muchas de esas preparaciones utilizan fermentaciones especiales, acciones de la luna u otros astros en momentos astronómicos particulares, lo que puede requerir semanas de preparación, según lo señalado por procesos espagíricos heredados de la antigüedad. La medicina precapitalista de vanguardia era medicina para una élite.

El tercer elemento en común de las terapias precapitalistas es el reconocimiento de la posibilidad de emplear tanto la ley de semejanza como la ley de contrarios en el proceso terapéutico. Se trata de dos vertientes mágico-filosóficas de origen paleolítico: la magia por similitud y la magia por oposición (Frazer, 2005). El medicamento puede curar porque en personas sanas provoca síntomas semejantes o porque elimina los síntomas de la enfermedad. Dos principios filosófico-ideológicos llevados a la práctica médica y derivados de la experimentación.

Las relaciones sociales de producción conducen al surgimiento de la medicina capitalista El entramado de diferentes terapias de origen precapitalista cambia radicalmente con la revolución industrial y el capitalismo.

La revolución industrial de finales del siglo xviii en Inglaterra y las políticas asociadas concentran a la población en grandes ciudades. La urbanización separa a los trabajadores y sus familias de cualquier contacto y conocimiento de la materia prima local con propiedades medicinales. Los ciudadanos pierden el conocimiento terapéutico tradicional más elemental, que pasa a concentrarse exclusivamente en el sector médico.

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Al mismo tiempo, la población hacinada, con escaso saneamiento y elevada pobreza, se convierte en caldo de cultivo para enfermedades contagiosas. El capitalismo crea un nuevo modo de producción y, con ello, un nuevo modo de producción de enfermedades.

La fuerza de trabajo enferma genera cortes y retrasos en los procesos industriales y, más importante aún, en la ganancia de los empresarios. Los Estados se ven forzados a un cambio radical en el tratamiento de las enfermedades, y la Ciencia y Tecnología (c&t) a dar una respuesta terapéutica masiva, ya no elitista.

Se generaliza la atención médica a las clases trabajadoras para mantener el ritmo de la producción industrial. Así, la medicina deja de ser una ciencia hermética y elitista, como lo era en épocas precapitalistas. Se crean escuelas de medicina y se normaliza su quehacer en profesiones reglamentadas y en instituciones (hospitales, laboratorios); se establecen códigos y, lentamente, también regulaciones para fiscalizar la profesión y los medicamentos.5 Con el advenimiento del capitalismo aparece la necesidad de la atención masiva y, con ello, la democratización de la atención médica.

La medicina cambia con respecto a la herencia precapitalista. Cambia en la filosofía, en el objeto de atención, en la metodología de tratamiento, en el tipo de medicamento. Cambia radicalmente en todos sus aspectos.

No es un cambio repentino, sino pausado y que llevó al menos un siglo y medio de convivencia con terapias precapitalistas hasta alcanzar su hegemonía. Con todo y eso, no eliminó las terapias precapitalistas, pero sí las marginó en la educación, en la aceptación pública y en el mercado.

Sólo después de la Segunda Guerra Mundial se establecen en algunos países prácticas de fiscalización de medicamentos (Boxtel et al., 2008:65).

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Los microbios interpelan a las terapias

Filosóficamente, el capitalismo surge imbuido del mecanicismo heredado de la revolución mecánica del Renacimiento, y catapultado por la revolución industrial. El mecanicismo filosófico asociado a Descartes (1596 -1650) alcanza la medicina con el símil del cuerpo humano con una máquina, donde las partes bien integradas llevan al buen funcionamiento del organismo. Mientras la filosofía precapitalista tiene una visión holista de un organismo y supone que de esa totalidad emana una fuerza vital, la filosofía mecanicista entiende que el organismo se integra por órganos y células que funcionan de manera relativamente independiente.

El avance de la química inorgánica entrado el siglo xix es clave para erosionar el vitalismo, al mostrar que se pueden sintetizar compuestos orgánicos a partir de inorgánicos, lo cual hace pensar que no se requieren más que fuerzas físico-químicas para explicar las enfermedades (De Klerk, 1979).6 La visión mecanicista es eficiente y más simple que las vitalistas para enfrentar al organismo enfermo sin necesidad de sofisticados diagnósticos y prognosis de la enfermedad. El mecanicismo reduccionista supone que si «haces x obtienes y», ello en términos médicos significa que «x remedio cura y enfermedad». El vitalismo precapitalista supone que «x está contenido en y», lo cual en términos médicos significa que «para curar y no basta con conocer x, aunque es necesario». Dicho de otra manera, la concepción mecanicista supone que la suma de las partes hace el todo, mientras que la perspectiva vitalista entiende que puede haber resultados emergentes, fuerzas contrarrestantes y situaciones particulares de un organismo, que modifican la trayectoria del desarrollo de la enfermedad, y, 6

En 1828, Friedrich Wöhler sintetizó un compuesto orgánico, la urea, a partir de inorgánicos.

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por tanto, el remedio necesario. Causas pasadas, o la historia previa de la persona, pueden ser más importantes que la predicción de evolución de la enfermedad en sí misma.7 La visión mecanicista permanece hoy día en la medicina molecular o biomedicina,8 y es parte de la teoría neodarwinista que da prioridad al gen.

Las propiedades de un organismo complejo se explican por sus partes más elementales y sus interacciones físico-químicas, hasta el reduccionismo genético que explica las propiedades biológicas de un organismo por sus genes (Tauber y Sarkar, 1993). A partir del siglo xxi ese principio mecanicista comienza a ser cuestionado por la moderna biología sistémica, sin que por ello se haya abandonado ni cuestionado en el quehacer médico.9 Para una distinción filosófica y metodológica entre vitalismo y mecanisismo véase Hoernlé (1918), y Fiedelpiel y Sicolob (1994). Estos últimos autores explican que en la actualidad las posiciones mecanicistas y vitalistas permanecen, aunque unas se han desprendido de las perspectivas más radicales del determinismo y las otras de una fuerza vital externa al cuerpo y que guiaría su finalidad.

8 Al decir de Marcum «the chief absolute presupposition of the biomedical model is reductionism, which is intimately associated with an ontological commitment to physicalism or materialism (…) Whereas theoretical reductionism simplifies theories and ontological reductionism simplifies the phenomena, methodological reductionism simplifies research through dissecting higher order phenomena into their constitutive components at the lower order» (Marcum, 2008:24 -25).

9 El conocimiento de la estructura del adn, aislándola en una célula, condujo a la conexión mecánica entre un gen, una proteína y una función durante las últimas décadas del siglo xx.

Aunque ese razonamiento sólo explicó el 1. 5 por ciento de los genes humanos, el resto fue considerado «basura». Es en el siglo xxi que surge la llamada biología sistémica, que reconoce la posibilidad de que información de la totalidad oriente la particularidad (top-down) (Fang y Casadevall, 2011; Levi-Montalcini y Calissano, 2006). No obstante, sumar la metodología reduccionista que sigue dando importantes resultados prácticos, con la sistémica no es más que un nuevo reduccionismo, ahora a mayor escala, distante aún del holismo de las grandes tradiciones médicas vitalistas, pero un avance en el encuentro del enfoque holista con el reduccionista (Mazzocchi, 2011). «Reductionism is at the philosophical heart of the molecular biology revolution. Holistic science, the opposite of reductionistic science, has also acquired a bad name, perhaps due to an unfortunate association of the word ‹holistic› with new age 7

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Los microbios interpelan a las terapias

Desde principios del siglo xix hasta la actualidad la medicina capitalista fue escalando niveles de reduccionismo (Marcum, 2008; Tauber y Sarkar, 1993). De la enfermedad al organismo infectado, del organismo a la célula, de la célula a las moléculas, de las moléculas a las proteínas, de las proteínas a las micro y nanopartículas. El reduccionismo ha dado importantes avances a la medicina. Muchos antibióticos fueron resultado de extrapolar lo simple a lo complejo. El organismo fue entendido como una suma de moléculas, a las cuales podía ser reducido y explicado.

La identificación cotidiana que acompaña tal evolución son los nombres aplicados vulgarmente: de medicina alopática —es decir antivitalista, antiholista—, a medicina celular, a biomedicina, a medicina genética y otras más recientes. Dos siglos transcurren de exitoso pero relativo triunfo, que desplaza, no sin momentos de retroceso y crisis a las terapias de impronta precapitalistas (vitalistas) que todavía prevalecen, como las diversas modalidades de las medicinas complementarias y alternativas (naturistas, acupuntura, homeopatía, ayurveda, etcétera).

Vale advertir que el reduccionismo no es sólo un resultado científico.

Es el resultado más amplio de una trayectoria productiva basada en el costo-beneficio que únicamente puede impulsar una c&t que se ajuste a él, o sea que rinda resultados inmediatos con un rápido retorno del capital invertido. Aunque eso suponga ignorar e inclusive derribar caminos alternativos potencialmente más sustentables.

Otra característica teórica y metodológica que las relaciones capitalistas imponen a la medicina y se asocia al reduccionismo, es inclinación pseudoscience. However, fortunately there is an increasingly popular euphemism that lacks the pejorative connotations of holism for scientists—‹systems biology›» (Fang y Casadevall, 2011:1401).

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alopática. De la tradición precapitalista que aplica en sus terapias la ley de semejanza o la ley de contrarios según el caso, la medicina capitalista se inclina casi exclusivamente por la ley de contrarios, que trata las enfermedades suprimiendo los síntomas o procesos fisiopatológicos. Menospreciar la potencialidad de la ley de semejanza no es una opción científica, es la imposición de la experimentación química sujeta a la presión industrial por resultados. Los métodos terapéuticos capitalistas no pueden incorporar principios como el planteado por Paracelso, en el sentido de que además de las características del medicamento (sea animal, vegetal o mineral), la dosis o cantidad hace la diferencia. Esto hubiera obligado a probar infinitas cantidades de la misma materia prima en distintos tamaños de dosis, algo inviable por una ciencia médica sujeta al ritmo capitalista y a una tecnología mayoritariamente manual durante el siglo xix. Para la medicina capitalista el reduccionismo metodológico es obligado.

La expresión práctica y material de la orientación capitalista de la medicina se apoya en la química para catapultarse. El aislamiento de una bacteria, su identificación como elemento patógeno, la posibilidad del cultivo celular y el desarrollo de un elemento que la controle o mate es uno de los logros que impacta de manera más decisiva el desarrollo de la medicina capitalista. Aparece la teoría del germen de Pasteur.

La teoría del germen cambia radicalmente la metodología de tratamiento de la enfermedad, la cual no es más que un desajuste en el equilibrio del organismo, en la energía vital debilitada, como en la tradición médica milenaria. Es el resultado de un elemento externo, un patógeno, que se introduce en el organismo.

Desaparece el organismo enfermo como objeto de tratamiento médico y, en su lugar, se manifiesta la enfermedad. La enfermedad, no el enfermo, 228

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pasa a ser el objeto de tratamiento con el medicamento para combatir al patógeno. El propósito ya no es reestablecer un supuesto equilibrio vital. El propósito es identificar el germen, el patógeno, y matarlo, reducirlo o evitarlo. La medicina capitalista abandona los conceptos de equilibrio del organismo, de fuerza vital, de análisis holista, por el lenguaje militar: combatir al enemigo, matar al patógeno. Los antibióticos son el «caballito de batalla» indiscutible con el cual la medicina capitalista conquista su hegemonía luego de más de un siglo de investigación y desarrollo (i&d) y su culminación con aplicaciones masivas durante la Segunda Guerra Mundial, aunque en competencia con medicamentos provenientes de otras terapias.

La inclinación alopática —ley de contrarios— se fortalece con los antibióticos. Para cada enfermedad una «bala de plata». Los antibióticos son el mejor ejemplo de la aplicación de la ley de los contrarios y de resultados inmediatos. La elaboración de un medicamento para una enfermedad, y con relativa independencia de las características del paciente, permite saltar la barrera del tratamiento individualizado y la subordinación del terapeuta al seguimiento de la enfermedad en cada paciente. Los medicamentos pasan a estar al alcance del paciente, reducen la necesidad del médico.

Se establece la necesidad de producción industrial de medicamentos y el mercado como medio de acceso. El médico se transforma en un intermediario entre la industria farmacéutica y el paciente. 10 Paralelo a la generalización de medicamentos para tratar la enfermedad ocurre un distanciamiento del médico respecto del conocimiento de «When consumers go to see their physician, their requests for specific medications they have seen advertised are likely to be honored. Doctors do not want to lose patients, and they need to move quickly. Given expectations to see greater numbers of patients, it may be easier and faster to write a prescription than to discuss alternatives» (Sekerka y Benishek, 2018:121).

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las propiedades curativas del medicamento. Al conectar mecánicamente el medicamento con la enfermedad, la medicina capitalista exonera las particularidades del paciente, o las reduce a la lista de observaciones de resultados adversos que aparecen en el prospecto del medicamento y es lo que el médico requiere saber.

La medicina capitalista se impone de forma hegemónica sobre las terapias precapitalistas aupada por la aplicación de sus medicamentos durante la primera, pero más significativamente la Segunda Guerra Mundial cuando se generaliza la producción de antibióticos. De la Segunda Guerra Mundial surge la industria farmacéutica de escala, que se impone sobre todo tipo de industria estatal y de pequeñas empresas de medicamentos en Estados Unidos y otros países centrales (Microbiology Society, n.d.).

Esta hegemonía de la medicina capitalista no es resultado, claro está, de los cambios filosófico-metodológicos, ni de la producción de antibióticos, aunque estos últimos hayan sido clave, de modo simultáneo hubo avances importantísimos en cirugía, implantes, rayos x, antisépticos. Las dos guerras mundiales son el ámbito donde la medicina capitalista se bautiza como hegemónica.

Hay un segundo «caballito de batalla» de la medicina capitalista de enorme relevancia para lograr su hegemonía: las vacunas. El medicamento que mata al patógeno y del cual el antibiótico es la mejor expresión, es útil para combatir la enfermedad, pero no para impedirla. Las enfermedades infecciosas y las epidemias requieren un tratamiento diferente.

La medicina capitalista hereda una tradición centenaria basada en el tratamiento de algunas enfermedades infecciosas. Si dejamos de lado las políticas de aislamiento y confinamiento de los infectados, que fue utilizada posiblemente desde hace miles de años, la inoculación fue el medicamento.

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Los microbios interpelan a las terapias

La inoculación y su heredera la vacunación presentan una contradicción aparentemente antagónica en un contexto capitalista. Primero, porque filosófica y metodológicamente aplica el principio opuesto a la ley de contrarios. La inoculación y posterior vacunación se basa en la ley de similitud. Se inyecta el virus o atenuaciones de él para evitar la enfermedad que de otra forma provocaría. Es el principio de lo igual cura lo igual, con su tradición milenaria de magia simpática;11 sin embargo, el antagonismo más importante con las relaciones capitalistas no es de orden filosófico y metodológico, es de orden puramente mercantil.

La vacunación es una terapia preventiva, tendiente a inmunizar a la población para evitar la enfermedad. El objetivo no es curar una enfermedad como con el antibiótico. El objetivo es evitar la enfermedad, pero en un sinsentido mercantil. Con inmunidad no hay enfermedad, sin enfermedad no hay mercado, y sin mercado no hay producción de vacunas.

He ahí la contradicción entre medicamentos preventivos en un contexto capitalistas. Esta contradicción es resuelta mediante el apoyo de sectores diferentes al propiamente médico: la política acude a superar la contradicción, como veremos más adelante.

Aunque la inoculación haya sido una práctica milenaria, el laboratorio capitalista consigue individualizar al virus, manipularlo, atenuarlo o «recortarlo». Transforma el tradicional proceso de inoculación en vacunación, más seguro y efectivo que su antepasado.

Podría argumentarse que al aplicar la ley de simpatía la medicina capitalista muestra de manera indirecta, que el principio opuesto cristalizado en los antibióticos no era el único camino; en todo caso resultó de la imposición de las relaciones capitalistas demandando resultados económicos inmediatos y por su lucha ideológica contra las corrientes precapitalistas.

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La vacunación se extiende rápidamente desde principios del siglo xx, aupada por las demandas de las sucesivas guerras. Debe recordarse que el contagio premeditado fue utilizado en situaciones de guerra desde tiempos lejanos, con la contaminación del agua del enemigo, el envío de enfermos a los campamentos enemigos, o artículos que pudiesen contagiar. En la tradición militar la enfermedad siempre fue un arma de guerra y también de defensa. La institución militar requiere inmunizar a sus combatientes con igual importancia que entrenarlos militarmente. Medicina y guerra constituyen una misma trayectoria científica.

Antibióticos y vacunas son los dos «caballitos de batalla» principales de la medicina capitalista a lo largo del siglo xix y xx, si hacemos abstracción de la gran cantidad de innovaciones en materia técnica e instrumental y de diagnóstico.

Las crisis de la medicina capitalista y su soporte externo Ningún desarrollo científico-tecnológico es lineal. Todos sufren de oposición y crisis. La medicina capitalista no es la excepción. Estas crisis provienen tanto de elementos externos como internos del propio desarrollo. En lo que sigue mencionamos dos crisis que corresponden a los antibióticos y a las vacunas, respectivamente. Tales crisis han sido superadas, en gran medida, por el apoyo externo, en particular por el aparato jurídico, aunque también por mecanismos administrativos y académicos para soporten la medicina capitalista.

Luego de algunas décadas de éxito en la aplicación de vacunas y un par en el caso de los antibióticos, el cirujano general de Estados Unidos 232

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dice en un informe al Congreso en la segunda mitad de la década de 1960: «It’s time to close the book on infectious diseases, declare the war against pestilence won, and shift national resources to such chronic problems as cancer and heart disease» (citado por Spellberg, 2008).

La alegría dura poco. Entre 1980 y 1992 las muertes por enfermedades infecciosas en Estados Unidos se incrementan 58 por ciento (Hughes, 1998). Además del resurgimiento de viejas enfermedades, nuevas enfer-

medades infecciosas emergen y los analistas lo explican por las mismas razones que hoy día se atribuyen a la covid-19, como cambios en los ecosistemas y uso del suelo, incremento de viajes y comercio internacional, cambio climático, relajamiento de medidas sanitarias por las políticas neoliberales e incremento de las migraciones (Kimball, 2000; Morse, 1995; World Health Organization, 1999).

Las críticas más radicales se orientan a reivindicar la importancia de la salud y medicina pública sobre la privada, pero continúan apostando a la trayectoria de medicina capitalista basada en antibióticos, vacunas, antivirales y otros medicamentos, sin cuestionar las bases epistemológicas ni las políticas de lock-in para evitar la competencia de otras terapias.

La crisis de los antibióticos, después del gran éxito durante la Segunda Guerra Mundial con la penicilina y un par de décadas posteriores, se manifiesta en el resurgimiento de nuevas enfermedades infecciosas, con la rápida adaptación de los microbios a las drogas. Para la big pharma el desafío es doble. Por un lado, el tiempo y costo de las nuevas drogas. El costo de i&d podía llegar a más de 500 millones de dólares a finales del siglo xx (Kettler, 1999); suma que debía ser recuperada durante la vida útil de la patente (20 años). Según algunos analistas, durante los primeros 12 años la empresa recupera sus costos; los últimos ocho son de ganancia.

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Sin embargo, el siguiente desafío reduce las posibilidades de éxito. Los microbios se adaptan más rápido a las drogas que lo que necesita el capital para recuperarse, por tanto no hay negocio (Grabowski y Vernon, 1994; World Health Organization, 2020).12 El sobreuso de antibióticos incrementa el ritmo de la selección microbiana, la mutación y resistencia. Un círculo vicioso se forma: la big pharma impulsa la venta de antibióticos, el incremento del consumo acelera la resistencia de los microbios y ésta hace inútiles los antibióticos. El 7 de marzo de 1994 la revista Newsweek publica un artículo titulado «The end of antibiotics?» (Begley et al., 1994); y la portada del número 12 de septiembre de 1994 de la revista Times rotulaba «Revenge of the killer microbes».

Mientras los microbios se adaptan a las balas de plata de los antibióticos, investigaciones indican que 75 por ciento de los antibióticos tienen un efecto terapéutico cuestionable. Como respuesta, la big pharma reacciona produciendo antibióticos más fuertes y de espectro más amplio —cephalosporins y fluoroquinolones—, con lo cual crean super­microbios cada vez más resistentes (Wise et al., 1998).

Sin negar la eficiencia histórica de corto y mediano plazo de los antibióticos, en el largo plazo esa trayectoria tecnológica crea supermicrobios resistentes, efectos colaterales en los organismos y reducción de la inmunidad en aquellos que los toman regularmente. El paradigma hegemónico es cuestionado. El vicepresidente de genética de la multinacional GlaxoSmithKline declara, en 2003, que los fármacos más caros no ofrecen «Declining private investment and lack of innovation in the development of new antibiotics are undermining efforts to combat drug-resistant infections, says the World Health Organization ... research and development for antibiotics is primarily driven by small- or medium-sized enterprises with large pharmaceutical companies continuing to exit the field» (World Health Organization, 2020).

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ningún beneficio a cerca de la mitad de los pacientes, y que la mayoría de los medicamentos —más de 90 por ciento— sólo sirven a entre 30 y 50 por ciento de los enfermos (Alliance for Human Research Protection, 2010). Poco a poco la big pharma abandona la i&d en nuevos antibióticos.

La crisis de los antibióticos es una crisis interna a su propio desarrollo como medicamento terapéutico.

El caso de las vacunas es diferente. Las vacunas se generalizan durante las grandes guerras. Desde finales del siglo xix los soldados fueron sujetos de prueba de vacunas y décadas más tarde de antibióticos. En época de guerra la obligatoriedad de la vacunación y uso de medicamentos en los soldados evade cualquier protocolo médico, bajo el paraguas del estado de emergencia (Sekerka y Benishek, 2018). Esto existe aún hoy y es aplicado para la covid-19. La vacunación obligatoria representa un mercado cautivo y asegurado.

Después de la Segunda Guerra Mundial el mercado para las vacunas corre el riesgo de reducirse significativamente. Para evitarlo, la big pharma presiona a los gobiernos para hacer obligatorias algunas vacunas en infantes, con ello se matan dos pájaros de un tiro. Por un lado, se inmuniza a la población, cumpliendo así con el cometido último de la industria de vacunas de evitar los contagios y epidemias. Por otro lado, se cumple con el cometido primario de la big pharma, de garantizar el mercado y las ganancias.

Desde los 1970 se producen vacunas con múltiples fines. La «triple» (sarampión, paperas y rubeola), por ejemplo, se introduce en Estados Unidos y luego en Reino Unido; pero a finales del siglo xx surgen reclamos de afectados, muchos aluden que desencadena autismo en los niños, y artículos científicos a favor y en contra de la vacunación se hacen cada vez más

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comunes (Coulter, 1993). Más recientemente, a principios del siglo xxi, se publican varias investigaciones científicas que afirman los efectos adversos de las vacunas que utilizan aluminio como adyuvante para canalizar el producto activo (Gherardi et al., 2001; Gourier Frery et al., 2019).

Así, dos hechos se retroalimentan para crear una crisis de las vacunas.

Uno son los casos de efectos adversos. Otro es la oposición de sectores de la población, en particular madres y padres de niños que deben vacunarse obligatoriamente. Las organizaciones contrarias a la vacunación existen desde las formas pretéritas de inoculación, pero durante los 1980 y los 1990 crecen en los países desarrollados.

Las organizaciones antivacuna acuden a juicios contra la big pharma en casos de efectos adversos registrados. En Estados Unidos se institucionaliza un programa para encauzar estos reclamos. Dos décadas después más de 16 mil 500 casos son llevados a las cortes, con un tercio de los casos resueltos favorablemente para los afectados y 3.7 mil millones de dólares pagados por indemnización (Holland, 2017). La big pharma reacciona con mayor lobby sobre los gobiernos. Durante los 1990 la big pharma logra imponer en la oms y gobiernos más vacunas obligatorias en niños. En países como Estados Unidos, Francia e Italia los niños en edad escolar reciben actualmente entre 10 y 15 vacunas obligatorias, y algunas de ellas en varias dosis (Curley, 2019; Forster, 2017). Paralelamente, crecen las ong que demandan suprimir la obligatoriedad.

La crisis de antibióticos y vacunas repercute en la competencia con las medicinas complementarias y alternativas de origen precapitalista.

Durante las últimas dos décadas del siglo xx el consumo de medicamentos y servicios de la medicina complementaria y alternativa crece sostenidamente en varios países desarrollados (Fisher y Ward, 1994), como 236

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resultado de la crisis de los antibióticos, del aumento de sus precios y de los efectos secundarios de las vacunas. En Estados Unidos, Eisenberg et al.

(1998) comparan 16 terapias alternativas usadas por adultos en 1997 en relación con 1990. El concepto genérico de folk remedies se incrementa 2000 por ciento. Un artículo en Journal of the American Medical Association (jama) reporta que 40 por ciento de las familias de una muestra en Estados Unidos usa alguna forma de cuidado de salud alternativa durante el año previo (Astin, 1998). Estas medicinas complementarias y alternativas no son parte de la ciencia «normal», y, por lo tanto, no reciben recursos, ni tiempo y espacio que los consumidores demandan, y han estado sujetas a restricciones (Marwick, 1994). En otro número de jama, los lectores de la revista —supuestamente estudiantes y profesionales de la salud— colocan las medicinas complementarias y alternativas en séptimo lugar de importancia para que artículos sobre el tema sean publicados, pero los expertos —posiblemente árbitros de la revista— consideran su importancia en los lugares 68 y 73 (Lundberg, 1998); lo que muestra la distancia entre los estudiantes más ávidos de novedades de los árbitros más cerca de la «ciencia normal». La represión ejercida por científicos «normales» sobre grupos de investigación en medicina complementaria y alternativa en algunas instituciones de salud, como en el caso de los National Institutes of Health, es denunciada (Marwick, 1994). Paralelamente, demandas de la ciencia «normal» contra la medicina alternativa se incrementan sostenidamente, luego de que el público acudiera más a estas medicinas después de los 1980 (Skolnick, 1994). Estrategias de barreras sociales y científicas han sido un mecanismo para mantener al paradigma «normal» libre de competencia.

La medicina capitalista reacciona a su crisis interna y a los embates de las terapias competitivas con propaganda, lobby, y diversas prácticas de

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lock-in. Según el sociólogo Kuhn (2012), la ciencia «normal» es aquella que desarrollan los científicos que comparten el paradigma hegemónico durante un periodo. El paradigma supone un consenso en ciertas soluciones o enfoques. Los científicos están entrenados dentro del paradigma y adoptan esos valores. La fidelidad al paradigma determina la vía mediante la cual el fenómeno a investigar es seleccionado, los instrumentos y métodos a usar y la literatura en la que se basa. Lejos de ser ciencia «neutral», el paradigma previene, mediante mecanismos de cierre (lock-in procedures), que se desarrollen paradigmas alternativos que no corresponden con la ciencia «normal».

A diferencia del caso de los antibióticos, donde los agentes de la propia medicina capitalista, incluyendo la oms y las principales revistas médicas, advierten que esa trayectoria entra en crisis, en el caso de las vacunas, los agentes de la medicina capitalista realizan un verdadero lock-in del tema. En 1998, por ejemplo, y con relación a la vacunas «doble» y «triple», profesionales de la salud críticos son presionados a abandonar sus cargos y diversos pleitos jurídicos instituidos al respecto (Ho, 2001). Otros ejemplos del lock-in son reportados en los comentarios de la British Medical Journal respecto de la obligatoriedad de la vacunación en Reino Unido (Stone, 2017).

Junto a las barreras académicas y profesionales de las terapias alternativas, la big pharma desarrolla una profusa propaganda y lobby político, con el propósito de crear una cultura de la necesidad del consumo regular de los medicamentos por ella producidos y así mantener el organismo, al igual que la necesidad de alimento. Varios análisis coinciden en el papel de la big pharma con el establecimiento de una feroz política de propaganda, lock-in, corrupción política y otros mecanismos para mantener su 238

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hegemonía e inmunidad frente a las críticas. Muestran las concesiones político administrativas para descontar impuestos, las horas en los medios de comunicación, el efecto que crea un vínculo directo entre farmacia y consumidor, la orientación para crear la idea de enfermedades emergentes que respondan a una nueva medicina, el gasto en propaganda y lobby que compra a grupos opositores y a políticos, y el gasto en millones en juicios; de igual forma la compra de médicos y académicos que escriban buenas historias de sus medicamentos en revistas científicas, así como la colocación a sus empleados en las directivas de las universidades y de los colegios médicos (Angell, 2004; Fugh-Berman, 2010; Gøtzsche, 2013; Lundh et al., 2010; Rawlinson, 2017; Sekerka y Benishek, 2018).

En apariencia, la medicina capitalista está regulada por instituciones gubernamentales sin conflicto de interés con investigadores y productores de medicina; en la práctica, las mismas instituciones regulatorias y sus gobiernos establecen excepciones que terminan evadiendo los protocolos; tales excepciones son explícitas en momentos de guerra o de epidemia.

Una vez superadas las primeras etapas in vitro o en animales, la i&d requiere de pruebas en humanos para probar los nuevos medicamentos. Para las pruebas y sus resultados estadísticos son necesarios numerosos pacientes y con diversas características (la edad y el sexo son las principales).

La posibilidad de flexibilizar estos protocolos en momentos de epidemia o de guerra es una de las razones por las cuales la historia de los antibióticos y de las vacunas está íntimamente ligada a las guerras, donde los soldados son forzados a aplicaciones terapéuticas y se realizan experimentos con prisioneros.

Desde principios de los 1970, y durante 15 años, a los reclutas de Estados Unidos se les aplica una vacuna contra adenovirus, misma que luego

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fue descontinuada y vuelta a aplicar en la segunda década del siglo xxi.

Durante la guerra del Golfo «Tormenta del Desierto» (1990 -1991) la Marina de Estados Unidos vacuna a sus marinos con la pentavalent botulinum-toxoid, una vacuna no licenciada en el momento e inyectada sin el consentimiento de los pacientes, aunque acompañada de un folleto informativo, lo cual levanta discusiones legales y éticas por violar el Código de Núremberg (Annas, 1992; Appeal, 1992). Las excepciones para agilizar los procesos de desarrollo de medicamentos se convierten en práctica común y se incorporan a los criterios «normales».

Respecto de las vacunas y en Estados Unidos, los siguientes tres decretos son ilustrativos del sustento de la legislación a las vacunas de la big pharma. En los 1980 se aprueba el National Vaccine Injury Compensation Program, con sucesivas enmiendas hasta el presente. Se trata de una medida jurídica que incrementa el precio de las vacunas obligatorias para infantes, destinada a formar un fondo para compensar los juicios perdidos por la industria farmacéutica debido a resultados adversos de las vacunas.

O sea, el paciente paga los resultados adversos de su medicamento.

En 2005 se aprueba la prep Act, que invalida toda acción legal por efectos adversos contra compañías productoras e instituciones administrativas encargadas de vacunas en momentos de emergencia nacional (epidemias o guerras). Las investigaciones de vacunas contra el Ébola, Zika, gripe h1n1 entran dentro de la prep Act y también las pruebas de las vacunas para la covid-19.

En 2016 se aprueba el 21st Century Cures Act. Según la organización A Voice for Choice Advocacy, con ese decreto los pacientes que reciben tratamiento pueden ser utilizados para exámenes clínicos de drogas y dispositivos en la medida en que exista «mínimo riesgo», y para lo cual los 240

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pacientes no necesitan ser informados de estar dentro de una prueba que puede tener riesgo o efectos secundarios, contraviniendo el Código de Núremberg (A Voice for Choice Advocacy, 2018).13 Otros ítems del decreto también han sido ampliamente criticados (Furlow, 2017; Loe Fisher, 2015; Warren, 2016), como el cambiar los criterios estadísticos de las prue-

bas y hacerlas sin ensayos clínicos. Esto ya se venía haciendo, al menos desde principios del siglo xxi de una u otra forma (Osorio-de-Castro et al., 2015); todo ello con el propósito de hacer los exámenes de medicamentos

y dispositivos más rápidos, cortos, baratos y totalmente computarizados.14 El resultado es que en Estados Unidos la investigación y producción de vacunas es prácticamente inmune a cualquier tipo de juicio por efectos adversos (Bentley, 2017; Holland, 2017).

La trayectoria de la moderna medicina molecular hegemónica ha sido criticada ampliamente, inclusive desde dentro. Pero las críticas se han limitado a la mala administración, a la injerencia nefasta del mercado y abandono de i&d en determinadas áreas, a la escasa eficiencia de algunos medicamentos como los antibióticos, a los efectos secundarios de muchos remedios, a la pérdida de inmunidad que el sobreconsumo de fármacos produce en los organismos, al excesivo patentamiento y a la corrupción de instituciones y prácticas fraudulentas de la big pharma. Los mismos críticos han mantenido, sin embargo, un radical lock-in de toda terapia alternativa y lo han hecho de forma aún más profunda respecto de las vacunas. El paradigma de la medicina hegemónica no se osa colocar en Valga anotar que la última fase de prueba de las vacunas antes de recibir la aprobación reglamentaria se debe realizar en humanos y es la más cara; de allí el ahorro económico para la big pharma de probarla gratis en el Ejército y en pacientes.

14 Según Sekerka y Benishek, mil 400 lobbystas de la big pharma participaron en la discusión del decreto (2018:124).

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discusión, a pesar de evidencias y críticas. Se discuten las malas prácticas y resulta significativo que las críticas terminan siempre en la misma causa general: una falla del mercado, como si no fuese el buen funcionamiento del mercado lo que genera la inequidad y desigualdad de la producción, i&d y prácticas médicas.15

La pandemia de la covid-19 en contexto Dos meses después de publicitada la pandemia, noticias divulgadas por la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica señalan que hay 30 antivirales en prueba, al menos cuatro corporaciones investigan en vacunas y hay otras varias iniciativas públicas en camino (El médico interactivo, 2020). De igual forma, países y corporaciones invierten fuertemente con el mismo propósito. Una conferencia virtual organizada por la Unión Europea en mayo del 2020, con el propósito de recabar fondos para fundar laboratorios destinados al desarrollo de vacunas y fármacos contra el sars-cov-2, recibe promesas de donación inmediatamente, tanto de paí-

ses como de particulares (The New York Times, 2020).

La reacción de la medicina capitalista a la covid-19 corresponde a las prácticas mencionadas anteriormente. Una vez más el virus es el enemigo que hay que debilitar, evitarlo o matarlo con fármacos o vacunas.16 La Un ejemplo del mal mercado es la siguiente frase en plena pandemia del Ébola: «‹It’s a market failure because this is typically a disease of poor people in poor countries, and so there is no market›, said Marie-Paule Kieny, assistant director-general of the World Health Organization, on Tuesday» (Millman, 13 de agosto de 2014).

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Valga recordar que los virus son clave en la evolución celular y están en la base de los componentes de la inmunidad necesaria para la adaptación (Broecker y Moelling, 2019; Villarreal, 16

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apuesta de la big pharma para contener la pandemia consiste en antivirales, otros fármacos y vacunas; los caballitos de batalla que resultaron equivocados en muchos casos. A diez meses de pandemia la única práctica que ha dado un resultado relativo ha sido el aislamiento social, una práctica que tiene miles de años de aplicación.

En mayo de 2020, en medio del aviso de potenciales vacunas en puerta y otros fármacos, revive la polémica sobre la inmunidad de los contagiados por el sars-cov-2 (Kirkcaldy et al., 2020). Se trata de una polémica que lleva más de un siglo, conocida como la teoría de la manada (herd immunity). Ésta sostiene que cuando una población alcanza un alto porcentaje de infectados o vacunados resultan inmunes. La teoría ha tenido gran cantidad de modificaciones y críticas desde que fue enunciada en el siglo xix y también la han tenido los análisis empíricos no concluyentes para

confirmarla (Fine, 1993), pero ha sido, y es usada, como argumento por la big pharma y la oms para vacunar a toda la población. Es un gran negocio, ya que los porcentajes que requieren inmunización, según la teoría de la manada, deben ser mayores a 90 por ciento cuando se consideran poblaciones abiertas. Mas allá de lo inverosímil de vacunar a toda la población mundial, el negocio multimillonario igual funciona con escaso porcentaje de vacunados. Además, no está confirmado que un infectado no se reinfecte o sobre la duración temporal de la inmunidad, algo clave, ya que 2009). Todo indica que de no haber sido por un retrovirus, no existirían los mamíferos, de

los cuales formamos parte los humanos; ya que fueron los virus los responsables por la modificación del adn que permitió el desarrollo de las especies con placenta: «Although the evolution of pregnancy via the placenta might be some of the most persuasive evidence that viruses stashed deep within the genome can help give rise to new species, it’s not the only proof. New studies revealing the role of endogenous retroviruses in the more recent evolution of humans show that these snippets of dna are helping to blur the boundary between human and virus. Humans are, in a very real sense, part virus» (Arnold, 2016).

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cuanto menor la inmunidad, mayor el mercado.17 Lo reconocido es el hecho de no saber por qué, en algunos infectados la reacción de un organismo que genera anticuerpos necesarios para defenderse es mucho más rápida que en otros, y tampoco se tiene certeza sobre la correlación entre generación de anticuerpos y gravedad en la manifestación de la enfermedad (Kirkcaldy et al., 2020). Todo esto lleva nuevamente a la discusión teórica sobre el abandono, por parte de la medicina hegemónica, del concepto de enfermedad como desequilibrio del organismo como un todo, tal como lo tratan las medicinas complementarias y alternativas, refugiándose en una metodología reduccionista centrada en el virus. En este sentido es significativo que los antivirales y fármacos utilizados para los pacientes de la covid-19 sean prácticamente los mismos, siendo que las agencias de salud

señalan que la sintomatología puede ser bien diferente dependiendo de cada paciente (cdc, 2020; oms, 2020).

El desarrollo de la c&t de la medicina hegemónica ajusta su tecnología de vacunas a los requerimientos del mercado. La covid-19 ha mostrado algunos cambios importantes en el propósito de algunas vacunas en investigación. Transforman, por ejemplo, el principio original de la vacuna que era preventivo y para una inmunidad de por vida, las vacunas para infectados necesarias de ser administradas repetidamente, como sucede con las vacunas contra la gripe y con algunas tecnologías de rna modificado; o sea, una auténtica vacuna mercantil que sólo inmuniza si se repite periódicamente la dosis, garantizando la inmunidad y las ganancias simultáneamente.

«Whether immunity occurs among individuals after they have recovered from covid-19 is uncertain. Many human infections with other viral pathogens, such as influenza virus, do not produce a durable immune response» (Kirkcaldy et al., 2020:e1).

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La aplicación de las medidas de emergencia se ha realizado en casi todos los países y, con ello, el relajamiento de los controles en los protocolos de i&d. El antiviral remdesivir es aceptado por el ejecutivo de Estados Unidos en abril de 2020 para tratar la covid-19 bajo el aval de la declaración de emergencia nacional de salud pública, pero sin la correspondiente aprobación de la fda (Guimón, 2020), que ocurre en octubre. Y ello, a pesar de estudios —no conclusivos— de Wang et al. (2020), en el sentido de no haber pruebas estadísticas de sus ventajas (Wang et al., 2020) y declaraciones posteriores de la oms en el mismo sentido. Las acciones de bolsa de la empresa productora del remdesivir aumenta inmediatamente con sólo el anuncio de la potencial aprobación (Guimón, 2020); los fármacos son primero un negocio, sólo si éstos pueden llegar a ser medicamentos.

Otro ejemplo semejante es el del antiviral avigan, también para combatir la covid-19 (Liu, 2020).

La recomendación oficial de uso o el uso obligatorio de un medicamento o vacuna es de gran utilidad para obtener pruebas estadísticas rápidas y sin mayores protocolos, pero, además, significa un enorme mercado para la big pharma, que vende al Ejército y los gobiernos como mercado cautivo y financista principal, tanto de la investigación como de las compras.

Muchos países han comprado vacunas que están en i&d, para garantizar el suministro cuando salgan al mercado, lo que de alguna forma presiona a financistas, investigadores, productores, intermediarios y compradores para que efectivamente lleguen al mercado, independientemente del riesgo de no pasar las pruebas protocolares.

Los momentos de epidemia y las medidas de emergencia representan grandes ingresos para la big pharma. No sólo porque las ventas están aseguradas, esos momentos también abaratan los costos de i&d. Las pruebas

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son aplicadas gratis a reclutas. Hay ejemplos de algunas vacunas para la covid-19 (afp, 2020; Harkins, 2020; Martinez, 2020). Asimismo, hay total

inmunidad para la big pharma en caso de efectos secundarios de los medicamentos; como ya se señaló, la covid-19 se inscribe dentro de la Prep Act en Estados Unidos y comentadores apuntan: «The declaration is intended to foster the expeditious development of drugs and devices designed to prevent and treat covid-19» (Lovells, 2020; u.s. Department of Health and Human Services, 2019).

No es casual la íntima relación entre medicina capitalista para la covid-19 y el aparato militar en varios países. Algunas de las vacunas en

investigación se realizan en laboratorios militares o asociados (afp, 2020; Harkins, 2020). La Operation Warp Speed (ows) es una iniciativa del gobierno de Estados Unidos para acelerar la producción de millones de vacunas contra la covid-19. Significativamente, está dirigida por el antiguo presidente de la GlaxoSmithKliner junto a generales del Ejército (Kime, 2020). No hay que olvidar tampoco que la mayoría de la materia prima

para la industria de vacunas proviene de laboratorios militares de alta seguridad que conservan, crían y modifican virus (Peters, 2018).

Conclusiones El siglo xxi llega con guerras, migraciones internacionales masivas, crisis económicas y revoluciones tecnológicas (nanotecnologías, industria 4.0).

Viene también con un incremento de epidemias. Información de la oms muestra que la gravedad de la incidencia de pandemias se incrementa de manera constante luego de la primera década (e. g. sars 2002-2003; gripe 246

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suína 2009-2010; mers 2012; Ébola 2014-2016; covid-19 2019). Desde cualquier ángulo el capitalismo está en crisis.

La pandemia de la covid-19 es una de las manifestaciones de esa crisis más general del capitalismo como sistema social y económico y está estrechamente vinculada con la transformación de los ecosistemas. Las críticas a los diversos sectores económicos del capitalismo no se hacen esperar.

Ocurre con la agricultura, ganadería, explotación forestal, industrias de comunicaciones, transporte, industria química, consecuencias derivadas del calentamiento global y muchas otras. En todos los casos las críticas a los sectores económicos se asocian a la modalidad capitalista de i&d y de producción, lo cual no es solamente una cuestión técnica, sino que atañe a cómo la c&t orientada por la ganancia provoca una trayectoria técnica con resultados adversos para la mayoría de la población, aunque sea de gran beneficio económico para algunos sectores involucrados.

Paradójicamente el sector médico permanece inmune a las críticas.

Más aún, inmediatamente la big pharma se preocupa por publicitar que tiene la solución a la pandemia y lanza una fuerte campaña publicitaria sobre vacunas en i&d y una batería de fármacos para tratar a los pacientes.

A diez meses de la pandemia ni las vacunas llegan al mercado ni los medicamentos han sido exitosos para evitar las muertes derivadas de la covid-19, mientras que el mundo alcanza más de 1 millón 300 mil muertos.

La pregunta, casi forzada, es si el camino de la c&t de la medicina capitalista hegemónica no tiene contenido de clase como se reconoce en los otros sectores económicos causantes o facilitadores de la pandemia.

Este artículo se enfoca precisamente en aquella paradoja. Se remonta a los principales elementos históricos que muestran el quiebre sustancial que sucede cuando las relaciones sociales capitalistas imponen un rumbo

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diferente a la tradición médica milenaria. Se resume el gran éxito práctico de la medicina capitalista, en particular en sus dos caballitos de batalla con que gana hegemonía a lo largo de los siglos xix y xx, las vacunas y los antibióticos. No obstante, se destaca que tal hegemonía no la ganó por virtudes exclusivamente científicas y tecnológicas, sino porque fue apoyada por el aparato militar, jurídico, administrativo y académico-científico asociado. La moderna medicina capitalista creció y se consolidó gracias a las guerras y al imperio económico y la incidencia política de la big pharma.

Sin negar el grado de eficiencia de sus medicamentos ha tenido traspiés que ha ocultado sistemáticamente en aras de mantener su hegemonía.

Infelizmente, en su vorágine gananciosa, la medicina capitalista ha echado a la basura los pañales junto con el bebé, desperdiciando una tradición de conocimiento médico de siglos basada en la visión holista del organismo enfermo, en favor de una reduccionista; aunque en la desesperación de la covid-19 los sistemas de salud deben recurrir, a falta de recursos de la big pharma para contenerla, a las prácticas milenarias de aislamiento. En medicina, al igual que en los demás sectores de c&t, el carácter de clase de sus trayectorias que privilegia los intereses del capital se muestra ineficaz para atender las necesidades sociales.

La crítica del artículo a la trayectoria biomédica capitalista no pretende cerrar los ojos a los éxitos de esa trayectoria en términos puntuales, sino mostrar su inclinación clasista. Adicionalmente, en un momento particular, como el de una pandemia, es imprescindible acudir a todos los recursos existentes; si la medicina capitalista es la que más avances y recursos dispone, no es posible ignorarla, a pesar de que esa misma medicina capitalista ignore a las terapias competidoras. La crítica de largo alcance a la trayectoria también es válida porque advierte sobre la posibilidad de que 248

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aun superando la pandemia y pese a los costos sociales asociados, esa medicina capitalista no se encamina a evitar próximas y sucesivas epidemias, ya que gracias a ellas sobreviven sus ganancias.

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El rey va desnudo: realidad y retórica en el proyecto transformista de la 4t Humberto Márquez Covarrubias* Resumen. En México, el gobierno de la «cuarta transformación» habla profusamente de neoliberalismo, pero no de capitalismo; de corrupción, pero no de explotación; de megaproyectos, pero no de extractivismo; de democracia, pero no de oligarquía; de inseguridad, pero no de despojo. La tentativa de cambio derivada del triunfo electoral de amlo abre el debate nacional sobre un desarrollo alternativo —incluso de alternativas al desarrollo. No obstante, la agenda política del obradorismo está hegemonizando los términos de discusión, encubriendo los problemas estructurales de México y reduciendo el enfoque al tema de corrupción y austeridad, dos perspectivas que no son contrarias a la estructura de poder que se dice contravenir. En sus primeros movimientos, el proyecto de gobierno de la «cuarta transformación» se orienta a una concentración del poder político mediante la reconstrucción del presidencialismo y la reestructuración burocrática, para luego incidir en la reproducción del capital mediante la continuidad de políticas macroeconómicas neoliberales y la ejecución de proyectos energéticos y de infraestructura con el concurso del gran capital. Además de afianzar una base social de apoyo con programas asistencialistas neopopulistas, piedra angular del discurso político. No obstante, se vislumbra un proceso fáustico que en sus propósitos anticipa una transformación de la vida nacional que está atrapada en proceso de modernización capitalista plagado de contradicciones, tensiones sociales y una crisis multidimensional económica, sanitaria y de seguridad. La expectativa de una transformación social sustantiva amerita, inevitablemente, afinar y profundizar el debate teórico y político sobre los grandes problemas nacionales y sus alternativas en un contexto global intrincado.

Palabras clave: capitalismo, neoliberalismo, Estado, transformación social, México. * Docente investigador, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas (uaz), México.

issn impreso 2448-5020

issn red cómputo 2594- 0899

Humberto Márquez Covarrubias

The king has no clothes: Reality and rhetoric in the transformative project of the 4T Abstract: In Mexico, the government of the «Fourth Transformation» talks frequently about neoliberalism, but not about capitalism; about corruption, but not exploitation; of megaprojects, but not about extractivism; of democracy, but not about the oligarchy; about insecurity, but not about displacement. The movement toward change founded on amlo’s electoral triumph opens the national debate regarding an alternative development —as well as alternatives to development. Regardless, the political agenda of obradorismo is hegemonizing the terms of the debate, obscuring the structural problems faced by Mexico and reducing the focus to the topics of corruption and austerity, two perspectives that are not in opposition to the power structure that it claims to oppose. In its initial acts, the project of the government of the «Fourth Transformation» looked to the concentration of political power through the rebuilding of presidencialismo and bureaucratic restructuring, later taking on the reproduction of capital through the continuation of neoliberal macroeconomic policies and the pursuit of energy and infrastructure projects with the aid of Big Capital. The government also consolidated its base of social support with neopopulist-assistencialist programs, a cornerstone of its political discourse.

However, one can identify a Faustian process in which the proposals foresee a transformation of the country’s development which is caught up in a process of capitalist modernization, plagued by contradictions social tensions and a multidimensional economic, health and security crisis. The hopes of a substantive social transformation deserve, inevitably, honing and deepening the theoretical and political debate about the enormous national challenges and their alternatives within a complex global context.

Keywords: capitalism, neoliberalism, State, social transformation, Mexico.

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Ambigüedades contra el neoliberalismo: ¿gatopardismo?

El juego de la alternancia electoral y la izquierda posibilista El régimen de la alternancia electoral comenzó en 2000, con la cesión de la presidencia de la República al Partido Acción Nacional (pan), para luego regresarla al Partido Revolucionario Institucional (pri) y ahora concederla al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), emanado del Partido de la Revolución Democrática (prd), en un juego de pase de estafeta del poder político, que ahora admite el tripartidismo (pri-pan-Morena). Las votaciones federales del 1 de julio de 2018 marcan un punto de quiebre en la vida política nacional, no sólo por el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador (amlo), a la postre representante de amplios sectores de izquierda y derecha, con un gran apoyo popular,1 sino por el clamor popular por un cambio de modelo económico-político en el país, lo cual significa el rechazo generalizado al neoliberalismo y la búsqueda de un nuevo paradigma de desarrollo nacional.

El significado histórico del triunfo de Morena en las elecciones presidenciales es la derrota del pri luego de un tercer intento, en una versión reblandecida y atada a un sinnúmero de alianzas con los sectores oligárquicos que otrora denostaba discursivamente como la «mafia del poder», a la cual terminó por subsumir a su proyecto político. Las razones que explican ese resultado son: a) la crisis en el seno de la clase dominante; b) el logro En un país de 120 millones de habitantes, sólo votaron 53% de los electores. Por amlo votaron 32 millones, pero en México hay, cuando menos, 54 millones de pobres y 6 millones en extrema pobreza. En primera instancia, 28 millones de pobres no votaron, sin considerar a quienes sí votaron, pero lo hicieron por otros partidos.

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de consenso político entre las élites en torno a la continuidad del modelo económico-político, ante el eventual triunfo de amlo y la formación de un cogobierno «izquierda-derecha», y c) la acumulación de indignaciones expresadas en un voto masivo (Márquez, 2018a).

No obstante, es sintomático que amlo emerge de la nueva izquierda —muy semejante a la nueva derecha— de corte pragmática, «moderna», proempresarial y populista. Es una izquierda residual, no disruptiva del orden social. En el espectro ideológico ya no hay una diferencia sustancial entre izquierdas y derechas, las posturas se confunden; plantean cosas semejantes, con pequeñas diferencias entorno a la distribución del ingreso (énfasis de la izquierda) y seguridad (énfasis de derecha). La democracia liberal al uso se funda en un sistema electoral que no ofrece opciones reales, sin cabida para la izquierda radical, que queda marginada y arrinconada, sino dos o tres candidaturas articuladas, a su pesar, por el mismo proyecto capitalista, que puede adjetivarse como «neoliberal», aun cuando discursivamente expresen matices, discrepancias y variantes discursivas, hasta simular su opuesto, lo «posneoliberal». Es parte del «juego democrático» liberal, reducido a las elecciones y la distribución del poder entre los personeros de la llamada «clase política».

La izquierda posibilista y pragmática opera con los ojos puestos en la siguiente elección, mientras tanto realiza actos de gobierno donde «se hace lo que se puede», no lo que se necesita, de acuerdo al estado de ánimo del gran líder y de sus allegados, quienes suponen representar el ser nacional. La izquierda posibilista pacta y cogobierna con la derecha pragmática, cuyo punto de confluencia es el consenso neoliberal, que recupera la noción de Estado mínimo, la modernización tecnológica y la pérdida de sentido en la diferencia izquierda-derecha. Mantiene un discurso «cercano a 264

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la gente», vende la ilusión del cambio, pero utiliza métodos pragmáticos.

Es consecuente con la noción de democracia como mera alternancia electoral, donde tengan cabida en los puestos del gobierno y el parlamento. Ha renunciado a cualquier utopía, al cambio social: no hay condiciones ahora, quizás después. Por lo pronto, es administradora de los intereses del gran capital, que ideológicamente es de derechas, con un esquema redistributivo que reedita el viejo paternalismo priista.

La retórica del cambio alimenta la esperanza de las bases sociales de apoyo, pero mantiene a buen resguardo la esencia conservadora de una sociedad que se mueve entre la tradición, la religión y el apego a un líder fuerte, carismático, paternalista.

El hecho de disponer de mayorías parlamentarias exige a Morena y a sus aliados argumentar a favor de las propuestas, más allá del beneplácito del presidente, dentro de un proyecto de transformación, que por lo pronto brilla por su ausencia.

Social-transformismo ¿Cuál es el sentido de la transformación social propuesto por amlo y Morena? La gran apuesta del proyecto se denomina «cuarta transformación» (4t), en referencia al curso de la historia patria: independencia, revolución y reforma. Es el relato oficial que comenzó a escribirse en el siglo xix, por encargo del gobierno liberal, y que se ha plasmado en la historia de bronce que se ha enseñado en la educación primaria, plagada de héroes, hazañas y símbolos plasmados en efemérides, actos cívicos conmemorativos y demagogia gubernamental. Ha fungido como la ideología del Estado mexicano vertebrada por el nacionalismo revolucionario de cuño priista. En

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esa invocación se omiten los hechos precedentes, desde la Conquista, y omite también la historia más reciente, la gran transformación neoliberal, que sigue vigente, es decir, se dan grandes saltos en el devenir histórico y, por si fuera poco, se asume, prematuramente, que estaría en curso la cuarta transformación, cuyo nombre, definición y contenido no es del todo claro. Para algunos es antineoliberal o posneoliberal, para otros es liberal y neoliberal, para otros es simplemente una ocurrencia. Pero cuando menos es un eslogan efectivo para la propaganda gubernamental.

Más allá de la retórica oficial, la disyuntiva que se abre es si el proyecto de gobierno de amlo representa un proyecto de cambio de sistema o un cambio que en realidad da continuidad a su funcionamiento, depurándolo de algunos actos de corrupción selectivos, para disminuir a los opositores.

El desafío consiste en desbrozar el doble enigma sobre a) un cambio de régimen político o una peculiar forma de gobierno que seguirá reproduciendo el sistema de poder oligárquico, y b) un cambio de proyecto de desarrollo (neoliberal) o continuidad de formas de gobierno y gestiones que prolongan las dinámicas del capitalismo mexicano subsumido al gran capital global. Sea como fuere, estos factores y la emergencia del nuevo gobierno no constituyen de por sí una gran trasformación, una cuarta, según el discurso oficial. Apenas es el anuncio de un gobierno en formación que se enfrenta a un cúmulo de contradicciones y ambigüedades, problemas y contrasentidos, que sólo el devenir de los hechos, con el paso del tiempo, y según los resultados, podrá o no dictaminarse si se ha consumado la susodicha «cuarta transformación».

Por lo pronto, se requiere desmontar los dispositivos ideológicos y propagandísticos que predominan en el discurso oficial y detectar su cometido político, sus compromisos con los intereses concretos de la sociedad 266

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civil, las clases sociales y los poderes fácticos. Las diversas expresiones políticas pueden tomar las siguientes expresiones: El proyecto neoliberal: en esencia, el neoliberalismo no es la corrupción sino la embestida del poder y el capital contra los trabajadores, organizaciones sociales e instituciones que las protegen. Los neoliberales reclaman una menor presencia del Estado (menos impuestos, menos regulación), pero requieren un Estado fuerte para desplegar el proceso de acumulación, ampliar los mercados y garantizar la seguridad y el orden. No sólo se antepone la ley privada a la ley pública, sino que se amplía el margen de apropiación del excedente por el capital a expensas de los asalariados.

El proyecto reformista: de inspiración socialdemócrata y de ascendencia keynesiana, el reformismo siempre busca restañar a los problemas del capitalismo mediante la intervención estatal y el rencauzamiento de la acumulación y la rentabilidad capitalista, con concesiones a los trabajadores. Su presencia es más solícita cuando el ciclo económico se precipita en la forma de crisis y se requiere recomponer el rumbo. Esta tónica ha sido afín al desarrollismo latinoamericano, la expansión del capital industrial y comercial, y adquiere matices multicolores con formulaciones como el capitalismo con rostro humano y el resurgimiento del estatismo.

El proyecto de la izquierda posibilista. El proyecto electoral de la izquierda posibilista navega entre la indefinición ideológica y el pragmatismo político. Significa la bancarrota ideológica de la izquierda, que renuncia al cambio de las estructuras sociales y las relaciones de producción, para entregarse a las formas de cogobierno con la derecha, al compartir su programa económico político y promover pequeñas modificaciones en el corto plazo, mejoras asistencialistas entre los pobres, que son su clientela electoral y proyecto como el «progresismo», el populismo, el

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«posmodernismo», las luchas identitarias, la micropolítica y la disputa por los puestos parlamentarios y gubernamentales. Son expertos gestores de la crisis y se asumen como equilibristas en la correlación de fuerzas para estabilizar al Estado en crisis y encauzar la acumulación de capital.

El proyecto revolucionario: el punto de referencia no es el neoliberalismo de por sí, sino el capitalismo como modo de producción y sistema de poder, al cual se pretende transformar de raíz para convertirlo en una nueva sociedad, que difusamente puede advertirse como poscapitalismo, pero que de manera más certera aluda al socialismo y al comunismo, no sin hacer la crítica de los proyectos habidos en su nombre.

La izquierda dominante en México, como en muchos países en el mundo, es de corte reformista y posibilista, incluso conservadora, pero claramente no tiene un solo matiz de reformismo radical, pues no busca cambiar el sistema económico-político, sino que sólo pretende paliar sus efectos más nocivos. Para ello plantean un «Estado social», un «Estado benefactor», un «Estado desarrollista» o un «Estado progresista», que reavive el proceso de crecimiento económico con el capital privado e implemente programas sociales, con aumento del gasto en servicios públicos, para lo cual se precisa más inversión privada y mayor recaudación impositiva.

Del «proyecto alternativo de nación» al Pejenomics A nivel discursivo, la némesis de la 4t es el neoliberalismo, pero se le reduce a un problema de corrupción de los políticos, específicamente a los que son opositores al gobierno; en tanto que los adeptos al régimen de raigambre neoliberal no pasan por ese tamiz. Esta caracterización es reduccionista y, por tanto, simplista. Atribuye al neoliberalismo la capacidad de 268

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sobredeterminar la realidad del pasado y del presente. Pero el neoliberalismo no se reduce a un programa económico o ideológico ni a la identidad de gobiernos coaligados de derecha ni a la proliferación de la corrupción y la inmoralidad. Como proyecto político de las clases dominantes, tiene una connotación más profunda, que representa una gran fractura histórica en la disputa por la apropiación de la riqueza social, que se expresa en una brecha notable trazada por el incremento de la productividad y el decremento salarial. En definitiva, significa la supremacía del capital sobre el mundo del trabajo. Asumir que el problema principal es la corrupción es un encubrimiento de la realidad.

En el discurso político oficial se decreta el «fin del modelo neoliberal y su política económica», y proclaman intenciones que no se llevan a la práctica: Estamos iniciando una etapa nueva, es un cambio profundo, una transformación; no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Es el momento de expresar que para nosotros ya se terminó con esa pesadilla. Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, aparejada esa política con su política económica. Quedan abolidas las dos cosas: el modelo neoliberal y su política económica de pillaje, antipopular y entreguista (López, 17 de marzo de 2019).

Frente al neoliberalismo, no se fija una postura conceptual y política clara, más allá de una abrogación por decreto del llamado neoliberalismo y expresiones vagas sobre el posneoliberalismo y el combate a la corrupción como premisa y la austeridad como norma de gobierno. En términos categoriales, el proyecto de desarrollo de la 4t puede definirse como una

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expresión tardía del neodesarrollismo, que se basa en la gestión estatal del desarrollo con el papel protagónico de la burguesía nacional más una política asistencialista para los sectores más empobrecidos, es decir, es una formulación que engloba estatalismo, con neoliberalismo y populismo (Bresser, 2010, Katz, 2015; Márquez, 2018a).

Sin embargo, en el peculiar proyecto «neodesarrollista» del lopezobradorismo no hay un concepto orientador progresista semejante a los que promulgó la vertiente latinoamericanista que invocaba términos como «vivir bien» (Bolivia), «socialismo del siglo xxi» (Venezuela) o «revolución ciudadana» (Ecuador). Cuando menos, en las candidaturas previas había expuesto el término paraguas de «proyecto alternativo de nación» y en la última contienda ganadora, se apresuró a dar un viraje proempresarial con el programa denominado Pejenomics: hacia una economía para todos,2 un prontuario de políticas y programas de fomento preferente a la inversión empresarial privada alineada con las sacrosantas señales de la macroeconomía.

El proyecto de desarrollo centrado en la inversión privada, el Pejenomics, formulado e implementado por su jefe de gabinete, el empresario de derechas Alfonso Romo, no plantea configurar una nueva organización de la economía, sino navegar sobre las olas del modelo existente: «Economía de libre mercado con la prédica de primero los pobres», es decir, se asume como desarrollista (crecimiento, libertad empresarial libre comercio, zonas especiales, megaproyectos) con política asistencial (adultos mayores y jóvenes).

Pejenomics: hacia una economía para todos, vol. 1, en https://drive.google.com/file/ d/1gqgu7it-fgn-htfnjy9wyaxgebuau0jo/view; vol. 2, en https://drive.google.com/file/ d/1magcgsems1kgiyr90sf_ aidacvzjhk x-/view

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Un ingrediente insertado en la visión de desarrollo es la del nacionalismo, herencia del pasado priista, el nacionalismo revolucionario. La vena nacionalista del lopezobradorismo es una añoranza del «desarrollo estabilizador», el «milagro mexicano», anclado en el contexto internacional de crecimiento denominado los «años dorados» del capitalismo de posguerra (1945 -1973), e incubado por el priismo de los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, donde se consiguieron tasas de crecimiento de 4% anual entre 1954-1970. Con esa añoranza y la guía del libro Desarrollo estabilizador del entonces secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena (1998), amlo pretende elevar la tasa de crecimiento económico de 2%, cuando asumió el cargo, a 4%, y de 6% al final del sexenio, en ello cifra

su meta económica. La fórmula del desarrollo económico, cual si fuera una segunda vuelta del desarrollo estabilizador, es crecimiento + distribución del ingreso.

En el curso de la historia del capitalismo moderno en México, desde la posguerra, cuando a nivel mundial se imprime un nuevo impulso a la espiral de acumulación mundial, se verifica el tránsito de dos grandes modelos de desarrollo: el «desarrollo estabilizador», una segunda etapa de la industrialización por sustitución de importaciones que vivió periodos de crecimiento y la vigencia del pacto populista (revolución pasiva) hasta su agotamiento (la «docena trágica» referida a los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo), y el «neoliberalismo» desde Miguel de la Madrid a la fecha, y actualmente estamos en el impasse de la 4t. El proyecto de la 4t es deliberadamente ambiguo y contradictorio, difuso y pragmático, voluntarista y moralista, que navega a la deriva en un mundo inmerso en una profunda crisis civilizatoria. Dice ser «posneoliberal», pero arrastra los fundamentos del neoliberalismo que dice denostar combinados con

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prácticas populista. Pareciera ser un oxímoron, pero una definición preliminar de este proyecto pudiera ser un neoliberalismo populista. Su vena neoliberal se detecta en la persistencia de la ortodoxia macroeconómica, la subordinación al capital global (tlcan-t-mec), la reticencia a la fiscalidad progresiva, la férrea austeridad, los ajustes y recortes, etcétera; en tanto que el populismo se apuntala con las transferencias monetarias focalizadas, el discurso demagógico y la procreación de una base social de apoyo electoral.

En el renglón político-ideológico, la noción de «cuarta transformación» más bien pretende establecer una línea de continuidad con el nacionalismo de la historia patria, una forma de nacionalismo burgués de talante decimonónico, cuya última gran transformación fue el proyecto neoliberal, precisamente el derrocamiento desde el Estado del proyecto nacionalista, que habría quedado obsoleto frente al impulso de la globalización capitalista. Adicionalmente, se alinea con una noción mínima del progresismo latinoamericano: crecimiento económico + distribución social del ingreso, dentro de los márgenes del capitalismo subdesarrollado y dependiente, mediante el estímulo a la inversión privada y pública de carácter rentistas, con énfasis en el sector petrolero, y la formación de una bolsa fiscal para financiar programas de asistencia social, donde se procrean las bases de apoyo electoral que sustentan la continuidad del proyecto de gobierno; pero sin crear bases para una reconversión productiva que aliente el crecimiento ni soportes fiscales para la distribución, mucho menos para transformar las estructuras económicas y sociales en pos de una transición hacia un sistema poscapitalista.

Pero sus intenciones son más pragmáticas, alineadas con la economía de mercado a cargo de los grandes capitales. Ante el diagnóstico de falta 272

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de crecimiento y como contraposición el periodo neoliberal de estancamiento crónico, se pretende impulsar un nuevo ciclo de crecimiento económico con políticas convencionales, como la promoción de los megaproyectos y los polos de desarrollo en zonas preferentes, modalidades que antes se criticaban por ser depredadoras de la naturaleza, expoliadoras de los pueblos y concentradoras de la riqueza, ahora súbitamente se presentan como fuentes de la bonanza y la prosperidad.

La expectativa de reformas y mejoras del proyecto de regeneración nacional pasa por alto el hecho de que el viejo régimen, por más corrompido y decadente que sea, está sostenido por la fuerza del poder de las clases dominantes, el imperio y la oligarquía, que pervivirán en la estructura de poder y serán influyentes en los gobiernos que pretenden implementar una transición pactada.

En 1970, Luis Echeverría era presentado como el mesías de «el ‹cuarto movimiento› de nuestra sinfonía histórica», como parte de una revolución inconclusa, que tenía como referente inmediato el nacionalismo revolucionario, la constitución de 1917. Asimismo, se advertía que la disyuntiva era «Echeverría o el fascismo» (como exclamaron intelectuales de izquierda como Fernando Benítez y Carlos Fuentes, entre otros), para confrontar al movimiento estudiantil y las organizaciones obreras, campesinas y populares de izquierdas y para contener el ascenso de la derecha oligárquica, por lo que Echeverría era lo menos malo. Guardadas las distancias y contextos, el proyecto de amlo retoma la noción de cuarto movimiento o cuarta transformación en el curso de la historia patria que ha pergeñado la ideología del nacionalismo revolucionario de cuño priista, a la vez que su discursividad presidencialista estira la cuerda y tensa las posiciones al punto de expresar que no hay medias tintas o se está con su proyecto o se

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está en contra. Este discurso maniqueo reduce las posiciones políticas en dos frentes, de talante decimonónico: liberales vs. conservadores. Habría que advertir, sin embargo, como lo hiciera Marx (2003:31): «Hegel observa en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal acontecen, por así decirlo, dos veces. Olvidó añadir que, una vez, como [gran] tragedia, y la otra, como [lamentable] farsa». Con esta sentencia criticaba a los movimientos políticos que bajo ropajes de héroes y eventos del pasado enarbolan luchas y consignas anacrónicas con las que sólo ocultaban su demagogia.

Paradoja neoliberal El modelo económico neoliberal ha sido sintetizado por John Williamson en el decálogo del «Consenso de Washington», donde la inversión extranjera y la privatización, puntales ambos de los proyectos estratégicos de la 4t, son determinantes. Al respecto, Williamson expresaba que «estas inversiones pueden aportar el capital necesario, habilidades y know-how (...). La principal motivación para restringir la inversión extranjera directa es nacionalismo económico, que Washington desaprueba» (Williamson, 1990). A su vez, la privatización era otra de las políticas principales:

La privatización puede ayudar a aliviar la presión sobre el presupuesto gubernamental, tanto en el corto plazo por los ingresos producidos por la venta de la empresa y en el largo plazo en la medida en que la inversión no necesita ser financiadas por el gobierno. Sin embargo, la principal justificación para la privatización es la creencia de que la industria privada se gestiona de manera más eficiente que las empresas estatales (Williamson, 1990).

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Por tanto, «esta creencia en la superior eficiencia del sector privado ha sido durante mucho tiempo un elemento de fe en Washington» (Williamson, 1990).

La paradoja neoliberal de la «cuarta transformación» consiste en que dice ser un proyecto antineoliberal cuando las políticas centrales del modelo neoliberal —como la inversión privada, la inversión extranjera y la privatización— persisten, y son puntales, en el programa de gobierno que dice abrogar, por decreto, el neoliberalismo, y todos los días se encarga de abjurarlo, pero la realidad dice otra cosa muy distinta. De hecho, se brindan todas las concesiones a los grandes empresarios que hacen pactos políticos con el gobierno, p. ej. medios de comunicación, la inversión público-privada en grandes obras de infraestructura. Aun cuando es una quimera suponer que existe un empresariado «nacionalista», menos aún que vele por el interés común de la nación abstracta, sino que obra en función de sus intereses personales y los de su clase, la capitalista, impelida por la obtención de ganancias y el enriquecimiento. Inclusive, se podría caracterizar a la burguesía nacional como «lumpenburguesía» (Frank, 1972), dado que se trata de un empresariado rentista que vive a la sombra del Estado, favorecida por los contratos, concesiones, subsidios, exenciones y otras canonjías y privilegios. Navegan entre los sucesivos gobiernos de la alternancia sin compromisos político-ideológicos, a no ser los de sus propios negocios expansivos La política de crecimiento está vinculada con un inevitable alto costo social y ambiental debido a los megaproyectos pasados, presentes y futuros, que concitan el despojo, la proletarización, el extractivismo y la depredación ambiental. La política de distribución del ingreso mediante la estrategia de focalización en sectores pobres (transferencias monetarias o

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subsidios a grupos específicos) o políticas universales de distribución del ingreso (p. ej., salario indirecto, canasta básica alimentaria, subsidios a bienes salario) son variantes de la «nueva política social» del neoliberalismo, 3 que dispone de una política asistencialista para mantener un soporte social mínimo sin transformar la trama de las relaciones sociales: desde un horizonte conceptual del liberalismo social antes se hablaba de «desarrollo social», y ahora se alude tibiamente a «bienestar».

Así como el neoliberalismo, en tanto proyecto de clase, fue exitoso para modificar la correlación política de fuerzas a favor del gran capital y orientar las funciones estatales a sus intereses, permitiendo la concentración de capital y riqueza, así también el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), y su versión actualizada de Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (t-mec), debe entenderse como un proyecto de integración regional de los capitales multinacionales y nacionales que comandan la economía mexicana y de la zona, y que sus resultados no se miden por el crecimiento limitado del país ni la devastación social sino por la acumulación progresiva de capital a escala regional. Ambos proyectos siguen vigentes, aunque cambien de nombre e independientemente de la alternancia electoral.

Aún está por definirse si la autodenominada «cuarta transformación», en realidad es una variante de la gran transformación neoliberal en su sexto ciclo sexenal, que quisiera imprimirle como sello distintivo un nuevo La nueva política social del neoliberalismo se implementa en América Latina desde la década de los setenta del siglo pasado, en los países pioneros del neoliberalismo, como Chile y Bolivia, pero va refinándose conforme se adopta la «transición a la democracia» dentro del propio neoliberalismo y la necesidad de generar una base social de apoyo. Las políticas asistencialistas y clientelares, soportadas por la perspectiva del liberalismo social, tendrán un gran desdoblamiento en el funcionamiento de ese modelo de desarrollo.

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rostro humano al capitalismo neoliberal desde una perspectiva moralizante y austera.

Gestión estatal posneoliberalizada o la ortodoxia rediviva El Estado asume parcialmente la gestión del desarrollo. Funciones estatales asumidas por el Estado durante el modelo neoliberal han sido ratificadas y profundizadas, tanto para la expansión del capital, como para la apertura de nuevos espacios de valorización, al igual que para reinsertar a sectores pauperizados a la órbita del consumo. Sin embargo, es una gestión incompleta y ambigua, que garantiza espacios al gran capital multinacional y nacional, en sectores rentables vinculados a la exportación y al mercado interno de alto consumo, pero deja inconclusos sectores estratégicos para el desarrollo: bienes de capital, alimentario, educativo, científico-tecnológico… Confiere un activismo al Estado en la promoción de la expansión del capital mediante, por ejemplo, la creación de zonas económicas especiales (zee) o el pago de la nómina de grandes empresas privadas.

No es muestra de la vigencia del precepto liberal laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar), si no de un capitalismo donde el Estado funge el gerente del capital, como capitalista colectivo, bajo la fórmula de «gastos públicos, ganancias privadas». A la postre, es un modelo híbrido de gestión entre una economía de libre mercado y un capitalismo monopolista de Estado, en todo caso una economía mixta inconclusa.

Al igual que la tecnocracia neoliberal, las «señales del mercado» se siguen tomando como el criterio toral para la toma de decisiones. Garantizar las condiciones macroeconómicas para las ganancias y continuar con la tributación al capital financiero internacional. amlo no va a revocar

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concesiones y contratos, salvo algunos de efecto mediático, tampoco se advierte una reforma sustancial a la hacienda pública con la intención de subir impuestos en escala progresiva ni de cambiar la constitución para afincar una plataforma política de transformación social, salvo enmiendas de ocasión. De lo que se trata es de brindar certidumbre a los participantes en el mercado, los grandes capitales monopolistas internacionales y nacionales, con la coparticipación del Estado en proyectos de infraestructura y energéticos, en una ruta inercial con el continuismo capitalista. Decididamente, el esquema de gobernación es un cogobierno entre facciones de la izquierda nacionalista y la derecha empresarial, que se orientan por un proyecto de república de corte nacionalista burgués.

A contrapelo de la historia, el presidente está obstinado en restituir el rentismo energético del petróleo y la electricidad. Para revivir viejas glorias de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (cfe), empresas públicas que producirían energía y arrojarán una renta energética, con la cual financiar las arcas públicas y redistribuir el ingreso mediante programas de asistencia social. Esta es la vía más expedita de la fórmula del desarrollo que se proclama desde la década de los sesenta, con el «giro social» del Banco Mundial, ante el fracaso de las políticas de modernización = crecimiento económico + distribución del ingreso, misma fórmula que ha sido retomada por el progresismo neoextractivista, que incentiva los megaproyectos para captar una parte de la renta y financiar al Estado y sus programas sociales. El inconveniente es que Pemex fue prácticamente desmantelada y los sectores estratégicos concesionados al capital privado, nacional y extranjero, al igual que la generación de electricidad. Pemex tiene una colosal deuda y requiere mucho dinero para restaurarla. Pero el mercado mundial de hidrocarburos está en descenso, no 278

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sólo porque está en curso la transición energética, sino porque los precios internacionales son inestables, con caídas precipitadas a la baja, haciendo incosteable en el mediano y largo plazo a esta industria. Los gobiernos de las economías desarrolladas adoptan medidas para transitar hacia las energías «limpias» (eoloeléctrica, solar) y dejar atrás las energías sucias (hidrocarburos, carbón, combustóleo, diésel). Las industrias se preparan para tomar como fuente primaria de energía a la electricidad y no a la gasolina. ¿Qué es más redituable: importar gasolinas baratas o producirlas con un altos costo de producción y un sacrificio a las finanzas públicas?

Entre el capital y el trabajo Por el bien de todos… primero ¿los pobres, los ricos o los gobernantes?

La disputa por la cuestión social está invisibilizada en el debate nacional, pero es la más crucial.4 Los oligarcas, que se sienten dueños del país, abogan por una macroeconomía acorde a las señales del mercado (inflación estable) y la contención a rajatabla de los costos laborales en contra de los intereses de la mayoría de los trabajadores que perciben salarios ínfimos y luchan, esporádicamente, de manera desarticulada, por preservar Los organismos y organizaciones internacionales reconocen que México es el país más desigual de América Latina (Vázquez, Delgado y Jaramillo, 2018). Incluso las propias instancias promotoras, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde, 2018), desde una visión estática, advierten que un hipotético mexicano pobre requeriría 150 años para volverse rico, en caso de que pudiera vivir esos años y de que se activara la escalera de «movilidad social»; en ese tenor, «México parece tener relativamente menos disponibilidad que otros países de América Latina o economías emergentes».

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prestaciones, salarios y empleo. En ese contexto, es paradójico que amlo, y su autodenominada «esperanza de México», predique que en el país, como si fuera una excepción mundial, no hay explotación, porque los oligarcas, los magnates afines a su administración, son generadores de riqueza y empleo con riquezas «bien habidas», y su gobierno se integra por facciones de la burguesía nacional, en tanto que sus programas estrella se orientan a respaldar los planes de negocio: megaproyecto, subsidio a nóminas, tlcan, etcétera. No en balde expresa sin tapujos el mantra neoliberal: «El

mercado se regula con el marcado» (Forbes, 12 de marzo de 2020). En la misma tesitura, pide al Banco de México no intervenir en el mercado para «fortalecer al peso» (Redacción, 12 de marzo de 2020).

Por la vía del continuismo, amlo descartó que las «reglas del juego» del neoliberalismo fueran a cambiar: «No va a haber reformas promovidas por el Ejecutivo que afecte a la banca de México y la banca que trabaja en nuestro país, vamos a mantener el mismo marco legal» y que «si hay algún cambio saldrá de ustedes y pensando siempre en la competencia. Los bancos se regulan con los bancos, el mercado se regula con el mercado» (Redacción, 13 de marzo de 2020).

El proyecto de desarrollo nacional de amlo va a sostener la reproducción del capital con particular énfasis en los intereses del capital sobre los del trabajo. Se trata de un proceso fáustico que pretende «hacer historia», pero al fin de cuentas es un proceso de modernización capitalista plagado de contradicciones. Un proyecto de cambio, cuando menos, debería afectar intereses creados del gran capital, pero amlo se ha mostrado condescendiente con ellos y afecto a sus intereses, salvo con las facciones del capital que manifiestan una abierta oposición política a su proyecto, es decir, los empresarios panistas y priistas.

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El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, vínculo político de la 4t con el capital privado, ha expresado que pretenden convertir a México en «un paraíso de la inversión». Para tal efecto, han creado el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, que tiene el cometido de «promover la inversión, fomentar el desarrollo económico y fortalecer las fuentes de empleo en el país» (Segob, 17 de mayo de 2019). 5 Por supuesto, no existe parangón con las organizacio-

nes de trabajadores, movimientos sociales y organizaciones ciudadanas, a quienes se ve con recelo y habitualmente se engloba, en una visión maniquea, como sectores «privilegiados», «corruptos» y «conservadores», salvo que se subsuman a las políticas de recortes indiscriminados y respalden políticamente sus proyectos. Lo mismo puede decirse de los empresarios que no son cercanos, políticamente, a amlo, que no han pasado por el tamiz purificador y se quedan en la órbita política de los «conservadores».

El simplismo es tal que hay empresarios «conservadores» y «progresistas», según estén a favor o en contra del líder político en cuestión.

En México el capital está altamente concentrado, con una mezcla de empresas privadas y públicas, nacionales y multinacionales. Hay 5.6 millones de establecimientos, pero sólo 0.2% concentra 64% del producto interno bruto (pib) (mil empresas grandes concentran 56% del pib y 28.8% del personal ocupado), y 246 mil pequeñas y medianas empresas (Pymes) El Consejo empresarial está conformado por conspicuos personajes de la otrora «mafia del poder» (López, 2007), la némesis del lopezobradorismo, que se reconvirtió por efecto de una transubstanciación al estilo de la 4t en el exclusivo Consejo Asesor Empresarial: Bernardo Gómez (Televisa), Olegario Vázquez (Grupo Empresarial Ángeles), Carlos Hank (Banorte, Gruma y Hermes), Daniel Chávez (Vidanta), Miguel Alemán (Interjet) y Ricardo Salinas (TVAzteca, Elektra, Banco Azteca). Asimismo, es omnipresente la figura de Carlos Slim (Grupo Carso).

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aportan 25.1% del pib y 31.4% del personal ocupado. Las grandes empresas que operan en México, tan sólo mil de ellas, generan 65.2% de pib, concentran 62% de los activos fijos, pagan 40% de las remuneraciones totales y dan empleo a 16% del personal ocupado en el país. Entre las principales empresas de México se encuentra Petróleos Mexicanos (Pemex), América Móvil, Wal-Mart, Comisión Federal de Electricidad (cfe), Fomento Económico Mexicano (femsa), General Motors, Alfa, Fiat Chrysler (fca), Bimbo, Cemex, Bimbo, bbva-Bancomer, Volkswagen, Grupo México (Expansión, 2019). Asimismo, México encabeza la lista de empresas traslatinas, multinacionales de la región, o empresas mexicanas globales: Pemex, América Móvil, femsa, Alfa, Bimbo, Cemex, Grupo México, entre otras.

Para la 4t los empresarios lo son todo: son los agentes inversionistas, generadores de crecimiento, creadores de empleo y promotores del bienestar. Los principales proyectos de la 4t tienen como protagonista central al gran capital privado y el gobierno es garante y coinversionista. Los pobres son sujetos pasivos beneficiarios de programas de asistencia y los trabajadores son un sector desdibujado, que no está en el radar del gobierno como sujeto colectivo protagónico de la transformación, si acaso como masa electoral que es convocada ritualmente a los comicios bajo la investidura de la entelequia llamada «pueblo».

Desvalorización del trabajo México es un país de trabajadores que generan la riqueza y soportan todo el modelo económico-político en el país orientado a la exportación bajo cadenas de valor global, pero que también hacia el mercado nacional, además de que es el principal proveedor de trabajadores para la economía 282

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estadounidense vía la migración laboral. Pero la denominación misma de trabajador se encubre bajo términos como «emprendedores», «empresarios independientes» o «empleados», «colaboradores» o «asociados» dentro de las empresas. En esa tónica, la figura del trabajador no es reivindicada por el lopezobradorismo, a lo sumo la figura abstracta de «pueblo» o «pobres», sin referencia a las relaciones de producción.

La población trabajadora es mayoritaria. De acuerdo a las estadísticas oficiales, para 2019, en México había 55.6 millones de población ocupada, de la cual 68.2% eran asalariados, 22. 5% trabajan por cuenta y 4. 5% son trabajadores no remunerados, en tanto que sólo 4.8% son propietarios que ocupan trabajadores (inegi, 2020).

No obstante, la mayoría de los trabajadores no se expresa en un poder político ni en mejores condiciones de trabajo. México es el país de la ocde que más horas se trabaja (2 mil 255 horas al año en promedio: 43 horas a

la semana) (ocde, 2020), también es el país con menos días de vacaciones, 70% de los mexicanos no tendrá pensiones, 60% trabaja en la informalidad.6

Fiel reflejo de la política neoliberal, cuyo eje central es la desvalorización del trabajo, el ingreso salarial en México lleva más de tres décadas y media desplomándose, desde el punto de vista de su poder adquisitivo. Hay muy pocos países en que la participación salarial haya caído tanto como en México, incluso en el contexto de América Latina, donde el salario crece y en México permanece estancado. Desde 2019 se precipitó la participación del salario en el pib nacional. Asimismo, hay una recomposición del empleo hacia la baja remuneración: crecen los empleos precarios y decrecen En Japón existe un fenómeno denominado karoshi, que significa «morir por demasiado trabajo», aunque se trabaja en promedio menos horas que en México (mil 713 horas, 542 horas menos que México).

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los empleos estables. También hay un deterioro acusado en las remuneraciones de los trabajadores con mayor nivel educativo (media superior o superior), un movimiento a la baja que tiende a acercarlos a los trabajadores con bajos niveles de instrucción (de secundaria hacia abajo). Sólo 37% de los ocupados percibe más de tres salarios mínimos y apenas 5.2% percibe más de 5 salarios mínimos, el umbral de ingresos que se considera adecuado para acceder a una canasta básica acorde a la vida contemporánea. Casi 40% de la población no cubre la canasta alimentaria o, dicho de otro modo, está en situación de infrasubsistencia. Esta circunstancia no se puede atribuir a la productividad, pues si el nivel del salario mínimo hubiera crecido junto con el crecimiento de la productividad ya habría superado la línea alimentaria, es decir, la subsistencia básica. El salario mínimo está por debajo del umbral de subsistencia, está desvalorizado estructuralmente.

Para 2017, la brecha entre ganancias del capital y remuneraciones a los trabajadores es la más amplia que se ha registrado en México: en términos del ingreso nacional, 74% se va para el capital como rentas, dividendos e intereses, y 26% restante a los trabajadores, como salarios. Es la desigualdad más amplia desde los 70 (González, 21 de octubre de 2019).

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 70% de la población económicamente activa mexicana no cuenta con pensión contributiva (en Chile y Costa Rica es de 34% y en Uruguay de 28%, el promedio en América Latina es de 60%), los recursos aportados por el trabajador (1.1% del salario base), el patrón (3.1% del salario) y el Estado (0.2%), durante la vida laboral del trabajador en las cuentas individuales manejadas por la Administradora de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores). En México, 57% de la población ocupada trabaja en la informalidad y no cotiza en un sistema de pensiones. Muchos trabajadores 284

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no forman parte de la seguridad social o tienen trayectorias muy intermitentes entre la formalidad y la informalidad, por lo que no podrán acceder al sistema de pensiones en su retiro.

El trabajo precario y el llamado trabajo independiente diluye la posibilidad de que tendrá acceso al sistema de pensiones en su retiro, pues no cuenta con empleo formal. El esquema de Afores requiere haber cotizado aproximadamente 24 años al imss, y al menos 30% de los trabajadores podrán cumplir esa meta. El nivel de aportación es de 6. 5% del salario en la cuenta individual del trabajador. Aproximadamente 75% de los trabajadores cotizan con menos de 5 salarios mínimos, y entonces recibirán la pensión mínima. Amén de que las comisiones que cobra la Afore son altas.

La senda de la superexplotación Frente al régimen de superexplotación, es decir, la desvalorización de la fuerza de trabajo, uno de los datos más persistentes en los últimos tiempos, en el lopezobradorismo no hay un pronunciamiento concreto al respecto, salvo continuar con la política asistencialista y electorera de transferencias monetarias o subsidios a familias pobres: subsidio a nóminas de grandes corporaciones, incremento reducido del salario mínimo, reconstrucción de relaciones con el sindicalismo oficialista y democrático, privilegio a los grandes capitales (señales del mercado y México como paraíso de la inversión) y megaproyectos con esquemas de financiamiento público-privado.

El discurso es proempresarial, no a nombre de los trabajadores, a quienes se suple con la entelequia del pueblo.

En línea con los gobiernos neoliberales precedentes, el gobierno de amlo anunció un incremento pírrico al salario mínimo general diario de

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14 pesos (16%), notoriamente insuficiente para alcanzar una condición de

«salario digno», pues se trata de un salario insuficiente siquiera para comer, con él se tendría que trabajar 21 horas diarias para adquirir la canasta alimentaria recomendable, que tiene un costo estimado de 264.84 pesos diarios (cam, 2018). A su vez, se ha centrado en los salarios máximos del sector público con techo en el ingreso presidencial y los salarios mínimos de los trabajadores, pero el problema está en los salarios medios, los cuales rigen a la mayoría de los trabajadores, que se encuentran subsumidos en la política persistente de contención salarial.

Aun con el aumento al salario mínimo, las cosas no cambian en el escenario de la economía global del trabajo barato: en México se continuará percibiendo los niveles salariales más bajos de América Latina y la ocde, seguirá ofertando ese elemento de competitividad espuria. Por lo demás, 102.68 pesos diarios resultan notoriamente insuficientes para superar la pobreza de 54.3 millones de mexicanos postrados en esa situación, según datos oficiales.

Enajenación de becarios El programa estrella Jóvenes Construyendo el Futuro significa una fórmula proempresarial que al tiempo que subsidia las ganancias empresariales somete a los jóvenes a la servidumbre laboral: otorga becas (salarios) para que los noveles trabajadores («aprendices») bajo la «tutoría» del empleador (quien puede despedirlo libremente) se inserten en la disciplina laboral. Pese a que la capacitación es una obligación de las empresas (art. 153 de la Ley Federal del Trabajo), bajo el disfraz de un apoyo al trabajador, subyace un subsidio directo a las empresas para sufragar las nóminas y amplificar los márgenes de ganancia, y el Estado funge como una suerte 286

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de subcontratación (outsorcing) encubierto que pagará con impuestos la fuerza de trabajo regalada a las empresas. Aquí la figura central son las organizaciones empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial (cce), Concamin, Consejo Nacional Agropecuario, Coparmex, y las empresas beneficiarias: Elektra, Oxxo, Lala, Coca-Cola, Cinépolis, Bimbo, Walmart, Nestlé, Femsa, etcétera. Es decir, mayoritariamente se beneficiarán los consabidos capitales monopolistas de la «mafia del poder». Los empleadores se convertirán en «tutores», luego de un año de trabajo los trabajadores recibirán una constancia de las habilidades aprendidas.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro utiliza la figura del «becario» para precarizar, desde el comienzo, a los noveles trabajadores, considerados aprendices dentro de procesos de valorización en curso. Los becarios se irán adiestrando en el ejercicio subordinado y enajenado de su capacidad de trabajo con una mínima retribución, que le resulta al patrón una fuente de trabajo regalado, y en conjunto se violenta el precepto igualitarista de «a igual trabajo, igual salario, iguales derechos», estipulado en la letra del artículo 36 de la Ley Federal del Trabajo.

Este programa no es nuevo, es un planteamiento de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y ya se aplicaba en las anteriores administraciones neoliberales, por el Servicio Estatal del Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (styps). El gobierno de amlo destinará 100 mil millones de pesos en forma de salario (becas de 3 mil 600 pesos mensuales, equivalente al salario mínimo, durante un año para 2 millones 300 mil jóvenes) cuyo producto del trabajo será recibido gratuitamente por los empresarios, sin ningún compromiso.

Según el gobierno, el incremento salarial significa dar el gran paso de un salario mínimo a un salario digno. Sin embargo, el incremento salarial

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decretado tiene como plataforma de soporte al programa «Jóvenes construyendo el futuro», mediante la transferencia de una bolsa de 43 mil 300 millones de pesos, esto es, el gobierno pagará el salario de los jóvenes trabajadores inscritos en el programa, lo cual representa un subsidio estatal a la nomina empresarial. Al hacer una comparación entre el pago empresarial del incremento salarial y el subsidio gubernamental, se puede advertir que en realidad el Estado mexicano está subsidiando la nómina del sector empresarial privado. Partiendo de la consideración de que en el país suman 8. 5 millones de trabajadores quienes perciben hasta un salario mínimo, los

cuales serían objeto del beneficio, y de que al año se cubren 270 jornadas de trabajo, en términos normales, la medida considera un aumento de 14 pesos diarios, por lo que el monto anualizado de la masa salarial incrementada será de 32 mil 130 millones de pesos. En contraste, el gobierno transferirá a los empleadores los 43 mil 300 millones, como subsidio a la nómina, lo que representa 11 mil 170 millones más de lo que los empresarios pagarían por el aumento salarial (cam-unam, 2018). La política salarial significa, en el fondo, un subsidio del Estado al capital, que se duplica si se considera que el producto del trabajo genera su propio pago, como la parte variable del capital, y el subsidio gubernamental significa la transferencia absoluta de ese componente a la ganancia empresarial. El trabajo diario será un trabajo enteramente gratuito y los beneficios serán acrecentados para el empleador sin erogar pago ni riesgo alguno. Además, esto constituye un acicate para mantener el régimen de salario mínimo Esto significa una transferencia directa a las ganancias empresariales privadas con dinero público. Un capítulo más del neoliberalismo rampante.

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Nuevo sindicalismo: libertad sindical, ¿para quién?

El t-mec marca la agenda laboral morenista en México. La reforma laboral para la «libertad sindical» fue una exigencia de los congresistas de Estados Unidos para aprobar el t-mec, que fue procesada de manera exprés por la mayoría parlamentaria mexicana.

No deja de ser sintomático de las intenciones clasistas del proyecto parlamentario que, según el líder de la bancada morenista, Mario Delgado, la reforma laboral implementada liberará a los patrones de la extorsión de los dirigentes sindicales corruptos,7 pues en realidad los líderes «charros» y los dirigentes corruptos a quienes extorsionan no es a los empresarios, sino a los trabajadores, para favorecer a la parte patronal.

Para restablecer y alinear el viejo corporativismo estatista, Morena está impulsando un nuevo sindicalismo y una burocracia sindical alineada a su gobierno, para hacer del partido en el gobierno un partido de masas, como lo fuera el viejo pri. En esa función destaca el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (sntmmssrm), y cabeza de la nueva central, la Confederación Internacional de Trabajadores (cit), que aglutinaría a 150 sindicatos, que pretende desplazar al Congreso del Trabajo.8 Con ello se busca atraer al «Los principales beneficiados de la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la Unión serán los empresarios, ya que se pondrá fin a las extorsiones de los líderes de sindicatos ‹charros›», según el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo (Chávez, 14 de abril de 2019).

8 Como lo reconoce su propio líder: «Nace la nueva confederación mexicana de trabajadores marchando junto con el gran proyecto de Cuarta Transformación histórica encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en quien avizoramos un gobernante que ha proclamado la democracia a la que aspira, según él lo ha expuesto, como una democracia del pueblo, por el pueblo y con el pueblo».

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viejo sindicalismo «charro» priista y articularlo a las bases morenistas. En esa intentona, se está reclutando al ferrocarrilero Víctor Flores; el nuevo morenista de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (catem), Pedro Haces;9 Reyes Soberanis, de la Confederación Obrera Revolucionaria (cor), y Abel Domínguez, de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (ctc). A la usanza morenista, la nueva central se propone, simultáneamente, conciliar los intereses de los derechos de los trabajadores con relaciones constructivas con la empresa o institución.10 Austeridad: costos sociales bajo la alfombra Bajo el signo de la honradez y combate a la corrupción se impone un régimen neoliberal profundo de austeridad, en realidad ajuste estructural, que tiene en los trabajadores del sector público, el eslabón más débil. Esta es una política cara al proyecto neoliberal que se dice derogar. Los recortes thatcherianos se reeditan mediante el despido masivo de trabajadores y la precarización de las relaciones laborales. Por decreto presidencial, se ejecutó un recorte de 75% en el presupuesto asignado a las oficinas de la administración pública, que ocasionó una oleada de despidos. Sobre los El expriista Pedro Haces, a la vez que dirige la catem, es senador por Morena y obtuvo el registro de un partido político denominado Fuerza Social por México (fsm), en la nueva constelación de partidos satélite del lopezobradorismo, que también incluirá al partido de Elba Esther Gordillo, denominado Redes Sociales Progresistas (rsp) y al partido evangelista, Partido Encuentro Social (pes), pero los dos primeros serán la vertiente del corporativismo sindical plegado al presidencialismo.

10 Según el líder emergente: «En esta nueva central se propone defender los derechos de los trabajadores, pero sin menoscabo de las relaciones constructivas con las empresas o instituciones con las cuales sus miembros tienen entendimientos contractuales de trabajo, con un espíritu abierto a la productividad general del país y a la conservación y fortalecimiento de las fuentes de empleo» (Gómez, 14 de febrero de 2019).

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trabajadores despedidos no hay un dato exacto, la presidencia no informa al respecto, pero el gobierno de amlo ha despedido a una gran cantidad de trabajadores del sector público debido a sus recortes presupuestales.

Tan sólo en los primeros seis meses de gobierno se despidieron a más de 11 mil trabajadores de 17 secretarías de Estado, Presidencia de la Repúbli-

ca y Servicio de Administración Tributaria (sat), la mayoría puestos de confianza, desde chofer hasta director general (Sin Embargo, 1 de julio de 2019). En la jerga de la 4t no se trata de «despidos» sino de «ajustes», que

se justifican diciendo lo que argumentan los neoliberales en esos casos: los trabajadores están colmados de privilegios y derroches que hay que erradicar. Lo cierto es que los despidos son a rajatabla, sin mediar diagnósticos; el imperativo es hacer un trasvase de recursos, sin reforma fiscal de por medio, de unas dependencias hacia los programas estrella del lopezobradorismo.

El gobierno que se dice antineoliberal está profundizando la precarización laboral, y se ensaña con los trabajadores estatales, donde aproximadamente 4 millones de trabajadores en las dependencias públicas, federales y estatales están proclives a ser expropiados de sus derechos laborales por los cambios en las modalidades de contratación en el sector público, una estrategia lesiva por la cual la institución pública puede expropiar las prestaciones, jubilaciones, pago de vacaciones, fovissste, además de reducir los salarios.

Al imponer por decreto presidencial el régimen de austeridad, se han ejecutado despidos en el sector público, rebaja en los salarios, cambio en las modalidades de contratación para optar por la precarización. La determinación unilateral de disminuir el gasto burocrático en 75% ha derivado en medidas absurdas, como la exigencia de que los trabajadores lleven sus

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propias computadoras a la oficina o compren el equipo que utilizan a la propia dependencia donde trabajan, además de disminuir el consumo de agua y de electricidad. Esto sucede en la mismísima Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps) y en otras dependencias federales.

Estas medidas se adoptan bajo la tónica de que todo es por el bien de la nación, una nación dominada por los intereses del capital financiero y la burguesía exportadora, no por los intereses de los trabajadores, que conforman a la mayoría de la población.

Durante el llamado desarrollo estabilizador, en los sesenta y setenta, el Estado mexicano impulsaba la acumulación de capital y entre otras medidas absorbía los costes de las empresas y otorgaba créditos preferenciales mediante la Banca de Desarrollo Nacional Financiera (Nafinsa). Con la quiebra del modelo y la crisis fiscal del Estado, se adoptó el modelo neoliberal, y para las décadas de los ochenta y noventa las inversiones estatales se tornaron insostenibles y se decidió destinar recursos públicos, procedentes de la privatización, de la renta petrolera y de los impuestos al gasto social (Programa Nacional de Solidaridad: Pronasol), que era la versión populista del neoliberalismo. Desde entonces, los gobiernos se han agenciado el respaldo popular a sus políticas. Y en la 4t, esa modalidad se ha fortalecido, acopiando recursos del Estado para engrosar programas de asistencia social y financiado los proyectos emblemáticos, pero a costa de deteriorar las capacidades institucionales del propio Estado y menguar muchas de las funciones de gestor del desarrollo capitalista. Por lo que es una falacia decir que el Estado neoliberal abandona la función social de protección, pues sigue siendo estratégica y justificada ideológicamente, mediante el liberalismo social y la nueva política social, una especie de neopopulismo. Al tiempo en que apuntala sus funciones como gestor de 292

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la acumulación de capital y garante de las funciones coercitivas de ley y orden. El impulso de la acumulación por el Estado, mediante la política económica, ha tenido como soporte su política social. En el desarrollismo se justificaba como parte del combate al desempleo y los monopolios, en el neoliberalismo la apertura comercial pretende propiciar un entorno macroeconómico de estabilidad, como el control de la inflación, para garantizar las ganancias empresariales y financieras. Pero la asistencia social del Estado es mínima, puede consistir en la entrega de despensa y una cantidad de dinero, por ejemplo mil 500 pesos mensuales, y con ello se asume que el Estado es la última instancia de defensa de los trabajadores.

El capital sin límites y la naturaleza devorada Elegía del despojo y el desarrollismo extractivista El progresismo de la nueva ola latinoamericana se caracteriza por ser una gestión estatal del desarrollo capitalista basada en la premisa del crecimiento económico y la distribución social del ingreso para compensar a los más pobres. No plantea cambios sociales ni afectar los intereses del gran capital (una transformación social sustantiva), sino simplemente generar condiciones de inversión para el gran capital privado, sea nacional o multinacional, con el respaldo del Estado, y en ese esquema de coinversión el sector gubernamental es copartícipe de la renta de la tierra derivado de los grandes proyectos extractivistas, y con el government take (lo que le toca al gobierno), vía impuestos, proyecta financiar al Estado, lo que idealmente le permite eludir una reforma hacendaria progresista (con énfasis en

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impuestos progresivos que gravan al gran capital) y, eventualmente, estos ingresos fiscales servirán para redistribuirlos, en parte, mediante programas asistencialistas, que permiten construir una base social de apoyo electoral, que precisa todo gobierno para perpetuarse en el poder. En esa inteligencia, la gestión estatal «progresista» se concentra en los proyectos más rentables, es decir, que en el corto y mediano plazo ofrecen expectativas halagüeñas en los mercados internacionales, particularmente en el caso de las commodities (materias primas, energía y productos primarios), un mercado que, sin embargo, es altamente volátil, inestable y propenso a descalabros, como lo ha demostrado sobradamente el sector energético, minero y alimentario. Esta «vía de desarrollo» no es perdurable, es coyuntural, pero ofrece la posibilidad de no preocuparse por grandes cambios, como generar innovaciones, desarrollos tecnológicos y científicos, rearticulación de mercados internos, valorización del trabajo y protección de la naturaleza.

Basta con atraer grandes capitales foráneos.

En México, el proyecto «neodesarrollista» de amlo se proyecta sobre el tejido de megaproyectos neoextractivistas, una parte de los cuales ya estaba en operación con los gobiernos neoliberales anteriores y otros tantos que se remontan a ideas de gobiernos del nacionalismo priista, pero que ahora se presentan como novedades y se promueven con denuedo para detonar una nueva generación de megaproyectos que no suplen a aquellos sino que los complementan: las zonas económicas especiales (Istmo), el corredor transístmico, las «cortinas de desarrollo», la alianza para el desarrollo y el tren transpeninsular. En la mayoría de los casos se trata de recuperar viejos proyectos olvidados, como el corredor mesoamericano del Área de Libre Comercio de las Américas (alca) o la más aún lejana Alianza para el Progreso (Alpro) con Estados Unidos.

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El agente del desarrollo sería, de nueva cuenta, el empresariado nacional, sin reparo en su perfil rentista, estatalista, explotador y depredador, pero no el Estado, que simplemente sería un gestor del desarrollo a la usanza de la nueva gerencia pública, ni la multiplicidad de sectores sociales que configuran la desgarrada economía popular, que simplemente estarían llamados a ser proveedores subordinados de fuerza de trabajo barata y de recursos naturales desregulados. Es el precio del progreso.

Serán veleidades discursivas, pero hasta hace poco, en la arenga lopezobradorista los megaproyectos eran considerados destructivos, formas de acumulación por despojo, pero en las salas palaciegas ahora aparecen súbitamente verbalizados como proyectos necesarios, plausibles, los motores para impulsar la inversión, el crecimiento y el empleo. El concepto negro de megaproyecto cambia de significado bajo la prédica de la 4t y ahora es un motor del desarrollo.

No obstante, para crear símbolos negativos, destruirlos y erigirse sobre sus cenizas, la 4t descarrila algunos megaproyectos engullidos con el discurso de «combate a la corrupción». Como una necesidad de autoafirmación, el nuevo gobierno se obsesionó con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (naicm), al cual se le dio gran centralidad mediática, cual si fuese el corazón de la nación, para ganar cierta legitimidad en la proyección neodesarrollista del gobierno emergente, pero a cambio se preparaba un portafolio de megaproyectos igualmente extractivistas y explotadores bajo el consabido esquema de inversión público-privado, que tanto han promovido los organismos financieros internacionales y que responden al esquema operativo del neoliberalismo.

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Los proyectos insignia No se ha realizado un ejercicio de planeación del desarrollo (el Plan Nacional de Desarrollo es documento ideológico irrelevante) ni se ha diseñado una política industrial ni una reforma fiscal. La apuesta por el rentismo petrolero y el extractivismo de los megaproyectos, aunado a una visión regionalista con una sola zona de desarrollo preferente, el sur-sureste, el enclave petrolero y la región de origen del presidente. En tanto que los empresarios del régimen, que deviene de la parte nodal de la «mafia del poder», es el sector clave del supuesto proyecto transformador.

Los nuevos motores del desarrollo se concentran en un catálogo de megaproyectos de corte extractivista, que le pretenden conferir un nuevo rostro al Estado mexicano, que no es ninguna novedad, sino una recomposición del rentismo. a) Rentismo energético. El Estado mexicano ha sido, desde los años setenta del siglo pasado, cuando se expande la exportación petrolera, un Estado rentista, dependiente de los ingresos petroleros, asociado a una incapacidad para recaudar impuestos de actividades del capital privado (Farfán, 2011). La obsesión del nuevo gobierno es la renta petrolera, remembranza de una economía petrolizada que diera pujanza al «milagro mexicano» y a una industria nacional —Petróleos Mexicanos (Pemex)—, ahora desmantelada y en quiebra técnica. El gobierno mexicano incurre en la «austeridad» para desmantelar diversas áreas del Estado, generar ahorros y canalizar recursos públicos desmesurados a la maltrecha industria petrolera, buscando además crear refinerías (proyecto Dos Bocas), en un momento de desestabilidad del mercado laboral, donde las guerras comerciales en el seno de la Organización de Países Exportadores 296

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de Petróleo (opep), propiciaron el colapso del sector petrolero mundial, hasta llegar al inusitado escenario de precios negativos del petróleo, muestra fehaciente de la volatilidad del mercado y del sistema de precios, y en consecuencia de la fragilidad del proyecto rentista. La renta petrolera está en decadencia y con ello se desploma el proyecto bandera del lopezobradorismo. Máxime en momentos donde la economía mundial atraviesa por una crisis ambiental de grandes proporciones («cambio climático», negado por gobiernos populistas y extractivistas), que cuestiona seriamente las bases materiales del modo fosilizado de acumulación y postula una reconversión energética a nivel global, que dará al traste con formas anacrónicas de rentismo energético, como es la apuesta lopezobradorista. Desde hace largo tiempo el tránsito del rentismo va de las rentas territoriales a las rentas tecnológicas, donde es más importante no quien detenta la propiedad de los yacimientos sino de las tecnologías y el control de los mercados. b) Tren turístico y capital inmobiliario en la península de Yucatán. En la península de Yucatán, donde convergen cinco estados del sureste, el proyecto del llamado Tren Maya pretende conectar los principales destinos turísticos de la zona, pasando por la zona arqueológica de Calakmul y las playas de Cancún, en una trayectoria circular de mil 500 kilómetros de longitud, con 15 estaciones, una inversión inicial de 150 mil millones, para lo cual se utilizarán los fondos de fomento al turismo de 7 mil millones de pesos anuales. Pero como es la tónica de la 4t, mientras se concentran recursos en los megaproyectos que son la insignia del gobierno, se disminuyen las partidas a otros, en este caso a los otros centros turísticos y al fomento a la ciencia, la tecnología, la cultura y el deporte. Esta sería prácticamente la única gran obra de transporte, ubicada en una sola región, un enclave turístico. La zona forma parte de un espacio de gestión estatal

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y del capital (Ceceña, 2019). El proyecto del Tren Maya se realizará con un esquema de coinversión: capital privado (90%) y público (10%), y serán las empresas privadas las encargadas del diseño, construcción, operación y mantenimiento (Fonatur, 13 de febrero de 2019). De lo cual se deduce que no será un proyecto gubernamental de desarrollo sino un proyecto turístico operado por el capital privado, con respaldo del sector público. La inversión del Tren Maya será preponderantemente privada, en flagrante contradicción con el pretendido cambio de régimen y fin del neoliberalismo. Los ferrocarriles para el resto del país, seguirían iguales, concesionados a empresas mineras y cargueras, sin brindar servicio a la población. Al igual que la desigual red carretera y zonas diversas incomunicadas. El proyecto denominado Tren Maya es una metáfora del gobierno obradorista, es el tren del progreso con división de clases incluida: «El #TrenMaya será moderno, rápido, puntual y eficiente. Contará con vagones para transportar a los trabajadores del corredor turístico, vagones para clase turista y también camarotes de lujo, carro comedor con gastronomía típica de la región y salón fumador. Todos panorámicos» (Torruco, 14 de agosto de 2018).

Pero no sólo se trata de un tren, también se considera un desarrollo inmobiliario, con nuevas ciudades, especulación sobre la tierra y reorganización de los espacios sujetos a la valorización y el rentismo. c) El Corredor Transístmico de Tehuantepec. La zona preferente de la 4t es el sur-sureste del país, región de origen del presidente. Este proyec-

to tiene más de dos siglos de ser concebido, cuando los españoles, antes de 1819, consideraban la construcción de un canal interoceánico entre el Gol-

fo de México y el Océano Pacífico, pero también se contemplaban como opciones al Lago de Nicaragua y el estrecho del Darién, que fue el que se construyó. En 1980 se propuso el proyecto Alfa-Omega para la región con 298

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José López Portillo, en 1996 se propuso el Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec con Ernesto Zedillo; en 2001 se propone el Plan Puebla Panamá por Vicente Fox, un proyecto más amplio, con participación de nueve estados y seis países centroamericanos; en 2007 Felipe Calderón retoma la propuesta con un corredor multimodal y en 2013 se replantea con Enrique Peña Nieto con un corredor logístico, industrial y turístico con la participación de China (Torres, 2017). Después el proyecto del Istmo de Tehuantepec, el Sistema Logístico para el Desarrollo Productivo del Istmo, los Parques Eólicos de Oaxaca y el proyecto Puerto América, además de las Zonas Económicas Exclusivas del sexenio pasado. Con la 4t será la sexta ocasión en que se plantea el proyecto de desarrollo regional que pretende que la zona compita con el canal de Panamá, en el simple intercambio de carga contenerizada, pero no existen condiciones para competir.

No obstante, la idea sería retomada por el gobierno mexicano en el primer tramo del siglo xix, con un corredor terrestre con cuatro vías férreas, pero sólo Porfirio Díaz lograría construir un tramo de vías férreas en 1894. El proyecto del corredor transístmico es una idea reciclada, que recientemente, cuando menos, ya había sido propuesta por los cuatro gobiernos anteriores. La 4t resucita esta iniciativa, y según lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, contempla la creación de zonas libres (incentivos fiscales y no fiscales, con disminución de iva e isr, combustible barato) entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz. La inversión inicial sería de 40 mil millones de pesos, según el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024.

Se contempla modernizar el ferrocarril, mejorar los puertos de la zona, desarrollar la infraestructura carretera y la red aeroportuaria, y construir un gasoducto para abastecer a las empresas. Se pretende generar un corredor industrial, con 10 parques industriales, con plantas integradas en clústeres.

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d) Aeropuerto militarizado. Para sustituir el naicm, donde ya se habían invertido 100 mil millones de pesos, que pretende descongestionar al actual aeropuerto Benito Juárez, se atacó febrilmente el proyecto, argumentando corrupción y daño ecológico, para trasladar el proyecto a otra zona, donde también habrá afectación ambiental, despojo de tierras y la obra será concedida al Ejército, el sector privilegiado del sexenio, que también había participado en el proyecto denostado. El nuevo aeropuerto comercial en la base aérea militar de Santa Lucía. e) Programa «sembrando vida». El programa de reforestación con Felipe Calderón se llamaba ProÁrbol, pero fracasó. Ahora se llama Sembrando Vida y se pretenden plantar 575 millones de árboles, en 1 millón de hectáreas con árboles frutales y maderables, con trabajo temporal para 400 mil jornaleros, con un pago mensual de 5 mil pesos por sembrar 2. 5 hectáreas; es un programa forestal que ambiciona cumplir una meta que culmina en la siembra de una determinada cantidad de árboles, pero que no considera una estrategia de cuidado y protección de bosques, la sobrevivencia de los árboles y la recuperación de los terrenos que han estado degradados, dentro de una estrategia de economía agroforestal más amplia, sólo es una estrategia de desarrollo rural, de economía campesina. Según la Secretaría del Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social), es un programa de bienestar, no un programa ambiental. En su primera etapa, el programa presenta problemas de planeación, pues no está logrando disponer del número de árboles programados, además de que está pervirtiendo el uso del suelo, pues campesinos están quemando sus parcelas, la tala de selvas y bosques, para ser elegibles y entrar al programa y recibir apoyos. f ) Contención de migrantes mediante «cortinas de desarrollo». Si anteriormente el tema migratorio se plegaba a una política de «migración 300

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y desarrollo» orientada por el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) para convertir las remesas salariales en fondos de inversión para infraestructura comunitaria y microproyectos de autoayuda, la agenda migratoria lopezobradorista es abiertamente subsidiaria de la agenda política de seguridad estadounidense y, por añadidura, del discurso xenófobo y neofascista de Donald Trump, quien exige al gobierno mexicano que contenga a las oleadas de migrantes centroamericanos y caribeños desde la frontera sur mexicana, y al mismo tiempo contiene el ingreso de migrantes mexicanos. Mientras se negocia la reconversión del tlcan en t-mec, se refuerza la contención de migrantes mexicanos, centroamericanos y caribeños. Contrariando el discurso de que se respetarían los derechos humanos, amlo se apresuró a crear la Guardia Nacional, un remedo del cuerpo policial militarizado estadounidense, cuya primera tarea ha sido contener las caravanas de migrantes en Chiapas, o en su caso detenerlos y deportarlos. En lo que los militares llaman Plan de Migración y Desarrollo en las Fronteras Norte y Sur, en las fronteras norte y sur de México se apostaron las fuerzas militares y la Guardia Nacional con alrededor de 25 mil 400 efectivos que habría «rescatado» a 78 mil migrantes en ambas

zonas en 2019. Asimismo, funge como el «tercer país seguro», recibiendo a deportados centroamericanos desde Estados Unidos hasta que se resuelva su situación migratoria. En el plano diplomático, amlo ha planteado que sus proyectos de infraestructura y maquilización del sureste mexicano, en el corredor ístmico, las zonas económicas especiales, servirán de barrera de contención a la migración mediante las llamadas «cortinas del desarrollo». En remembranza a la Alianza para el Progreso, solicitó apoyo a Estados Unidos y a los gobiernos de Centroamérica para promover una política de desarrollo regional mediante el Programa de Desarrollo

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Integral: El Salvador, Guatemala, Honduras, México, que proyecta invertir 10 mil millones de dólares anuales durante una década, con la tentativa de crear un espacio económico en la zona e integrar la movilidad humana al desarrollo. Se supone que los países invertirían 25% de su pib, del cual 6% se destinaría a infraestructura, se busca integrar el comercio, crear cadenas regionales, bajar los costos de transferencia de las remesas, fomentar cajas de ahorro comunitario y cooperativas con las «ganancias» de los migrantes. Organizar el mercado laboral, la interconexión eléctrica, un mercado digital, un gasoducto, una carretera turística y la conectividad ferroviaria.

Pero para todo ello, tendrían que convencer a Estados Unidos, que sería el gran inversionista. Este proyecto no es nuevo, en el gobierno de Vicente Fox se planteó el Plan Puebla Panamá, en el de Felipe Calderón el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, mismo que fue ratificado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero ninguno ha funcionado.11

Reforma del Estado: regeneración presidencialista y gestión capitalista El régimen político mexicano, al menos desde los años treinta, ha sido el presidencialismo y se ha desplegado durante el nacionalismo y el neoliberalismo, y continúa vigente con la 4t, más aún, ese es su centro gravitacional: no sólo se reconstruye sino que se profundiza. El poder Ejecutivo es, por definición constitucional, el jefe de Estado, y ejerce las funciones metaconstitucionales de gran legislador, que controla las dos cámaras, el 11

https://www.youtube.com/watch?v=ks5xxp8Bid0

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poder supremo que impone sus determinaciones al poder Judicial, el que retoma las riendas de las Fuerzas Armadas y controla la agenda pública de los medios de comunicación.

Crisis y restauración del Estado El punto de partida es la crisis del Estado mexicano, porque el proceso estatal está fracturado, y existe una preeminencia de intereses de grandes corporaciones, que disponen de mecanismos de gestión y promoción de sus intereses (cabilderos, voceros, analistas), al tiempo en que se dispara la conflictividad social. Los síntomas de la crisis política son la corrupción, la violencia y el deterioro de la representatividad política, donde el sistema electoral no ofrece opciones reales sino dos o tres candidaturas articuladas por el mismo proyecto capitalista neoliberal, con matices y variantes discursivas.

La crisis de representatividad y legitimidad del sistema político mexicano explica la emergencia de Morena y su «hombre fuerte», con gran popularidad, y dominio en las dos cámaras. La crisis del Estado mexicano y del sistema político y del conjunto de la llamada clase política, abrieron paso al triunfo de amlo y a la formación de un gobierno de coalición que pretende reconstruir la correlación de fuerzas. Dentro del régimen político y la trayectoria de alternancia, el ascenso de amlo es una respuesta estratégica del poder político y económico para contrarrestar el resquebrajamiento del sistema político y la gestión estatal del desarrollo del capitalismo. Una situación de profunda crisis orgánica, que separa drásticamente a gobernantes y gobernados. Los ciclos de protesta eran múltiples y diversos y no tenían solución dentro del sistema político en decadencia, desacreditado y deslegitimado. Se anunciaba la necesidad de un nuevo

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ciclo dentro de la ola de «transición a la democracia» experimentada en el país desde la alternancia electoral pactada entre priistas y panistas, por la vía de la derecha, para abrir cauces a la izquierda electoral, que ya venía ocupando puestos clave en las gubernaturas, Parlamentos y alcaldías, sin lograr ubicarse en la presidencia de la república.

El problema es que al ganar las elecciones y formar gobierno amlo no necesariamente toma el poder, y con ello eventualmente la facultad de cambiar el sistema, sino que tiene que comenzar a concentrar poder político. No obstante, el poder del capital y del Estado continúa sujeto al poder del gran dinero (imperio y oligarquía), pero parte con un respaldo popular y alianzas estratégicas con los grupos de poder que puede canalizar para afianzar su gobierno e implementar sus proyectos. Pero eso no significa que la unción del poder político en torno al gobierno y el Parlamento sea posible transformar el Estado para depurarlo de los intereses oligárquicos y reorientarlo al servicio de las clases populares, como un primer paso para implementar un programa de transición. Ello no está en el horizonte político del obradorismo. El Gobierno y el Parlamento dominantes se asumen como una instancia de gestión para «ricos y pobres», es decir, capital y trabajo, pretenden conciliar lo irreconciliable. En ese contexto, amlo representa la posibilidad de restauración del Estado, pero lo que está por verse es en qué sentido se orientará, si por un cambio de régimen político o simplemente un modo de gobernar.

Presidencialismo La ruta de reconstrucción del Estado es la reimplantación del régimen presidencialista, centrado en el Ejecutivo unívoco y unipersonal, como 304

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instancia controladora de los demás poderes del Estado: Parlamento, Corte y Fuerzas Armadas. Y desde ese mirador privilegiado, tejer nuevas relaciones del Estado con el sistema de partidos políticos y la sociedad civil en general, para recomponer la correlación de fuerzas y afianzar una nueva hegemonía política, sustentada en un bloque de poder (con fracciones de la oligarquía) y bases sociales de apoyo (clases subalternas sujetas a la política oficial), en tanto que se marca una línea divisoria con el bloque opositor al que se busca disminuir, relegar y estigmatizar.

El Estado se concentra en la figura presidencial, que a su vez se asume como condensación o cristalización de la sociedad civil o, más específicamente, encarnación del pueblo a quien dice representar. Una vez afianzado el presidencialismo se desata un proceso de estatalidad, una reconstrucción del Estado como vector de la vida nacional.

El proceso está plagado de contradicciones, pues rememora a un bonapartismo o cesarismo latinoamericano que pretende hacer un juego de equilibrios entre las clases sociales, acorde a una tensa correlación de fuerzas, donde el gobierno es un funambulista que cruza una cuerda floja suspendida en el espacio, como si se elevara por encima de los conflictos sociales y gobernara para todos.

Pero ese bonapartismo equilibrista no es como sus antecesores, antiimperialista, sino que más bien se muestra dócil ante el imperio, aunque determinante y mandón hacia adentro. Pese a su ideología nacionalista, es proimperialista. Hacia afuera, el gobierno de amlo es abiertamente sumiso ante el poder imperial de Estados Unidos, representado por Donald Trump, como se colige de la ratificación del tratado comercial (tlcan/t-mec), la militarización (Guardia Nacional), la represión a migrantes centroamericanos, el pago de la deuda, la colaboración con agencias militares y de

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inteligencia estadounidense y en general la sumisión a la Casa Blanca y el discurso conciliador y amistoso, en un contexto de continua embestida a los mexicanos, los migrantes y el gobierno, además del acoso a gobiernos latinoamericanos, como Venezuela. Pero hacia adentro se dibuja un gobierno centralista, unipersonal, un sistema de gobierno centrado en una autoridad suprema, en la «obediencia ciega» de sus colaboradores y en la fe que se tiene sobre su capacidad personal, a la que se atribuyen rasgos heroicos: «cuarta transformación», «pasar a la historia». Por una parte, hará todos los esfuerzos por apuntalar y sostener la reproducción del capital y, por la otra parte, afianzar su régimen de gobierno con la transferencia de recursos dinerarios a sus bases de apoyo electoral. Esta pauta presidencialista que conjuga neodesarrollismo, neoliberalismo y populismo se torna, en lo inmediato, un proceso fáustico, un proceso de modernización capitalista plagado de contradicciones.

La ruta crítica en la configuración de la fuerza electoral y la formación de gobierno de la 4t ha sido tejer alianzas contranatura, la amalgama izquierda-derecha, que se inclina hacia un lado o hacia otro según convenga. El proceso cristaliza con la formación de un gobierno ambidiestro en su ideología y bicéfalo en su conducción: para un lado mira hacia la derecha y para el otro a la izquierda. Es el extraño caso de la presidencia bipolar, pero más que una bipolaridad entre el bien y el mal personificada por un individuo con dos personalidades, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es una bipolaridad político-ideológica entre el ser populista y el neoliberal, que de un lado aboga por los pobres y del otro por los grandes empresarios. En la versión presidencial figuran dos personajes que enarbolan la ambigüedad ideológica y perfilan la ruta pragmática de la operación política: por una parte aparece el populista, diciendo «por el bien de todos, primeros los pobres», «el pueblo no es tonto, 306

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no se equivoca» (al votar por él); y, por otro lado, el gestor empresarial Alfonso Romo que dice: «Convertiremos a México en un paraíso de la inversión», que se enfocará en eliminar trabas burocráticas para captar inversión porque sin «crecimiento no hay nada que ofrecerle a los 50 millones de pobres porque tenemos que generar empleo y crear entusiasmo para que México se convierta en el paraíso de la inversión» (Muñoz y Urrutia, 29 de enero de 2020), que certifica un matrimonio con los empresarios y es garante de los

megaproyectos y las inversiones del gran capital.

Esa bipolaridad se trasmina aguas abajo, donde, por una parte, las organizaciones empresariales están bien organizadas, hacen activismo político mediante varios frentes y partidos, realizan cabildeo y detentan grandes medios de comunicación; y, por otra parte, el movimiento popular está desarticulado, desorganizado y sin capacidad de incidencia, es engullido por el gobierno emergente y reconfigurado en una entelequia llamada «pueblo», que se reduce al sector militante de Morena, que se activa al fragor de las contiendas electorales y el reparto de posiciones, y de los beneficiarios de los programas de asistencia gubernamental.

Las conferencias matutinas del presidente, las llamadas «mañaneras», se han consolidado como uno de los principales instrumentos del gobierno, porque es un espacio de información que centraliza la agenda pública de discusión con el concurso de la mayoría de los medios de comunicación que transmiten la conferencia y utilizan los dichos para sus espacios informativos, de opinión y debate. También es un espacio de propaganda gubernamental donde se autopublicita, se justifica y se eluden determinados temas. En otro sentido, es un foro de adoctrinamiento para los seguidores del presidente donde se propaga un discurso aleccionador, dirigente; y al mismo tiempo es una arena de golpeteo político contra los adversarios:

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políticos, periodistas, intelectuales, movimientos sociales, defensores de derechos humanos, etcétera. Las mañaneras representan un espacio sui géneris donde el presidente ejerce como jefe de gobierno y en ese momento dicta la agenda pública y las directrices a su gabinete, quienes no hablan por cuenta propia y a quienes se les exige «obediencia ciega»; en tanto que las giras, mítines y actos de inauguración son espacios donde se muestra el jefe de Estado, flaqueado por los secretarios de Defensa y Marina, resguardado por las fuerzas militares. Mediante este mecanismo comunicacional sólo impera una voz y la política se reduce a un ejercicio mediático, un espectáculo, donde el pueblo se convierte en un mero espectador pasivo (los usuarios orgánicos de las mañaneras a través de las redes digitales) de la llamada «transformación» y la alta política palaciega se torna en «politiquería» mediante la confrontación y denostación de los más variados personajes de la vida pública nacional. Por lo demás, se alienta un pseudodebate con resonancia en las llamadas redes sociales digitales, donde se confrontan bandos extravagantes, como si fuera lucha libre política: «chairos» vs. «fifís». Ánimo colectivo se calienta y se torna en un ejercicio irreflexivo, visceral, con una preocupante pobreza conceptual.

Doblegamiento de los otros poderes del Estado Pese a que amlo anunció que no sería el «poder de los poderes», las Cámaras de Diputados y Senadores han fungido como oficialías de parte de la presidencia y los magistrados de la Corte están siendo presionados para acatar las determinaciones presidenciales.

El presidente se erige como el gran elector, una función que ya realizaban sus predecesores, aunque con funciones menguantes en los últimos 308

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sexenios, los de la llamada «transición a la democracia», dado el régimen de gobierno dividido. Pero amlo reconstruye esta relación a su favor. Morena obtuvo 37% de los votos que le permitieron alcanzar una bancada de 247 diputados, entre electos y plurinominales. Pero mediante una argucia

de transacción de diputados con sus aliados lograron armar una mayoría artificial al absorber diputados del pvem y pt, y entonces alcanzaron el número de curules necesarias para alcanzar la mayoría absoluta (250+1) de la Cámara de Diputados, por ello presidirá la junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, además de alcanzar la capacidad de aprobar vía fast track las iniciativas del presidente, excepto las reformas constitucionales, que precisan mayoría calificada (dos terceras partes), lo cual se alcanza al sumar al pt y pes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es arena de disputa, palmo a palmo. Con la renuncia del magistrado Medina Mora, amlo propuso a dos ministros, además del sustituto del renunciante y otro extra que anticipa el próximo retiro de un magistrado. Con ello logrará tener los votos necesarios para lograr fallos a su favor, cuyo primer ensayo fue la propuesta de consulta popular para supuestamente enjuiciar a expresidentes, con una votación a favor de 6 a 5.

La intención de desmontar la «desregulación» bajo la mediación de los órganos autónomos del Estado y recuperar la función regulatoria estatal de conformidad a un determinado proyecto de nación puede tener varios derroteros. Los organismos autónomos de gobierno fungen como instancias de mediación entre el Ejecutivo y los sectores estratégicos, pero debilitan el poder presidencialista. La 4t está interesada en desmontar las instituciones, programas, presupuestos, políticas y mecanismos de mediación entre el Estado y la sociedad civil, para concentrar el poder político en sus manos. Los

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organismos autónomos,12 los fideicomisos,13 los programas de subrogación de servicios, el financiamiento a organizaciones, los subsidios a sectores productivos, académicos y culturales, entre otras modalidades. Ese tejido político divide, distribuye y amplifica el poder, cuando al presidencialismo lo que le interesa es no tener interlocutores, contrapartes e instancias autónomas, sino reconcentrar el poder del Estado en la persona del jefe del Ejecutivo, supeditar a la sociedad civil a su designio y controlar por completo el dinero público y su ejercicio (Márquez, 2020). El pretexto ideológico es que las formas de mediación política entre Estado y sociedad son neoliberales y corruptas.

Pudiera ser el caso, pero los epítetos se lanzan sin estudios, diagnósticos y datos que lo corroboren. Tampoco se incentiva el debate público, el análisis informado y los acuerdos políticos. Se obra por decreto y se aplica a rajatabla.

En la disputa por los organismos autónomos, el presidente se ha apoderado y nombrado presidentes o miembros a su contentillo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh), la Fiscalía General de la Los órganos autónomos del Estado son formas de gobierno intermedio: Banco de México (Banxico), Instituto Nacional Electoral (ine), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi), Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh), Fiscalía General de la República (fgr), Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (inee), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai), Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

13 Extinción de 109 fideicomisos públicos, que sumaban 68 mil 400 mdp y transferencia de sus recursos y atribuciones al Ejecutivo federal, específicamente a la Tesorería de la Federación, bajo el argumento socorrido de la corrupción (opacidad y discrecionalidad en su manejo, pese a contar con reglas de operación, auditorías y manejo por comités técnicos con cuentas bancarias mancomunadas). Inclusive, algunos generan sus propios recursos o perciben donaciones. Más de la mitad pertenecían al Conacyt, en materia de investigación científica. Otros se refieren a desastres naturales, promoción del deporte de alto rendimiento y protección a defensores de derechos humanos y periodistas (Segob, 2 de abril de 2020). Pero no se extinguieron los fideicomisos de aduanas señalados por irregularidades por la Auditoría Superior de la Federación y la Sedena para compra de armamento por 100 mil mdp.

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República (fgr), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn). Al tiempo en que tiene una confrontación abierta o velada con el Instituto Nacional Electoral (ine), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi), el Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (inai), entre otros.

Otro sello de identidad de la república 4t ha sido el militarismo. Un movimiento estratégico ha sido pactar con las Fuerzas Armadas, tanto para disuadir la posibilidad de un golpe de Estado como para afianzar su poder político frente a sus adversarios, opositores. El costo ha sido muy elevado, el país se ha militarizado como nunca. Las Fuerzas Armadas ejercen funciones militares, como es su cometido, pero también funciones de policía, administrador de puertos y aduanas, agente inmobiliario y constructor y beneficiario del proyectado aeropuerto Felipe Ángeles. Han sido receptores de una tajada fabulosa del presupuesto público, en tanto que a otros sectores, como educación, salud, ciencia, cultura, tecnología y campo, se les castiga con el flagelo de la austeridad.

La carta de navegación del régimen no es, como podría suponerse, la Constitución, sino la cartilla moral de Alfonso Reyes y el discurso moralista cristiano que propala el presidente a la menor provocación. Antes que cambios constitucionales de gran calado para asentar una agenda política de transformación social se difunde la moralidad burguesa y la religiosidad evangélica, con lo cual el carácter laico del Estado se pone en predicamento (Barranco y Blancarte, 2019).

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Reestructuración burocrática y reproducción del capital La depuración de la esfera burocrática atiende a la necesidad primaria de colocar a los cuadros políticos de Morena y desplazar a los funcionarios de los gobiernos anteriores, pero preservando determinados sectores administrativos y tecnocráticos necesarios para el funcionamiento de la maquinaria gubernamental. No obstante, se implementan ajustes tales como la disminución de salarios de la alta burocracia, pero también el despido de personal y la precarización del trabajo del sector público, en un contexto más amplio donde priva la superexplotación laboral; el recorte de presupuesto, desaparición de áreas y programas y la concentración de recursos hacia sectores burocráticos y operativos preferentes, los que están a cargo de los proyectos insignia; además de la desaparición de los delegados federales con sus dependencias y burocracia, para nombrar a un superdelegado federal en las entidades y un ejército de brigadistas, los «siervos de la nación», agentes del gobierno que cumplen funciones logísticas y proselitistas, entre otras. En cambio, se han desechado otras propuestas, como la descentralización mediante el traslado de 25 dependencias de la Ciudad de México a las entidades federativas.

La reestructuración burocrática tiene el doble cometido de reforzar el presidencialismo reconstruido y de orientar la maquinaria a la reproducción del capital y a la formación de una base social de apoyo al gobierno. hacia ello se orienta el diseño presupuestal, la concentración del dinero público y la reorientación de programas.

El gobierno de la 4t pretende ser de «equilibrios», pero es una muestra de las «contradicciones sociales». Bajo la retórica de la reconciliación y la pretendida noción de gobernar para todos subyace la contradictoria 312

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formación del gobierno y su gabinete es acorde a las exigencias de reproducción del capital y de ampliación de los espacios de poder del gobierno en turno. Pero no puede eludir la atracción de las contradicciones sociales en su seno: la derecha empresarial y la tecnocracia neoliberal vs. movimientos sociales y la superviviente izquierda electoral, con la capitanía de la derecha empresarial y la comparsa de la izquierda electoral. En la reconfiguración de la nueva hegemonía político-cultural y de la clase dirigente, la izquierda histórica se subordina y desdibuja.

Alfonso Romo y en general la 4t impulsa la formación de «políticos genéticamente modificados», es decir, la atracción de contradicciones en el seno de la alta burocracia estatal con un adn ideológicamente híbrido.

Este es un rasgo profundo de las contradicciones dentro del gabinete y las secretarías del gobierno emergente, donde cohabitan funcionarios con posiciones encontradas en temas que les competen. La alta burocracia está comandada por sectores de la derecha empresarial que hacen cortocircuito con sectores de izquierda.

Frente a la dominante figura presidencial, de corte caudillista, el gabinete es de muy bajo perfil, guarecido a la sombra del líder. Está compuesto por una amalgama de viejos políticos y burócratas, emanados de gobiernos anteriores y representantes de sectores oligárquicos, y de jóvenes inexpertos, hijos de amigos personales del presidente. Es un gabinete que tiene una edad madura, con promedio de 60 años, el presidente tiene 66 años, no tiene mucha consistencia ideológica y es pragmático. El presidente no tiene resquemores en afirmar que gobernar es una tarea fácil, que no requiere de mucho conocimiento ni experiencia, no es un arte, no es una actividad de expertos, sólo se requiere de sentido común. Para formar su equipo a lo sumo se necesita «99% de honestidad y 1% de experiencia». Eso

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sí, exige de ellos «obediencia ciega» y los que osan criticar son despedidos o renuncian, aunque a la vieja usanza se pretexta que dejan el cargo por «problemas de salud».

Cualquier gobierno necesita propiciar la profesionalización de la función pública, pero el presidencialismo es unipersonal y unívoco, donde los criterios se alinean a los requerimientos del líder político, aún sobrepuesto a la realidad o las necesidades sociales. En ese marco, y ante la necesidad de autoafirmación y de proyección política para el futuro inmediato, no faltan los funcionarios que se asumen como expertos o como intérpretes de los sentimientos de la nación que piensan saberlo todo sin conocer el funcionamiento del Estado y nuevos funcionarios que consideran que todo lo anterior no funciona y que por ser ellos mejorarán las cosas sin tener la profesionalización o conocimiento mínimo indispensable.

Nuevo bipartidismo El espectro del sistema político se reconfigura con el triunfo de Morena en dos grandes frentes político-electorales, que responden inicialmente a la crisis de representación de los partidos y los políticos profesionales, pero sustentados en la popularidad de gran líder mesiánico y no en un renovado sistema de partidos.

En primer lugar, figura el partido de la reforma, representado por Morena y sus partidos satelitales: pes, pt, pvem y los nuevos partidos Redes Sociales Progresistas (rsp) y Fuerza Social (fs). Esta es la coalición «Juntos Haremos Historia», con mayoría en las cámaras legislativas, pero que en realidad actúan como oficialía de partes de la presidencia y Morena ha sucumbido a la organización parapartidista orquestada por la misma 314

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presidencia a partir de los operadores electorales en las superdelegaciones federales y las brigadas de los «siervos de la nación». Morena, al final de cuentas, es un partido mesiánico.

En segundo lugar, está el partido del orden y el dinero conformado por la coalición del pri, pan y prd, los partidos que venían cogobernando en las últimas administraciones federales y que resultaron ampliamente derrotados en los últimos comicios por López Obrador y su coalición electoral. En un lugar marginal se ha colocado Movimiento Ciudadano, que anteriormente estaba coaligado con Morena y después con el pri, pan y prd, para finalmente figurar de manera aislada.

Es sintomático que esta constelación partidaria sea un producto de la «transición a la democracia» del régimen neoliberal-presidencialista, que tiene un gran ausente, el partido de la revolución o la transformación social, pues no existe ningún partido oficial de izquierda radical o revolucionaria, y por consecuencia ninguna representación parlamentaria ni gubernamental. Las dos grandes formaciones políticas han compartido gran parte del «consenso neoliberal» y han sido cogobernantes en al menos los últimos tres sexenios (Márquez, 2018).

Con todo, el gran riesgo es que amlo se erija como el poder supremo, merced a un presidencialismo recargado, donde por una parte se asuma como la encarnación misma del Estado, que controla todas las esferas del poder político, sus recursos y mecanismos de decisión, y que por otra parte se arroje la única y genuina representación del pueblo y que por su boca se emita la voz popular y los sentimientos de la nación.

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Premisas de gobierno Ortodoxia en finanzas públicas y camisa de fuerza Los economistas ortodoxos defienden el neoliberalismo como un modelo que ha generado crecimiento económico en los últimos 30 años, estabilidad económica y salida a la crisis económica de 1994-1995, aunado a estabilidad política que engendró la alternancia electoral o la llamada transición a la democracia. Sin embargo, las reformas «neoliberales» se hicieron para salvar al Estado en crisis. Inclusive, desde 1976, los presidentes «populistas», vilipendiados por los neoliberales, habían pactado las reformas con el Fondo Monetario Internacional (fmi), debido a la inviabilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, el auge petrolero experimentado entonces permitió una postergación de tales reformas, pero a la postre precipitó al país en una profunda crisis, la cual sería gestionada con la imposición, en definitiva, del modelo neoliberal. Para ello se implementó un programa de «rescate» de 20 mil mdd del gobierno de Estados Unidos, de 17 mil mdd del fmi y de 10 mil mdd del bid, lo anterior para evitar un crack global. De este modo

se convirtieron más de 500 mil mdp de deuda privada en deuda pública, la cual ha seguido una espiral ascendente, perpetua, hasta nuestros días. El Estado mexicano sigue siendo tributario del capital financiero. Hay que pagar la deuda, sin cuestionar su ilegitimidad, por encima de cualquier otra prioridad social: «El costo financiero de la deuda pública en 2019 será de 750 mil millones de pesos, 120 mil millones más que en 2018». Derivado de esa sujeción se implementa una férrea disciplina en las finanzas públicas para evitar que el gasto público supere a los ingresos y a partir de ello implementar recortes al presupuesto mediante la llamada austeridad.

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Cubierto con el paraguas neoliberal, el gobierno de la 4t ha insistido en no contraer más deuda, aunque sí lo haya hecho y además presente los mayores niveles históricos de deuda, producto del bajo crecimiento, la baja recaudación y la devaluación del peso, que afectan a las deudas ya contraídas. Sin considerar la nueva deuda por el incumplimiento de contratos. En este enfoque prevalece un falso criterio financiero que confunde a la sociedad como si fuese una familia y al Estado como un paterfamilias: mientras que una familia que contrae una deuda está obligada a su devolución y en tal medida condiciona su ingreso, pues no tiene mayor margen de maniobra, un Estado dispone de más recursos: recaudar más impuestos, imprimir dinero fiduciario para pagar deudas a los acreedores, generar ganancias de las empresas públicas, tomar parte de la renta por concesiones de sectores públicos, contratar deuda, recaudar ganancias del capital ficticio y aumentar precios y tarifas de servicios públicos.

En la administración pública el problema no es tanto cuánta deuda se puede adquirir y cuántos ingresos recabar sino cómo gastarlo e imprimir dinamismo económico y social, si se promoverá la actividad productiva y la generación de valor con mecanismos de redistribución o sólo se distribuirán recursos manteniendo esquemas de gasto improductivo, como el asistencialismo basado en la austeridad y el rentismo estatal. Reducir el gasto estatal atendiendo al dogma neoliberal tiene consecuencias en el ingreso (lo cual no sucede así con las familias). Si el Estado mantiene su soberanía monetaria, es técnicamente imposible que quiebre, salvo por una decisión política. Así, pues, el problema radica en la pérdida de soberanía monetaria y estar a disposición de los mercados financieros internacionales, donde una tasa de endeudamiento menor de un país periférico puede representar un pago de intereses superior (p. ej., Estados Unidos tiene una deuda pública de más de 100% del pib pero abona menos de 2%).

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amlo heredó la deuda pública más alta de la historia de México: 9.9

billones de pesos, equivalente a 42.4% del pib (casi 80 mil pesos per cápita), pero pese al discurso oficial de no aumentar la deuda, contener la inflación y estimular el crecimiento económico, en realidad ha sucedido lo contrario.

La primera deuda contraída por amlo fue derivada de su acto inaugural de gobierno, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (naicm) por 60 mil millones de dólares pagaderos en 19 años, el cual será pagado a las empresas contratistas con cargo a los usuarios de los aeropuertos, mediante el impuesto de la Tarifa de Uso del Aeropuerto (tua), una de las tarifas más altas del mundo, recurso que se emplea para el mantenimiento y expansión de instalaciones y que ahora se desviará para cubrir deuda. Pero también se emplearán recursos fiscales extraídos del común de los contribuyentes.

Además, el gobierno adquirió una deuda del Banco Mundial por 2 mil 130 millones de dólares en los primeros 18 meses de gobierno de amlo.

Un crédito del Banco Mundial por mil millones de dólares estaría etiquetado para atender la contingencia epidemiológica (Banco Mundial, 2020), pero el gobierno de México anunció que no lo utilizaría para ese propósito. En lugar de ello se destinó a funciones financieras, como imprimirle liquidez al sector financiero y la bancarización de jóvenes, no para atender las crisis económica y social de la covid-19.

Aunado a ello, factores como la caída del pib de -8. 5%, que altera negativamente la relación de endeudamiento, y el aumento de la inflación de 6.4% según datos oficiales, la devaluación del peso frente al dólar, la baja re-

caudación fiscal y la política de recorte presupuestal, además de los estragos de la pandemia de la covid-19, se ha registrado un crecimiento global 318

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de la deuda de 8.6%. En su segundo año de gobierno la deuda alcanzó los 12 billones de pesos, que representan 52% del pib.

Por si fuera poco, el gobierno enfrenta una caída estrepitosa en los precios del petróleo. Los ingresos del petróleo se derrumbaron 41. 3% en el primer trimestre de 2020, con 208 mil 810 millones de pesos debajo de lo programado, pese a un incremento de la producción de 1.7% anual (shcp, 2020), debido a la caída de los precios internacionales del crudo y del con-

sumo de hidrocarburos y combustibles, con la consecuente caída en los ingresos presupuestales de 3.7% anual, lo cual sólo es mantenido por el cobro de impuestos. Previsiblemente, esta tendencia será más acusada con la caída de la actividad económica mundial asociada a la pandemia y la quiebra de empresas de aviación, transporte terrestre, turismo, etcétera.

Paradójicamente, la apuesta principal de la 4t es el sector petrolero, que está expuesto a juegos especulativos, inestabilidad en las cotizaciones y la transición energética en curso (sustitución paulatina de hidrocarburos por electricidad). amlo proyectaba un crecimiento de la economía de 2%, pasar a 4%

hasta llegar a 6%; la realidad es que no ha crecido sino decrecido la economía. Asimismo, imaginaba que la estrategia de combate a la corrupción significaría un ahorro de 500 mil millones de pesos, pero esa meta no se ha logrado. Además, prometió no incrementar impuestos, pero en realidad sí se han subido y creado nuevos, como a las plataformas digitales y el uso de internet, pero sin hacer una reforma fiscal progresiva, donde se cobre a las grandes fortunas y grandes capitales.

En México la carga tributaria es muy baja, representa 16% del pib, cuando el promedio en los países de la ocde es de 34% (p. ej., en Noruega llega a 48%, mientras que en Estados Unidos es de 27%). Siguiendo la

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consigna neoliberal, amlo ha dicho que no se crearán nuevos impuestos, pero se implementan varias estrategias para aumentar la recaudación, en el contexto de una economía en depresión. Se pagan más impuestos por gasolina y bebidas azucaradas, aumentaron los impuestos a los cigarros (crecieron 41%). También las plataformas Netflix y Airbnb ahora cobrarán iva a los usuarios: la economía digital representa un 5% del pib. Además

de que se combate la evasión fiscal y se cobran adeudos a empresas y pequeños contribuyentes. Pese al ambiente recesivo asociado a la pandemia, el gobierno ha logrado un incremento en la recaudación, en parte por el cobro a grandes empresas, el combate a la defraudación fiscal y la prohibición de las condonaciones, pero también a los nuevos impuestos e incremento a los ya existentes (véase López, 15 de mayo de 2020).

En un contexto real de decrecimiento, o de franca depresión económica, desempleo y mayor pobreza, esa política resulta, a todas luces, regresiva. Cubrir el déficit fiscal con nuevos impuestos e incremento a los existentes, termina por gravar al consumidor final y deja indemnes a las grandes fortunas y capitales. Para cubrir el déficit fiscal, el gobierno persigue la estrategia de incrementar subrepticiamente los impuestos, ahorrar dinero público mediante subejercicios en el gasto, hacer ajustes drásticos que incluyen recortes y despidos, restringir el gasto en sectores estratégicos como salud, educación, guarderías, y reorientar el gasto a programas preferentes (como resucitar a Pemex, lo que amerita pagar su onerosa deuda y refinanciar a la empresa, junto con proyectos de refinería, entre otros).

El modelo neoliberal de los gobiernos priistas y panistas ha dejado un escaso margen de maniobra en el presupuesto, la mayor parte se canaliza hacia deuda y gasto corriente (salarios, prestaciones). Ese marco no se modifica con la 4t y tentativamente se restringe. Debido a la interrelación 320

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entre aumento de la deuda pública, decrecimiento económico, baja recaudación y austeridad o ajuste presupuestal, el gobierno tiene un margen de operación del presupuesto muy bajo: 20 -15% o menos (10%).14 Se recorta el gasto público (austeridad) y a cambio se redistribuyen los ingresos tributarios de manera más restringida a las instancias de gobierno y sus programas. A la contracción del gasto público le sigue el pago preferente de servicios de la deuda y obligaciones gubernamentales (tenedores de valores de naicm), incremento a la militarización, reducción al sector educación, ciencia y tecnología y cultura.

Aún dentro de los márgenes del reformismo, el nuevo gobierno se resiste a una reforma fiscal progresiva (que paguen más impuestos los que reciben mayores ingresos, el capital). La recaudación es apenas 0.8 puntos más que en 1983, cuando inició el periodo neoliberal. No se busca generar una fuente alterna de ingresos fiscales (p. ej., renta petrolera, no se revertirá la «reforma energética»). La respuesta anticlimática está en el combate a la corrupción, la austeridad, el cierre de programas, el recorte al presupuesto, el subejercicio, la disciplina fiscal, es decir, las consabidas recetas neoliberales para desangrar a determinados aparatos del Estado, el trabajo y los derechos sociales.

Puesto que 8 de cada 10 pesos del gasto está «etiquetado» como gasto programable para el pago de la deuda pública (incluye Fobaproa-ipab), pensiones, la nómina de la burocracia (además de maestros, médicos, enfermeras, policías y Fuerzas Armadas) y los servicios personales del aparato del Estado, y 2 pesos quedan disponibles para los programas del nuevo gobierno. El margen de maniobra se reduce a 5% si se consideran otras partidas, como pago de subsidios, los rubros de justicia, legislación, protección ambiental, transferencias y aportaciones, además del gasto de operación.

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Arenga anticorrupción y ajuste estatal El discurso anticorrupción no es de por sí antineoliberal, sino que está enraizado en la ideología neoliberal: se trata de un ataque a la esfera de lo público y lo estatal, señalado como corrupto e ineficiente con el propósito de desmontarlo y reconvertirlo hacia la esfera del mercado, donde, se supone, priva la eficiencia y la competitividad. Logrado esto, los brotes de corrupción que perviven en el Estado se combaten con medidas como desregulación y adjudicación de obras a empresarios privados, transparencia y rendición de cuentas, y discursos y más discursos, para que continúe la economía de mercado.

La política anticorrupción es el eje central del discurso electoral lopezobradorista (López, 2017) y se erige como el eje del gobierno. Pero las anteojeras de amlo detectan corrupción por doquier, no así explotación, dominación y despojo. La idea de que el Estado es una mafia del poder, por corrupta, no porque sea el comité de la burguesía nacional, es la noción del lopezobradorismo.

El discurso anticorrupción de amlo proviene de cifras atribuidas al Banco Mundial, donde se emprende un ataque contra el Estado, para minar su función social y económica, y resguardar su función de guardián del orden, la ley y la promoción de los valores liberales: mercado, capital, empresa. También de ese organismo proviene el diagnóstico en el cual se basaron la campaña y las primeras intenciones gubernamentales del lobezobradorismo, según el cual la corrupción política significaría 9% del pib, que representaría 20% del presupuesto nacional,15 recursos que recuperados En este diagnóstico han coincidido tanto amlo, que fue su bandera política, como los voceros del sector empresarial: Instituto Mexicano de la Competitividad, el Banco Mundial y 15

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se canalizarían hacia las grandes obras de gobierno y los programas sociales, sin necesidad de impuestos progresivos que graven al capital, ni de contratar más deuda, ni mayores cambios, se trataría de un trasvase de recursos supuestamente preexistentes de sectores corrompidos hacia obras bondadosas. Pero tan sólo tomar las riendas del gobierno se repara en que tales recursos no tienen una existencia material, real, como para hacer esa transferencia virtuosa, sino que se requerirá el adelgazamiento del aparato estatal, mediante una austeridad a rajatabla, que destruye capacidades institucionales, suprime programas, despide trabajadores, reduce presupuesto a sectores importantes, todo para transferir esos recursos a los proyectos bandera en infraestructura y asistencialismo, a costa de autofagocitar el aparato público.

En tanto que los artífices de la corrupción política que fueran señalados como enemigos del pueblo para fines electorales («la mafia del poder») son perdonados, bajo una amnistía, que presupone un pacto de complicidad, acuerdos tras bambalinas, que permitieron el reconocimiento del triunfo electoral en aras de restañar la profunda crisis del Estado mediante una alternancia pactada. Al declarar anticipadamente la amnistía a los corruptos políticos y empresarios («borrón y cuenta nueva»), se renuncia a trastocar las estructuras de poder y se empeña en moralizarlas (como habían presupuesto gobiernos anteriores) y precarizarlas.

Es llamativo el hecho de que los actos de corrupción señalados que han sido cometidos por el gobierno en funciones no han sido investigados la ocde . Sin embargo, la verificación de tales cifras ha sido un galimatías, porque la misma fuente a la que se le atribuye el dato, el bm, aduce no disponer de un estudio, sino que otros organismos y políticos atribuyen ese dato a ese organismo, uno de cuyos voceros retomó las notas de segunda mano para enunciar esa cifra. Lo cual se ha convertido en un marasmo sin sustento, pero una eficaz bandera política (Paredes y Ávila, 2018). Aún así, el gobierno en funciones sigue insistiendo en esa cifra (Notimex, 14 de mayo de 2019).

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ni sancionados, sino por el contrario, solapados y pasados por alto. O actos que se supone ya no sucederían, como las adjudicaciones directas a empresarios socios del gobierno, la integración al gabinete de funcionarios con dudosa reputación, etcétera.

El discurso anticorrupción es muy socorrido entre los populistas, que contraponen al pueblo bueno con los políticos corruptos. La política se presenta como un ejercicio delincuencial de enriquecimiento, fraude, tráfico de influencias, demagogia, simulación, donde prima la máxima priista: «Un político pobre es un pobre político». Y qué mejor que un político que se forja como un símbolo de honradez, moralidad y lenguaje llano para encarnar el sueño de revancha de la masa contra los políticos, siendo un político que trabaja y se ha formado como político profesional, dentro de esas prácticas que dice cuestionar. Sin embargo, la variopinta coalición política de la 4t, incrustada en el gobierno, el Parlamento y otras esferas del poder público no son extraterrestres ni almas de la caridad, son políticos profesionales reciclados, de todos los partidos políticos (del pri, pan, pvem, prd) y de grupos operadores y tecnócratas del modelo neoliberal que se dice combatir. Gran parte de ellos han sido gestores del neoliberalismo y han ocupado puestos de poder y saltado oportunamente de partidos para acomodarse en la administración pública o las curules, y se acomodan sin remilgos a los proyectos y discursos de los gobiernos en turno. Y siempre están operando para saltar a la siguiente posición. Así es la política profesional y no ha cambiado.

Corrupción política El tema de la corrupción política no sólo se refiere al enriquecimiento ilícito de los políticos sino a la degradación de la política, la democracia y la 324

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ética política. Algunos altos funcionarios han sido señalados por enriquecimiento inexplicable o por alterar sus declaraciones de propiedad, para eludir su imagen como funcionarios ricos en un gobierno pobre y una sociedad pauperizada.16 En tal sentido, se puede cuestionar el reciclamiento de la vieja clase política (una suerte de kakistokracia) que figura como la gestora y operadora del gobierno de la 4t, donde figuran grandes empresarios y sus grupos de interés o incidencia política (cmn, etcétera), líderes sindicales corporativistas y políticos afectos a la demagogia, el cambio de partido y la búsqueda compulsiva de posiciones de poder.

La corrupción política también se decanta por el fetichismo del poder y más todavía cuando aflora el presidencialismo y el mesianismo. La formación del gobierno lopezobradorista tiene un vicio de nacimiento, que puede considerarse un acto de corrupción política en el sentido dusseliano, no en el sentido de enriquecimiento ilícito, sino en dos sentidos, el primero en tanto que el líder máximo se asume como tal, la voz cantante, que «cree que ejercen el poder desde su autoridad autorreferencial (es decir, referida a sí mismo), su poder se ha corrompido» (Dussel, 2006: 13 -14), el poder reside en quien detenta la autoridad, mejor ejemplo no puede haber que el presidencialismo exacerbado de amlo; y en segundo lugar porque hay una completa deformación en el gobierno, que dice ser de izquierda, pero está dominado por cuadros políticos de derecha que persiguen objetivos de esa ideología. Es una corrupción originaria que asume Tales son los casos de las multipropiedades inmobiliarias de Bartlett, Sánchez Cordero y Eréndira Sandoval. O la entrega de dinero, presumiblemente de un gobierno local, al hermano del presidente para financiar la campaña electoral, entre otros que han salido a la luz pública.

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la forma de «fetichismo del poder», donde el Estado configura al pueblo, esa entelequia que a su vez, presumiblemente, le confiere la legitimidad y el poder.

Por añadidura, Morena como nuevo líder del sistema de partidos no se ha configurado del todo como un partido político, pues continúa con las viejas prácticas del partido de Estado: formación de mayorías artificiales, promoción de partidos satélites, ausencia de debate político sobre los problemas nacionales y sus alternativas, sumisión al presidente. Los sectores medios se siguen moviendo en los terrenos de la ambigüedad política, a favor y en contra del gobierno emergente, buscando obtener beneficios en los movimientos y ajustes (intelectuales, académicos, científicos, estudiantes, profesionistas). Finalmente, las clases populares están a la cola de los acontecimientos y quedan como espectadores pasivos de la trama del poder (trabajadores, desempleados, marginales, pobres).

Un signo de corrupción política es la transformación de «políticos orgánicos» con determinada congruencia teórica, ideológica y política, que pudiera identificarse con la izquierda y las causas populares para mutar en «políticos genéticamente modificados», que cambian sus principios, ideología y ética para adecuarse a las exigencias inmediatas, las nuevas condiciones, que les permiten colocarse en las esferas de poder y abrazar cualquier proyecto político-electoral, obviando contradicciones, ambigüedades, en pos del éxito y los privilegios consustanciales a la función pública, gubernamental y parlamentaria.

Otro signo de la corrupción política de la 4t es la destrucción del Estado laico con la intromisión de las Iglesias evangelistas en el Palacio Nacional y las recurrentes alusiones del presidente al cristianismo, la Biblia y los actos litúrgicos. La alianza de Morena con el pes, un partido evangelista.

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La entronización de la moralidad religiosa y del conservadurismo societal fundado en los valores y la familia como fundamento de su cruzada por la regeneración moral de la vida pública.

El fetichismo de la hegemonía es también un síntoma de degradación política, en tanto el proyecto político carece de un genuino sujeto colectivo político de la transformación social en el que estén organizados, representados y activos los trabajadores de los diversos sectores y grados de calificación, que son la mayoría social que genera el valor con el cual la sociedad se moviliza y de lo cual el Estado abreva para subsistir e imponer sus determinaciones. Cuando el sujeto del cambio es el gobierno y su entramado político estatal, a expensas de las mayorías sociales, lo que cristaliza es un régimen estatalista, que suplanta al sujeto social. Y desde esas alturas, en lugar de concientizarse a la población para formar un nuevo sujeto de la transformación que haga efectivamente historia, se le subordina, coopta. Esta es una transformación estatista, un cambio social pasivo, blando, reformista.

Para convertirse en proyecto de transformación social, no es suficiente suponer un cambio de instituciones, por ejemplo la moralización, austeridad, militarización y depuración al que ha sido sometido el Estado, sin variar su función como capital colectivo, como administrador de los intereses del capital colectivo, sino que se trata de impulsar la emancipación social, no mediante una entelequia llamada pueblo sino mediante la concientización, organización y activación de un poder popular fundado en los creadores de la riqueza, los trabajadores. Un sujeto consciente, no una base electoral subordinada a las dádivas. Y no se trata de imponer una línea verticalista y autoritaria desde el Estado sino promover la independencia y autonomía, una formación político-cultural de clase.

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¿Austeridad para quién?: el pobrismo como premisa La política de austeridad en realidad es un dispositivo neoliberal (Blyth, 2014; Stuckler y Basu, 2013). Pero se presentan con un halo de validación

con una doble connotación: una austeridad «republicana» para el Estado (neoliberalismo encubierto: austeridad/ajuste) y una austeridad franciscana para los individuos (apología de la pobreza).

Las políticas neoliberales anticorrupción se complementan con las políticas de austeridad y ajuste que se traducen en el recorte del gasto social, educación y salud, el despido de trabajadores del sector público, la cancelación de programas, el recorte presupuestal, el cierre de servicios públicos y la privatización de bienes y servicios públicos.

Bajo la norma de la austeridad neoliberal, el diseño presupuestal está regido por el dogma de la disciplina fiscal (austeridad/ajuste), la economía acorde a las «señales del mercado», es decir, a favor de los monopolios, la militarización y la política del liberalismo social, el asistencialismo.

El desmantelamiento del Estado en cuanto a desvalorizar el valor del trabajo del sector público: precarizar las condiciones de trabajo, disminución de salarios y prestaciones, despido de trabajadores, y la propagación de la retórica neoliberal de que los derechos sociales adquiridos son privilegio que hay que desterrar y las luchas sociales son chantajes; reducción de presupuestos a programas, disminución de bienes públicos, privatización de recursos del Estado; Austeridad, sinónimo de desempleo, precarización laboral, desmantelamiento del Estado, ataque a sindicatos (derechos como «privilegios», luchas como «chantajes»). Menos inversión, precarización del sector público, traspaso de activos al sector privado, otorgamiento de concesiones, inversiones público-privadas, etcétera.

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El estilo personal de gobernar austeramente es persuasivo para la masa social: desiste de vivir en los Pinos, pero se hospeda en el ostentoso Palacio Nacional; no usa el Estado Mayor Presidencial, pero es resguardado por una guardia personal de las Fuerzas Armadas; realiza mítines públicos en los estados, pero cuando el escenario es adverso se recluye en las instalaciones militares para pronunciar sus arengas; renuncia al avión presidencial, pero usa vuelos comerciales acumulando millas como viajero frecuente; reduce 40% el salario presidencial y lo fija como salario máximo de la alta burocracia; disminuye el presupuesto del Congreso y Corte, pero concentra recursos en proyectos a costa de devastar el entramado institucional que no está alineado a su dominio. Estas medidas contienen un carácter efectista y simbólico, que refuerza un estilo personalísimo de gobernar a tono con la narrativa de la honestidad, pero al mismo tiempo es una perversa justificación para imponer la austeridad neoliberal, que ya se viene implementando décadas atrás: recorte a presupuesto, despido de trabajadores, supresión de programas, privatización de activos públicos, etcétera. Paradójicamente, aquí se comete un acto de corrupción política: el fetichismo del poder (Dussel, 2006), es decir, la presunción de que un individuo encarna el poder popular y que se atreve a imponer su ideología y su estilo de vida al conjunto de la nación, como si fuese un gran patriarca, el nuevo padre de la patria.

Uno de los efectos inmediatos de la austeridad ha sido la desescolarización. El Estado mexicano tiene una enorme deuda social no reconocida en materia de educación superior y en todos los niveles. En términos generales, la universidad pública en la picota, pero la respuesta es ambigua: por una parte, acotar a las universidades estatales con presupuestos austeros (10 universidades públicas estatales en profunda crisis presupuestal) y la

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consigna de «hacer más con menos», el mantra de la austeridad neoliberal lopezobradorista, que no es sino una versión populista de los programas de ajuste que se han implementado desde los ochenta; y, por otra parte, anunciar un programa incierto de creación de 100 universidades para 130 mil estudiantes con beca, comedor y albergue, que deberán estar «necesaria y estrechamente» al servicio del mercado laboral de diversas regiones del país, donde se impartirá sólo una carrera, con un presupuesto de mil millones de pesos. Es un plan para duplicar la matrícula de las universidades públicas.

La salud pública se caracteriza por su precariedad. En México, 32.9 millones de mexicanos, es decir, 26%, no tiene afiliación a ningún servicio de salud (inegi, 2020), sólo 2.8% tiene acceso a salud privada. En el imss está 51% de los inscritos, 35% en el Insabi. No obstante, la afiliación sólo es un dato administrativo que no refleja el acceso real a los servicios de salud, que por lo común suelen estar saturados, con desabasto de medicamentos, y una franja importante de derechohabientes tiene que recurrir a consultorios privados. El gobierno de la 4t se había propuesto ofrecer, a estas alturas, servicios de salud universal, incluso homologando el sistema de salud noruego, lo cual dista mucho de alcanzarse. Más bien ocurre lo contrario, hay una desinversión en el sector de salud pública. Se incurre en subejercicios.

La falacia de la austeridad radica en que encubre el programa de ajuste estructural neoliberal, ejercitado denodadamente desde los noventa.

Por la vía de los hechos se emprende la demolición sistemática de instituciones, derechos, empleos sin un acompañamiento del debate político sustancial que supere el adoctrinamiento mesiánico. ¿Cuánto podrá liberar realmente amlo con su plan de «austeridad» mediante el recorte de 330

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salarios de alta burocracia y el combate a la corrupción? No hay precisión ni estudios ni informes contundentes. Además de que la embestida es contra los altos ingresos de la burocracia política, pero no los altos ingresos de los capitalistas. En esta cuestión no se mencionan los impuestos al gran capital, los paraísos fiscales y el problema de fuga de capitales. A la vez que se elude la desvalorización persistente de la fuerza de trabajo y su determinación en el deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías sociales.

Geopolítica del capital y desarrollo geográfico desigual La noción de geopolítica, como «ciencia del Estado», ha sido un área del conocimiento de índole militar —que se ha expandido a las ciencias sociales—, en aras de la expansión del poder político del Estado imperialista y del gran capital multinacional en el reparto del mundo, donde se hace una cartografía de los recursos estratégicos, naturales y humanos. En la nueva morfología del capital global, el mercado mundial y la división internacional del trabajo articulan los continentes, regiones y países a la trama de la acumulación mundial.

Para México esto significa seguir transitando por el sendero de la subordinación al capital global (Márquez, 2020). La tensión entre la soberanía nacional, el Estado nación como agente del proyecto neodesarrollista y el gran capital multinacional y el poder imperialista tiene su respuesta estratégica en la plataforma de acumulación a escalas mundial y regional.

La globalización neoliberal es una realidad para el gran capital que se expande a nivel planetario pero una ficción para los pueblos y trabajadores.

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El reparto del mundo ha sido violento (guerras mundiales, acuerdos militares y comerciales, tribunales internacionales, etcétera). Estados Unidos es la superpotencia, el imperio, que gestiona el sistema mundial con sus aliados mediante controles geopolíticos, no por medio de la oferta y la demanda o el libre mercado ni por desmesuras unipersonales (Trump, Bush). Hay un pensamiento pragmático y la proyección de grandes intereses. No obstante, para pensadores como Chomsky: «El sueño americano está muerto».

Pero seguimos presos en la «jaula de oro» (Álvarez, 2018) de un bloque económico norteamericano, comandado por el capital y el Estado estadounidenses, bajo la figura del tlcan (o acuerdo comercial); el gran simulacro de una sociedad para el desarrollo. Para los gobiernos subordinados de la alternancia electoral mexicana ha sido una plataforma de gobierno y amlo la retoma con regocijo: «Está a salvo nuestra soberanía», al calor de las recientes negociaciones (López, 27 de agosto de 2018). Los instrumentos como el tlcan/t-mec son funcionales a una acumulación regional mediante redes de capital ampliadas con sus cadenas de proveeduría y el consecuente desmantelamiento de cadenas de producción y mercado interno. En este ámbito, México funge como reserva estratégica demográfica y laboral, además de recursos naturales, para las economías de Estados Unidos y Canadá. El Estado nación es compenetrado por corporaciones multinacionales, en conjunción con las nacionales.

En el fondo, se abona a la perpetuación del imperialismo y neodependencia. Sin decirlo, se asume el poder del imperialismo y del capital transnacional como una cosa dada, inamovible, una fatalidad histórica, a la que hay que plegarse y mejor recluirse en los asuntos internos: «La mejor política exterior es la política interior» (Zavala, 31 de agosto de 2018).

Se profundiza la subordinación a los intereses geopolíticos de Estados 332

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Unidos y continúa la desconexión con Centro, Sudamérica y el Caribe.

Asumir las determinaciones del gobierno estadounidense dando continuidad al mismo patrón de subordinación económica y seguir promoviendo a México como «un paraíso para la inversión privada» (Solís, 1 de julio de 2018). El tlcan, columna vertebral de la subordinación del patrón de acumulación, simplemente cambia de nombre, a contentillo de Trump, renombrado usmca o t-mec.

En esa trama se anuncia a México como un «paraíso para la inversión» con la «libertad empresarial» como premisa. El tlcan (t-mec) es el eje de la continuidad del esquema de integración asimétrica en una división internacional del trabajo adversa. En tanto que las zonas económicas especiales son el especio de alojamiento de los megaproyectos extractivistas e infraestructurales. La contención del flujo migratorio centroamericano refuerza el papel de guardián del perímetro de seguridad estadounidense. Las relaciones internacionales se reducen a la vecindad subordinada con el vecino del norte. La Alianza para el Progreso (Alpro) asume nueva denominación con el corredor transístmico y las «cortinas» del desarrollo son dispositivos para la contención de la migración centroamericana: papel funcional al proyecto de seguridad nacional de Estados Unidos sin atender las causas estructurales de las migraciones.

Si el tlcan era el sello distintivo del neoliberalismo priista, su continuidad bajo las siglas del t-mec lo serán del neoliberalismo morenista, cuyo fundamento es la configuración de una plataforma exportadora desde México, que acoge a la industria estadounidense deslocalizada, especialmente la automotriz, electrónica y aeroespacial, para aprovechar la fuerza de trabajo abundante, desorganizada y barata; paradójicamente es el único caso en el mundo donde un tratado de «libre comercio» está dividido

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por un muro fronterizo que impide el libre tránsito de las personas, especialmente de los trabajadores, la mayoría de los cuales tiene que cruzar clandestinamente, lo cual redunda en una mayor precarización y superexplotación allende las fronteras.

También se hace remembranza de la Alpro (1961-1970), proyecto de Estados Unidos, encabezado por John F. Kennedy, y se sugiere la «cooperación para el desarrollo» con aquel país. Antes, Harry Truman (1945 -1953) donde algunos analistas cifran el comienzo del proyecto de desarrollo, para contrarrestar la influencia del comunismo.

De ahí que pensadores como Samir Amin recomendaran la «desconexión» de los países subdesarrollados de la globalización, pero en este caso se puede adoptar la premisa a una desconexión de un tratado comercial expoliador y una reinserción al mercado mundial en conjunción con otras regiones, como América Latina, donde México ha quedado a deber.

México funge como un país «subimperialista» (Marini, 1985), en la medida en que siendo subordinado a un poder imperial inconmensurable, como lo es Estados Unidos, a su vez, tiene la capacidad de desplegar su propia red de poder económico y geopolítico hacia zonas periféricas colindantes. Dispone de capitales multinacionales que exportan excedentes hacia Centroamérica y el Cono Sur, inclusive a regiones de Estados Unidos, y realizan inversiones en diversos ramos de la industria, el comercio y los servicios; al tiempo que el gobierno mexicano ejerce funciones militares de seguridad según los requerimientos del país hegemón del norte, sobre todo en su frontera sur, en materia de migración, narcotráfico y terrorismo, además de que tiene un cierto influjo político-cultural en América Latina, liderazgo que se ha menguado por el inactivismo político-diplomático de la 4t.

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Neocolonialismo interno: megaproyectos El bloque económico de América del Norte (tlcan/t-mec, Iniciativa Mérida, etcétera) es un instrumento geopolítico de subsunción de la economía y sociedad mexicanas, una capitulación de la soberanía ante el poder capitalista estadounidense. Bajo esa rúbrica, México seguirá ubicado en el eslabón más débil de la cadena de las redes globales de capital monopolista, como proveedor de materias primas, energía y fuerza de trabajo barata. Por esa vía se organiza la transferencia de excedente, lo cual redunda en una desacumulación secular y la cancelación de cualquier proyecto de desarrollo autónomo.

En esa tesitura se da continuidad de las zonas nafta, es decir, los enclaves económicos de maquiladoras, extractivismo minero, energético, hidráulico y hotelero. Al respecto, la columna vertebral de la producción, inscrita en la división internacional del trabajo, ha sido la maquilización, es decir, la explotación de fuerza de trabajo barata. Dentro de las cadenas de valor global y arbitraje laboral, México funge como el eslabón más débil, merced a la política de «competitividad espuria»: la fuerza de trabajo como fundamento. Por lo mismo, se promueve ahora la ampliación de las zonas económicas especiales (zee), de la cuales operan siete zee en el país, sean declaradas o elegibles en la zona sur-sureste (Banxico, 2018). Las zonas económicas especiales representan economías de enclave exportador, una suerte de «estado de excepción económico» donde no rigen las leyes nacionales sino las normas de las corporaciones, dentro de un régimen especial de «libre mercado». El antecedente es el malogrado Plan Puebla Panamá y el alca, proyectos neocoloniales, una avanzada hacia la reconquista de Mesoamérica y su corredor transístmico. Ahora se resucita con

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la iniciativa denominada «cortinas del desarrollo», es decir, una política de contención del flujo migratorio centroamericano y la ocupación de fuerza de trabajo barata que proviene de esa estampida migratoria. En ese esquema operaría el Corredor Multimodal Interoceánico, un cruce del istmo entre Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca. Aunque, en realidad, lo único que ha contenido a la migración centroamericana es la fuerza de la Guardia Nacional, a instancias del gobierno de Donald Trump.

Los megaproyectos y las zonas económicas especiales preservan, aunque sin admitirlo, el modelo basado en la ventaja comparativa espuria: la explotación de fuerza de trabajo barato y el saqueo de recursos naturales. Significan, además, una actualización del colonialismo interno (Lucio, 2016). Ante el diagnóstico de la falta de crecimiento, el lopezobradorismo

hace una reconsideración de los megaproyectos, otrora destructivos, ahora necesarios. La reconversión del despojo territorial al desarrollo entraña la resignificación discursiva de los megaproyectos, otrora depredadores, que se tornan necesarios, «con rostro humano»: sean turísticos o extractivos. Para legitimarlos se implementan «consultas» populares a modo para decidir o respaldar favorablemente los proyectos gubernamentales. Estas consultas tienen todo tipo de inconsistencias y terminan por ser un instrumento que pervierte la democracia participativa y clausura otras políticas de este tipo como formas genuinas de construcción de poder popular y de intervención social en las políticas públicas de largo alcance.

Frente a la nueva oleada neocolonialista no se ha generado una barrera de contención, no hay una propuesta de planificación del desarrollo nacional ni un proyecto articulador del mercado interno, de las regiones, ni un proyecto de industrialización sustentado con procesos de innovación científico-tecnológica capaz de propiciar una inserción no 336

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subordinada en la división internacional del trabajo. En contrapartida, la gestión inercial ahonda la segregación o balcanización del Estado nación: la geografía mexicana es barroca, contrahecha, intrincada, formada por enclaves económicos en manos de grandes capitales, junto al dominio territorial de grupos armados paramilitares y criminales, la emergencia de municipios autónomos, y las diferenciaciones regionales: zonas de exportación industrial, zonas de recursos naturales, zonas en conflicto. Frente al creciente poder de las Fuerzas Armadas del gobierno federal, persisten ejércitos privados de las organizaciones criminales, como el llamado cártel de Sinaloa, los Zetas, Cartel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana. Esto sin considerar que el Estado nación mexicano es un Estado plurinacional, que contiene al menos 60 naciones, que no son lenguas, sino naciones, además de una multidiversidad ambiental y una gran diversidad cultural, social y política, irreductibles a una sola voz, un solo partido, un solo caudillo.

Para la 4t se dibujan dos regiones privilegiadas: a) la zona norte fronteriza, el corredor maquiladora subordinado a la industria estadounidense, a la cual se le otorgan privilegios para operación del capital como disminución de impuestos, disminución de tarifas en servicios públicos y gasolina, con una leve compensación mediante el incremento al salario mínimo; y b) el sur-sureste, la zona de influencia del presidente, su querencia natural, como zona de desarrollo preferente en proyectos «estratégicos»: Tren Maya, plantación de árboles, corredor transístmico, etcétera. Esta bifurcación geográfica deja un enorme vacío, una amplia zona gris intermedia, donde sólo sobresale la joya de la corona, la Ciudad de México, que es el bastión del lopezobradorismo y el gran trampolín político para todos los efectos prácticos de la política pragmática y centralista.

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Colofón: parte de guerra o el militarismo como plataforma de operación Existe la idea de que el neoliberalismo adelgaza al Estado, pero sólo se refiere a la disminución de la propiedad pública, pero persiste el poder del Estado y su división ejecutiva, legislativa y judicial, además de las Fuerzas Armadas. En todo caso se adelgaza para reorganizar y fortalecer.

Con la noción reduccionista de Estado como «violencia legítima» se puede incurrir en el error de acotarla a la esfera de las Fuerzas Armadas.

Aún cuando hay experiencias históricas de gobiernos militares, actualmente en el mundo hay 31 países que no tienen Ejército, pero son Estados, con la peculiaridad de que casi todos fungen como paraísos fiscales —entre otros, Costa Rica, Panamá, Haití, incluso El Vaticano.

No obstante, el militarismo se refiere a un gobierno civil que atribuye funciones desproporcionadas a las Fuerzas Armadas, las que le son propias como la violencia legal y con ello las tareas de defensa ante enemigos externos y la coerción a grupos internos, pero además funciones en la administración pública y los negocios. En esa lógica, amlo le confiere más poder a las Fuerzas Armadas: amplía ámbito de competencia, presupuesto y además le confiere un halo doctrinal como ejército del «pueblo». Por ello quiere reciclarlo, limpiarle el rostro y refuncionalizarlo como soporte del régimen de gobierno en ciernes, donde el Estado aparece como una megainstitución supresora del conflicto social, de la lucha de clases, mediante la imposición de la violencia «legítima» por vía de la fuerza pública (Ejército, Policía) y la ley (constitución, cárcel, castigo).

Un pilar de la 4t es la profundización de la militarización, que había sido cuestionada cuando era oposición. Si bien el adagio latino dice: «si 338

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quieres la paz, prepárate para la guerra», cabe la posibilidad de que un Estado obrero se prepare para defenderse del Estado burgués derrocado, pero en México no es el caso. Se presagia la continuidad del modelo económico-político y el reforzamiento de la militarización se inscribe en la guerra de cuarta generación (contra el narco) y la defensa del modelo económico. El Ejército en México está muy desacreditado, porque ha sido usado para reprimir, violentar, desaparecer y proteger al régimen político.

Además de que ha estado coludido en la economía criminal de las drogas y la espiral de violencia asociada. Esta misma institución pretende ser empoderada mediante el incremento de las partidas presupuestales y la formación de la Guardia Nacional, que a diferencia del modelo europeo (policial) y el modelo estadounidense (reserva miliar) persigue un modelo de policía militarizada con mando del Ejército (o, civil, haciendo una concesión), mediante el despliegue de labores policiales con rango constitucional para tomar el control del territorio e implementar la política de seguridad nacional.

En un país plagado de conflictos sociales por la resistencia contra los megaproyectos, la existencia de autodefensas y policías comunitarias, comunidades indígenas autónomas, territorios zapatistas y focos guerrilleros (Castellanos, 2018), con un incremento sustancial del presupuesto se da continuidad a la política de «guerra contra las drogas» por lo que hace a la militarización, el populismo punitivo, sin tocar el nervio financiero de la economía criminal. El Ejército es presentado como una fuerza de paz, cuando históricamente ha sido una fuerza represiva del Estado contra el pueblo, estudiantes, campesinos, indígenas, se ha involucrado en terrorismo de Estado, la matanza de 1968, 71, la «guerra sucia», Aguas Blancas, Ayotzinapa, Tlataya y vínculos con el narcotráfico.

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Los militares tienen adiestramiento, disciplina e ideología para la represión no para la prevención; en ello han sido entrenados por militares de Estados Unidos, Israel y Europa; hay un riesgo de que la policía militar realice funciones de seguridad pública, para la que no están formados, incluso en migración.

Se trata de una «violencia organizada», irreductible a los «cárteles de la droga» o «narcotraficantes», puesto que existe un capital criminal integrado por el Estado, corporaciones empresariales, grupos paraestatales y grupos criminales (Márquez, 2020). La «guerra irregular» atiende a la doctrina conjunta estadounidense: «Una lucha violenta entre actores estatales y no estatales por la legitimidad e influencia sobre poblaciones relevantes», guerra de cuarta generación (control de los medios de comunicación, las redes informáticas físicas y digitales). El objetivo es el político de la población (Pisano, 2010). Más que soluciones de fuerza (militarización, populismo punitivo) debe entenderse cómo se configura socialmente lo que se denomina delito y actuar sobre las estructuras sociales que lo detonan.

El populismo punitivo es otro rasgo de continuidad con la lógica de militarización. Al propio Ejército se le confieren facultades extraordinarias: agente inmobiliario, administrador del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Evidentemente, amlo pretende agenciarse el apoyo de las Fuerzas Armadas, y eventualmente eludir un golpe de Estado, pero a costa de empoderar al Ejército, que ha sido una fuerza represiva contra movimientos sociales, líderes sociales, comunidades, estudiantes, y ha estado involucrada en contrainsurgencia y la economía criminal, y no un «Ejército del pueblo», «el pueblo uniformado», como pretende amlo.

El Ejército es omnipresente en la 4t y tiene nuevas funciones asignadas.

Ahora cumplen tareas de policías con la formación de la Guardia Nacional, 340

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el plan contra el «huachicol» o robo de hidrocarburos y la contención del flujo migratorio en las fronteras sur y norte; también se desempeñan como constructores del aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía y la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar; serán sembradores en el programa Sembrando Vida con la producción y siembra de árboles, además de que participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sin embargo, el Ejército ha fungido como fuerza contrainsurgente, estuvo vinculado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

El gobierno de la 4t propone subir sustancialmente el presupuesto asignado a las fuerza militares y policiacas, reforzando el carácter de Estado-policía. Propone que las tres dependencias federales con tareas de seguridad —Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (sspc)— dispongan de 186 mil 773 millones de pesos. Las prioridades presupuestales de la 4t para 2020 están en Pemex (86 mil millones de pesos como parte de un programa de «rescate»), bienestar social y seguridad.

La agenda de seguridad regional es una disposición geopolítica de alcance regional comandada por Estados Unidos, adscrita a su política hegemónica, militar, política y diplomática, que ha desplegado diversas instituciones, políticas, programas y presupuestos. Desde organismos interventores como la dea, programas como la Iniciativa Mérida, políticas extraterritoriales como la llamada guerra contra las drogas y la promoción en terceros países, como México, de la militarización de la policía civil, como la formación de la Guardia Nacional, la modificación de la ley, como el Código Penal y otras normas legales y campañas como la contención de la migración de centroamericanos.

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R E S E Ñ A

Los caminos del desarrollo del tercer mundo al mundo emergente, de Héctor Guillén Romo Carlos Mallorquín*

La mirada que priva en el libro de Héctor Guillén Romo se declara bajo el influjo de una perspectiva mucho más «fructífera» que la «metodología neoclásica basada en métodos abstractos y deductivos» (2018:24 -25):1 un «enfoque más concreto, inductivo e interdisciplinario basado en la experiencia histórica» (p. 25).2 Apoyándose en Ha-Joon Chang, Guillén propone presentar una visión «heterodoxa» de la «economía del desarrollo», la cual va más allá de catalogar y recolectar «hechos históricos» (p. 25), destacando aquellos aspectos teóricos «pluridisciplinarios» (p. 26) observados en los «pioneros de la década de 1950»: «Pautas históricas permanentes, construir teorías para explicarlas y aplicar estas teorías a problemas contemporáneos, teniendo en cuenta al mismo tiempo los cambios en las circunstancias tecnológicas, institucionales y políticas» (Chang, 2004, en Guillén, 2018:25 -26).

Se trata de un texto en torno al pensamiento económico (558 páginas, incluyendo bibliografía e índice de materias), cuya primera parte, casi 50 por ciento, corresponde a los tres primeros capítulos. El lector interesado Véase la explicación en las notas a pie de página 35 y 36; las notas a pie siguen un orden cronológico desde el comienzo hasta el final del texto.

2 Para una mayor explicación, véase la nota al pie 37. *Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

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issn impreso 2448-5020

issn red cómputo 2594- 0899

Carlos Mallorquín

exclusivamente en las ideas económicas de los últimos 70 años bien podría cerrar el libro habiendo concluido con la primera parte.

El primer capítulo (pp. 33 -143)3 corresponde a una revisión, presentación, difusión, de las «Anglo-Saxon economic theories» (Seers, 1979:710) o discursos surgidos en Europa; para mi gusto, fue agradable su lectura porque el autor se remite sistemáticamente a los textos en «francés», cuyo idioma no leo. Le sigue un capítulo donde se ofrece una visión sintética de Perroux y Sen (pp. 144 -187)4 y culmina con el tercer capítulo dedicado a la discusión teórica del pensamiento latinoamericano (pp. 187-244). 5 La segunda parte del libro se concentra en describir las vicisitudes o «éxitos» de la evolución histórica del «desarrollo» o «crecimiento» especialmente a partir del periodo de posguerra o cuando ha sido necesario iniciando históricamente en épocas previas. El cuarto capítulo (pp. 245 310)6 realiza el diagnóstico de la evolución económica de ciertas econo-

mías del Asia del Este (China, India y los «tigres asiáticos»: Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur),7 en el siguiente capítulo (el quinto, pp.

310 -441), 8 examina de manera similar las consecuencias y estrategias del

proceso económico en la región latinoamericana por medio de una exposición histórica de los casos de Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, para culminar en el sexto capítulo (pp. 441-502),9 con el caso mexicano, cuya «La mirada del pensamiento económico dominante en materia de desarrollo: de los pioneros a las experiencias aleatorias de terreno».

4 «De Francois Perroux a Amartya Sen: la economía al servicio del hombre».

5 «El pensamiento económico latinoamericano: el estructuralismo, la nueva Cepal y el nuevo rumbo».

6 «Estrategias del desarrollo en Asia: los países exitosos».

7 Sin olvidar «los tigritos» Indonesia y Malasia.

8 «Estrategias de desarrollo en América Latina».

9 «México: de la industrialización dirigida por el Estado al modelo económico liberal».

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amplitud historiográfica y discusión contrasta respecto al espacio dedicado al examen y exposición evolutivo de las formaciones económicas del capítulo anterior. Las pormenorizadas descripciones productivas sectoriales y geográficas facilitan observar aquellos fenómenos históricos y las asimetrías de poder de las categorías de centro-periferia generadas por el pensamiento estructuralista latinoamericano.10 Por otro lado, por la fecha de la publicación del libro, en varios ámbitos y políticas críticas discutidas y observadas en México del pasado, no pudieron recibir atención las actuales medidas que el nuevo gobierno recientemente electo ha propuesto, como sería la organización fiscal de Pemex en el ámbito energético, e igualmente con la política de dar por concluidas futuras concesiones territoriales.

El «Epílogo»11 incorpora a las recurrentes comparaciones, para bien o mal, entre las estrategias y políticas económicas impulsadas en América Latina y el Asia del Este, con el fin de resaltar la «exitosa» o «superioridad» de la política económica de los asiáticos (aparentemente su apertura al comercio exterior, exportación de productos manufacturados y menor Por ejemplo, igualmente, incluso para los eua: «Las firmas exportadoras representan una pequeña minoría de empresas de un país, el grueso de empresas se vuelcan hacia el mercado doméstico. El sector manufacturero de Estados Unidos representa 20 por ciento de la producción y 8 por ciento del empleo. Las evaluaciones del efecto sobre el empleo americano del tlcan o de la competencia china muestran que los resultados son extremadamente heterogéneos en el espacio local. Son muy negativos para una minoría: el empleo ha disminuido y el salario ha aumentado menos en las regiones de empleo más afectadas por la competencia, para el caso de los trabajadores no calificados. Por el contrario, los trabajadores calificados no son afectados y a escala del país en su totalidad el efecto de la competencia internacional sobre los empleos y los salarios es muy débil, menor que el de los cambios estructurales como el aumento de la demanda por los servicios y la automatización de la producción. (...) el comercio crea perdedores, pero no todos los perdedores resultan del comercio» (p. 499). Véase la transferencia de tecnología y empresas entre los «tigres» y tigritos (pp. 302-304).

11 «¿Por qué los países de América Latina tuvieron un comportamiento diferente a los países asiáticos?»

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participación estatal, todo lo cual es problemático) y los «déficits» al respecto en la región latinoamericana. Mucho lugar por lo tanto ocupa primero la interpretación de las políticas económicas regionales y en segundo lugar las respuestas y rumbo que toman las distintas regiones ante los «mandamientos» del Consenso de Washington durante la década de 1990, sustrato de las políticas neoliberales.

La unidad discursiva del libro, especialmente en la primera parte, se debe a una problemática cuya naturaleza, y por lo tanto la visión de la lectura, encuentra sus orígenes en Europa o el mundo académico anglosajón con aquello que se llamó «la economía del desarrollo». Aunque el autor «coquetea» con el estructuralismo latinoamericano, dicho vocabulario no domina la narrativa. No obstante, el autor no deja de señalar el etnocentrismo e insuficiencias conceptuales de las teorías eurocéntricas, como lo hizo en su tiempo el discurso latinoamericano de las décadas de 1940 y 1950.

Con otras palabras, durante las décadas de 1940 y 1950, los supuestos pioneros de la «economía del desarrollo» parten de la idea de que el vocabulario teórico de la «economía» presenta una serie de limitaciones para pensar a la periferia, o países en desarrollo, y por lo tanto proponen discutir la transformación social y sectorial del trabajo de las formaciones económicas a partir de ciertos mecanismos institucionales apoyándose en las políticas estatales para organizar o impulsar la evolución del «mercado» o el crecimiento/desarrollo de la economía. Sin embargo, a mediados de la década de 1970, la evolución del pensamiento económico en los países del centro, Eu-

ropa y eua, así como las políticas y estrategias económicas, desplazan la división disciplinaria dual de la «economía», perspectiva que por entonces va siendo hegemonizada por el vocabulario neoliberal, a partir del cual todas 352

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las formaciones económicas debían diagnosticarse con los mismos instrumentos teóricos, tanto en el centro como en la periferia. Del periodo es importante recordar que es a partir de la corriente neoliberal que en América Latina se genera la leyenda negra sobre las consecuencias de las políticas económicas impulsadas al amparo de un Estado «protector» cuya supuesta ineficiencia puede fácilmente cuestionarse, en términos globales y particulares, al examinar la velocidad con que los capitales extranjeros compraron las empresas públicas durante el proceso de su privatización.

Guillén también describe otras corrientes teóricas como el institucionalismo norteamericano y otras perspectivas que aparentemente redujeron sus «ambiciones» teóricas y prácticas, concentrándose no tanto en promover las transformaciones de la división social-sectorial y territorial del trabajo en el nivel nacional, sino en aquellos aspectos de las políticas que suponen reducir la pobreza. Incorpora exposiciones que parten de visiones teóricas que reivindican la microeconomía, como el caso de la propuesta de Banerjee y Duflo. No está demás subrayar que estas ideas en torno a la economía provenientes de Europa reciben por parte del autor una descripción pormenorizada, mostrando un meticuloso y desesperante estoicismo, no obstante que la mayoría de las teorías presentan un ofensivo etnocentrismo o presupuestos banales sobre la «racionalidad» de los agentes económicos en la periferia.

Quien redacta estas páginas, a partir de un visión latinoamericana de la economía construida en la región por autores llamados «estructuralistas», se regocija con lo que encuentra en el capítulo segundo, el cual examina la obra de Perroux en tándem con la de A. Sen, debido a su parecido familiar con el pensamiento económico latinoamericano, especialmente con Perroux, el cual centra su reflexión al examinar las condiciones de

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existencia que hacen posible las asimetrías de poder y las estrategias para superarlas o, lo que en términos de Perroux se teoriza a partir de la noción de «la dominación».

Esto nos lleva al capítulo que describe el pensamiento latinoamericano y respecto del cual no tengo «empacho» en decir que el espacio dedicado al mismo no posibilita al autor destacar la pluralidad y diversidad teórica conceptual entre varios de sus impulsores (Prebisch, Furtado, Pinto, Urquidi, Sunkel, Di Filippo, por mencionar algunos, o aquellos que se distinguen como dependentistas, marxistas o no, Marini, Dos Santos, Quijano, Cardoso, etcétera). Sin duda, no puede negarse el esfuerzo titánico de síntesis para reducir su extensión. Antes de proseguir con otros aspectos a destacar en el libro no quiero dejar de señalar que tal vez un elemento teórico con el cual no se tuvo el debido cuidado de presentación fueron las nociones de «centro» y «periferia», las cuales no suponen necesariamente formaciones económicas distintas, en otras palabras, la propia «periferia», presenta los antagonismos centro-periferia, que pueden observarse entre distintas formaciones económicas: las asimetrías de poder generan los centros y las periferias intra o extra regionales; en otras palabras, la heterogeneidad es consecuencia de las asimetrías de poder, no se trata del grado «tecnológico», de los agentes o zonas en cuestión. La heterogeneidad se da y se encuentra en todas las formaciones económicas, surge como consecuencia de las asimetrías de poder, dichas asimetrías deben examinarse tomando en cuenta las condiciones de existencia de los agentes y las formas en que poseen en separación algunas de dichas condiciones. Es dicha posesión en separación la que hace posible hablar de «mercados», el mecanismo institucional mediante el cual se obtienen (compra-venta o equivalencias de intercambio de todo tipo) los elementos respectivos para gene354

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Los caminos del desarrollo del tercer mundo

rar o producir ciertos bienes-productos por un lado, así como establecer los «precios» y niveles de remuneración, proceso inherentemente antagónico. La heterogeneidad de los agentes obedece precisamente a la asimetría de poder para establecer «precios» o equivalencias en los niveles micro o macroeconómico. Los antagonismos surgen a raíz de aquellos aspectos existenciales cuyas condiciones de existencia no están bajo el dominio de los agentes en cuestión (Cfr. Mallorquín, 2017). Aspectos puntuales, que el libro de Guillén demuestra, pero con otro vocabulario, y por tanto sin hacer una referencia explícita, en varias de sus descripciones históricas a lo largo de los procesos económicos en las distintas latitudes geográficas, de la región latinoamericana y del Asia del Este.

El supuesto «milagro» económico asiático, entre diversas formaciones económicas, se expone a partir de contrastar las políticas selectivas de apoyo a diversos sectores e industrias y la apertura comercial, las cuales facilitan su integración a ciertos de sectores productivos de las cadenas globales valor o con la transferencia de ciertos sectores productivos hacia otros ámbitos geográficos del Asia del Este, donde se observan niveles salariales menores, sin excluir un proceso de especialización y ampliación de inversiones en tecnologías en ciertos sectores productivos de «punta» o cercanos a ellas.

En otras palabras, se visualizan dichas políticas, en el sudeste de Asia y se subrayan las diferencias de implementación del catálogo de mandamientos impulsado por el Consenso de Washington, los cuales a su vez también son bien discutidos (pp. 328-331). Si bien en la exposición de la historia económica de esas zonas el autor en ocasiones hace uso del término «éxito», éste debe tomarse con precaución, dadas la desigualdades y ausencia inicial de procesos democráticos para lograrlo. El contexto, de una mayor igual-

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dad, o si se gusta menor desigualdad, en las décadas de 1990 -2010, con una población con un mayor grado de alfabetismo que América Latina, ciertamente hace más factible realizar e implementar políticas económicas más acordes a ciertas tendencias de apertura económica al exterior y una participación selectiva estatal, la cual tampoco se presenta factible en la región latinoamericana, que desmantela casi todo el aparato de apoyo estatal a la industria de origen nacional, sin ninguna previsión de tiempo para su reestructuración, consecuencia a su vez de la crisis de la deuda externa, lo cual explica la «década pérdida» de 1980 sin crecimiento.

Por otra parte, dichas políticas y estrategias en el Este de Asia se logran con un alto grado de autoritarismo, como bien se dice en el libro, pero queda sin subrayar suficientemente el contexto global de las políticas de los eua, las cuales son mucho más «permisivas» y favorables en dicha zona geográfica, en contraste con las que se observaron hacia América Latina (Fernández, 2017). Igualmente, el «éxito» económico de China en gran parte es una grave calamidad, producto de una inconmensurable pobreza bajo la cual viven dos tercios de su población (800 millones de seres humanos).

La imagen presentada de la evolución económica de la región se sustenta en lo que aparentemente sería una perspectiva elaborada por Prebisch o de la Cepal, con la distinción de un periodo de políticas económicas dirigidas a favorecer el mercado internacional de mercancías como su propulsión central —hacia afuera— al que se le contrapone otro que insistiría en poner mayor énfasis en aspectos socioeconómicos internos —hacia adentro—, entre cuyos objetivos estaría transformar a las sociedades por medio de una serie de políticas que estaban limitadas por la ausencia de las «reformas» fiscal, agraria, educativa e industrial. En otras palabras, hoy se habla 356

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de una «política industrial» selectivamente calculada; mientras que en la década de 1950 el proceso de «industrialización» formaba parte de una reforma política-social, la cual implícitamente suponía la transferencia del centro de poder y decisiones, entonces en los terratenientes o «coroneles» (Brasil), hacia las ciudades.

De hecho, la industrialización por sustitución de importaciones en los bienes de consumo se logra casi sin impedimentos, en otros casos, en aquellos sectores de mayor envergadura tecnológica o de requerimientos de capital, lo cual supone elevar el grado de inversiones y de recursos importados, impide su plena sustentación en las épocas en que la balanza de pagos sufre un declive de ingresos ante la reducción de los precios por exportaciones. Dicho proceso está tipificado por la asimetría de poder entre los precios de los bienes manufacturados y aquellos correspondientes de los bienes primarios, que por lo general son los que ceden ante una reducción de su demanda para intentar proteger cierto nivel de ingresos por sus exportaciones: el famoso deterioro de los términos de intercambio. Vale la pena insistir en que Prebisch jamás dijo que el deterioro sea o se manifestara cual «ley natural» («no conocemos el futuro» decía), e igualmente de que únicamente se manifestara entre distintas formaciones económicas.

Con anterioridad se advirtió que las asimetrías de poder entre los agentes productivos reflejan los antagonismos entre dichos agentes así como sus diversas condiciones de existencia, las cuales limitan o hacen posible defender ciertos niveles de ingresos o precios. La heterogeneidad de los agentes, dadas sus asimétricas y dispares condiciones de existencia y sus respectivos mecanismos antagónicos para su «defensa», es el modelo que guiaba la visión en Prebisch, Furtado, entre otros. Ello explica su rechazo de la noción de los agentes como entidades «representativas» racionales

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de la economía convencional o neoclásica, así como la noción de equilibrio general.

Es cierto que existe una interpretación de las propuestas de la Cepal y de Prebisch, y del neoestructuralismo, entre otros, la cual podríamos denominar como una suerte de «fetichismo de la industrialización»; sin embargo, fue precisamente la ausencia de reformas sociales ya mencionadas en otros ámbitos sectoriales lo que explica las dificultades de la transformación de la división social-tecnológica y territorial de las formaciones económicas de la periferia, aspectos, cabe de paso destacar, se suceden por la buena o la mala, en el sud este de Asia. En la región latinoamericana, la incontestable presencia de la lucha social, por la instauración de gobiernos más democráticos posterior a la segunda guerra mundial, así como en ocasiones el dominio de los regímenes militares, sin olvidar los gobiernos que se dicen socialistas y revoluciones que adoptan dicha designación, formaron parte del horizonte antagónico económico-social del «malogrado» desarrollo económico regional.

El retorno de un liberalismo «autoritario» un oximoron, y en muchos países, bajo la mano militar en la región, opacó, por no decir extinguió, tanto las ideas renovadoras de posguerra elaboradas en América Latina, así como las prácticas, y políticas promovidas para pensar y evaluar las transformaciones sociales, y no exclusivamente, o necesariamente en torno a la «industrialización».

Por ello en parte, el «Epílogo» del libro, donde se comparan las vicisitudes de América Latina con los países del Sudeste de Asia respecto a sus inserciones al proceso de la «globalización», así como su adopción o no de los mandamientos instaurados por el Consenso de Washington, puede no ser la mejor manera de postular una evaluación o diagnóstico para explicar la evolución de las formaciones económicas en cuestión.

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Antes de terminar, quisiera decir que vale la pena subrayar que si bien el libro presenta un universo muy amplio del vocabulario de la actual economía, una mayor profundización del examen del lenguaje y vocabularios teóricos a partir de los cuales dichos diagnósticos se realizaron, requiere a su vez una mayor intromisión de las ideas cepalinas o de Prebisch, las cuales harían posible una estrategia discursiva hegemónica y alternativa que problematice el uso actual de ciertas categorías económicas. Ello supone, subsecuentemente, reconfigurar, desplazar, superar (en términos hegelianos) para proponer políticas alternativas. Igualmente problematizar la existencia de nociones generales sobre el supuesto reino del «capitalismo», como totalidad o entidad autosustentada, y rescatar la heterogeneidad y el antagonismo consustancial entre los agentes (formaciones económicas, regiones, empresas, individuos, o sea, los agentes quienes a su vez no todos son «humanos») para repensar reformas y políticas específicas para cada caso, región, unidad productiva o comunidades.

En este contexto, la contraposición «reforma o revolución», como ya se decía en la década de 1950, es sencillamente contraproducente, en términos políticos y sociales. Hoy México vive un momento muy interesante donde la oposición a ciertas políticas llamadas «desarrollistas» o de «crecimiento» tienen adversarios muy importantes en el país y en algunos casos los sectores desheredados.

Habrá que discutir democráticamente, con especificaciones muy prodigiosas en torno de las distintas posturas con el fin de examinar las consecuencias a corto y a largo plazo. En dicha discusión, tanto la «economía» como la «biología» tendrán que subordinarse a posturas éticas cuyo sustento será la base para reconstruir los universos económico-sociales. En otras palabras, ninguna de dichas disciplinas tiene el privilegio para establecer la ruta que debemos trazar; la toma de decisiones es imperativa, pero en un ámbito de discusión democrática, asumiendo plenamente las consecuencias sociales y ambientales.

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Estudios Críticos del Desarrollo

Colaboradores

Arturo Ezquerro-Cañete. Candidato a Doctor en Estudios del Desarrollo Internacional por la Universidad de Saint Mary’s, Canadá, y estudiante del Doctorado en Estudios del Desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Ha publicado artículos en la revista Journal of Agrarian Change sobre los temas de la sojización y expansión de la frontera agropecuaria, así como la reforma agraria en Paraguay. Actualmente trabaja en un proyecto sobre la cuestión agraria en Paraguay y las luchas por la tierra.

Carlos Mallorquín. Sociólogo y economista mexicano. Docente e investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde 1993 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (sni). De sus publicaciones recientes sobresalen Celso Furtado: un retrato intelectual (uacm, 2013), Relatos contados desde la periferia: el pensamiento económico latinoamericano (Plaza y Valdés, 2013), América Latina y su teoría (Ariadna Ediciones, 2017). Actualmente está preparando una biografía intelectual del economista argentino Raúl Prebisch (1901-1986).

Humberto Márquez Covarrubias. Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Universidad Autónoma de Zacatecas), México. Doctor en estudios del

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desarrollo por la misma universidad. Director de las revistas Estudios Críticos del Desarrollo y Observatorio del Desarrollo. Co-coordinador del Seminario de Pensamiento Crítico. Miembro de la Red Internacional de Migración y Desarrollo y del Sistema Nacional de Investigadores. De manera individual y colectiva ha publicado textos académicos de diversos géneros sobre el capitalismo contemporáneo, la crisis, el desarrollo desigual, el trabajo, el Estado, la violencia, la migración, la universidad pública y la cuestión social, entre otros temas.

René Ramírez Gallegos. Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra-Portugal e investigador invitado Universidad Autónoma de Zacatecas.

Fue Secretario Nacional de Planeación y Desarrollo y Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador. Ha presidido diversos organismos, como el Consejo de Educación Superior, la Empresa Pública Yachay, entre otros. Sus áreas de trabajo son las políticas públicas sociales, pobreza, economía de la felicidad, uso del tiempo, participación ciudadana y economía del conocimiento. Contribuyó a la construcción del Sistema Nacional de Planificación de Ecuado, los Planes Nacionales del Buen Vivir y el proceso de transforamción de la educación superior ecuatoriana.

Coordinó el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 y el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 -2013. Autor de La vida (buena) como riqueza de los pueblos: hacia una socioecología política del tiempo (El Viejo Topo, 2012) y La gran transición. En busca de nuevos sentidos comunes (ciespal, 2017), en entre otros títulos, capítulos y artículos.

Darcy Tetreault. Docente investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Universidad Autónoma

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Colaboradores

de Zacatecas), México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II. Doctor en ciencias sociales la Universidad de Guadalajara. Su tesis de doctorado recibió el premio nacional Arturo Warman en 2008. Desde entonces, ha publicado docenas de textos en revistas académicas, libros y medios de difusión, además de coordinar varios libros, sobre los conflictos socioambientales, el extractivismo, la minería, el agua, las luchas campesinas e indígenas y la pobreza, con un enfoque en México y en la región de América Latina, desde la perspectiva de los estudios críticos de desarrollo, la ecología política y el eco-marxismo; y empleando un acercamiento que implica acompañar y asesorar a las luchas por lo común.

Luciano Vasapollo. Economista italiano. Profesor en la Universidad La Sapienza de Roma, Italia, y en la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca de Pinar del Río, Cuba. Es director del Centro de Estudios para las Transformaciones Económico-Sociales (cestes) y de las revistas Proteo y Nuestra América. En 2006 fue el ganador del Concurso Internacional de Ensayo Pensar a Contra-

corriente. Miembro del Consejo de Redacción de Laberinto, de la coordinación nacional de la Rete dei Comunisti y coordinador en Italia de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Es autor o coautor de 30 libros, entre ellos Flexibles y precarios. La opresión del trabajo en el nuevo

capitalismo europeo (El Viejo Topo, 2005) y La recomposición de Europa. La ampliación de la Unión Europea en el contexto de la competencia global y las finanzas internacionales (El Viejo Topo, 2004), ambos en coautoría con Joaquín Arriola, Introducción a la historia y la lógica del imperialismo (El Viejo Topo, 2005), en coautoría con H. Galarza y H. Jaffe, Potencias en conflicto. La pugna por la hegemonía mundial (El Viejo Topo, 2007), en coautoría con J.

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Petras y M. Casadio, y De Sur a Sur. La estrategia del caracol (El Viejo Topo, 2014).

Henry Veltmeyer. Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Ha sido profesor de sociología del desarrollo por más de tres décadas. Fue fundador de los programas de Estudios del Desarrollo en Saint Mary’s University y en la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como de la red de Estudios Críticos de Desarrollo (Critical Development Studies). Fue presidente de la Asociación Canadiense para los Estudios del Desarrollo (casid) y editor en jefe de la revista Canadian Journal of Development Studies. Es especialista en teoría del desarrollo, economía política de la globalización y desarrollo local, desarrollo capitalista en el contexto de América Latina, con énfasis en el desarrollo rural y los movimientos sociales. Autor y compilador de más de 40 libros y numerosos artículos publicados en revistas de prestigio. Algunos

de sus libros han sido traducidos en varios idiomas. Entre sus publicaciones recientes se encuentran The New Extractivism in Latin America e Imperialism and Capitalism in the 21st Century, en coautoría con James Petras.

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Normas para la recepción de originales

1. Estudios Críticos del Desarrollo es una revista semestral de investigación

científica arbitrada y publicada por la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo (uaed) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (uaz).

2. Los trabajos deberán ser inéditos y sus autores se comprometen a

no someterlos simultáneamente a la consideración de otras publicaciones.

Deberán ser resultado o avance de investigaciones originales de alto nivel, enmarcados en las Ciencias Sociales y las Humanidades, enfocados en la problemática y las alternativas del desarrollo. Pueden enviarse trabajos en español y en inglés; los cuales serán publicados en esos idiomas. Los autores conceden su autorización para que sus artículos sean difundidos a través de medios impresos y electrónicos por la uaed-uaz.

3. Los autores deberán remitir los originales en formato compatible

con los programas estándares de procesamiento de textos (Word) en tamaño carta, a doble espacio y por una sola cara, con tamaño de letra de 12 puntos en fuente Times New Roman.

4. Considerando que una cuartilla tiene 27 renglones y entre 60 y 64

caracteres con espacios e interlineado doble, los trabajos destinados a las secciones «Artículos» y «Debate» tendrán una extensión de entre 20 y 25 cuartillas; y las colaboraciones para «Reseña» entre 3 y 5.

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5. Los trabajos deberán acompañarse de los siguientes datos, con una

extensión no mayor de diez líneas: nombre completo del autor o los autores, nacionalidad, máximo nivel de estudios alcanzado, institución, centro de adscripción y línea de investigación, cargo que desempeña, número telefónico, dirección postal, dirección electrónica, dos o tres referencias bibliográficas de las publicaciones recientes o relevantes y otra información de interés académico.

6. Anexo al artículo, deberá enviarse un resumen de 150 palabras (o

diez renglones) en el idioma en que esté escrito y cinco palabras clave, que faciliten su inclusión en los índices y bases de datos bibliográficos. Estudios Críticos del Desarrollo traducirá, en su caso, el resumen al inglés y utilizará esa síntesis para su difusión en el portal de internet de la uaed.

7. Los cuadros, los mapas y las gráficas deberán presentarse en formato

Excel con claridad y precisión; invariablemente deberán incluir la fuente o el origen de procedencia, y en el texto deberá indicarse su colocación exacta.

8. Las notas se presentarán a pie de página y deberán estar escritas a

renglón corrido (a un espacio) y numeración corrida (progresiva), e incluirse al pie de la página correspondiente. Las llamadas deberán ser numéricas. Las citas deberán insertarse en el texto abriendo un paréntesis con el apellido del autor, el año de la publicación y la página.

9. Para siglas, acrónimos o abreviaturas, la primera vez que se usen de-

berá escribirse el nombre completo o desatado; luego, entre paréntesis, la forma que se utilizará con posterioridad. Ejemplos: Banco Mundial (bm), Organización de las Naciones Unidas (onu), producto interno bruto (pib).

10. Los textos originales podrán entregarse en la Unidad Académica

de Estudios del Desarrollo o enviarse por correo a la siguiente dirección: 366

Normas para la recepción de originales

Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, campus Universitario ii,

avenida Preparatoria sin número, fraccionamiento Progreso, 98065,

Zacatecas, Zacatecas, México. También podrán enviarse por correo electrónico a la dirección: revista@estudiosdeldesarrollo.net 11. Los originales serán dictaminados por evaluadores anónimos selec-

cionados entre expertos del tema tratado por el artículo. En razón de lo cual los nombres de los autores u otra forma de identificación sólo deberá figurar en la página inicial.

12. Los dictámenes serán comunicados a los autores en un plazo no ma-

yor a 60 días después de la recepción del artículo. El principio de confidencialidad será la guía.

13. Las colaboraciones aceptadas serán sometidas a un proceso de co-

rrección de estilo y su publicación estará sujeta a la disponibilidad de espacio en cada número. Estudios Críticos del Desarrollo se reserva el derecho de realizar los cambios editoriales que considere pertinentes.

14. En ningún caso se devolverán originales.

Normas para la recepción de originales

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Editorial ¿Adiós a todo eso? Los avatares de la «cuarta transformación» Humberto Márquez Covarrubias

Artículos Capitalismo, desarrollo, imperialismo, globalización: una historia de cuatro conceptos Henry Veltmeyer Claves de los conflictos socioambientales mexicanos Darcy Tetreault La lucha de clases por la tierra y por la democracia en Paraguay Arturo Ezquerro-Cañete Mi idea de caracol es otra Luciano Vasapollo Ucronías para la vida buena René Ramírez Gallegos

Debate Los microbios interpelan a las terapias Guillermo Foladori El rey va desnudo: realidad y retórica en el proyecto transformista de la 4t Humberto Márquez Covarrubias

Reseña Los caminos del desarrollo del tercer mundo al mundo emergente, de Héctor Guillén Romo Carlos Mallorquín