EL CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN LLAMA LA ATENCIÓN A MEDIOS AUDIOVISUALES Y PRENSA ESCRITA PARA CUMPLIR EL MANDATO DE LA LEY DE COMUNICACIÓN Y MEJORAR LAS PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO DE TEMAS JUDICIALES En los últimos días hemos visto con preocupación que el tratamiento informativo relacionado con los procesos judiciales entablados contra un grupo de personas, detenidas el 17 de septiembre pasado, podrían desorientar la opinión pública y distorsionar la comprensión integral de los hechos. El artículo 27 de la Ley Orgánica de Comunicación establece la obligación de difundir en igualdad de condiciones y de manera equitativa, las versiones de las partes involucradas. Sin embargo, en ciertos medios audiovisuales y en la prensa escrita se han emitido publicaciones que no guardan equilibrio con los hechos narrados ni con los criterios vertidos. La Constitución de la República del Ecuador, máxima expresión de la voluntad popular, señala que la información es un bien indispensable para el fortalecimiento de las sociedades democráticas y la construcción del Buen Vivir; por tanto, no puede estar sujeta a la lógica del mercado sino encaminada a garantizar el ejercicio de los demás derechos constitucionales, en especial el de la libertad de expresión y la participación ciudadana. En tal virtud se reconoce a todos los habitantes, sin discriminación, el derecho a buscar, producir, difundir, intercambiar y recibir información de forma libre, veraz, verificada, contextualizada, oportuna y plural, sobre hechos y sucesos de interés general, sin censura previa y con responsabilidad ulterior. El artículo 71 de la Ley Orgánica de Comunicación expresa que la comunicación social es un servicio público que debe ser prestado con calidad y responsabilidad que garantice los derechos a la comunicación. Esto implica, que la información difundida a través de los medios, debe realizarse con respeto y promoción de los derechos humanos con el objeto de desarrollar el pensamiento crítico de los habitantes sobre asuntos de interés general. En consecuencia, instamos a los medios y a todos los actores del sistema de comunicación social, a observar las normas deontológicas para el ejercicio plural, ético y responsable de labor informativa que aporte en la construcción de ciudadanía bien informada, libre de pensamiento y expresión, activa, y empoderada de sus derechos.
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