Revista USEM No. 277 La Transparencia en México by Confederación USEM, A.C.

Revista

No. 277 Año 38 mayo/junio 2007

La revista social del empresario

Transparencia en México

Gubernamental, social y empresarial

00277 sociedad en

movimiento

9 771665 436008 Precio al público $60.00 MN

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Directorio Presidente de Confederación USEM Sergio Castro Toledo Director de la Revista Germán Araujo Mata

Editorial Trabajemos juntos Sergio Castro Toledo

Consejo Editorial Sergio Castro Toledo Ricardo Estefan Colín Enrique Gilardi Rivero Manuel Loza Macías Alejandro Rangel Gómez Javier Solana Rivero Héctor Zagal Arreguín

Reﬂexión Manuel Loza Macías S.J.

Actualidad La transparencia y la rendición de cuentas: Expresiones del poder ciudadano Pedro Javier González G.

Desafíos de la transparencia Luis Gustavo Parra Noriega

La transparencia o “Por un México sin mentiras” Carlos de la Isla

La Ley de Transparencia, un derecho a la información que nos beneﬁcia a todos Entrevista Mtro. Alonso Lujambio, comisionado presidente del IFAI.

A propósito de... Perseverar en la defensa de la vida Rodrigo Guerra López

Uniapac Logros de la Reunión de CCDAL

Entrevista con Laurent Mortreuil, director general de UNIAPAC Internacional

Encuentros Nombra USEM Hermosillo nuevo presidente

Relevo en USEM Aguascalientes

Por un sueño posible Ramón Hernáiz Irastorza

Espacio Z Transparencia y rendición de cuentas Héctor Zagal Arreguín

Publicidad Catalina Camarillo Rangel editorial@usemconfederacion.org Administración Martín Ruiz Maravillo administracion@usemconfederacion.org Directorio de presidentes de la USEM Lic. Sergio Castro Toledo /Confederación sergiocastrot@prodigy.net.mx Lic. Miguel Ángel Juárez de la Torre /Aguascalientes direccion@usemags.com Alejandro Azar /Grupo USEM Campeche azar@infosel.com Ing. Gabriel Sánchez Soledad /Cd. Juárez gabriel@maderaysusproductos.com Lic. José de Jesús Mora /Culiacán moraculiacan@hotmail.com Ing. Carlos Humberto Cabello Gil /Chihuahua ccabello@email.com Ing. Felipe Sanabria C. /Durango fsarabia@muebleria.com.mx Lic. Raymundo Díaz Oñate /Guadalajara usemgdl@prodigy.net.mx Lic. Javier Moreno Borbón /Hermosillo antoniojaviermoreno@msn.com Ing. Eduardo Espinoza A. /Grupo USEM León erusa@prodigy.net.mx Lic. Emilio Correa Ávila /Mérida emiliocorreacvx@hotmail.com Lic. Paulino Rivera /Cd. de México direccion@usemmexico.org Ing. Juan Antonio Fuentevilla /Monterrey presidencia@usemmonterrey.org.mx Lic. Gerardo Sistos /Morelia sfmich@servidor Lic. Francisco Ayala Hernández /Puebla usempuebla@prodigy.net.mx Lic. Fernando Navarro González /San Luis Potosí gpoducel@avantel.net L.E.M. Patricio J. Duch Chávez /Tabasco duchpj@prodigy.net.mx Lic. Luis Sánchez Montes /Grupo USEM Tuxtla Gutiérrez lsanchez@grupado.com.mx C.P. Rubén Martínez Bastida /Valle de Toluca usemtol@prodigy.net.mx Director de la Confederación Germán Araujo Mata direccion@usemconfederacion.org UNIAPAC Internacional Presidente Arq. José Ignacio Mariscal Torroella jimariscal@usemconfederacion.org

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Índice USEM 277

Editada y distribuida por Editorial de la Confederación de las Uniones Sociales de Empresarios de México, A. C. Eugenia 13, despacho 402, col. Nápoles 03810 México, D. F. Teléfono 5682 2171 y 5669 4790 Fax 5543 0605. Publicación periódica. Permiso núm. CR-DF-074-99. Características 218241212. Autorizada por SEPOMEX . Certificado de licitud de título núm. 2049. Certificado de licitud de contenido núm. 1275. Núm. de reserva 440-85. Expediente 1432 “83”/3384 del 7 de septiembre de 1983. Publicación bimestral. Suscripción anual individual $ 360; extranjero $ 60 USD. Suscripción múltiple: 5 - $1,500; 10 - $ 3,000; 20 - $6,000. Veinte suscripciones te dan derecho a formar parte del Círculo de Amigos de la revista. Impreso en los talleres de PROCOELSA , Pascual Orozco núm. 51, col. Iztacalco, C. P. 08640, México, D. F. Se tiraron 10,000 ejemplares. Lo expresado en los artículos es bajo responsabilidad de los autores y no manifiesta necesariamente el punto de vista de la redacción ni de la USEM. www.usem.org.mx

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E DITORIAL

Trabajemos juntos SERGIO CASTRO TOLEDO

omo USEM hemos impulsado desde siempre la responsabilidad social como la capacidad de responder o dar cuenta de nuestros actos a la sociedad. Pero al mismo tiempo, hemos exigido también una efectiva rendición de cuentas de nuestros gobernantes. La transparencia de los actos de gobierno ha sido una demanda de los empresarios de nuestro país por muchos años.

Para lograr la edificación de la democracia, no sólo es necesario contar con ciudadanos conscientes y participativos, responsables y organizados, sino que es indispensable que nuestras autoridades de gobierno, en sus tres niveles y en todo el país, garanticen nuestro derecho de acceso a la información en igualdad de condiciones. En un complejo mundo globalizado, la información es poder, y este poder, si realmente queremos que nuestro país avance, debe estar en manos de cada uno de los ciudadanos. Todos tenemos el derecho de conocer qué es lo que hace el gobierno, por qué lo hace y cuánto se gasta en hacerlo.

La USEM une esfuerzos con el IFAI para impulsar en todos los ciudadanos el ejercicio al derecho de acceso a la información.

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Desde hace más de cuatro años, la transparencia y el acceso a la información se han colocado en la agenda pública de México. Muchos esfuerzos invertidos, aunque con logros muy distintos. Hoy, el gobierno federal y los gobiernos estatales cuentan ya con una ley en la materia, pero desafortunadamente hablamos de leyes demasiado heterogéneas. Creo que el derecho de acceso a la información no está garantizado de la misma manera para todos los mexicanos. Reconozco el trabajo realizado por la Gobernadora de Zacatecas, los Gobernadores de Baja California, C h i h u a hu a y Ve rac r uz p o r h a b e r re a l iz ad o l a Declaración de Chihuahua. Esta declaración buscó homologar en los estados las condiciones mínimas de la transparencia y del acceso a la información. Me congratulo por esta iniciativa, porque, aún siendo de distintos par tidos, lograron ponerse de acuerdo y juntos han impulsado este compromiso en la Cámara de Diputados. Esta declaración se convir tió, afor tunadamente, en una iniciativa para reformar el artículo 6° de nuestra Constitución. Qué bueno que dicha iniciativa haya sido enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales por parte de los ocho coordinadores parlamentarios. Estamos convencidos de que es necesario garantizar para todos por igual este derecho, ejercido del mismo modo y con las mismas condiciones legales e institucionales por cualquier mexicano, en cualquier lugar, región, estado o municipio del país. Estimado lector, te invito para que nos comprometamos por una cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas como un primer paso hacia la consolidación del Estado de Derecho. Como USEM queremos asumir un compromiso en este sentido, motivo por el cual unimos esfuerzos con el I FAI . g

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R EFLEXIONES

ransparencia es la cualidad de hablar y obrar con claridad, sin ocultar algo que puede afectar la confianza recíproca entre personas. Ella es indispensable para ser sociable. Quien no dice la verdad es insociable. Pronto los demás le rechazarán y cuando diga la verdad no le creerán. Para ser sociable se requiere desde el principio poner las cartas sobre la mesa. La doblez va directamente contra la transparencia. El trato o con la esposa o con los hijos no ha de dar lugar a malos entendidos, a sospechas infundadas, a la idea de que se está fingiendo en lo que se dice o en lo que se hace. En el mercado fácilmente puede caerse en falta de transparencia cuando se ocultan los defectos de las mercancías, cuando se da “gato por liebre”, cuando a los colaboradores no se les informa del éxito o del fracaso en lo que se hace, o cuando se fingen momentos de crisis para no pagarles lo debido. Los líderes sindicales pueden caer en la doblez si hacen arreglos con los dirigentes empresariales o con los gobiernos sin que se enteren los miembros de la asociación. También se falta a la transparencia cuando se ocultan las propias habilidades o capacidades para no comprometerse. Como, por lo contrario, es doblez si no se manifiestan las propias deficiencias para no perder un buen negocio o para obtener un puesto mejor remunerado. Manuel Loza Macías sj t Extraído del libro Actitudes Sociales

Estimado suscriptor: Si no has recibido o quieres recibir algún ejemplar en particular, por favor comunícate con Catalina Camarillo al e-mail: editorial@usemconfederacion.org

Nuestra Misión

Nos interesa tu opinión. Escríbenos a: editorial@usemconfederacion.org o visita nuestra página web: www.usem.org.mx

Unir, orientar y motivar a los dirigentes de empresa para que, a la luz del pensamiento social cristiano, se comprometan a su mejoramiento personal, a la transformación de su empresa y del medio empresarial y a contribuir en la construcción de una sociedad más justa y más humana.

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La transparencia y la rendición de cuentas: Expresiones del poder ciudadano PEDRO JAVIER GONZÁLEZ G.

injustas todas las acciones que “seSon refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no son susceptibles de ser publicados”. Emmanuel Kant

La democracia no es sólo una forma de gobierno. Es también una forma de convivencia que principalmente se nutre de la actividad de una ciudadanía consciente de sus derechos y de sus responsabilidades. A diferencia de otras formas de gobierno en las que los protagonistas centrales de la vida política y social son o bien el monarca o bien un compacto grupo de notables –desde la aristocracia hasta las élites tecnocráticas–, en la democracia el papel protagónico corresponde –o debería corresponder– a los ciudadanos.

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Todo esto es obvio. Sin embargo, no resulta ocioso traerlo a colación a propósito del tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Resulta en muchos sentidos evidente el nexo entre la democracia y la transparencia de los actos del gobierno. Lo que no siempre parece tan claro es la razón profunda que hace de la transparencia un atributo ineludible de todo régimen auténticamente democrático. Para empezar, es importante recordar que el concepto de transparencia es un hecho relativamente reciente en la historia política de las sociedades occidentales. Sus primeras formulaciones expresas datan del siglo XX y, desde un punto de vista conceptual, es una secuela necesaria de la noción de Estado de derecho. Mientras para la antigüedad clásica los arcana imperii –secretos de Estado– representaban una práctica no sólo aceptable, sino necesaria para preservar el carácter sagrado del ejercicio del poder político, para el pensamiento democrático moderno, dicha práctica de exclusión

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entraba en franca contradicción con los fines últimos que legitimaban la existencia misma del Estado. Si desde la perspectiva liberal todos los individuos poseen el derecho inherente al disfrute de la vida, la libertad y la propiedad; la razón de ser del Estado se encuentra en la necesidad de garantizar a todos los ciudadanos el disfrute de esos derechos. En una aparente paradoja, la existencia de un Estado que impone reglas obligatorias para todos los ciudadanos y que, por ende, impone límites a la libertad individual se convierte en condición de posibilidad del derecho a la libertad. La solución a esta aparente paradoja se encuentra en una noción de Estado que rompe de modo claro con la teoría y la práctica de un poder político que persigue sus propios fines. A diferencia de Maquiavelo, quien concibe al Príncipe como libre de compromisos éticos y sin otro fin que la búsqueda y la conservación del poder, para Locke y otros pensadores de la modernidad política, el Estado no debe perseguir fines propios; lejos de ello, su poder debe estar limitado, acotado por la ley y dirigido a cumplir el mandato de garantizar el disfrute de los derechos de los individuos. Es en esta idea del Estado como mandatario que subyace el germen de los conceptos de transparencia y de rendición de cuentas. Ciertamente, en la actualidad, el Estado persigue fines mucho más amplios que los que originalmente le concedía el pensamiento liberal clásico. Pero la idea central de que los actos del Estado no pueden ser arbitrarios –Estado de derecho– y de que, en su calidad de mandatario, quien ejerce el poder debe perseguir los fines que, a través del procedimiento democrático, los mandantes le imponen, ha prevalecido y constituye el fundamento último de la transparencia y la rendición de cuentas. Y precisamente por ello resulta clara la sistemática renuencia de los regímenes autoritarios a la adopción de prácticas de transparencia y a rendir cuentas a la sociedad, tal como lo ilustra el caso del presidencialismo autoritario en México. De hecho, la opacidad era uno de sus principales activos, amén de un eficaz medio de reforzamiento del control político. El monopolio sobre el manejo de la información era absoluto y todavía no están muy distantes los tiempos cuando datos como el monto de las reservas internacionales del banco central eran consideradas asuntos de seguridad nacional. De ahí que necesariamente uno de los aspectos cruciales del cambio democrático en el país consista en un conjunto de avances significativos en los terrenos de la transpa-

rencia y la rendición de cuentas. Se trata de procesos simultáneos y mutuamente retroalimentadores: la mayor transparencia es, a la vez, fruto de la democracia y premisa de un mayor desarrollo democrático. Así, en 2002, el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Dicha ley fue el resultado, por un lado, del cabildeo legislativo de la sociedad civil y, por otro lado, de la cada vez más clara conciencia de que, como lo subrayaban con insistencia los reportes de diferentes organismos multilaterales, la opacidad y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, amén de favorecer la corrupción, se traducían en un entorno de falta de certidumbre que, a su vez, redundaba en la capacidad competitiva de la economía nacional.

La mayor transparencia es, a la vez, fruto de la democracia y premisa de un mayor desarrollo democrático.

Desde que la Ley Federal de Transparencia entró en vigor, en junio de 2003, el discurso oficial de los gobernantes ha invocado con más frecuencia los conceptos de transparencia y el derecho a la información. Se puede decir que en la medida que la cultura política ha aceptado la transparencia y la rendición de cuentas como un imperativo, el avance ha sido significativo. Pero aun así, todavía encontramos muchas resistencias a la transparencia y la rendición de cuentas de un sector muy importante de la clase política. Prueba de ello, es la gran heterogeneidad de los marcos legales con los que las entidades federativas han intentado ponerse a tono con la legislación federal. En la actualidad, todos los estados cuentan con una ley de transparencia. En comparación con la ley federal, algunas leyes estatales resultan mejores que la federal, ya que incluyen, por ejemplo, a los partidos políticos y a los poderes Legislativo y Judicial como sujetos obligados; tales son los casos de Morelos, Coahuila, Sonora, Jalisco y Chihuahua. Pero otras son más bien una simulación que, lejos de facilitar el ejercicio

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del derecho a la información, lo han complicado y han establecido límites precisos a la posibilidad de ejercer el derecho a la información; los casos más notables son los de Baja California, Tlaxcala y Quintana Roo. En este contexto, resulta a todas luces trascendente la reciente aprobación –febrero de 2007– de reformas al artículo sexto de la Constitución en la medida que, gracias a estas reformas, el derecho al acceso a la información pública queda constitucionalmente reconocido, al tiempo que, desde un punto de vista más concreto, se define una suerte de “piso mínimo” en materia de legislación sobre transparencia y rendición de cuentas; de esta manera, se asegura la satisfacción por parte de todas las entidades federativas de estándares básicos de publicidad en la información. Desde luego, se puede en justicia criticar que la reforma quedó corta en tanto ni los partidos políticos ni los sindicatos han sido incluidos entre los denominados sujetos obligados. Cabe, sin embargo, aclarar algunas cosas. La primera es que los sindicatos no pueden ser objeto de esta ley en tanto no son instituciones de interés público ni viven del presupuesto. Al igual que una organización representativa del sector privado o que una organi-

La transparencia no es una moda; es un vehículo idóneo de empoderamiento ciudadano.

zación ciudadana, cuando reciban recursos públicos deberán transparentar su uso y rendir cuentas, pero no se les pueden imponer las mismas reglas que a las entidades públicas; en todo caso, lo deseable, ya sea en el caso de los sindicatos o en el de los organismos empresariales y las organizaciones ciudadanas, es que el avance de la cultura democrática se traduzca en demandas crecientes de parte de agremiados y asociados en favor de la rendición de cuentas. Distinta es la situación de los partidos políticos, que sí son entidades de interés público y sí viven de los recursos públicos. Su exclusión, en realidad, es el resultado de la lógica partidocrática que prevalece en el Congreso. De igual manera, cabría llamar la atención sobre la no inclusión de los poderes Legislativo y Judicial como sujetos obligados de la Ley. México, sin lugar a dudas, ha avanzado en materia de transparencia y rendición de cuentas. El marco legal se ha perfeccionado y, si bien todavía quedan algunas lagunas –partidos políticos y poderes Legislativo y Judicial–, no es ya en este terreno donde se encuentran los grandes desafíos. Éstos son, en realidad, de índole cultural y se relacionan con el hecho de que el tema de la transparencia y rendición de cuentas es relativamente nuevo, y la gran mayoría de los ciudadanos y representantes de las organizaciones de la sociedad civil no tienen conocimiento de las leyes, ni saben cómo poder ejercer su derecho a la información; en paralelo, todavía existen resistencias gubernamentales a transparentar su actividad y a rendir cuentas. La vieja herencia patrimonialista sigue alimentando la tendencia a conducirse con opacidad. La transparencia no es una moda; es parte fundamental de la agenda de la sociedad civil mexicana, particularmente porque la transparencia y el acceso a la información pública son un vehículo idóneo de empoderamiento ciudadano. Abrir a la ciudadanía información sobre el ejercicio del gobierno permite que la población sea capaz de evaluar a sus representantes, ejercer el voto con mayores elementos para elegir y, además, democratizar las políticas públicas. Como tal, la transparencia es un instrumento para construir ciudadanía y para consolidar la democracia. g

Pedro Javier González G. Director de Diseño Estratégico y Análisis Prospectivo S.C., Maestría en Ciencia Política, UNAM.

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Desafíos de la LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA

on los cambios a nuestra Carta Magna, los debates sobre la transparencia y la rendición de cuentas no se agotan. Al contrario, se han puesto en evidencia una serie de desafíos que merecen un análisis detenido para su posterior legislación. Existen dos asignaturas pendientes que se visualizan a la luz de la recién aprobada reforma al artículo sexto: los partidos políticos y la protección de los datos personales.

Esta reforma busca garantizar el derecho de acceso a la información pública, además de establecer los mínimos requeridos que en materia de acceso a la información pública debe incluir la legislación en los tres órdenes de gobierno, a fin de hacerlo exigible. Sin embargo, un tema que ha generado polémica a raíz de esta reforma, es el caso de los partidos políticos. En el texto se establece que las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales, estas últimas con independencia de su naturaleza pública o privada. De la interpretación de dicha fracción se desprende que quedan incluidos, entre otros, los partidos políti-

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cos y otras instituciones de interés público, así como ONG , sociedades, asociaciones y fundaciones, entre muchos otros. La reforma propuesta no exime a los partidos políticos de sus obligaciones de acceso a la información y transparencia, ni a ninguna otra figura de autoridad pública o de interés público. Esto abre la posibilidad de que las leyes que las regulan deban desarrollar y traducir las bases mínimas constitucionales que se proponen con la adición. Los legisladores tenemos la responsabilidad de ampliar las obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas de los partidos, realizando las reformas pertinentes, tanto a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información como al COFIPE, para avanzar de manera paralela con la reforma aprobada. En el caso de los datos personales (aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable y que hace referencia a su intimidad), la reforma es muy clara al precisar en la fracción II que “la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”. Con ello se busca proteger aquellos datos que se encuentran en posesión de las entidades públicas, de acuerdo con la legislación respectiva, así como la posibilidad de corregirlos, según sea el caso. Es necesario establecer con toda claridad la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la materia y ampliar esta protección al ámbito de los datos personales que recolectan y tratan los particulares,

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transparencia

conforme a las normas internacionales más avanzadas sobre protección de datos, como puede ser el Convenio 108 del Consejo de Europa, para la protección de las personas y el tratamiento automatizado de datos. En ese sentido es primordial sentar las bases para garantizar la protección de este derecho fundamental y conciliar el buen funcionamiento del mercado y de la economía; para ello es necesario reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para regular la protección de los datos personales. Con esta reforma constitucional, la calidad de nuestra democracia se eleva y el artículo sexto en materia de acceso a la información pública será un excelente punto de partida para que nuestro sistema de gobierno republicano y federal se fortalezca y cuente con autoridades dispuestas a transparentar y a rendir cuentas del dinero que todos los ciudadanos aportamos para el buen funcionamiento del Estado. Esperamos que todas las fuerzas políticas mantengamos este compromiso y que los gobernantes, desde el más humilde municipio hasta la entidad federativa más poderosa, y los poderes federales y órganos constitucionales autónomos, cumplan con estos principios y bases constitucionales para el bien de nuestra patria, además de contar con la voluntad política para abordar los temas pendientes señalados. g

Luis Gustavo Parra Noriega Diputado federal por el PAN.

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La transparencia o “Por un México sin mentiras” CARLOS DE LA ISLA

a ley sobre la transparencia con todos sus artículos y especificaciones está muy bien. Es, sin duda, un gran acierto que responde a una imperiosa necesidad.

Gran éxito tuvo el “jefe Diego” Fernández de Cevallos cuando lanzó el lema: “Por un México sin mentiras”. Era tan atractivo el ideal que, se dice, el entonces candidato a la presidencia de la República llevaba una clara ventaja en las preferencias de los votantes. Después vino aquella misteriosa desaparición por algún tiempo y finalmente la caída que se interpretó como un oscuro acuerdo. México, por la ley, debe ser transparente; sin embargo, de hecho, sigue siendo un México de mentiras. ¿Cómo se estiman los muchos miles de millones que se escurren en la corrupción y no se conoce la lista de los corruptos? En las campañas políticas todos los partidos vociferan: “Lucharemos por la justicia social, acabaremos con el derroche y con esas diferencias ofensivas de los pocos inmensamente ricos y de los millones de pobres e indigentes”; diferencias que ofenden, que causan el odio y

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la rebelión. Todos esos políticos mienten. Sólo en 2006 ellos se autorizaron más de 4 mil 171 millones de pesos de los contribuyentes para sus partidos -es decir, para ellos- y después de un año ya debían más de mil 965 millones. En un país como el nuestro —con más de la mitad de personas marginadas— es una infamia. ¿Se justifica ese gesto escandaloso? Se suele argumentar diciendo que es una exigencia de la democracia: otra mentira, porque la democracia no se hace con dinero. Mienten también los jueces y hasta los ministros de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN cuando dicen: “Estamos comprometidos con la justicia” y, al mismo tiempo, se asignan salarios ad vitam muy superiores al del mismo Presidente de la República, más bonos especialísimos, más reconocimientos extraordinarios... ¿Cómo pueden hablar de austeridad y justicia cuando se sabe cómo derrochan su presupuesto para gastar los millones asignados, porque si no se agota puede haber un recorte en el siguiente ejercicio? Lo que sí es evidente, con plena transparencia, es que la política que inventaron los griegos, para hacer posible el bien común, la realización del proyecto de vida de todos los ciudadanos, se ha convertido, en la

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mayoría de los casos, en una lucha grosera y despiadada por la conquista del poder y del dinero a costa de los gobernados. Deberíamos decir mejor: “dominados”. Dice el gran Norberto Bobbio que se debe conservar la democracia real, a pesar de todos sus vicios, por sus virtudes: igualdad, libertad, fraternidad, tolerancia. Y tiene razón, pero desde allí empiezan las mentiras. Porque entre nosotros ni existe la democracia ni las virtudes de la democracia. La democracia no puede existir sin igualdades, y el sistema que vivimos, por su propia naturaleza, genera desigualdades. La libertad es esencia de la democracia. ¿Dónde está la libertad de la mayoría de los mexicanos que o son desempleados o no tienen acceso a la educación o tienen un salario que no les permite vivir con dignidad? Y ¿qué decir de la fraternidad? Hablar de fraternidad entre los mexicanos sería, con pocas excepciones, caer en el cinismo. Ciertamente, no sólo la política está hecha de mentiras. Mienten también muchos directores y rectores de universidades cuando dicen que su ideal es cubrir la urgente necesidad de la educación en México. La verdad es lo que expresan las máximas autoridades de la Asociación de Universidades e Institutos de Educación Superior: “Más del 93% de las Instituciones de Educación Superior en México se dedican al fraude y a la mediocridad”. Mienten también los archimillonarios mexicanos cuando dicen que sus capitales son una defensa de la soberanía nacional y la mayor fuente de empleos dignos. Ciertamente, no hay auténtica soberanía si no hay autosuficiencia económica. A mayor dependencia, menos soberanía. Pero ¿cómo defienden la independencia nacional cuando por intereses económicos están entregando el capital bancario, las cadenas hoteleras y comerciales, las más grandes acereras, las industrias de todos los tamaños y de todos los productos a empresas transnacionales y a los organismos y clubes que manejan la dictadura internacional del dinero? Mienten cuando dicen que el gobierno no intervenga en la generación de empleos y de instituciones con fines distributivos, porque el libre mercado lo hace mejor, lo arregla todo. Y al mismo tiempo invierten miles de millones de dólares en el extranjero porque, dicen, sus inversiones son más seguras y lucrativas. Hablar de los que sacan los enormes capitales a bancos del primer mundo por supuesta seguridad, mientras los bancos de primer mundo compran los bancos mexicanos, resulta incalificable. Bien se ha dicho que el peor enemigo de la libertad es el exceso de libertad.

Mienten, con plena mentira, todos aquellos: jueces, abogados, doctores y maestros que afirman que las leyes mexicanas son defensoras de los derechos de todos los ciudadanos por igual. Si así fuera ¿cómo explicar la libertad de los Bejaranos, de los “Divinos” de los Ponces, de los Flores, de los Espinozas Villarreal, de los Ahumada...? Alguien diría: “El problema está en los corruptos del sistema de injusticia”. Es verdad, pero sólo en parte; porque, entonces ¿cómo se puede interpretar lo dicho por un senador del PAN refiriéndose al caso Peñaloza?: “Hay que reconocer que el proceso fue legal, aunque inmoral”. Este absurdo: “Legal e inmoral” sólo puede entenderse en el contexto del cinismo que reina entre los que hacen y manejan las normas arbitrarias —no leyes— para proteger los beneficios del poder. ¿Cuáles son las leyes que defienden a miles de pobres encarcelados muchas veces por policías que tienen que cumplir la cuota diaria de encarcelamiento —véase “El Túnel”, documental impresionante editado por el CIDE— o a los que cometen delitos producidos por las infames circunstancias de la vida miserable del desempleado, del explotado y maltratado?

La política que inventaron los griegos, para hacer posible el bien común, se ha convertido en una lucha despiadada por la conquista del poder y del dinero a costa de los gobernados.

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El primer paso del camino hacia un México de verdades es aceptar lo que somos y como somos. El segundo, combatir los vicios y construir con dignidad y honestidad un México sin mentiras.

Si la ley sigue siendo una: “Prescripción de la razón en orden al bien común promulgada por aquel que tiene autoridad”, ¿cómo algo puede ser “legal pero inmoral”? Éste es otro ejemplo de la gran mentira. Mienten también los adoradores del libre mercado que quieren relegar la intervención del Estado a una mínima o nula expresión. Mienten los que afirman que esta teoría económica es la única que tiene soporte científico en las demostraciones matemáticas; los que se aferran a sus dogmas, aunque saben que benefician a los pocos más ricos y empobrecen y humillan a las millonarias mayorías. Los que siguen defendiendo esa política económica que contraria uno de los fines esenciales de la economía que no se propone sólo el crecimiento, sino un desarrollo que debe procurar también la equidad. Es ciertamente infame el resultado de estas teorías y políticas económicas que han polarizado criminalmente las clases sociales hasta causar la muerte de millones de personas que han sido víctimas de esas obscenas diferencias: El 20% más rico goza —o se apropia— del 86% del producto mundial, mientras que el 20% más pobre se reparte (?) el 1% de esa riqueza total. Si la verdad y bondad de una teoría y de una política han de juzgarse por sus resultados, estas teorías y políticas son intrínsecamente inhumanas y perversas. Mienten las instituciones de educación, especialmente las dirigidas por religiosos, cuando dicen que se dedican

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a los ricos, porque, bien formados, ellos podrán hacer una sociedad más libre, más justa y más humana; cuando, de hecho, lo que hacen es propiciar una sociedad de clases cada vez más polarizadas con unas diferencias ofensivas que provocan odio, resentimiento y violencia. Éstos son sólo unos ejemplos de mentiras del México de las mentiras. Y, por supuesto, el primer paso del camino hacia un México de verdades es, como dice Gabriel Zaid, aceptar lo que somos y como somos. El siguiente paso es la voluntad de combatir los vicios y de construir con dignidad y honestidad un “México sin mentiras”. La solución a los problemas actuales es difícil en todos los casos, porque las mentiras se han agigantado, pero siempre es necesario tener presente la afirmación del muy autorizado sociólogo español Manuel Castells, quien, después de analizar los más serios problemas del mundo, concluye: “No hay nada que no pueda ser cambiado por la acción social consciente e intencionada provista de información y apoyada por la legitimidad”. Y yo agregaría: “Nada hay que no pueda ser cambiado con pasión por la verdad, por la justicia y por la libertad de todos”. g Carlos de la Isla Veraza Doctor en Filosofía. Profesor emérito de tiempo completo del ITAM, en el Departamento de Estudios Generales.

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La Ley de Transparencia, un derecho a la información que nos beneficia a todos Entrevista al Mtro. Alonso Lujambio, comisionado presidente del IFAI POR

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a Ley de Transparencia está a nuestra disposición; pero ¿alguna vez hemos solicitado información?, ¿sabemos cómo acceder a ella?, ¿conocemos los beneficios que nos puede brindar? Todas las preguntas que pueden surgir con respecto a la Ley de Transparencia nos las responde el maestro Alonso Lujambio, comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública –IFAI.

¿Qué busca la Ley de Transparencia? Fortalecer la idea de la representación política. Nuestro sistema político fue autoritario durante 70 años, un autoritarismo si se quiere benigno, porque no era muy represivo; porque no era militarista, era civilista; porque estaba comandado por un partido que quería representar a todos los intereses, pese a que eso era prácticamente imposible; porque era pragmático. Un autoritarismo peculiar porque no estaba asociado a un dictador, quizá único en América Latina en el siglo XX. Lo que la democratización nos trajo fue la posibilidad de fortalecer la idea de la representación política, es decir, la idea de que los gobernantes actúan en función del interés ciudadano y no en función de su propio interés. ¿Cómo pasar de un sistema no representativo a uno representativo? Originalmente acudiendo al expediente electoral, posibilitando que nuestros representantes sean electos. Pero, ¿esto era suficiente para generar la percepción de que ellos son nuestros delegados y que deben estar a nuestro servicio como en un sistema democrático? Sin duda no, no es suficiente, y es ahí donde hay dos grandes déficits: uno que empieza a corregirse y otro que, por fortuna, está a debate sistemáticamente. Empiezo por el segundo, es la posibilidad de que realmente el mundo electoral sirva en toda su potencia como en otras partes del mundo, o sea, que el elector pueda rechazar a nuestros representantes por inútiles, incompetentes, corruptos y flojos, o que pueda premiarlos por representativos, sensibles y honestos, y eso solamente se logra si tus representantes se te vuelven

a presentar en la boleta. Ese debate sobre la reelección parlamentaria está mal planteado porque no es una cuestión que se base estrictamente en reelegir o no reelegir, sino más bien en juzgar o no juzgar. Estoy convencido de que hay un déﬁcit representativo de la democracia mexicana por la incapacidad que tiene el ciudadano mexicano para, a partir de lo que dice el 51 constitucional —la Cámara de Diputados se compondrá por representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años—, juzgar a sus representantes, no para reelegirlos, para juzgarlos y someterlos a un escrutinio severo en las urnas, con eso completaríamos el ciclo de la responsabilidad electoral que se da ciertamente entre elección y elección. Pienso que el instrumento más poderoso para la rendición de cuentas es una Ley de Transparencia, por eso considero que ha cumplido un papel extraordinariamente importante la posibilidad de fortalecer todo concepto de representación política. Sin embargo, la Ley de Transparencia no es un instrumento único, aunque sí privilegiado, para generar esa rendición de cuentas que supone la representación política.

La Ley de Transparencia busca fortalecer la representatividad política y la legalidad. Por otro lado, la Ley de Transparencia está diseñada pensando en un flagelo más de nuestra vida colectiva. Ya dije que el primer déficit es la ausencia de representación política cabal, el segundo es la ley como “papel mojado”. Por ello, las grandes tareas de la democracia mexicana son: fortalecer la representación y posibilitar la eficacia de la ley. Y la Ley de Transparencia sirve para ambos propósitos. En resumen, ¿qué quiere fomentar la Ley de Transparencia?: representatividad y legalidad, dos déficits fantásticamente retadores para nuestra vida colectiva. La gente mientras más informada esté tiene mayor posibilidad de participar, pero ¿cómo hacerle llegar estos instrumentos al ciudadano? El año 2007 supone un número impresionante en el aumento de solicitudes de información. ¿Qué hacer para

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que la ley produzca este efecto? Primero, completar el marco institucional en todo el país para que funcione en el municipio, en el estado, en la federación. Por eso, me entusiasma tanto el que se apruebe la reforma constitucional al artículo 6 o, porque lo primero que debemos hacer es completar el ciclo de las reformas legales que posibiliten la existencia de un trabajo institucional que haga efectivo el uso del derecho, y en segundo, que la gente use más y más el derecho a la información. Pero es difícil pensar que lo usará si no confía en su haber institucional, si no está bien diseñado, si no genera confianza, de modo que estamos en una etapa de construcción de ese arreglo institucional.

Una condición para la competitividad de las economías en el futuro va a ser que éstas cuenten con una Ley de Transparencia, porque genera conﬁanza y certeza.

Es imposible pensar en una democracia razonable si no hay razones y las razones se construyen con información. La Ley de Transparencia está posibilitando que haya más información entre todos los mexicanos para generar una democracia razonable, argumentada, conocedora de los dilemas que se ponen en la mesa. Es imprescindible que haya un marco institucional que lo posibilite. A nivel federal, en sus rasgos básicos, el arreglo institucional está dado; contamos con un sistema SISI electrónico que potencia y facilita el uso del derecho y tenemos un instituto I FAI que empuja la ley.

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Esto también requiere un cambio cultural, por fortuna acaba de ser presentada una reforma a la ley de educación para que los niños en las últimas etapas de la primaria y secundaria estén socializados con los patrones culturales de la transparencia de la vida pública. Éste es el otro elemento que nos está faltando, que solamente puede ser modificado a largo plazo: el cultural. En este proceso de discusión de la iniciativa de reforma constitucional, ¿cuáles fueron los puntos de mayor dificultad para el consenso? Hubo tres temas que generaron cierto disenso y que por fortuna fueron hechos a un lado por parte de los grupos políticos, para que fueran los puntos de consenso los que generaran la posibilidad del acuerdo y de la reforma constitucional, y son partidos, sindicatos y empresas. Yo estuve de acuerdo en que sacaran de la reforma constitucional a los partidos, porque éstos ya están en la Ley de Transparencia. He tratado de convencer a los legisladores para que desarrollen el artículo 11 de la Ley de Transparencia, donde se habla de la transparencia en los partidos para que sea la ley, y no los reglamentos que establece el IFE, la que estipule con toda claridad cómo se va a dar, a través de la intermediación del IFE, la transparencia de los partidos y qué papel va a jugar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, creativa y constructivamente, los legisladores optaron por eliminar a los partidos, a los sindicatos y a las empresas. Hay un debate interesante que no es el momento quizás para que se dé con respecto a los sindicatos que reciben recursos públicos más allá de la cuota de sus agremiados. Si a mí me preguntan: ¿deberían los sindicatos transparentar ante cualquier ciudadano el modo en que utilizan estos recursos públicos más allá del origen de la cuota sindical?, yo diría: “Sí, sí deben”, pero ésta es una discusión que hay que madurar política y socialmente. Se abrió también la discusión de que si las empresas privadas debían ser sujetos obligados de la Ley de Transparencia, por fortuna se detuvo esa discusión para otro momento, porque en esto parecería que estamos siendo “más papistas que el Papa”. Una empresa, por ejemplo, que recibe una concesión del Estado para recoger la basura en un municipio de Guanajuato, quizá debe estar sujeta a ciertas reglas, pero hay empresas privadas que por definición tienen sus propios espacios y el ciudadano no tendría por qué pedirles cuentas. Se discutirá si las empresas deberían

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tener ciertas políticas de transparencia que las ayuden en su propia gestión de negocios, pero ésa es una decisión de cada empresa y no necesariamente resultado de una disposición legislativa. Aquí hay dos pistas que debemos analizar. Justo en esas dos pistas, las empresas deben hacer su declaración fiscal anualmente y de alguna manera reportan a la ciudadanía a través de este ejercicio, pero los sindicatos y los partidos políticos no lo hacen. ¿Qué opina de esto? Las empresas deben presentar su declaración, pero están protegidas por el secreto ﬁscal, los ciudadanos no tenemos acceso a esa información. A excepción de las empresas que cotizan en bolsa que, por disposición legal, deben publicar esos datos para que los eventuales accionistas tengan información clara y completa del modo en que están invirtiendo sus recursos. El caso de Enron ha generado un gran debate sobre la transparencia en las empresas. Y la posibilidad de que se sometan a un control por parte de sus accionistas en un mercado abierto nos permitirá discutir ampliamente el tema de la transparencia de las empresas pensando que puede ser una política útil para ellas, para potenciar sus intereses y su relación clara con sus clientes y accionistas. Pero ésta es otra discusión que no pasa por la clásica ruta de la Ley de Transparencia, que tiene que ver directa y primordialmente con los agentes del sector publico, que son los agentes representativos, y que deben darnos cuenta cabal a todos los mexicanos de sus actos, porque en todo caso, en la “empresa del gobierno” todos somos accionistas.

Hay dos cambios culturales por desarrollar: uno en el ciudadano para que tenga claro su derecho a la información y otro en el funcionario para que tenga clara su obligación.

transparencia sin honestidad no sirve, también es difícil pensar que pueda haber honestidad sin transparencia, es decir, puede haberla, pero no existe el marco jurídico ni legal para garantizarla. En ese sentido, a pesar de que tengo una visión optimista del ser humano en general, en términos políticos estoy más cerca de la lectura pesimista que piensa que si tú no colocas un conjunto de incentivos a una estructura política para que funcione bien, entonces se va a pervertir. Ya lo decía por ahí un clásico, “el poder absoluto corrompe absolutamente”. Entonces, la Ley de Transparencia puede promover, sin duda, la honestidad de los gobernantes. Por otro lado, pienso que quien es ostentosamente deshonesto deberá encontrar un modo para darle la vuelta a ciertas, no

La transparencia sin honestidad no sirve, tampoco sin un criterio de verdad y de respeto a la dignidad humana; entonces, ¿qué tipo de transparencia es la que se quiere fomentar?, ¿qué cuentas son las que se exigen y se están reportando? Hay una retroalimentación mutua entre transparencia y honestidad, porque si bien la

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todas, instrumentaciones de la Ley de Transparencia. Cuando preguntas: “¿qué tipo de transparencia es la que se quiere fomentar”?, es difícil contestar, porque son muchas las esferas de la transparencia que se quieren fomentar. En primer lugar, la de los recursos públicos, que en un país donde no los hemos usado con especial pulcritud es de especial relevancia. Pero debemos transparentar también el proceso de toma de decisiones: ¿por qué Gobernación le da a ciertas empresas y no a otras unas concesiones para el usufructo del espacio para las radiodifusoras?, lo cual tiene un impacto brutal en la vida colectiva; ¿qué tipo de mensajes se envían?, ¿quiénes los envían?, en fin, pongo este ejemplo para ilustrar que no solamente se quiere transparentar el uso de los recursos, sino también el proceso de toma de decisiones, porque de algún modo la transparencia democratiza la toma de decisiones. Si todo mundo sabe o tiene claro cómo estoy distribuyendo las concesiones, voy a ser más cuidadoso en cómo lo hago, voy a tener que fundamentar y razonar más mis decisiones, lo que va a contribuir a que más actores tengan acceso a ciertos bienes. Ahora, no creo que la Ley de Transparencia sea una panacea si el ciudadano no la usa ni coloca en un contexto de exigencia a los gobernantes, por eso es tan importante para nosotros el fomento del uso del derecho y tan estratégicos ciertos acuerdos a los que hemos llegado con el sector empresarial, especialmente con la USEM, para fomentarlo.

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Ustedes han invertido mucho tiempo, recursos y trabajo a esta ley. ¿Qué resultados han obtenido y cuál cree que pueda ser el impacto social de esta iniciativa para los próximos tres años? Tenemos dos cambios culturales que desarrollar: uno en el ciudadano para que tenga claro su derecho y otro en el funcionario para que tenga clara su obligación; ese cambio en la sociedad ha comenzado a operarse, no creo que haya un funcionario público del Estado mexicano que no sepa con claridad que hay una Ley de Transparencia y que sus decisiones pueden estar sometidas a un escrutinio severo por parte de los ciudadanos, por ello empiezan a modificar ciertos patrones de comportamiento. Por ejemplo, que determinados funcionarios tengan claro que sus colegas pueden someterlos a un escrutinio, sabedores de que a través de la Ley de Transparencia pueden hacer preguntas que pongan en jaque a sus propios colegas o que los funcionarios públicos tengan clarísimo que cualquier periodista puede someterlos al ridículo o a un procedimiento administrativo si son sorprendidos en actos ostentosamente indebidos. En fin, la Ley de Transparencia genera un contexto de exigencia y ya se está empezando a dar; ya no se puede hablar con ligereza en la vida pública, porque de inmediato te pueden hacer llegar solicitudes de información que pueden ponerte en ridículo, por decir lo menos. ¿La transparencia es necesaria para el desarrollo, el progreso y la competitividad? Sí. Más y más países de Occidente se han ido sumando a esta práctica; 69 países tienen Ley de Transparencia, y el 75% de esas leyes han sido aprobadas de 1990 a la fecha; es decir, estamos ante un fenómeno democrático reciente. En América Latina somos casos excepcionales, porque hay muy pocos países con Ley de Transparencia. Hace dos meses Honduras aprobó su ley siguiendo mucho el modelo mexicano. Esto es importante porque en un mundo globalizado las alternativas de inversión son múltiples, un inversionista lo mismo puede decidir ir a África, Asia o América Latina, entonces, ¿cuáles son sus criterios para colocar sus recursos?, pues lo hará en aquellos países que le

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den más certeza. ¿Y cómo se produce la certeza?: con información, la cual se genera, entre otros medios, con leyes que posibilitan el acceso a la misma. Por lo tanto, un país que no tenga una Ley de Transparencia va a ser un país que empezará a quedarse rezagado en la competencia mundial. En México, la Ley de Transparencia le ha dado más certeza al conjunto de los actores políticos, sociales y económicos, pero todavía no hay una conciencia clara de lo que la ley es capaz de ofrecer. Hay mucho que avanzar para socializar el uso del derecho, para que más y más mexicanos sepan que se puede usar e incluso personas de otros países, pero me parece que una condición para la competitividad de las economías en el futuro va a ser que éstas cuenten con una ley de transparencia y también, curiosamente, la protección de datos personales. Porque, por ejemplo, el banco en el que uno tiene sus ahorros posee mucha información sobre los patrones propios de conducta: lo que te gusta, a dónde paseas… Desde tu cuenta bancaria se podría hacer un perfil tuyo, y ése es un espacio de privacidad que debe ser protegido por las leyes. Europa cuenta con protección de datos personales, América Latina está en pañales y México está dando un paso importante. ¿La relación entre una iniciativa y el fomento a una cultura de transparencia ayuda en el combate a las causas de la pobreza? Sí ayuda, aunque no es la variable explicativa central. Es importante tener instrumentos para luchar contra los privilegios de algunos sectores y los privilegios normalmente se ocultan, y una manera de luchar contra ellos es estableciendo políticas de transparencia que de algún modo, ante el temor de quedar expuestos ante la opinión pública, se reduzcan, disminuyan o desaparezcan. En el pasado, un periodista después de muchos años, con numerosos contactos y redes, podía tener acceso a información privilegiada; hoy en día, un chamaco de 21, recién egresado de la universidad, puede tener acceso a información muy importante para la prensa, porque la Ley de Transparencia terminó con ciertos privilegios al democratizar el acceso a la información. Y lo mismo puedo decir sobre las políticas públicas, si éstas no se someten a un escrutinio, pueden estar ejerciendo viejos privilegios, mientras que una Ley de Transparencia al sacarlo a la luz pública los puede evadir o, en el mejor de los casos, desaparecer. Entonces, la Ley de Transparencia es un instrumento

para luchar en contra de la pobreza, en tanto que democratiza el acceso a la información en relación con las propias políticas que incrementan los agentes gubernamentales. Yo creo que si en los últimos 50 años hubiéramos tenido una Ley de Transparencia eficaz y utilizada plenamente por los ciudadanos, ésta habría tenido un impacto contra la pobreza. ¿Qué se pretende lograr al ofrecerle al ciudadano la oportunidad de tener acceso a la información? Para empezar: confianza, que es un gran déficit de nuestra vida pública; desconfiamos todos de todos, no se diga del gobierno. Si algo nos falta es confianza y la Ley de Transparencia puede ofrecerla al ciudadano, la use o no la use. En segundo lugar: certeza, la certeza del ciudadano de tener acceso a la información, lo que lo hará reaccionar más como agente social, económico y político. Además, mucha información a la que puede acceder el ciudadano le puede ayudar en su vida, pero no es mágico, los efectos de la Ley de Transparencia se modulan a largo plazo. ¿Qué le pediría al empresariado USEM respecto a este tema? La USEM ha hecho especial énfasis en la participación a partir de la doctrina social que la inspira, y los empresarios deben privilegiar su participación en la vida pública haciendo solicitudes de información sobre la vida colectiva y sobre asuntos que atañen a sus propios intereses, aunque esto generalmente va a redundar en un beneficio público, yo también lo vería muy ligado a la importancia de la Ley de Transparencia y su efectividad, el concepto de responsabilidad tan subrayado por la USEM; responsabilidad es hacerse cargo de las consecuencias de nuestros actos, responsabilizar a los gobernantes supone colocarlos en ese contexto de exigencia. Lo que la USEM ha querido fortalecer es la responsabilidad del empresario ante la sociedad y a través de esta participación responsabilizar a los gobernantes. Por ello, la Ley de Transparencia debe ser un instrumento privilegiado para que se responsabilice a los actores políticos de sus decisiones. En México, sólo el 19% de las solicitudes de información proviene del sector empresarial y considero que organizaciones como la USEM y el IFAI tenemos la responsabilidad de ampliar el derecho de los empresarios y darles a conocer la utilidad social y empresarial que puede tener ese derecho. g

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PROPÓSITO DE …

Perseverar en la defensa de la vida RODRIGO GUERRA LÓPEZ

uego de la controversia en torno al aborto en el Distrito Federal, estamos obligados a detenernos un minuto para evaluar qué ha pasado, qué debemos reflexionar y hacia dónde tenemos que seguir caminando.

¿Qué fue lo que pasó? Desde el punto de vista legislativo los hechos son claros: con 46 votos del PRD, PRI, Nueva Alianza y la Coalición Socialdemócrata —que integra al PT, a Convergencia y a Alternativa— se aprobaron las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud que despenalizan el aborto en la ciudad de México durante las primeras 12 semanas de gestación. Los 17 asambleístas del PAN y dos del PVEM votaron en contra. Un priísta se abstuvo. Asimismo, se redeﬁne el embarazo en términos de implantación, es decir, a partir del momento en que el embrión se adhiere a la pared del endometrio y no a partir de la fertilización que acontece ordinariamente en una de las trompas de Falopio. El debate social previo a esta legalización se estructuró en torno a una lamentable polarización “Iglesia católica vs. pensamiento laico”. La sociedad civil organizada reaccionó a favor de la vida y de la mujer de manera enérgica a través de múltiples acciones cívicas, mediáticas y políticas. Los obispos mexicanos expresaron la doctrina elemental de la Iglesia a este respecto: el aborto procurado es un crimen debido a que de manera voluntaria se le quita la vida a una persona humana inocente. Algunos académicos y asociaciones de bioética de todo el país expresamos nuestro punto de vista en entrevistas y desplegados: el embrión humano es persona, es auténtico sujeto de derechos. La evidencia cientíﬁca a este respecto es contundente: desde la fecundación se establece un auténtico organismo individual humano, es decir, un sistema biológico con genotipo propio, metabolismo propio, sistema inmunológico propio. La falta de actividad del sistema nervioso central no es argumento para negar la

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personalidad al embrión durante las primeras semanas de su desarrollo. Al contrario, el sistema nervioso comienza a funcionar gracias a que existe vida propiamente humana en el embrión temprano y no viceversa. Sin embargo, de nada sirvieron los argumentos científicos, jurídicos y éticos. La mayoría de los legisladores capitalinos no deseaban profundizar en la nueva biología del desarrollo, en la coherencia formal que deben mantener nuestras leyes y mucho menos en las razones que justifican el respeto absoluto a la dignidad de la vida humana naciente. La irracionalidad se impuso en el fondo y en las formas. El día de la votación se celebró el “mayoriteo” con todo tipo de estridencias, burlas y descalificaciones. ¿Qué debemos reflexionar? Una primera reflexión que me parece es posible obtener de toda esta experiencia es la urgencia de reproponer una nueva presencia de los fieles laicos en la vida pública. En buena medida, las posturas intolerantes y cerradas al debate estrictamente racional existen por los vacíos que hemos dejado históricamente los cristianos en nuestra nación. Los obispos han cumplido con su papel de enseñar, de exhortar y de orientar la conciencia. Sin embargo, su palabra no basta. Es preciso que quienes por propia vocación hemos de vivir nuestra fe en medio del mundo, transformándolo para que sea más humano y, en el fondo, más cristiano, asumamos un nuevo protagonismo. El tiempo del cristianismo vergonzante ha pasado. No se puede proseguir por una vía intimista y puramente inspiracional. El cristianismo y sus valores esenciales deben ser afirmados de manera secular por laicos competentes que en todas las instituciones y espacios muestren a través de la acción y el liderazgo que es posible hacer las cosas de un modo distinto. Una segunda reflexión, me parece, cae por su propio peso a partir de la primera. Necesitamos más y mejores perfiles capaces de dar testimonio coherente y perseverar en la lucha. Para ello, es necesario activar un trinomio elemental: vida espiritual, formación intelectual y acción organizada.

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La vida espiritual no es sólo el cumplimiento más o menos mecánico de cierta tradición ritual, es principalmente ser dóciles a la presencia de Dios en la historia perteneciendo realmente a una comunidad de discipulado en la que los amigos nos ayudemos a crecer, a amar y a servir con la fuerza que proviene de los sacramentos, de la oración y de la Palabra. La vida espiritual no es un check-list de devociones y prácticas, es primordialmente estar disponibles para que Dios haga con nuestra vida lo que Él quiera, cuando Él quiera y del modo como Él quiera. La formación intelectual es indispensable. No bastan las buenas intenciones para triunfar en el debate público actual. Además de nuestra competencia profesional necesitamos recuperar a la Doctrina Social de la Iglesia como agenda laical por excelencia. En ella se encuentra un tesoro de sabiduría práctica que nos da principios permanentes, criterios de juicio y directrices de acción. La Doctrina Social necesita ser rumiada, profundizada, investigada y puesta en práctica. La acción organizada no significa amafiarse para hacer politiquería. Significa tener la grandeza de corazón para trabajar junto con otros cristianos y hombres de buena voluntad que, aunque posean acentos distintos al nuestro, nos permitan atender de verdad y con perspectiva estratégica agendas de valores comunes en la escena pública. Acción organizada significa, en el fondo, creer en el amor, en el perdón y en la reconciliación como método para la vida social y política –y no sólo para la vida privada. ¿Por dónde seguir caminando? El trabajo a favor de una cultura de la vida apenas comienza. Benedicto XVI, recientemente, al hablar sobre el drama del aborto, sobre la experimentación con embriones, sobre la posible reedición de prácticas eugenésicas, señala: “El cristiano está continuamente llamado a movilizarse para afrontar los múltiples ataques a que está expuesto el derecho a la vida. Más aún, la conciencia, a veces arrollada por los medios de presión colectiva, no demuestra suficiente vigilancia sobre la gravedad de los problemas que están en juego, y el poder de los más fuertes debilita y parece paralizar incluso a las personas de buena voluntad”. Por ello, es indispensable prestar atención a tres tareas impostergables: • Promover la creación de espacios de estudio y formación rigurosa en Doctrina Social Cristiana y en Bioética. Este tipo de estudio no sólo corresponde realizarlo a ciertos “teóricos”, sino a todos. Particularmente quienes ejercen de hecho algún tipo de liderazgo en la empresa, en las organizaciones civiles, en las instituciones de enseñanza o en los medios de comunicación, pueden y deben ser

La acción organizada significa creer en el amor, en el perdón y en la reconciliación como método para la vida social y política y no sólo para la vida privada. la punta de lanza de un nuevo liderazgo intelectual cristiano que permita discutir y proponer con razones bien fundadas, la verdad sobre la vida humana, sobre la familia y sobre la sociedad. • Participar activa y permanentemente en los organismos civiles y en los partidos políticos que permitan construir de manera efectiva algunos segmentos sustantivos del bien común. Todos los países desarrollados del mundo poseen una sociedad civil que ha dejado el estado de “súbdito” y ha pasado a ser “ciudadano”, ha dejado la indiferencia y ha ingresado al compromiso. • Proponer las reformas constitucionales y legales que permitan asegurar la plena vigencia de los derechos humanos fundamentales, y en particular del derecho a la vida, para todos los seres humanos desde la fecundación y hasta la muerte natural. Los derechos humanos no se fundan en una cierta edad, en una cierta pertenencia étnica, en un cierto compromiso político o en el cumplimiento de una cierta moralidad. Los derechos humanos fundamentales descansan en el mero hecho de ser-persona. Cada vez que un ser humano es vejado en su dignidad, cada vez, por ejemplo, que se realiza un aborto, los derechos de todos son afectados. Nuestra común humanidad nos vincula antes que cualquier pacto social. Nuestra común humanidad nos hermana a todos por igual. Si tuviésemos que resumir en una sola expresión toda esta reflexión, me parece que habría que decir que lo que necesitamos como sociedad es perseverar. Perseverar en el esfuerzo por hacer de cada persona el principio y fin de toda actividad social. Perseverar en la lucha cívica y, eventualmente, política, a favor del bien común. Perseverar en la promoción y defensa de la vida humana, sobre todo cuando es más vulnerable y frágil. Sólo perseverando podremos hacer de México y de Latinoamérica un mejor lugar para nosotros y para nuestros hijos. g Rodrigo Guerra López Doctor en Filosofía por la Academia Internacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein. Director del Proyecto Cátedra Karol Wojtyla en Antropología y Ética. Miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Coordinador del Observatorio Social del Consejo Episcopal Latinoamericano.

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Reunión del Consejo Central de Delegados de América Latina (CCDAL) ao Paulo, Brasil, fue el escenario para la Reunión del CCDAL, realizada por ADCE Sao Paulo y Uniapac Latinoamericana los días 12 y 13 de abril de 2007. Al evento asistieron representantes de todos los países en los que actualmente Uniapac Latinoamérica tiene representación. Durante la Reunión se acordaron puntos importantes, como: • La aprobación del documento: “Nuestra visión de la responsabilidad social empresarial. Por empresas que perduran en el tiempo”, elaborada por el Comité de RSE de Uniapac Latinoamérica. • Se aprobó la reforma de estatutos, así como el Comité Ejecutivo que asumirá funciones en el próximo CCDAL:

Pte. Latinoamericano: Sr. Pascual Rubiani (Paraguay) 1er Vicepresidente: Sr. Juan Manuel López Valdivia (México) 2º Vicepresidente: Sr. José María Simone (Argentina) Secretaria General: Srita. Ma. José Orellano (Uruguay)

• Se estableció la creación de una Comisión Económica que se planteará la recaudación de fondos más allá de las cuotas de las Asociaciones, la cual será coordinada por el Sr. José María Simone. Se felicitó a Luis Riva, de Argentina, por su destacada labor como presidente de Uniapac Latinoamérica; cargo que concluirá hasta la próxima junta del CCDAL.

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Una palabra creíble POR

“ La

Uniapac es un lugar donde el amor del Señor y el amor del mundo buscan e implementan proyectos para construir el Reino”

Para saber cuál es la situación actual de Uniapac Internacional, conocer sus fortalezas y debilidades, así como su aportación a la sociedad, platicamos con Laurent Mortreuil, director general de Uniapac Internacional, quien nos mostró un amplio panorama de la institución que preside. ¿Qué es para ti este proyecto? La misión de la Uniapac es compartida por las asociaciones locales. Se puede expresar de varios modos, pero va mucho más allá como la de la USEM. Pues, hay que descubrir, en una subsidiaridad bien entendida, lo que la Uniapac tiene que añadir a lo que ya hacen las asociaciones. Por ejemplo, pertenece naturalmente a la estructura internacional de conducir el desarrollo internacional –África, Asia, Norteamérica, Europa y Latinoamérica–, la presencia cerca de las instituciones internacionales –al nivel europeo, por ejemplo, o mundial–, el compartimiento de las riquezas nacionales a las otras asociaciones –a través de un sitio web común–, la ayuda a las asociaciones demasiado pequeñas para ofrecer a sus socios lo que desean. Además, la Uniapac puede ser una fuerza de proposición —como el proyecto RSE —, a la luz de las experiencias locales, por su visión global. Por fin, pero no por lo menos, la Uniapac puede ser la contrapartida de las Iglesias a nivel mundial.

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CATALINA CAMARILLO

En este reto, ¿cómo te sientes?, ¿lo vamos a lograr?, ¿costará trabajo? Hoy, la situación de la Uniapac no es fácil, pero está llena de oportunidades. Los objetivos teóricos y los proyectos concretos son numerosos y muy interesantes, pero todavía le faltan los recursos. Afortunadamente, el apoyo de las asociaciones y el compromiso del Consejo son más fuertes que nunca y por eso, si Dios lo quiere, y con mucho esfuerzo –por parte de la Uniapac como de las asociaciones–, el éxito no faltará. ¿Cuál es la fortaleza de la institución? La Uniapac se apoya sobre tres fortalezas que no se encuentran conjuntas en ninguna de las numerosas asociaciones dedicadas a construir une economía justa y respetuosa de la persona, a saber, y rápido: Los socios de las asociaciones son empresarios. La Uniapac no es un “think-tank”, sino que es un grupo de personas comprometidas, quienes han acumulado una mina de experiencias concretas que sólo esperan para compartirse y comunicarse. La Uniapac tiene una verdadera dimensión internacional –aunque debemos desarrollarla– que ayuda a un pensamiento y una acción más altos. La “C” de la Uniapac nos permite una visión única –enriquecida por el profundo pensamiento social cristiano–, una palabra libre –no tenemos que defender cualquier posición–y una acción inspirada por el Espíritu, el Aconsejador –sí somos al escuchar. Además, los que se dedican están aquí para servir –y no servirse– y comparten el mismo compromiso a la persona de Cristo. El que llegue a relaciones fraternales si somos fieles.

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¿Cuál es su debilidad? El campo de acción y de misión es casi infinito y los recursos muy limitados. Cierto, hay que elegir prioridades, organizarse, pedir ayuda de todos, buscar dinero… y asegurarse aún más en la voluntad providencial del Padre. Además, numerosas asociaciones cruzan dificultades serias –socios envejeciendo, mundo secularizado…–, y no siempre saben trabajar en conjunto. Pero la urgencia de hacerlo no ha faltado a ninguno.

El mundo de hoy tiene miedo, está perdiendo gusto a la vida, porque se debe reconocer que a los sistemas les ha faltado resolver injusticias escandalosas.

¿Qué valores clave se viven en la institución? ¡Ojalá que aquí se vivan los que se vivirían en cualquier empresa con cristianos!: verdad, confianza, profesionalismo, realismo, humor, humildad, audacia, libertad, esperanza, fraternidad, etcétera. La Uniapac, me parece, es un lugar donde el amor del Señor y el amor del mundo buscan e implementan proyectos para construir el Reino. ¡Y uno sabe que el Reino no será completo antes de la Parusía! ¿Qué aporta la institución a la sociedad? El mundo de hoy tiene miedo –la globalización, el medio ambiente…–, está perdiendo gusto a la vida –droga, suicidio, demografía–, porque se debe reconocer que a los sistemas –liberales o socialistas– les ha faltado resolver injusticias escandalosas. La muerte de las ideologías falsas mató la esperanza, porque uno no cree posible el construir un mundo justo y sostenible. La Uniapac puede traer a un nivel mundial una palabra creíble –porque se basa en principios universales y una experiencia real– y convenir hombres de buena voluntad, porque es posible y deseable trabajar de un modo socialmente responsable al servicio de la persona humana integral, si empezamos por el empresario mismo. g Laurent Mortreuil Ingeniero con Maestrías en Economía e Historia y Doctorado en Matemáticas. Es Director General de Uniapac Internacional. Actualmente con sede en París.

Internacional Secretaría General 24 Rue de l’Amiral Hamelin 75 116 Paris, Francia. Teléfono +32 473 945016 o +33 662 2471379 info@uniapac.org

Los objetivos teóricos y los proyectos concretos de la Uniapac son numerosos, pero faltan recursos. Afortunadamente contamos con el apoyo de las asociaciones y el compromiso del Consejo. Revista USEM

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Cufoso II CUFOSO Mérida* del 27 de noviembre de 2006 al 14 de agosto de 2007 Don Emilio Correa Ávila emiliocorreacvx@hotmail.com III CUFOSO Tabasco* Fecha pendiente Lic. José Luis Luna Peña jlunapen@grupobimbo.com III CUFOSO Durango* Fecha pendiente Lic. Luis Jaime Valenzuela Yañez luis_jaime_v@hotmail.com Taller USEM Puebla Empresa 28 y 29 de junio de 2007 Lic. Yamel Vélez Arredondo usempuebla@usempuebla.org Taller USEM Toluca Empresa Sesión de un día por mes, de junio a diciembre C.P. Edith Estrada Álvarez usemtol@prodigy.net.mx III CUFOSO Cd. Juárez del 26 de septiembre de 2007 al 13 de febrero de 2008 Ing. José Gabriel Meneses Arce director@usemcdjuarez.org I CUFOSO Tuxtla Gutiérrez* del 6 de septiembre de 2007 al 21 de febrero de 2008 Lic. Luis Sánchez Montes lsanchez@grupoado.com.mx VIII CUFOSO* del 8 de agosto de 2007 al 29 de noviembre de 2007 Lic. Sylvia Adriana Vargas Terán R e v i s t a Ugerencia@usemmonterrey.org.mx SEM • mayo/junio 2007 26

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Diplomado de formación social El CUFOSO es el programa de formación que proporciona al dirigente de empresa, la filosofía y los valores que le ayudan a definir las políticas, programas y estrategias que favorezcan su pleno desarrollo, así como el de sus colaboradores, con énfasis en el ejercicio de su responsabilidad social. Destinatarios Empresarios, accionistas, presidentes, socios, directores generales, directores de planta, gerentes generales, asesores o consultores, que cuenten con : • interés por la persona y por el desarrollo social en las organizaciones, y • disposición propia de sí y del tiempo para formarse socialmente. Duración Una sesión por semana, con duración de cuatro y media horas, durante cuatro meses y medio. La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, le ha otorgado al CUFOSO el reconocimiento académico *Por confirmar fechas de inicio y término del curso.

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E NCUENTROS

Javier Moreno Borbón, nuevo presidente de USEM Hermosillo

avier Moreno Borbón fue electo como presidente de USEM Hermosillo, en sustitución de Arturo Díaz Monge, quien durante su gestión realizó una encomiable labor.

Moreno Borbón presidirá la asociación por un periodo de dos años y ha sido socio de USEM Hermosillo desde hace casi diez. Para él, es trascendental su participación en esta misión, por la capacitación, el desarrollo y el aprendizaje que se tiene al estar rodeado de empresarios tan destacados y comprometidos. La USEM agradece el gran trabajo de Arturo Díaz y le da la bienvenida como presidente a Javier Moreno Borbón, empresario reconocido y respetado en la comunidad, y desea que su labor sea fructífera para tener cada día más empresas altamente productivas, socialmente responsables y plenamente humanas. g

En materia de competitividad y Responsabilidad Social… ¿Sabes cuál es nuestro rol como empresarios? Para conocer la respuesta te invitamos a participar en el Foro:

“Competitividad y Responsabilidad Social: el rol del empresario”. La cita es el 12 de septiembre de 2007 en el Club Industrial, A. C. Gran Salón A y B de 8:00 a 14:00 hrs. Salón Panorámico de 16:00 a 18:30 hrs. Av. Parteaguas 698, San Pedro Garza García, Nuevo León Sé parte de la construcción de un México mejor, si deseas mayores informes comunícate a: USEM Monterrey Lic. Sylvia Adriana Vargas Terán Porﬁrio Díaz 728 Sur entre Padre Mier y Matamoros Col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León Tel.: (0181) 8344.7190/ 8342.6990 Fax: (0181).8340.4302 aseventos@prodigy.net.mx o gerencia@usemmonterrey.org.mx

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Relevo en USEM Aguascalientes

iguel Ángel Juárez de la Torre al dar inicio a su mensaje, primero le dio las gracias a Dios y a los asistentes por darle el privilegio y honor “de dirigir como presidente a esta gran asociación de empresarios de nuestro estado de Aguascalientes”.

Gracias por la confianza depositada en un servidor. Exhorto al nuevo Consejo y a cada uno de ustedes, a que juntos nos comprometamos y dediquemos el tiempo y esfuerzo necesarios para que la asociación a la cual representamos logre los objetivos planeados, dijo. Aprovecho la oportunidad para felicitar al ingeniero José Luis Magdaleno Rodríguez “por su excelente labor y desempeño como presidente de nuestra asociación en el año que hoy concluye y a la vez a todos los ex presidentes aquí presentes”. Mención especial hizo para Juan Manuel López Valdivia, Héctor Hugo Vega Ponce y Javier Buenrostro Gándara y en general a todas las personas que han apoyado de alguna u otra forma. “Mis felicitaciones por su gran compromiso, de servicio e iniciativa para que USEM en Aguascalientes sea lo que es. Ustedes son un gran ejemplo para mí y haré lo posible por seguir con esa gran trayectoria. Gracias y que Dios los bendiga”. g

¡Gracias José Luis Magdaleno!

PRESIDENTE: LAE Miguel Ángel Juárez de la Torre SECRETARIO: Lic. Jorge Sámano Hernández TESORERO: Lic. Bertha Alicia Ramírez González COMISARIO: C.P. Carlos Magallanes García ASESOR MORAL: Pbro. Fernando López Gutiérrez LÍNEAS ESTRATÉGICAS FORMACIÓN: Lic. Humberto Martínez Rivas IMPACTO EN SOCIEDAD: Lic. Ricardo Pasillas Farfán COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA Lic. Francisco Javier Buenrostro Gándara Sr. Juan Manuel López Valdivia C.P. Héctor Hugo Vega Ponce Ing. José Luis Magdaleno Rodríguez Sr. José Guadalupe López Valdivia VOCALES Ing. Irma Patricia Muñoz de León Ing. Francisco Cardona Lira Lic. Eduardo López Arellano Lic. Alejandro Cadena Cruz C.P. Jorge Narváez Narváez Lic. Antonio Martín del Campo Márquez Sr. Porfirio Jiménez Muñoz Ing. Eloy Herrero Sandoval Ing. Pablo Correa Etchegaray LMT Juan Carlos Díaz Luna Ing. Oscar Pulido Novoa Ing. Oscar Carrillo Muñoz Ing. José Álvarez Fernández

De izquierda a derecha: Pbro. Fernando López Gutiérrez, Lic. Miguel Ángel Juárez de la Torre y el Ing. José Luis Magdaleno Rodríguez.

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Por un sueño posible RAMÓN HERNÁIZ IRASTORZA

l reflexionar sobre la profunda desigualdad que encontramos actualmente, propongo una estrategia para colaborar a promover la justicia y cumplir con nuestro compromiso social.

¿Qué podemos hacer los empresarios? Es enorme la diferencia de ingreso entre la población económicamente activa. Y la distancia entre los niveles superiores e inferiores continúa creciendo. Entre el 50 y el 60% de esta PEA percibe hasta dos salarios mínimos. Es urgente la creación de empleos. Para conseguirlo, es necesario que la economía crezca, tanto en el nivel de consumo interno como de exportación. Esto implica considerar diversos factores: productividad, competitividad, seguridad en el país para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras; leyes fiscales que inviten a su cumplimiento; leyes laborales más flexibles; paridad cambiaria más competitiva. Muchos de estos aspectos dependen esencialmente de decisiones políticas, sin embargo, hay otros que están a nuestro alcance como empresarios. Y si podemos hacer algo, nos corresponde hacerlo: debemos realizarlo y así contribuir a transformar la dinámica social. Si nosotros no hacemos lo que únicamente nosotros somos capaces de llevar a cabo, nadie más lo hará. Es nuestro deber y nuestra oportunidad de mejorar las condiciones de trabajo. Actualmente, en muchas empresas tenemos exceso de capacidad de producción en relación con la capacidad de consumo del mercado. Es necesario hacer crecer esta capacidad de consumo. Quienes pueden aumentarla más son las personas con más necesidades insatisfechas. Por ello, los aumentos salariales de las personas de más bajos ingresos van a repercutir de inmediato en

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un mayor consumo. Este incremento en el consumo, demandará mayor producción. Y para satisfacer esta demanda, serán necesarios más empleos. A medida que se generen más puestos de trabajo, será posible disponer de recursos para nuevos consumos. Todo esto va creando una espiral positiva en beneficio del consumo y del empleo. Es posible generar esta dinámica sin provocar una inflación. La propuesta es incrementar el ingreso de los colaboradores con más bajos ingresos de nuestras empresas, en el porcentaje que sea posible alcanzar de acuerdo a un incremento en la productividad. Y el reto está en motivarles para trabajar juntos en este interés común y reconocer con un bono mensual su participación y compromiso. ¿Cómo desarrollarlo? Propongo hacer una revisión a fondo y acercarnos para dialogar, de forma abierta y serena, con los líderes sindicales de nuestras empresas y con todos los colaboradores, especialmente con los de más bajos ingresos. Iniciar esta acción es competencia de los empresarios, por la formación y visión de futuro que tenemos. Una manera de iniciar este diálogo, es desatacar aquello que a ambos nos interesa. Puede ser, por ejemplo, expresar: “Soy consciente de que está ganando poco y deseo mejorar su ingreso. Le propongo revisar juntos las deficiencias que tenemos en la empresa para poder identificar qué puede aportar usted para que sea posible pagar más por su trabajo”. Estas deficiencias, entre otras, pueden ser problemas en puntualidad, asistencia, rendimiento, participación en los cursos de capacitación y formación, tiempo perdido, materiales desperdiciados. Cuando se han reconocido estos aspectos que afectan la productividad, se propone corregirlos, se definen estrategias para llevarlo a cabo, escuchando las sugerencias de los mismos

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colaboradores y se establecen objetivos para evaluar su cumplimiento. Alcanzar estas metas, permite obtener el bono mensual comprometido. Es decir, “del mismo cuero saldrán las correas”. Al aprovechar bien los recursos, se crea la oportunidad de distribuir entre los colaboradores lo que antes se desperdiciaba. Al solucionar estas deficiencias, aumentará la productividad y con ello, será posible pagar ese bono de reconocimiento. Además, el acercamiento, el diálogo sincero, franco y abierto van a mejorar notablemente el clima laboral. Se favorecerá la colaboración, el reconocimiento y con esta actitud, la calidad de los servicios internos de la empresa también va a mejorar. Como consecuencia, esta nueva actitud de colaboración favorece el compromiso y la iniciativa, pues el colaborador advierte que estas mejorías son el resultado del propio esfuerzo y no un regalo. El empresario, a su vez, va sembrando una forma de hacer más cercana la justicia. Y si se trabaja por la justicia, será posible aproximarse más a la paz. Existen algunos empresarios que no ponderan tanto estas dimensiones, porque piensan que lo que realmente importa es el beneficio económico, pero aún para ellos es más rentable esta estrategia. Se ha señalado que es el mercado el que establece los niveles salariales que permiten a la empresa ser competitiva. Pero esa es una óptica muy reducida, que sólo considera el corto plazo y que se olvida de lo fundamental: la empresa está formada por personas concretas con necesidades y aspiraciones, que van a trabajar con mayor dedicación y mejores resultados, cuando tienen oportunidad de participar y de comprometerse en lo que realizan. No hay reglas aplicables a todas las empresas; habrá algunas en las que el mejoramiento de la productividad no sea suficiente para cubrir el importe del bono mensual de reconocimiento. Al menos no desde el inicio de esta dinámica. En estos casos, hay que cuidar no caer en la práctica que habitualmente se presenta de incrementar los precios de venta en el mismo porcentaje que ha aumentado el costo. Es más apropiado considerar el importe total del incremento en costos, dividirlo entre el importe total de las ventas para determinar el porcentaje de aumento en los precios de venta. De esta manera será posible recuperar el importe del bono mensual de reconocimiento. Esta dinámica de trabajo refleja lo que propone la economía de mercado socialmente responsable. Una

dinámica que hace posible alcanzar las metas marcadas y permite proponer progresivamente otras más exigentes. Que hace posible continuar avanzando solidaria y firmemente hacia una mayor justicia y paz social. Si dudamos de que la economía de mercado socialmente responsable sea el mejor camino, miremos alrededor: ¿Qué esta pasando en otros países de América? ¿Es eso lo que queremos para México? ¿Cuánto valdrán nuestras empresas si esa realidad nos alcanza? Nosotros, los empresarios, tenemos ahora la palabra. Vale la pena considerar aquel adagio chino que dice que “Para el viaje más largo, hay que dar el primer paso”. g Ramón Hernáiz Irastorza rhernaiz@vitex.com.mx

Al aprovechar bien los recursos, se crea la oportunidad de distribuir entre los colaboradores lo que antes se desperdiciaba.

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E SPACIO Z

Transparencia y rendición de cuentas HÉCTOR Z AGAL ARREGUÍN

l igual que “democracia”, el término “transparencia” se ha convertido en una de esas palabras mágicas con la que se pretende resolver cualquier problema. La transparencia no es de suyo una cualidad positiva ni negativa.

Actualmente, se asume sin más que la transparencia y el exigir cuentas es algo necesario. Pero sólo se trata de un medio para el buen gobierno. La “transparencia” necesita de un elemento más. ¿De qué nos serviría un flujo de información desbordante si no podemos hacer nada con los datos que nos proporciona? ¿De qué nos ayuda un diagnóstico que no ayuda a curar? Entender a la “transparencia” como una panacea, supone que sólo basta poner un gran ojo vigilante sobre nuestro gobierno, una especie de Gran Hermano en manos del pueblo, para resolver todos nuestros problemas. Comúnmente, se comparte la idea de que el concepto de transparencia se ha tomado prestado de la iniciativa privada. Así, la fiscalización, entendida como un control impuesto, no es más que el transportar un modelo ya probado y por lo tanto infalible. En realidad, el modelo gerencial, tal y como se comprende dentro de las empresas, estaría incompleto si sólo se tuviera en cuenta su aspecto fiscal. De igual forma, reducir los índices de corrupción en el gobierno, exige un poco más que un panóptico omnisciente. Por supuesto que la fiscalización, como herramienta de control, aumenta las probabilidades de acertar nuestras predicciones sobre el comportamiento del gobierno. Sin embargo, de nada nos ayudará el acceso a la información si no ponemos un acento en la madurez de los directivos: tal y como lo hacen las empresas. Es claro: el puro control sirve sólo para controlar. Pero no para gobernar.

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Los sistemas de control funcionan como incentivos muy efectivos. Pero si nos detuviéramos ahí correríamos varios riesgos. Entre ellos están los siguientes: • Poca capacidad de reacción y adaptación, porque todo es controlado. • Inhibición de la acción, por miedo a ser castigado. • Desarrollo de atajos a los controles. No queremos negar el valor y necesidad del control. Lo que ahora queremos subrayar es el riesgo de los efectos perversos –efectos secundarios no deseados– si articulamos la Administración Pública a partir de la pura tarea de vigilancia. Las personas, los dirigentes, se volverían cada vez menos proactivos y sólo se ocuparían de resguardar su puesto, de asegurarnos que merecen estar ahí. Pero los órganos de control no deberían comportarse sólo como perros de guardia. A la vez, deberían ejercer una función de apoyo que le permita a los servidores públicos conocer sus propios errores, como una especie de termómetro. Si en el gobierno sólo apretamos por un lado, haremos agua por otro. Es necesario poner un acento en la dirección, no sólo en la posibilidad de exigir saldos positivos (por decirlo de algún modo). Es menester hacer de la Administración una república, pero sólo en la medida que sirva para dirigir y no sólo controlar. La política y sus mecanismos deben estar en un escaparate, porque son, por principio, un asunto de todos. La cultura de la transparencia, el “prejuicio” de informar es el entorno necesario para un control sano. La ﬁscalización, unida a la orientación y a la gestión, es el mecanismo adecuado. Deja de ser exclusivamente un medio de castigo para convertirse en una herramienta formativa: tanto para el ciudadano como para el servidor público. g Doctor Héctor Zagal Arreguín Profesor de la Facultad de Filosofía en la Universidad Panamericana.Coautor junto con Alejandro Trelles de los libros: AMLO: Historia política y personal del jefe de gobierne del D.F. (Plaza Janés, México, 2006), entre otros.

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