Transparencia e integridad para el mercado voluntario de créditos de carbono

La reciente cumbre en París pone sobre la mesa el problema de la deuda de los países más pobres y subraya la necesidad de reformar el sistema financiero actual, hijo directo del orden mundial de la posguerra. Un asunto que concierne con fuerza a América Latina.

El mercado voluntario de créditos de carbono enfrenta actualmente un desafío enorme, que puede limitar drásticamente su crecimiento, o transformar su modelo de negocios para prevalecer. Recientemente, se hizo de público conocimiento que una de las mayores firmas globales de certificación y registro de proyectos de créditos de carbono, tenía un “sobregiro” enorme en cuanto a lo que declaraban sus proyectos como oferta de captura de gases efecto invernadero - GEI, versus lo real. La falta de fiabilidad en un ente que registra proyectos luego de procesos de auditoría y verificación deteriora la percepción de calidad de los créditos emitidos sobre la base de sus procesos, y, por lo tanto, pone en tela de juicio todo el mecanismo que sostiene el mercado voluntario.

Lamentablemente, el debilitamiento de este mercado restringiría la contribución a la captura de GEI de una de las opciones que la COP 26 alentó con el anuncio de la implementación del artículo 6.2. del Acuerdo de París descrito como “… mecanismo voluntario y descentralizado, en el cual las partes involucradas se ponen de acuerdo para transar resultados de mitigación de transferencia internacional (ITMO por sus siglas en inglés) y así ayudar a los países a cumplir con sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, todo esto sin la intervención de un ente central”. Su debilitamiento reduciría el estímulo para la acción del sector privado, que, está llamado a consolidar una serie de inversiones voluntarias para alcanzar los ODS – además de las medidas obligatorias, que, en el caso de impuestos al carbono, no alcanzan a todos los sectores ni que los gobiernos apliquen una política de control fiscal y han significado un gran costo social para la población más vulnerable. Es decir, en general, los empréstitos del FMI implican la obligación de reducir los gastos, aún los sociales (como eliminar subsidios y congelar salarios) y hacer crecer los ingresos (lo que implica por ejemplo aumentar los impuestos y las tarifas de servicios que presta el Estado) para corregir las distorsiones financieras.

Por ello, que el secretario de Naciones Unidas haya reconocido esos problemas es una buena noticia. Pero el análisis de los expertos deja ver que no es una situación fácil de resolver y que puede faltar mucho para acordar un nuevo sistema financiero internacional que sea útil pero a la vez justo.

Para Luis Ignacio Román Morales, economista e investigador mexicano, reformar el sistema financiero internacional es una tarea bastante compleja, porque requiere de la voluntad política de los actores financieros y de los gobiernos. Explica que en el FMI y el Banco Mundial (otro pilar del sistema) los votos dependen de la proporción de acciones que los países miembros (190) tengan en ellos. “Son cinco países los que controlan esencialmente las cuotas al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Estados Unidos es de muy lejos, el primero”. Y agrega: “Las decisiones fundamentales del Fondo, del Banco o de la Organización Mundial del Comercio están en función del poder financiero porque son los que sostienen el modelo. Entonces la pregunta también es política, ¿cómo pasar de la plutocracia a la democracia?”.

Luis Zambrano Sequin, economista e individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, explica que el sistema financiero debe adaptarse a los nuevos problemas, pero que los acreedores no dejarán de poner condiciones, pues son entidades crediticias. “Cuando los bancos multilaterales, por ejemplo, el Fondo Monetario presta dinero a los gobiernos, estos no son embargables. O sea, no es como un banco privado que presta dinero y si tú no pagas se ejecuta la garantía. El Fondo Monetario le presta al gobierno y no puede embargarlo en caso de que no cumpla. Entonces, lo único que puedes hacer es llegar a un acuerdo: te presto si tú tomas estas políticas que garantizan que tú vas a poder retornar el dinero”.

De ahí se desprende el dilema del sistema financiero internacional actual: ¿Cómo prestar los recursos que desesperadamente necesitan los países en desarrollo garantizando su devolución, pero sin ahogar al país deudor con condiciones fiscales políticamente imposibles de cumplir o que afecten a los más vulnerables?

Los participantes de la Cumbre en París buscaron con una propuesta, aún gaseosa, avanzar el proceso de reformular el sistema financiero internacional priorizando, entre otras cosas, el financiamiento contra el calentamiento global. Y a ese escenario se suma una tercera arista que lo complejiza: la explosión de los préstamos chinos.

¿Y el nuevo actor global?

En forma tácita, la Cumbre de París reflejó la preocupación occidental por la creciente influencia económica —y por ende política— de China en países en desarrollo, incluida América Latina. En efecto, en la segunda década de este siglo varios países de este lado del mundo no pactaron acuerdos ni programas con el FMI, según un informe publicado en 2021 por Latindadd, Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. Mientras algunos países del sur del continente descubrían en China un nuevo acreedor. Todo esto cuando la ideología de izquierda predominaba en la región.

Pero según el mismo informe, la crisis generada por la pandemia obligó a la mayoría de los países del centro y sur de Latam a acudir nuevamente al FMI para solventar sus problemas en la balanza de pagos. Desde marzo de 2020 y hasta marzo de 2022 el FMI prestó 118.315 millones de dólares para aliviar el servicio de la deuda de 21 países miembros de América Latina y el Caribe, según el FMI.

En paralelo, otros Estados latinoamericanos acudieron a China para conseguir un respiro ante su asfixia económica. De acuerdo con un estudio escalas empresariales, así como tampoco tienen la misma rigurosidad y capacidad de control y vigilancia entre los diferentes países.

Es importante señalar que el Acuerdo de París es claro en cuanto a las reglas para estas transferencias: deben promover el desarrollo sostenible, garantizar la integridad ambiental, la transparencia y la contabilidad robusta para evitar lo que se conoce como doble contabilidad. Toda vez que no es para nada deseable una contabilidad de captura de GEI poco transparente o sobreestimada - que cae en el campo del “green washing” - lo óptimo es que la integridad de la cadena de valor sea perfectamente trazable y transparente. Evidentemente, si los propios países cuentan con marcos regulatorios y una institucionalidad sólida para el sector, esto también contribuye a una mayor confiabilidad para los proyectos que los agentes privados promuevan.

Frente a estos retos, un ente independiente, el Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono (IC-VCM por sus siglas en Inglés), ha establecido los Principios Básicos del Carbono – o Core Carbon Principles CCP - y su Marco de Evaluación, con lo que define nuevos estándares de umbral para créditos de carbono de alta calidad, brinda orientación sobre cómo aplicarlos, y define qué programas de créditos de carbono y tipos de metodología son elegibles. Estos principios son: 1. Adicionalidad 2. Información de la actividad de mitigación 3. Sin doble conteo - los cuales contribuyen al impacto sobre las emisiones;

4. Permanencia 5. Gobernanza del programa 6. Registro 7. Robusta validación y verificación de terceros independientes 8. Cuantificación robusta de reducciones y remociones de emisiones - que contribuyen a la gobernanza, y 9. Impacto neto positivo al Desarrollo Sostenible y salvaguardas 10. Transición hacia cero emisiones neta - que aportan al desarrollo sostenible. Actualmente el IC-VCM está terminando de configurar la aplicación de los CCP para la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales, que les asegure una justa distribución y transparencia sobre los proyectos que se realicen en sus territorios.

La digitalización contribuye también de manera importante a la transparencia, plataformas como la de ClimateCoin, el primer activo de carbono digital regulado, ejecutado a través de blockchain, que financiará proyectos que se alineen con los CCP, garantizando así, una moneda digital trazable, que respalda este tipo de iniciativas. En cuanto a la arquitectura institucional, el Gobierno de Panamá, a través de su Ministerio de Ambiente, viene realizando la adaptación del protocolo forestal de México bajo la metodología de la Reserva de Acción Climática (CAR), con el apoyo de CAF. De esta manera, los créditos generados sobre la base de proyectos de compensación en el país incorporarán procesos de consulta con las comunidades, la base normativa nacional, entre otros aspectos. Adicionalmente, la Bolsa de Valores Latinex, ha sido autorizada por la Dirección de Financiamiento Público de la Nación para ser la plataforma de la Bolsa Panameña del Carbono y transar los créditos generados en Panamá.

CAF apoya decididamente a los países a establecer sus marcos nacionales y desarrollar capacidades en cuanto al mercado regulado, así como a generar y diseminar conocimiento a través de webinars, estudios y foros sobre el mercado voluntario, promovidos por la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe del Mercado de Carbono - ILACC, bajo una gobernanza con los bancos de desarrollo de ALC. Uno de los retos principales que se deberá abordar en la región, es indudablemente el de adaptar y aplicar los principios y criterios de integridad de manera adecuada a la realidad de ALC, proceso al que esperamos contribuir de manera importante.

Por:

Nelson Larrea - Ejecutivo Principal de la Dirección de Programación de Sector Privado de la CAF

Fuente: caf.com