ObservatoriodelDesarrollov4n13 by comunidaduaed

OBSERVATORIO DEL

DESARROLLO Investigación, reflexión y análisis

V O L U M E N 4 , N Ú M E R O 13 .

Violencia Inseguridad, violencia y criminalidad

de Estado,

autodefensas y movimiento estudiantil

en las ciudades

www.estudiosdeldesarrollo.net

Contenido Observatorio del Desarrollo, vol. 4, núm. 13

Editorial. Juventud: quebranto generacional

Presentación: inseguridad en las ciudades

Guadalupe Margarita González Hernández

Violencias estructurales y emergentes: suicidio y Camelódromo en Londrina, Brasil

[debat e] Crimen organizado y reacción ciudadana: las autodefensas en Michoacán

Angela Golono de Deus Carla Maria Freres Stipp Baptista Carolina Nunes França

[t e m a s

Jaime Rivera Velázquez Janeth Valdez Rivera Guillermo Vargas Uribe

Costos económicos y sociales de los emplazamientos mineros en Morelos

Gobernanza y políticas de intervención en espacios públicos de Ciudad Juárez

Juan Enrique Díaz

Jordy Micheli Laura Islas

Arquitectura de la violencia: seguridad patrimonial, insociabilidad urbana y gentrificación Sonia Taddei Ferraz Leticia Lyra Acioly Paula Ramos Correa Carvalho de Mendonça

Ana Claudia Duarte Pinheiro Edward Rodrigo Sánchez Malagón Neiva Camargo Torrezani

Rafael Monroy Ortiz Rafael Monroy Martínez

Videovigilancia en el Centro Histórico de la Ciudad de México

cr íticos]

Violencias en la educación y urbanidad: el caso de Londrina, Brasil

Violencia en la urbe. Aporte a la seguridad humana

Guadalupe Margarita González Hernández

Ayotzinapa: crimen de Estado y movilización estudiantil

59 66 81

Humberto Márquez Covarrubias

Foto de portada: “Ciudadanía precaria en las ciudades”, Jorge Vázquez Valdez

Dirección General: Humberto Márquez

Observatorio del desarrollo. Investigación, reflexión y análisis, volumen 4, número 13,

Covarrubias. Dirección Editorial: Darcy

enero-marzo de 2015, es una publicación académica trimestral que pretende

Victor Tetreault. Coordinación Editorial:

contribuir al estudio de los problemas y alternativas del desarrollo desde la per-

Guadalupe Margarita González Hernán-

spectiva de las ciencias sociales y las humanidades mediante la colaboración de

dez. Consejo Editorial: James Cypher,

U n i v e r s i da d A u t ó n o m a

Z acat e ca s

A rma ndo S i lva C h á i re z Rector

C uauhtémo c R o d r í gu e z A g u i r re

Raúl Delgado Wise, José Déniz Espinós, Rodolfo García Zamora, Guadalupe Margarita González Hernández, Víctor López Villafañe, Carlos Mallorquín, Humberto Márquez Covarrubias, Gerardo Otero, Rober to Soto Esquivel, Da rcy Victor

la comunidad de investigadores de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de otras instituciones nacionales e internacionales. La revista es editada por la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. Editor responsable: Humberto Márquez Covarrubias. Reservas de derecho al uso exclusivo impreso no. 04-2014-041111285000-102. issn en trámite. Licitud de título y contenido no. 04-2014-041111285000-102. Reserva de derecho al uso exclusivo electrónico no. 04-2015-060212180900-203. Licitud de título y contenido no. 04-2015-60212180900-203. Domicilio de la publicación:

Secretario general

Tetreault, Henry Veltmeyer, Edgar Záyago.

R odolfo G ar cí a Z a m o ra

Cuidado de la Edición: Humberto Márquez

Director uaed

terminó de imprimir en marzo de 2015 con un tiraje de 1000 ejemplares. Los

Covarrubias. Producción editorial: Editorial

artículos contenidos en esta publicación son responsabilidad de sus respectivos

Los Reyes. Página web: Elizabeth Gómez.

autores y no comprometen la posición oficial de Observatorio del Desarrollo. La

Av. Preparatoria s.n., Col. Hidráulica, Zacatecas, c.p. 98065. Este número se

revista está disponible en la página web: www.estudiosdeldesarrollo.net. Toda contribución debe enviarse a: observatorio@estudiosdeldesarrollo.net.

Fin de siglo J o s é E m i l i o P ac h e c o

La sangre derramada clama venganza.

Y la venganza no puede engendrar sino más sangre derramada. ¿Quién soy: el guarda de mi hermano o aquel a quien adiestraron para aceptar la muerte de los demás, no la propia muerte? ¿A nombre de qué puedo condenar a muerte a otros por lo que son o piensan? Pero ¿cómo dejar impunes la tortura y el genocidio y el matar de hambre? No quiero nada para mí. Sólo anhelo lo posible imposible: un mundo sin víctimas. Cómo lograrlo no está en mi poder. Escapa a mi pequeñez, a mi pobre intento de vaciar el mar de sangre que es nuestro siglo con el cuenco trémulo de la mano. Mientras escribo llega el crepúsculo. Cerca de mí los gritos que no han cesado no me dejan cerrar los ojos

Editorial Juventud: Quebranto generacional

iversas paradojas subsumen a la juventud en el México contemporáneo. Las nuevas generaciones detentan mejores niveles de acreditación educativa, sin embargo la mayoría está siendo excluida del propio sistema educativo y gran parte de quienes acceden a sus beneficios ven menguadas las opciones de inserción a un mercado laboral estrecho. Además los jóvenes representan, una vez más, la conciencia nacional, sobre todo los estudiantes que a expensas de los partidos políticos y los gobiernos se organizan y movilizan al fragor de los estertores de la coyuntura, no obstante los jóvenes marginados están siendo llamados al frente de batalla, como policíasmilitares o como sicarios, de la irracional guerra interna orquestada por la narcopolítica, donde aportan el cúmulo de muertes y afectaciones. Desde su nacimiento, la que fuera identificada optimistamente como la generación del “bono demográfico”, en realidad venía cargando con la impronta de la crisis y la violencia. En los discursos demagógicos, los jóvenes y niños son la esperanza de una nación, pero la tal nación se resquebraja y sus fuerzas vivas se aniquilan. ¿Qué significa ser joven en la sociedad actual? Para las visiones tecnocráticas, la juventud es un rango de edad ubicado entre los 15 y los 30 años de edad y, automáticamente, un “bono demográfico” por el hecho de constituir un sector poblacional abundante que pudiera ser aprovechado productivamente, como “capital humano”, para generar crecimiento económico. Fenómenos como el desempleo estructural derivados de la maquinización y la informática, que convierten en prescindibles a trabajadores no calificados y calificados, y sus válvulas de escape coyuntural, como el

empleo informal, la migración y la delincuencia, a la postre han derrochado el presunto bono. Para los políticos profesionales, la mayoría arre molinada en torno al pacto neoliberal, los jóvenes, sobre todo los círculos de estudiantes críticos, son un problema social latente, pues los brotes de inconformidad, resistencia y rebeldía contravienen el orden establecido que resguarda la agenda conservadora neoliberal y el núcleo duro de intereses de las élites, las corporaciones y el poder. A fin de someter a las juventudes movilizadas se dictan políticas disciplinarias y represivas, a la vez que los medios masivos de comunicación lanzan imágenes y significados para embadurnarlas con el sambenito de haraganas, rijosas y “anarquistas”. Para los guardianes del orden, la masa inerme de jóvenes debería convertirse en una ciudadanía dúctil y sumisa, que se manifieste, a lo sumo, como un elector pasivo, persuadido por los partidos de un espectro político unívoco para que emita un voto (efectivo, útil, de castigo, nulo, como sea) o que se abstenga sin afectar al aparato electoral ni trastocar los cimientos del sistema de poder. A eso se le llama participación. Quienes más y mejor han estudiado a la juventud son los mercadólogos y empresarios, no con el fin de promover una mejora en su condición socioeconómica, sino con la clara intención de reconvertirlos en una apetecible categoría de consumidor compulsivo. El diseño, producción y venta de una multiplicidad de mercaderías —bienes y servicios— cautiva a jóvenes dispuestos a adquirir en el mercado los signos de identidad al comprar, portar y consumir artilugios como ropa de moda, comida rápida, bebidas azucaradas y alcohólicas, zapatos y tenis, gorras, música, películas,

teléfonos celulares, computadoras, tablets, etcétera. En ese sentido, joven es una jugosa categoría de consumo. La exclusión es el signo que marca a los jóvenes. El sistema educativo padece un acelerado proceso de degradación por las políticas restrictivas que recortan el presupuesto destinado al sector, aunado a las presiones gubernamentales y empresariales para mercantilizar la educación, imprimir el sello pedagógico de las “competencias” y la formación de “capital humano” para satisfacer los requerimientos corporativos de demanda de trabajadores con formación técnica con un menguado contenido crítico y un inexistente compromiso humanista y ambiental. El Estado detenta una gran deuda social no reconocida con los jóvenes que no pueden acceder a la educación formal de calidad. La trayectoria educativa tiene una forma de embudo por la exclusión educativa (que se presenta como responsabilidad del educando cuando se cataloga como “deserción”): ancha en el nivel básico y angosta en los niveles de profesional y posgrado. No obstante, para los egresados de licenciaturas, maestrías y doctorados no existe ninguna garantía de inserción en el mercado laboral. La educación ya no ofrece la esperanza de ascenso social y la frustración descarrila las trayectorias estudiantiles. Más aún, buena parte del estudiantado y de los egresados de los diversos niveles educativos comparten la problemática de una educación de mala calidad, por lo que prolifera una especie de analfabetismo funcional que incluye deficiencias en lectoescritura, conocimiento científico-tecnológico, dominio de las herramientas digitales y formación cultural, ética y filosófica. Cada vez más, las carreras se constriñen a su expresión técnica con consecuencias degradantes en la formación de una ciudadanía crítica y creativa. Es un hecho que los egresados de las universidades no tienen un lugar asegurado en el ámbito laboral. A su vez, los jóvenes están siendo configurados como el nuevo proletariado, en sustitución del añejo perfil del obrero industrial. Con los nuevos esquemas de flexibilización, los jóvenes están siendo tomados como un fuerza de trabajo dúctil, maleable, dispuesta a trabajar en condiciones precarias e inseguras, pues se aprovechan las reformas laborales que desregulan el mercado laboral, la abundancia de trabajadores, la poca experiencia política y sindical. Las corporaciones multinacionales y nacionales toman a los jóvenes como empleados sumisos. Los empleadores se valen

de la ideología competitiva y emprendedora según la cual los trabajadores ya no se conciben como tales sino como colaboradores de los departamentos corporativos y son inducidos a adoptar las divisas corporativas para moldear su identidad. Sin embargo, son más los jóvenes que carecen de vías de acceso al trabajo formal. Entre los estratos más vulnerables y violentados, el crimen organizado y las pandillas reclutan a sus integrantes con el señuelo de una vida colmada de dinero fácil e inmediato, pese a que se cierne el peligro de cegar la vida con prontitud. La expectativa es afrentosa porque se opta por, o se es obligado a, una vida arreciada donde lo mismo se puede matar que morir. Cada vez más, son menores de edad quienes están siendo incrustados en las filas de la delincuencia. Los jóvenes y niños realizan diversas funciones, desde informantes hasta sicarios o gatilleros. Otro tanto se puede decir del alistamiento de jóvenes pobres en las fuerzas del orden público, de manera que buena parte de la “guerra contra las drogas” la están librando los jóvenes de las clases pobres que se ubican en ambos frentes de combate. La estela de violencia estatal, corporativa y criminal ha tomado como víctimas propiciatorias, principalmente, a los jóvenes pobres: excluidos o precarizados en el mercado laboral, estigmatizados como criminales en potencia y encarcelados a la menor provocación, enganchados por las mafias o sometidos a su flagelo. El estigma es lacerante. Criminalizar la juventud significa una profunda fractura que niega el presente y el futuro a toda una generación. Por ello la importancia de que los jóvenes asuman su propia realidad y tomen medidas para emanciparse de esta economía política de la violencia y la muerte. Según Frank Lloyd Wright, “la juventud no es más que un estado de ánimo”. Para el sistema de mercado y poder dominante es un estado anímico cuya jovialidad puede ser canalizada hacia patrones de consumo compulsivo, apatía política y sometimiento laboral en un ambiente de conformismo e indiferencia; sin embargo, por los estudiantes mexicanos, hoy lo sabemos, el estado de ánimo también es un estado de conciencia e indignación ante las atrocidades cometidas por el triunvirato del dinero, el poder y el crimen, una solidaridad actuante que busca otros derroteros para la sociedad. H u m b e rto M á r q u e z

Presentación Inseguridad en las ciudades

n pleno siglo xxi , la violencia ha irrumpido como problemática crucial en América Latina, y a pesar de la centralidad que se le ha otorgado, no debe considerarse como tema aislado. La violencia es la manifestación del desmoronamiento social, cultural, político y económico del modelo de desarrollo capitalista. La extracción desmesurada de recursos naturales, financieros y humanos, a favor de la concentración y centralización de la riqueza por empresas transnacionales ha mermado el tejido social que lo fundamenta. Entre los desmoronamientos que ha sufrido la sociedad latinoamericana están los cambios manifestados en las ciudades, no sólo derivados del proceso de desindustrialización y su recomposición hacia la terciarización de la economía, sino los efectos en la modificación de hábitos y consumos suscitados por la penetración de la violencia en sus espacios urbanos. El desmoronamiento de la estructura sociocultural y política ha incidido de manera más intensa, profunda y silenciosa en la forma de organización socioespacial urbana. La segregación, fragmentación y exclusión de distintos grupos sociales, producto de su

localización en la estructura productiva, social o espacial, características en América Latina desde hace tiempo, se intensifican con el miedo y desconocimiento del comportamiento del otro, el residente urbano marginado, para desmantelar prácticas comunitarias y de bien común que pudieran servir de soportes para la convivencia urbana. El presente número de Observatorio del Desarrollo alude a esa temática configurando a la ciudad como espacio de silenciosa violencia excluyente, discriminatoria, desigual. Aunque la principal fuente de aportes fue producto de las discusiones realizadas en el marco del xxxvii Encuentro de la Red Nacional de Investigación Urbana a finales de octubre de 2014 en la ciudad de Zacatecas, donde se confrontó el desarrollo y la seguridad humana en las ciudades mexicanas, se tuvo la oportunidad de atraer aportes que aluden a la misma discusión en la esfera latinoamericana, concretamente de Brasil, producto del trabajo en colaboración realizado a través de la Red Internacional de Desarrollo, Sustentabilidad y Seguridad Humana de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. G ua da l u p e M a r g a r i ta G o n z á l e z H e r n á n d e z

– – •

DEBATE

Crimen organizado y reacción ciudadana: las autodefensas en Michoacán Jaime Rivera Velázquez * Janeth Valdez Rivera * * Guillermo Varga s Ur ibe * * *

Algunas de las organizaciones del narcotráfico en México han diversificado sus negocios y la forma de operar. No sólo trafican con droga sino que dominan territorios, someten a las autoridades y expolian a la población civil. La organización de los Zetas empezó a operar como brazo armado del Cártel del Golfo hasta que rompieron el vínculo. A partir de 2001, los Zetas llegaron a Michoacán a disputar el territorio y, gracias a su alianza con una organización delictiva local, pronto se apoderaron de la plaza. En 2006 esta alianza se fracturó y entonces surgió La Familia Michoacana, organización que adoptó el modelo criminal Zeta y lo revistió

con un discurso religioso, moral y de radicalismo social.

UANDO La Familia logró expulsar a

de piso, venta obligada de protección, violaciones, despojos de bienes inmuebles —casas, terrenos, huertas, etcétera— y homicidios. El imperio de La Familia —y su nueva versión, Los Caballeros Templarios— sometió a pueblos enteros del sur de Michoacán a niveles de explotación y opresión intolerables, y finalmente provocó una reacción organizada de las víctimas. A partir de febrero de 2013, surgieron los llamados Grupos de Autodefensa para enfrentar a los Templarios. Pronto se extendieron a decenas de municipios. En un principio, el gobierno del estado de Michoacán era hostil a las autodefensas; nada pudo hacer. El gobierno federal primero intentó contenerlas y desarmarlas, pero pronto optó por aceptar su colaboración en el combate a la delincuencia

los Zetas, en Michoacán implantó un imperio que —aparte de traficar con marihuana, cocaína y metanfetaminas— sobornó y sometió a las autoridades, y por medio de violencia, amenazas y algunas recompensas expolió a cientos de millares de productores rurales, comerciantes y población en general, para ello recurrió a extorsiones, secuestros, derechos * Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ** Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. *** Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 7

8 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

Las organizaciones de traficantes de drogas incendian autobuses, bloquen vialidades y organizan balaceras para disputar el control territorial y sustraer una renta social.

organizada. A partir de enero de 2014, la intervención masiva de las fuerzas federales, el virtual desplazamiento del gobierno del estado y la alianza del gobierno federal con las autodefensas produjeron un debilitamiento severo de los Templarios, con la detención o muerte de la mayor parte de sus jefes. Después se implementó el difícil proceso de desmovilización y desarme de las autodefensas, y luego fueron reconvertidas en Fuerzas Rurales estatales, sujetas a la ley y controles institucionales. El proceso no ha concluido; aún está sembrado de riesgos e incertidumbre. El análisis de las Autodefensas de Michoacán se aborda en cinco dimensiones: las causas que les dieron origen: defensa propia o inducción de fuerzas rivales; la dinámica de su organización y expansión territorial y política; las autodefensas como opción de participación ciudadana para la seguridad; los riesgos de convertirse en nuevas organizaciones delictivas; y las oportunidades de institucionalizarse.

M ichoacán:

tr adición del narco

Desde la década de 1940, el estado de Michoacán —localizado al suroeste de México— empezó a cultivar marihuana, más tarde amapola, para proveer a los exportadores de Sinaloa. El clima y las extensas serranías

mal comunicadas y con escasa presencia del Estado favorecían esos cultivos que ofrecían a una población rural pobre —principalmente de la región conocida como Tierra Caliente y de la Sierra Madre del Sur— una opción económica más atractiva que los cultivos tradicionales de subsistencia. Durante cuatro décadas, esas actividades se desenvolvieron con relativa tranquilidad; eran ilegales y estaban sujetas a operativos periódicos de erradicación de plantíos y detención de productores por parte del ejército y la policía; pero a la vez eran toleradas por las autoridades, mediante sobornos, y aceptadas por buena parte de los habitantes locales que veían en los cultivos de droga una fuente de derrama económica directa o indirecta. El papel de los productores michoacanos como socios subordinados a los narcotraficantes del norte del país no favorecía la formación de grandes organizaciones delictivas locales. La protección discreta de autoridades locales y federales, de la cual gozó el narcotráfico en México por varias décadas, reforzaba el statu quo de paz en la ilegalidad. Esta situación empezó a cambiar en la década de 1980, con la apertura de las rutas de cocaína en México. Ante el auge de la demanda en Estados Unidos, desde América del Sur ya no sólo operaron las vías aéreas sino también las marítimas por el Pacífico y el Golfo. El largo litoral de Michoacán en el Océano Pacífico

9 DEBATE

El gobierno federal implementa grandes operativos armados para capturar a los líderes de las organizaciones de traficantes bajo la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

(230 kilómetros) y el puerto de Lázaro Cárdenas transformaron a esta región en una ruta estratégica para el trasiego de drogas. Además, en los años noventa se introdujo la producción de drogas sintéticas (metanfetaminas), cuyos precursores químicos provienen primordialmente de Asia a través del Pacífico. Así surgió en Michoacán una organización local con pretensiones de cártel, el de Los Valencia, después llamado Cártel del Milenio. Esta organización de narcotráfico prosperó como proveedora de marihuana y cocaína —proveniente de Colombia— a los cárteles de Ciudad Juárez, y más tarde de Tijuana y Sinaloa, y ampliaron su negocio propio con la producción y distribución de metanfetaminas. Los hermanos Valencia eran discretos, nada ostentosos, y empleaban el mínimo de violencia en sus operaciones a fin de no atraer la atención de las autoridades.1 Un cambio mayor se produjo a partir de 2001, cuando el brazo armado del Cártel del Golfo, los Zetas, se lanzó a conquistar la plaza de Michoacán. Para los pasos fronterizos de Tamaulipas controlados por esta organización, Michoacán es una posición estratégica por su ubicación en la costa del Pacífico y su relativa cercanía: las ciudades de Matamoros y Nuevo Laredo distan del puerto de Lázaro Cárdenas y de las principales zonas michoacanas productoras de marihuana y amapola, entre 1,000 y 1,200 kilómetros (mientras que

Tijuana y Nogales, en el extremo noroeste de México, controlada por las organizaciones del Pacífico, se encuentran a más de 2,000 kilómetros de Michoacán). Pero Michoacán ya estaba ocupado por la organización de Los Valencia y sus socios del Pacífico, y los Zetas tuvieron que pelear por él. Buscaron aliados locales en Michoacán y empezaron a disputar la plaza con dosis de violencia que Michoacán no había conocido hasta entonces. En un par de años lograron expulsar a sus rivales, dejando tras de sí centenares de muertos. De esa forma, el Cártel del Golfo se apropió de una codiciada ruta para la cocaína desde la costa del Pacífico hasta Tamaulipas. Además, Michoacán se convirtió en una de las zonas más importantes de producción de metanfetaminas, con cientos de laboratorios diseminados por toda la entidad. Pero los Zetas no sólo se apoderaron del tráfico de drogas en Michoacán, también compartieron con sus aliados locales —llamados al principio La Empresa— un nuevo “modelo de operación criminal”,2 que consiste en agregar al negocio de las drogas el dominio territorial para controlar todos los negocios ilícitos y expoliar a la población por medio del secuestro y la extorsión. Un verdadero sistema de extracción de rentas sociales basado en la amenaza y la violencia. En poco tiempo, extendieron la extorsión a las autoridades municipales de las zonas controladas. A partir de

10 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

Los ciudadanos afectados por el crimen organizado y desprotegidos por las autoridades se organizan para defenderse.

2002 ó 2003, muchos michoacanos empezaron a dejar de ver al narcotráfico como un fenómeno cercano pero inocuo; en adelante, la delincuencia organizada estaría asociada a tiroteos, amenazas, pago forzado de cuotas, secuestros y, en no pocos casos, a ejecuciones de personas que nada tenían que ver con la delincuencia, salvo como víctimas.

Familia M ichoacana Los métodos brutales de los Zetas perturbaron radicalmente la forma tradicional de relación de la sociedad local de Michoacán con el narcotráfico. Sus aliados michoacanos, con arraigo en los poblados y relacionados personalmente con mucha gente, veían cundir el miedo y el descontento por la violencia de los Zetas, y decidieron romper con éstos. En 2006, después de unos meses de disputas internas y centenares de ejecuciones de ambos bandos, salió a la luz pública una nueva organización, La Familia Michoacana. Formada por ex aliados y discípulos de los Zetas, La Familia anunciaría como propósito central liberar a Michoacán de los Zetas. Su debut en la escena pública ocurrió en la ciudad de Uruapan en septiembre de 2006, cuando lanzaron a la pista de baile de una discoteca cinco cabezas humanas y una cartulina con el mensaje: “La Familia no mata por paga. No mata mujeres, no mata

inocentes, sólo muere quien debe morir, sépanlo toda la gente. Esto es justicia divina”.3 Dos semanas después, varios periódicos locales publicaron un manifiesto de La Familia Michoacana en el que se proclaman los objetivos de imponer el orden, terminar con el secuestro, la extorsión, los robos y los asesinatos, así como con la venta local de drogas sintéticas. En ese manifiesto, además, La Familia se autodefine como una organización integrada por “trabajadores de la región de Tierra Caliente organizados por la necesidad de terminar con la opresión, la humillación… por la gente que siempre ha detentado el poder”.4 Una mezcla singular de lucha contra la delincuencia y bandolerismo social con tintes antigubernamentales. Durante 2006 y 2007 se desató en Michoacán una nueva guerra entre cárteles —La Familia contra los Zetas— que en el primer año causó más de 500 muertos. El especialista en seguridad Eduardo Guerrero estimó 526 ejecuciones en 2006.5 La intervención de las fuerzas federales, ordenada por el nuevo presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, obligó a los sicarios a replegarse y los homicidios disminuyeron. A principios de 2008 las células del cártel Golfo-Zetas estaban diezmadas y expulsadas. La Familia se quedó con un virtual monopolio del negocio de las drogas en Michoacán. Ya sin enemigos de consideración en el terreno, los capos y sicarios de La Familia pudieron desplegar libremente su modelo de negocios criminal, en parte

lia adoptaron métodos perversos e inhumanos para entrenar a sus sicarios. Se sabe que en las filas de los Zetas hubo antiguos kaibiles, aquellos militares guatemaltecos anti-guerrilla especializados en aterrorizar a la población con los medios más sanguinarios. En 2010, la Policía Federal decomisó un video de entrenamiento de La Familia, en el que se observa que a los sicarios se les ordena cortar cabezas de prisioneros ejecutados y cubrirse el cuerpo con la sangre de las víctimas o hasta devorar sus órganos. Eran ritos de iniciación y una manera de hacerles perder el miedo, según el testimonio de un sicario detenido en 2014.6 En 2009 y 2010, la ofensiva federal contra la delincuencia en Michoacán se tradujo en la detención de varios mandos medios de La Familia y decenas de sicarios y colaboradores. A cada golpe de las fuerzas federales, la organización respondía con represalias, como ataques a la policía, bloqueo de caminos, incendios de estaciones de gasolina. En julio de 2009, a raíz de la detención de Arnoldo Rueda, La Minsa, La Familia capturó y asesinó a 12 policías federales que hacían labores de inteligencia. Todos los cadáveres fueron apilados y exhibidos en una autopista. En diciembre de 2010, las fuerzas federales conjuntas intentaron detener al jefe máximo de La Familia, El Chayo, en una serranía del municipio de Apatzingán, y se produjo una batalla en la que probablemente hubo decenas de muertos. La policía interceptó comunicaciones de los delincuentes que daban por muerto a su jefe, y así lo dio a conocer oficialmente el gobierno, a pesar de no haberse encontrado al cadáver. Mucha gente dudaba de la muerte de El Chayo, y con el tiempo se multiplicaron los testimonios de quienes decían haberlo visto vivo. El 8 de marzo de 2014, el gobierno federal anunció oficialmente que fuerzas de la Armada dieron con el capo y al tratar de arrestarlo lo abatieron. Esta vez sí contaron con el cadáver, al que le hicieron todas las pruebas de identidad. Un par de meses después, irrumpieron disputas internas en el cártel con una secuela de ejecuciones, y en marzo de 2011 se anunció el surgimiento de una nueva organización denominada Los Caballeros Templarios, enemiga de los restos de La Familia. La facción identificada todavía como La Familia fue desplazada; se refugió en el oriente de Michoacán y en el Estado de México. Su líder, José de Jesús Méndez, alias El Chango, fue detenido en junio de 2011. Para mantener el sello de la casa, los Templarios anunciaron que “seguirían con las actividades altruistas que antes realizaba La Familia”.7

DEBATE

aprendido de los Zetas, pero con su sello propio. Impusieron el control territorial y el cobro de “derecho de piso” para todas las actividades ilícitas; no tardaron en vender protección y cobrar “impuestos” a agricultores ricos; después extendieron la red de extorsiones a toda clase de personas susceptibles de extraerles recursos: comerciantes establecidos, transportistas, pequeños agricultores, vendedores ambulantes, etcétera; ni las autoridades municipales quedaron a salvo, porque muchos policías fueron sobornados, amenazados y puestos al servicio de la mafia, y los propios alcaldes se vieron obligados a pagar cuotas a La Familia. Un rasgo peculiar de La Familia Michoacana, que llamó mucho la atención y que inclusive condujo a muchos a justificar sus actividades delictivas, era el discurso religioso, moral y de radicalismo social con el que buscaba justificar sus acciones delictivas y atraerse apoyo popular. Su líder máximo, Nazario Moreno González, alias El Chayo, también apodado “El más loco”, combinaba sus decisiones y actos criminales con una doctrina seudo-cristiana de liberación espiritual, superación personal y servicio a los demás. La Tuta, un profesor rural formado en las filas del radicalismo de izquierda del sindicato magisterial, fungía como vocero y propagandista de La Familia, con una retórica antigubernamental, populista y justiciera que también contribuyó a atraer simpatías. Lo cierto es que La Familia sí logró hacerse de una base social de apoyo. En primer lugar, por su promesa de liberar a la población de las extorsiones, robos y violencia de los Zetas; en segundo, porque los operadores de la nueva organización daban recompensas a quienes les ayudaban con información o como intermediarios para conseguir negocios, y en tercero, porque su oferta de “protección” iba acompañada de amenazas que más valía tomar en serio. Los jefes y “delegados de plaza” de La Familia aparecían así como autoridad alterna que lo mismo cobraba impuestos, que resolvía controversias entre particulares, ajusticiaba a infractores, patrocinaba fiestas religiosas y sometía a autoridades locales. Eran respetados y temidos. Una variante del estilo siciliano de dominación. No obstante su retórica moral y religiosa, la violencia era un recurso indispensable del modo de operación de La Familia, como lo es de cualquier grupo dedicado a negocios ilegales. De hecho, esta organización dio muestras de formas extremas y macabras de ejercer la violencia, como exhibir cabezas cercenadas y amontonar cadáveres en la vía pública. Probablemente por su alianza temporal con los Zetas, los jefes de La Fami-

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En poco tiempo, los Caballeros Templarios se recuperaron de los golpes de la policía y de la escisión, y volvieron a gozar del monopolio del tráfico de drogas y las extorsiones; además, ampliaron sus negocios a la exportación ilegal a China de mineral de hierro (del que despojaban a pequeñas minas) y al contrabando de efedrinas y toda clase de mercancías ilícitas, gracias al control que ejercían sobre el puerto de Lázaro Cárdenas. La dominación de los Templarios se extiende por todas las regiones de Michoacán, desde la Tierra Caliente a la Costa, del Oriente al Bajío, de la Meseta Purépecha a la capital misma del estado. Tal implantación y expansión de su imperio no sería explicable de no haber contado con la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno. Comprensiblemente, La Familia y Los Templarios pudieron asentarse y prosperar gracias a la virtual ausencia del poder del Estado o inclusive a la ayuda de algunas instancias oficiales. En poblados rurales de la Tierra Caliente o la Sierra del Sur, el poder estatal siempre ha estado distante y la aplicación de la ley es opcional. Los gobiernos municipales son débiles. El gobierno del estado de Michoacán, con más recursos que los ayuntamientos y facultado para prevenir y perseguir los delitos, fue particularmente omiso durante el periodo de la lucha entre los cárteles. El gobierno federal también fue pasivo o sólo actuaba en la región intermitentemente. Cuando La Familia se consolidó, a partir de 2008 contó con diversas formas de protección del gobierno estatal. Esta organización criminal gozó así de un paraíso: monopolio en el negocio de las drogas y en el control de otros negocios ilícitos, facilidades para expoliar a la población y una impunidad garantizada por la pasividad o complicidad de los gobiernos. En unos cuantos años, La Familia y Los Templarios lograron tejer una extensa red de control sobre policías y gobiernos municipales, a los que extorsionaban, sometían y ponían a su servicio. Los municipios constituyen el nivel de gobierno más vulnerable a la dominación de la delincuencia, dados sus recursos financieros escasos y sus cuerpos policíacos mal equipados y carentes de normas de control efectivas. Los alcaldes, que generalmente radican en el lugar con su familia, están expuestos a las presiones y amenazas de los mafiosos. Poco pueden confiar en sus propias policías municipales, y han aprendido que de nada les sirve recurrir al gobierno del estado a denunciar y pedir protección, dada su pasividad o complicidad con la delincuencia. Para muchos presidentes y funcionarios municipales, someterse a las exigencias de la mafia parecía ser

casi la única vía de supervivencia. La vinculación de los gobiernos municipales con el crimen organizado ha sido la norma, aunque hay distintas formas de vinculación: la más común es la sumisión pasiva a la extorsión, que se limita al pago de cuotas bajo amenaza —según el testimonio de varios alcaldes, la cuota básica es el 10 por ciento de todo el presupuesto para obras públicas, más cuotas extraordinarias variables—; otra es la sumisión activa, mediante el nombramiento de personas ligadas a la delincuencia en puestos clave del gobierno municipal, como la policía y la dirección de obras públicas —el control del área de obras públicas es importante porque Los Templarios manejan empresas que acaparan contratos de los ayuntamientos—, y una más, es la complicidad deliberada, cuando la autoridad protege a los criminales y participa con ellos en negocios ilícitos. Esas distintas formas de vinculación no son excluyentes, sino frecuentemente complementarias; muchos funcionarios pasaron con el tiempo de una a la otra. En no pocos casos, el vínculo se estableció desde antes de las elecciones, por medio del financiamiento ilegal de las campañas. Puede decirse que la mayoría o todos los gobiernos municipales de Michoacán han estado sometidos o vinculados de alguna forma a los Templarios. Como ejemplos, seguramente entre muchos otros casos, en abril de 2014 el alcalde de Apatzingán, el municipio que fungió por varios años como la capital del imperio de La Familia y Los Templarios, fue arrestado por la Procuraduría General de la República bajo la acusación de exigir a los regidores una parte de su sueldo para los Templarios, además de forzarlos a firmar la autorización de jugosos contratos para beneficiar a esa organización delictiva. Igualmente, el alcalde de Lázaro Cárdenas, donde se encuentra el estratégico puerto del Pacífico, fue detenido junto con su tesorero por proteger y ayudar a la delincuencia organizada. Varios alcaldes han confesado públicamente que eran obligados a entregar dinero a los Templarios y suponen que todos los demás lo hacían. Como víctimas o cómplices, los gobiernos municipales han contribuido a la implantación de la inmensa red delictiva que exprime a la sociedad michoacana y distorsiona las actividades económicas.

I mperio

del miedo y las autodefensas

El uso sistemático de las armas para amenazar y castigar, y del dinero para corromper y compensar, les permitieron a La Familia y los Caballeros Templarios

13 DEBATE

Las autodefensas michoacanas emprenden un recorrido por localidades aledañas para intentar “liberarlas” del crimen organizado.

someter a cientos de miles de personas. Aunque no puede negarse el respaldo social que llegaron a tener en algunas localidades y entre ciertos grupos organizados (taxistas, comerciantes informales, entre otros), el factor más decisivo de su sistema de dominación es el miedo. Puede entenderse cómo construyeron su imperio del miedo: primero, con actos de violencia punitivos y ejemplares (homicidios, incendios, secuestros, exhibición macabra de cadáveres); segundo, con amenazas creíbles y castigo a quienes se resisten, y tercero, con la certeza de que no hay autoridad que dé protección a las víctimas. Una vez tejido ese entramado criminal, el miedo se reproduce automáticamente y permite a un reducido grupo de sicarios en cada pueblo someter a sus designios a miles de personas. Las consecuencias del poderío y la impunidad de la delincuencia organizada han sido devastadoras para la economía, la vida social y la política de Michoacán. Los productores rurales, con su tributo, se convirtieron en siervos de los Caballeros; los empresarios pierden incentivos para invertir; muchos negocios han cerrado y sus propietarios, emigrado; los transportistas foráneos saben que están a merced de los delincuentes; los alcaldes, amenazados por la mafia, desvían recursos para salvar sus vidas —y de paso para beneficiarse personalmente—; los funcionarios estatales, impotentes ante la delincuencia o cómplices de

ella, optan por una mezcla de resignación, evasión y cinismo. El modelo criminal de extracción de rentas parecía imparable. Sin embargo, el propio éxito del sistema templario de explotación lo condujo a su límite. La depredación creció más allá del umbral que podía tolerar la población sometida. Con una analogía biológica, podría decirse que la extracción de recursos por el depredador rebasó la “capacidad de carga” del ambiente, hasta poner en peligro de colapso a todo el ecosistema y provocar nuevas forma de resistencia de las presas.8 Así se puede explicar el surgimiento de las autodefensas: una reacción de las víctimas cuando llegaron al límite de la supervivencia. En febrero de 2013, en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista, en el extremo occidental de la Tierra Caliente, se formaron grupos de civiles armados decididos a enfrentarse a los Caballeros Templarios para detener la expoliación de la que miles de pobladores eran víctimas. Se llamaron a sí mismos Grupos de Autodefensa, aunque también se denominan Guardias Comunitarias. El término “guardia comunitaria” se asocia generalmente a comunidades de raigambre indígena. Pero en Michoacán se está usando en muchos poblados indistintamente como sinónimo de los grupos de autodefensa. En el vecino estado de Guerrero, al sur de Michoacán, también se han formado Guardias Comunitarias o Policía Comunitaria para defenderse

14 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

La gente del pueblo se integra a las autodefensas como último recursos para contrarrestar la violencia criminal.

de la delincuencia, aunque algunos de estos grupos parecen tener influencia de grupos subversivos de extrema izquierda. Según su propia justificación, recurren a las armas en defensa propia, cansados de los crímenes y abusos de los Templarios y de la inacción o complicidad de los gobiernos. Unas cuantas semanas después, el ejemplo de Tepalcatepec y Buenavista había cundido en Coalcomán, Aguililla y Chinicuila, en la Sierra del Sur; pronto surgieron grupos de autodefensa en la Costa: Aquila y Coahuayana; inclusive en Yurécuaro, en el extremo norte del estado, se formó una guardia comunitaria. Y, a partir de noviembre de 2013, el Consejo de Autodefensas decidió emprender la expansión a muchos municipios más, avanzando sus fuerzas acrecentadas a la Meseta y varios municipios de la Tierra Caliente. A finales de ese año habían ocupado 17 municipios y en otros siete tenían una presencia periférica; en enero de 2014 ya ocupaban 26 y siguieron avanzando. Tales movimientos de grupos armados ocurrían a la vista de todo el mundo. Las fuerzas federales convivían con las autodefensas en una discreta colaboración mutua, mientras el gobierno del estado (que siempre fue pasivo ante la delincuencia) lanzaba advertencias de “aplicarles la ley”. Aunque los grupos de civiles armados despertaron desconfianza y la sospecha de que eran instrumento de otra organización delincuencial que disputaba el dominio de Michoacán a los Templarios, hay muchos

elementos objetivos para afirmar que la causa de los comunitarios es, auténticamente, la defensa propia — de la vida, la integridad y la propiedad— y el combate a la delincuencia. Es muy significativo que el ejemplo de las autodefensas se haya expandido rápidamente a otros municipios, donde se observa la adhesión masiva de nuevos voluntarios; en pocos meses o semanas de existencia han logrado la expulsión o repliegue de Templarios de muchos poblados; en casi todos los pueblos que han ocupado, son recibidos como si se tratara de fuerzas de liberación; inclusive algunos alcaldes que parecían coludidos activamente con la delincuencia, apenas llegaron las autodefensas les dieron la bienvenida y repudiaron a los Templarios. Además, su disposición a colaborar con el gobierno federal en las tareas de seguridad permite descartar que tengan propósitos subversivos. Ello no significa que estos grupos sean puros y homogéneos, ni que no puedan pervertirse con el tiempo. Es muy probable que en el origen de algunos grupos haya influido una organización rival de los Templarios (en particular, el Cártel de Jalisco Nueva Generación), que desearía romper el virtual monopolio de éstos en Michoacán; algunos miembros de las guardias tal vez busquen venganza personal contra quienes les han infligido daño; participan también ex delincuentes, redimidos o no; hay también desempleados, aventureros y pandilleros atraídos por la oportunidad de portar

I ntervención

feder al

El nuevo presidente de la República, Enrique Peña Nieto —con el que el Partido Revolucionario Institucional volvió al poder nacional después de 12 años— se afanaba en restar visibilidad al problema de la delincuencia organizada. No es que no quisiera combatir al crimen, pero, a diferencia de su antecesor Felipe Calderón del Partido Acción Nacional, ha tratado de ma-

en vez de buscar una fuente única, se suman los factores mencionados. Lo cierto es que los grupos de autodefensa alteraron sensiblemente las formas de dominación que los Caballeros Templarios habían impuesto desde años atrás. Parecen haber roto el efecto paralizante del miedo al que estaban sometidas amplias franjas de la población. Cuando algunas víctimas, cansadas de los abusos o desesperadas, se reconocieron entre sí y se decidieron a actuar, descubrieron que eran muchos más que sus verdugos y que podían enfrentarlos. La decisión inicial de unos cuantos contagió a miles, porque son decenas de miles los que han sufrido la servidumbre y la violencia del imperio templario. La mayor fortaleza de las autodefensas frente a sus enemigos no son las armas, sino la superación del miedo. Los escasos enfrentamientos con los Templarios que ha habido durante la expansión de las autodefensas, sugieren que los delincuentes son menos fuertes y numerosos de lo que se pensaba; al saberse inferiores en número, han optado por huir y ocultarse. En diciembre de 2013, en entrevista con Mundo Fox, el jefe templario Servando Gómez Martínez, La Tuta, dijo contar con “unos diez mil muchachos armados”, y se jactaba de poder derrotar fácilmente a los comunitarios. La huida de los Templarios ante las autodefensas (que, según ellas mismas, ascienden a 15 mil ó 20 mil), sugiere que se trata más de bluff que de un dato verdadero. La guerra civil que se temía se convirtió en una silenciosa retirada. Con la acción conjunta de las fuerzas federales y las autodefensas, es posible que el miedo se haya transmitido ahora a los delincuentes con un efecto paralizante. Entre las anteriores ofensivas federales contra la delincuencia en Michoacán y la de 2014, la diferencia principal está en las autodefensas. Otra diferencia es que, esta vez, el gobierno federal neutralizó y terminó sustituyendo de hecho a las policías locales, evitando así fugas de información que podían alertar a los delincuentes.

DEBATE

armas y sacar ventaja al amparo de una causa popular. El carácter irregular de estos grupos y la laxitud del reclutamiento los exponen a toda clase de infiltración e indisciplina. De hecho, las rivalidades entre ellos mismos empezaron a aflorar. El 10 de marzo de 2014 se suscitaron conatos de enfrentamiento entre dos grupos de autodefensa de Buena Vista, por la presunta autoría intelectual de uno de los líderes, Hipólito Mora, en el asesinato de dos miembros del otro grupo. Hipólito Mora, hasta entonces uno de los principales líderes del movimiento de autodefensas, fue arrestado y se encuentra bajo proceso por esos homicidios. Por otra parte, miembros del grupo de autodefensa del municipio de Yurécuaro fueron detenidos también, acusados de asesinar al alcalde del vecino municipio de Tanhuato. Gustavo Garibay, presidente municipal de Tanhuato, fue muerto a balazos el 22 de marzo de 2014. Antes, en 2012, fue herido en un atentado por parte de la delincuencia organizada. Su partido, el Partido Acción Nacional, reclamó a los gobiernos estatal y federal haberle retirado la custodia a pesar de las amenazas del crimen organizado. Aún así, es innegable el papel positivo que las autodefensas han tenido para combatir a los Templarios. Uno de los motivos de sospecha sobre la índole de las autodefensas es el origen de sus armas y del dinero con el que se sostienen. Aunque no hay que descartar el apoyo por parte de un grupo delictivo, esa hipótesis no es indispensable para el sostenimiento de las guardias. Se debe tener en cuenta que en las zonas rurales de Michoacán y especialmente en la Tierra Caliente, armas siempre ha habido. Dinero, algunos lo tienen, como los productores agrícolas ricos, aguacateros, ganaderos y comerciantes. Para muchos de ellos, extorsionados y despojados por los Templarios, ahora resulta preferible pagar a defensores civiles que seguir pagando a sus expoliadores. Además, para muchas familias que han sufrido extorsión, despojos, homicidios y violaciones, unirse a los grupos de autodefensa o apoyarlos con lo que tengan, puede ser una cuestión de supervivencia. También hay casos de trabajadores emigrados a Estados Unidos que están cooperando con las guardias para proteger a sus familiares. Además, en algunas localidades los comunitarios están pidiendo a los habitantes cooperación económica no del todo voluntaria; de hecho, hay casos aislados en los que están cobrando una suerte de impuestos forzosos para sostenerse, aunque mucho más bajos que lo que cobraban los Templarios. Así, el misterio del patrocinio de los grupos de autodefensa se resuelve si

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nejar el problema de la seguridad en forma más discreta. Tal vez por esa razón, durante varios meses no prestó mucha atención a la inseguridad y la espiral de violencia que asolaban a Michoacán. O quizá no aquilataba suficientemente la crisis en la que estaba sumido ese estado, que no sólo padecía inseguridad, sino desórdenes sociales y una ineficacia del gobierno estatal alarmante. Michoacán sufre desde años atrás una crisis de seguridad y gobernabilidad, o mejor dicho, una crisis institucional de la que los michoacanos parecen incapaces de salir por sí mismos.9 Fue necesario que el mundo observara en Michoacán una espiral de violencia —con ataques a las fuerzas federales y atentados a estaciones eléctricas por parte de la delincuencia organizada— y, sobre todo, el avance de los grupos de autodefensa a una veintena de municipios y los augurios de una virtual guerra civil, para que el gobierno federal optara finalmente, a partir del 13 de enero de 2014, por una intervención masiva de la Policía Federal, el Ejército y la Marina, y la virtual suplantación del gobierno estatal por un comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes, con amplios poderes en materia de seguridad y gasto público. La primera tarea de las autoridades federales en Michoacán ha sido tratar de restablecer el orden y la seguridad por medio de la ocupación policíaca y militar de los principales territorios dominados por los Templarios para inhibir su acción y, de ser posible, arrestarlos. A este respecto, la intervención federal puede anotarse varios logros importantes: además de la detención de varios centenares de presuntos sicarios o colaboradores de los Caballeros Templarios, ha arrestado a los capos Jesús Vázquez Macías, El Toro, y Dionisio Loya Plancarte, El Tío, entre otros mandos medios, además de matar a Nazario Moreno El Chayo, jefe máximo de la organización, y al operador financiero Enrique Plancarte. De los principales jefes de los Templarios, a finales de abril sólo quedaba prófugo Servando Gómez La Tuta, aunque las fuerzas federales parecían estar cerrando el cerco para capturarlo. En el propósito de acabar con los Caballeros Templarios, el gobierno federal ha optado por la colaboración con los grupos de autodefensa, a pesar de su carácter ilegal. El gobierno desistió de desarmar por la fuerza a las guardias, porque ello causaría costos políticos y humanos inaceptables. El gobierno federal está convencido de que en esos grupos predominan las intenciones auténticas de combatir a la delincuencia organizada; además, los considera útiles para amedrentar a los Templarios y ayudar a localizarlos. “Su mayor ayuda no

es con armas, sino con información”, ha dicho el comisionado federal Alfredo Castillo. Y parece que esa ayuda ha sido eficaz. Por lo menos en los municipios ocupados por las autodefensas, las extorsiones han disminuido drásticamente. Por primera vez en varios años, miles de michoacanos se sienten libres de trabajar para sí mismos. Una frase sintetiza la nueva situación que, al parecer, se está creando en Michoacán: “Ya no tenemos que pagar cuotas”. De todos modos, los grupos de autodefensa no son una solución aceptable en un Estado de derecho ni podrán seguir operando indefinidamente. Grupos civiles armados sin reglas estrictas de reclutamiento, sin mandos centralizados ni disciplina eficaz conllevan muchos riesgos: infiltración de delincuentes, abusos contra la población, venganzas personales, conversión de algunos grupos en nuevas mafias. Seguramente el gobierno está consciente de esos peligros, pero se ha visto obligado a contemporizar con ellos. Se trata de aliados inesperados, incómodos, útiles temporalmente, pero difíciles de controlar y cargados de riesgos explosivos. El gobierno federal trataba de contener el avance de las autodefensas y éstas insistían en expandir su área de influencia. Ambas partes se necesitan, desconfían una de la otra y forcejean por ganar terreno, pero sin romper la alianza. Ya que el gobierno no quería utilizar la fuerza para desarmar a las autodefensas, les ofreció una opción intermedia: disolverse como grupos independientes, y convertirse en Cuerpos de Defensa Rurales o en un nuevo tipo de policía rural, sujetos a la ley y a un mando institucional. Al principio, sólo una minoría aceptó esa opción, pero es muy probable que más grupos prefieran la institucionalización al desarme. Finalmente, el gobierno federal, por medio del comisionado Alfredo Castillo, parece haber encontrado una solución más radical. El 14 de marzo llegó a un acuerdo con varios de los líderes de las autodefensas que fija un plazo para el desarme y la virtual disolución. Tal acuerdo ha enfrentado resistencia de otros líderes y de las bases de las guardias, pero gradualmente ha ganado aceptación y adhesiones de los comunitarios. De los dos líderes más notables del movimiento de autodefensas, la posición conciliadora la representan Hipólito Mora y Estanislao Beltrán, conocido como Papá Pitufo, mientras la posición más intransigente, pero al final dispuesta a pactar con el gobierno, era encabezada por José Manuel Mireles. Al final, Mireles —el principal líder fundador de las autodefensas— desafió abiertamente al gobierno con una tentativa de

17 DEBATE

Las autodefensas michoacanas emprenden un recorrido por localidades aledañas para intentar “liberarlas” del crimen organizado.

tomar con sus guardias la ciudad de Lázaro Cárdenas, y fue detenido, junto a un grupo numeroso de seguidores, por la Policía Federal y sometido a proceso. Otra línea de acción del gobierno federal, de la mayor importancia, ha sido identificar y desmantelar la protección que desde instancias de gobierno se ha brindado a la delincuencia organizada. El 4 de abril, la Procuraduría General de la República detuvo a Jesús Reyna García, secretario de gobierno y ex gobernador interino, por sus presuntos vínculos con los Templarios. En junio, el gobernador Fausto Vallejo se vio obligado a renunciar, ante el escándalo del presunto involucramiento de uno de sus hijos con el crimen organizado. En julio, se difundió un video que confirmó la relación de Rodrigo Vallejo, alias El Gerber, con La Tuta; días después fue arrestado y se encuentra bajo proceso, acusado de encubrimiento. Paralelamente, las autoridades federales han actuado penalmente contra varios presidentes municipales. Han sido arrestados los presidentes municipales de Apatzingán (pri), Lázaro Cárdenas (prd), Huetamo (pri) por brindar protección a la delincuencia. También se encuentra bajo investigación la presidenta de Pátzcuaro. Según el comisionado Castillo, están en curso otras indagaciones que podrían conducir a nuevas detenciones de funcionarios. Después de varios meses de intervención, los Templarios se han replegado y parecen debilitados. Sin embargo, la incidencia delictiva se mantiene ele-

vada, e inclusive en algunos delitos se ha incrementado; de hecho, las cifras de homicidios se han elevado. 10 Según reportes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre de 2014 se registraron 272 homicidios dolosos, lo cual equivale a un incremento de 55 por ciento sobre el mismo periodo de 2013. Esto se debe, por un lado, a los enfrentamientos entre las fuerzas federales o las autodefensas con los delincuentes y, por el otro, al desplazamiento de los grupos delictivos de las zonas ocupadas hacia otras ciudades, como Morelia, capital del estado. En particular, es significativo el aumento de los delitos en la capital del estado: en el primer bimestre los homicidios crecieron 62 por ciento, y en otros delitos se observan alzas semejantes.

Conclusiones Los grupos de autodefensas se explican como una reacción ciudadana de defensa propia y supervivencia de sociedades locales, ante la incapacidad de los órganos del Estado para enfrentar eficazmente a la delincuencia organizada. Además, abundan evidencias de la complicidad de numerosos funcionarios —y funcionarias—, tanto de los gobiernos municipales como del gobierno estatal, incluidos el hermano de un gobernador, el hijo de otro gobernador y hasta un gobernador interino, entre otros.

Municipios con presencia de grupos de autodefensa y guardias comunitarios.

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

M a pa 1

Grupos Autodefensa

La intervención federal casi ha decapitado al cártel de los Templarios, arrinconado a sus sicarios y dificultado los mecanismos de extorsión, sería prematuro anunciar la erradicación del crimen organizado y su sistema de explotación. Las raíces de este mal son profundas y sus tentáculos se extienden por todo el territorio michoacano y hasta las esferas mismas de los gobiernos. La institucionalización de las autodefensas, por medio de su conversión en Fuerzas Rurales (nuevo

cuerpo de la policía estatal), es un proceso muy complicado, que enfrenta apoyo de unos, resistencias de otros, y en cualquier caso, es un experimento cargado de riesgos. La experiencia de los grupos de autodefensa es un ejemplo de la capacidad que puede tener la propia sociedad para tomar en sus manos funciones de seguridad pública. Sin embargo, tal opción sólo puede ser excepcional y transitoria. La responsabilidad del Estado en esta materia es intransferible.

– notas – •

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El Universal, 18 de marzo de 2014. El Universal, 10 de marzo de 2011. 8 Vandermeer and Goldberg (2003), Population Ecology. First principles, New Jersey Princeton, University Press. 9 Jaime Rivera (2013), “El abismo michoacano”, Nexos, núm. 429. 10 Alejandro Hope (24 de abril de 2014), “Michoacán: el mito de la pacificación”, El Universal.

1 Ricardo Ravelo (2005), Los capos. Las narco-rutas de México, México, Debolsillo, pp. 196-204. 2 Guillermo Valdés (2013), Historia del narcotráfico en México, México, Aguilar, pp. 257-261. 3 La Jornada Michoacán, 7 de septiembre de 2006. 4 Valdés, op. cit., pp. 267-269. 5 Eduardo Guerrero (2012), “La estrategia fallida”, Nexos, núm. 420.

6 7

– – •

DEBATE

Costos económicos y sociales de los emplazamientos mineros en Morelos, México Rafael Monr oy Or t iz * Rafael Monr oy Mar t ínez * *

En Morelos se propone la instalación de una minera de oro bajo el criterio de obtener beneficios económicos del producto sin considerar las externalidades originadas en dicho proceso productivo. En el presente artículo se hace un análisis de costo-beneficio del emplazamiento minero para demostrar la incompatibilidad social de proyectos económicos sin consenso social. Se identifica que el costo de las medidas de prevención es insuficiente respecto a aquél derivado de la morbilidad o la pérdida misma de servicios ambientales.

I ntroducción

es desigual, el sur provee factores de producción3 con un trato preferencial y, al mismo tiempo, manifiesta efectos desestructurantes;4 la articulación al circuito global de producción se justifica en la posibilidad de alcanzar desarrollo económico,5 lográndose un margen menor. Además, la reproducción económica lleva a la homogeneización de los factores de producción,6 como queda de manifiesto en la disminución progresiva del nivel salarial de la mano de obra, la reducción de sus prestaciones sociales, el deslinde de responsabilidades de la iniciativa privada para atender sus requerimientos mínimos o, por el contrario, la estandarización de los patrones territoriales, impulsando la instalación de infraestructura carretera, la eliminación de restricciones naturales y la flexibilización de las políticas urbanas.

L DESARROLLO REGIONAL en países

subdesarrollados implica la flexibilización de políticas para la instalación de múltiples emplazamientos económicos y la consolidación del libre comercio1 y, en última instancia, la posibilidad de maximizar variables de orden social y ambiental.2 La integración al circuito global de producción

* Profesor-investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. ** Profesor-investigador de Impacto Ambiental y Ordenamiento Ecológico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. 19

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En un territorio con la diversidad de México, los efectos desestructurantes resultan diferenciados y multiplican sus consecuencias en varios sentidos; el desarrollo económico alcanza una distribución polarizada y las posibilidades de equilibrio autogestivo basado en una racionalidad socioambiental no occidental se ve vulnerada, dada la pérdida de biodiversidad, cultura, formas tradicionales de aprovechamiento ambiental e incluso la transformación de los patrones de organización social. La inserción al desarrollo regional implica un principio donde dicha heterogeneidad es prescindible y la homogeneidad indispensable, a pesar de la escala e intensidad de sus impactos. El principio de la homogeneidad indispensable lleva a la competencia por territorio apto para ser aprovechado por su disponibilidad de recursos o por su proximidad a un mercado. La disponibilidad de recursos estratégicos es particularmente relevante para el mercado; tal es el caso del petróleo, la diversidad, los compuestos activos obtenidos de las especies vegetales, los metales preciosos o los minerales, cuyo aprovechamiento es intensivo a costa de crecientes efectos en el equilibrio ecosistémico. En el discurso convencional, los desequilibrios en el ambiente son identificados como externalidades negativas e incluso se les asigna contradictoriamente al mercado la capacidad para mitigarlos;7 ni la crisis ambiental en ciernes ni sus efectos sociales han sido condiciones suficientes para redefinir los criterios de aprovechamiento ambiental, diferenciado desde el hemisferio norte8 e incompatible con los ciclos naturales.9 El discurso occidentalizante justifica el aprovechamiento ambiental, el uso de estrategias de mercado para su mitigación y, en su caso, la determinación de políticas de aprovechamiento, aun cuando éstas cumplen las veces de permisos para conservar los criterios intensivos. Por el contrario, la respuesta social ante la competencia del territorio no tiene opciones de gestión para discutir o revertir dicha orientación, ya que esto entraña la exigencia de una argumentación difícilmente disponible en los pueblos afectados, cuya única opción es la movilización en un plano político. El objeto final de este trabajo es hacer la valoración económica de un emplazamiento minero en Tetlama, Morelos, pero desde una perspectiva sur-sur, es decir, cumpliendo las veces de estimación económica de sus costos y, al mismo tiempo, como estrategia argumentativa de gestión defensiva. Estos resultados se presentaron en la asamblea de pueblos organizada para evitar el emplazamiento minero y llevaron a una movilización de escala

regional. La estrategia metodológica consiste en un análisis costo-beneficio (acb) de la instalación de la minera respecto a la forma de aprovechamiento tradicionalmente determinada, así como respecto a los riesgos derivados de su operación, particularmente por el incremento de la morbilidad ocasionada por la concentración de componentes cancerígenos en la atmósfera. En términos metodológicos, se asume que un emplazamiento minero no necesariamente provee una mayor cantidad de beneficios netos respecto a otras opciones territoriales, particularmente aquellas de carácter conservacionista. La minera no se ha instalado, por lo que el acb ex ante permite estimar la pérdida de beneficios económicos si se detiene dicha instalación en comparación con los costos que generaría la pérdida de servicios ambientales, el aprovechamiento ambiental del territorio y la morbilidad de la población asociada a la exposición a contaminantes atmosféricos. Las políticas territoriales de conservación pueden considerarse una opción económica si la comparación de sus beneficios netos (nb) respecto a aquellos provistos por la minera (na) resulta mayor que 0, cumpliendo la ecuación: (nb) – (na) > 0. Las estrategias territoriales de conservación demuestran que el equilibrio sistémico implica el reconocimiento de un valor estimado para el medianolargo plazo y no para una decisión inmediata, lo cual entraña un valor económico total (vet) de la siguiente forma: vet = valor de uso directo + valor de uso indirecto, donde el valor de uso directo es el aprovechamiento de los servicios ambientales y el valor de uso indirecto se refiere a la morbilidad de la población urbana. El valor económico total es útil para evidenciar el desequilibrio social que genera la decisión de instalar una mina sin consenso. Si bien el instrumento de análisis neoclásico describe los criterios económicos, éstos también permiten argumentar para la gestión informada y con una perspectiva sur-sur, donde sea posible replantear las políticas territoriales con menores contradicciones sociales y ambientales.

sector minero global

El comercio mundial de productos mineros se triplicó entre 2000 y 2010,10 lo cual incrementó el índice de precios 360 por ciento y llevó a la búsqueda de nuevas fuentes de aprovechamiento, como lo demuestra la multiplicación de la inversión en proyectos de exploración

G r á f ic a 1

Participación económica del sector minero al pib (2004-2013) 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

2004

2005

2006 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Elaboración propia basada en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2014. G r á f ic a 2

Participación al pib del sector secundario (por subsector)

Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 2%

Trabajos especializados para la construcción 4%

Extracción de petróleo y gas 35 %

Minería de minerales metálicos, exepto petróleo y gas 5%

Edificación 29 %

Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 2%

Generación,-transmisión y distribución de energía eléctrica 11%

Servicios relacionados con la minería 3%

Fuente: Elaboración propia basada en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2014.

mundial.15 Los montos derivados de la exportación de metales, así como la inversión en proyectos de exploración se han incrementado, lo que explica un relativo interés por el emplazamiento de mineras. Los países que encabezan el interés por el comercio de metales preciosos a nivel global son Australia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y China, quienes tienen proyectos en México, 73.25 por ciento de los cuales son canadienses. Entre 2000 y 2010, el sector minero local demuestra un incremento de 60 por ciento en su participación al producto interno bruto, aunque de forma relativa solamente ocupa 5 por ciento del sector secundario nacional (véanse gráficas 1 y 2).

DEBATE

en las regiones subdesarrolladas. En este rubro, México ocupa el primer lugar del continente y el cuarto a nivel global;11 en el país existen 300 proyectos mineros de exploración de un total de 400.12 La participación local en la producción minera es del 20.77 por ciento de plata y 4.44 por ciento de oro, ocupando el primero y sexto lugar a nivel mundial, respectivamente;13 de hecho, el oro y la plata son los metales que generan 55.21 por ciento y 34.11 por ciento de la exportación nacional.14 México es considerado un exportador neto de minerales, es el quinto proveedor para las economías desarrolladas, es decir, representa una fuente de recursos disponibles para su aprovechamiento en el mercado

22 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

El incremento del comercio mundial de metales preciosos, así como el creciente interés por invertir en regiones subdesarrolladas para la exploración de nuevas fuentes, tienen como consecuencia una mayor competencia por el territorio. El hecho de que la consolidación interna del sector tenga una participación importante de las empresas transnacionales implica la flexibilización de los esquemas regulatorios como queda de manifiesto en la posibilidad de obtener concesiones con participación extranjera16 y bajo criterios de aprovechamiento temporal correspondientes al periodo de vida de la mina.

P royecto

minero en

Tetlama , Morelos

La propuesta para emplazar una minera en Tetlama, Morelos (véase mapa), generó inconformidad y movilizaciones sociales, como queda demostrado en la prensa escrita17 e incluso se organizaron foros intersectoriales entre academia, gobierno y sociedad para su discusión en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos;18 mientras que la administración pública planteó audiencias públicas para la explicación del proyecto a la población directamente afectada.19 M a pa 1

Morelos, Temixco y proyecto minero de Tetlama

Según la manifestación de impacto ambiental,20 la minera cuenta con títulos de propiedad de 696 hectáreas y de concesión para la explotación con actividades extractivas, particularmente para oro y plata en un periodo de 15 años; se estima que la instalación de la mina cuenta con una accesibilidad al mercado de trabajo proveniente de Cuernavaca o localmente, además de no representar riesgo alguno para las comunidades más próximas, ni tampoco para la zona arqueológica de Xochicalco ubicada a tres kilómetros del lugar o los cuerpos de agua mismos. El costo total de la inversión en sus diferentes etapas es de 126 millones de dólares, nueve de los cuales son propuestos para acciones de mitigación, pero que se refieren particularmente a la construcción de las pilas de lixiviación y los vertederos de residuos en 200 hectáreas, alrededor de una tercera parte del predio. Las características de la minería de tajo a cielo abierto implica la remoción de un volumen importante de suelo y subsuelo, así como el consumo intensivo de agua con sus consecuentes disposiciones de desechos; se removerían 29 millones de m³ provenientes de dos tajos, un millón de m³ de suelo fértil, 2 millones de m³ de suelo infértil, 6 millones de m³ de tepetate, mientras que, derivado del proceso de lixiviación, se generarían 21 millones de m³ de agua derivada del tratamiento e incluso se limitaría el escurrimiento natural 151 mil m³. Los costos de restauración se estiman en 9 millones de dólares, de forma que es posible estimar los costos totales derivados del proceso global de instalación y funcionamiento de la mina, por lo que se hace un análisis costo-beneficio incluyendo aquellos rubros correspondientes a los servicios ambientales y la morbilidad por la contaminación atmosférica, particularmente aquella derivada de la lixiviación.

A nálisis

costo -beneficio

de la instalación de la mina

Fuente: Elaboración propia con base en la Comisión Nacional para el Uso y Aprovechamiento de la Biodiversidad (2011) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2009).

Las premisas para completar el acb implican asumir que los beneficios de instalación de la mina y su capacidad de producción para el tiempo de aprovechamiento estimado debieran responder al supuesto de (nb) – (nc) > 0, donde su comparación con los costos descritos previamente en términos de la remoción de suelo, el consumo de agua o la contaminación ocasionada por la lixiviación le haga viable. En general, resulta pertinente describir las condiciones del sector minero como contexto económico y social de la insta-

23 DEBATE

Las comunidades afectadas que toman conciencia de la gravedad del extractivismo se movilizan en pos de la defensa de los bienes comunes.

lación en Tetlama; de hecho, la generación de empleo resulta una de las principales justificaciones para introducir regionalmente el proyecto. En primera instancia, 6.9 por ciento de la población económicamente activa del país se ocupa en dicho subsector, es decir, alrededor de 234,925 personas, alcanzando una proporción menor respecto al resto de actividades del sector secundario,21 lo cual permite prever que un proyecto por sí solo tendría una incidencia menor para abatir las condiciones de desempleo de la entidad (6.42 por ciento) o la informalidad (34.21 por ciento); de hecho se estima una oferta de 472 empleos. Por otro lado, el nivel medio de ingreso de los trabajadores mineros me-

talúrgicos es de los más bajos a nivel nacional e incluso mundial. La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (fitim)22 reconoce que los mineros mexicanos perciben un salario 16 veces menor que Canadá y Estados Unidos. La justificación más relevante para la instalación de la mina es la producción misma de oro y plata, así como su incorporación al mercado mundial; como se comentó antes, México es el quinto país proveedor de recursos naturales al mercado global y uno de los más importantes productores de metales preciosos (primer lugar de plata y sexto de oro), encontrando condiciones favorables para la consolidación del sector, del que existen 300 proyectos de explo-

C ua dro 1

Análisis costo-beneficio del emplazamiento minero Costos (nc) (millones de dólares)

Beneficios (nb) (millones de dólares)

Reducción de captura de carbono

2,943

Producción de oro

558

Consumo de agua

42,013

Inversión en capital fijo

126

Incremento de morbilidad de cáncer por exposición a arsénico

238

Pago de mano de obra

(10,890 dólares)

45,194 Fuente: Elaboración propia.

684

24 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

Los megaproyectos mineros a tajo abierto son una fuente de ganancia extraordinaria y un foco de degradación ambiental y humana.

ración. La producción anual se estima en 558 millones de dólares, resultado de alrededor de 782 kilogramos de oro. Los costos del emplazamiento abarcan la preparación de infraestructura para la lixiviación, la colocación de membrana para evitar la infiltración; pero el funcionamiento sistémico del ambiente implica, entre otras cosas, la interrupción de una serie de servicios, como la infiltración de agua, la mitigación de la contaminación atmosférica y la pérdida de especies animales y vegetales. La excavación de tajos equivale a la remoción de 29 millones de m³ de roca y un millón de m³ de suelo fértil y otro tanto, considerado como desecho; asumiendo que el área de desplante entraña la deforestación y la excavación, existe una pérdida de la capacidad de captura de carbono del suelo y la vegetación del orden de 2,943 millones de dólares a precio de mercado, 19.70 euros/tonelada en el caso europeo y 12 dólares/tonelada en el caso nor-

teamericano.23 La demanda de agua para la obtención de oro es de 230 lts/gr; según el volumen de roca removida, se requerirán alrededor de 2,968 millones de m³, lo cual equivale a un costo de 42,013 millones de dólares según la tarifa de pago por m³ determinado en la Ley Federal de Derechos.24 Finalmente, en el proceso de lixiviación se manejan elementos como el arsénico, que es altamente cancerígeno; según la Organización Mundial de la Salud (2001),25 sus concentraciones en la atmósfera se incrementan en la proximidad a fuentes de trabajo humano industrial o, como es el caso, de extracción minera. Cuando la exposición se incrementa por arriba de 10 µg/m³ se estima un aumento en la morbilidad de cáncer en una proporción de 4.5 personas por cada 1,000 y en el supuesto de 1 µg/m³ más. Asumiendo que la minera tiene un área de influencia próxima a Cuernavaca, el incremento de la morbilidad se estima en 4,797 nuevos casos de cáncer

25 DEBATE

En las mesas de discusión pública las empresas mineras difunden supuestas bondades de los proyectos extractivos y los afectados expresan la incertidumbre de ser despojados de bienes comunes y modos de vida.

con un gasto por tratamiento equivalente a 238 millones de dólares al año. Como se comentó antes, el abc permite comparar los beneficios de un emplazamiento minero respecto a sus costos; en este caso, los beneficios de la mina se estiman en 558 millones de dólares por la producción directa de oro, 126 millones de dólares por la construcción misma y el pago de 10,890 dólares por la mano de obra de 472 obreros. En contraste, los costos de la mina incluyen: por la pérdida de captura de carbono derivado del desplante y la remoción de suelo del orden de 2,943 millones de dólares; 42,013 por el consumo de agua y 238 millones por el tratamiento de cáncer derivado de la exposición a arsénico. Como se observa en el cuadro 1, en la comparación de beneficios y costos queda de manifiesto que los costos ocasionados por la mina son mayores que los beneficios, de forma que la valoración no justifica su instalación bajo esta perspectiva de análisis.

Considerando el análisis, se observa que 684 – 45,194 = -44,510 (millones de dólares), es decir, el resultado negativo implica poca rentabilidad de mediano y largo plazo; la proyección como sugiere la metodología implicaría un costo difícil de sostener, tan sólo en términos del consumo de agua, mientras que los conflictos sociales ocasionados indirectamente en Cuernavaca también multiplicaría la movilización social evidenciada en las comunidades aledañas al proyecto de la mina.

R eflexiones

preliminares

La interrelación global de la economía responde a un patrón contemporáneo de aprovechamiento intensivo de los factores de producción, principalmente de los países subdesarrollados; esto podría catalogarse con certitud como una continuidad de la acumulación ori-

26 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

Los beneficios están del lado del capital corporativo y los costos del lado de pobladores y ecosistemas. La concientización de este desbalance es una tarea académica y política.

ginaria. Los patrones del comercio mundial de recursos en los que el subdesarrollo mantiene el papel de proveedor evidencian que existe una competencia por el territorio, así como por el emplazamiento para su extracción; las empresas transnacionales provenientes de los países desarrollados se mantienen en el circuito global del capital como las grandes tomadoras de decisiones de los procesos territoriales, así como de la distribución de los bienes obtenidos en otras regiones; no es cosa menor que los principales interesados en el comercio de metales provengan precisamente del hemisferio norte, ni tampoco que la participación en la exportación mundial de metales preciosos se consolide en el tercer mundo. El comportamiento del sector minero demuestra que existe un interés por la exploración y el desarrollo

de proyectos para plata y oro; el lugar que México ocupa en dichos metales lo pone de manifiesto. Los proyectos canadienses representan tres cuartas partes del total nacional, en primera instancia por la proximidad de ambos países, pero también por las condiciones preferenciales para la concesión de territorio con disponibilidad de recursos; esto último representa una apuesta de la administración pública que ha ido progresivamente gestionando a favor del libre comercio. Tal perspectiva acarrea inconformidad por sus efectos en la sociedad y en el ambiente; la evidencia de la organización de afectados ambientales o la referencia en los medios de tales circunstancias queda de manifiesto. El problema de la política pública consensuada para el sector privado e impuesta en el sector social demuestra un desequilibrio

– notas – •

•

Shahid Yusuf, Simon Evenett y Weiping Wu (2001), Facets of Globalization. International and Local Dimensions of Development, Washington, Banco Mundial. 2 John Bellamy Foster y Clark Brett (2004), Ecological Imperialism: The Curse of Capitalism, Reino Unido, Merlin Press. 3 Emilio Pradilla, (2009), Los territorios del neoliberalismo en América Latina, México, Porrúa. 4 Susan Eva Eckstein (1999), El estado y la pobreza urbana en México, México, Siglo XXI Editores. 5 Carlos Tello (2010), Sobre la desigualdad en México, México, Universidad Nacional Autónoma de México. 6 José de Jesús Rivera (2007), “La globalización como una nueva configuración de la espacialidad sistémica”, en José Luis Calva (coord.), Globalización y bloques económicos: mitos y realidades, México, Miguel Ángel Porrúa. 7 Luis Jair Gómez, Elkin Vargas y Luis Guillermo Posada (2007), Economía ecológica. Bases fundamentales, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. 8 Estela Gutiérrez y Eduardo González (2010), De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable, México, Siglo XXI Editores; Foster, John y Clark Brett (2004), op. cit. 9 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change (2007), “The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment”, Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Reino Unido. 10 Organización Mundial del Comercio (2010), Informe mundial sobre el comercio 2010. El comercio de los recursos naturales, Suiza, omc. 11 Secretaría de Economía (2012), Anuario estadístico de la minería mexicana, México, se.

Servicio Geológico Mexicano, Dirección General de Desarrollo Minero (2014), Anuario estadístico de la minería mexicana, 2014, México, sgm. 13 U. S. Geological Survey, U. S. Departament of Interior (2014), Mineral Commodity Summaries 2014, Estados Unidos, Science for a Change World. 14 Secretaría de Economía (2012), op. cit. 15 Organización Mundial del Comercio (2010), op. cit. 16 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se Aprueba el Programa de Desarrollo Minero, 4 de mayo de 2014. 17 La Jornada Morelos (20 de junio de 2013; 6 de agosto de 2013); El Diario de Morelos (9 de junio de 2013; 12 de abril de 2013); Variopinto (18 de octubre de 2014); El Universal (14 de abril de 2013). 18 Boletín de prensa uaem, 240 (27 de mayo de 2013); Diario de Morelos (30 de mayo de 2014). 19 Acta circunstanciada de la reunión pública de información del proyecto denominado “Mina Esperanza”, Tetlama, Morelos, 21 de febrero de 2013. 20 Manifestación de impacto ambiental. Modalidad particular. “Mina Esperanza”, Tetlama, Morelos. 21 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2010), XIII Censo de Población y Vivienda, México, inegi. 22 Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, Consejo de Sindicatos Mundiales. (2014), Devolver al mundo al trabajo. Estrategias de los sindicatos mundiales para la recuperación, Bruselas. 23 Banco Mundial (2014), State and Trend of Carbón Pricing, Washington, bm. 24 Diario Oficial de la Federación, 2014, Ley Federal de Derechos. 25 Organización Mundial de la Salud (2001), Environmental Health Criteria. Arsenic and Arsenic Compounds, Génova, oms.

– – •

que teóricamente no es posible, pero instrumentalmente sí, al menos desde una perspectiva neoclásica. De hecho, los foros entre los diferentes actores en lugares neutros como la universidad pública, permiten dialogar con la sociedad aprovechando esta propuesta poco ortodoxa, pero válida para la argumentación presentada originalmente a las instancias correspondientes. El discurso de la valoración ambiental en una perspectiva sur-sur puede contribuir a la reducción de los impactos derivados de la instalación del capital transnacional en el territorio nacional, siempre que se haga ciencia social.

DEBATE

que ha sido paliado con base en mesas de diálogo, mecanismos de gestión para revertir proyectos, pero principalmente con la búsqueda social de las rutas de autodefensa legal estructurada progresivamente entre los resquicios de unas leyes con poca perspectiva social. El análisis costo-beneficio permite discutir una decisión territorial desde un enfoque académico, metodológicamente articulado para los casos similares desde la perspectiva predominante de la economía ambiental; es decir, se demuestra bajo supuestos generales de la instalación de la mina un valor económico

DEBATE

Videovigilancia en el Centro Histórico de la Ciudad de México Jordy Micheli * L aura Isla s * *

La videovigilancia en la Ciudad de México constituye una de las infraestructuras urbanas importantes que se han construido en los inicios del siglo xxi, en paralelo con una tendencia histórica en la urbanización global. Nace de un proyecto de reorganización del Centro Histórico bajo condiciones de acumulación privada de un actor principal tanto inmobiliario como tecnológico, y se ha extendido al conjunto de la ciudad, dándole un sello actual de modelo de seguridad basada en vigilancia electrónica.

A ntecedentes:

tructo de sociedad de la información.1 El crecimiento de la videovigilancia es indisoluble con la política pública de la seguridad y representa un mercado en expansión: se calcula que el mercado mundial de estos sistemas tecnológicos crecerá de 11.5 miles de millones de dólares, en 2008, a 37.5 miles de millones en 2015. Hay 4 mil cámaras en Manhattan, 10 mil en Chicago y medio millón en Londres.2 Las tecnologías que se asocian a las funciones de vigilancia han ampliado a tal grado su penetración en las sociedades, ciudades, empresas y en las ideologías de Estado, que han convocado a nuevas interpretaciones desde el ámbito de las ciencias sociales.3 Si bien seguridad y vigilancia han sido históricamente procesos presentes en las sociedades, hoy ocupan un

videovigilancia

como proceso urbano

A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

tecnológica urbana de videovigilancia es un signo característico de la coevolución de la ciudad con la sociedad de la información: confirma que la urbanización contemporánea es un proceso histórico marcado por la producción inmaterial mediante tecnologías de información y comunicación y que genera un nuevo modo de vida sintetizado por el cons* Profesor-investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México. ** Doctorante del posgrado en Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México. 29

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

actores e intereses que produce sus propios sistemas para el mercado.5 La seguridad es parte de la vida económica y política, no el resultado de decisiones de los actores de la política urbana o nacional.

Centro H istórico

de la

Ciudad

M éxico:

videovigilancia bajo la acumulación privada

Edificio NAFIN, actualmente Instituto de Tecnología Telmex. Primera cámara colocada en el Centro de la Ciudad. Foto: Laura Islas.

lugar central en la nuestra. Aparecen de la mano de infraestructuras y dispositivos digitales de todo tipo y conforman un nuevo proceso de concentración de riqueza y actividades en la urbe.4 Los sistemas de videovigilancia son el ejemplo más evidente: ensambles tecno-sociales que contienen artefactos, redes y personal especializado que conforman las nuevas infraestructuras urbanas. La videovigilancia constituye un sistema de producción de servicios que une aspectos tecnológicos con sociales en territorios específicos y como tal debe ser comprendido en tanto fenómeno urbano. Los aspectos tecnológicos son en esencia las cámaras y su estructura de colocación, unidas por una red de fibra óptica y los centros de observación de las imágenes que captan las cámaras. También forma parte de este sistema la información generada y su almacenamiento digital bajo pautas de big data. El sistema social es el que hace operativo y socialmente útil todo el sistema tecnológico, así que comprende al personal directamente relacionado con la operación y respuesta, en su caso, como con la forma en que socialmente estos dispositivos son introducidos y aplicados en la vida urbana cotidiana. De igual modo, las leyes que permiten y fomentan la videovigilancia como proceso que forma parte de la vida urbana son parte social del sistema. Aquí cabe decir que la “seguridad” ofrecida mediáticamente como característica mensurable, y por tanto mercancía política, pareciera ser producto de las nuevas pautas de vigilancia electrónica, pero no debe perderse de vista que la seguridad es un proceso con

La videovigilancia en la Ciudad de México tiene ya una presencia de 15 mil cámaras y un sistema organizativo de centros de comando en varios puntos de la capital. Es la columna vertebral de una reorganización de la vigilancia pública, en combinación con la privada, y constituye una de las infraestructuras urbanas importantes que se han construido en los inicios del siglo xxi en la ciudad, en paralelo con una tendencia histórica en la urbanización global. La reorganización urbana, gentrificación, del Centro Histórico de la Ciudad de México (chcm) es el proceso que explica y condiciona el fenómeno de creación del sistema tecnológico y social de la videovigilancia en el Distrito Federal. La gentrificación es un proceso urbano contemporáneo que explica la revalorización mercantil de territorios con densidad de infraestructura histórica y poca habitabilidad social, y en el caso particular del chcm la crisis territorial de los años noventa fue producto de décadas de deterioro físico de la vivienda a causa de la política de “rentas congeladas” junto con el efecto devastador del sismo de 1985, que despobló ese territorio y lo condicionó a un estatus de centro económico tradicional pero carente de actividades dinámicas y de conductas poblacionales acordes con el dinamismo general que mostraban otros territorios de la ciudad. En 1997, la Asamblea de Representantes, un órgano político de representación local del Distrito Federal, aún limitado en sus competencias en ese entonces, organizó y dejó una propuesta urbanística para la renovación del Centro Histórico. El gobierno local en 2000 generó las primeras acciones que darían viabilidad a dicha propuesta, facilitando la venta de inmuebles de valor histórico al empresario Carlos Slim, junto con una reorganización institucional en la gobernanza del chcm. Las acciones de este gobierno local no se dieron en el vacío, pues deben verse como parte de un proceso durante años previos en que se intentaron diversas medidas de renovación y rescate del territorio urbano

del sistema

Construcción

Centinelas. Primer dispositivo del sistema de videovigilancia en la Ciudad de México. Foto: Laura Islas.

en cuestión. Sin embargo, la nueva etapa, iniciada a finales del siglo y con el impulso de la jefatura de gobierno, permitieron dar cauce a la asociación público-privada que dinamizó la reorganización del Centro Histórico. El poder empresarial que forma parte de esta operación de Estado apareció como la facilitadora tecnológica, pero tuvo también un interés de vigilancia y ejercicio de poder en territorios que si bien son públicos, se revalorizan en un modelo de asociación públicoprivado que no ha requerido regulación. El motor fue una acumulación privada acelerada: se trata básicamente de la compra, en 2000, de una centena de inmuebles de valor histórico en una estrategia de empresas de Carlos Slim dedicadas al mercado inmobiliario en gran escala, con la finalidad de ocupar espacios productivos en el campo de servicios dominados por el mismo empresario y en un territorio de alto valor desde el punto de vista urbano. Se incluyeron emblemáticos inmuebles como la Torre Latinoamericana, Nacional Financiera o la antigua Bolsa de Valores. En particular, la manzana de Venustiano Carranza, Isabel la Católica, Uruguay y Bolívar pasó a ser propiedad del empresario, y a partir de ese núcleo territorial, el Centro Histórico se convirtió en sede de empresas que previamente habían estado situadas en Cuicuilco, al sur de la ciudad (Inbursa, Inttelmex, Sección Amarilla, Telmex); el Centro Histórico también fue ocupado para tiendas del empresario. Las primeras cámaras fueron colocadas en 2003 en la manzana citada, en donde se instaló el Instituto Tecnológico Telmex, dentro del cual se ubicó el primer centro de monitoreo de la red de videovigilancia instalada inicialmente en el chcm.

Las primeras cámaras de monitoreo urbano que se instalaron en la vía pública en la Ciudad de México actuaron como apoyo al sistema de semáforos y datan de inicios de los años ochenta del siglo pasado. Este incipiente sistema de televigilancia fue usado paulatinamente para vigilar eventos culturales y deportivos, marchas y otros aconteceres sociales, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. En 2003 se instalaron dos nuevos sistemas en el chcm: el sistema de Centinelas y las cámaras de videovigilancia (cctv); ambas tenían un objetivo exploratorio en el marco de las tendencia de acumulación privada y desarrollo social del chcm. Los Centinelas fueron 15 equipos electrónicos de observación, emergencia e información general que podían ser usados interactivamente en audio y video por el público. El concepto básico es el “botón de pánico” conectado al Centro de Atención Inmediata al Público (caip) y al Puesto de Mando del Centro Histórico. Ese centro de recepción recibía también las llamadas de emergencia del 060 de la ciudad. Los botones de pánico permitieron atender emergencias, pues al presionar un botón se accionaba una cámara de video integrada en la parte media y cuatro cámaras más ubicadas en la parte superior para cubrir todo el radio de influencia posible del evento. Además, permitían enviar imagen y sonido para orientar al ciudadano en una situación de emergencia si así lo reque-

Centinelas botón de mergencia S.O.S. con señal al CAIP. Foto: Laura Islas.

DEBATE

sociotécnico de videovigilancia

32 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

Dispositivos de videovigilancia. Proyecto Bicentenario Ciudad Segura. Fotos: Laura Islas.

ría y la información era grabada y almacenada por tiempo indefinido. El botón de pánico era ya una tecnología de seguridad ampliamente utilizada mundialmente, la innovación en el caso de la ciudad fue precisamente explorar su utilidad, situación que es la que define su papel real como tecnología de seguridad. La aceptación social de los mecanismos tecnológicos de seguridad es un tema relevante, a modo de contraste, esta tecnología no fue aceptada en Ciudad Juárez.6 En cuanto a los dispositivos de cámaras de videovigilancia, fueron instalados 100 y colocados en las esquinas del chcm con mayor afluencia y evidencias de mayores riesgos de inseguridad. Su emplazamiento físico fue en semáforos y paredes de edificios, a una altura normalmente difícil de registrar por los transeúntes. Las cámaras de video funcionan a través de un giro horizontal de 360 grados y vertical de 180 grados, con una capacidad de acercamiento de 200 metros para la identificación de placas y de 50 metros para rasgos faciales. La filmación diaria de dichos aparatos es almacenada durante un tiempo indefinido para su uso posterior. El lugar de observación de las imágenes de las cámaras era el Puesto de Mando del Centro Histórico, ubicado en el número 15 de la Calle Héroes del 57, donde también se atendían las llamadas del número de emergencia 060 que se generaban en toda la ciudad. Este puesto de mando tenía a su cargo 700 elementos de las policías Bancaria e Industrial, Auxiliar, Preventiva y de la Unidad de Protección Ciudadana, quienes resguardaban el área de 160 manzanas del llamado “Primer Cuadro” de la ciudad. Este puesto de mando, como centro de servicios de vigilancia que combinó llamadas telefónicas del 060 y monitoreo de las nuevas tecnologías, generó informaciones territoriales que permitieron determinar las colonias y calles más peligrosas de la ciudad y poner cámaras en

estos puntos en la actualidad, en una etapa siguiente. En la actualidad el centro de la ciudad cuenta con 228 cámaras de seguridad y los Centinelas fueron sustituidos por cámaras de seguridad,7 debido a que resultaron más viables por su amplia cobertura no sólo para ser utilizada en el Centro Histórico, sino en toda la ciudad. En 2008 se aprobó y publicó la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal en la que se definió la regulación de la ubicación y utilización de la información, y se estableció como uno de los objetos de la ley: “Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la convivencia así como prevenir situaciones de emergencia o desastre e incrementar la seguridad ciudadana”. El artículo 14 señala: “La instalación de equipos y sistemas tecnológicos, se hará en lugares en los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y a garantizar el orden y la tranquilidad de los habitantes del Distrito Federal”.8 Una siguiente fase se da a partir de 2010, en que las acciones de reorganización del Centro Histórico se han trasladado hacia lo que se llama el Perímetro B del mismo. Desde la perspectiva del territorio del Centro Histórico, la iniciativa de la acumulación privada de Carlos Slim se extiende hacia una parte del Perímetro B: la que cubre la zona de la Alameda Central y las manzanas que se extienden de allí hacia las avenidas Río de la Loza, entre Bucareli y el Eje Central, en dirección al sur. Esta orientación del eje de acumulación tiene una motivación estratégica para la empresa: se trata de la zona en la cual se encuentra la Torre de Telmex, centro neurálgico de la red de telecomunicaciones, que por su carácter cuasi-monopólico es prácticamente nacional. No es solamente esta instalación, sino su enclave en una pequeña zona valorizada por los inmuebles de la que fuera la pequeña ciudad industrial de Ernesto Pugibet a inicios del siglo xx. Por tanto, se puede seguir el desarrollo de la expansión de la acumulación privada hacia esta subzona del Perímetro B, mediante la evolución de la infraestructura de videovigilancia. El gobierno de la ciudad lanzó también en 2010 el Programa Bicentenario para expandir el sembrado de cámaras de videovigilancia asociado a la creación de un sistema tecnosocial de seguridad que cubre al conjunto de la ciudad: el Proyecto Bicentenario Ciudad Segura es un sistema integrado por 8,080 cámaras que ya monitorean el territorio de forma fija y en fuentes móviles, conectadas a un Centro de Mando Principal llamado C-4, a cinco centros regionales y dos móviles denominados C-2, que se hacen cargo tanto del proce-

33 DEBATE

Mapa del sembrado de cámaras en la Ciudad de México. Fuente: caepccm.

samiento de llamadas de los ciudadanos, como de la vigilancia, apoyándose en la red de telecomunicaciones del Metro. En resumen, bajo el Proyecto Ciudad Segura de la administración anterior (Marcelo Ebrard) se sembraron 8 mil cámaras, de las cuales cerca de 4 mil en las estaciones del Metro y 2,380 en los propios vagones del sistema de transporte colectivo. En la administración

actual (Miguel Mancera), se anunció la expansión de la videovigilancia a 7 mil cámaras más: 3 mil para las zonas habitacionales de alta densidad demográfica, dos mil 331 para puntos con alta incidencia delictiva, 500 para control de tránsito, 369 para instalaciones estratégicas, 200 para reconocimiento de placas vehiculares, 300 para el carril confinado del Metrobus y 300 más en zonas rurales y de conservación.

Anillo de la red principal de fibra óptica del STC Metro en la Ciudad de México. Fuente: Servicio de Transporte Colectivo Metro.

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

Conclusión Este texto ha querido servir para apuntar hacia la singularidad de lo local (Ciudad de México) en un proceso urbano de índole general: la construcción de infraestructuras de videovigilancia. Esta singularidad es un proyecto de reorganización del Centro Histórico bajo condiciones de acumulación privada de un actor principal tanto inmobiliario como tecnológico. Los aprendizajes obtenidos por las autoridades locales han facilitado la extensión del modelo tecnosocial de seguridad y vigilancia electrónica del chcm, al conjunto de la ciudad. Salta a la vista la necesidad de generar estudios sobre esta nueva infraestructura urbana de carácter informático y comunicacional, incorporándola como un componente nuevo de la racionalidad urbana. Será la llave para entender nuevas configuraciones de lo público-privado, políticas de seguridad, integración de redes tecnológicas y en general, nuevos modos de vida urbanos.

Arribo de manifestantes al Zócalo de la Ciudad de México. Fuente: Nuri Martínez, Eduardo Hernández (octubre de 2014), El Universal.

– notas – •

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1 Jordy Micheli (2012), Telemetrópolis: explorando la ciudad y su producción inmaterial, Barcelona, gedisa-uam. 2 Keith Proctor (2013), “The Great Surveillance Boom”, en Fortune Magazine, disponible en http://fortune.com/2013/04/26/thegreat-surveillance-boom/ (consultado el 15 de noviembre de 2014). 3 Armand Mattelart (2009), Un mundo vigilado, Barcelona, Paidós; Lyon, David (2001), Surveillance Society, Open University Press; Lyon, David (2007), Surveillance Studies, an Overview, Cambridge, Polity; Graham, Stephen (2010), Villes sous Controle, Paris, La Decouverte. 4 Francois Ascher (1995), Metapolis, Paris, Odile Jacob. 5 Kirstie Ball y Laureen Snider (2013), The Surveillance-Industrial Complex, Londres, Routledge; Rallo Lombarte, Artemi

(2011), “Videosurveillance, Data Protection and Urban Security”, Democracia & Sicurezza, año 1, en http://www.democraziaesicurezza.it/Saggi/Videosurveillance-data-protection-and-urbansecurity (consultado el 2 de enero de 2015). 6 http://diario.mx/Local/2014-07-13_defed22a/botones-depanico-aqui-un-fracaso-millonario/ 7 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, marzo de 2014. 8 Gobierno del Distrito Federal (2008), Gaceta Oficial del Distrito Federal, Distrito Federal, 27 de octubre, en http://mexico.justia.com/estados/df/leyes/ley-que-regula-el-uso-de-tecnologia-para-la-seguridad-publica-del-distrito-federal/ (consultado el 29 de noviembre de 2014).

– – •

DEBATE

Arquitectura de la violencia: seguridad patrimonial, insociabilidad urbana y gentrificación Sonia Taddei Ferraz * L et icia Ly ra Acioly * * Paula Ramos Correa Carvalho de Mendonça * * * Las relaciones socioespaciales urbanas han sido alteradas por intensos procesos de circularidad con base en estrategias de protección y seguridad, intensificadas por movimientos de criminalización, exclusión y anulación del “otro”, que expresan el desprecio al derecho colectivo de los espacios públicos. La seguridad contra la delincuencia fracciona a los espacios públicos y, al mismo tiempo, se opone al uso democrático de la ciudad porque priva de su plena accesibilidad al resto de los ciudadanos. El rediseño urbano también fue impulsado por la política pública que expulsó a los mendigos y a quienes no tienen hogar de las principales avenidas de Río de Janeiro, para reterritorializarlos fuera de las áreas residenciales, provocando un proceso de gentrificación y aumento del valor del suelo urbano. Para el individuo, vivir una vida enteramente privada significa, encima de todo, ser destituido de cosas esenciales a la vida verdaderamente humana; ser privado de la realidad que viene del hecho de ser visto y oído por otros, privado de una relación “objetiva” que resulta del hecho de relacionarse y separarse de ellos mediante un mundo común de cosas, y privado de la posibilidad de realizar algo más permanente a la propia vida.

H a nna h A r endt1

I ntroducción

mente a partir de los datos obtenidos de la investigación intitulada “Arquitectura de la violencia”, que ha estado desarrollándose desde 2000 en las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo, con apoyo de la Fundación Carlos Chagas Filho de Amparo a la Investigación del Estado de Río de Janeiro (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, faperj). En el presente análisis se privilegió a la ciudad de Río de Janeiro y su zona metropolitana. Río de Janeiro es la segunda zona metropolitana brasileña más grande. La región metropolitana cuenta con una población estimada de 13 millones de habitantes, de las cuales 6.5 millones se concentran en la ciudad de Río de Janeiro. En 2013, la estimación era de que 5,580 habi-

L ARTÍCULO MANIFIESTA los costos

sociales de la seguridad, sobre la óptica de las externalidades, revisitando parte de una serie de análisis desarrollados anterior* Profesora de la Maestría en Arquitectura y Urbanismo de la Universidade Federal Fluminense, Brasil. Correo: sonia_tferraz@uol.com.mbr ** Alumna de Arquitectura y Urbanismo de la Universidade Federal Fluminense, Brasil. *** Alumna de Arquitectura y Urbanismo de la Universidade Federal Fluminense, Brasil. Traducción del portugués de Guadalupe Margarita González Hernández. 35

36 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

tantes vivían en las calles, sin hogar, de los cuales 33.8 por ciento vivían en el centro de dicha ciudad. El análisis esencialmente crítico implica una relectura actualizada de las alteraciones formales y funcionales de la arquitectura y de la ciudad en nombre de la seguridad de las élites y sus implicaciones en el contexto de la sociabilidad urbana capitalista. Las reflexiones serán, por tanto, sobre los costos sociales resultantes de las intervenciones que se interponen entre el miedo creciente, la vigilancia y protección, las innovaciones tecnológicas, los intereses del mercado y las formas de vivir de los habitantes de la ciudad.

A nulación

del otro e

“ insociabilidad”

en el paisaje urbano

Como afirma Chauí,2 la violencia es física o psicológica, no se reconoce la humanidad del otro y existe un mito de que el “brasileño no es violento”. Uno de los mecanismos del mantenimiento de este mito es lo jurídico, porque mantiene la violencia circunscrita al campo de la delincuencia y de la criminalidad, y el crimen es definido como ataque a propiedad privada (hurto, robo y homicidio, esto es, robo seguido de asesinato). Ese mecanismo induce a reconocer que los “agentes violentos” son, de forma general, los pobres, y legitima la acción (esta sí, violenta) de la policía militarizada contra la población pobre, los negros, los niños de la calle y los habitantes de las favelas. La problemática de la vigilancia y de la policía militarizada tiene repercusiones más amplias que la seguridad en sí, como afirma David Harvey: “El poder político —sustentado por una vigilancia policiaca y una violencia militarizada intensivas— está siendo usado para atacar el bienestar de las poblaciones enteras vistas como prescindibles”.3 El mismo poder público legitima y concluye los procesos de instalación de elementos y equipamientos de seguridad para la protección de patrimonio privado. Ese proceso, significativamente intenso en los últimos diez años en barrios de alto ingreso y alimentado por el creciente miedo, es compatible con los impulsos neoliberales de encogimiento de los espacios públicos y alargamiento de los privados en diversas esferas de la vida.4 Por consiguiente, la seguridad pública se adhiere a la ola de las privatizaciones y los espacios públicos de las ciudades aluden a la apropiación privada en nombre de la seguridad, revelando inmensurables costos sociales. Sin profundizar en discusiones conceptuales se puede decir que, grosso modo, los costos sociales son

equivalentes, en el campo económico, a las externalidades; y refieren a la imposición de costos o de beneficios para terceros, esto es, efectos positivos o negativos de determinadas actividades sobre terceros, sin oportunidad de impedirlo y sin obligación de pagar o el derecho de ser indemnizados.5 Por tanto, los costos sociales son externalidades negativas, no cuantificables, al no ser internalizadas en costos monetarios de actividad. Según Acselrad, “cuando se habla de costo social se está hablando en verdad de costo ficticio, en el sentido económico, y para lo cual no existe expresión monetaria”.6 La tentativa será la de observar e identificar las expresiones de los costos sociales de protección y seguridad privada contra la violencia criminal en la esfera de la vida urbana, en el entendido de que éstos se desbordan en una cadena infinita y dejan de ser identificables. El primer elemento de análisis se deriva del crecimiento del miedo en las ciudades y su circularidad, lo que provoca la ampliación sin límites de la parafernalia preventiva y defensiva, y se expresa en zonas residenciales cerradas y en el aislamiento social. Según Bauman: El problema es que, evidentemente, ninguna cantidad de esfuerzo invertida en las áreas para las que el miedo fue desplazado puede neutralizar o bloquear sus verdaderas fuentes, y por lo tanto, tiende a mostrar impotencia para aplacar la ansiedad inicial, además ese esfuerzo puede ser honesto e ingenioso. Es por esa razón que el círculo vicioso del miedo y de las acciones por ella inspiradas […] sigue adelante sin perder un ápice de su fuerza y sin acercarse a su fin.7

Paralelo a la circularidad está el bombardeo de noticias relacionadas con el aumento de la violencia en determinados barrios, transmitido por los medios de comunicación que contribuye al crecimiento del miedo entre los pobladores de las grandes ciudades. Incluso aquellos que nunca fueron víctimas perciben la realidad como amenazadora y la preocupación por la seguridad, hoy en día, tiene un cierto dominio sobre la vida de los habitantes de la ciudad. Con ello, se promueve la vida aislada resultante del enclaustramiento impuesto por las estrategias de seguridad —muros, lanzas, gradas, casetas de seguridad, cámaras, sensores, mallas eléctricas, rollos de acordeón—, que protegen a lo “de dentro” del resto de la ciudad, como apunta Arendt.8 El contacto pasa a ser virtual, sea vía televisión, teléfono, cámaras de vigilancia o internet con interfono. El uso de la “entrega” pasa a ser rutina y el residente se comunica con el repartidor como si es-

F igu r a 1

Cercamiento de espacios públicos en Copacabana, Río de Janeiro

Rua Miguel Lemos, Copacabana/RJ-2002

Rua Miguel Lemos, Copacabana/RJ-2014

Fotografía: Sonia Taddei. F igu r a 2

Amurallamiento de residencias en Río de Janeiro y Niteroi

Rua Venâncio Flores - Leblon/RJ - 2001

Rua General Rondon, Sâo Francisco - Niterói - 2010

Fotografía: Sonia Taddei.

Rua Venâncio Flores - Leblon/RJ - 2014

Rua General Rondon, Sâo Francisco - Niterói - 2012

Econômica Aplicada) apunta que a lo largo de diez años, la seguridad privada creció en 74 por ciento en Brasil y la población brasileña gasta casi R$40 billones ($14.85 billones usd) en seguros y contratación de trabajadores de seguridad. Las inversiones con apenas un vigilante son aproximadamente de R$2,500 mensuales ($927.88 usd). El crecimiento del uso de equipamiento y elementos de seguridad reveló la intensificación del aislamiento social que, algunas veces, se dio por la ampliación de las estrategias de protección y seguridad en los últimos diez años. Se revisitaron cuatro edificaciones después de un largo periodo entre la primera visita en 2001 y la última en 2014, donde se identificó la alteración de los elementos de protección; en 2014 se percibió por encima de la banqueta la construcción de muros o rejas instaladas que provocaron el aislamiento desde la calle, intensificando las barreras que garantizan la apropiación privada de un lote transfigurado como propiedad comunal en condominio (véanse figuras 1, 2 y 3).

DEBATE

tuviera en el otro lado del mundo. Se acentúan, así, expresiones contemporáneas de la crisis de sociabilidad y alteridad, mismas que consideran a los enclaustramientos como extremadamente positivos por la sensación de seguridad que el aislamiento les proporciona. El análisis realizado de datos sobre seguridad pública en un intervalo de aproximadamente diez años revela la relación entre el probable crecimiento del miedo y de la seguridad, como expresión de la circularidad apuntada por Bauman.9 El cuadro consolidado de extrema protección, sin duda, asegura la perpetuidad de la circularidad en la producción del aislamiento como forma de vida de ciertas clases sociales que viven en las ciudades. Es lo que garantiza el crecimiento permanente del mercado de productos, servicios y tecnología de seguridad. De acuerdo con el periódico O Fulminense, una investigación elaborada al final de 2012 por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Instituto de Pesquisa

F igu r a 3

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

Cercamiento de espacios públicos en Río de Janeiro

2004

Río de Janeiro - Barracuda Tijuca - Rua Gastâo Sengés

2014

Fotografía: Sonia Taddei.

El aislamiento que protege a los de adentro, al mismo tiempo priva a los de afuera de cualquier contacto, incluso visual, con los residentes y sus casas, y producen la soledad de las calles, haciéndolas insípidas por el impedimento tácito del tránsito de transeúntes en aquellas áreas, aumentando la sensación externa de seguridad. La instalación de lechos espinosos excesivamente grandes sobre las banquetas y el consecuente abandono de las calles, simplemente exime al poder político de la fiscalización sobre el mantenimiento de esos patios privados de recreo, lo que reduce drásticamente la accesibilidad universal en el entorno. Son estrategias que se involucran en externalidades que imponen costos sociales de restricción y privación del pleno ejercicio de derecho colectivo sobre los espacios públicos. En los barrios de alto ingreso, principalmente, es donde se identifica la sustracción del derecho colectivo sobre esos espacios. El cúmulo de estrategias de seguridad en residencias de alto y medio ingreso, sin duda, impone a los extraños, que pretendan invadirlas, mayores dificulta-

des al vencimiento de los obstáculos de protección, como desafíos teleológicos permanentes. Como efecto fatal de las externalidades negativas, los mayores índices de criminalidad migrarán para otros lugares y víctimas. Parte de la clase media y de la clase pobre pasarán a ser las víctimas de asaltos en autobuses, robos de celulares, asaltos a transeúntes y asaltos a personas que retiran dinero de bancos. Según las estadísticas del Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro (Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro), al comparar datos entre 2005 y 2013, se obtuvo una disminución de robos de residencia, 709 casos en 2005 a 545 en 2013 con una disminución de 23 por ciento y un aumento significativo de 25 por ciento en robos a transeúntes en Río de Janeiro, 122 por ciento en Niteroi y 204 por ciento en tierras bajas fulminenses. El incremento en la instalación de aparatos de seguridad patrimonial produjo una relativa reducción en los números de robos residenciales y el aumento exponencial de robos a transeúntes, como efecto de la externalidad –la migración de la criminalidad (véase gráficas 1 y 2).

G r á f ic a s 1

Robos a residencias y transeúntes en la zona metropolitana de Río de Janeiro, 2005-2013 800

35000

709

700 600

2005

369 325

300

2013 248

200

218

20000

17351

Baixada

Río de Janeiro Grande Niteról

Roubo a Residência 2005 x 2013

Fuente: Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro.

2005

15000 1000

2013 8765 5714

3934

5000

100 0

24392

25000

545

500 400

30494

30000

Baixada

Río de Janeiro Grande Niteról

Roubo a Transeunte 2005 x 2013

Los turistas se demoran o se mueven según el deseo de sus corazones. Abandonan el local cuando nuevas oportunidades no experimentadas son olas en otra parte. Los vagabundos, sin embargo, saben que no lo harán por mucho tiempo, por más intensamente que lo deseen, en ningún lugar en el que paren serán bienvenidos: si los turistas se mueven porque encuentran el mundo irresistiblemente atractivo, los vagabundos se mueven porque encuentran el mundo insuperablemente inhóspito.12

Los resultados del conjunto de intervenciones del poder público justificado por la contención de la violencia y la promoción de la seguridad, acaban revelando, como apunta Ribemboim,13 que la intensificación de determinados patrones de intervención en las ciudades terminan por interferir de forma obstinada en sus propios patrones civilizatorios, porque imputan el placer de la vida en común y de la convivencia, degeneran la noción de civilidad y agudizan la intolerancia y la discriminación. Otro ejemplo del incremento de la intolerancia y de la idea común de que los destinos de la seguridad pública también son responsabilidad directa de la sociedad civil tiene estímulo en los actos de “justicieros” que marcaron a Río de Janeiro a inicios de 2014, cuyo episodio de mayor repercusión fue el de un grupo de tres hombres que amarraron a un joven que realizaba robos en el barrio de Flamengo, en el sur de la ciudad, a un poste para pegarle.

M ercado

inmobiliario y gentrificación

Estas intervenciones privadas y resultantes de políticas públicas de limpieza de la ciudad conocen, ante todo, los intereses del mercado inmobiliario. En relación con los precios de apartamentos y residencias en las zonas más exclusivas de Río de Janeiro, teniendo como ejemplo el barrio de Copacabana, en la zona sur

de Choque da la bienvenida a 21 personas sin hogar de la avenida de Copacabana”.11 Las innumerables intervenciones de limpieza urbana/humana se han mostrado ineficaces, pues no actúan sobre las causas del problema. Las noticias subsecuentes de congregación de mendigos en la avenida de Copacabana, antes de la realización de la Copa del Mundo y después de los juegos encuentran algunas razones en las afirmaciones de Bauman:

DEBATE

La migración de la criminalidad de la ciudad de Río de Janeiro hacia su región metropolitana tiene la importante palanca para la instalación de las Unidades de Policía Pacificadora en las favelas cariocas con la finalidad de expulsar el tráfico de drogas, lo que se tornó objeto de críticas durante la campaña electoral para el gobierno estatal en 2014. El candidato reafirmó su opinión en una entrevista en el programa rjtv (Rio de Janeiro Television) el 19 de agosto de 2014: “La ocupación policial no lo resuelve sola. Tenemos 30 por ciento de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Tenemos que formar esos jóvenes y formar una agencia de primer empleo. La ocupación policial no lo resuelve sola”. Esas opiniones demuestran la pertinencia de la afirmación de Bauman:10 “el problema es que, evidentemente, ninguna cantidad de esfuerzo invertido en áreas para las cuales el miedo fue desterrado puede neutralizar o bloquear sus verdaderas fuentes”. Al incrementar la necesaria sensación de seguridad urbana, son aquellos ciudadanos clasificados como agentes violentos, o sea, los pobres peligrosos que, ciertamente, soportan los mayores costos sociales como externalidades negativas. En esta perspectiva, se convirtió en rutina la eliminación de mendigos y de quienes no tienen hogar en las “mejores” avenidas de las ciudades, haciendo uso, sistemáticamente, de un determinado tipo de tecnologías. Como ejemplo pueden ser citados los chorros de agua nocturnos, programados por cronómetro electrónico y ejecutados aleatoriamente bajo toldos de casas comerciales, púas en los umbrales, barras en los marcos de las ventanas o paredes, aceite quemado en los paseos protegidos por toldos, o incluso la demolición de carpas, cerrando paseos con barandales. Todo esto ha sido recuperado muchas veces por el poder político, manifestado por las políticas de congregación de los que no tienen hogar de barrios residenciales en refugios; o por la instalación, por ejemplo, de banquetas anti-mendigos en plazas y paradas de autobús, inclinándolas o fraccionándolas de tal forma que impiden su uso para el descanso, como accesorios de proceso de limpieza urbana/humana del modelo internacional importado. Las políticas públicas se desplegaron para apartar, incluso usando la fuerza, a personas sin hogar para depositarlos en albergues municipales, actividad que el Ayuntamiento llamó simple “bienvenida”, como revela la Orden Pública del 14 de abril de 2014: “Orden

40 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

de la ciudad, entre junio de 2008 y enero de 2014, su promedio de variación respecto a los demás barrios de la zona sur carioca, saltó de R$3,600 ($1,336.15 usd) a R$11,400 ($4,231.15 usd) el metro cuadrado, o sea, más de 200 por ciento en seis años. La violencia transforma el miedo en apelación publicitaria que reúne el enclaustramiento y, por tanto, el aislamiento máximo como solución, valorizando los negocios inmobiliarios en todas las partes del mundo, como el que mostró el periódico O Globo el 6 de junio de 2006, donde informaba que el miedo brasileño había estimulado el mercado inmobiliario de Buenos Aires.14 El movimiento de reterritorialización residencial de los habitantes que no pueden pagar gastos exorbitantes de bienes inmobiliarios valorizados en zonas residenciales, porque son más seguras, acompaña la reterritorialización de la criminalidad para la región metropolitana de Río. Al mismo tiempo, se revela que probablemente el aumento de demanda de los bienes raíces en determinadas áreas de la región, como en Niteroi, acabó alterando la relación entre oferta y demanda, acompañado del disparo de los precios de dichos bienes en las áreas residenciales de Río de Janeiro. Probablemente, nuevos residentes de nuevas áreas también sufren con este nuevo proceso de gentrificación. De ahí la dificultad de identificar las externalidades negativas de dichos procesos en su cadena infinita. Al mismo tiempo, como aparente contradicción, se revela que, según corredores inmobiliarios, el mismo mercado inmobiliario de Niteroi también ha sufrido una depreciación en función del desplazamiento de la criminalidad impuesta por las políticas de seguridad en Río de Janeiro, impulsando nuevas ofertas de condominios aislados.15

Observaciones

concluyentes

De las reflexiones propuestas se pueden rescatar las afirmaciones de Miraglia que sintetizan los procesos presentados: Los grandes centros urbanos brasileños hoy son ciudades extremadamente desiguales, son ciudades apartadas, son ciudades que hacen frente a la inseguridad apostando al modelo de exclusión y reproducción de esa exclusión. Brasil no es uno de los países que más invierte en seguridad privada, en seguridad particular,

siendo que la seguridad es un problema público; más las estrategias en Brasil durante mucho tiempo han sido guiadas por el interés privado. Entonces, la garantía de ciudadanía, la seguridad concebida como un derecho, como un derecho de interacción con su comunidad, con sus pares, como un derecho de ir y venir y sobre todo, como un derecho a la ciudad, que no pretende ser un bien público, que está dirigido a todo lo que simplemente desea la esfera privada y para ello, utilizo todos los recursos que tengo y en ese sentido la gente puede pensar a la seguridad vista como otros derechos en Brasil que son también tratados como privilegios, entonces la seguridad pasa a ser un privilegio o pasa a ser deseada como un privilegio que no es accesible, no está garantizada para todos. 16

Bajo este precepto, los procesos de valorización inmobiliaria y de su consecuente gentrificación configuran también el de la circularidad producida por la relación entre violencia y miedo mediado por las políticas públicas de seguridad. Tanto la violencia como la promesa de seguridad amplían las ganancias de los diferentes mercados que se expanden en escala global. Los procesos de circularidad que se desenvuelven, también en escala global, a partir del miedo, pueden ser mucho más numerosos y aterradores frente a la anulación de la necesidad universal, como señala Arendt, para establecer cosas esenciales a la vida verdaderamente humana y en común. Las palabras de Mia Couto, las cuales citan a Eduardo Galeano en la conferencia de Estoril en 2011, presentan una circularidad implícita en la intensificación del miedo, alerta por el hecho de que el propio miedo puede ser la causa de tantos otros miedos, lo que nos inmoviliza y desalienta la realización de algo más permanente que la propia vida: Hay muros que separan naciones, hay muros que dividen pobres y ricos, más no hay hoy en el mundo un muro que separe los que tienen miedo de los que no lo tienen en las mismas nubes grises que todos vivimos, de sur y de norte, de occidente y de oriente. Citaré a Eduardo Galeano acerca de esto, que es el miedo global, es decir: “los que trabajan tienen miedo de perder su trabajo; los que no trabajan tienen miedo de nunca encontrar trabajo, cuando no tienen miedo al hambre tienen miedo a los alimentos; los civiles tienen miedo de los militares; los militares tienen miedo de la falta de armas y las armas tienen miedo de la falta de guerras y, tal vez, añado ahora, hay quien tiene miedo a que el miedo acabe”.17

•

Hanna Arendt (2007), A condição humana, Forense Universitária, p. 68. 2 Marinela Chauí (1998), “Ética e Violência”, Teoria e Debate, núm. 39, disponible en http://www.teoriaedebate.org.br/materias/sociedade/etica-e-violencia, consultado el 31/07/2014. 3 David Harvey (2014), A violência nas ruas e o fim do capital, Blog da Boitempo, disponible en http://blogdaboitempo.com. br/2014/07/31/harvey-a-violencia-nas-ruas-e-o-fim-do-capital/ (consultado el 26 de agosto de 2014). 4 Marinela Chauí (2012), Sobre a classe média, conferencia impartida en la Universidade de São Paulo, impartida el 28 de agosto, São Paulo. 5 Nunes, Paulo (2009), “Conceitos de Externalidades”, disponible en http://www.knoow.net/cienceconempr/economia/ externalidades.htm (consultado el 1º de julio de 2014). 6 Henri Acselrad (1994), “Externalidade ambiental e sociabilidade capitalista”, en Cavalcanti, Clovis (org.) Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade sustentável, Recife, Inpeso-Fundaj. 7 Zygmunt Bauman (2009), Confiança e medo na cidade, Río de Janeiro, Editorial Jorge Zahar, p. 174.

Hanna Arendt (2007), op. cit. Zygmunt Bauman, (2009), op. cit. 10 Ibidem, p. 174. 11 Portal da Secretaria Municipal da Fazenda do Rio de Janeiro (2012), “Choque de orden acolhe 21 moradores de rua de Copacabana”, portal que exhibe una lista muy grande de estos ejemplos, http://www.rio.rj.gov.br/web/smf/listaconteudo?search-type=assunto&assunto=ordem-publica consultado 28/07/2012. 12 Zygmunt Bauman (1998), O mal-estar da pós modernidade, Río de Janeiro, Editorial Jorge Zahar, p. 118. 13 Ribemboim, Jacques (2013), Mudando os padrões de produção e consumo, Anais, Encontro Nacional da anpur, Recife. 14 O Globo (2006), “Cidades dentro de cidades”, Seção Morar Bem, Río de Janeiro. 15 Zygmunt Bauman (2009), Confiança e medo na cidade, op. cit. 16 Paula Miraglia (2014), Da cidade à cidadania, pronunciamiento en la Mesa Zé Kleber en la 12° Feria Internacional del Libro de Parati (12° flip, Festa Literária Internacional de Parati), Brasil, 31de julio. 17 Mia Couto (2011), Comemorar o medo, pronunciamiento en las Conferencias de Estoril, Portugal, mayo.

8 9

– – •

•

DEBATE

– notas –

DEBATE

Violencias estructurales y emergentes: suicidio y Camelódromo en Londrina, Brasil A n gela G olono de Deu s * Carla Mar ia Frere s St ipp Bapt i sta * * Car olina Nune s França * * * Como resultado de la investigación de campo realizada en el centro de la ciudad de Londrina, en el estado de Paraná, Brasil, se discuten las violencias estructurales y emergentes. En un primer momento, fue identificado un caso de violencia emergente generado por el modelo de desarrollo, asociado al suicidio. En un segundo momento, fueron identificados casos de violencia estructural en el Camelódromo

y la presencia de camelós en el área.

I ntroducción

dos grupos: violencias emergentes, que son aquellas relacionadas con la criminalidad, fácilmente identificadas por su manifestación física o psicológica de forma superficial; y las violencias estructurales, fomentadas por mecanismos afiliados al modelo de desarrollo y que no son percibidas por las personas como un tipo de violencia. Bajo esas prerrogativas es que en el presente artículo se realizará a priori una discusión teórica acerca del concepto de violencia y cómo se expresa en el medio urbano, pudiendo ser causada por factores estructurales asociados a la estructura organizativa de las ciudades, o por factores externos estrictamente relacionados con el modelo de desarrollo económico vigente. Con la finalidad de identificar y reflexionar sobre situaciones y casos de violencias emergentes y estructurales en la ciudad de Londrina, se realizó trabajo de

L PENSAR EN VIOLENCIA automáti-

camente se hace referencia a situaciones asociadas a la criminalidad que afectan la integridad física o bienes materiales de los individuos. Estudios recientes asociados al concepto de la seguridad humana han identificado diferentes formas de violencias clasificadas, principalmente, en * Estudiante de la Maestría en Geografía de la Universidade Estadual de Londrina, Brasil. Correo: angelagolono@gmail.com. ** Estudiante de la Maestría en Geografía de la Universidade Estadual de Londrina, Brasil. Correo: carlastipp@hotmail.com. *** Estudiante de la Maestría en Geografía de la Universidade Estadual de Londrina, Brasil. Correo ca.franca@hotmail.com. Traducción del portugués de Guadalupe Margarita González Hernández. 43

44 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

campo en el Centro Histórico, donde se sitúan una cantidad importante de comercios y servicios. Durante dicha investigación se aprecia el hecho de que la violencia puede estar oculta y arraigada en la organización de la ciudad, siendo necesario analizar los factores que están atrás de su configuración territorial. El municipio de Londrina está localizado al norte del estado de Paraná, al sur de Brasil, y su perímetro urbano –la ciudad de Londrina– se finca, igualmente, al norte del municipio (véase figura 1) y albergó, según datos del 2012, aproximadamente a 493,520 residentes, de los 506,701 habitantes municipales. F igu r a 1

Localización del área de estudio, Brasil

El origen de la ciudad, proyectada para 20 mil habitantes, tuvo sus límites extrapolados por el surgimiento de nuevos asentamientos, aumento del comercio y creación de nuevas vías de tránsito, en especial, la construcción de las del ferrocarril en 1934.2 En la década de los años ochenta, las regiones norte y sur de la ciudad comienzan a ser ocupadas por la construcción de conjuntos habitacionales verticales. Dichos conjuntos fueron distribuidos de forma desigual y distantes al centro de la ciudad, intercalados con grandes espacios baldíos. El mejoramiento de la infraestructura y equipamiento urbano, así como la atracción de industrias de tecnología de punta y las diferencias sociales y ambientales, fueron fruto de ese proceso de expansión urbana y económica.3 Actualmente la ciudad se considera un polo regional, económico, cultural y de servicios. Todo ese proceso urbanístico, en un corto periodo, provocó segregación social, fragmentación espacial y diferentes tipos de violencia urbana que pueden ser comprendidas en el presente.

Violencias

Fuente: Carolina Nunes França, 2014.

Creada en 1929 como parte del emprendimiento de la Compañía de Tierras del Norte de Paraná (Companhia de Terras Norte do Paraná, ctnp), la ciudad de Londrina fue concebida teóricamente a través de un plan donde sólo cubriría las necesidades básicas de los propietarios de la tierra y la población rural. Desde sus inicios, Londrina poseyó dinámica mercantil al liderar la producción mundial del café y sus consecuentes negocios con la tierra; situación que provocó que el plan original fuera rápidamente superado bajo el crecimiento físico y territorial de la zona urbana.1

emergentes

Las violencias emergentes son aquellas asociadas a la criminalidad, tienen concepción y origen punitivo, y son provocadas ya sea por el modelo de desarrollo o por la organización autónoma de la vida urbana. Estas violencias se manifiestan principalmente como fenómenos urbanos, aunque no necesariamente lo sean. Son violencias emergentes producto del modelo de desarrollo las que se expresan de forma directa, visible y sentida, que involucran a un agresor y una víctima claramente identificables4 como, por ejemplo, robo a mano armada, de bienes muebles o inmuebles, disputas por tráfico de drogas, suicidio, entre otras. La mayoría de estas violencias se manifiestan espacialmente en las zonas urbanas, pero no son producto de la organización de dicha ciudad, sino del modelo de desarrollo, por tanto son violencias emergentes urbanizadas. En tanto las violencias emergentes generadas por la ciudad, llamadas violencias emergentes urbanas, refieren a las violencias que impone espacialmente un grupo social urbano a otros como sinónimo de exclusión social, como por ejemplo la xenofobia. En el Código Penal Brasileño, este tipo de violencias, ya sean meramente urbanas o producto del modelo de desarrollo, son tipificadas como criminales.

Durante el trabajo de campo realizado en el centro de la ciudad de Londrina a mediados de agosto de 2014, se percibieron dos tipos de violencia emergente. El primero refiere al suicidio, considerado como la eliminación directa o destrucción de la vida propia. Por imposibilidad de penalizar el suicidio, no se incrimina su práctica para el cumplimiento de un bien disponible, o sea la vida; el acto ilegal se centra en que la ley beneficia la coacción para impedirlo. Por tanto, incrimina sólo hechos y situaciones donde cualquier persona ayude o influya en el suicidio de otro.5 Los factores que llevan a este tipo de violencia emergente son generalmente provocados por el modelo de desarrollo socioeconómico excluyente y las formas como lo asimilan sus residentes. Este fenómeno es característico de las ciudades de tamaño medio o grande:

violencia estructural puede ser denominada también como violencia sistémica, oculta, indirecta e institucional, y es resultado del proceso de desigualdad, causado por injusticias sociales o perjuicios al bienestar humano en términos de necesidades básicas. F igu r a 2

Edificio Júlio Fuganti

El suicidio es entendido como producto o reflexión de las alteraciones sociales y económicas ocurridas en las sociedades. En realidad, ese mecanismo de causa no se da de forma directa, sino como resultado de una serie de factores. Esto es particularmente visible en regiones con rápida transformación, o que comprometen y alteran no solamente la situación financiera de los sujetos, sino su vida en aspectos socioculturales.6

La ciudad de Londrina ha registrado varios casos de suicidio, en especial en el centro, donde se observa que el edificio Júlio Fuganti es el idóneo para realizarlo (véase figura 2). Este edificio en forma de triángulo, producto de la bifurcación de dos avenidas concentra actividades comerciales y de oficinas y es utilizado frecuentemente por aquellos que tienen el referido acto ilícito como objetivo. Desafortunadamente no hay mucha transparencia sobre su incidencia en las instituciones estatales involucradas, pero periódicos locales enuncian de tres a cuatro al año.

Violencias

estructur ales

urbanizadas y urbanas

Asociadas al modelo de desarrollo o a la dinámica interna de las ciudades, las violencias estructurales no son claramente perceptibles por la población en cuanto a manifestación violenta. Según Blasco y Parra,7 la

Fotografía: Carla Maria Freres Stipp Baptista, 2014.

A la violencia estructural o sistémica que es causada por el modelo de desarrollo y manifestada espacialmente en la ciudad, se le llama violencia sistémica urbanizada. Se expresa como los cambios surgidos en la economía y sociedad que provocan mudanzas en el espacio urbano; por ejemplo, la reestructuración espacial que sufren las ciudades cuando ha ocurrido una desindustrialización o un cambio del papel del Estado en la dinámica socioeconómica que pronuncia la ur-

emergente urbanizada : suicidio

DEBATE

Violencia

46 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

banización de la pobreza o accesibilidad desigual a centros de consumo o trabajo, etcétera. Producto de la organización interna de las ciudades, las violencias estructurales urbanas se revelan en la forma en que se construye la fisonomía urbana, se sitúa espacialmente la estructura social dando lugar a la segregación socioespacial, fragmentación social, acceso diferenciado de los recursos urbanos o privatización de servicios públicos. En el centro de Londrina se visualizaron algunos ejemplos de estas violencias en la localización espacial del trabajo informal –comercios ambulantes o en los Camelódromos–. Ambos son resultado del desempleo y formas renovadas de producción de pobreza urbana. A pesar de la recuperación del empleo y mejoramiento de las condiciones económicas nacionales en los últimos años, se ha incrementado el número de personas sometidas al trabajo informal.

Violencia

F igu r a 3

Ambulantes en el centro de Londrina

estructur al urbanizada : vendedores ambulantes

Fotografía: Carla Maria Freres Stipp Baptista, 2014.

Los comerciantes ambulantes se instalan en las principales avenidas del centro y venden objetos baratos y, muchas veces, ilegales (véanse figuras 3 y 4). Es una violencia estructural urbanizada causada por el modelo de desarrollo, una vez que los orilla a trabajar de manera informal sin la estructura legal y laboral necesaria. Con el objetivo de categorizar el marco de los vendedores ambulantes en Brasil, la ley complementaria 128/2008 ampara al microemprendedor individual y formaliza su trabajo, reconociendo que las causas de su manifestación están en el desempleo y las exigencias del mercado de trabajo.8 Por tanto, las autoridades gubernamentales deben implementar acciones o proyectos que permitan disminuir este fenómeno. Según Déniz y colaboradores,9 de 30 vendedores ambulantes entrevistados en 2009, apenas 17 por ciento son formales, siendo sólo 10 por ciento de acuerdo con dicha ley. El 65 por ciento nunca ha oído algo sobre esa ley y 27 por ciento no pretende salir de su estado de informalidad. El principal motivo que lleva a los ambulantes a no cambiar su estatus es el rechazo al pago de impuestos (42 por ciento de los entrevistados) y la satisfacción y comodidad de su situación actual (37 por ciento), siendo que éste segundo grupo está formado por quienes trabajan por la necesidad de una fuente de ingresos, forzados por el desempleo.

F igu r a 4

Ambulantes en el centro de Londrina

Fotografía: Carla Maria Freres Stipp Baptista, 2014.

En Londrina, los primeros vendedores ambulantes comenzaron con la comercialización de productos diversos a mediados de la década de los noventa. Como se observa en la figura 5, las primeras instalaciones, situadas próximas a la terminal de autobuses de la ciudad, eran improvisadas y precarias, se resumían en una larga fila de 90 tiendas improvisadas, con dimensiones inferiores a 1.5 metros de largo.10 Durante la década de los noventa, el incremento de personas desempleadas propició el mismo comportamiento en servicios y comercios informales. Adicionalmente, las transformaciones urbano-fronterizas sufridas en Foz de Iguaçu y Ciudad del Este por el flujo turístico y comercial internacional a gran escala estimularon el incremento comercial de productos fronterizos en Londrina;11 situaciones que dispararon los reclamos de comerciantes establecidos que se sentían afectados por la competencia y de personas descontentas por la localización de los ambulantes en las importantes avenidas de la ciudad, generando la preocupación del gobierno municipal por relocalizarlos y mejorar la estructura de las tiendas.

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Interior del Camelódromo de Londrina

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Primeras instalaciones de ambulantes en Londrina en la década de los noventa Fotografía: Carla Maria Freres Stipp Baptista, 2014.

Fuente: Oliveira, 2009.

Después de una década de funcionamiento, el Camelódromo cuenta con más de 300 pequeños establecimientos comerciales, donde predomina la comercialización al menudeo de ropa y electrónicos (véase figura 6). Los propietarios de los establecimientos están directamente relacionados con las actividades comerciales diarias de los londrinenses y se encargan de la atención o contratación de personal de venta y limpieza del local.13 Se estima que el Camelódromo es responsable de la generación de más de 800 empleos directos e indirectos.14 Este lugar aún es visto de manera despreciable por una parte de la población londrinense y en especial por los comerciantes establecidos. Son etiquetados como la extensión del crimen organizado, por comercializar productos ilegales oriundos de las ciudades fronterizas de Paraguay con Brasil, así como, en menor escala, importados de China. El discurso del impacto negativo del comercio ambulante se sobrepone entre

A inicios del siglo xxi, las discusiones por su localización fueron tomando más fuerza y las tensiones entre ambulantes y el poder público se intensificaron. El resultado fue el proyecto de construcción de un Camelódromo formalizado, inaugurado en enero de 2003 en el centro de la ciudad de Londrina. Los comerciantes pasaron por un riguroso registro, evitando la permanencia de los comerciantes que vendían productos de terceros.12

DEBATE

C amelódromos

48 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

los londrinenses a los problemas estructurales del modelo de desarrollo que acarrea y sobrevive la desigualdad social y los problemas sociales asociados.15 Con una perspectiva histórica, el Camelódromo de Londrina, una vez construido en 2002, fue concebido como una solución para un creciente número de comerciantes ambulantes que trabajaban en la zona central, objeto de reclamaciones de los demás comerciantes de la ciudad y visto con prejuicio por muchas personas que consideran este sitio como “un lugar donde compran los pobres”. Adicionalmente, su localización no afecta los intereses inmobiliarios y de imagen urbana del centro de Londrina: a pesar de su localización central, se encuentra en las calles más transitadas por personas de bajos ingresos y transporte público; lejos de recién renovados y regenerados espacios para comercios y servicios establecidos apreciados y solicitados por consumidores londrinenses de alto y medio ingreso. El Camelódromo es una forma de exclusión, resultado de las consecuencias de la desigualdad social –producto del sistema– y reforzado por la propia planeación urbana que produce y reproduce formas de segregación espacial y fragmentación social.

Consider aciones

donde es fundamental garantizar las condiciones básicas de vida. Bajo esta premisa, el presente trabajo evidenció la presencia de distintos tipos de violencia en la ciudad de Londrina, que están concretizados en su propia estructura económica y organización urbana, y por tanto, son violencias implícitas y sistémicas. En la ciudad de Londrina, aunque las violencias emergentes urbanizadas sean recurrentes en los noticieros, fue posible observar que hay ocultamiento de información en la ocurrencia de casos de suicidio, siendo necesario buscar información en estudios que elaboran testimonios. Cuando se observan a fondo los motivos que están detrás de los casos de suicidio, es posible observar estrecha relación con la escasez de algunos aspectos que conjuran la calidad de vida. El suicidio se enfrentó con motivaciones que genera el sistema capitalista y donde las ciudades son la máxima expresión espacial de marginación, desigualdad social, prejuicios, falta de oportunidades y segregación. Por medio del análisis confinado al entendimiento del sentido amplio de la seguridad humana, fue posible observar las violencias adyacentes al sistema y efectuadas por la planeación urbana, como es el caso de la segregación espacial y social que sufren los vendedores ambulantes y su localización comercial, efectuado esto por el poder público y aprobado por la mayoría de la sociedad londrinense.

finales

El concepto de seguridad humana, en el sentido amplio, debe incluir los aspectos de calidad de vida en

– notas – •

•

José Blasco y Daniel Parra (2003), op. cit. Junior Deniz, Ivan Manhas Correia, Ricardor Xavier Galdino y Rodrigo Seiji Yamaguchi (2010), “O reflexo da M.E.I. para os vendedores ambulantes de produtos alimentícios da região central da cidade de Londrina”, Revista de Estudo Contábeis, vol. 1, núm. 1, pp. 77-89. 9 Op. cit. 10 Edilson Luis Oliveira (2009), Divisão do Trabalho e circuitos da economia urbana em Londrina –pr, São Paulo, Universidade de São Paulo. 11 Alfredo Fonseca y Antonio Carolos Lignani (2003), “Um estudo sobre o eixo Cascavel–Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná”, Revista Paranaense de Desenvolvimento, núm. 104, pp. 79-102. 12 Edilson Luis Oliveira (2009), op. cit. 13 Idem. 14 Prefeitura de Londrina (2014) disponible en http://londrina.pr.gov.br consultado el 31 de agosto de 2014. 15 Edilson Luis Oliveira, (2009), op. cit.

Tânia Maria Fresca, (2002), “Mudanças recentes na expansão físico-territorial de Londrina”, Geografia (Londrina), vol. 11, núm. 2, pp. 241-264. 2 Andrei Olak Alves, (2005), Expansão Urbana de Londrina e Tendências à Metropolização, Londrina, Universidade Estadual de Londrina. 3 Idem. 4 José Blasco y Daniel Parra (2003), “Violencia estructural: una ilustración del concepto”, Documentación Social, vol. 5, núm. 131, pp. 57-72. 5 Júlio Fabbrini Mirabete (2001), Manual de Direito Penal, São Paulo, Atlas. 6 Keila Rodrigues Souza, Yonissa Marmitt Wadi y Jeferson Andronio Ramundo Staduto (2007), “Suicídio e Desenvolvimento Regional: Um estudo sócio-econômico da incidência da auto violencia nas mesorregiões oeste e sudeste do Paraná (1190 a 2005)”, XLV Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, Universidade Estadual de Londrina, p. 3. 1

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TEMAS CRÍTICOS

Violencias en la educación y la urbanidad: el caso de Londrina, Brasil A na Clau dia Du ar te P inheir o * Edward Rodr i go Sánchez Mala gón * * Neiva Cam argo Torrezani * * * La problemática de las violencias se dirige a la forma en que se desarrolló la historia de la ciudad de Londrina, Brasil, a partir de uno de los equipamientos públicos escogidos para el análisis, la Biblioteca Pública Municipal. La provisión de un servicio bibliotecario y mantenimiento de un espacio público aparentemente indican un eficiente servicio público, pero ocultan el deterioro y poca relevancia concedidos por las instituciones estatales encargadas de la educación pública y la historia de la ciudad. Esto da pie a las violencias estructurales y emergentes en el espacio público londrinense.

I ntroducción

lados a la educación y la cultura, y, como consecuencia de esa conducta, la violencia emergente de un deficiente servicio público de acceso a la información. Desde la memoria protegida en un panel existente frente a la Biblioteca Central del campus de la Universidad Estatal de Londrina (Universidad Estadual de Londrina), que ha sido restaurado por profesores y estudiantes de Arquitectura y Urbanismo de la misma Universidad, comienza la construcción de la discusión sobre la importancia de la educación para la preservación de la memoria cultural de la ciudad en su interfaz con la violencia estructural y emergente. El relato histórico sobre la ciudad de Londrina alude desde sus características agrícolas tradicionales en la antigüedad, y más tarde, la incorporación de la

IGUIENDO LA METODOLOGÍA de revi-

sión de literatura, búsqueda en internet y trabajo de campo en el centro de Londrina, situada en el norte de Paraná, sur de Brasil, se investigó el tema de la violencia estructural manifestada en la falta de inversión en edificios públicos vincu* Profesora del posgrado en Derecho de la Universidad Estadual de Londrina, Brasil. ** Estudiante de Maestría en Geografía de la Universidad Estadual de Londrina, Brasil. *** Estudiante de maestría en Geografía de la Universidad Estadual de Londrina, Brasil. Traducción del portugués de Guadalupe Margarita González Hernández. 49

50 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

agricultura mecanizada. La diversificación en el campo se reflejó en la ciudad, sometida a profundos cambios, lo que confirma la concentración de la población y la tendencia hacia la integración vertical que llegó desde la región central de la ciudad, así como la incorporación de la prestación de servicios como uno de sus talentos a expensas de la plena industrialización. Londrina es el municipio y localidad urbana más grande entre veintiséis municipios que conforman el área metropolitana, símbolo de la creación de una región que supera el millón de habitantes (véase figura 1).

derancia de la población urbana sobre la rural. Se estima que más de 70 por ciento de la población mundial habita en los cascos urbanos de las ciudades. El proceso de asentamiento y habitación en espacios urbanos no ha sido ajeno a múltiples tensiones que giran alrededor de condiciones de vida en grandes núcleos urbanos, a la organización y uso del espacio, el territorio, entre muchos otros. En algunos de estos conflictos, la violencia ha irrumpido y permanecido como un elemento central y característico de gran impacto en el

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Mapa de localización del municipio de Londrina, estado de Paraná, Brasil América del Sur Brasil - Estado de Paraná

Brasil - Estado de Paraná Región Metropolitana de Londrina

Municipio de Londrina

Fuente: ibge y Alcaldía de Londrina, 2014 Organizado por : Edward Sánchez

El posicionamiento geográfico, comercial y cultural de Londrina ayuda a atraer flujos relevantes de personas que buscan mejorar su calidad de vida, pero no siempre es posible identificar las condiciones de sostenibilidad que trascienden las condiciones individuales y llegan a la comunidad.

Urbanización

de la violencia

La discusión sobre el modelo de desarrollo económico aplicado en los países latinoamericanos y sus implicaciones en la seguridad humana ha demostrado que las ciudades manifiestan y generan violencias. Un ejemplo son los tipos de violencia urbana exhibidos en la mayoría de estos espacios urbanos producto de la expansión urbana desordenada. Este fenómeno da lugar a la urbanización de la violencia. Una de las características más relevantes de la dinámica poblacional hoy a nivel mundial es la prepon-

devenir de la vida de sus pobladores, afectando la realización y ejercicio de los Derechos Humanos.1 No obstante la discusión de la violencia urbana, generalmente no lleva a distinguir sus manifestaciones: “El problema de la delincuencia es un fenómeno complejo que debe ser abordado tomando en cuenta su naturaleza multicausal. De esta manera, dentro de los factores que se han relacionado con el aumento de la criminalidad, se encuentran los socioeconómicos, demográficos, geográficos, políticos y culturales”.2

Se traducen en amenazas a la seguridad humana, en la medida en que no nutren el pleno desarrollo de las actividades físicas, materiales y espirituales que contribuyen al crecimiento personal del individuo ni permiten acciones para la transformación social. La falta de seguridad económica representa una persistente amenaza de la pobreza; la inseguridad alimentaria da pauta al hambre crónica; la inexistencia o precarie-

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Comercio ambulante en el “Paseo Marítimo” (“Calçadão”)

Como resalta Graça Druck (2011), a pesar de los cambios positivos de los últimos años, continúa siendo grande el desafío para mejorar una situación en que, en 2009, la mitad de los trabajadores brasileiros no disfrutaba de los derechos garantizados por la firma de la cartera de trabajo y casi sesenta por ciento de la población económicamente activa aún se encontraba en una situación precaria. Para reflexionar sobre estas cuestiones, necesitamos analizar cualitativamente los procesos de cambio en la sociedad, en las relaciones sociales y en los imaginarios sociales en esta fase del desarrollo del capitalismo. Desde mi punto de vista, esa perspectiva hace de la desigualdad (no de la pobreza) un asunto clave. Aunque las personas experimenten la pobreza como una carencia material, ella resulta de arreglos sociales que afectan la distribución de la renta de bienes, es decir, que se refiere a una estructura de las relaciones de poder.4

Esta discusión sacó a la luz una serie de problemas urbanos existentes en la ciudad de Londrina, Brasil, que a menudo pasan inadvertidos. Con el apoyo de estos conceptos, se fue capaz de identificar estos tipos

Principal avenida central de Londrina próxima al Teatro Universitario Oro Verde (Ouro Verde). Fotografía: Edward Rodrigo Sánchez Malagón.

de violencias existentes dentro de la estructura de relaciones de poder que evidencian desigualdades sociales en el espacio urbano. En la actualidad, con una población de alrededor de 543 mil habitantes, Londrina, localizada en el estado de Paraná, presenta varios casos de violencia, tanto emergentes como estructurales. Un ejemplo es el comercio de los vendedores ambulantes, que aunque considerados ilegales judicialmente, son importantes para el desarrollo económico de la ciudad. En Londrina, como en la mayoría de las ciudades brasileñas, dicho comercio se concentra en espacios privados (rentan un local), a menudo sin ninguna formalidad legal, pero con el apoyo del gobierno y sus reglas de espacios públicos regulados se les genera una licencia de negocio y su autorización oficial para instalarse temporalmente sin conceder derechos al emprendedor informal; sin embargo, sus condiciones son precarias (espacios pequeños e insalubres, sin posibilidades de expansión, control de horarios) y sufren de estigma social (véase figura 2).

TEMAS CRÍTICOS

dad de la salud propician enfermedades mortales; la falta de cuidado del medio ambiente genera su degradación; la inseguridad comunitaria induce tensiones sociales, étnicas y religiosas, e incluso el terrorismo e inseguridad política conducen a la represión política.3 Las violencias emergentes casi siempre se manifiestan en forma física, fácilmente identificables y percibidas en la vida cotidiana de las personas en las ciudades. Por el contrario, las violencias estructurales asociadas al modelo de desarrollo aplicado en estos países y manifestado en la estructura física y organizativa de sus espacios urbanos son consideradas como estigmas de su desarrollo humano, ya que este tipo de violencia es alimentada en gran parte por la desigualdad socioeconómica que priva en la región latinoamericana. Las violencias emergentes se manifiestan a través de la cuantificación y evidencia en asaltos, asesinatos, disputas por narcotráfico, etcétera, y por lo tanto generan gran inseguridad, miedo y opresión al residente urbano. En tanto, la violencia estructural urbana se genera a partir de los problemas de acceso, distribución y disputa de infraestructura, transporte, servicios de educación, salud y otros ocasionados por la forma organizativa de la ciudad misma. John Gledhill, al tratar el tema de seguridad humana menciona variadas relaciones de poder que traducen la reproducción de las desigualdades sociales:

52 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

Otro ejemplo es el edificio público que incluye una de las actividades más importantes para la educación y la cultura de los ciudadanos, así como sus condiciones improvisadas, que sin duda influye en la formación y desarrollo de la ciudadanía: la biblioteca pública. Por lo tanto, el modelo de desarrollo llevado actualmente está desalentando las actividades culturales y educativas a través de la calidad del acceso a la Biblioteca Pública Municipal, situación que se reflejará en la vida de la ciudad en su conjunto y de sus residentes.

Sobre

la historia de la ciudad: el mur al recuper ado

El panel situado justo enfrente de la Biblioteca Central en el campus de la Universidad Estatal de Londrina (véase figura 3) es uno de los iconos más importantes de la historia municipal. Se trata de un mural construido con azulejos pintados a mano que retratan la evolución de la ciudad. Inicia, en una primera fase, justo antes de la década de los años treinta hasta la década de los cincuenta, cuando la ciudad estaba en pleno apogeo, con una población superior a límites proyectados previamente. Dicho panel, además de su importancia artística, describe en sus dibujos la trayectoria a través de la cual fue reconocida como el desarrollo urbano en la región.

Londrina es expresión de la aventura en el proceso de ocupación del norte del estado de Paraná. Fueron los ingleses quienes en la década de los veinte abrieron la puerta para que otros pioneros y exploradores que cruzaban el río Tibagi llegaran a este lugar para construir la “Little London” […] Londrina, la capital del café [...] fue planeada en Londres e implementada por la Compañía de Tierras del Norte de Paraná (Companhia de Terras Norte do Paraná, ctnp) para que fuera la capital del área de colonización y la sede de la gestión de esa compañía en el norte de Paraná.5

La tala de bosques para el nacimiento de una nueva ciudad se torna imprescindible en la primera parte del diseño y la construcción de casas y edificios en calles demarcadas en forma organizada y planificada es su característica esencial. Ante el auge del café dicha planeación fue insuficiente porque “la ciudad de Londrina, inicialmente diseñada para contener 20 mil habitantes”, pronto superó las previsiones iniciales “en sus primeros veinte años de existencia”6 y, hoy en día, con un poco más de ochenta años de vida, todavía joven, cuenta con una población estimada de aproximadamente 537 mil personas, según datos publicados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ibge) para el año 2013.7 “El rápido crecimiento de Londrina se de-

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Panel de la historia de Londrina

El panel se localiza en uno de los jardines de la Universidad Estatal de Londrina, Londrina, Brasil. Fotografía: Ana Claudia Duarte Pinheiro.

En la década de los años ochenta, hubo cambios importantes relacionados con el uso del suelo en la zona urbana de Londrina, en especial en la región central, a través de la revitalización del espacio anteriormente construido, lo que trajo nueva configuración a la ciudad. El proceso de integración vertical es una característica importante de esta década, se produjo principalmente con la construcción de edificios residenciales en el eje central de la ciudad y sus alrededores.9

Hoy, Londrina es la ciudad que conserva sus características agrícolas de antaño, pero con la incorporación de cultivos mecanizados, como la soya y el maíz, que ya se proyectaban desde los años sesenta como relevantes y, más recientemente, el cerco construido a través de las plantaciones de caña de azúcar. La ciudad de Londrina ante este apogeo agrícola, se especializó en la provisión de servicios. La diversificación en el campo se reflejó en la ciudad y su estructura, que se sometió a profundos cambios, bajo la construcción vertical; fenómeno que, en la actualidad, se ha adaptado a las nuevas dinámicas del modelo de desarrollo implantado bajo la forma de nuevos espacios no sólo de tipo residencial, sino comercial y de provisión de servicios con un estímulo a las inversiones públicas y privadas necesarias. “Con la búsqueda del desarrollo de la región, miembros de la Asociación Comercial de Londrina (Associaçâo Comercial de Londrina, acl), en la década de los años sesenta, comenzaron una campaña para la industrialización de Londrina, anticipando que después de la gran helada de 1975 no habría diversificación en el campo”.10

Biblioteca P ública Municipal

educación según la

El edificio de la antigua Biblioteca Pública Municipal, después de las exitosas remodelaciones hechas en la década de los ochenta en todo el centro de Londrina, pasó al mandato del Departamento de Cultura del municipio de Londrina. Se trata de un edificio de arquitectura moderna, típica de los años cincuenta y sesenta y que, a mediados de la década de los ochenta, dejó de utilizarse como biblioteca (véase figura 4).

El mural que protege una parte de la historia de la ciudad, casi convertido en chatarra en la década de los ochenta, después de que fue retirado de la sede del gobierno municipal (Prefeitura Municipal) por obras de remodelación, fue recuperado por un profesor y alumnos de la carrera de Diseño y Arquitectura, cuyo trabajo dedicado y meticuloso permitió rescatarlo casi al 100 por ciento. Acción que fue ignorada por las autoridades municipales. Desde entonces, se encuentra en frente del edificio de la Biblioteca Central en el campus de la Universidad Estatal de Londrina. Al poner de relieve este hecho se evidencia la violencia estructural intrínseca en la actuación estatal que se muestra insensible a la representación de la historia de Londrina e ignora los esfuerzos para preservar el arte y la memoria de la ciudad, se intentaba descartar un monumento como si no tuviera valor. A pesar de que este mural no refleja plenamente la realidad de la ciudad en los periodos involucrados como el fenómeno que se expresa en la siguiente cita, sí es considerado un hito de la historia de Londrina por sus residentes. “A partir de los años sesenta y setenta, con la sustitución del café, la mecanización de la agricultura y la concentración de la tierra, fue la liberación de una creciente población que vive en zonas rurales que se dirigió a la zona urbana y que fue incapaz de absorber toda la mano de obra, generando población desempleada cuya miseria fue creciendo”.11 Si se observa este hecho desde la educación implica también violencia estructural al definir la institución estatal qué tipo de historia se quería implantar en Londrina. El papel de la institución de educación superior (Universidad Estatal de Londrina) fue darse cuenta del agravio y recuperar el panel como una oportunidad para mejorar conocimientos de rescate y aplicarlos en la práctica, lo que mantuvo viva la colección de arte e historia de Londrina.

TEMAS CRÍTICOS

bió principalmente a la fuerte producción agrícola referente a la cafetalera que generó una atracción de capitales hacia la región y sirvió como su base económica hasta la década de los años setenta”.8 Conocida como la capital mundial del café a finales de la década de los años setenta, Londrina sufrió el fin de una era de progreso económico sin precedentes, producto de la afectación de la helada negra ocurrida en 1975 y terminó con las plantaciones de café. La segunda fase del mural expresa los cambios físicos, económicos y sociales producidos en la ciudad desde el inicio de la producción de café hasta la prestación de servicios y, sobre todo, de actividades relacionadas al uso del suelo, en particular a la especulación. Lo que hoy sigue siendo una de sus características:

Antiguo edificio de la Biblioteca Pública Municipal

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

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El edificio fue cedido a la Secretaría Municipal de Cultura. Fotografía: Ana Claudia Duarte Pinheiro.

Dicho edificio está desde hace varios años en remodelación. No obstante, las obras están paralizadas por razones políticas y presupuestarias y el aspecto de abandono es evidente. Lo que en algún momento representó a la educación y cultura de la ciudad, se ha descuidado, no sólo por el Gobierno Municipal, sino también por los londrinenses que apenas recuerdan su existencia. Permanece invisible e inerte a todos los que pasan por ese lugar. Otro ejemplo de la violencia estructural integrada a la Londrina cotidiana. Se observa en las paredes externas del edificio otro mural que se perderá si no se llevan a cabo las remodelaciones previstas o no se despierta el interés de las instituciones que pueden recuperarlo y conservarlo e incluso de la misma sociedad que lo demande. Dicho mural también muestra dos momentos de la historia de la ciudad, la etapa inicial tras la extinción del exuberante bosque, y la década de los años setenta, cuando los edificios de los complejos residenciales y comerciales tomaron la región central de Londrina. El edificio actual de la Biblioteca Pública Municipal, cuyo nombre hace homenaje a uno de los gober-

nadores del estado de Paraná, Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, también fue sujeto de remodelaciones y de cambios en la estructura urbana de Londrina. Después de que las instalaciones fueron transferidas a varios lugares, la Biblioteca Pública, a partir de 1984, comenzó a trabajar en la avenida Río de Janeiro número 413, en la construcción del antiguo Fórum, donde permanece actualmente, a propuesta del Gobierno del Estado de Paraná (véase figura 5). Este cambio llevó a la creación de la Biblioteca Infantil Municipal de Londrina y el Teatro Zaqueo de Melo (antiguo Tribunal Judicial del Foro) como mayor oferta en atención al usuario en mejores condiciones.12 Este edificio expone uno de los grandes monumentos de la historia de Londrina al considerar que el viejo centro de la ciudad no es lugar rentable para las nuevas actividades económicas, sociales y económicas de Londrina. La Biblioteca Pública Municipal sustituyó al Fórum Estatal que fue trasladado a principios de los años ochenta al Centro Cívico recién construido al borde del lago Igapó y que reúne a los edificios del Ayuntamiento Municipal, la Cámara de Regidores y el mencionado Foro hasta la actualidad (véase figura 6).

TEMAS CRÍTICOS

Edificio de la Biblioteca Pública Municipal

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Este edificio sustituyó al Fórum Estatal en la década de los años ochenta. Fotografía: Edward Rodrigo Sánchez Malagón.

Después de la transferencia del Fórum Estatal al Centro Cívico, el edificio estaba en peligro de ser demolido, pero algunos personajes notables de la ciudad, con el apoyo de la población londrinense, fueron capaces de incorporar el edificio a la municipalidad do-

nado por el Estado, para instalar la Biblioteca Pública Municipal que venía arrastrando su antigua localización desde el edificio de la Secretaría Municipal de Cultura (mencionado anteriormente), donde permanece en la actualidad.

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Centro Cívico de Londrina a orillas del Lago Igapó

Fotografía: Guadalupe Margarita González Hernández.

56 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

El imponente edificio del antiguo Fórum, donde se realizaban las más diversas y relevantes labores judiciales –civiles y penales y donde estaba el Tribunal de Juicio de los delitos de homicidio y sus tentativas ocurridos en la ciudad (véase figura 7) – es un ejemplo de la llamada violencia estructural al formar parte de las dinámicas organizativas de la economía y sociedad urbana londrinense; así como de mostrar las nuevas pautas de la cultura y el arte tendría oportunidad de ser aprovechado para la nueva misión en la educación y la cultura citadina. La permanencia actual de la Biblioteca Pública Municipal en ese edificio es, ahora, una fuente de orgullo para Londrina. F igu r a 7

Objetos que hacen referencia a la función de origen del edificio de la Biblioteca Pública Municipal

profesores, especialmente de la red pública, están regresando a requerir libros físicamente disponibles. La biblioteca, además, cuenta con una colección de libros y revistas de la ciudad de Londrina desde sus orígenes hasta la actualidad. Algunos ejemplares son muy viejos para los estándares de una ciudad que aún no ha alcanzado su primer centenario. La Sala Londrina, cuyo mobiliario fue construido a partir de la madera que demolieron de sus extintos bosques y fue recuperada de los contenedores de las fincas de café por el artista local Nilton Marques, mejor conocido como “Poca Marques” (véase figura 8). La madera utilizada se llama Peroba Rosa, de excelente calidad para la construcción de casas y muebles, fue subutilizada como leña para los hornos industriales de la región y en otras partes. Ahora está prácticamente extinguida en el norte de Paraná. El imponente edificio de la Biblioteca Pública Municipal, con sus servidores orgullosos de estar allí compartiendo sus conocimientos sobre la cultura y la educación, sufre de violencia estructural cada día con la negligencia y desprecio del Estado. F igu r a 8.

Puerta de acceso a la Sala Londrina en la Biblioteca Pública Municipal

Fotografía de Ana Claudia Duarte Pinheiro.

Internamente, la Biblioteca Pública Municipal cuenta con una colección diversificada y ofrece, además de libros y revistas, acceso a servicios de internet. Según los propios servidores, muchos de ellos a punto de jubilarse, la biblioteca ya no presenta grandes flujos de estudiantes y público en general a causa del uso de nuevas tecnologías que impulsaron la literatura en forma digital. No obstante, se ha dado el caso de que algunos

Fotografía de Ana Claudia Duarte Pinheiro.

Consider aciones

finales

El relato histórico y empírico mostró las violencias estructurales y emergentes manifestadas en la intencionalidad del modelo de desarrollo y construcción de las ciudades, donde no es posible identificar condiciones de sostenibilidad social. El espacio público es un lugar de vital importancia para la ciudad por ser el punto estructurador y ordenador de una realidad social basada en la individualidad y consumismo dejando de lado las prácticas cotidianas de convivencia. El diseño de las actuales ciudades brasileñas, como otros casos latinoamericanos, le apuesta a la rentabilidad a través de la localización estratégica de viviendas y comercio dejando de lado el disfrute de la misma ciudad y sus servicios públicos. En Londrina, al igual que en cualquier ciudad que se sustenta en la lógica de la obtención de la ganancia, merma la memoria y práctica colectiva bajo el descuido de los espacios urbanos públicos aunada a la indiferencia de formas tradicionales de difusión y divulgación del conocimiento.

– notas – •

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1 Jesús Balbin (2004), “Introducción”, en Jesús Balbin (comp.) (2004), Violencias y conflictos urbanos. Un reto para las políticas públicas, Medellín, Instituto Popular de Capacitación, p. 9. 2 René Ornelas (2004), “Experiencia de participación ciudadana en el combate a la inseguridad”, en Jesús Balbin (comp.), op.cit., p. 40. 3 Guadalupe González (2014), “Seguridad humana y desarrollo: elementos mínimos para la construcción y discusión de conceptos”, Dinâmica Socioambiental e Organização do Espaço, mestrado/doutorado do Programa de Geografia, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, agosto. 4 John Gledhill (2012), “Segurança humana: uma meta viável?”, Caderno crh, vol. 25, núm. 66, pp. 519-533. 5 Rosely Sampaio y Mirian Fernandes (2009), Atlas Urbano de Londrina, Londrina, Universidade Estadual de Londrina, pp. 19 y 65.

6 William Ribeiro (2003), “A Formação do Centro Principal de Londrina e o Estudo da Centralidade Urbana”, Geografia (Londrina), vol. 12, núm. 2, julio-diciembre, p. 33. 7 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014), Ciudades@, disponible en http://cidades.ibge.gov.br (consultado el 15 de septiembre de 2014). 8 William Ribeiro (2003), op. cit., p. 39. 9 Rosely Sampaio y Miriam Fernandes (2009), op. cit., p. 69. 10 William Ribeiro (2003), op. cit., p. 36. 11 Jolinda de Moraes (2013), Assistência aos pobre em Londrina: 1940/1980, Londrina, Universidade Estadual de Londrina, pp. 95-96. 12 Prefeitura de Londrina (2014), disponible en http://londrina.pr.gov.br (consultado el 21 de agosto de 2014).

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mente las relacionadas con el internet, condujeron a la no relevancia y deterioro de espacios públicos de esta naturaleza dándose una intensificación al individualismo y consumismo donde las nuevas formas de socialización que se desarrollan actualmente son casi exclusivamente a través las redes sociales.

TEMAS CRÍTICOS

Es común ver escenas de improvisación para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana. En dicha sala no cuentan con aire acondicionado que permita la conservación adecuada de la colección en los días calurosos del verano tropical brasileño. Se perciben afectaciones tanto en las colecciones como en el edificio-monumento. Otro ejemplo de la violencia estructural que afecta a las instalaciones públicas y socava el desarrollo de la educación y la cultura. Finalmente, dentro de la Biblioteca Pública Municipal hay una biblioteca infantil que cuenta con una rica colección de libros, revistas y material didáctico para jugar, que incluye copias clásicas de la literatura brasileña. Aunque la biblioteca infantil es también pública y se ha registrado un número creciente de visitantes, se percibe que no es prioridad en la organización y estrategia mercadotécnica de la Biblioteca Pública Municipal, pues está confinada a la parte trasera de la biblioteca principal, con poca accesibilidad y el espacio es muy pequeño en comparación con el monto de la demanda de niños que saben leer en el municipio. La falta de inversión a espacios públicos y la falta de programas de incentivos a la lectura hacen que la biblioteca infantil sea un ejemplo más de esta violencia estructural en la ciudad y la generación de conocimiento educativo y cultural. Los grandes cambios de comportamientos sociales ocurridos en la primera década del tercer milenio debido al acceso a las nuevas tecnologías, especial-

TEMAS CRÍTICOS

Gobernanza y políticas de intervención en espacios públicos de Ciudad Juárez Ju an Enr ique Díaz * La gestión realizada por una asociación civil en la colonia Oasis Revolución hizo legítima la estrategia de política pública de intervención urbana Todos somos Juárez como un proceso aislado de aparente gobernanza para acallar las demandas sociales de empleo y equipamiento urbano en el marco de la desindustrialización de maquilas y la guerra contra el narcotráfico en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los problemas urbanos no responden a soluciones técnicas, responden a soluciones políticas. J o r d i B o r ja

I ntroducción

entre técnicos, ciudadanos y gobierno ayuda a generar determinados planes para un centro urbano o espacio público. Entender la planificación urbana implica conocer los procesos políticos, el análisis en la aplicación de políticas públicas y la forma en que éstas se diseñan. Para ello, es importante analizar el diseño de políticas públicas y cómo se han aplicado en los procesos urbanos, principalmente en la etapa inicial. Las etapas de análisis concentran las dinámicas en que se han desarrollado diversas intervenciones urbanas. Conocer ese proceso y comprender cómo lo vivieron sus actores nos ayuda a entender la problemática urbana con mayor profundidad y valorar la forma en que se atendió.

AN BAZANT1 EXPLICA la planificación ur-

bana como un instrumento de regulación y cambio social, asimismo, como un elemento articulador en la relación entre gobierno y gobernados en la ciudad, en los espacios en que participan sus habitantes. Este vínculo se basa en una metodología donde la importancia de un proceso multidisciplinar de gestión en la aplicación

* Presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo Urbano y Comunitario A.C. y docente del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 59

60 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

El presente trabajo se basa en propuestas de intervención urbana del aparato gubernamental en el espacio público con la participación institucional y ciudadana. Se revisa la participación ciudadana con el Estado en Ciudad Juárez, Chihuahua, a partir de un estudio de caso, donde se analizará el diseño de políticas públicas para realizar intervenciones urbanas en espacios públicos y la coordinación para llevarlas a cabo. Para el caso específico se consideraron las intervenciones de 2010 contenidas en la estrategia Todos somos Juárez.2 Para elegir el estudio de caso se visualizaron la mixtura de actores participantes con mayor representatividad, así se eligió la intervención urbana en el sector de Oasis Revolución. En la tabla 1 se observan las intervenciones realizadas y la que contenía una mayor diversidad y mejor alcance por parte de actores participantes y por la información documental obtenida.

G obernanza

y proceso metodológico

El desarrollo de este espacio muestra un panorama e identifica a actores por relevancia y carácter contextual aproximándose más a un proceso de gobernanza que muestra mayor riqueza entre ellos y una mayor variedad de actores y relaciones a partir de su participación. Una vez identificado el estudio de caso y delimitada la investigación, la idea general de abordar el proceso fenomenológico a través de las teorías de las políticas públicas, es valorar la forma en que los actores participan y se desarrollan dentro de este proceso mismo, valorando esta relación entre los diversos actores participantes y cómo perciben el enfoque de jerarquías, así como dinámicas entre la sociedad abierta y el gobierno. Este precepto se entiende como una aproximación a la nueva gestión o gobernanza de Luis Aguilar,3 donde el gobierno actúa acompañado de diversos actores

T a bl a 1

Intervenciones con recursos del programa Todos somos Juárez Tipo Intervención urbana

Ejecución

Colonia Social

Físico

Social

Físico

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (uacj)

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)

Fomento del Tejido Social de Ciudad Juárez (Foteso)

Ayuntamiento de Ciudad Juárez-Sedesol

Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez (imip)

Sedesol

Parajes del Sur

Parque Oasis

Oasis Revolución

Parque Clouthier

Manuel J. Clouthier

Plutarco E. Calles

Cancha femenil

Plutarco E. Calles

uacj

Sedesol

Granito

Morelos

imip

Sedesol

Km. 29

Kilómetro 29

imip e-1

Sedesol

Francisco Villareal

Tierra Nueva Etapa 1

uacj

Sedesol

pec

Alto

uacj

Municipio-

Sedesol

T a bl a 2

TEMAS CRÍTICOS

Categorías para el diseño de técnicas y análisis metodológico Concepto o tópico objetivo Análisis del proceso de políticas públicas Categorías Determinación

Contenido

Seguimiento

Etapas en la política pública Agenda

Decisión e Implementación

Evaluación

Posibles indicadores para la realización de técnicas de investigación Problemática, jerarquía, homologación de agendas, agenda pública, agenda privada, coordinación.

Estrategias, intervenciones, diseño de proyectos, gestiones, materialización, coordinación

Programas de continuidad, formulación de seguimiento, regulación, coordinación

Fuente: Elaborado a partir de Hernández (2006).5

que le proveen instrumentos y formas posibles de entender mejor las problemáticas partiendo de la sociedad misma, convirtiéndose en agente y actor del proceso de toma de decisiones, implementaciones y evaluaciones de una política pública generada para mejorar la realidad de determinado sector. Bajo este enfoque se filtraron las categorías propuestas en el marco teórico sobre el análisis de las políticas públicas de Parsons.4 Así, se cuenta con tres principales categorías definidas: determinación, contenido y seguimiento de las políticas públicas. Dentro de éstas se encuentran las etapas respectivas del ciclo: agenda, decisión, acción, implementación y evaluación. A través de estas categorías se valora cómo se involucraron los actores y agentes en esta dinámica a través del diseño de la política pública implementada, así como las relaciones que se desarrollaron con los diversos actores participantes para mostrar la conceptualización de gobernanza durante el periodo. Se analizaron los documentos y los reportes emitidos por las diferentes instituciones y sociedades, así como información documental hemerográfica de eventos durante el desarrollo de la intervención, mismos que ofrecerán datos relevantes del proceso. También se analizó la opinión de sus participantes en el proceso, se elaboraron entrevistas entre los actores y agentes, incluyendo actores clave en

el desarrollo de la intervención, para saber cómo fue su participación en este proceso y de qué forma lo hicieron y si se dieron las condiciones de un entendimiento mutuo entre la sociedad y el gobierno. Las entrevistas son para valorar cómo el fenómeno mismo que contiene sus vivencias y relatos y acciones se dieron durante el proceso; a partir de los actores mismos, las entrevistas se contrastan con las categorías, etapas y posibles indicadores para permitir que el actor exprese cómo fue el proceso de participación propio; se llevaron a cabo de forma semiestructurada y a profundidad a determinados actores donde se percibió la participación de los demás agentes y usuarios respecto a la intervención realizada; y se partió de las etapas mismas de las que se conoció cómo se llevaron a cabo entre los actores participantes las siguientes categorías (véase tabla 2). La intención es mostrar los resultados de la etapa de la determinación de la política pública aplicada, misma que al ser la fase inicial dicta el rumbo a partir de la mixtura de actores participantes e instituciones para mostrar los niveles de inclusión de la política pretendida. La determinación refiere cómo se integraron las agendas tanto públicas como de gobierno, cómo se valoran y jerarquizan las demandas ciudadanas sobre situaciones o rezagos que se requiere atender y cuáles

62 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

fueron tomadas en cuenta, es decir, una problemática que se intenta transformar; en esta etapa podemos discernir ciertos indicadores tales como la jerarquía de la atención de la problemática. La agenda se basa en diversas categorías: ¿cómo discernir qué asuntos tienen el potencial para ser tomados en cuenta por una agenda pública?, ¿los sistemas políticos deben intervenir en la depuración, clasificación y anticipación de los asuntos?, y, si intervienen, ¿sus razones son sustentables y sus procedimientos son legales e imparciales?6 Cabrero y García7 identifican tres escenarios de agenda en México: el tradicional, que se basa en procesos comúnmente contenidos en el presupuesto local, donde se plantean problemas básicos como infraestructura y se manifiesta de forma reactiva; el ampliado, que maneja tanto problemas básicos como el tradicional, pero de tipo provisorio, incorporando estrategias para entender problemas como la planeación urbana o la zonificación, procurando recursos fuera del presupuesto local; y el integral, el cual maneja conceptos de de-

sarrollo integral, competitividad, así como bienestar social y ambiental, entre otros. Cabrero y García8 identifican esta agenda como proactiva y plantean la participación de gobiernos, redes ciudadanas, redes intergubernamentales e internacionales, ampliando así su marco de ingresos y sus fuentes de financiamiento.

Sector Oasis R evolución: estudio de caso

La colonia Oasis Revolución es de relativa reciente creación y posee las características de los nuevos espacios habitacionales creados después de la consolidación manufacturera. Está ubicada al sur-poniente de la ciudad (véase figura 1). El fraccionamiento fue autorizado en 1988 con un total de 3,081 lotes, con dimensiones de 7.0 metros de frente y 17.50 de fondo, dando una superficie de 122.5 m2.

F igu r a 1

Ubicación de la colonia Oasis Revolución en la mancha urbana de Ciudad Juárez

El Paso, Texas E. U. A.

NORTE

Sierra de Juárez

Fuente: Elaborado a partir de

imip,

2010.

G obernanza

en intervención

del espacio público

La gobernanza se orienta, según Aguilar,10 en una acción que busca orden institucional y técnico, es decir, un proceso directivo estructurado de forma institucional y técnica, dándole eficacia a la administración pública y a las acciones gubernamentales. Al complementar con ayuda de la iniciativa privada, académica, el mercado y la sociedad, y considerando la mención de Parsons11 de que los bienes públicos puros son de injerencia del Estado, se forma un entramado de redes que influyen en un proceso de buen gobierno, donde se encuentra el equilibrio entre sus participantes. El objetivo principal de las respuestas sobre cada etapa del proceso, por parte de los actores participantes, es profundizar cómo se llevó a cabo y cómo se interactuó con los demás actores de las diferentes insti-

A nálisis

de la

“ determinación”

de la política pública aplicada

Las principales variables de la agenda se determinan en su formación, es decir, si es de gobierno o es pública. Esto genera de entrada una distancia entre ambas, sobre todo si se desea que los gobiernos empaten sus agendas con las necesidades de los habitantes. La agenda que se obtuvo inicialmente obedeció a una agenda pública local, que se convirtió en agenda de gobierno al estructurarse la estrategia Todos somos Juárez. De acuerdo con la información recabada, se mostraron los intereses por parte de las instituciones. El Gobierno Federal manifestó el interés de generar proyectos de acuerdo con el contexto y realidad de Ciudad Juárez. El programa Todos somos Juárez intentó una aproximación a trabajar en conjunto con la sociedad de la ciudad, inicialmente a través del documento redactado para generar y estructurar la intervención del programa: • “El Gobierno Federal reconoce que los juarenses son quienes mejor conocen la situación de su ciudad y quienes más pueden hacer para resolver la problemática que los aqueja.”12 • “El Gobierno Federal comprendió que el problema de Juárez era el tejido social y Fomento del Tejido Social de Ciudad Juárez (Foteso A. C.) lo había señalado cuatro años antes, sumándose a la estrategia legitimada por la comunidad.”13 • “Participamos en la agenda la Dirección del programa de rescate de espacios públicos y la coordinadora nacional de los proyectos sociales así mismo la comunidad.”14 • “Fue muy difícil empezar aquí, hacer que la gente entienda y participe es un trabajo complicado y lento, así que nos costó mucho trabajo realizar todo esto que está ya palpable.”15 • “Intentamos participar en la mesa de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) pero la mafia encabezada por dirigentes de la mesa bloqueó nuestro intento y el de muchas otras organizaciones no

tuciones. De esta forma, se obtuvieron las vivencias de los actores sin importar el resultado al darle relevancia al proceso mismo en sentido de gobernanza sobre la coordinación y las interrelaciones entre el gobierno, instituciones civiles o privadas y sociedad.

TEMAS CRÍTICOS

El sector era dinamizado por los parques industriales ubicados alrededor. La estrategia de crear estos sectores habitacionales básicamente se concentraba en dar vivienda a los trabajadores de la industria de manufactura creciente en el sector. La colonia se consolidó debido al creciente número y capacidad de ocupación de parques industriales ubicados en el sur de la ciudad en la década de los noventa; entre éstos se encuentra el más cercano del sector, el Parque Industrial North Gate, el Parque Industrial Aeropuerto, Aeroparque Industrial Verde, el Parque Industrial Zaragoza y fábricas de manufactura individuales fuera de éstos, parques industriales que se encuentran en el sector, sumando cerca de 9 mil plazas laborales.9 Dentro de la colonia se encuentra el espacio público destinado a equipamiento urbano, que se encontraba en desuso y deterioro, un terreno de 36 mil m2 que sirvió en un principio para las primeras obras de mejora, unas canchas de futbol, realizadas por una asociación civil (Fomento del Tejido Social de Ciudad Juárez, A. C. –Foteso–) y habitantes del sector. El fraccionamiento se desarrolló como la mayoría de los construidos en la época del auge industrial, cerca de grandes parques industriales; con el tiempo manifestó rezago en diversos rubros de desarrollo urbano. La falta de equipamiento y de espacios para desarrollo social generó problemáticas encontradas previo a la violencia y drogadicción en la ciudad, siendo el fraccionamiento Oasis Revolución uno de los de mayor relevancia.

64 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

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• • •

•

gubernamentales (ong), ya que no aceptaron que pudiéramos si quiera tener voz en esa mesa.”16 “La intención era crear una intervención en la mesa de desarrollo social a nivel ciudad y no que se destinaran los recursos a sólo tres espacios públicos, entre éstos el de Oasis Revolución, todos querían algo.”17 “Obtuvimos en comodato el predio abandonado y lleno de basura, animales muertos y contaminación que por aquel entonces era el terreno destinado al parque Oasis Revolución.”18 “Es bueno tener el parque, ya que era un sitio muy inseguro antes que lo arreglaran los de la iglesia.”19 “Ellos tenían el parque para cosas de la iglesia, lo usaban como estacionamiento, para las misas.”20 “Los principales tipos de servicios que demanda la población en los espacios públicos, en orden de importancia son: las actividades deportivas, capacitación en oficios, salud, culturales y recreativos.”21 “Contar con un parque con juegos y áreas deportivas, un lugar de reunión y convivencia vecinal, fueron los principales ejes del programa arquitectónico del proyecto y fueron presentados y validados por la comunidad.”22

Retomando las tipologías de las agendas propuestas por Enrique Cabrero,23 este estudio de caso se aproxima a una agenda ampliada, considerando que los recursos son netamente de gobierno y la agenda no contempla otras fuentes para obtención de recursos. La propuesta de la agenda, debido a la incorporación de redes ciudadanas como la asociación civil, puede interpretarse hasta cierto punto como un acercamiento importante para entender los problemas públicos de este determinado sector. De esta forma se manifestaron las problemáticas y de acuerdo con entrevistas, se mantuvo cierta homologación entre las agendas, tanto pública del sector como de gobierno y de la forma en que la asociación civil ha articulado las necesidades de la colonia. • “Las principales problemáticas detectadas fueron la delincuencia y la inseguridad en la mayoría de las colonias, en el caso de Oasis Revolución se tuvo un trabajo a mayor profundidad por parte de la asociación civil.”24 • “Partimos del estudio realizado por la empresa Confirme en nuestra comunidad del 1 al 10 de mayo del 2006 donde se encontraron datos muy relevantes en las y los ciudadanos de nuestra colonia.”25

• “El déficit de espacios públicos y equipamiento recreativo y deportivo para dar servicio a los habitantes, aunado a que estuviera en zonas de marginación.”26 • “Entrega del estudio a la comunidad en reuniones con puros padres de familia, con madres de familia como grupos específicos y de un modo especial con jóvenes, grupo al que se piensa destinar toda la acción, esfuerzo, trabajo y recursos, primero por ser mayoría y segundo por ser nuestra esperanza.”27 • “Los de la parroquia han trabajado mucho para que esto esté funcionando y para que nosotros usemos este lugar y para que participemos con ellos para pedir más al gobierno”.28 • “Han estado controlando el parque (los de la iglesia) y no han dejado que la gente entre a vender sus cosas, conozco gente que no ha podido entrar”.29 Hasta cierto punto, el desarrollo de la agenda parecía complementarse dentro de las necesidades de los vecinos de la colonia, y las propuestas del gobierno fueron encaminadas con mayor facilidad de acuerdo con los actores entrevistados, debido a la presencia de la asociación civil y los datos que manejaba con anterioridad a la propuesta del Gobierno Federal: “El caso de Oasis Revolución simplificó la tarea, ya que con anterioridad habíamos estado trabajando con ellos algunos proyectos, inclusive específicos en el predio donde ahora se encuentra el espacio público realizado por Sedesol”.30 De esta forma, la agenda inició con el estudio por parte de la asociación civil para seguir los esfuerzos por la adquisición del predio en comodato, realización de proyectos dentro de este predio, y después de aprovechar la coyuntura del programa federal, llevar a cabo las necesidades de los habitantes del sector, en su mayoría, encaminadas por la asociación civil. • “Hasta la fecha se han cubierto la mayoría de las demandas y propuestas de la comunidad, sólo falta realizar la biblioteca.”31 • “El presupuesto no fue suficiente, ya que faltó la biblioteca del centro comunitario, una de las principales propuestas de la comunidad.”32

R eflexiones

finales

La asociación civil Fomento del Tejido Social de Ciudad Juárez e Instituto Municipal de Investigación y

• Se construyó en torno a una política específica. La idea general tanto de la comunidad, asociación civil, Sedesol e investigaciones y proyectos propuestos por el imip se concentraron en el enfoque de

– notas – •

•

Bazant, Jean (2011), Planeación urbana estratégica, métodos y técnicas de análisis, México, Editorial Trillas. 2 Secretaría de Desarrollo Social (2010), Todos somos Juárez, en http://www.todossomosjuarez.gob.mx/estrategia/index.html 3 Aguilar, Luis (2006), Gobernanza y gestión pública, México, Fondo de Cultura Económica. 4 Parsons, Wayne (2007), Políticas públicas: una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas, México, Flacso. 5 Hernández, Roberto, Carlos Fernández-Collado y Pilar Baptista (2006), Metodología de la investigación, México, McGrawHill/Interamericana Editores. 6 Aguilar, Luis (1993), Problemas públicos y agenda de gobierno, México, Porrúa. 7 Enrique Cabrero, y Carlos García (2010), “La agenda de políticas públicas en ciudades mexicanas durante el siglo xx: ¿Cien años de soledad municipal?”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 25, núm. 1, p. 73. 8 Enrique Cabrero y Carlos García (2010), op. cit. 9 imip, “Análisis estructural del empleo laboral en Ciudad Juárez”, impi. 10 Luis Aguilar (2006), op. cit. 11 Wayne Parsons (2007), op. cit. 12 Sedesol (2010), op. cit.

Reporte de Actividades de Fomento del Tejido Social de Ciudad Juárez A. C. (Foteso). 14 Entrevista a representante de Sedesol. 15 Reporte de Actividades de Foteso A. C. 16 Idem. 17 Entrevista a miembro dirigente de la Mesa de Desarrollo Social. 18 Entrevista a representante de Foteso A. C. 19 Entrevista a representante de imip. 20 Idem. 21 Sedesol (2010), Consulta Ciudadana 2010, Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana. 22 Entrevista a representante de imip. 23 Enrique Cabrero y Carlos García (2010), op. cit. 24 Entrevista a representante de Sedesol. 25 Reporte de Actividades de Foteso. 26 Entrevista a representante de imip. 27 Entrevista a representante de Foteso A. C. 28 Entrevista a vecino de Oasis Revolución. 29 Idem. 30 Entrevista a representante de imip. 31 Entrevista a representante de Foteso. 32 Idem. 33 Enrique Cabrero y Carlos García (2010), op. cit. 13

– – •

desarrollo social, en sentido de generación de un parque, producto de un espacio de equipamiento en deterioro existente en el sector. • Tiene una visión de tiempo limitada. Aunque la asociación civil llevaba tiempo trabajando para realizar la totalidad de la obra, el proyecto era por etapas: al incluirse a la estrategia Todos somos Juárez, se concretó en tiempo y forma de acuerdo con los compromisos que adquirieron con el Gobierno Federal al determinar esta estrategia con compromisos definidos en temporalidad. • Recursos identificados y etiquetados. El Gobierno Federal fijó el monto que destinaría para cada área de desarrollo y Sedesol definió las ubicaciones de cada espacio determinado por los polígonos de pobreza; la gestión de la asociación civil se centró en incluir este espacio (Oasis Revolución). • Objetivos precisos en el tiempo. Esta intervención ya mostraba avances en cuanto a la creación de actividades y participación con los habitantes del sector, al momento de incluirse en la agenda Todos somos Juárez tenía ya identificados sus objetivos principales y reales para llevarse a cabo.

TEMAS CRÍTICOS

Planeación de Ciudad Juárez, apoyados por la Secretaría de Desarrollo Social, generaron propuestas y construyeron la agenda pública del sector Oasis Revolución sobre la cual se basaron los primeros proyectos, ya desarrollados, entre la asociación civil y el imip, previo a la estrategia Todos somos Juárez, la cual finalmente destinó los recursos para la realización de la intervención urbana. La agenda fue parte fundamental en el proceso del diseño de una política pública al definir las problemáticas para los posibles campos de acción y sus lineamientos específicos. De acuerdo con las características de Cabrero,33 el proceso de gobernanza en el estudio de caso de Ciudad Juárez se cumplió en su totalidad al mostrar la dificultad de desarrollar una agenda de política pública integral al ser éste un caso muy específico en actores y temática, limitando los recursos al Gobierno Federal y ejes de acción. No obstante, lo observado se delimitó a lo siguiente:

TEMAS CRÍTICOS

Violencia en la urbe. Aporte para la seguridad humana Gu adalupe Margar ita G onzález Hernández * El enfoque de la seguridad humana distingue violencias estructurales y emergentes como inherentes al modelo de desarrollo. La ciudad como espacio de construcción social está sujeta a esta dinámica. La mecánica estructural es creadora de violencias al tiempo que reproduce las asociadas al modelo de desarrollo neoliberal que intensifican y profundizan las desigualdades sociales y espaciales de las ciudades mexicanas. Aquí se presentan algunos elementos de análisis que pudieran contribuir al debate y su conceptualización en el marco de los estudios urbanos.

I ntroducción

prevalece un modelo de corte coercitivo y punitivo basado en diagnósticos oficiales centrados en el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, y la incidencia delictiva de los cárteles de la droga que han diversificado la comisión del delito para abarcar actividades como secuestro, extorsión, robo, asesinato, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, entre otros. Se trata de un tipo de violencia emergente que ha llamado poderosamente la atención de los medios masivos de comunicación así como de los diversos niveles de gobierno.1 La administración del presidente Felipe Calderón canalizó esfuerzos en la llamada “guerra contra el narcotráfico” para habilitar a las fuerzas militares en actividades policiacas y, simultáneamente, extender la pre-

UANDO SE HABLA de seguridad, in-

tuitivamente se relaciona con las violencias física y pública; pero no necesariamente sucede de esa manera. Aquí no se discute el debate actual sobre el concepto de seguridad y el pasaje de la seguridad pública a la seguridad ciudadana para aterrizar en la seguridad humana. No obstante, es imprescindible dejar claro que en México, para afrontar el problema de inseguridad,

* Docente investigadora de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. 66

67 TEMAS CRÍTICOS

División socioespacial de clases sociales por espacios habitacionales e infraestructura urbana. Foto: Margarita González.

sencia de las policías federales en los estados y municipios. Bajo esta estrategia, que ha nutrido el discurso oficial, se identificó a un enemigo público, los cárteles de la droga, y se empeñaron grandes recursos presupuestales y humanos para emprender una confrontación armada, cuyo saldo ha sido catastrófico si se considera el incremento de asesinatos, desaparecidos, desplazados y el cúmulo de personas y comunidades que viven amenazados o amedrentados. La vida cotidiana de las personas en muchas ciudades y municipios del país ha sido alterada drásticamente con la consecuente propagación del miedo colectivo, como subjetividad emergente que vulnera la expectativa de paz y desarrollo. Otro de los saldos negativos de dicha estrategia ha sido la vulneración de la paz social y el acoso de distintos grupos armados, desde oficiales hasta ilegales, en contra de sectores de la población civil, lo cual concita un deterioro de los derechos humanos y las libertades sociales y políticas de la población. Se trata de una estrategia impuesta desde el poder sin consultar a la población que se desenca-

dena en un contexto caracterizado por una suerte de déficit democrático, dado que el gobierno recién ungido afrontaba una crisis de legitimidad, pues los comicios que supuestamente lo respaldaban habían sido fuertemente impugnados por la principal fuerza opositora, y la emergencia de esta violencia institucional cortó de tajo cualquier tentativa de impugnar al gobierno en funciones. Para la postura oficial, el tema del desarrollo no ofrece mayores complicaciones, pues persiste en mantener férreamente la agenda neoliberal, y más aún en profundizarla. Desde esa óptica, no existen saldos negativos en la población civil, ni tampoco ambientales. México se presenta como una potencia económica emergente, con estabilidad macroeconómica y un modelo responsable. Los desajustes del modelo se solucionan, por una parte, con programas de corte asistencialista para otorgar dádivas entre la población que padece la llamada pobreza extrema y, por la otra, mediante la mano dura para combatir a supuestos enemigos públicos y amedrentar a sectores sociales rebeldes, in-

68 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

conformes o indignados. Mediante estas medidas la agenda de derechos humanos se ve ampliamente desdibujada. Desde distintas trincheras políticas y posturas académicas, se han planteado otras visiones y puntos de vista sobre el problema. En el mayor de los casos, el diagnóstico sobre el tema de la violencia e inseguridad reposa en el problema del crimen organizado y las propuestas ofrecen variantes sobre cómo afrontarlo. Es sintomático el hecho de que los diagnósticos se concentren en las violencias emergentes y no en las violencias estructurales o sistémicas, referidas al acrecentamiento de las desigualdades económicas, culturales, territoriales, sociales, étnicas y políticas que atraviesan el amplio y variado entramado urbano del país y que, entre otras cosas, se manifiestan en una creciente exclusión, segregación, fragmentación y vulnerabilidad social. Con la implantación del neoliberalismo y sus programas de ajuste estructural, este tipo de violencias estructurales o sistémicas se ha acrecentado a grados extremos. Ello ha propiciado una descomposición sin

precedentes del tejido social que afecta, con particular virulencia, a los niños, jóvenes y mujeres, y se recrudece en las periferias de las zonas urbanas.2 En este contexto, las principales prescripciones para afrontar esta problemática como alternativa a la política del Estado mexicano resultan insuficientes y limitativas por dejar de lado la necesidad de emprender cambios estructurales en la organización socioeconómica y sistema político, sólo ofrecen variantes para afrontar la oleada de violencia armada. Una de estas posturas, de corte garantista, propone una serie de medidas que parten del supuesto de la existencia o reconstrucción del Estado de derecho.3 Desde una perspectiva neoliberal, se proponen medidas como la legalización de las drogas para aminorar el componente armado y violento.4 Desde el lado de las víctimas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, plantea resarcir los daños a las víctimas y moralizar a las instituciones para impulsar la seguridad ciudadana. Desde una óptica internacional, Edgardo Buscaglia5 plantea que el crimen orga-

Vivienda precaria en colonia periférica de la ciudad de Zacatecas. Foto: Margarita González.

69 TEMAS CRÍTICOS

Zonas habitacionales como espacios comerciales prefabricados. Foto: Margarita González.

nizado adquiere una dimensión transnacional en la comisión de una gran cantidad de delitos, la respuesta se encuentra en las prescripciones de la Convención de Palermo. Con todo, la mayoría de los enfoques alternativos tienen la virtud de desplazar el foco de atención al problema de la seguridad humana, no obstante se concentran en la incidencia de la violencia emergente, ya sea porque resaltan la virulencia de las bandas criminales o porque cuestionan la estrategia gubernamental del uso excesivo de la fuerza pública, sin un respaldo de inteligencia ni ataque directo al sustrato de la violencias e inseguridades sistémicas. Se pretende superar las limitaciones de estos enfoques a través de una perspectiva integral acerca de las violencias sistémicas y emergentes que se manifiestan en las ciudades mexicanas, como antídoto al cúmulo de amenazas, riesgos y peligros que devienen de las violencias e inseguridades en perjuicio de toda la población, pero con mucha mayor incidencia en los sectores sociales más vulnerables. Esta perspectiva alter-

nativa aboga por entablar un pacto entre la ciudadanía y las autoridades competentes con miras a articular una política de participación territorializada orientada a la construcción social de nuevas avenidas de desarrollo humano que permitan reconstruir, paulatinamente, el tejido social y productivo, en especial de los sectores poblacionales desposeídos y excluidos de acuerdo con la dinámica urbana. Asimismo, este pacto social pretende asentar la seguridad humana como baluarte de la convivencia y solidaridad social, con el fin de garantizar los derechos humanos fundamentales de la población y crear un clima social de bien común, democracia, justicia y paz.6

Seguridad

ciudadana versus

seguridad humana

Al ser la ciudad el principal espacio para la construcción social, la configuración de la ciudadanía, la formación de identidades colectivas y la socialización, la violencia

70 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO, 2015 VOLUMEN 4, NÚMERO 13

El complejo tejido urbano incuba un cúmulo de violencias que envuelven la vida cotidiana y trastocan las relaciones sociales. Foto: Jorge Vázquez Valdez.

irrumpe como una fuerza contraria. La violencia erosiona la ciudadanía, pues los habitantes, las víctimas, modifican su conducta cotidiana: cambian horarios, modifican rutas y espacios de tránsito, restringen las relaciones sociales por miedo al desconocido, etcétera.7 La violencia y su estigmatización (miedo al otro) genera un impacto inconmensurable en la ciudad, porque la atacan en su esencia, en la condición de ciudadanía, relegan la posibilidad de civitas o polis y reducen el tiempo (para establecer relaciones sociales y actividades) y el espacio (los lugares donde se entablan las relaciones se limitan al mínimo y a lo cotidiano). Ambos elementos son cruciales para rede-

finir la cualidad urbana y generar una estructura más inequitativa.8 Esta visión, no obstante, desvía el foco de atención hacia la seguridad ciudadana en tanto se enfoca en la incidencia de la violencia objetiva (los hechos) y la subjetiva (percepción) que se despliega en el territorio urbano de manera desigual produciendo impactos diferenciados, ya sea porque resaltan la mordacidad de las bandas criminales o porque cuestionan la estrategia gubernamental de uso excesivo de la fuerza, mas no cuestionan la violencia e inseguridades sistémicas o estructurales asociadas ya sea al modelo de desarrollo o a la morfología urbana.

Urbanización

de la violencia y la ciudad

gener ador a- contenedor a de violencia

Las violencias viven un proceso de cambio constante, sea por el incremento de su magnitud o la transformación de sus características. La ciudad sufre transformaciones por cambios en la tasa de urbanización, la internacionalización del capital y la reforma del Estado; a la violencia en la ciudad le corresponde la mutación de la relación entre ellas y desemboca en una concentración de hechos de violencia y la existencia de una violencia típicamente urbana. La urbanización de la violencia significa la localización espacial de ésta en las ciudades: las violencias emanadas de los procesos de desarrollo se manifiestan en las ciudades, este tipo de violencias se dirige, principalmente, contra las personas y su organización socioeconómica y política. Las ciudades son receptoras de estas violencias, mas no las creadoras. En contraste, las violencias urbanas son transmitidas en una forma particular de violencias desarrolladas, como escenario, exclusivamente en las ciudades y en un tipo de urbanización proclive a la generación de violencias específicas, generalmente vinculadas a los asuntos de convivencia social urbana.

Violencias

estructur ales

y violencias emergentes

La mayoría de los estudios sobre violencias en las ciudades se enfocan en aquellas consideradas emer-

gentes, inusitadas, así como en los problemas que refieren a sus manifestaciones (actos delictivos, crimen organizado o manifestaciones). Las violencias estructurales o sistémicas, por el contrario, se refieren al acrecentamiento de las desigualdades económicas, culturales, territoriales, sociales, étnicas y políticas que atraviesan el amplio y variado entramado del espacio urbano del país y que, entre otras cosas, se manifiestan en una creciente exclusión, segregación, fragmentación y vulnerabilidad social. Este tipo de violencia es poco analizada. Con la implantación del neoliberalismo y la implementación de los programas de ajuste estructural, este tipo de violencias estructurales o sistémicas se ha acrecentado a grados extremos. Ello ha propiciado una descomposición sin precedentes del tejido social que afecta, con particular saña, a los niños, jóvenes y mujeres y que se recrudece en las periferias de las zonas urbanas. Las violencias emergentes se manifiestan principalmente como incidencia delictiva y de inseguridad donde las acciones de combate son de corte coercitivo y punitivo. En México, este tipo de violencia emergente ha llamado poderosamente la atención de medios de comunicación y esferas gubernamentales en todos los niveles;11 a tal grado, que ha habilitado a las fuerzas militares para la realización de actividades policiacas y, simultáneamente, extender la presencia de las policías federales en las ciudades. Paralelamente, las causas estructurales y sistémicas de la violencia urbana se ubican en las relaciones sociales de producción, y el actual modelo de desarrollo, centrado en las estrategias de las grandes corporaciones multinacionales, como la relocalización de la producción y el empleo de trabajo barato, confinan a las ciudades mexicanas como un conspicuo apéndice de las cadenas globales de producción, comercio y servicios, y cierran el paso a cualquier tentativa de desarrollo nacional. En este contexto, las aristas de desigualdad y exclusión contravienen la tentativa de desarrollo humano y catapultan la ciudadanía mínima y una condición social generalizada de inseguridad humana, que trastoca, en múltiples planos y niveles, desde las más elementales relaciones de convivencia social hasta la fractura del sistema de producción y reproducción de la vida humana, que concita el trabajo productivo y reproductivo, pasando por la espiral de violencia estructural y criminal que, amén de generar una percepción social esquizofrénica, significa el último círculo de la

TEMAS CRÍTICOS

En esa lógica, la inseguridad humana se refiere a la sistemática degradación de la condición humana, propiciada por las violencias sistémicas o emergentes, y en general por las dinámicas económico-políticas del modelo de desarrollo, que incluye diversos mecanismos de exclusión social9 y que se manifiestan, reproducen y amplían en el espacio urbano por su autónoma dinámica interna. La perspectiva de la seguridad humana busca un enfoque integral acerca de las violencias estructurales y emergentes, como el antídoto al cúmulo de amenazas, riesgos y peligros que devienen de las violencias e inseguridades en perjuicio de toda la población, pero con mayor incidencia en los sectores sociales más vulnerables.10

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degradación social que termina por constreñir los márgenes de acción social en el espacio urbano. Bajo este precepto, es imprescindible distinguir cuáles son las violencias estructurales o sistémicas propias de la ciudad y las que se manifiestan en ella; al mismo tiempo, clasificar las violencias emergentes urbanizadas exteriorizadas en el espacio urbano y las generadas por la organización citadina.

Violencias

estructur ales urbanizadas

El proyecto de desarrollo nacional, inmerso en un esquema de integración regional basado en las ciudades, acrecienta las asimetrías económicas donde figuran en la superficie los flujos de inversión, comercio, tecnología, conocimientos e información, pero subyace también un tráfico de personas, armas y drogas como signo de la vulnerabilidad de la condición humana. A su vez, en el plano intraurbano emergen desigualdades sociales que enquistan ínsulas de prosperidad en medio de un mar de precariedad y pobreza que reproducen vacíos de poder en múltiples ámbitos socioespaciales, consolidan el desempleo estructural y se reflejan en la economía informal, debilitan el patrimonio genético de la población con la proliferación de enfermedades curables (diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer), afloran signos de ingobernabilidad y deterioran la actividad política ante la falta de consenso en la toma de decisiones sobre el proyecto de nación. Aunque el análisis de la (in)seguridad humana en las ciudades es incipiente, existe evidencia de que puede ayudar a aportar elementos constitutivos. Aquí se enuncian sólo algunos.

Reestructuración productiva El modelo neoliberal, con el fin de restablecer la tasa de ganancia a un estado estable, ha concentrado la actividad económica en espacios y actividades que fomentan, además de las especulativas y financieras, el deterioro de los recursos económicos, humanos y ambientales olvidando las dimensiones regionales. Desde el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones se configuraban cambios demográficos, económicos y sociales hacia la concentración en zonas urbanas, concretamente las más grandes, como la Ciudad de México o Guadalajara, con la característica del fomento y especialización de la industria que cubría un mercado interno. Pero la imposición del modelo neoli-

beral, ante el agotamiento del modelo anterior, intensificó las diferencias y desigualdades, a tal grado, que existe un vaciamiento de la actividad industrial tanto territorial como sectorial y un proceso de terciarización de la economía caracterizado por la precarización del trabajo y empeoramiento de las condiciones de vida de los pobladores urbanos y rurales. Ciudades anteriormente industriales como León o Monterrey han perdido competitividad no sólo por la volatilidad en los flujos de inversión, sino por el tipo de suministros requeridos por la demanda y dependencia de insumos importados. La reubicación de la actividad industrial hacia la frontera y centro del país (concretamente el corredor Querétaro-Aguascalientes) se caracteriza por no tener fuertes impactos económicos multiplicadores en dichos espacios urbanos ni sus zonas de influencia.12 Aquellas ciudades que no tuvieron acceso al proceso de industrialización, o su proceso no fue de relevancia a causa de su poca capacidad de atracción de inversión, se dedicaron principalmente a ser centros de distribución de bienes y servicios y de administración de recursos públicos. En la etapa del modelo de desarrollo de apertura comercial, los cambios en la distribución de bienes y servicios fueron modificados ante nuevas formas de comercialización y de introducción de técnicas innovadoras en el transporte y las comunicaciones. Al mismo tiempo, el reacomodo del Estado, que de ser un generador de desarrollo económico pasó a ser simplemente gestor de recursos, modificó la estrategia de sobrevivencia de las ciudades terciarias dando paso a nuevas dinámicas. La mayoría de ellas se encargaron de mercantilizar su patrimonio cultural urbano. Los proyectos de conservación y mantenimiento patrimonial estimulan el desarrollo económico de acuerdo con la liberación de acciones individuales y colectivas empresariales con base en los derechos en la propiedad privada, libre mercado y libre comercio.13 Las ciudades terciarias se ven forzadas a competir por la atracción de capitales y personas extranjeros con el fin de asegurar su ventaja locacional, su distinción, donde la gestión estatal juega el papel principal para la rentabilización del patrimonio por medio de negociaciones y disputas de poder con los actores involucrados.

Localización económica y residencial La aglomeración puede generar concentraciones de empleo en ciertas localizaciones dentro de un área urbana. Una localización bien equipada por infraestructura como vialidades, líneas de transporte, puede

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El centro comercial es el punto de reunión de la urbanidad de la modernidad tardía para consumidores solventes. Foto: Jorge Vázquez Valdez.

atraer a las empresas. Los centros se pueden formar donde tengan accesibilidad a mercados e insumos de una manera menos costosa.14 No obstante, los cambios en la aglomeración en el interior de las ciudades pueden darse por cambios en las dinámicas externas como los procesos de reestructuración productiva o los cambios en las innovaciones tecnológicas aplicadas a los transportes y las comunicaciones, dando paso a la mudanza de un centro principal a otro suburbano. En los centros principales tradicionales, la población que camina es más amistosa e incluso es benéfica a las economías de aglomeración, potencial que impulsa las compras y uso de servicios y por tanto una mayor interacción social.15 En contraste, en el centro suburbano la dependencia del uso del automóvil y la baja densidad, comparada a la del centro tradicional, sigue siendo un signo distintivo del ambiente suburba-

no a pesar de considerarse como principal en la jerarquía.16 El centro suburbano expone un estilo de vida, como la utilización de tecnologías, el cuidado de la salud y la adquisición de prácticas de consumo suscitadas por las nuevas formas de inserción del capital mundial, intensificando el individualismo. El patrón de localización de los grupos sociales en una zona urbana corresponde a principios sociales y económicos; el acceso a una vivienda estriba en la capacidad de compra, las necesidades y la oferta inelástica de vivienda. Grupos con alta capacidad de compra acceden a residencias con mejores servicios de infraestructura y equipamiento urbano; los de menor capacidad económica adquieren viviendas que cumplan con sus necesidades básicas. La integración de grupos sociales con sus vecinos corresponde a la complementación social que poseen grupos de ingreso con

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gustos y costumbres similares, tienen mayor armonía social que aquellos donde los intereses grupales son diferentes; los barrios sociales reflejan un mosaico de manifestaciones diferenciadas de comportamientos sociales y económicos. Aquellos grupos sociales que gozan de mayor diversidad en manifestaciones sociales y económicas demandan más y mejores bienes y servicios; la centralidad requiere de un mercado diversificado en gustos y preferencias, necesita barrios donde la segregación social es mínima. En zonas donde el aislamiento social es elevado, es difícil que un centro con alta jerarquía exista a causa de la poca diversidad en la demanda, conocimiento social y educación.17 Si existen cambios en la estructura urbana, los grupos con más recursos y conocimientos se adaptan mejor. La localización de la actividad económica hacia una nueva dirección implica movilizaciones de recursos humanos y económicos; ni todas las actividades ni todos los grupos sociales se ajustan al mismo ritmo.18 Cambios en la estructura urbana implican modificaciones en costos de proximidad y precios de accesibi-

lidad, así como en oportunidades de empleo, compras y redistribución del ingreso.19

Violencias

estructur ales urbanas

Las violencias estructurales urbanas provienen de la producción social del territorio; el espacio urbano se constituye como un elemento relevante de la producción de los hechos violentos; viene de la división social del espacio y de la lógica particular del urbanismo que puede producir cierto tipo de violencia particular acorde con las manifestaciones estructurales urbanas. Las principales violencias estructurales urbanas se podrían enumerar en los procesos de planeación urbana, segregación residencial, fragmentación espacial y acceso diferenciado a los recursos urbanos que provocan exclusión social y miedo al otro. a) Procesos de planeación urbana. Las técnicas y herramientas para conocer e influir en la estructura urbana no son imparciales. Son instrumentos que

El aparador comercial protege las mercancías de modo de personas excluidas de la vida cosmopolita. Foto: Jorge Vázquez Valdez.

principio físico, el acceso a mayor número de consumidores correspondería a una localización conveniente. Por tanto, la localización de centros tiene que ver con la ubicación de recursos urbanos. El acceso a recursos urbanos y centros es diferenciado de acuerdo con el asentamiento residencial de cada uno de los grupos sociales. Aquellos cercanos a centros alcanzarían mayor poder adquisitivo por el hecho de su proximidad. Un elemento fundamental para mejorar o deteriorar el ingreso real es el costo de desplazamiento.22 Recursos financieros y sociales de grupos de ingreso alto y medio permiten acceder a residencias en espacios con equipamiento urbano, su localización contigua a centros se debe a su capacidad económica y social. Hay una disminución en costos de desplazamiento por su cercanía a centros, lo que crea consecuencias favorables en su ingreso real. Por el contrario, el poder adquisitivo del individuo de ingreso bajo se deteriora espacialmente; su localización se evidencia en áreas de menor renta de suelo e interés social.23 e) Renta del suelo. Gastos asociados con contactos cara a cara se amplían por incremento en la distancia, así como el tiempo asociado con el movimiento de población, son decisivos en la localización. Su relevancia se refleja en la oferta de rentas más profundas para localizaciones con excelente acceso. Servicios financieros o de consultoría son ejemplos donde las medidas de producto no son tangibles y la frecuencia del contacto personal indica altas tasas de transferencia (costo en el tiempo asociado con el movimiento de personas); pero obtener altas tasas de producto implica manejo de múltiples contactos interpersonales, para un producto total dado. Por otro lado, la habilidad para sustituir entre suelo agrícola y no agrícola contribuye a la profundidad de gradiente de la renta urbana. Esas actividades ofertan suelo más central; al incrementar costos fijos como edificios y equipamiento por acre de tierra, la profundidad de gradientes de renta del suelo es también reforzada. La producción y características de transferencias de actividades que ocupan áreas urbanas usan intensivamente el suelo y ofertan altas rentas en localizaciones centrales con el supuesto de que la tierra es igual en calidad en cualquier lugar; a mayor demanda por actividad, más amplia es el área que ocupa.24

TEMAS CRÍTICOS

permiten la desigualdad y diferenciación de espacios, recursos y personas en cuanto a forma, diseño y orientación de la planeación urbana. Generalmente, la planeación está asociada a la imposición de gustos, intereses y proyectos de la clase hegemónica, quien expresa su visión de la dinámica urbana bajo los proyectos de diseño urbanístico y arquitectónico y reactivación económica y social de los espacios urbanos. b) Segregación residencial. La localización diferenciada de la sociedad en el territorio crea una violencia real y simbólica que, finalmente, se expresa en las relaciones excluyentes entre los lugares de despliegue de la población de altos recursos económicos y culturales y de los de bajos, convertidos en elementos centrales de la desigualdad.20 Con la segregación residencial se confirma que, mientras los pobladores de barrios pobres encuentran seguridad en la búsqueda del sentido de pertenencia, de la identidad comunitaria y de la participación colectiva de lo local, los habitantes de los barrios altos lo hacen sobre la base de la defensa de la homogeneidad interna, para lo cual se blindan. c) Fragmentación espacial. Se pasa de una urbe que contiene una ciudad plural a una ciudad de fronteras, con límites y barreras infranqueables donde la exclusión es una forma de estar fuera de la ciudad y lo hace por medio de las rupturas territoriales, generacionales, étnicas, migratorias y de género, entre otras. Las fronteras son sinónimo de separación entre nosotros y ellos, donde el paso de unos está reglamentado y el de otros, negado. La fragmentación lleva al habitante de la ciudad a comportarse como un extraño, porque cuando no camina por senderos habituales hacia los lugares de trabajo o de residencia y se sale de su territorialidad cotidiana (barrio), inmediatamente se le hace sentir forastero y, por tanto, se le exige identificación, como si fuera necesario un pasaporte o una visa para transitar de un barrio hacia otro y donde cada uno de ellos se expresa como unidades cerradas y autárquicas.21 d) Acceso diferenciado a recursos urbanos. En las ciudades el equipamiento e infraestructura urbana se distribuye de manera escasa. Los recursos se localizan en zonas de mayor accesibilidad. Plazas, parques, escuelas, amplias avenidas, tratan de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Centros de comercios y servicios también responden a ese

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Estas violencias sistémicas o estructurales a la construcción social de la ciudad son casi ya imperceptibles a los ojos de sus habitantes y analizadas, cada vez con menor intensidad, por los académicos y planeadores. Violencias que configuran una inseguridad humana de los pobladores urbanos más intensa y profunda así como menos perceptible.

Violencias

emergentes urbanizadas

Las violencias emergentes urbanizadas son las más visibles y acaparan la atención de los medios de comunicación masivos. a) Urbanización de la violencia por “guerra contra el crimen organizado” y movimientos sociales asociados al modelo de desarrollo. Las disputas entre grupos del crimen organizado y la contraofensiva estatal se han desatado en todo el territorio mexicano, pero ha sido en las ciudades donde mayor impacto ha tenido, principalmente por la concentración de recursos humanos y económicos. Pero aquellos actos considerados como delitos que atentan contra la seguridad física y emocional del individuo, como el robo y el secuestro, también han sido masificados en las ciudades. Adicionalmente, las ciudades son el lugar idóneo para expresar públicamente las inconformidades ante los procesos de desigualdad social llevados por el actual modelo de desarrollo. Marchas, mítines o repudios públicos contra los despidos masivos de trabajadores, contra aumento de precios de bienes y servicios o intensificación de crisis económicas son constantes fenómenos exhibidos en los espacios urbanos. Los residentes urbanos han asimilado y apropiado a su dinámica cotidiana estas manifestaciones y las relacionan con la dinámica sociourbana más que a la dinámica estructural socioeconómica. Estos fenómenos atentan contra la seguridad humana de los residentes urbanos. b) Patrones de localización y comportamiento diferenciados dependiendo del emplazamiento de la violencia en las ciudades. La incidencia de la violencia en determinadas áreas en el interior de las ciudades o entre ciudades estigmatiza y provoca segregación, exclusión y fragmentación de la vida comunitaria urbana. La percepción de que Acapulco es más violenta que Mérida a causa de la lucha contra el narcotráfico, o que el barrio de Tepito es mucho más violento que Santa Fe, incita indirecta y sub-

jetivamente los patrones de tránsito de residentes así como patrones de localización residencial, afectando no sólo la economía local y estructura intra e interurbana, sino los patrones de convivencia social deteriorando el tejido social urbano. c) Cambios en los patrones de vida de los ciudadanos. La exaltación de la violencia en las ciudades ha provocado, además del miedo, cambios en los comportamientos de los residentes urbanos que van desde considerar al otro como un agresor, hasta cambiar hábitos en las prácticas cotidianas. A esto se le añade la violencia ejercida por el Estado a través de la legitimación de una fuerza militar y policial en aras de controlar el crimen organizado, que asusta y cohíbe las manifestaciones políticas y sociales de los ciudadanos.25 A raíz de esto, en las ciudades mexicanas, principalmente las azotadas por este tipo de violencia, es común identificar los cambios en las rutas de traslados de los residentes, la reducción de salidas de casas sólo a ac tividades necesarias y reducir los horarios de convivencia social.

Violencias

emergentes urbanas

En sus propias direcciones, los movimientos étnicos, sociales, regionales, feministas, ecológicos, juveniles, de consumo y gays están dando forma a la racionalidad política. Esos nuevos movimientos excedieron el tradicional sentido de la política y son reorganizados en términos culturales. Los nuevos movimientos urbanos descubrieron las dimensiones culturales de la política, revelaron la política como una esfera para producir un sentido de lo social, para negociar intereses y diferencias.26 Los nuevos movimientos urbanos encaran una ciudad hecha de flujos y noticias con una fuerte dinámica de reterritorialización de luchas, luchas por el espacio. Al descubrir la relación entre política y cultura –la cual no tiene nada que ver con la vieja obsesión por politizar todo– los nuevos movimientos descubrieron la diferencia como un espacio para profundizar la democracia y la autonomía. Así, la lucha contra la injusticia es también la lucha contra la discriminación y diversas formas de exclusión, la cual es, al final del día, la construcción de un nuevo modo de ser del ciudadano que lleva a reconocer a los otros, en una condición indispensable para la comunicación y sólo la vía civil de superar el miedo.

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Cinturones de la miseria, ciudades perdidas, suburbios, favelas, lunares de la pauperización. Foto: Jorge Vázquez Valdez.

Pero al mismo tiempo, la forma como está construyéndose la ciudad social y espacialmente ha estado intensificando las conductas de desprecio, discriminación y, principalmente, segregación contra determinados grupos sociales marginados y asociados al modelo de desarrollo. Los movimientos étnicos, feministas o gays son expresiones de diferencia entre seres humanos, pero no de desigualdad. Para el modelo neoliberal implantado en México desde inicios de la década de los ochenta ha sido muy rentable políticamente estimular las diferencias y las individualidades, pero ha estado discriminando social y espacialmente a los marginados: despreciar al pobre que pide limosna en una calle, al desempleado o al joven por vivir en un barrio “no deseado”. Asimismo, las expresio-

nes de grupos de jóvenes como ninis, darks o emos son conductas no aceptadas por los residentes urbanos porque reflejan la incapacidad de la ciudad para contrarrestar las desigualdades. Comportamientos “anti-desigualdad” se están reproduciendo a pasos agigantados en las ciudades mexicanas producto de la segregación y la fragmentación. Se trata de una estigmatización, exclusión y miedo de un subgrupo social urbano por otro. Estas violencias emergentes urbanas se traslapan y se diluyen entre la insurgencia de la guerra contra el crimen organizado y la insurgencia de diferentes movimientos urbanos en contra de la discriminación sexual, étnica o ambiental, al mismo tiempo que ocultan las violencias estructurales tanto urbanas como de organización social que avanzan sin obstáculos serios.

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Las zonas hoteleras conectadas a los circuitos del turismo global ofrecen esparcimiento a vacacionistas con poder de compra. Foto: Jorge Vázquez Valdez.

Deterioro

de la ciudadanía

y seguridad humana

En ciudades que sufren el incremento de la violencia social, el cambio tendría que comenzar con repensar el contrato social, los modelos de solidaridad o construcción cultural/simbólica de un deteriorado sistema que produce más fisuras que las que llena; las fisuras son estructurales, discursivas y políticas; pero la violencia reescribe las condiciones de ciudadanía y obliga a los teóricos del discurso y las estructuras ideológicas del poder a revisar postulados conocidos, porque el miedo ha creado una nueva forma de subjetividad. Acostumbrados, en otra era, a representar la realidad en términos de lucha de clase, y ahora en

términos de minorías étnicas o sexuales, se olvidan que ir caminando en las calles es una aventura diaria de miedo en muchas ciudades. Es una guerra no declarada que enfrenta a todos contra todos; es una lucha de cualquiera por sí mismo. Esta guerra no declarada es, en cualquier sentido, una guerra civil, en la cual no hay espacios seguros, sin lugares de refugio, ni slogans patrióticos, ni proclamaciones programadas, ni direcciones, ni metas a medio ni a largo plazo.27 Las ciudades también tienen sus dolencias, zonas cancerosas que pueden ser extirpadas, o a lo menos aisladas para específicos vecindarios. La modernidad dividió a las grandes ciudades dentro de áreas claramente marcadas, pero la posmodernidad las diferen-

79 TEMAS CRÍTICOS

ció social y culturalmente; y los argumentos construidos de seguridad humana deben reconocerlo. El diagnóstico y análisis de la seguridad humana se da sólo si existe una diferenciación en la conceptualización de la violencia en lo referente a la dinámica urbana. Las ciudades mexicanas no sólo han profundizado sus conflictos negativos producto de los cambios en su dinámica interna de reproducción social vividos en los últimos años, sino producto de la configuración del modelo de desarrollo llevado actualmente. De hecho, se configura actualmente una mayor atención a la problemática de la urbanización de las violencias emergentes que a la violencia urbana estructural que incita a plantear la urgencia de cambio de modelo de desarrollo basado en la seguridad humana, como indicativo de la evolución de capacidades y habilidades que permitan un avance armónico

en mejores condiciones de convivencia social; lo que lleva a la construcción física y social de ciudades más justas. En términos prácticos, la propuesta alternativa aboga por entablar un pacto entre ciudadanía y autoridades competentes con miras a articular una política de participación territorializada orientada a la construcción social de nuevas avenidas de desarrollo humano que permitan reconstruir, paulatinamente, el tejido social y productivo, en especial de los sectores poblacionales desposeídos y excluidos en la actual estructura urbana. Asimismo, este pacto social pretende asentar la seguridad humana como baluarte de la convivencia y solidaridad social con el fin de garantizar los derechos humanos fundamentales de la población urbana y crear un clima social de bien común, democracia, justicia y paz.28

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– notas – •

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go”, Journal of Urban Economics, vol. 43, núm. 2, marzo; Bennett, Robert y Colin Smith (2002), “The Influence of Location and Distance on the Supply of Business Advice”, Environment and Planning A, vol. 34, núm. 2, pp. 251-270. 15 Gary Cook, Naresh Pandit, Jonathan Beaverstock, Peter Taylor y Kathy Pain (2007), “The Role of Location in Knowledge Creation and Diffusion: Evidence of Centripetal and Centrifugal Forces in the City of London Financial Services Agglomeration”, Environment and Planning A, vol. 39, núm. 6, pp. 1325-1345. 16 Pierre Fillion (2001), “Suburban Mixed-use Centres and Urban Dispersion: what Difference do they Make?”, Environment and Planning A, vol. 33, núm. 1, pp. 141-160. 17 Tito Alegría (1994), “Segregación socioespacial urbana. El ejemplo de Tijuana”, Estudios Urbanos y Demográficos, vol. 9, núm. 2, pp. 411-428. 18 David Harvey (1985), Urbanismo y desigualdad social, México, Siglo XXI Editores. 19 Tito Alegría (1994a), “Condiciones espaciales de la pobreza urbana y una propuesta para su disminución”, Frontera Norte, vol. 1, número especial, pp. 61-76. 20 Tito Alegría (1994), op. cit.; Harvey, David (1985), op. cit. 21 Rossana Rossana (2002), op. cit. 22 Tito Alegría (1994a), op. cit. 23 Guadalupe González (2009), Centralidad y distribución espacial del ingreso, Zacatecas, Conacyt-Universidad Autónoma de Zacatecas. 24 Edgar Hoover y Frank Giarrantani (2000), An Introduction to Regional Economics, Virginia, West Virginia University. 25 Alberto Concha (2002), “Urban Violence in Latin America and the Caribeean. Dimensions, Explanations, Actions”, en Susana Rotker (ed.) op. cit., pp. 37-54. 26 Jesús Martín (2002), op. cit. 27 Susana Rotker (2002), op. cit. 28 Rodolfo García (coord.) (2012), Desarrollo humano sustentable, derechos humanos y seguridad humana en el municipio de Zacatecas, Zacatecas, Universidad Autónoma de ZacatecasAyuntamientos de Zacatecas.

1 Jesús Martín (2002), “The City. Between Fear and the Media”, en Susana Rotker (ed.), Citizens of Fear, Nueva Jersey, Rutgers University Press, pp. 25-33. 2 Humberto Márquez, Raúl Delgado y Rodolfo García (2012), “Violencia e inseguridad en México: necesidad de un parteaguas civilizatorio”, Estudios Críticos del Desarrollo, vol. II, núm. 2, pp. 167-197. 3 Jorge Carpizo y Diego Valadés (2008), Derechos humanos, aborto y eutanasia, México, unam. 4 Jorge Castañeda y Rubén Aguilar (2012), Los saldos del narco: el fracaso de una guerra, México, Punta de Lectura. 5 Edgardo Buscaglia (2013), Vacíos de poder en México. El camino de México. Cómo combatir la delincuencia organizada, México, Debate. 6 Humberto Márquez, Raúl Delgado y Rodolfo García (2012), op. cit. 7 Rossana Reguillo (2002), “The Social Construction of Fear. Urban Narratives and Practices”, en Susana Rotker (ed.), op. cit., pp. 187-206. 8 Ana María San Juán (2002), “Democracy, Citizenship, and Violence in Venezuela”, en Susana Rotker (ed.), op. cit., pp. 87101; Adorno, Sergio (2002), “Touth Crime in São Paulo. Myths, Images and Facts”, en Susana Rotker (ed.), op. cit., pp. 102-115; Cárdia, Nancy (2002), “The impact of Exposure to Violence in São Paulo”, en Susana Rotker (ed.), op. cit., pp. 152-183. 9 Humberto Márquez, Raúl Delgado y Rodolfo García (2012), op. cit. 10 Susana Rotker (2002), “Cities Written by Violence. An Introduction”, en Susana Rotker (ed.), op. cit., pp. 7-22. 11 Jesús Martín (2002), op. cit. 12 Jorge Egurrola y Luis Quintana (2012), “Industria y vaciamiento productivo regional en México”, en José Luis Calva (coord.), Desarrollo regional y urbano. Análisis estratégico para el desarrollo, vol. 13, México, Consejo Nacional de UniversitariosJuan Pablos Editor, pp. 39-64. 13 Xiaobo Su (2010), “Urban Conservation in Lijiang, China: Power Structure and Funding Systems”, Cities, núm. 27, pp. 164-171. 14 John McDonald y Daniel McMillen (1998), “Suburban Subcenters and Employment Density in Metropolitan Chica-

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TEMAS CRÍTICOS

Ayotzinapa: crimen de Estado y movilización estudiantil Humber to Márquez Covarr ubia s * El despojo de bienes comunes naturales y la ancestral pobreza amenazan el modo de vida de los pueblos rurales de México. Deplorables condiciones de infraestructura, equipamiento y financiamiento demeritan el esfuerzo educativo de los maestros que, no obstante, contribuyen a preservar las culturas populares en esos ámbitos comunitarios. Las normales rurales sufren acoso y el profesorado del país afronta una reforma educativa que, paradójicamente, no contiene un proyecto educativo pero sí medidas laborales restrictivas. La desaparición forzada de estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurre en el marco de la violencia estatal generalizada por la “guerra contra el narcotráfico” que ha descompuesto el entramado social y criminalizado a sectores opositores a las “reformas estructurales”. Los diversos hechos de sangre, violencia, explotación y despojo suscitan un despertar de la conciencia social. La acumulación de indignaciones cimbra, en particular, a los estudiantes de universidades públicas y privadas que han protagonizado jornadas de protesta que, una vez más, han deteriorado la menguada imagen del sistema de poder. Esta movilización, junto a otras de su tipo, aún está buscando cauces de organización y participación que superen las prácticas acotadas y pervertidas que ofrecen los politicastros y los medios de comunicación. Mordemos la sombra Y en la sombra Aparecen los muertos Como luces y frutos Como vasos de sangre Como piedras de abismo Como ramas y frondas De dulces vísceras

David Huerta

Giro conservador

agraria para dotar de tierras a los campesinos mediante los ejidos y se impulsa un proyecto de educación socialista que incluye la apertura de 46 escuelas normales rurales. Estas escuelas han tenido el doble cometido de ofrecer educación a los hijos de campesinos y formar maestros para las escuelas rurales e indígenas donde pervive la cultura de los pueblos originarios y las lenguas nativas. Amén de un proyecto de inclusión

RUTO DE LA REVOLUCIÓN mexicana,

en el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se implementa la reforma

* Docente-investigador y responsable del programa de doctorado de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. 81

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educativa favorable a los sectores más pobres del país también significaba un apoyo a las culturas populares, pues los normalistas y profesores se compenetraban en la vida de las comunidades. Empero, los sucesivos gobiernos del giro conservador, desde Manuel Ávila Camacho hasta la fecha, emprenden una acometida en contra de las normales rurales. El presidente represor de estudiantes, Gustavo Díaz Ordaz, responsable de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, en la fecha axial del 2 de octubre de 1968, cerró 15 de las 29 normales rurales.2 La ofensiva incluye el abandono y cierre de dichas escuelas, el deterioro de las instalaciones y el internado, la satanización de esos espacios al tildarlos como nido de guerrilleros y subversivos, además del embate frontal contra estudiantes. Los gobiernos neoliberales la han emprendido en contra de las normales rurales al restringirles los apoyos financieros, tacharlos de revoltosos y reprimirlos en sus manifestaciones públicas. Los proyectos de modernización educativa pretenden tornar irrelevantes a los normalistas rurales, pues proyectan otorgar plazas de docentes a egresados de otras profesiones, amén de que plantean instaurar materias como inglés y computación en las escuelas del medio rural e indígena, en detrimento de la cultura autóctona y la lengua nativa, campos pedagógicos que son del pleno dominio de los normalistas rurales y representativas de la cultura regional de donde provienen. La puntilla se pretende dar con el último ciclo de reformas neoliberales, que incluye a la educativa, en realidad laboral.3 Al provenir de los sectores populares más pobres los normalistas asumen una conciencia social y un activismo político decididos. De hecho, una de las organizaciones estudiantiles de mayor antigüedad en el país, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (fecsm), congrega a los estudiantes normalistas rurales, donde se concientizan y movilizan en luchas estudiantiles, magisteriales, campesinas y obreras.4 Una muestra es que las normales rurales se opusieron a la reforma educativa. El activismo político los ha situado de nueva cuenta a la vista del ojo represor del Estado.

Vivir y educar en la pobreza Más de 40 por ciento de las escuelas públicas del nivel básico están ubicadas en el medio rural, donde radica

la mayoría de la población pobre e indígena de México. En ese ámbito el trabajo de los maestros egresados de las normales rurales ha sido muy importante para brindar educación a los niños más desprotegidos y contribuir a la preservación de las culturas populares. Las condiciones de trabajo y el entorno social son muy precarios. El esfuerzo del profesor se multiplica cuando tiene que atender al mismo tiempo las diferentes necesidades de niños de distintas edades inscritos en diversos niveles reunidos en un mismo espacio, las aulas multigrado, que pueden cubrir de primero a sexto grados. Las escuelas rurales disponen de instalaciones muy precarias y están enclavadas en comunidades pobres. Las carencias van desde falta de energía eléctrica y muros perimetrales, falta de agua potable y goteras en los techos, ausencia de biblioteca y mobiliario rudimentario, entre otros.5 Los niños acuden al aula mal alimentados y presentan grandes dificultades para mantener la atención y concentración mínima indispensable para el aprovechamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya no digamos para preservar la salud. Además del bajo rendimiento escolar, cunde el síndrome de malnutrición que se expresa en desnutrición, talla baja y anemia. Muchos niños abandonan temporalmente el ciclo escolar porque sus padres los llevan a trabajar a la siembra y cosecha en cada ciclo agrícola. Los profesores perciben bajas remuneraciones y, al emparentarse con la vida comunitaria, padecen trastornos emocionales debido a las condiciones de pobreza y enfermedad de sus alumnos. Tampoco son ajenos al acoso criminal, pues a menudo sufren extorciones, robos y amenazas. Para muchos docentes normalistas del ámbito urbano, que suelen concursar por un número limitado de plazas, el hecho de que los envíen a escuelas rurales representa una especie de castigo. Esta percepción puede cambiar luego de que los profesores interactúan en la vida de sus estudiantes, familiares y la comunidad.

Mentores asediados La virtual privatización y extranjerización de la renta petrolera y gasífera significa el cierre de la hebilla del ciclo de contrarreformas que despojan al pueblo de los bienes nacionales y comunes, además de derechos laborales y sociales. En esa marejada emerge la reforma

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43 estudiantes normalista rurales fueron desaparecidos de manera forzosa por la fuerza pública en colusión con el crimen organizado.

“educativa” impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), el grupo de interés Mexicanos Primero, cercano a Televisa, y el Pacto por México, que aglutina al poder Ejecutivo y la partidocracia. La presunta reforma educativa desdeña la opinión del magisterio. Previo a su procesamiento parlamentario, se defenestra al oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) con el encarcelamiento de la lideresa Elba Esther Gordillo. Sólo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte) se opone frontalmente a la reforma y se moviliza en las calles, sobre todo en los estados donde tiene mayor fuerza: Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Más que una reforma al sistema de educación pública que incluya una actualización de los planes de estudio y mejoras pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, un programa ambicioso de dotación de infraestructura y equipamiento a las instituciones educativas, la capacitación y actualización profesional del personal docente, el mejoramiento de las condiciones laborales del magisterio y la promoción de condiciones alimenticias y sanitarias de los escolares, la reforma en realidad persigue trastocar las relaciones laborales, una vez defenestrado el sindicato, de por sí oficialista, para implementar evalua-

ciones tendientes a generar un clima de incertidumbre laboral, control político y facilidades para el despido del personal considerado prescindible según las exigencias empresariales que animan el espíritu reformista. De igual modo se pretende abrir la contratación de personal sin perfil normalista, lo cual podría tornar irrelevante la función de los centros de formación magisterial. Asimismo, se proyecta un modelo educativo homogéneo para todo el país, es decir, sin suponer diferenciaciones sociales, regionales y culturales. En tal sentido, además del español, se estipula la enseñanza preferente de un segundo idioma, el inglés, la lengua universal de los mercados globales, y la adopción de la computadora o la tablet como dispositivo tecnológico mediador de las relaciones pedagógicas. Tales medidas demeritan también el trabajo de los normalistas, sobre todo de los rurales, y deterioran las culturas regionales, rurales e indígenas, donde se hablan lenguas nativas y se practican culturas y saberes idiosincráticos. Huelga decir que no se propone ninguna mejora al andamiaje institucional que controla el sector educativo, ni recortes a las desmedidas remuneraciones y canonjías de la alta burocracia, ni el combate a la corrupción, ni la desarticulación de intereses políticos que han caracterizado las relaciones clientelares entre gobiernos, burócratas y sindicatos, mientras sean

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funcionales al nudo de intereses político-empresarial en boga. La reforma educativa es, pues, en realidad una política de flexibilización de las relaciones laborales de los mentores, una suerte de despojo de derechos sociales y laborales, y la adopción de preceptos tecnocráticos en el sistema pedagógico aunado a la sujeción política del magisterio por el gobierno en turno. Este procedimiento legislativo ocurre en un contexto de alta exclusión escolar generalizada en el país, donde por cada 100 infantes que ingresan a la primaria, apenas 64 logran terminarla en seis años; de ellos, sólo 46 concluye la secundaria; de ellos 24 terminan la preparatoria, y sólo 10 afortunados culmina la universidad. En México, la escolaridad promedio nacional está por debajo de 10 grados de educación; en tanto que más de 32 millones personas mayores de 15 años tienen rezago educativo. 6 En términos constitucionales, esta trayectoria de embudo representa una enorme deuda social del Estado mexicano no reconocida y no atendida estructuralmente. La reforma hace caso omiso de dicha deuda y de la necesidad de solventarla.

Desaparición de normalistas La Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero, comenzó a funcionar en 1926. Ha sido un símbolo de resistencia y lucha social. Diversos movimientos sociales y personalidades como Lucio Cabañas y Genaro Vásquez surgieron de ella. La Normal ha formado a 88 generaciones de maestros rurales que, a su vez, han educado a unos 40 millones de personas, que luego han podido acceder a diversas formaciones profesionales, como abogados, ingenieros, contadores y arquitectos. Actualmente, cuenta con 522 estudiantes. Como es habitual, los maestros rurales y los estudiantes se forman en valores comunitarios de solidaridad y fraternidad, valores ajenos a los preceptos neoliberales de competencia, individualismo y egoísmo; si salen de la comunidad, tarde o temprano retornan a ella. La combinación de la práctica pedagógica y la formación de conciencia social no está orientada a fabricar un éxito profesional en el mercado laboral competitivo sino a formar agentes de transformación social en sus propias comunidades. Al igual que las otras 16 normales rurales instaladas en México, opera con grandes carencias presu-

puestales, precarias instalaciones y estigmatización política. Los normalistas rurales suelen ser criminalizados al vincularlos con grupos delictivos y el narcotráfico, y al estigmatizarlos como agentes subversivos que atentan contra el sistema político. En esa tónica se inscriben la falta de financiamiento, la violencia, la represión y la desaparición forzada. El abandono y la criminalización deterioran la función educativa de tales centros y eventualmente preparan el escenario de su desaparición. Si las normales rurales han sobrevivido ha sido gracias a la lucha de sus propios integrantes. Para allegarse recursos, implementan estrategias de autogestión que incluyen actividades productivas como la agricultura, la crianza de animales y la recolección de dinero. La comunidad estudiantil conforma una especie de hermandad que encuentra en la escuela un lugar apropiado para estudiar, trabajar y vivir. En octubre de 2014 los despachos informativos dieron a conocer la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de esa escuela, en una refriega donde además resultaron al menos seis personas muertas y 25 heridas. Entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes normalistas se dirigía a un viaje de prácticas cuando fueron interceptados, agredidos, detenidos y secuestrados por la policía con la probable participación del ejército, según advierten algunas investigaciones independientes. Al estar involucradas corporaciones del Estado, el delito se configura como desaparición forzada. No obstante, la versión oficial descarga la responsabilidad en el grupo criminal Guerreros Unidos, que, luego de recibir a los estudiantes de manos de la policía municipal, los habrían asesinado e incinerado. Sin embargo, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana desmintieron dicha versión en base a estudios científicos que desmienten los probables métodos de incineración en que se basaba la supuesta “verdad histórica”. En la lista de asistencia faltan 43 estudiantes: Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Peniten, Adán Abrajan de la Cruz, Alexander Mora Venancio, Antonio Santana Maestro, Benjamín Ascencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Christian Tomas Colon Garnica, Cutberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez

Efervescencia estudiantil En la segunda década del siglo, los procesos electorales orquestados como un mero espectáculo televisivo merecieron una amplia movilización estudiantil con el surgimiento insospechado de YoSoy132 en una universidad privada y una fuerte propagación en instituciones educativas públicas y privadas del país a fin de resistir la imposición mediática del candidato oficialista a la presidencia de la República. Pasadas las refriegas electorales el estudiantado entró en un letargo movimientista. El protagonismo estudiantil se reanudó con las protestas de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (ipn) en contra de la reforma al plan de estudios y el cobro de colegiaturas. Las protestas derivaron en la salida de la directora del ipn y la cancelación de las reformas.8 La realidad nacional está plagada de detonadores. La noticia de la desaparición forzada y masacre de 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, despertó, de nueva cuenta, la indignación. La movilización politécnica se sumó, entonces, a la movilización nacional de estudiantes que se solidarizan con los nor-

malistas desaparecidos. Y fueron los estudiantes universitarios de distintas partes del país quienes se han movilizado en marchas y paros estudiantiles en sus centros escolares. Al clamor de “¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”, el movimiento estudiantil emerge como un recio acto de solidaridad con los normalistas desaparecidos y un reclamo a las autoridades para que sean presentados con vida. En un ambiente anestesiado por los medios de comunicación, la organización juvenil y estudiantil significa un logro social que supera las exigencias electorales plasmadas en su precedente inmediato, YoSoy132, y ahora escala para acometer uno de los temas más peliagudos de la contrastante realidad nacional, la violencia del Estado y la crisis de las relaciones sociales. El movimiento estudiantil es genuino. Primero, no está orquestado ni manipulado por los partidos políticos, ni siquiera por los que dicen ser de izquierda, que no sólo han traicionado cualquier principio fundacional sino que ahora están emasculados en la agenda gubernamental de derechas; segundo, los estudiantes se han auto-organizado, realizan asambleas donde discuten la problemática y toman sus propias decisiones, de manera horizontal, sin caer en los esquemas de representación ni de consignas prefabricadas; tercero, es un movimiento gestado en el seno de los colectivos universitarios, públicos y privados, de alcance nacional; cuarto, expresan una solidaridad con los estudiantes que padecen las peores condiciones educativas del país, los normalistas rurales; quinto, encarnan una pesada carga de indignación derivada de una serie de atrocidades y violencias perpetradas por el Estado y la criminalidad; sexto, significa un nuevo despertar de la conciencia social sobre la situación actual del país. Los estudiantes rebasaron por mucho a todos los partidos políticos entrampados en sus argucias electoreras, también a los medios de comunicación que protegen los decires oficiosos. En las jornadas de protestas, al menos 115 universidades y bachilleratos del país se unieron al paro nacional de tres días en la denominada Tercera Jornada Global por Ayotzinapa.9 Las instituciones de educación superior y media superior, articulados por la Asamblea Interuniversitaria, han realizado paros y marchas. Entre las instituciones participantes, destacan la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), la Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (uacm), la Universidad Peda-

TEMAS CRÍTICOS

Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galindes Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Jonas Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Jhosivani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patolzin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemany Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías y Saúl Bruno García. La desaparición forzada de los normalistas no es un hecho aislado sino uno más en la larga lista de agravios que laceran el tejido social y la vida de activistas sociales. Los defensores de derechos humanos sostienen que la desaparición de los 43 normalistas “no es un caso atípico, pues hay 23 mil personas desaparecidas en México que acreditan que la desaparición es una situación generalizada en el país”.7

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En París y en otras ciudades del orbe se registraron manifestaciones en contra de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas.

gógica Nacional (upn), El Colegio de México (Colmex), el Instituto Politécnico Nacional (ipn), la Universidad Autónoma de Chapingo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap). También se han sumado instituciones privadas como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (iteso), la Universidad Iberoamericana (Ibero), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam). Además todas las escuelas normales del país y 20 universidades estatales como la Universidad Autónoma de Zacatecas (uaz), la Universidad de Guadalajara (udeg). El movimiento nacional de estudiantes en solidaridad con los normalistas desaparecidos germina en un contexto de laceración social por la violencia criminal y la violencia estatal. Emerge como resultado de una sobrecarga de indignación y un despertar de la conciencia social. Una vez más, se puede decir, los jóvenes estudiantes universitarios asumen el papel de conciencia de la nación.

“Fue el Estado” El gobierno federal se niega a reconocer la desaparición forzada y presenta el caso como un “secuestro

agravado”, donde el móvil suele ser el cobro de un rescate, e informa que 74 personas están sujetas a proceso por el presunto delito de secuestro.10 Negarse a reconocer la gravedad de los hechos tiene el propósito de evadir la responsabilidad del Estado y las sanciones derivadas de tratados y convenciones de derechos humanos, además de contener la pérdida de legitimidad. En contraste, la elusión de responsabilidad estatal afecta a los padres y familiares de los jóvenes estudiantes, a quienes el Estado obstruye el acceso a la justicia y garantiza impunidad a las autoridades. Al final de cuentas, los afectados son victimizados por partida doble. Sin embargo, instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han manifestado que los hechos de Ayotzinapa representan delitos de lesa humanidad y configuran la desaparición forzada al suponer la colusión de la fuerza pública con el crimen organizado en el encadenamiento de los hechos de detención, secuestro y asesinato. El episodio atroz de desaparición forzada, la negativa de indagar su paradero y la intentona de dar carpetazo al asunto entrañan el gran desprecio del poder en contra de los normalistas rurales y, como se ha ve-

Politiquería En la política diseñada e implementada desde las altas esferas del poder importa preservar la hegemonía (con dominación y sin consenso) y la acumulación ilimitada de capital. Los conflictos nacionales son abordados con desdén; los ánimos indignados suelen ser apaciguados con algunas destituciones de autoridades de menor rango, pero sin capitular los principios básicos del sistema de poder. Por eso la desaparición forzada de normalistas se constriñe a un asunto local, se detiene al presidente municipal de Iguala José Luis Abarca y su esposa, a quienes se atribuye la entera responsabilidad de los hechos, y se pacta la dimisión del gobernador de Guerrero, el perredista Ángel Aguirre. Algunos políticos, como el líder perredista Jesús Zambrano, de la corriente de “los chuchos”, pueden ser repudiados públicamente.12 El ascenso de las protestas en el territorio nacional y la incredulidad ante las versiones oficiales precipitan la renuncia del titular de la Procuraduría General de la República, José Murillo Karam, quien sostuviera la hipótesis, respaldada por presuntas declaraciones de sicarios, de que los estudiantes fueron “muertos y calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero”.13 Tal postura ha sido rechazada abiertamente por los familiares de los desaparecidos y por defensores de derechos humanos debido a las inconsistencias de dicha versión evidenciadas por peritos y expertos en técnicas forenses. El posicionamiento de las autoridades educativas ha sido por demás contrastante. Mientras el rector de la unam, José Narro Robles, respalda al gobierno federal aduciendo que no se trata de un crimen de Estado sino que es un asunto local y que el gobierno federal hace todo lo posible por encontrar a los desaparecidos;14 en contraste David Fernández, rector de la Ibero,

Conclusión La reconfiguración del poder estatal en México, con las sucesivas oleadas neoliberales y la pérdida de legitimidad sigue pautas coercitivas y punitivas que atentan contra sectores sociales vulnerables y críticos. El espectro de la desaparición forzada redunda en prácticas de exterminio de grupos sociales considerados peligrosos políticamente. Por su efecto disciplinario pretende disolver el tejido comunitario, particularmente donde persisten formas de organización de autonomía indígena, como las policías comunitarias. La aniquilación de las personas pretende anular su identidad, ideales e historia. En los pueblos subyugados se recargan los agravios estatales. Es de la mayor importancia resolver el crimen de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas, dignificar y apoyar la labor educativa de los maestros rurales, aunado a una política de reconstrucción de la economía rural y campesina. También clarificar las miles de desapariciones forzadas que han sido documentadas por los defensores de derechos humanos y detener, en definitiva, esta irracional “guerra contra el narcotráfico”, cuya agenda oculta es la criminalización y acoso de sectores sociales pobres, excluidos y marginados. La violencia estatal prohíja indignación y despierta la conciencia, sin embargo la trayectoria de los movimientos sociales, en éste y otros casos, se ha conducido de manera tematizada, localizada y esporádica. Cada conflicto reúne a su propia multitud de manifestantes. No existen vasos comunicantes entre los diversos contingentes, al menos entre sus liderazgos, pese a que algunos militantes sean participes de más de uno de ellos. No obstante, la acumulación de indignación es tal que no sólo los sectores más conscientes, organizados y movilizados se manifiestan, cada vez más se suman sectores que permanecían indiferentes o a la expectativa. Los activistas políticos y defensores de derechos humanos que han acompañado a las victimas de las violen-

universidad privada, ante el clima de desaparición forzada, impunidad e injusticia social, emite un pronunciamiento sobre las “prácticas de corrupción que vinculan al gobierno con el crimen organizado” y la exigencia de un “México más justo, digno y seguro para todos y todas”.15

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rificado en hechos similares, de sectores sociales marginados: indígenas, campesinos, desempleados y migrantes. Lo cierto es que, públicamente, no se sabe con precisión dónde están los normalistas desaparecidos ni si aún viven o han muerto. Sea como fuere, para amplios conjuntos de la sociedad mexicana, la tragedia de Ayotzinapa representa un nuevo despertar de la conciencia social inscrito en una larga espiral de acumulación de indignación. El veredicto popular se ha emitido con una frase: “Fue el Estado”.11

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Los universitarios del sector público y privado realizaron jornadas de protesta por la desaparición de los estudiantes normalistas y para exigir su presentación con vida.

cias del poder han enarbolado algunas propuestas de índole general, como la necesidad de refundar el país e instaurar un nuevo constituyente. Estas propuestas son de gran calado, y por lo mismo son soslayadas por los poderes

fácticos, interesados en que el devenir de la democracia procedimental, de corte electorera, siga su cauce, y que el supuesto debate por la nación se agote en la deliberación sobre un aparente dilema existencial: “¿votar o no votar?”

– notas – •

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xico, en: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/10/03/estudiantes-del-poli-marchan-previo-a-reunion-con-osorio-chong. 9 https://www.facebook.com/pages/Asamblea-Interuniver sitaria/470405443100929?fref=nf. 10 Ivone Melgar (18 de febrero de 2015), “Niegan desaparición forzada en Ayotzinapa”, Excélsior, en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/18/1008978. 11 Santiago Igartúa (22 de octubre de 2014)“¡Fue el Estado!, clamor por desaparecidos de Ayotzinapa”, Proceso, en: http:// www.proceso.com.mx/?p=385551. 12 “Jesús Zambrano expulsado del Posgrado de Derecho”, en: https://www.youtube.com/watch?v=rRPnuSXBknk. 13 Gloria Díaz, op. cit. 14 Redacción (29 de octubre de 2014), “Desaparición de normalistas no es crimen de Estado: Narro”, Informador.Mx, en: http://www.informador.com.mx/mexico/2014/556660/6/desaparicion-de-normalistas-no-es-crimen-de-estado-narro.htm. 15 David Fernández Dávalos, “Paro activo por Ayotzinapa: Mensaje del Rector de la ibero”, https://www.youtube.com/ watch?v=AnDeLKeMncM.

1 David Huerta (2 de noviembre de 2014), “Ayotzinapa”, Oaxaca. 2 Tanalís Padilla (2009), “Las normales rurales: historia y proyecto de nación”, El Cotidiano, núm. 154. 3 César Navarro (2013), “La reforma educativa: despojo y castigo constitucional al magisterio”, El Cotidiano, núm. 179. 4 Tanalís Padilla, (18 de octubre de 2014), “Los inquietos”, L a Jo r n a d a , e n : h t t p : / / w w w. j o r n a d a . u n a m . m x / u l t i mas/2014/10/18/los-inquietos-tanalis-padilla-787.html. 5 Laura Poy (11 de enero de 2015), “Sin luz, más de 42 mil aulas de escuelas públicas de nivel básico y medio”, La Jornad a , e n h t t p : / / w w w. j o r n a d a . u n a m . m x / 2 0 1 5 / 0 1 / 1 1 / sociedad/029n1soc. 6 Mario Fuente (27 de agosto de 2013), “Educación: la transformación necesaria”, Excélsior, p. 19. 7 Gloria Díaz (27 de enero de 2015), “Caso Ayotzinapa, al Comité contra la Desaparición Forzada de la onu”, Proceso, en: http://www.proceso.com.mx/?p=394376. 8 Mauricio Torres (3 de octubre de 2014), “Tras protestas de estudiantes, el gobierno frena las reformas al ipn”, cnn-Mé-

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•r e v i s t a s •

OBSERVATORIO DEL

DESARROLLO Investigación, reflexión y análisis

V O L U M E N 4 , N Ú M E R O 13 .

Universidad Autónoma de Zacatecas

Unidad Académica en Estudios del Desarrollo

colaboradores Neiva Camargo Torrezani Juan Enrique Díaz Carla Maria Freres Stipp Baptista Ana Claudia Duarte Pinheiro Guadalupe Margarita González Hernández Angela Golono de Deus Laura Islas Leticia Lyra Acioly Humberto Márquez Covarrubias Jordy Micheli Rafael Monroy Martínez Rafael Monroy Ortiz Carolina Nunes França Paula Ramos Correa Carvalho de Mendonça Jaime Rivera Velázquez Edward Rodrigo Sánchez Malagón Sonia Taddei Ferraz Janeth Valdez Rivera Guillermo Vargas Uribe