Revista injusticia hídrica2 by Creación Libertaria

ISSN:

Ecología Política de la hidroenergía:

Represando agua y

defendiendo territorios

Movimientos sociales y resistencia a proyectos hidroeléctricos en América Latina Revista (In) justicias hídricas, resistencias y alternativas en América Latina Segundo número. Correo electrónico: boletinjhamericalatina@gmail.com Comité editorial: Claudia López Pardo, Denisse Roca-Servat, Andrés Jiménez Gómez, Mourik Bueno de Mesquita. Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas Este volumen corresponde a la Serie “Temas de Actualidad 12019”, Fondo Editorial CBC Alianza Justicia Hídrica Este volumen corresponde a la Serie “Agua y Sociedad” No. 2 ISSN: 2414-1119 Corrección de estilo: Claudia López Pardo, Denisse Roca-Servat y Andrés Jiménez Gómez. Diseño Ilustración de caratula e Impresión: www.creacionlibertaria.net Medellín, Colombia Noviembre 2015.

reación ibertaria DESARROLLANDO IDEAS

Invitado especial: Raúl Zibechi Colaboradoras/es por países: Ecuador: Juan Pablo Hidalgo y Edgar Isch México: Teresa Campos Sánchez Chile: María Jesús Martínez, Felipe Tapia y Robinson Torres Salinas Colombia: Andrés Jiménez Gómez, Jenni Perdomo, John Duque, Red de Acción frente al extractivismo, Andrea Echeverri Sierra, Marion Benassaya, Descolonizando La Jagua Perú: Leticia Saldi, Daniela Henríquez, Jenni Perdomo, Denisse Roca-Servat y Mourik Bueno de Mesquita Guatemala: Lieselotte Viaene Brasil: Gustavo Muñoz Gaviria Agradecimientos: Diana Calle, Ana María Pino Jordán, Anael Pilares (CBC), Rutgerd Boelens, Leontien Cremers, CINARA – Universidad del Valle (En especial a Johnny Rojas). Con el auspicio de:

Índice Editorial

Artículos de análisis de coyuntura Geopolítica regional de la hidroenergía: ¿A dónde irá la energía de Ecuador y del resto de países? Edgar Isch

Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo: Cuando el bien común se confunde con el amiguismo María Jesús Martínez y Felipe Tapia

Notas informativas Colombia: Visualizando la esperanza en nuestras prácticas Curso taller “Agua Territorios de Vida” Andrés Jiménez Gómez y Jenni Perdomo. Nodo Justicia Hídrica Medellín

AGUAnta: Encuentro por la Defensa del Agua (San Carlos –Antioquia) John Duque y la Red de Acción Frente al Extractivismo

Visiones indígenas sobre el impacto del proyecto de la represa Xalalá a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala Lieselotte Viaene Estudios de caso Brasil: Formas de violencia en la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte Gustavo Muñoz Gaviria

Perú: El proyecto hidroenergético de Salcca Pucara en Perú; percepciones de cambio, relaciones de poder, y estrategias de inserción al territorio Leticia Saldi, Daniela Henriquez, Jenni Perdomo y Denisse Roca-Servat

Colombia: Los retos de la explotación hidroeléctrica para el desarrollo local en un territorio afectado por el conicto armado colombiano, el caso de la represa Ituango Marion Benassaya

Entrevista con Raúl Zibechi “La salida del modelo extractivo requiere de una crisis política, social, económica y de poder, no podemos salir gradualmente” Andrés Jiménez Gómez y Claudia López Pardo Estudios de casos Ecuador: Reexiones en construcción sobre el reconocimiento y la cuanticación de derechos, el caso del megaproyecto hidráulico multipropósito Chone Juan Pablo Hidalgo México: Conictos sociambientales en comunidades Nahuas de la Sierra de Zongolica, México Teresa Campos Sánchez

Colombia: Reviviendo conictos, hidroeléctricas en el Oriente antioqueño Andrea Echeverri Sierra Perú: El Proyecto de la Hidroeléctrica “Inambari” en la Amazonía del sur de Perú Mourik Bueno de Mesquita Chile: El movimiento anti-represas y su potencial para la transformación social; caso HidroAysén Robinson Torres Salinas Foto reportaje Colombia: Yuma (Magdalena), el río que testica la dignidad huilense en contra del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo Descolonizando La Jagua

69 76 81

Editorial

ntre la energía y el agua existe un profundo y complejo vínculo. La energía es necesaria para trasladar el agua de un lugar a otro, así como el agua es indispensable para producir energía. Ambos son elementos claves para la vida y la supervivencia del ser humano. Sin embargo, pocas veces se toman en cuenta seriamente las distintas valoraciones culturales y relaciones socionaturales que establecemos con el agua y la energía, la gran variedad de formas de gestión social y de sistemas tecnológicos que son empleados para su apropiación, uso y cuidado así como las consecuencias de las relaciones de poder en estas dinámicas. Por lo general, se asume desde una posición antropocéntrica que el agua y la energía deben estar al servicio del sistema capitalista moderno colonial que promueve el consumo desmedido.

Debido a la importancia geopolítica de América Latina, al contener el 30% de la escorrentía de agua dulce en el mundo, esta región se proyecta como una de las principales exportadoras de agua y energía. El discurso sobre la necesidad de un cambio en la matriz energética que plantea pasar de una dependencia de los “recursos no renovables” a una basada en “recursos renovables”, está trayendo consigo una fuerte dependencia en la hidroenergía. Es importante reconocer que más del 16% de la demanda de electricidad mundial es cubierta por la hidroenergía (IEA, 2010). En la región de América Latina y el Caribe, el 23% de la demanda es cubierta por hidroeléctricas (OLADE, 2012a), y en particular 11 países producen al menos 50% de la electricidad con hidroenergía (OLADE, 2012b). En la conguración de un nuevo orden energético internacional, donde a los mayores consumidores energéticos del norte global (Europa, Norte América, Australia, Japón) se unen las economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), América Latina es proyectada como un exportador de energía proveniente de combustibles fósiles convencionales (carbón, gas y petróleo) y no convencionales (gas de esquistos o lutitas) y el agua, principalmente. Si bien los combustibles fósiles representan el 82 % de las fuentes de energía mundial, la hidroenergía se proyecta para la región latinoamericana como una de las fuentes energéticas con mayor proyección mercantil. Gracias a las grandes cantidades de agua que uyen por ríos, valles y selvas, así como por su geografía mesoamericana, andina y amazónica, múltiples empresas nacionales, transnacionales y los estados latinoamericanos están viendo la hidroenergía como un negocio rentable que se camua bajo discursos sibilinos como el de la “seguridad energética nacional”, la reducción de importaciones de combustibles, el cambio de matriz productiva, o por mantenerse o consolidarse como exportadores, etc. Más allá de estas argumentaciones de gobiernos de derecha e izquierda, como lo indica Raúl Zibechi en su contribución a este boletín, la agenda política energética de la región sigue los lineamientos neoliberales al servicio de los mercados. Esto implica la producción y comercialización de hidroenergía según las necesidades de las empresas mineras y constructoras llegadas a la región y su amoldamiento a la política de seguridad energética del Departamento de Estado Estadounidense, tal como lo deja ver Edgar Isch en su análisis de coyuntura de la región, y a las necesidades voraces del gigante chino, sin olvidar la hegemonía e imperialismo interno brasileño. En este tablero, los estados latinoamericanos juegan un papel fundamental al consolidar, institucionalizar y legitimar las relaciones que se entablan entre actores burocráticos, actores económico-nancieros y actores

sociales en la construcción de territorios donde se reproducen la injusticias y desigualdades hídricas (Toro 2012). Los estados de la región conguran soberanías fragmentadas donde desarrollan infraestructura con recursos públicos bajo el interés del mercado global, codican legislaciones laxas (ambiental, laboral, etc.), formulan políticas públicas y planes de desarrollo para el benecio de un modelo que orienta las aguas y la vida para la reproducción de la dominación y el capital. Este número del Boletín (In) justicia hídrica, resistencias y alternativas en América Latina, titulado “Ecología Política de la hidroenergia: represando agua y defendiendo territorios” reexiona sobre estas interrelaciones al presentar artículos que evidencian cómo los sistemas energéticos y hidrológicos son sistemas socioambientales que se producen y afectan mutuamente. Los artículos aquí presentados dejan ver cómo la vorágine del crecimiento económico de los modelos desarrollistas, en manos de actores poderosos que a partir de una racionalidad instrumental y economicista, intenta controlar el abastecimiento mundial de energía y agua a partir de sus mercantilización y privatización en detrimento de la vida. Esta destrucción es propiciada por la producción y el consumo insustentable de mercancías, servicios y tecnologías que conguran modos de vida que fomentan el despliegue global del extractivismo especulativo, que se basa en la nanciarización de la naturaleza y la acumulación por desposesión de elementos materiales y espirituales esenciales para la vida. Así, como lo indica en la entrevista realizada para el número anterior del boletín, el investigador Horacio Machado (2014), “la violenta explotación y mercantilización de la naturaleza está produciendo una geopolítica de la “escasez” mundial de la energía y del agua”. En su entrevista para este segundo número del boletín, el pensador y activista Raúl Zibechi, enlaza esta geopolítica de la escasez con el patrón de crecimiento económico basado en el modelo extractivo y en el mayor consumo de la población. Los impactos negativos asociados a la construcción de grandes represas incluyen la destrucción del tejido social como señala el artículo sobre el proyecto hidroenergético de Salcca Pucara (Perú) escrito por Leticia Saldi, Daniela Henriquez, Jenni Perdomo y Denisse Roca-Servat, el desplazamiento y despojo de comunidades minero campesinas como lo demuestra Marion Benassaya en su estudio sobre la represa de Ituango en Antioquia (Colombia), la pérdida de la soberanía territorial y formas de violencia física y simbólica generadas por la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte (Brasil) como lo ilustra en su artículo Gustavo Muñoz. También resulta interesante cómo se reviven conictos producidos por proyectos hidroeléctricos en el Oriente antioqueño (Colombia) narrado por Andrea Echeverri y la amenaza a los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas como describe Lieselotte Viaene sobre el pueblo Maya Q’eqchi’ (Guatemala) o las comunidades Nahua de la Sierra Zongolica (México) como indica Teresa Campos en su artículo. Además, la grave afectación generada por estos proyectos hidráulicos, que se reeja, en la alteración de los ujos del rio Magdalena y su impacto territorial en el fotoreportaje del colectivo Descolonizando Los Jaguos (Huila, Colombia) y la degradación de la calidad del agua que afecta a las comunidades campesinas y ecosistemas, los graves problemas que tienen los procesos de licenciamiento ambiental y el desconocimiento de las comunidades locales por los intereses de las “mayorias” en Chone (Ecuador) como señala Juan Pablo Hidalgo. Mourik Bueno de Mesquita en el caso de la represa Inambari (Perú), nos plantea un buen ejemplo de los nefastos múltiples impactos socioambientales que generan estos mega-proyectos de centrales

hidroeléctricas y nos muestra con argumentos contundentes que estos en la Amazonia no deben planicarse ni ejecutarse y que se requiere urgentemente debates públicos para lograr estrategias efectivas de incidencia y propuestas de políticas alternativas. Más aún, por fuera de los posibles “impactos” y “externalidades” negativos que conllevarían estos proyectos, lo que está en juego es la hegemonía de un sistema político-económico poco transparente, autoritario, indolente, monocultural y avallasador, como lo ilustran a través del caso chileno en su artículo de análisis de coyuntura María Jesús Martínez y Felipa Tapia. En este contexto, podemos enmarcar el debate sobre el real signicado de la energía hidroeléctrica como energía limpia. Para responder a esta cuestión haría falta analizar el concepto de desarrollo sustentable en el cual se fundamenta la dependencia de la hidroenergía, lo que permitiría observar su asociación a la idea de crecimiento económico “verde”, dejando de lado las mal llamadas “externalidades negativas” en sus dimensiones sociales y ambientales. Por lo que se hace necesario emplazar el debate de la sustentabilidad de la energía en cuatro dimensiones: ecológica, social, económica y política y considerar que, sobre todo las grandes obras irrumpen sobre las dimensiones socio-ecológicas priorizando el crecimiento económico. De ahí que el concepto de sustentabilidad y la idea de “renovable” no sean sucientes para problematizar las tendencias verdes de un capitalismo voraz que se despliega en el sector energético. Sigue siendo de vital importancia, por lo tanto, preguntarnos en relación a los proyectos hidroenergéticos: ¿para qué? y ¿para quién?, ¿qué intereses benecian y qué racionalidades los sustentan? Esta alarmante situación pone de maniesto la importancia de insertar al binomio agua-energía bajo otras racionalidades culturales, y formas alternativas de gestión social y política, diferentes a las actualmente dominantes. Y ello implica transformar nuestra relación con la naturaleza, y permitirnos implementar estrategias autónomas de producción de energía, y de cuidado del agua. El derecho a una vida digna implica el deber de cuidar el agua y la energía, y de buscar transformaciones de matriz energéticas alternativas. En este sentido, el artículo de Robinson Torres nos presenta el caso del movimiento anti-represas en Chile como un posible sujeto político transformador del modelo de gobernanza neoliberal del agua en ese país. El debate sobre la construcción de nuevas relaciones sociales en el plano de la producción, distribución y consumo de energía es trascendental para subvertir el enfoque de las políticas energéticas actuales y las políticas de los modelos de desarrollo en la región. Finalmente, consideramos que debemos descentrar la discusión técnico-económica y poner en el centro del debate los procesos de producción y construcción de lo común (agua y energía), la reproducción de las lógicas comunitarias entorno a su constitución como elementos nodales de la vida. Es decir, debemos volver a privilegiar su valor de uso más que su valor de cambio, la riqueza concreta que poseemos como parte del ciclo hidrológico y no su utilización para satisfacer necesidades impuestas por los administradores de la profunda crisis civilizatoria que nos atraviesa.

Análisis de coyuntura

Geopolítica regional de la hidroenergía: ¿A dónde irá la energía de Ecuador y del resto de países?¹ Edgar Isch L2 Algo de historia

l denominado boom petrolero en los años setenta entregó al Estado ecuatoriano grandes recursos que se emplearon a favor de una política desarrollista y de sustitución de importaciones. Parte de esa política permitió la construcción de importantes proyectos hidroeléctricos como Agoyán, Pisayambo, Paute-Amaluza y Daule-Peripa, junto a otros proyectos menores. Su capacidad de generación fue la principal fuente de electricidad hasta nes del siglo XX.

Si bien unas represas fueron destinadas estrictamente a la producción de energía eléctrica, como es el caso de la de mayor capacidad de generación, Paute-Amaluza, ubicada a la entrada de la Amazonia Sur, otras fueron ya parte de proyectos multipropósito, como es el caso de la presa DaulePeripa, ubicada, en la Costa ecuatoriana, que concluiría años más tarde. Esta última presa forma parte de los proyectos nanciados por la deuda externa calicada como ilegítima y generadora de una grave deuda ambiental y social en la zona en la cual se encuentra (CAIC, 2008 y Acción Ecológica, 2009). Según el Informe de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público sobre Daule Peripa: “la potencia promedio generada en los últimos 8 años ha sido de 75,8 MW, lo que muestra claramente el sobre

dimensionamiento de las 3 turbinas, que funcionan a un 30% de su capacidad…” La inversión pública para este tipo de obras se redujo sustancialmente a partir de la crisis que vivió el país en 1982 y la aplicación de las políticas neoliberales hasta el 2006. Se impulsaron plantas de generación térmica basadas en la quema de combustibles fósiles, cuyo aporte creció del 27%, en 1991 al 47%, del total de energía para el 2006. La insuciencia en la generación frente a la demanda condujo a que desde nes de los años noventa, el país ampliara su consumo de energía importada desde Colombia y Perú. A partir de 2006, el gobierno de Rafael Correa dio énfasis a la construcción de grandes centrales hidroeléctricas. En 2007, se inauguró la central San Francisco con 230 MW, en 2010 entró en operación la central Paute-Mazar con 160 MW. Se han incorporado también algunas centrales menores y, en 2007, se incorporaron 2.4 MW con las primeras turbinas teóricas ubicadas en las islas Galápagos. En el Plan Maestro de Electricación 2012 - 2021 (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2012b) existen ocho proyectos estratégicos que son: Coca-Codo Sinclair (1.500 MW), PauteSopladora (487 MW), Toachi-Pilatón (253 MW), Minas-San Francisco (270 MW), Delsitanisagua (115 MW), Mazar-Dudas (21 MW), Manduriaco (60 MW), Quijos (50 MW). Existen también una serie de

1. Este artículo recoge apartes de dos trabajos previos del autor. El primero, corresponde al capítulo “Ecuador, estrategias del poder gubernamental para debilitar las protestas de los afectados” en: Yacoub, Cristina, Bibiana Duarte y Rutgerd Boelens (eds.) 2015. Agua y ecología política: El extractivismo en la agroexportación, la minería y las hidroeléctricas en Latinoamérica. Quito: Justicia Hídrica, (Serie Agua y Sociedad, Sección Justicia Hídrica, 22). El segundo es el artículo: “Generación hidroeléctrica y la política norteamericana”, publicado en lalineadefuego.info en enero de 2014. 2. Profesor universitario e investigador en temas sociales y ambientales. Autor de diversas obras en esos campos. Ex Ministro de Ambiente del Ecuador y consultor de instituciones nacionales e internacionales.

otros proyectos entre los que se encuentra nuestro caso de estudio. Para el 2016 el gobierno anuncia que el 93% de la energía eléctrica del país será generada por centrales hidráulicas.

La situación energética de los últimos años La transición energética hacia la adopción de fuentes renovables de energía es parte de un conjunto de decisiones estratégicas que tienen que ver con factores como el progresivo agotamiento de las reservas de petróleo, cuyas exportaciones no podrían superar otros 25 años, la inequidad en la distribución de la renta petrolera, la inadecuada estructura de renación que obliga a importar derivados con alto costo, los graves problemas del sector eléctrico y los daños ambientales del actual esquema de producción energética. Además, el país se caracteriza por una amplia disponibilidad de fuentes de energía renovable. Este cambio, que se ha dado fundamentalmente en dirección a las hidroeléctricas (cuadro 1), implica, ciertamente, reducción en el número de toneladas de hidrocarburos quemados para producir electricidad y sus consecuentes emisiones de gases de efecto invernadero, pero reeja también que no se procura la diversicación de fuentes energéticas renovables y, por otro lado, que se refuerza un sistema centralizado de distribución energética que diculta el control y acceso por parte de toda la población, particularmente de las comunidades rurales. Cabe señalar que un 11.8% de la producción energética nacional corresponde a centros de generación y transmisión que no están incorporados en el Sistema Nacional Interconectado, mientras el 88.2% restante forman par te de ese sistema. Este porcentaje es fundamentalmente empleado por la empresa privada.

Tabla 1 Potencia efectiva de generación Fuente de generación

1997

2006

2012

Hidroeléctrica

55%

48%

64,27%

Termoeléctricas

45%

41%

33,84%

Importación

1,24%

Otros

0,65%

Fuente: Plan Maestro de Electricación 2007 -2016 y Plan Maestro de Electricación 2012 -2021. Elaboración: EIL

El cambio en las fuentes de generación se da en medio de un aumento en la demanda de energía eléctrica, que ha crecido en un 6% anual entre 1991 y 2008. En lo institucional, una novedad fue la conformación, el 14 enero 2010, a través de Decreto Ejecutivo 220, de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC -EP, conformada por las empresas generadoras y de transmisión eléctrica estatales a nivel nacional. A la par se anuncia la reforma la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) publicada en el Registro Ocial de 10 octubre de 1996, bajo un esquema privatizador contrario a los principios constitucionales actuales. Esa ley fue creada por el Consejo Nacional de Electricidad– CONELEC -, el cual es el responsable de elaborar el plan de electricación, “de cumplimiento obligatorio para el sector público y referencial para el sector privado”, según remarca la misma ley. De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda de 2010 (INEC, 2011), el Ecuador estaba habitado en ese año por cerca de 14 millones 307 mil habitantes, de los cuales el 94.77% dispone de electricidad en su vivienda. El consumo per cápita facturado por habitante es de 984 kWh/año, cifra que, aunque un tanto mayor a la de años anteriores, ubica al Ecuador entre los de menor consumo por habitante de América Latina, lo que permite ver el bajo grado de industrialización que se verica también al observar la energía capturada por clientes nales (gráco 1).

Gráco 1 Energía facturada a clientes ﬁnales (GWh).Junio de 2012 Cantidad 890,6% 1328,8% Residencial

3099, 20%

5447,35%

Industrial Comercial Otros

4945,31%

Centrémonos ahora en un hecho: en América Latina se promueve un alto número de proyectos hidroeléctricos y podemos decir que todos los gobiernos anuncian exportar energía en el futuro cercano. Parece que todos los vecinos vamos a comprar energía unos a otros.

Alumbrado público

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2012. Visión sector eléctrico ecuatoriano y benecios del proyecto Mazar. Presentación. Cuenca. Elaboración: EIL

Generación eléctrica regional Ecuador es uno de los países en los que se vive una fuerte ebre de construcción de hidroeléctricas, situación compartida por diversos país en la región. En todos nuestros países se las presenta como energía limpia, como cambio en la matriz energética e incluso productiva que supuestamente será la salida del “subdesarrollo”, pero poco se habla de su rol en el escenario regional y global. Este es un primer aspecto del análisis que debe enfrentarse. Es importante profundizar no solo en los aspectos positivos que se suelen señalar sobre las grandes presas, sino también en lo que signican como alteración de ecosistemas terrestres, uviales y formas comunitarias de vida. Debería considerarse obligatorio recuperar las conclusiones de la Comisión Mundial de Represas de Naciones Unidas que, en su informe del año 2000, señala que el costo de los benecios de las grandes represas ha sido muy alto y en ocasiones inaceptable, a más de su ineciencia generalizada, por lo que al menos se debería contar con la aceptación demostrada de la población sobre estas decisiones claves (CMR, 2000). Las críticas y los ejemplos de ese informe son múltiples y desmitican las grandes presas. Además, las megaobras se presentan como única opción, cuando en cada caso, se debe discutir sobre la generación y la distribución local de energía no centralizada, la micro producción hidroeléctrica sin alterar zonas de vida y, por supuesto, la energía solar y otras opciones.

El gobierno de Ecuador, proyecta que: “Tendremos tanta energía que llegará un momento que se acumulará, de tal manera podremos empezar a exportar servicios eléctricos y no solo bienes primarios a países que lo necesitan” (Espinoza, 2012). Pero Colombia tiene energía para exportar, ya lo hace de manera importante hacia Venezuela y tiene varios proyectos para incrementar su producción (Dinero, 2012 y Caracol 2012). Igualmente, Perú proyecta exportar electricidad a Brasil gracias a la constr ucción de 20 hidroeléctricas (Aininoticias.org, 2011), aunque hay problemas de nanciamiento y de aceptación en el Congreso Peruano (La Primera, 2010). Hay quienes han planteado también exportar energía, esta vez, generación térmica, a Chile. Bolivia también se proyecta como exportador de electricidad a sus vecinos a partir de 2015 (fmbolivia.com.bo, 2012). Pero si bien todos piensan exportar electricidad a Brasil y esto mantiene como principal exportador a Paraguay gracias a la presa binacional de Itaipú, Brasil tiene grandes proyectos en agenda, incluyendo centrales hidroeléctricas binacionales, como es el caso del proyecto del Madeira internacional con Bolivia y de las hidroeléctricas de Garabí y Panambí con Argentina, buscando un gran aumento de su capacidad energética (Energía Bolivia, 2013; ver también el caso de Brasil en este boletín). Chile, al contrario de lo deseado desde Perú y Bolivia, no se mira como país comprador de electricidad, sino de exportador teniendo como su cliente principal a Argentina. Para ello, la producción de energía eléctrica en el Norte Grande chileno crecería con la próxima puesta en marcha de dos nuevas centrales térmicas, que generarán 300 MW adicionales (La Nación, 2011). Por su parte, Argentina trabaja en la construcción de centrales hidroeléctricas en Santa Cruz y las mencionadas binacionales con Brasil.

Esto dejaría con excedentes importantes a Uruguay, que por hoy, exporta a Argentina, y que incrementó sus ventas ante la crisis energética que viven ciudades como Buenos Aires desde diciembre de 2013 (Reuters, 2013). Si bien este último caso demuestra la importancia de la interconexión para superar dicultades momentáneas y estacionales, los datos conrman que casi todos los gobiernos anuncian sustanciales incrementos en la generación de electricidad y que exportarán a sus vecinos. Pero ello es imposible con exceso de producción en cada país.

¿Energía para quién?: Dos hipótesis igualmente válidas Si los distintos países de América del Sur van a tener en pocos años un superávit de energía eléctrica, la pregunta clave está en cuál será el destino de esa energía. Tema fundamental que supera el considerar la cantidad de energía e incluso su fuente de origen, pues resulta poco conveniente desde la perspectiva ecológica y el objetivo de emancipación popular, el producir energía limpia con el propósito de mantener el sistema de explotación y de acumulación de capitales en pocas manos. Las hipótesis factibles que se presentan son dos: la energía será para los grandes proyectos extractivistas (en el caso del Ecuador además para universalizar las cocinas de inducción como forma de uso del superávit) o, la energía será para exportarla a las potencias del Norte. Las dos son válidas y no excluyentes entre sí. Además, el extractivismo en última instancia también benecia a las potencias del Nor te, sus corporaciones transnacionales y, por otro lado, la energía exportable a partir de grandes represas puede considerarse como otra forma de extractivismo. En la hipótesis ligada directamente a la explotación de grandes volúmenes de recursos naturales (una de las características del

extractivismo), hay que recordar que la minería a gran escala no se realizará sin grandes volúmenes de agua y un importante consumo de electricidad. De manera que, realmente se debe generar más electricidad para esas empresas, lo que implica que las hidroeléctricas no necesariamente están vinculadas a un cambio en la matriz productiva sino que pueden sustentar el extractivismo y el viejo modelo de acumulación igual como lo han hecho los hidrocarburos. En el segundo caso, se entiende con facilidad la entrega de energía a Brasil, potencia regional emergente, mientras no cubra sus propias necesidades energéticas, tal como lo tiene planteado. Lo que parecía muy lejano es el poder enviar esa energía a Estados Unidos y Canadá, pero la barrera que suponía la región del Darién en Panamá, a pesar de las dicultades geográcas será superada en poco tiempo. La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) evidencia que: “En la actualidad, se pueden distinguir 4 subregiones eléctricamente interconectadas en América Latina y el Caribe: la primera, formada por México interconectado con América Central a través de Guatemala y Belice y la interconexión interna de América Central; una segunda subregión, la constituyen los países del área Andina, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú; la tercera subregión está denida por la interconexión entre Argentina y Chile; y la cuarta por los países del Merco Sur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A estas 4 subregiones interconectadas, hay que agregar interconexión existente entre Venezuela y Brasil” (OLADE, 2011). Con esta realidad y los nuevos planes de interconexión, desde Estados Unidos ya se preparan a aprovechar la electricidad que generen los países latinoamericanos. Para ello, ya está proyectada la interconexión entre Colombia y Panamá, que integrará a Centro y Sur América, con

una línea que contará con un tramo terrestre y otro marítimo con una inversión de unos 450 millones de dólares norteamericanos (OLADE, 2011). Los gobiernos de los respectivos países rmaron ya un acuerdo al respecto (Proyecto Mesoamérica de Integración y Desarrollo), aunque por lo pronto, Panamá lo pospondría por razones económicas (EFE, 2013), dejando abierta la posibilidad de buscar un nuevo socio para cubrir la inversión necesaria (El Universal, 2013).

interconectado, con oportunidades espectaculares de empleos en Estados Unidos, intereses comerciales, desarrollo económico y la seguridad energética ligada a perspectivas políticas en Canadá, México, Venezuela, el Caribe y más allá… Todas estas actividades son críticas para lograr nuestra propia seguridad energética, así como para un mayor desarrollo económico, acceso a la energía y estabilidad para un futuro más fuerte, más seguro y más próspero para las Américas”.

El volumen de energía a la que el imperialismo norteamericano pretende acceder, puede tener magnitudes enormes. En un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2013), se establece que el potencial de energía renovable de América Latina y el Caribe para 2030, es suciente para cubrir más de 22 veces la demanda eléctrica proyectada hacia ese año. En otras palabras, los recursos solares, geotérmicos, mareomotrices, eólicos, y la biomasa disponibles en esta región podrían producir hasta 80 petavatios/hora de electricidad, cuando hoy la región consume apenas 1,3 petavatios/hora de electricidad. Y para el 2030 requeriría entre 2,5 a 3,3 petavatios/hora. La enorme potencialidad, sin contar con otras fuentes de generación ya presentes en la región, es vista como una impor tante posibilidad de exportación.

Las consideraciones geopolíticas del documento son múltiples, incluyendo su preocupación por la trascendencia solidaria de Petrocaribe y la “dependencia” en Venezuela de varios países (nunca ven mal la dependencia real ante Estados Unidos), o el crecimiento de inuencia de Brasil y el peso de Argentina como posible tercer poseedor de reservas de shale gas (también conocido como gas de esquisto o gas pizarra, por encontrarse a grandes profundidades en formaciones de este tipo de rocas).

Los planes del gobierno norteamericano Con lo señalado anteriormente, la sorpresa es menor al conocer que el 11 de abril de 2013, Carlos Pascual, jefe de Energía del Departamento de Estado norteamericano, presentó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos un documento (Pascual, 2013) donde detalla el proyecto denominado “Connecting the Americas”, en el que las empresas de su país, “desde la frontera con México, hasta la Tierra del Fuego“, pueden establecer un sistema eléctrico, que representa un negocio de 1,4 billones (millones de millones) de dólares. En palabras de Carlos Pascual: “Fundamentalmente, el panorama de la energía en el hemisferio occidental es profundamente complejo e

Un documento que puede considerarse complementario, es la presentación realizada por el mismo Carlos Pascual en el Woodrow Wilson Center en mayo de 2012 (Pascual, 2012). Allí plantea como objetivos de la política norteamericana: dirigir la geopolítica de la energía (incluyendo “mercados dinámicos” y “fronteras energéticas”); estimular mercados para la transformación energética (privatización, como la que acaba de ocurrir en México); y transparencia, gobernanza y acceso a la energía (a partir de servicios privados, se entiende). No duda en presentar las interconexiones que unirían a toda América Latina con Estados Unidos y Canadá, las cuales deberían estar operables para 2020, año proyectado del Conecting the Americas. ¿Vamos a producir más energía eléctrica para garantizar la “seguridad energética” de Estados Unidos? Esa es una pregunta que no se plantean los gobiernos extractivistas de la región. Insisten en que se exportará electricidad, pero no se dice para quién y con qué nes. Sin embargo, el extractivismo nos ubica geopolíticamente como proveedores de materias primas y recursos demandados por las potencias capitalistas. Esa es la pista fundamental para encontrar la respuesta correcta.

Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo: cuando el bien común se confunde con el amiguismo 1

María Jesús Martínez y Felipe Tapia

Foto: Miguel Hechenleitner

obierno tras gobierno, Chile ha buscado posicionarse como un país estable y seguro para los inversionistas. Para ello, se ha empeñado en demostrarle a las “grandes potencias” mundiales que Chile es una excelente opción dentro de los países de América Latina. Pertenecer a un grupo 3 selecto en el orden mundial, como la OCDE por ejemplo, es uno de los principales objetivos para la clase gobernante; quienes buscan proyectar una imagen de país “exitoso”.

En la práctica, este afán de quienes dicen gobernar el país, ha tenido consecuencias importantes, ya que ha implicado direccionar el “desarrollo” hacia lo

que las potencias demandan, a como dé lugar. Sumado a esto está el contexto interno de lo nacional, que reproduce las mismas lógicas mundiales de desigualdad, como consecuencia de un formato político desgastado y por sobre todo, enlodado por los intereses económicos de unos pocos. Los grandes grupos económicos han sido favorecidos históricamente por la clase política de nuestro largo y angosto país. Existe un cruce, una unión casi marital, más fuerte que cualquier lazo que han logrado fortalecer para su benecio acaparando y concentrando las riquezas, en el amplio sentido de la palabra, de esta nación. Hoy esta íntima relación estatal-corporativa, queda de maniesto en el manejo de los recursos

1. Licenciada de Geografía, miembro de la iniciativa AguasLibres.com y activista de la Red Metropolitana No Alto Maipo. Contacto: martinezleiva@gmail.com. 2. Abogado, MSc en Gobernanza de Riesgos y Recursos. Académico de la Universidad Mayor (Chile) y exalumno del Curso Justicia Hídrica (2013). Contacto: felipetapiav@gmail.com. 3.Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

naturales, donde se observa un literal “saqueo medioambiental”. Éste se ejemplica en una mega minería contaminante y avasalladora de los recursos hídricos, en la agro industria acaparadora de tierras, en el modelo forestal que arrasa con el bosque nativo y su biodiversidad y despoja de tierras a comunidades indígenas, en la concentración de los recursos marítimos y contaminación del fondo marino, en una matriz energética monopolizada, carbonizada, depredadora de nuestros ríos y valles con el aumento progresivo de hidroeléctricas, en la violencia hacia los pueblos originarios despojándolos de sus tierras y cultura, en las constantes iniciativas por acabar con el campesinado y la soberanía alimentaria. En suma, ejerciendo una violencia implícita (y lamentablemente física en cier tos territorios militarizados por levantar la voz) hacia las comunidades y los ecosistemas. En materia de aguas, uno de los proyectos emblemáticos y más cuestionados para la generación de hidroelectricidad es el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) de la transnacional norteamaericana Aes Gener y el Gr upo Luksic (dueños del 60% y 40% respectivamente). Este caso es digno de análisis puesto que es un el ejemplo de cómo se desvir túa la institucionalidad ambiental para favorecer a las empresas bajo una clara y evidente red de poder. Institucionalidad que pareciera ser un traje a la medida para éstas. El PHAM es un mega proyecto, ingresado bajo el título de “central de pasada”, que se localiza en la zona alta de la cuenca del río Maipo. Esta cuenca es una de las más importantes del país, ya que alberga y abastece a más de 6 millones de habitantes en la Región Metropolitana de Santiago.

Volcán y Colorado 1.800.000 m³ de agua) para conducirlas por un túnel subterráneo (pasando bajo glaciares) de 70 km de largo para devolver las aguas en un cuarto río (Maipo) y dadas la curvatura de éste en su trayecto, son devueltas 100 km aguas abajo del punto de captación; lo que se entiende como un trasvase de cuenca deserticando más de 100.000 ha solo en el área directa de impacto (determinado por la misma empresa porque así el sistema lo permite), ya que aguas abajo los impactos no fueron considerados ni previstos como importantes para las autoridades, aun cuando, por ejemplo, el impacto en la infraestructura vial sobre el lecho del río (como puentes) de dicha zona no fue evaluado. Las organizaciones socioambientales han denunciado que el PHAM generará impactos irreversibles sobre la cuenca estratégica de la capital. Sin embargo, la ciudadanía ha visto cómo la “puerta giratoria” entre el mundo público y privado opera; ya es común ver a funcionarios que luego de trabajar para distintos gobiernos, ahora lo hacen dentro del mencionado proyecto, teniendo en muchos casos acceso a información privilegiada, de ahí la desconanza del mundo social ante los representantes de máxima autoridad como los ministerios4.

Fuente: http://www.lanacion.cl/c entral-alto-maipo-trabajadores-del turismo-piden-frenar-proyecto/noti cias/2012-02-07/205833.html

Busca captar las aguas de 3 ríos (Yeso, 4. Ejemplo de esto es Jorge Rodríguez Grossi ex triministro de minería, energía y economía en el gobierno de Ricardo Lagos hoy Presidente del Directorio de Alto Maipo y a partir de octubre pasará a ser parte del directorio del Banco Estado, nancista de Alto Maipo; y la ex Directora Nacional de Conaf Catalina Bau, quién presionó a la Directora Regional María Teresa Latorre para que los informes, en un comienzo desfavorables para el proyecto, obtuvieran el permiso nal dentro del proceso de aprobación. Catalina Bau es casada con Enrique Correa, conocido lobista de la Concertación (Nueva Mayoría) y dueño de la Consultora Imaginación, empresa que realizó estudios de mercado para Alto Maipo.

achelet amparó este cuestionado proyecto como una de sus políticas de estado. Es así como el Ministro de Energía Máximo Pacheco, a nombre de todo el Gobierno, señaló públicamente el apoyo a Alto Maipo por “tener todos sus permisos al día y cumplir con la legislación ambiental”5, sin considerar realmente los profundos cuestionamientos, dejando claro que en Chile instancias como el Servicio de Evaluación Ambiental (aprobación/rechazo de proyectos) y la Superintendencia del Medio Ambiente (fiscalización de proyectos) parecieran ser un mero adorno y por lo demás, poco efectivas.

Declaraciones como la antes mencionada, siembran aún más interrogantes en la poco transparente relación Estado-Empresas. Es interesante observar que el Grupo Luksic es uno de los principales nancistas de las campañas políticas del ocialismo, además de tener un fuerte lazo de amistad con el actual ministro de Energía6. En este escenario surge la resistencia por parte de las comunidades y organizaciones, quienes buscan justicia y ser escuchados. La ciudadanía ha entendido, poco a poco, que defender sus territorios es una lucha de largo aliento y lo más importante, que es una lucha por la vida.

AGUA VIDA

5. El Mostrador (2014) Gobierno da su respaldo al resistido proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. 3 de septiembre de 2014. [en línea] http://www.elmostrador.cl/pais/2014/09/03/gobierno-da-su-respaldo-al-resistido-proyecto-hidroelectrico-alto-maipo/ 6. Ver El Mostrador (2015) Las extensas redes de Andrónico Luksic en la Nueva Mayoría [en línea] http://www.elmostrador.cl/pais/2015/02/11/las-extensas-redes-de-andronico-luksic-en-la-nueva-mayoria/

Notas Informativas

Visualizando la esperanza en nuestras prácticas:

Curso taller Agua, territorios de vida (Medellin 10 al 12 de abril de 2015) 1

Andrés Jiménez Gómez y Jenni Perdomo . Nodo Justicia Hídrica Medellín

a creciente explosión y agudización de conictos socioambientales en torno al signicado, acceso, uso, apropiación y distribución del agua nos exigen pensar en alternativas a la crisis ambiental y civilizatoria que vivimos. La implementación de proyectos de desarrollo extractivo que reprimarizan nuestras economías, degredan ecosistemas, amenazan la biosociodiversidad y despojan a las comunidades locales, evidencian la necesidad de problematizar la unidimensionalidad de las ideas de desarrollo y bienestar, así como cuestionar la mercantilización de la vida y el agua.

En Latinoamérica, las luchas de las comunidades articuladas en el 2000 por la coordinadora del Agua en Cochabamba (Bolivia) contra la privatización del agua, la resistencia frente a la construcción de grandes represas hidroeléctricas en Colombia y Brasil, las grandes movilizaciones sociales en contra de la extracción de minerales de las cabeceras de cuenca en Chile, Argentina, Perú y México, son ejemplos que demuestran la urgencia de juntarnos a senti-pensar de manera horizontal y creativa cómo podemos transformar estas relaciones asimétricas que amenazan la soberanía alimentaria, el patrimonio ambiental, histórico y cultural y nuestras formas de habitar el mundo. Vemos necesario desplegar

ejercicios de encuentro, debate y transformación que nos permitan concebir y visualizar de manera colectiva relaciones alter-nativas justas entre sociedad – naturaleza, que reestructeren los ámbitos políticos, económicos, culturales, y posibiliten la reapropiación colectiva de nuestras vidas y sus futuros. Como un paso más en este caminar, durante los días, 10, 11 y 12 de abril, de 2015, se realizó en la ciudad de Medellín, el Curso-Taller “Agua: Territorios de Vida”, organizado por el Nodo de Justicia Hídrica de esta ciudad3. En este espacio, se congregaron hombres y mujeres líderes, integrantes de movimientos sociales, activistas, estudiantes, docentes e investigadores, quienes conversaron alrededor de las in-justicias que viven frente al agua en sus territorios, con el objetivo de generar redes y alianzas que permitan fortalecer los procesos sociales de resistencia, las apuestas otras de “buena vida” y el encuentro para el tejer colectivo. En ese sentido, este curso-taller ofreció un espacio en el que, a través del diálogo y el intercambio de saberes, se c o m p a r t i e r o n epistemologías diferentes a las que sustentan el modelo de desarrollo hegemónico y se buscó potenciar procesos que propendan por la construcción de justicia hídrica en los territorios de los participantes.

1. Antropólogo integrante del grupo de investigación RERDSA INER, Universidad de Antioquia (Colombia) y Estudiante Maestria Gestión Sustentable del Agua, Colegio de San Luis (México). Correo: andresjimenezg@hotmail.com. 2. Estudiante de la Maestría en Estudios Socioespaciales, grupo Estudios del Territorio, Instituto de Estudios Regionales INER, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Correo electrónico: jenni.perdomo@udea.edu.co 3. La propuesta de este curso-taller se desprende del trabajo y las sinergias establecidas por un grupo de investigadores y estudiantes que se conocieron en el contexto del curso “Justicia Hídrica; ¿Cómo analizar y comprender los procesos de acumulación de derechos de agua y la proliferación de los conictos hídricos?”, realizado en la ciudad del Cusco - Perú por la Alianza Justicia Hídrica en 2013.

al Agua - Vida inicio curso

Foto: Alvaro Restrepo, Ritu

Entre las organizaciones que participaron en el curso están la Red Tejiendo Páramos (Zona Centro, Cundinamarca), Ríos Vivos (Noroccidente de Antioquia), el Cinturón Occidental Ambiental (suroeste antioqueño: Caramanta, Tamesis, Jerico, Pueblorrico), la Organización Indigena de Antioquia, la Licenciatura en Pedagogías de la Madre Tierra (Universidad de Antioquia), la Corporacion Natybos (San Carlos), Vigías del Río Dormilón (San Luis), la Corporación Jurídica Libertad, Movete (Movimiento social por la defensa del territorio y la vida en el oriente antioqueño), los pueblos Gunadule y Zenú (El Bagre y Caucasia) , la Asociación de Acueductos Comunitarios de Antioquia (ADACA), Centro Cultural de las Colinas – CECUCOL (Valle del Cauca), Mesa Interbarrial de Desconectados (Medellín), Tribunal DESC de Mujeres (Medellín), Asociación de Mujeres de Bolombolo, Censat Agua Viva y algunos invitados internacionales de México y Perú. Las diferentes organizaciones, líderes y movimientos compartieron sus experiencias de movilización y las estrategias de defensa territorial desarrolladas localmente. Así por ejemplo, “Pacho” Salazar de la Asociación de Mineros Tradicionales contó lo que sucedía en Buritica con la llegada de la multinacional Continental Gold a su municipio y la militarización y constante criminalización a las economias de subsistencia de los mineros

taller, Abril 2015.

tradicionales de esta región del Rio Cauca. Don Alfonso Patiño, compar tió la experiencia de resistencia frente a la minería a gran escala de ASAP Caramanta, el proceso de fortalecimientro de las economías campesinas a partir de la agroecología y su articulación regional en el Cinturon Occidental Ambiental. Ruby Rondón de la Asociación Arcoiris (Sonsón) y Abel Osorio de Manzanares (Caldas) hablaron sobre las problemáticas de los municipios cercanos al Páramo de Sonsón: proyectos hidroeléctricos de diversa índole y la solicitud de títulos para minería de oro. Además, Don Ivan González con Paola Rivas de la Mesa Interbarrial de Desconectados, presentaron su experiencia en los procesos de construcción barrial comunitaria en la lucha por vida diga y ser vicios públicos domicialirios de calidad, especícamente del barrio Las Independencias, en la comuna 13 (Medellín). También Miguel Henao de ADACA socializó la propuesta de ley propia de gestión comunitaria del agua que han construido desde la articulación de procesos a nivel nacional, Carlos Olaya de la Corporación Natybos de San Carlos nos hizo una profunda reexión sobre el negocio de la hidroenergía y el despojo que generan, y Humberto Pino de Ríos Vivos Antioquia, expuso las alter nativas energéticas que han venido desarrollando en sus territorios.

Tambien contamos con la presentación de conceptos y/o perspectivas que ayudaron a comprender las dinámicas que se viven en los territorios: Mourik Bueno de Mesquita nos realizó una exposición sobre la injusticia hídrica en América Latina; Angelica Serna comentó las ideas criticas sobre el “desarrollo”; Denisse Roca Servat presentó la Ecologia política del Agua; Danilo Urrea de Censat Agua Viva explicó como funciona la acumulación por desposesión; Yulieth Hillón habló sobre pluralidad jurídica y el agua; Elkin Ramirez de la Corporación Jurídica Liber tad planteó la criminalización en las luchas socioambientales que han tenido diversos procesos y, nalmente, las compañeras del Tribunal DESC de mujeres contaron su experiencia en defensa del agua en la Comuna 8 de Medellín, especícamente en Golondrinas y Llanadas. Como un ejercicio colectivo de reconocimiento de problemáticas territoriales, realizamos cartografías sociales sobre las amenazas y actividades extractivas (minería, hidroeléctricas, monocultivos, agroindustrias, ganadería extensiva, acaparamiento de tierras y autopistas, etc.) que están llegando a los territorios y las resistencias y estrategias de defensa territorial que se han implementado (movilización, agroecología, encuentros y foros, recorridos y mapeos territoriales, escuelas y pedagogías propias, comunicación, etc.). La apuesta metodológica permitió la visualización a nivel regional de los multiples actores, estrategias y riesgos que se despliegan en los territorios y posibilitó el reconocimiento de los puntos y estrategias comunes que las comunidades están realizando. Las organizaciones, procesos y movimientos que asitimos al encuentro identicamos que hemos desplegado estrategias similares para la defensa territorial, aunque cada una adaptada a nuestros contextos. Hemos encontrado en la practica y en nuestras reexiones que la articulación de los mecanismos legislados y no legislados, la implementación de procesos de (auto)formación, escuelas y encuentros subregionales ligados a

procesos de movilización legal y acciones directas comunitarias han logrado visibilizar las resistencias, poner en la agenda colectiva el tema de las propuestas de permanencia territorial y generado en nuestros cuerpos esperanzas por sabernos acompañados en un camino plegado de asimetrías, violencias históricas e inequidades inaceptables. El encuentro en el Curso Taller nos posibilitó la escenicación de saberes y haceres que, paralelos y en diálogo con los conocimientos académicos, nutrieron la polifonía de aprendizajes que en cada uno de los espacios surgieron a partir del compartir solidario. Si bien los relatos de despojo, connamiento y expulsión que recorren al país se hicieron también presentes, en especial, en palabras de los participantes del Pueblo Zenú y sus múltiples afectaciones por la ebre del oro y las violencias que viven sus territorios, en el continuo desplazamiento de los integrantes del Movimiento Rios Vivos Antioquia afectados por la construcción de Hidroituango o en los habitantes del oriente antioqueño que luego de lograr permanecer en sus territorios después de la violencia de la última década, hoy son revictimizados por nuevas modalidades de despojo ligadas al extractivismo, tambien emergieron palabras de esperanza y alegría a partir de la identicación de que no estamos solos, que las comunidades resisten y se reinventan en todos los rincones donde construyen planes de vida y autodeterminación para la permanencia territorial.

ndo car tografía de conict

ajo en grupos elabora Foto: Alvaro Restrepo, Trab y alternativas, Abril 2015.

AGUAnta: Encuentro por la Defensa del Agua (San Carlos – Antioquia) Por: John Duque1 y Red de Acción Frente al Extractivismo2

s Antioquia

Foto: Andrea Echeverri Sierra, San Carlo

El 22 de marzo de 2015 se realizó en San Carlos (Antioquia - Colombia) “AGUAnta. Encuentro por la Defensa del Agua”, en el cual se discutieron temas como la geopolítica del agua y el otorgamiento de una ilegitima licencia ambiental para la hidroeléctrica Porvenir II. De igual manera, se visibilizaron alternativas ambientales, evidenciando así la necesidad de un cambio en el modelo económico y el modo de vida que aparece como principal amenaza para el planeta.

l sistema hídrico del oriente antioqueño aporta casi el 30 % del caudal del río Magdalena a su paso por el departamento y alrededor del 30% de la energía eléctrica al sistema interconectado nacional. Esta región esta conformada por tierras regadas por grandes cuencas que uyen en las zonas montañosa de la cordillera central donde conuyen los cañones del río Magdalena, como el Nus, San Carlos, Samaná norte y sur, Cocorná Sur, Guatapé, Nare, Calderas, Melcocho, Santo Domingo, Rio Verde y Tafetanes, entre otros. Estos ecosistemas y ríos se encuentran amenazados por el boom de microcentrales y la proliferación de títulos mineros.

En San Carlos, llamado por sus habitantes “la costica dulce del oriente antioqueño”, el 70% del territorio esta solicitado para minería y proyectan represar el río Samaná con el proyecto hidroeléctrico Porvenir II. Una invitación constante durante el Encuentro fue re-pensarnos en varias dimensiones, como lo expresaba uno de los expositores: “debemos partir de un punto de vista diferente: no nos relacionamos con el agua, somos básicamente agua. Ella hilvana a través de sus incesantes movimientos, ujos y ciclos, los componentes esenciales que hacen posible la vida. En el ciclo del agua se evidencian todas las contradicciones y desigualdades sociales, las asimetrías de poder y las violencias estructurantes del modelo hegemónico”.

1. Comunicador popular, Medellín – Colombia. 2. Proceso de articulación de diversos colectivos que trabaja desde el 2009 en tres líneas en el departamento de Antioquia: formación para la defensa territorial, acompañamiento a las acciones de las comunidades afectadas por el extractivismo y generación comunicación desde y para las comunidades urbanas y rurales. Correo: reddeaccion@gmail.com

Geopolítica del agua: El problema es el modelo económico capitalista que es hidroenergointensivo Del agua que hay en todo el planeta un 3% sería dulce, pero de esta cantidad, solo el 1% estaría disponible para el consumo humano. Además esa poca agua se encuentra muy mal distribuida: mientras 748 millones de personas no tienen acceso, hay un consumo en aumento de las grandes empresas, y consumidores urbanos y existe una gran diferencia entre los consumidores de lo que llaman “primer mundo” y los del llamado “tercer mundo”. No solo el aumento de la población amenaza la distribución del agua, también las diferencias de consumo entre países y regiones. Por ejemplo, como señalo uno de los expositores de la Red de Acción Frente al Extractivismo “en Canadá de 1971 a 1991 la población creció un 3% sin embargo su consumo de agua creció 80%; además un habitante urbano consume 3 veces más que un campesino”. Una de las intervenciones en AGUAnta de una compañera de la Red de Acción nos deja algo para pensar en relación a la denición y tratamiento del agua como “recurso” operando como “renovable”: “Si lo que hacemos es imponer unos ciclos económicos sobre unos ciclos ecológicos, el agua no tiene tiempo de renovarse”. Con el pago de trasferencias y regalías por lo que llaman “recursos naturales”, las empresas hacen “un desastre terrible” pero entregan algo de plata “para intentar limpiar la imagen corporativa y hacer más rentable la extracción”. El expositor de la Red de Acción señala cómo “el modelo económico en que estamos es hidroenergointensivo, o sea necesita grandes cantidades de agua y energía para poder funcionar” y como a través de este “estamos acabando con las bases en que sustenta la vida, como la soberanía alimentaria, la soberanía hídrica, la soberanía territorial”. Según menciona el compañero “los proyectos extractivos que se desarrollan en las últimas décadas, tienden a basarse en el

Manifestación en contra de la licencia a PCH la Chorrera. San Carlos, Antioquia.

dislocamiento del lugar de la extracción y el lugar de consumo”, o sea, extraen de un lugar materia prima que será consumida en otro lugar, quedando los problemas en donde extraen. En Suramérica, continúan los compañeros de la Red, “tenemos una suer te de imperialismo energético con Brasil”, especialmente en los países amazónicos. Perú es asediado con gran cantidad de represas para la energía de Brasil y en Colombia están planteando la construcción de una carretera que pasando por el Sibundoy (Putumayo), conecte Buenaventura con Manaos. Esto hace parte de un proyecto que de IIRSA pasó a llamarse COSIPLAN (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento). “Si bien hay países (Ecuador, Brasil o Venezuela) que uno piensa que actuarían un poco diferente por sus gobiernos “progresistas”, han seguido la misma agenda política neoliberal a nivel energético”. Colombia tiene interconexión energética con países vecinos y piensa exportar energía a Centroamérica y EEUU, mientras que al interior existe desigualdad en la distribución del agua, y la privatización de la gestión del agua ha conducido a problemas de militarización, despojo territorial, dicultades en la disponibilidad y el acceso a agua y energía3. Como señalaba un compañero de la Corporación Jurídica Libertad “Si bien EPM (Empresas Publicas de Medellín) tiene mucha agua en varias de sus represas, por ejemplo, en la comuna 8 de Medellín

3. Algunas páginas que pueden ayudar a entender estos impactos desde los proceso organizativos https://descolonizandolajagua.wordpress.com/; http://debatehidroituango.blogspot.mx/; https://defensaterritorios.wordpress.com/; http://moveteoriente.blogspot.mx/

hay barrios como el Faro, 13 de Noviembre, Altos de la Torre, El Pacico y Llanaditas sin agua y sin disponibilidad de redes. Y aunque existieran redes, muchos no accederían por no poder pagar las altas tarifas. En el marco de los Planes Departamentales de Agua, más que potabilizando están privatizando el ciclo del agua. Los planes departamentales de agua acaban con los acueductos comunitarios y los procesos organizativos entorno al agua”.También se habló del “agua virtual”, que es la utilizada en el proceso de producción de las mercancías que usamos (Ej. cámaras, computadores, ropa, etc.). Como señalaba un habitante de San Carlos “El banano exportado se lleva también el agua usada para producirlo y pasa igual con el oro, la carne (se utiliza 20.000 lts de agua para producir un kilo de pollo o 15.000 para uno de res)” o el chocolate (se utiliza 2.400 litros de agua para 100 grs de chocolate). Desafor tunadamente “estamos dándolo todo por esa riqueza virtual para perder una riqueza concreta que son los suelos y el agua que es lo que tenemos y de lo que depende la vida”.

Proyecto hidroeléctrico Porvenir II: “La extracción de “riqueza hídrica” le ha causado daños irreparables a San Carlos” En San Carlos muchos ya han pasado de ser guardianes del alimento (café, maíz, caña, yuca, fríjol, plátano, piña) a ser guardianes de infraestr uctura, han debido negociar su desplazamiento bajo una inmensa presión para que vendieran o desalojaran tierras para nutrir las hidroeléctricas de EPM como Playas (201 MW), y de ISAGEN como Calderas (26 MW), Jaguas (170 MW), y San Carlos (1.240 MW) que es la de mayor capacidad instalada en el país. Son miles de megawatts de horror en embalses como Punchiná –hidroeléctrica San Carlos- que se convirtieron en fosa del movimiento cívico y campesino dada la tradición de movilización frente a la construcción e implicaciones de las represas –según dirían historiadores locales-. La ANLA –Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-, que posiblemente entregará a Hydrochina el río Magdalena para la construcción de 16 represas y la navegación de grandes convoys con mercancía,

expidió en febrero la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Porvenir II –represando el río Samaná norte-, a pesar de que el año pasado en la audiencia pública ambiental las comunidades afectadas de San Luis, San Carlos y Puer to Nare, mayoritariamente se expresaron en contra del otorgamiento de la licencia. Esta licencia, como analiza un abogado de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), “se otorga por 50 años, que son muy pocos años produciendo energía comparado a los daños devastadores sobre el territorio”. El Samaná Norte en su recorrido es un eje estructurante de la zona de Bosques Húmedos Tropicales; nace en la convergencia de Sonsón, Carmen de Viboral y San Francisco y recorre además territorios de Cocorná, San Luis, San Carlos y Caracolí, donde se encuentra con los ríos Nare y Nus para desembocar en el Magdalena. Imaginemos entonces el gran daño ambiental. Encima de eso, continua el compañero de la CJL, “el estado colombiano ha autorizado a Proesas (Producción de Energía S.A.S.) propiedad de Celsia - perteneciente al grupo empresarial antioqueño- a no tener que desmontar la represa” aunque -de acuerdo con los estudios que reconoce la misma licencia- “a los 50 años el nivel de sedimentación acumulado estará 4 ms por encima de la cota máxima de estancamiento del embalse que es alrededor de 395 m.s.n.m”. Esos niveles de sedimentación -materia podridatraerían nuevos microcambios climáticos en esta zona que ha vivido el aumento de la radiación solar (los rayos del sol normalmente minimizados por la capa vegetal, se devuelven o reejan en los embalses) e inundaciones graves en temporada de lluvias cuando descargan el exceso de agua que termina por romper los diques. En una ocasión un campesino del corregimiento Samaná, desplazado ya del caserío Puerto Belo por el embalse Punchiná, reportó que “en Samaná mueren entre 40 o 50 reses anuales por las tormentas eléctricas que crean los espejos de agua de la región”. Otro tema que preocupa es la posible presencia de restos de personas desaparecidas en el área que inundaría Porvenir II. Algunas familias desplazadas

por la violencia de la década pasada vendieron ya sus tierras en Samaná y la ganadería ha ido desalojando la agricultura y los bosques. De concretarse la planta de energía Porvenir II seguiría inundándose esta región con el “desarrollo que descompone el campesinado para entregar la tierra a la ganadería, a monocultivos, o al represamiento de los ríos”4.

Por una gestión del agua y de la tierra menos agresiva con la naturaleza Como formas de alternativas ecológicas y de conservación desde las comunidades se mencionaron la permacultura, los biodigestores y el diseño de ncas familiares de Asproinca en Riosucio (Caldas), energías renovables, tecnologías apropiadas (sin depender de gran tecnología e inversiones), recuperación de la cultura ancestral (ej. los Zenues manejaban canales de riego para los cultivos y para evitar inundaciones; existieron las chinampas, especie de plataformas sobre lagos). Una experiencia local es la Casa de la Juventud que trabaja en red con organizaciones ambientales y en procesos como el Proyecto Ambiental la Casa (donde hay una huerta) y el Proyecto Ambiental el Barrio, sensibilizando sobre residuos orgánicos, tóxicos y así mismo salidas a la piedra el tabor y otras reservas. Otra intervención del Colectivo Pacha Mama en Aguanta incita a

Foto: Juan Camilo Gaviria. Paseo a la Cascada, municipio de San Carlo

“articular este tipo de acciones que ya se han logrado al tema de la gestión del agua”, articular “todas esas comunidades que por ausencia del estado han encontrado -además de acueductos comunitarios- formas novedosas de gestionar el territorio y el agua”. Así mismo “reconocerles como patrimonio de cada una de las localidades”, sobre todo ante la actual política de privatización del gobierno con los planes departamentales de agua y aguas para la prosperidad en la zona rural.

4. Siembro mi or en el jardín de la memoria. Alianza Medellín-San Carlos en su proyecto Piloto: Retorno Colectivo de Población desplazada. En: http://es.slideshare.net/conciudadania/siembro-mi-or-en-el-jardin-de-la-memoria Consultado 10/07/2015.

Visiones indígenas sobre el impacto del proyecto de la represa Xalalá a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala a en cuenta. “Es un problema que el Estado no nos tom Es opinión de toda mi comunidad. familia, Supuestamente es un desarrollo para cada Xalalá]” ecto pero no para todos, trae muerte [el proy

Por: Lieselotte Viaene

Autoridad q’eqchi’

Foto: Lieselotte Viaene, Entrega e informe a autoridades comunitarias región Nimlaha´kok, Marzo 2015.

n marzo de este año, se realizó una gira de presentaciones en Guatemala del informe de investigación “La hidroeléctrica Xalalá en territorio indígena maya q’eqchi’ de Guatemala. ¿Qué pasará con nuestra tierra y agua sagradas? Un análisis antropológico-jurídico de los derechos humanos amenazados”. En diferentes espacios, se presentaron y discutieron los hallazgos tanto con las comunidades indígenas potencialmente afectadas, como con la sociedad civil local y nacional, y los actores estatales clave2. 1. Investigadora post-doctoral asociada, Centro de Derechos Humanos, Universidad de Gante (Bélgica). Lieselotte Viaene es una antropóloga belga, con PhD en Derecho (2011), especializada en justicia transicional, derechos humanos multiculturales, pluralismo jurídico, derechos de los pueblos indígenas y mega proyectos energéticos y extractivos, con amplia experiencia en Guatemala, Ecuador y Perú. 2. La investigación fue patrocinada por el Departamento Norte-Sur de la Municipalidad de Herent (Bélgica) que tiene desde 2000 un hermanamiento con las microrregiones de Nimlaha’kok y Nimlasachal de la municipalidad de Cobán, Alta Verapaz. Ambas regios pertenecen a la zona de inuencia del proyecto hidroeléctrico Xalalá. También contó con el apoyo institucional del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Gante (Bélgica).

Este proyecto energético ubicado en la frontera entre los departamentos de Alta Verapaz y El Quiché, contaría con potencial para generar 181 megawatts (MW). Si bien el proyecto surge en los años setenta, durante el conicto armado interno se cancela su construcción. Desde 2004, los sucesivos gobiernos colocan al proyecto en la agenda política pública para la transformación de la matriz energética, mediante el uso de energías renovables. Según el Instituto Foto: Lieselotte Viaene, Nacional de la Electricación (INDE), la Trabajo grupal socialización informe impacto de represa Xalalá, Marzo 2015. entidad estatal que promueve históricamente el proyecto, la hidroeléctrica Xalalá sería la segunda más grande proyectos energéticos y extractivos en sus territorios. El estudio está fundamentado en una del país después de Chixoy. investigación documental y empírica que aplicó la Hasta hoy en día, el diseño de este mega proyecto triangulación metodológica, entre ellos una misión no se ha realizado bajo un proceso de consulta por de investigación entre mayo y junio 2014, donde se parte del Estado de Guatemala con las comunidades reunió con varios actores nacionales, entre ellos el indígenas maya q’eqchi’ potencialmente afectadas Instituto Nacional de Electricación (INDE), e para obtener su consentimiento previo, libre e internacionales y se organizó grupos focales, informado. De hecho, a 20 años de la raticación del talleres y reuniones con autoridades comunitarias, Convenio 169 de la Organización Internacional de mujeres y ancianos q’eqchi’ potencialmente Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el afectados. Sobre la base de una visión intercultural Estado de Guatemala ha omitido cumplir con esta de derechos humanos, este estudio cristaliza obligación internacional y ha impuesto centenares también una serie de recomendaciones dirigidas al de proyectos extractivos y energéticos en territorios Estado de Guatemala, inversionistas y la indígenas maya con el argumento de que son clave cooperación internacional. para la inversión social, el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Esta omisión y la falta de información sobre los emprendimientos es el detonante principal de la alta conictividad social en Guatemala. Además, el país está viviendo la crisis política más profunda desde la rma de los Acuerdos de Paz en 1996 por los escándalos de corrupción e impunidad a gran escala del actual gobierno. El presente artículo busca aportar al entendimiento de la compleja situación socio-política y legal del proyecto hidroeléctrico Xalalá desde una perspectiva de derechos del pueblo indígena maya q’eqchi’, tanto a nivel nacional como local. Asimismo, intenta fomentar una discusión abierta y participativa sobre las obligaciones del Estado de Guatemala de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas frente a

El trabajo del INDE en la zona de inﬂuencia del proyecto fomenta la conﬂictividad social y el divisionismo en las comunidades potencialmente afectadas. Los datos proporcionados por el INDE muestran que durante la administración del gobierno de Pérez Molina (2012-2015) se elaboró un nuevo mapa de la zona de inuencia del proyecto y otro modelo de gestión diferente a las anteriores políticas públicas sobre hidroeléctricas. Sin embargo, a pesar de su constante demanda de información, hasta hoy el INDE no ha compartido públicamente esta nueva información y tampoco la visión de desarrollo del proyecto Xalalá con la población potencialmente afectada.

En esta nueva zona de inuencia, que abarca alrededor de 220-230 comunidades indígenas en tres municipios - Cobán, Uspantán e Ixcán – de los departamentos Alta Verapaz y El Quiché, viven 62 964 personas, de las cuales 95% pertenecen al grupo indígena maya q’eqchi’. Otro dato importante es que el INDE reconoce que el 80% de las personas potencialmente afectadas por este proyecto no cuentan con la seguridad jurídica de sus tierras. La población q’eqchi’ ha sido recurrentemente despojada de sus tierras durante la época colonial, el periodo liberal, la contra-revolución militar, el conicto armado interno y los gobiernos neoliberales que favorecieron a nqueros extranjeros, militares y empresas nacionales y transnacionales. Según el nuevo Modelo de Gestión Integral del INDE, se caracteriza por una nueva metodología de gestión social, el respeto de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, la par ticipación de las comunidades en la administración y los benecios del proyecto. Se enfoca en una comunicación clara y directa con las comunidades, informa sobre el quehacer del INDE, comprende la racionalidad de la oposición y tiene por n hallar puntos de encuentro para un trabajo común. Además, el INDE desiste también de la construcción de un gran embalse, como fue el caso de Chixoy, por su efecto negativo en las comunidades y el medioambiente, por lo cual, planea una cadena de tres a cinco represas medianas sobre el río Chixoy. Sin embargo, los datos recopilados durante la misión de investigación demuestran una gran brecha entre este discurso progresista del INDE y la realidad local. Por un lado, las comunidades han denunciado públicamente en varias ocasiones las presiones sobre sus líderes comunitarios por el personal del equipo social del INDE, el condicionamiento de proyectos de electricación rural por la aceptación del proyecto Xalalá y las amenazas de remilitarizar la zona por la presencia sorpresiva de efectivos de las fuerzas públicas en su territorio. Por otro lado, en las entrevistas realizadas durante la misión de investigación, el INDE negó estas acusaciones de parte de las comunidades. Por lo que se concluye que por no aclarar su rol y las

actividades en la zona de inuencia del proyecto de manera transparente y pública, esta institución estatal está fomentando la conictividad social en contradicción con los objetivos plasmados en su nuevo Modelo de Gestión Integral de crear conanza y respetar los derechos humanos.

Riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos de los indígenas q’eqchi’ “Igual nos pasó en los ‘80, cuando queríamos tierra, empezó la guerra. igual va a pasar ahora. El INDE no aclara qué problemas va a traer.” Líder comunitario La gran mayoría de las personas que viven en la zona de inuencia del proyecto, no solamente carecen la seguridad jurídica de sus tierras, sino también son sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos sufridas durante el conicto armado interno (1960-1996). Es decir, existe un histórico desequilibrio de poder entre el Estado de Guatemala y la población q’eqchi’. La construcción de la represa, una gran “o” en forma de catarata, no solamente implica el desplazamiento masivo de las comunidades asentadas a la orilla del río Chixoy por las inundaciones, sino también la destrucción de sus tierras fértiles, desagüe y el cambio del ujo de este gran rio. En esa zona, las familias q’eqchi’ viven de la agricultura de subsistencia, por lo cual el proyecto pone también en grave riesgo su seguridad alimentaria. Es decir, el proyecto Xalalá implicará graves riesgos de nuevas vulneraciones a sus derechos fundamentales, lo cual agravará su situación. Los datos etnográcos muestran temores y profundas preocupaciones entre la población q’eqchi’ potencialmente afectada, que atañan tanto a derechos colectivos como individuales: los derechos a la tierra y territorio, el derecho a no ser desplazado forzosamente, el derecho al agua y la alimentación y a un nivel de vida adecuado, derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho a la identidad cultural.

Foto: Lieselotte Viaene, Carretera hacia territorio de la represa, Marzo 2015.

Asimismo, revelan que los q’eqchi’ de la zona de inuencia perciben este proyecto como otro nimla rahilal, una expresión que normalmente usan para referirse a la violencia sufrida en la época del conicto armado interno. Es decir, esta población teme profundamente que el impacto provoque un nuevo gran dolor y sufrimiento que no solamente estará localizado a nivel individual físico y emocional, sino también a nivel colectivo de las comunidades y en la esfera espiritual. Este temor constituye una nueva violación de su derecho a la identidad cultural que, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), ya fue vulnerado durante el conicto armado interno. Este estudio evidencia que el proyecto Xalalá es otro ejemplo de campo social minado (Rodríguez Garavito, 2012), que podría explotar en el futuro si el Estado guatemalteco no cumple con sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos colectivos e individuales de la población que vive en la zona de inuencia. Además, convertirá a los q’eqchi’ en un pueblo en constante desplazamiento y permanente vulneración de sus derechos humanos. A la vez esta investigación demuestra también la existencia de otras visiones y concepciones de los derechos humanos por ejemplo al desarrollo, a la administración de justicia, al territorio, la vida y el agua porque son fundamentadas en un marco de referencia epistemológico y ontológico o cosmovisión q’eqchi’ muy diferente al de las interpretaciones convencionales del derecho internacional. Es decir, el proyecto Xalalá no es solamente un campo social minado, es fundamentalmente cultural. Por tal razón, es imprescindible la interpretación intercultural de los derechos humanos en dialogo con los q’eqchi’, como estrategia necesaria para aterrizar las normas

universales en la sociedad Guatemalteca multiétnica.

Enfoque intercultural de los derechos humanos amenazados Desde la percepción indígena q’eqchi’, la construcción de esta represa implicará vivir en un estado permanente de violaciones individuales y colectivas de los derechos humanos, de la naturaleza y de lo espiritual. Esta hidroeléctrica amenazará las piedras angulares de la identidad y espiritualidad q’eqchi’ que son su relación con la tierra expresada en la autodenominación como “hijos e hijas de la tierra” (r’al ch’och), lo sagrado (loqlaj) que se traduce en la interrelación entre las esferas espiritual, natural y social y su fuerte sentimiento comunitario entre los miembros de las comunidades (junajil). Asimismo, los Tzuultaq’a (Cerro-Valle) o espíritus de las montañas son los dueños de la tierra y de todo lo que vive en ella, es decir los q’eqchi’ no son los dueños de la naturaleza, más bien forman parte de ella y mantiene una relación de respeto hacia el Tzuultaq’a y a sus elementos. La destrucción de estas bases de substancia física el río Chixoy, los auentes, las orillas fértiles, otras tierras de cultivo, bosques – y el espiritual – las cuevas y otros sitios sagrados, los Tzuultaq’a, el maíz sagrado, los nacimientos de agua y ríos sagrados, signica una gran amenaza a la unidad material, cultural y espiritual territorial, base de su economía, bienestar e identidad cultural. Esta interpretación intercultural de sus derechos humanos muestra también que desde su visión holística e integral del territorio, cualquier tipo de impacto por este proyecto hidroeléctrico será directo, y que no existen las afectaciones indirectas. Es decir, la inundación y destrucción de sus sitios sagrados, Tzuultaq’a, el maíz y agua sagrados no solamente impactará a las comunidades que deben ser desplazadas, sino también al bienestar espiritual de las personas que viven en las comunidades más lejanas. Asimismo, el desplazamiento interno de las comunidades asentadas en las orillas del río Chixoy provocará el aumento de la presión sobre las tierras de las demás comunidades y estimulará la

conictividad agraria en la zona de inuencia. En la cosmovisión q’eqchi’, las interrelaciones entre la tierra, lo sagrado y lo colectivo cultivan distintas responsabilidades con la tierra y los demás elementos de la naturaleza. Esto implica que su sistema normativo no diferencia entre las normas y principios que derivan del orden social y las que se originan en lo sagrado (Viaene, 2013). Es decir, para preservar el orden, la armonía y el equilibrio entre los seres humanos, la naturaleza y el cosmos, se debe tratar y usar todo lo existente conforme a su naturaleza. La construcción de la represa Xalalá implicará transgresiones masivas a esta norma social y espiritual, que conllevarán fuer tes reacciones de parte de los sagrados Tzuultaq’a, el río Chixoy y el maíz. Efectivamente, desde su normativa, este proyecto energético no solamente generará afectaciones a los seres humanos, sino que la naturaleza será sujeta de afectaciones.

Más allá del derecho humano individual al agua “El agua es como la sangre que corre tanto en las mujeres como los hombres. Sin agua, los cerros y valles sagrados no pueden vivir y tampoco los seres humanos ni los animales.” Anciano q’eqchi’

Dentro de la espiritualidad maya q’eqchi’ el agua, tanto ríos, nacimientos de agua, y mares-, reviste una importancia fundamental para la vida porque da vida, es decir, es como la sangre de la tierra y por eso es sagrada (loqlaj li ha). Además, el agua tiene corriente y espíritus, por lo cual vive también, como los cerros y valles. Los q’eqchi’ no conciben el agua como un elemento independiente de los otros recursos naturales, sino que está en función de los cerros, la tierra y los animales. De hecho, el Popol Vuh, el texto de los antepasados maya sobre la creación del mundo, narra que antes de la Tierra hubo un silencio primigenio en el cual existía solamente el cielo y el mar en calma. La Tierra surgió cuando “del agua empezaron a surgir los cerros e inmediato en grandes montañas se convirtieron” (Popol Wuj, 2008). Es decir, según la mitología maya, el agua da vida a la tierra, los seres

humanos y todos los demás habitantes de este planeta. Ante esto, no es sorprendente que los q’eqchi’ potencialmente afectados por el proyecto Xalalá reclaman que “sin luz se puede vivir, pero no sin agua”. O como expresó una anciana: “El agua es de todos y es vital, mucha gente va a sufrir”.

naturaleza que son las bases de la subsistencia física y espiritual de los q’eqchi’. Dentro de su espiritualidad los grandes ríos tienen en general un espíritu muy fuerte, por lo cual dicen que “el río va sentir dolor y va sufrir” cuando se construya una hidroeléctrica, sea grande, pequeña o mediana.

Además, el río Chixoy es un referente muy importante para el bienestar espiritual q’eqchi’, como un anciano guía espiritual explicó durante una entrevista. El conjunto que forma con las veras fértiles y los auentes es como una familia de madre, padre e hijos. El río es percibido como la madre que da vida a las veras, mientras los auentes son los hijos. Las veras y los auentes son para los q’eqchi’ “nuestra madre y padre”. Estas hidroeléctricas sobre el Chixoy y sus auentes, según el anciano, destruirán esta familia nuclear de

Las mujeres q’eqchi’ mantienen una relación especial con el agua, como explica una señora q’eqchi’: “sin agua no podemos trabajar nosotros [las mujeres]. Desde que nos levantamos, hacer café, lavar, preparar la comida… todo es agua”. Las mujeres recalcan que “los hombres casi no trabajan con el agua, solamente se levanten y se lavan. O lavan sus manos en un charco cuando regresan de la milpa”. Por eso, las mujeres indican que su voz y opinión son de suma importancia cuando se debata la construcción de la hidroeléctrica Xalalá.

Conclusiones Una gran tarea pendiente en Guatemala es rever tir la desprotección histórica de los derechos humanos y la exclusión de la toma de decisiones de la población maya, lo que impide llegar a un entendimiento mutuo y lograr consensos en torno a una política nacional de desarrollo. Un anhelo de las comunidades indígenas es el cese de las licencias mineras y operaciones hidroeléctricas no consultadas que están afectando o amenazando sus territorios. Si el Estado guatemalteco decide seguir impulsando este proyecto hidroeléctrico Xalalá, debe respetar, proteger y promover de forma integral, es decir en tanto indivisibles e interdependientes, los derechos humanos de las personas y comunidades indígenas potencialmente afectadas por este mega proyecto. Esto requiere, primero cumplir con las obligaciones internacionales de protección de los derechos territoriales de los q’eqchi’ y el derecho internacional a la reparación integral de las víctimas indígenas del conicto armado interno que viven actualmente en la zona de inuencia. El Estado debe también asegurar un genuino proceso de consulta con las comunidades potencialmente afectadas, según los estándares internacionales de derechos

humanos y una amplia visión intercultural para obtener el consentimiento. No será una tarea fácil, y menos en esta crisis política profunda, pero Guatemala ya no puede seguir barriendo bajo la alfombra los derechos colectivos de los pueblos maya. Como parte del proceso de transformación del Estado guatemalteco hacia un Estado de derechos humanos, justicia social e intercultural, el proyecto Xalalá podría ser una oportunidad para denir buenas prácticas de construcción de un diálogo intercultural que respete plenamente los derechos humanos de los pueblos indígenas. En esa linea, el Estado guatemalteco debe crear las condiciones para el logro de un verdadero ejercicio de diálogo y comunicación intercultural, asumiendo una postura de respeto y respuesta a las inquietudes de las comunidades en un clima de conanza mutua. Además, debe tomar medidas efectivas para mitigar la asimetría de poder entre las comunidades q’eqchi’, el gobierno y las empresas interesadas en el proyecto hidroeléctrico Xalalá. De no ser así, cualquier expresión de consenso o acuerdo resultante de la consulta carecerá de legitimidad y sostenibilidad.

Estudios de Caso

Formas de violencia en la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte - Brasil Gustavo Adolfo Muñoz Gaviria1 El proyecto, impactos y conﬂictos

n Brasil, así como en Colombia y buena parte de América Latina, la expansión hidroeléctrica, junto con la industria minera, las exportaciones de materias primas, el agro-negocio, y los grandes proyectos de inversión urbanos y regionales; actúan en detrimento de una diversidad de grupos sociales que en condiciones de distribución desigual de poder (Acselrad et. al., 2013) intentan aprovechar los recursos que el capital les disputa para su expansión.

Un caso emblemático de los conictos por la apropiación de recursos naturales en el sector hidroeléctrico lo constituye el proyecto Belo Monte, sobre el río Xingú (tributario del río Amazonas), en el Estado de ParáBrasil. Según la cartilla del proyecto2, éste generará más de 11.000 MW en un proceso gradual que comenzaría el presente año (2015), con un área inundada de más de 500 km2. Éste es el proyecto de generación energética más grande que tiene Brasil en la actualidad, que implica numerosos impactos sociales, bióticos y físicos. Su magnitud puede inferirse del gran volumen de suelo excavado, que es mayor que en la represa Tres Gargantas, en la China

Figura 1. Impactos de obras civiles

Fuente: http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2013/12/16/belo-monte/ 1.Ingeniero Ambiental de la Universidad de Medellín, Especialista en Economía de la Universidad de Los Andes, Magíster en Gobierno de la Universidad de Medellín, candidato a doctor del Instituto de Investigación y Planeación Urbana y Regional (IPPUR) - Universidad Federal de Río de Janeiro. gamgaviria@yahoo.es 2. Ver Cartilla Norte Energía (2011) en las referencias bibliográcas.

Sobre el componente social, por alguna razón, en la cartilla de la empresa no se especica el número de personas impactadas por el proyecto. Sin embargo, en el Estudio de Impacto Ambiental (Magalhães, et. al., 2009); y basados en la arbitrariedad de la denición del área directamente afectada se excluyen poblaciones impactadas por el desecamiento de sus tierras a causa de las obras de desviación permanente de parte del caudal del río. Se arma que: Así, por los problemas metodológicos mencionados arriba y por exclusiones arbitrarias, se llega a un número de 2822 personas “directamente impactadas” en la región rural... Una metáfora numérica que, por tanto, excluye: área a ser desecada en la Vuelta Grande; lotes inviables; ausentes del domicilio en el momento de la encuesta; proyección de migrantes que potencialmente se instalarán en esas áreas y, además, proyección del rango de edades al momento de la investigación y en el momento en que se haga efectivo el desplazamiento obligatorio (Magalhães, et al. 2009, p. 33). Por otro lado, en su cartilla, la empresa Norte Energía (2011) arma que un 10% de la energía de Belo Monte es para empresas “auto-productoras de la región y participantes de la inversión” (Norte Energía, 2011, p. 6, resaltado nuestro). Pero ¿qué empresas son éstas? Según Mello (2013), la generación de energía sería “básicamente para suplir grandes proyectos de minería, siderurgia y demás industrias electro-intensivas altamente contaminantes, que responden por la mayor porción del consumo energético nacional y pagan las menores tarifas…” (Mello, 2013, p. 143, traducción nuestra). Esta información es corroborada por expertos consultados por el sitio web del Instituto 3 Socioambiental , donde se arma que el 50% de la energía eléctrica en Brasil es consumida por la industria y que el 30% se restringe a seis sectores: acero, aluminio, cemento, petroquímica, papel celulosa y aleaciones de hierro. Según la empresa, el proyecto estuvo en estudio desde la década de setenta y tuvo que ser

modicado en su concepción inicial para que no inundara las tierras indígenas Paquiçamba y Arara, la modicación consistió en hacer una desviación del río, reduciendo el área de embalse y evitando que se inundara la zona del gran meandro en donde habitan las mencionadas comunidades. Según Mello (2013), estos cambios se debieron a la resistencia de los pueblos indígenas, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, iglesia católica y partidos políticos de izquierda durante la década del ochenta; hecho que no es mencionado por la empresa en los videos promocionales del proyecto. Cabe anotar que esta central fue concebida en una época de desarrollo autoritario proveniente de la dictadura brasilera, donde las tierras amazónicas eran consideradas vacías y susceptibles de ser colonizadas (Mello, 2013), lo cual explica por qué en principio, antes de la oposición de los sectores de la sociedad antes mencionados, no se considere la generación del impacto directo sobre las comunidades en ese territorio. Sin embargo, las propias modicaciones generarían impacto en las comunidades indígenas Yudjá, y los afectados pasarán de ser “inundados” a ser “secados” (Mello, 2013). En este orden de ideas, Molina (2009) muestra cómo los niveles del río, y por consiguiente, los de los niveles freáticos en el tramo que dejó de ser inundado, según la concepción inicial del proyecto serán reducidos, trayendo consecuencias adversas para la fauna, la ora, la navegación, y el acceso al agua de las poblaciones, haciéndolas dependientes de la construcción de pozos profundos. Un impacto directo de esta modicación de niveles es el producido sobre la dinámica de la actividad agrícola de los pueblos indígenas Yudjá que dependen de la fertilización natural que el río hace sobre el suelo cada vez que baja, dejando las tierras aptas para ser cultivadas; cosa que con los niveles mínimos dejados por la desviación será imposible. Igualmente preocupante es la situación para la actividad de pesca, que constituye la fuente de alimento del día a día, así como una fuente de ingreso para comprar algunos bienes necesarios

3. Ver sitio: http://www.socioambiental.org/esp/bm/dest.asp (Fecha de ingreso: )

como ropa, útiles, escolares, etc. Otros impactos en Belo Monte se relacionan con la proliferación de plagas (malaria) por el aumento de aguas estancadas en la zona en donde se reducirían los niveles de agua, esta dinámica que era temporal con la uctuación normal del río, ahora, sería constante durante el año; la deforestación de grandes áreas ; la presión poblacional y el aumento de conictos en las tierras indígenas y en las zonas de conservación por la presencia del proyecto, siendo el décit habitacional, y la atención en salud, problemas derivados de esa presión. Igualmente impactantes serán las rupturas de los lazos sociales establecidos entre las poblaciones indígenas, tanto entre aldeas, como entre las aldeas y la ciudad; lugares entre los cuales, según Mello (2013), existe una completa movilidad de la población. Y adicionalmente, la presión migratoria induce a conictos entre los pobladores. Desde el punto de vista de los habitantes, Mello (2013) evidencia los conictos del proceso al traer un conjunto de manifestaciones que se resumen en: (1) La ausencia de información conable en lenguaje apropiado sobre los impactos reales de la central sobre los indígenas; (2) la ausencia de reuniones y audiencias públicas para que los indígenas fueran oídos; y (3) la subestimación del número de indígenas residentes en la ciudad de Altamira y de aquellos que viven en las zona rivereña, que serán igualmente impactados y que fueron considerados como “población en general” y no como indígenas. Arma un indígena de la etnia Yudjá: “En la aldea son 18 familias, pero nosotros tenemos muchos parientes regados, parientes que viven en la ciudad, pariente ribereño, que vive en la margen del río. Cómo van a quedar ellos?” (Mello, 2013, p. 132, traducción nuestra). Estos conictos se desarrollan en medio de prácticas que pueden ser consideradas violentas desde diferentes acepciones del término. A continuación, se analizan dos formas de violencia identicables en los discursos y las prácticas de la

empresa y sus aliados en la construcción del proyecto Belo Monte.

Violencia simbólica El concepto de violencia simbólica ha sido desarrollado por Pierre Bourdieu en sus teorías sobre la acción social (2007) y la reproducción social (2013). Comencemos por denir el concepto de capital simbólico en Bourdieu, del cual deriva el de violencia simbólica. Para esta autor, aquel sería: La forma que adquiere cualquier tipo de capital cuando es percibido a través de unas categorías de percepción que son fruto de la incorporación de las divisiones o de las oposiciones inscritas en la estructura de la distribución de esta especie de capital (por ejemplo fuer te/débil, grande/pequeño, rico/pobre, culto/inculto, etc.) (Bourdieu, 2007, p. 108, resaltado nuestro). En ese sentido, se entiende lo simbólico como aquello que se percibe según divisiones u oposiciones de sentido. Así, el poder de lo simbólico lo posee quien posee un capital que es identicado y valorado por las personas frente a pares de oposición de sentido. Este reconocimiento de valor por parte de otros da lugar a que sus beneciarios ejerzan la violencia simbólica, que Bourdieu caracteriza como una: […] violencia suave, invisible, desconocida como tal, elegida tanto como sufrida, la de la conanza, la obligación, la delidad personal, la hospitalidad, el don, la deuda, el reconocimiento o la piedad: en una palabra, todas las virtudes que honran la moral del honor - se impone como el modo de dominación más económico porque es el más adecuado a la economía del sistema (Bourdieu, 2013, p. 65-66). Para Bourdieu y Wacquant, (2008), la violencia simbólica se ejercería sobre un agente social con su complicidad inconsciente. Más precisamente, ésta sería la aceptación natural del orden de las cosas, es

4. Video publicado en abril de 2015, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UREtg_JVP1k

decir, la adecuación entre las estructuras cognitivas y las estructuras objetivas. Según Bourdieu (2013), para ejercer ecazmente la dominación, los dominantes establecen mecanismos de objetivación de su capital para regular la interacción con los dominados; mecanismos que por ser creados por ellos son acordes con las formas dominantes de percepción. En el caso de los proyectos hidroeléctricos, estos mecanismos estarían determinados por instrumentos que hacen parte del licenciamiento ambiental. Sin embargo, cuando estos mecanismos no existen, o no son sucientes para responder a las exceptivas de los dominantes, la dominación buscaría “atar” a los dominados mediante formas elementales de dominación, aquellas que se ejercen de persona a persona. Un ejemplo de un mecanismo de objetivación del capital al servicio de los intereses de la empresa lo constituye la negociación con los afectados, en la que se congura un mercado de negociación de derechos que establece criterios de inclusión y exclusión de “impactados” susceptibles de ser indemnizados, establece qué tipo de daños son indemnizables, el valor de los bienes a ser compensados, y las condiciones de esa indemnización. Según se mostró en la primera

parte, la arbitrariedad de la denición del área directamente afectada por el proyecto Belo Monte llevó a la subestimación de la población impactada y al desconocimiento de impactos y personas afectadas por fuera de esa área. Y un ejemplo de violencia simbólica a través de formas elementales de dominación, estaría presente en la entrega de “regalos” a los líderes, como lo maniesta un indígena Yudjá, citado por Mello (2013): El mayor impacto que yo veo es que a veces, por ejemplo, él y yo, nosotros somos parientes, pero como la empresa pone tantas cosas en la cabeza de él, él se va a poner en contra mía. Eso ya pasó allá dentro de nuestra aldea, porque ellos se la pasan yendo allá y dándoles regalitos. Cuando nosotros vamos a hablar en contra, a ellos no les gusta. Se la pasan poniendo a los parientes unos contra los otros, hasta que los parientes se confrontan (indígena Yudjá, citado en Mello, 2013, p. 133, traducción nuestra). En este testimonio se observan dos resultados de la acción de la empresa. Por un lado, aquel donde la violencia simbólica de hecho ocurre, lo cual se evidencia en la aceptación de la acción de la

Río Xingú, tributario del Amazonas, Brasil. Crédito: André Solnik/Creative Commons. Fuente: http://www.aida-americas.org/es/project/belomonte

empresa como un gesto bondadoso por parte del pariente de la persona entrevistada. Caso contrario es el del entrevistado, quien con su gesto de denuncia demuestra cómo esa acción no surtió en él, el efecto simbólico buscado por la empresa. En la medida en que el poder simbólico de los dominantes solo podría descansar sobre el reconocimiento de éste como legítimo, sobretodo en función de la virtud (Bourdieu, 2013) de sus detentores, estos se ven obligados a implementar todo tipo de estrategias de imposición de sentidos, o de comunicación eufemizada (Bourdieu, 2013) de las relaciones, que refuercen su imagen y reputación. En este punto, son claves estrategias que van desde la cooptación de personajes fundamentales en el territorio a través de regalos, hasta técnicas de comunicación, que en los boletines y videos ociales de los grandes proyectos intentan, sistemáticamente, producir una imagen positiva de su acción. Un ejemplo de este tipo de comunicaciones puede verse en el último video 4 promocional de la central , donde se maniesta que: “… para preservar es necesario concientizar” y que por eso “… la Norte Energía ha invertido en la construcción, reforma y ampliación de escuelas de varios municipios… direccionando el conocimiento para el medio ambiente”; queriendo mostrar a las poblaciones como carentes de conocimientos para la preservación, y a la empresa como propiciadora del acceso a ellos, lo que por otro lado, oculta la realidad de los efectos adversos de la construcción de la mega central. Otro sentido que intentan imponer las empresas y los defensores de los proyectos es el de la existencia de unas comunidades absolutamente carentes, cuya situación va a ser mejorada con la entrada de los proyectos. En el caso Belo Monte esta práctica se evidencia en la descripción que la empresa hace de las comunidades: La central Belo Monte llevará desarrollo a toda la región de su área de inuencia, mejorando, en Altamira, la condición de vida de aproximadamente cinco mil familias que viven en palatos y de centenares de familias indígenas que viven en la ciudad, a merced de los ciclos anuales de inundaciones, sin

saneamiento básico y otros servicios esenciales (Norte Energía, p. 4, traducción nuestra, resaltado nuestro). Esta práctica es una forma de construir un otro sobre el cual inter venir con programas prediseñados, al tiempo que se justica la entrada del proyecto como portador de “progreso”. Así, prácticas que forman parte de la tradición y cultura de estas poblaciones son mostradas como problemas a ser resueltos y para los cuales la llegada del proyecto es la solución. Es interesante hacer hincapié en cómo una condición natural de la dinámica uctuante de los niveles del río es mostrada como una desgracia; discurso éste que desconoce los impactos negativos de tal estabilización de los niveles del río, que como se mostró en la primera parte, son contundentemente negativos.

Violencia material Para una aproximación al concepto de violencia material proponemos entender el reasentamiento de población producido por grandes proyectos como una prueba en el sentido de Boltanski y Chiapello (2002). Para estos autores, la prueba es el dispositivo que permite describir la interacción entre dos individuos. Estas pruebas pueden ser de fuerza o de grandeza. En las primeras no hay ninguna consideración moral, solo la fuerza o el poder, en cualquiera de sus formas. Las pruebas de grandeza, por el contrario, ponen en juego la legitimidad de las acciones de los agentes, que se mide en el carácter justo del orden revelado por la prueba (Boltanski y Chiapello, 2002, p. 41). El reasentamiento de población en tanto prueba, estaría reglamentado conforme a medidas o planes de acción que la empresa presenta y el Estado aprueba. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que las empresas usan fuerzas por fuera de lo aprobado en dichos planes para mejorar sus benecios. El Estado también evadiría la prueba con el objetivo de viabilizar los proyectos. La prueba del reasentamiento de población en grandes proyectos se pretende como legítima en la medida en que se fundamenta en las nociones de bien común, utilidad pública, sostenibilidad y responsabilidad

empresarial, todas ellas fácilmente identicables en sus discursos de justicación.

información adecuada. Según la información publicada por el Instituto Socioambiental:

Este abordaje teórico nos permite caracterizar las formas de violencia material en las interacciones sociales por cuanto, todo aquello que está por fuera de la especicación de la prueba puede ser considerado como uso indebido de fuerza o como una forma de violencia, que sería por demás considerarse una for ma de violencia no institucionalizada. Boltanski y Chiapello introducen la noción de desplazamiento [no en el sentido de desplazamiento de población] para entender las estrategias del capitalismo con el objetivo de cambiar el curso de las pruebas en busca de mayores benecios. En otras palabras, un desplazamiento o micro-desplazamiento es una acción que busca hacerle el quite a una parte de la prueba.

Las comunidades locales impactadas no fueron oídas, conforme lo determina la Constitución Federal, que arma que el aprovechamiento de recursos hídricos en Tierras Indígenas solo puede hacerse efectivo con “autorización del Congreso nacional, una vez escuchadas las comunidades afectadas” (Instituto Socioambiental, 2015).

Una primera señal de desplazamiento la constituye la estrategia de dejar por fuera de la denición de área directamente afectada un conjunto de territorios, que de hecho, han sido y serán afectados por los cambios en el régimen hidráulico del río, como se vio en la primera parte. Esta omisión por parte de la empresa afectará las posibilidades de reproducción material de las poblaciones que allí habitan. En algunos proyectos, este microdesplazamiento ha provocado una lucha simbólica por la denición de lo que es ser impactado, como bien lo muestran los trabajos de Vainer (2008). De forma similar, el Estado que desde algunos de sus sectores también está interesado en que se adelante la obra, como lo demuestra su inclusión en el PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento) por parte del gobierno federal, también realiza desplazamientos con respecto a la prueba; sobre todo a través de la omisión de sus funciones, lo que se evidencia en la ausencia de garantías para que las comunidades sean oídas, y par ticipen con

De igual forma, se presentó la no asistencia del Estado a las reuniones de ley convocadas por las comunidades indígenas: Diversos representantes de pueblos indígenas (Arara, Guarani, Yudjá, Kaiapó, Xavante, Xipaia, Xicrin e Yanomami)… lanzan un maniesto, denunciando el desacato del gobierno federal [de la convocatoria a una audiencia pública sobre la construcción de la central (Instituto Socioambiental, 2015). Según el mismo Instituto, en reunión posterior, a la cual el gobierno tampoco envió representantes, los indígenas acusaron a la FUNAI (Fundación Nacional del Indio) de haberlos abandonado. Otro ejemplo de violencia material, ejercida sobre las poblaciones afectadas por represas lo constituyen los impactos sobre la salud mental que la incertidumbre sobre su destino produce en esas personas, impacto que se produce incluso antes e independientemente de que la central sea o no construida. En el caso de Belo Monte, un testimonio de un indígena Yudjá nos ejemplica esta situación: Yo me preocupo por mi papá que está con 81 años y mi mamá que está con 78 años... Todo eso les quita el sueño, ya hay un impacto emocional ahí (indígena Yudjá, citado por Mello, 2013, p.137, traducción nuestra). Este impacto puede considerarse material por la conexión directa que existe entre la salud mental y la salud física de las personas; y actuaría tanto por el hecho mismo de que el desplazamiento genera incer tidumbre, como por la omisión de informaciones precisas sobre las opciones para las

poblaciones afectadas, omisión que constituiría un desplazamiento en el sentido antes referido. Según el nuevo video de la central hidroeléctrica 5 Belo Monte , las obras civiles se encuentran en más de un 75% de avance y se prevé su terminación para enero de 2019. Y según el mismo video, las obras avanzan a la par con inversiones en los componentes social y ambiental. Sin embargo, según reportaje de Craide (2015), el carácter conictivo de este proyecto se sigue manifestando en escenarios jurídicos entre la empresa y familias que aún no han negociado. Se trata de problemas de localización de los reasentamientos, calidad de las viviendas y montos de las indemnizaciones, según lo muestra un artículo. El propio Defensor del Pueblo reconoce que hay problemas con los avalúos de los predios para las indemnizaciones, lo que depara un futuro incierto para aquellos que sean indemnizados en dinero debido a los altos costos de la tierra por la especulación inmobiliaria producida por el proyecto. Finalmente, el malestar expresado por los testimonios de los afectados evidencia la crisis de legitimidad del proceso de construcción de la central Belo Monte. Igualmente, se evidenció como el propio indígena consigue identicar el ejercicio de la violencia simbólica contenida, por ejemplo en los “regalos”, lo que nos lleva a pensar en la necesidad de visibilizar los conictos y las asimetrías de poder presentes en la implantación de proyectos hidroeléctricos con miras a combatir esas formas de violencia.

5. Video publicado en abril de 2015, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UREtg_JVP1k

El proyecto hidroenergético de Salcca Pucara en Perú: percepciones de cambio, relaciones de poder, y estrategias de inserción al territorio 1

Leticia Saldi , Daniela Henríquez , Jenni Perdomo y Denisse Roca-Servat

able por proyecto represa, Noviembre

Foto: Denisse Roca-Servat, Área inund

n los últimos 10 años, la producción energética del Perú se ha incrementado en un 92% (Ministerio de Energía Minas, 2014). Esto, debido sobre todo, a la puesta en marcha de un plan de desarrollo nacional dependiente de la extracción de recursos naturales principalmente de minerales e hidrocarburos, del desarrollo de proyectos industriales, así como de la constante ampliación del proceso de urbanización. El proyecto hidroenergético Salcca Pucara, ubicado en la provincia de

2014.

Canchis en la región del Cusco en Perú, es uno de estos nuevos emprendimientos destinados a cubrir las demandas de un creciente sector mineroindustrial que desde mediados de la década del ’80 se viene impulsando junto a las políticas de agroexpor tación y de proyectos turísticos de alcance internacional. El proyecto Salcca Pucara, gestionado desde el 2001 por la empresa EGECUSCO S.A, plantea la modicación del paisaje hídrico a gran escala a

1. Antropóloga por la Universidad Nacional de Rosario y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Cientícas y Técnicas (Argentina). Correo electrónico: leti_sal@yahoo.com.ar; lsaldi@mendoza-conicet.gob.ar 2. Socióloga, ejecutiva de Proyectos del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo. Correo electrónico: dany.henri@gmail.com 3. Estudiante de la Maestría en Estudios Socioespaciales, grupo Estudios del Territorio, Instituto de Estudios Regionales INER, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Correo electrónico: jenni.perdomo@udea.edu.co. 4. Profesora Asociada, Investigadora del grupo Territorio, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad Ponticia Bolivariana sede Medellín, Colombia. PhD en Estudios de Justicia. Correo electrónico: denisse.roca@upb.edu.co

partir de la construcción de una represa y el trasvase del río Salcca en la sub-cuenca del río Acco Acco que, a su vez, desemboca en la cuenca del Vilcanota. Varias comunidades campesinas de los distritos de Sicuani, Tinta, San Pedro y San Pablo, así como actores públicos y privados, e instituciones a nivel local, nacional e internacional, están implicados en este nuevo proyecto. Manifestando su oposición a la construcción de la represa, los habitantes de varias comunidades aledañas al proyecto organizan en el año 2008 el primer levantamiento de los pueblos. Un año después, el segundo levantamiento termina con la constitución de una mesa de diálogo con representantes del gobierno nacional y regional (Estrada, 2014b). Durante los últimos tres años, los participantes del curso “Justicia Hídrica” (JH) organizado por el Centro Bartolomé de las Casas (CBC) y la Alianza Justicia Hídrica, han realizado encuentros in-situ con diferentes actores relacionados a la construcción del proyecto Salcca Pucara con el n de conocer la complejidad de la problemática en torno a las distintas posiciones de los actores implicados (pobladores comunitarios, empresarios, funcionarios) que se encuentran y entrecruzan conictivamente. Los trabajos elaborados anteriormente por este grupo (Estrada, 2014a, 2014b; Abdó, 2014), dan cuenta de la historia y del proceso de desencadenamiento del conicto. En este artículo, a partir de los encuentros in-situ que se realizaron con alumnos del VI Curso- Taller de JH 5 en noviembre de 2014 , nos concentramos en describir las percepciones de cambio de las comunidades implicadas, las relaciones de poder entre los diferentes actores, y las estrategias de inserción al territorio que emplea la empresa (Carvajal et.al., 2014; Cortes et.al., 2014; El Fasi et.al., 2014; Guerrero et.al., 2014; Roque et.al., 2014).

Percepciones de cambios La magnitud del área de afectación, así como la

diversidad de actores implicados permite la presencia de múltiples percepciones ambientales de cambio. Denimos a la percepción no como una mera recepción de estímulos del entorno, sino como una acción que relaciona nuestro entorno con nuestra ubicación y posición en él. La percepción, es por tanto una habilidad para manejarnos dentro de nuestro entorno, permitiéndonos la posibilidad de explicar y describir discursivamente las acciones para uno mismo y para los otros (Durand, 2008). La percepción del proyecto Salcca Pucara deviene entonces en cómo el proyecto fue presentado en sucesivas ocasiones a los distintos pobladores, en dónde estaban ubicados estos actores no solo a nivel de las localidades sino también a nivel de las individualidades, considerando sus edades, género, sus formas de subsistencia (pastoreo de animales, agricultura de secano o de riego, pertenecientes a comunidades de regantes, etc.), y sus trayectorias de vida. Así mismo, debemos considerar que estas percepciones o habilidades de cómo situarse en el mundo, están atravesadas por experiencias del pasado así como por visiones e intereses a futuro, planteando, entre otras cosas, qué, dónde y cómo se quiere vivir. Aguas arriba de la cuenca, a 3800 msnm se encuentra la comunidad de Santa Bárbara. Aquí la población y asistente al encuentro manifestó tener importantes expectativas de cambio a partir de su ejecución (Roque et.al., 2014). Asimismo, estas expectativas podían estar vinculadas con la represa, como la de generar un proyecto para la comercialización de pescado, o no, como por ejemplo, el desarrollo de emprendimientos agrícolas y ganaderos independientemente de la represa. Así mismo, los pobladores de Santa Bárbara expresaron que el proyecto hidroeléctrico no afectaría a las demás comunidades puesto que una vez construida la represa el río Vilcanota continuaría su cauce manteniendo su caudal y calidad hídricos. Esta percepción se basaba en la experiencia previa vivida a partir de la construcción cercana de dos represas. Por lo tanto, y en general, para los

5. Se realizaron cinco reuniones paralelas y simultáneas en donde los alumnos de JH organizados en cinco grupos asistieron a los distintos encuentros previamente convocados por los docentes del taller. Los encuentros se realizaron con las comunidades de Santa Bárbara, Combapata, y Machacmarca, con los representantes de la empresa EGECUSCO S.A y los representantes municipales de San Pablo, San Pedro y Checacupe. Entre los integrantes de las comunidades participaron mujeres y varones de entre 20 y 70 u 80 años realizando con ellos distintas actividades grupales para conocer sus percepciones, aspiraciones, intereses personales, familiares y comunales. Con las autoridades tanto municipales como de la empresa se realizaron entrevistas semi-estructuradas.

pobladores de dicha comunidad los cambios que se podrían generar a partir de la represa propiciarían mayores oportunidades laborales y productivas. Esta interpretación se complementó con el deseo de que Santa Bárbara se convirtiera en distrito y fuera administradora directa de bienes económicos, sin intermediación del municipio de Tinta al cual pertenecen. En denitiva, el proyecto, en términos generales, les generó una percepción de esperanza, para poder, en un futuro cercano, ‘desarrollarse’ y competir con otras comunidades en importancia económica, social y tecnológica. Aguas abajo las percepciones cambiaban signicativamente. Los pobladores de Machacmarca y de Combapata que asistieron a sus respectivos encuentros (ver nota al pie número 5) estaban temerosos por el secamiento de sus tierras, la contaminación del agua, la pérdida de sus derechos de riego, la reducción de sus cultivos y animales de pastoreo, y el aumento de la conictividad intra e intercomuntaria (Cortes et.al., 2014: Guerrero et.al., 2014). Por lo tanto, las percepciones de cambio sobre el paisaje hídrico eran altamente signicativas así como negativas. Las pobladoras y los pobladores de Combapata y Machacmarca, percibían también una cier ta incapacidad de poder ser escuchados y respetados por parte de los dirigentes distritales y nacionales para plantear alternativas al proyecto hidroeléctrico. Esto llevaba a que dicho proyecto se percibiera como avasallador, sin dar lugar a otras formas de subsistencia como las que se vienen practicando en el valle (agricultura y ganadería), u otras que se proyectan como el turismo y la cría de cuyes. A pesar de las diferencias entre la comunidad de Santa Bárbara y las situadas aguas abajo, hay percepciones en común. En cada encuentro con los participantes del curso-taller JH se entrevió que la ejecución del proyecto se percibe como aquello que cambiará signicativamente sus vidas, por lo que los temores, las desconanzas, los sentimientos de incertidumbre se vuelven comunes, más cuando todos aspiran a continuar viviendo en la zona a través de las sucesivas generaciones (aun habiendo aceptado dinero por parte de la empresa para abandonar tierras a ser inundadas). Esto hace que la sola pronunciación del “Proyecto Salcca Pucara” despierte el estado de alerta en todos los

pobladores. Se puede sugerir entonces que dicho proyecto es un catalizador de procesos sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales atravesados por fuertes jerarquías; eje que plantea y articula el pasado, con el presente y el futuro al generar la duda y la discusión sobre cómo se vivió, cómo se vive ahora, y cómo se anhela vivir tanto individual como colectivamente.

Relaciones de poder y verdades entre los actores involucrados Las representaciones que tienen los actores en torno a un conicto se relacionan con la cosmovisión que tienen estos respecto a lo que está en juego. En base a las signicaciones que se hacen se esgrime lo que es bueno y lo que es malo. Se trata de tensiones entre verdades (Foucault, 1992), a partir de relaciones de poder, las cuales permiten que se instalen determinados discursos como verdades. En función de estas relaciones de poder, se desatan las relaciones en el conicto y los discursos a legitimar que están en juego (Svampa, 2008). En el caso Salcca Pucara, podemos decir que la discusión no versa sobre quién tiene la razón respecto a los efectos objetivos del proyecto, sino que más bien, quién tiene la razón según qué verdad es más legitimada socialmente. Podemos identicar entonces, las posiciones de los actores y sus respectivas relaciones de poder frente al proyecto Salcca Pucara y analizar las representaciones sociales y relaciones de por lo menos dos actores relevantes: Comunidades y gobiernos locales.

Comunidades del Valle de Salcca: Posiciones encontradas Las comunidades en la parte alta del Valle Salcca son principalmente comunidades campesinas quechuas y son habitadas por agricultores/ganaderos alpaqueros con economías de subsistencia muchas veces en condiciones de pobreza. Gran parte de los pobladores no poseen escolaridad y no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado o luz eléctrica. Así mismo, como sector rural, sufren de los procesos de aislamiento y exclusión propios de sistemas de

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gobiernos urbanocéntricos. Esta situación se hace más aguda en las localidades más extremas en términos territoriales y de altura, los cuales perciben que el proyecto es una posibilidad de inclusión y de acceso a benecios que podrían mejorar su calidad de vida. Así, se observó que no existe una posición (o una verdad) única entre las comunidades afectadas directa o indirectamente por el proyecto. Mientras que algunas comunidades del Valle, especícamente las de la parte baja dependientes del agua del río Salcca para el riego de sus cultivos de autoconsumo y de venta en los mercados regionales, se encuentran organizadas y en contraposición frente al proyecto, la de la parte más alta del Valle llamada Santa Bárbara, ya ha negociado y aceptado la llegada del proyecto. Lo anterior evidencia las diferentes posiciones de poder frente al conicto. Las comunidades de las zonas bajas se han empoderado de un discurso antiproyecto que se ha consolidado con los años. Lo interesante aquí es que no se trata de un discurso práctico que pueda ser negociable, sino que más bien es un discurso clausurado que se opone al proyecto por lo que representa: una amenaza a sus condiciones de vida, y a la capacidad de decisión sobre el acceso y el uso de agua del río Salcca con nes de riego. De esta manera, la posición contra la empresa representa una consolidación de su propia identidad campesina/quechua. Mientras, en la comunidad de Santa Bárbara en lo alto del Valle, el proyecto representa una posibilidad de inclusión a un desarrollo que hasta ahora han visto pasar desde lejos, entregando responsabilidades públicas de competencia del Estado a actores privados como la empresa en cuestión.

Gobiernos locales: política de la ‘neutralidad’ La situación de Santa Bárbara, en cuanto a su aislamiento territorial, es un buen ejemplo de la baja capacidad que tienen actualmente los gobiernos locales para la gobernabilidad de los mismos territorios. Como se mencionó anteriormente, las comunidades del valle tienen necesidades sociales crecientes, y los gobiernos locales no pueden dar respuesta a estas demandas debido a que cuentan con escasos recursos. En este sentido, el proyecto y la empresa representan una ventana de ingresos por medio del pago del canon, impuestos y regalías, a

ser destinados por ejemplo, a cumplir con otras necesidades sociales como educación y salud, que en el orden de prioridades de los gobiernos locales son las más relevantes. Pero no es solo una cuestión de recursos sino que también de poder en la toma de decisiones. El proyecto fue negociado directamente entre la empresa y el gobierno central, desde dónde se otorgaron las autorizaciones respectivas para la planicación y construcción. Por lo tanto, nos encontramos con gobiernos locales incapaces de inuir en las decisiones, pero a su vez, altamente presionados y confrontados por la comunidad. El proyecto entonces, encarna un conicto entre empresa y comunidad aparentemente “ajeno” al gobierno local. Sin embargo, a su vez, representa un posible espacio de instrumentalización para otros nes como alternativas de ingresos para el servicio público, y campañas políticas. Entendiendo la representación política como un ejercicio de vocería, las autoridades municipales se escudan en su rol externo al conicto y su posición va a variar dependiendo de la posición de las comunidades especialmente en tiempos de campaña electoral (El Fasi et.al., 2014). Sin embargo, como se indicó, no existe una sola sino varias posiciones. En ese sentido, no se trata de que los alcaldes y funcionarios municipales se queden al margen del conicto sin postura alguna frente a él, sino que han decidido deliberadamente asumir la posición de la no posición para hacer frente al conicto. De esta manera, los gobiernos locales no asumen compromisos puesto que cada fase del conicto puede ser provechosa en términos de campaña. Es decir, si la instalación del proyecto les permite ganar votantes e ingresos adicionales para la gestión, apoyarán el proyecto. En cambio, si la instalación de la represa les resta votantes y genera problemas sociales que abultarán más la agenda social del gobierno local, se opondrán. Esto nos permite evidenciar que los argumentos de un discurso, dependerán de la verdad que se está defendiendo. En este caso, la verdad a defender por parte de los gobiernos locales, dependerá de la verdad dominante del contexto, la cual puede corresponder a una oposición comunitaria fundamentada en la identidad campesina/quechua,

Foto: Denisse Roca-Servat, Encuentro

, Valla de Salcca, Noviembre 2014.

con pobladores comunidad Combapata

así como también, la verdad del discurso del progreso y la necesidad de recursos para ese n. Por lo tanto, la posición de la supuesta neutralidad o más bien de la versatilidad es una alternativa bastante conveniente para los gobiernos locales a la hora de tener que deslizarse sutilmente entre los discursos aparentemente opuestos.

Estrategias de inserción al territorio Las estrategias que emplea la empresa para acercarse a las comunidades y el papel de los expertos en la mediación con las mismas resultan de suma importancia. Un experto como lo propone Boyer “es un actor que ha desarrollado habilidades en competencia semiótico-epistémicas en relación con alguna esfera de la vida práctica” (2008, p. 39). Desde esta mirada, nos concentramos en la identicación de los perles profesionales que articula la empresa, como parte del plan estratégico para el desarrollo de la intervención. La implementación del proyecto hidroeléctrico involucra la puesta en escena de diversos conocimientos, los cuales son jerarquizados según el ámbito de competencia. En entrevista con la

empresa , se identicaron tres momentos de la puesta en marcha del proyecto, en los cuales se ar ticulan diferentes perles según los requerimientos del contexto y el plan estratégico de la compañía (Carvajal et.al., 2014). En la primera fase, durante el acercamiento a las comunidades, se contrataron profesionales del área de Ciencias Sociales, cuya función era establecer las reglas de negociación con las comunidades afectadas (Chapichumo, Acco Acco, Pataanza, Callanca, Santa Barbara, Livincaya y Pampaanza) y, generar conanza frente a las intenciones y alcance del proyecto. Este proceso no tuvo los resultados esperados dado que, según los funcionarios, la información entregada se tergiversó y llevó a la constr ucción de un r umor en tor no a la “privatización del río”, idea que consideraron resulta injusticada y contraria a los nes de la empresa, los cuales atienden a una “necesidad local de producir luz eléctrica, como anhelo de la localidad de Sicuani” (Entrevista funcionario empresa, noviembre de 2014). La palabra “privatización”, expresa uno de los funcionarios, “genera conicto, pues hay un grupo de comuneros que dicen proteger sus aguas y sus territorios, más allá de todas las consecuencias que esto les pueda

6. Se realizó una entrevista con tres funcionarios de la empresa.

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generar ” (Entrevista funcionario empresa, noviembre de 2014). Ante los conictos emergentes y las acciones colectivas emprendidas por las comunidades afectadas, la empresa modicó su estrategia de acercamiento a partir de la vinculación al equipo, de una persona local, formada en ingeniería, quien además de contar con conocimientos técnicos especícos en torno a proyectos que involucran el manejo del agua, es de origen campesino, domina la lengua quechua y cuenta con más de treinta años de experiencia de trabajo en la zona. La lógica que subyace a esta vinculación se apoya en que el conocimiento de la lengua, los códigos y realidades locales, posibilitan el establecimiento de un diálogo directo con las personas afectadas y les otorga legitimidad al proceso, dado que su pertenencia a la zona, justica el interés de promover proyectos que benecien a las comunidades y generen desarrollo. La creación de energía constituye para la empresa la promoción del “avance de los pueblos”, a través, del desarrollo, discurso que se contrapone a lo que

consideran es una “confusión de las comunidades”, al negarse a la generación de bienestar colectivo mediante la producción energética y la consecuente implementación de proyectos subsididarios de riego y agricultura. El tercer momento se relaciona con la proyección de la puesta en funcionamiento de la represa y el proceso de administración de la misma. Según los acuerdos establecidos con las comunidades, todos los comités de riego de las comunidades afectadas deberán participar. Para ello, según información otorgada por la empresa, los habitantes de la zona reciben capacitaciones que les permitirán insertarse en funciones operativas en el futuro. Los cambios en la estructura económica suponen diferentes retos para las comunidades que aceptan el proyecto, esto incluye la generación de nuevas habilidades y competencias que les permita responder a las demandas de la empresa. En términos más amplios implica la creación de nuevos sujetos.

Conclusiones Proyectos hidroenergéticos como el de Salcca Pucara en Cusco, Perú, implican la signicativa transformación del paisaje hídrico y conllevan una serie de procesos sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales atravesados por fuer tes jerarquías. De esta manera, entran en disputa distintas formas de relacionarse con el entorno y diversas cosmovisiones sobre lo que está en conicto. Estas diferentes posiciones e interpretaciones con respecto a las implicancias del proyecto, se encuentran mediadas por relaciones de poder inequitativas que permiten que se instalen discursos como verdades.

A pesar de contar con el respaldo del discurso de desarrollo extractivista promulgado por el gobierno peruano, le es difícil a la empresa a cargo del proyecto hidroenergético instalar su verdad como legítima, por lo que recurre a emplear una serie de estrategias para insertarse y acercarse a las comunidades. Entre las estrategias utilizadas por EGECUSCO S.A cabe resaltar la creación de nuevos sujetos que son anes a sus lógicas. En ese sentido, queda claro que lo que está en juego es la forma de vida misma de las comunidades campesinas quechuas y su capacidad para rechazar, negociar, modicar y hasta proponer diversos proyectos socio-económicos de alcance no solo local sino también nacional.

Agradecimientos A las comunidades de Santa Bárbara, Combapata, y Machacmarca; a los representantes municipales de San Pablo, San Pedro y Checacupe, y a los delegados de la empresa EGECUSCO S.A, por su colaboración y disposición al diálogo. Finalmente, un agradecimiento muy especial a los estudiantes del curso-taller Justicia Hídrica- 2014 quienes hicieron posible este artículo con sus experiencias de campo y diversas reexiones.

Los retos de la explotación hidroeléctrica para el desarrollo local en un territorio afectado por el conﬂicto armado colombiano, el caso de la represa Ituango 1

Marion Benassaya

ot.com.co

Fuente: http://debatehidroituango.blogsp

a represa hidroeléctrica Ituango, situada al norte de Antioquia, está en construcción y planea la generación de 2400Mw, una vez ter minadas las obras en 2018. Esta perspectiva, dene al proyecto como el más grande del país, y el tercero en América Latina. La mayor par te de este potencial será 2 comercializada con América Central . El proyecto es entonces, un ejemplo característico de las orientaciones extractivistas de la economía antioqueña, y en general colombianas, en el marco de la locomotora minera-energética que impulsa el gobierno nacional.

Su zona de inuencia corresponde al cañón del Cauca y comprende doce municipios per tenecientes a las subregiones del Nor te, Occidente y Bajo Cauca. El proyecto generará cambios profundos en estos municipios donde el contexto geopolítico es ya complejo. Principalmente nanciado por EPM (Empresas Públicas de Medellín) en una alianza público-privada que implica a la Gobernación de Antioquia, es un proyecto promovido en el discurso de los constr uctores como una opor tunidad sin precedente de desarrollo para el departamento, la ciudad de Medellín y la zona de inuencia del

1. UMR PRODIG, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Francia 2. http://www.hidroituango.com.co

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proyecto. Sin embargo, responde también al reto de reconquista estatal de un territorio que actualmente, está bajo el control de los actores ilegales, con el objetivo de explotar masivamente sus recursos. De ahí, resulta una competencia por el control territorial en el que las poblaciones afectadas son las que menos pueden expresar su propia visión del desarrollo y se encuentran doblemente victimizadas: por la agudización del conicto por una parte, y por el despojo cultural y territorial que genera el proyecto, por otra.

¿Oportunidad de desarrollo en un contexto de conﬂicto o factor de agudización de la violencia? El proyecto ocupa una zona montañosa en la frontera entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, en un territorio que se ha quedado al 3 margen del modelo de desarrollo antioqueño. Desde el siglo XIX, este modelo ha sido pensado según un patrón centralizado alrededor de la ciudad de Medellín y concentrado en los altiplanos productivos de la región. Los municipios afectados se encuentran alrededor del cañón del Cauca, cuyas pendientes abruptas y ocupadas por bosques secos tropicales presentan muy pocas supercies productivas y suelos muy vulnerables. Hasta antes del inicio de las obras, el recorrido entre el municipio de Ituango y Medellín duraba más de diez horas por una carretera sin pavimentar. El conicto armado mantuvo el territorio en una situación de vulnerabilidad grande. Desde los años 80, la región ha sido fuertemente marcada por la presencia de guerrilleros y paramilitares. Los actores armados se han aprovechado de este aislamiento para establecer áreas de entrenamiento militar y de cultivos ilegales. Estas actividades fueron permitidas por la ausencia de representación ocial del Estado y permitieron el establecimiento de una dominación territorial por los grupos ilegales. El área también es estratégica para

los grupos armados porque representa un corredor de comercio ilegal entre el Urabá y los puertos caribeños, al norte, y el Magdalena Medio, al sur. Esto ha provocado enfrentamientos violentos entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y los paramilitares por el control de las rutas y ha generado masacres y desplazamientos de poblaciones locales, acentuando la marginalización 4 y la pobreza de la región. Esta situación se agudizó justo antes de la validación del proyecto de la represa, cuando ocurrieron las masacres del Aro (1997) y de Orobajo (1998) por grupos paramilitares. Las incursiones paramilitares en esa época se presentaron con el objetivo de “erradicar” la guerrilla de las FARC en la zona, lo que se tradujo en una persecución sistemática de todos los habitantes. Al ver que las fechas de validación del proyecto y que los episodios de violencia coincidían, basándose en los testimonios de la población lo local, varios obser vadores denunciaron al constructor por haber contactado a los paramilitares para “limpiar” el terreno necesario para las obras, acaparárselo ilegalmente y eliminar la amenaza de la guerrilla (s/f). Se llevó adelante un investigación en el tribunal de Justicia y Paz de Medellín pero fue 5 interrumpida antes de llegar a cualquier conclusión. Desde 2010, las primeras fases de la construcción del proyecto fueron acompañadas de una nueva agudización de la violencia. Sin embargo, los constructores del proyecto prometieron cambios profundos del contexto en la región con impactos territoriales positivos, hasta se presentaron como un actor de la construcción de la paz en el territorio, en el contexto del proceso de paz a escala nacional. El objetivo de este discurso es presentar una imagen ética y responsable del desarrollo hidroeléctrico, que rompa con la experiencia de proyectos como Guatapé que tuvo consecuencias muy graves para las comunidades locales. Estos discursos que buscan generar una imagen de empresa responsable son muy importantes para la

3.VALENCIA SEPÚLVEDA, La Reconquista De Ituango: Un Reto En Seguridad Y Defensa Nacional Del Estado Colombiano, Analecta Política, 2013, Vol 3-4, Pp 139-160. 4. Fundación Sumapaz, Instituto Popular de Capacitación –IPCCORPADES, ASCNA, ASCIT y la Corporación Jurídica Libertad. Estado de los derechos humanos en antioquia, entre el sueno de la paz y la guerra, 2013. 5. http://www.semana.com, Juan Diego Restrepo, “la sombras de HidroItuango”28/10/2014.

Fuente: http://debatehidroituango.blogspot.com.co

vocación internacional que EPM busca desarrollar. Según la empresa, el proyecto representa una iniciativa de desarrollo enmarcada en el escenario del posconicto. El crecimiento económico y la mejora de las vías de acceso se acompañan de una consolidación de las instituciones por medio de la titulación de propiedades, la creación de empleo formal, la capacitación de las alcaldías y, sobre todo, el refuerzo de la presencia policial y del ejército. Estas medidas amenazan directamente el control territorial de los actores armados ilegales y provocaron un aumento de la violencia al principio 6 de las obras , lo que se tradujo en la proliferación de enfrentamientos entre los grupos armados y la fuerza pública, con la población civil en medio del conicto, el incremento del desplazamiento forzado, del cual los cañoneros son las primeras víctimas. La violencia y los desplazamientos debilitan el arraigo de las comunidades a su tierra y tales condiciones hacen que las comunidades no puedan participar plenamente en las transformaciones territoriales que están ocurriendo con la construcción del proyecto. Con el proyecto EPM planea desalojar a los actores ilegales a largo plazo y permitir a la administración ocial retomar el control del territorio. Pero con la

nueva vocación económica del territorio, inducida por el proyecto, es poco probable que las poblaciones desplazadas vuelvan algún día y puedan adaptarse a los nuevos usos del territorio. EPM ha impulsado medidas especícas para adaptar la planeación del proyecto al contexto del conicto de la región tales como la cooperación con el Estado para reforzar la institucionalidad en el territorio o el plan adicional de compensación, que atribuye 100 mil dólares a los municipios de la zona de inuencia además de las regalías. Eso puede atraer a nuevas poblaciones, urbanas y agricultoras con usos diferentes y un sistema económico “moderno”. Aunque el proyecto logrará debilitar a los actores ilegales a largo plazo, existen pocas posibilidades de que las poblaciones victimizadas aprovechen estos cambios. El desarraigo de las comunidades generado por el conicto armado permite a EPM planear un desarrollo del territorio sin su población.

El modelo de desarrollo extractivista, nuevo factor de despojo y de tensión para la población local Al mismo tiempo, este discurso enfocado en el desarrollo y la paz permite desviar la atención de

6. Deléage Estelle, Paysans malgré tout ! Ecologie & politique, 2005/2 N°31, p. 13-23.

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Foto: Catalina Duque, Panorámica del Cañon del Río Cauca, al fondo proyecto hidroituango.

otras problemáticas sociales y ambientales frente a los que el proyecto no propone soluciones sostenibles. El proyecto se acompaña de un discurso desarrollista, prometiendo modernización, crecimiento económico y restauración de buenas condiciones de vida en el territorio gracias a la explotación intensiva del caudal del río Cauca. En este plan, EPM dene el río como un recurso económico sin tomar en cuenta la dimensión integral del cañón como hogar de vida y eje estructurante de las comunidades. La constitución colombiana reconoce la multiculturalidad de sus territorios y los derechos de las comunidades locales a par ticipar en las orientaciones del desarrollo, para promover modelos locales adaptados a las especicidades culturales territoriales. Algunas investigaciones académicas demuestran que la participación local en la construcción territorial es la mejor garantía para acceder a un desarrollo sostenible en el que la población tiene la oportunidad de mejorar sus 7 condiciones de vida . En el caso del proyecto de represa Ituango, se evidencia que el retomar el control territorial a través de un proyecto de

desarrollo extractivista en el contexto de conicto armado, impide la expresión de las población local y genera nuevos tipos de conictos locales. Con más de quinientos años de arraigo al territorio en un contexto ambiental muy frágil y de aislamiento físico fuerte, la población se ha mantenido gracias a prácticas artesanales adaptadas. Las poblaciones perpetuaron un modo de sustentación heredado de la cultura Nutabe, grupo indígena casi extinto del territorio, que se caracteriza por las actividades de barequeo, pesca artesanal y cultivos de pancoger. Existe un sistema complejo de interrelaciones sociales y económicas entre las comunidades según su localización en las vertientes del cañón, las temporadas y la disponibilidad de los recursos. Las comunidades se reparten en tres grupos bastante distintos: los montañeros, los cañoneros y los campesinos. El grupo de los campesinos viven en los altiplanos de los municipios de la zona de inuencia y en los cascos urbanos. Subsisten gracias al cultivo de café y cacao, a la ganadería, y a negocios de tiendas y servicios. Los dos otros grupos viven en las vertientes del cañón, en la zona de inundación del proyecto hidroeléctrico. Los

7. Deléage Estelle, Paysans malgré tout ! Ecologie & politique, 2005/2 N°31, p. 13-23.

montañeros viven arriba de las vertientes y alternan actividades de pan coger, explotación de madera y 8 barequeo . Los cañoneros son poblaciones itinerantes sobre las orillas del río que se dedican exclusivamente al barequeo y a la pesca. Estas actividades están asociadas con unas prácticas, un saber-hacer tradicional y un sistema histórico que representan el principal patrimonio de esas comunidades. Estos tres grupos intercambian mucho entre ellos, y el oro recogido en las vertientes del río se vende en los cascos urbanos en los altiplanos. Sin embargo, los indicadores de pobreza de esta población son muy altos. El discurso de EPM redene la imagen del territorio a través del proyecto, pasando de un territorio marginalizado del país a un territorio dinámico para la proyección del desarrollo hidroeléctrico de Antioquia.9 Pero este modelo económico destruirá las prácticas tradicionales de las poblaciones locales, especialmente las del barequeo. En este contexto, los cambios del perl económico del área y la introducción de actividades nuevas con el proyecto de represa amenaza el balance frágil entre el medio ambiente y el uso de los recursos del territorio. Estos cambios tienen consecuencias directas socioambientales que se suman a los impactos directos de la represa que amenazan con afectar todo el territorio del cañón del Cauca. Las poblaciones que más dependen del río para su sustento, se ven directamente afectadas por la represa. Pierden el acceso al río, y los cambios del caudal y del microclima perturban profundamente la geografía del territorio, así como la disponibilidad de los recursos básicos. Las tres actividades principales, la agrícola, la pesca y el barequeo se ven afectadas. Por un lado, la producción agrícola de pan coger se ve afectada por el aumento en la precipitación, la transformación de los microclimas y el cambio en el ciclo hidrológico de la zona agrícola. Y por el otro lado, la pesca y el barequeo podrían desaparecer. La represa representa para esta población la destrucción de su territorio de vida, sus recursos económicos, y de su patrimonio cultural. Además, los barequeros son los más

vulnerables porque no tienen ninguna identicación formal de propiedad o de actividad. Al ser itinerantes, parte de ellos, no participaron en los censos de EPM para acceder a la compensación. La empresa señala que estas personas, especialmente los mineros, vienen de otras regiones y no per tenecen a la zona, y que llegaron para aprovecharse de los programas de compensación. Sin embargo, tales programas toman en cuenta parte de estos afectados. Estas personas se beneciarán de nuevas viviendas y serán involucradas en “proyectos productivos” de café o cacao para remplazar las actividades de pesca y minería que no podrán realizar más. Estos proyectos productivos generan un reforzamiento de la presión en los suelos, con consecuencias de deforestación y erosión. La agricultura en el cañón del Cauca es poco sostenible y poco productiva y no representa una solución a largo plazo. Mientras tanto, los ecosistemas especícos del área se van a perder. La reorientación de estos grupos hacia la actividad agrícola en el marco de los proyectos productivos representa un derrumbe grave en la estructura de las comunidades. La represa Ituango va a debilitar el balance entre los diferentes grupos que viven en el área de inuencia, generando nuevos tipos de conictos sociales y ambientales. La desaparición del barequeo amenaza la estructura de las comunidades y la relación que existe entre las poblaciones del fondo del cañón, y los campesinos de las vertientes. A corto plazo, las comunidades del área de inuencia se verán afectadas de varias maneras por el proyecto. Los grupos campesinos que no se encuentran en zona de inundación no van a necesitar relocalización. Ellos son los que esperan más ganancias con la represa gracias a la organización de los proyectos productivos y las perspectivas para desarrollar negocios. De esta situación, pueden desprenderse tensiones dentro de las comunidades y un reforzamiento de la marginalización de las poblaciones más vinculadas con el río a través de los usos tradicionales. Estas poblaciones se encuentran entonces doblemente marginalizadas por el desarrollo, en la escala regional y en la escala del territorio local.

8. Barequeo se le llama a la actividad que consiste en el lavado de arenas sin ayuda de maquinarias o medios mecánicos para separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. 9. Londono Ciro Elba Mary (dir) Del Dueno a la realidad, Pescadero-Ituango “Jose Tejada Saenz” 1969-2011, Hidroelectrica Ituango SA ESP, 2011

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La movilización frente al proyecto diseña un modelo alternativo para el desarrollo Esta situación evidencia deciencias mayores en los programas de desarrollo de las empresas hidroeléctricas. Varias razones que explican la insuciencia de los planes: el contexto territorial mayormente informal, la ausencia de títulos de propiedad y de actividad, y la desactualización de los catastros, impidieron un estudio profundo de la organización de las comunidades en el territorio. Al principio de las obras se evidenció que los planes de compensación de EPM fueron insucientes. Primero, la cantidad de personas impactadas resultó mayor de lo previsto. Ocialmente aumentó 10 de 350 a 1400 personas , pero esta cifra no toma en cuenta a las poblaciones desplazadas por los paramilitares ni a las poblaciones “informales” que practican el barequeo. El proyecto amenaza con reforzar la vulnerabilidad de estas poblaciones frente a la pobreza y la violencia. En este contexto las promesas de desarrollo local hechas por EPM no pueden realizarse para las poblaciones afectadas. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente otorgó las licencias ambientales al proyecto. Eso evidencia la prioridad absoluta de las locomotoras extractivistas sobre los retos de desarrollo local. Este modelo promete una generación económica mayor para los constr uctores, pero genera numerosas externalidades sociales y ambientales que impiden un desarrollo sostenible en el territorio. Según la C o m i s i ó n M u n d i a l d e l a s Re p r e s a s , u n reconocimiento de todas estas externalidades con medidas de compensación suciente invertiría el balance de impactos/benecios de proyectos de tal dimensión. Como lo han mostrado los numerosos movimientos campesinos e indígenas en América Latina y el mundo, la orientación extractivista de la economía representa una nueva amenaza para el arraigo y la sustentación de las poblaciones del campo en su 11 territorio . Esta amenaza es comparable a la que representa el conicto armado por sus consecuencias: desplazamientos for zados,

acaparamientos de tierras, desestructuración social, uso inapropiado de los recursos. En varios países latinoamericanos, la re-primarización de las economías nacionales en el marco de la integración mundializada generó movimientos locales fuertes para defender modelos de desarrollo locales “altermundialistas” o anti-mundialización. En Colombia, aunque las nociones de “multiculturalidad” y “plurietnicidad” en la constitución deberían promover los modelos de desarrollo locales, los movimientos locales han sido incapacitados por la presencia del conicto armado. Con el argumento de la lucha contra el conicto armado, los constructores de la represa Ituango imponen el extractivismo como única opción para la paz, y los que se oponen al proyecto aparecen como cómplices de los grupos armados. En el contexto del conicto se mantuvo una gran desconanza entre los actores del proyecto y la población local. EPM acusa a las organizaciones campesinas que se oponen al proyecto de estar inltradas por las FARC, lo que le permite negarles su derecho a la participación y a la negociación. Esto también problematiza la garantía al respeto de su derecho a la participación en la movilización social en el contexto del conicto. Sin embargo, organizaciones opuestas al proyecto se movilizaron a partir de 2011, bajo el liderazgo de la organización Ríos Vivos, a través de bloqueos de carreteras, de comunicados públicos, de manifestaciones y marchas campesinas (500 campesinos marcharon hasta Medellín en 2013 y ocuparon el coliseo de la Universidad de Antioquia 8 meses para informar a la población sobre la situación en el cañón del Cauca).12Aunque estas acciones no lograron inuenciar la estrategia de EPM en el territorio, la movilización permitió dar visibilidad a la riqueza cultural y ecológica de la región y denunciar la contradicción entre el modelo de desarrollo del proyecto y la herencia histórica de 13 la región. Las estrategias de las organizaciones se articulan alrededor de dos ejes: el reconocimiento del

10. EPM 11. Hugon Philippe, « Le rôle des ressources naturelles dans les conits armés africains », Hérodote, 2009/3 n° 134, p. 63-79. 12. www.debatehidroituango.blogspot, Movimiento Rios Vivos Antioquia, Comunicado Público n°15, Los campesinos y barequeros desplazados por HidroItuango buscamos refugio en la Universidad de Antioquia, Agosto 11 de 2013

patrimonio cultural del cañón por el Estado y su protección, y el reconocimiento de la condición de “desplazados por el desarrollo”. El reconocimiento del patrimonio fue pedido primero al Ministerio del Interior a través de la creación del resguardo Nutabe en Oro bajo, grupo indígena que habría desarrollado la tradición barequera. El objetivo era hacer valer los derechos especícos de protección territorial de los grupos étnicos, tales como medidas más estrictas de par ticipación y de protección del medio ambiente. El proyecto de resguardo no fue tomado en cuenta porque fue presentado después de la Declaración de Interés Público de la represa. Más tarde, las organizaciones presentaron un proyecto para incluir el patrimonio barequero en la lista de los patrimonios inmateriales de la Nación, que está siendo estudiado por el Ministerio de la Cultura. Esta acción ha tenido mejor acogida en el territorio. Sin embargo, la inscripción en la lista consiste únicamente en un reconocimiento de la existencia de la comunidad pero no suministra ningún recurso o protección territorial a la población. Estos movimientos, sin embargo, par ticipan en transformar la imagen del territorio como área del conicto armado, marginalizada y disfuncional hacia una imagen de un lugar con una riqueza ambiental, y cultural que merece la atención no solo de las empresas extractivistas sino de la sociedad civil colombiana e internacional para la preservación de su patrimonio. El otro eje de la estrategia se traduce en una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la condición de “desplazado por el desarrollo” sea reconocida. Esta condición no existe en Colombia y abre un debate mayor para el país sobre la construcción de la paz y el desarrollo. El país cuenta con una de las tasas de desplazamiento más altas del mundo por culpa del conicto armado. Sin embargo, el conicto está fuertemente vinculado con los grandes proyectos de extracción pro desarrollo del país que representan fuentes potenciales de enriquecimiento para los grupos ilegales, ya que estos proyectos

agudizan los enfrentamientos. Pero también, el conicto tiene sus raíces en los problemas del campo, y un sistema agrario de concentración de tierra que genera una gran vulnerabilidad de los 14 campesinos . La orientación extractivista de la economía perpetúa esta situación, alejando el país de las reformas agrarias que necesitan los más vulnerables. Además, genera nuevas tensiones que se suman cada vez más a conictos sociales y ambientales y representan obstáculos serios a la construcción de la paz en los territorios. Por eso la CIDH dio una acogida favorable a la demanda. La represa de Ituango produce cambios profundos en la vocación e identidad del área, impuesto por actores externos sin tomar en cuenta las aspiraciones y las propuestas de la escala local para un desarrollo alternativo. Estos cambios se hacen en nombre del “bien común superior” que consiste en generar energía para su comercialización con países fronteros. Esta comercialización podría incidir en la modernización y el crecimiento económico de Antioquia, pero en cambio, se sacrica el patrimonio cultural y ambiental del cañón del Cauca. El proyecto se hace según un modelo desarrollista y extractivista de los recursos naturales que se impone en favor de los intereses de grupos privados (el capital del proyecto es principalmente privado)15, ignorando el vínculo que la población oriunda del cañón del Caucatiene con el río, tanto cultural como económico. El proyecto va a modicar el caudal, la disponibilidad del agua, las condiciones de acceso al río y todo un sistema de usos y prácticas culturales van a desaparecer con el embalse, generando impactos mucho más complejos que los que aparecen en los estudios. Finalmente, la construcción de esta represa también agudiza el conicto armado, y la falta de concertación impide la construcción de un modelo de desarrollo justo para el territorio y perjudica el medio ambiente y las particularidades locales del territorio.

13. Betancur Alarcón, Laura, Propuesta De Creación De Una Cartografía Digital Como Herramienta De Periodismo Participativo Para El Tratamiento De Conictos Socioambientales Por El Agua A Raíz Del Proyecto Hidroeléctrico Ituango Epm (Fase I - Análisis) Universidad Ponticia Bolivariana Escuela De Ciencias Sociales Facultad De Comunicación Social-Periodismo Medellín, 2013. 14. Gomez Jiménez Alcides, Colombia : el contexto de la desigualidad y la pobreza rural en los noventa, Cuadernos de Economia, 2003 n° 38, p. 199-238. 15. Jimenez Morales, Pescadero Ituango La Central De Las Ambiciones, Impresos Al Dia, 2008, 255p

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Entrevista a Raúl Zibechi:

La salida del modelo extractivo requiere de una crisis política, social, económica y de poder: no podemos salir gradualmente 1

Andrés Jiménez Gómez y Claudia López Pardo

CE Comité Editorial RZ: Raúl Zibechi

Foto: Raul Zibechi_Gualajara cortesia Raul Zibechi

E: Mientras Estados Unidos y Canadá desmantelan 1057 represas de su territorio, parece que en la región andina los proyectos hidroeléctricos son la punta de lanza en los argumentos del progresismo de gobiernos de izquierda (Ecuador o Bolivia) para el cambio de matriz energética y de la derecha neoliberal (Colombia o Perú). Los planicadores de las políticas energéticas tienen una estrategia geopolítica, ¿qué opinas de la suma de poder político, poder territorial, violencia y modelo energético?

Raúl Zibechi es un pensador activista uruguayo que trabaja diversos temas que tienen como ejes los movimientos anticapitalistas, las relaciones de dominación y los caminos de la emancipación en América Latina. En esta entrevista rastreamos el tablero de la geopolítica energética, el despliegue del extractivismo hidroenergético en la región y el papel de los estados (progresistas y/o neoliberales) en el mismo, el imperialismo energético brasileño y su inuencia en los planes de integración regionales y, nalmente, las dinámicas de los procesos alternativos y sus transformaciones autonómicas. RZ: Yo creo que hoy todo lo que sucede en nuestra región sudamericana o América Latina no pude alejarse de una cierta lectura geopolítica del mundo y del papel que está jugando esta región; lo que estamos observando son dos o tres hechos que me gustaría mencionar rápidamente. Una fuerte disputa geopolítica por los recursos energéticos sobre todo por las mayores potencias energéticas mundiales que son Norteamérica y Asia. Esa disputa está centrada en varios recursos, uno de ellos es el petróleo, pero estamos en la etapa nal del petróleo como fuente abundante y barata de energía. Yo sé que los precios están cayendo pero ese no es el

1. Antropólogo integrante del grupo de investigación RERDSA INER, Universidad de Antioquia (Colombia) y Estudiante Maestría Gestión Sustentable del Agua, Colegio de San Luis (México). Correo: andresjimenezg@hotmail.com. 2. Boliviana, vive actualmente en Ecuador. Trabaja en temas de investigación-acción en justicia hídrica con enfoque en conictos socioambientales, ecología política y género. Ha estado involucrada en campañas por la defensa del agua en Bolivia. Msc. en Estudios socioambientales en FLACSO-Ecuador.

principal dato, sino la desregulación creciente del mercado del petróleo que está generando un caos en el acceso al recurso petrolero. Por ejemplo, en este momento es una gran incógnita saber que va a suceder con el fracking, hay diversos estudios que aseguran que el fracking deja de ser rentable en una gran cantidad de pozos de los Estados Unidos; otros dicen lo contrario. Lo que quiero decir con esto es que ni siquiera a nivel analítico hay una cierta coincidencia de hacia dónde orientarnos, ese es un claro síntoma de caos en el terreno del petróleo. En segundo lugar, sostengo que todas las potencias emergentes en el mundo han ido acompañadas de una nueva matriz energética: el ascenso de Inglaterra como potencia global fue acompañada por la máquina de vapor y el carbón como principal fuente de energía durante la revolución industrial. El ascenso de Estados Unidos, hace ya más de un siglo, fue acompañado por la expansión del petróleo, y el ascenso de Asia y de China, en particular, parecería que va acompañado de una diversidad de fuentes energéticas de las llamadas alternativas. China es vanguardia en energía eólica, en energía solar, en el uso de electricidad para los automóviles que es una importante revolución, etc. Lo que este segundo aspecto plantea es que esa disputa por la preeminencia en el terreno de la energía es muy importante en periodos en los que además vivimos una tendencia, ya no al cambio, sino al caos climático creciente. América Latina, en concreto, Sudamérica es una región muy rica en recursos hidroeléctricos y se están construyendo una gran cantidad de represas hidroeléctricas en la cuenca Amazónica, entre grandes, medianas y pequeñas, más de cien represas en proceso de construcción, algunas de ellas entre las tres, cuatro, o cinco más grandes del mundo, está Itaipú y ya tenemos en marcha a Belo Monte, pero también otras gigantes como el complejo del Río Madera. Entonces, existe una fuerte inversión de capitales en la construcción de grandes represas hidroeléctricas, lo que implica directamente una disputa por el territorio muy fuerte. No hay construcción de grandes represas hidroeléctricas (Tocantins, Jirau, San Antonio y otras en Brasil) sin ocupación vertical del territorio, desplazamiento violento de áreas habitadas o

habitables, cultivadas o cultivables y se produce también un sistema de intervención que cada vez se asemeja más, según lo van diseñando los especialistas brasileños, al modelo de plataforma petrolera marina. Se empiezan a hacer menos hidroeléctricas al viejo estilo como Jirau sobre el río Madera con diez mil trabajadores que viven allí. Ahora se ensaya un nuevo estilo con menos trabajadores, menos intervención directa, de no traslado de grandes maquinarias, en n, un nuevo modelo que está implementándose para disminuir la conictividad que inevitablemente registran estas represas. Desde el punto de vista del territorio, el conicto es una brutal agresión en contra suya y de los pueblos que habitan allí, y eso se está multiplicando por diez, por cien represas que están en vía de construcción en Sudamérica, y en algunos lugares, con una fuerte resistencia popular. No nos olvidemos que hace casi cuatro años, en 2011, hubo una enorme revuelta popular en la represa de Jirau sobre el río Madera con destrucciones masivas, paralizaciones y retraso de las obras. Pero también tenemos la masiva y maciza oposición a un complejo de represas en el sur del Perú, en la zona de Puno, que ha provocado también levantamientos populares importantes. Es decir, por primera vez, en mucho tiempo, hay una multiplicidad de conictos que enfrentan la construcción de megarepresas hidroeléctricas. Recuerdo que en otros periodos, hace treinta, cuarenta años cuando se hicieron monstruos como Itaipú ciertamente bajo dictaduras, no hubo aquel nivel de conictividad que estamos registrando hoy. CE: ¿Cómo podemos entender la relación entre el discurso del desarrollo, ahora sostenible con nuevas tecnologías relacionadas con la producción de energía limpia y barata y el patrón de acumulación extractivista que hoy reproducen las viejas y nuevas élites que se van formando en Latinoamérica? RZ: Lo que sucede es que nosotros, en general, tenemos una lectura no muy acertada, o demasiado ideológica de algunos procesos, por ejemplo, dividir los gobiernos de América del Sur entre progresistas y conservadores o izquierda y derecha, me suena cada vez menos ajustado. ¿Por qué? Porque lo que

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tienen en común todos ellos es que buscan su legitimidad fomentando el consumismo, y por lo tanto, un patrón de crecimiento económico basado en el modelo extractivo por un lado, y mayor consumo de la población, por otro. Lo que quiero decir con esto es que a diferencia de los periodos anteriores de treinta años atrás, caracterizados por el modelo de sustitución de importaciones en el que una masa impor tante de campesinos se urbanizaban y comenzaban a trabajar en la industria o en servicios y de ese modo accedían a un mejor nivel de vida, hoy, el modelo extractivo no genera empleo digno porque no genera integración. Las personas que vivimos en países donde impera el modelo extractivo vivimos en una situación en la cual no hay procesos de desarrollo industrial -más allá de que uno lo pueda cuestionar por otros motivos sobre todo ambientales-, y no hay empleos legítimos, sino un modelo extractivo que genera un pequeño polo de dinamismo económico tipo enclave. El modelo extractivo a diferencia del modelo industrial, necesita muy pocos trabajadores porque el grueso de lo que se extrae es para expor tación, productos sin procesar, ya sea petróleo, ya sea gas, soja, u otros commodities. Entonces, no hay una complementación, no hay industria que permita a los trabajadores consumir lo que ellos producen, se produce para consumo externo y eso genera una sociedad a dos velocidades, un pequeño polo muy dinámico y una gran parte de la población –que puede estimarse en torno al 50%- que vive de las transferencias monetarias de las políticas sociales y de los servicios. Estos procesos generan una capacidad de consumo que no retroalimenta un proceso de desarrollo o de crecimiento económico más o menos integral, sin embargo, a partir de estos programas los gobiernos adquieren su legitimidad. Ni siquiera a través de las transferencias sino a través del acceso a bienes de consumo, entonces, en todos nuestros países, más allá de toda consideración ideológica lo que 3 tenemos son: emprendimientos extractivos y malls urbanos. El consumo no genera ciudadanía, no genera legitimidad ni participación política y social, genera simplemente consumo que se agota en sí 3. Grandes centros comerciales

mismo y que es necesario revivirlo y repotenciarlo cada día porque es tan efímero, que existe en la medida en que se consume. El día que se deja de consumir, todo eso entra en crisis. En el modelo industrial eso funcionaba de otra manera y las prioridades de consumo de los trabajadores eran la vivienda, la educación, la salud, que hoy en día están cuestionadas en cuanto a su calidad por todo el sistema, además que se trata de empleos y de relaciones sociales ancladas en la indignidad. Entonces, lo que veo es que el modelo de extracción de commodities está generando una desarticulación de las sociedades porque los espacios en que los sectores sociales se socializaban e intervenían de las más diversas maneras, están sometidos a una lógica que los destruye. De ahí que las políticas sociales focalizadas, aunque abarcan a un sector muy amplio de la población, sean necesariamente complementadas con policialización y militarización creciente de la sociedad, un sistema de vigilancia más intenso y extenso, y eso atenta contra cualquier proceso de integración real. De ahí que estos regímenes, caso de Ecuador, el de Correa, estén sometidos a una permanente necesidad de rear mación y legitimación plebiscitaria, legitimación casi cotidiana. Esa falta de legitimidad en lo social no puede zurcirse con discursos. Hace dos días Álvaro García, en Bolivia dijo que los revolucionarios no llegaron al Estado para administrar el capitalismo, lo cual sabemos que es una soberana mentira porque los que están en el Estado en Bolivia no son revolucionarios, la mayoría están para llenarse los bolsillos como la familia de Álvaro García; y en segundo lugar porque no están haciendo otra cosa que administrar el capitalismo en su peor vertiente que es la extractiva. Hay una necesidad de ganar elecciones, estar permanentemente plebiscitándose porque la base de sostén de los regímenes es muy frágil. CE: Mencionaste alguna vez que la acumulación por despojo o cuarta guerra mundial es una forma de robo en la realidad colonizada. ¿Podrías profundizar esta teoría aplicada a este modelo extractivo? RZ: Los zapatistas denominan al modelo extractivo

como cuarta guerra mundial, porque es un modelo de apropiación violenta de los bienes comunes, no es un modelo productivo sino especulativo. Un modelo productivo es el modelo fabril. Brevemente: un capitalista que tiene un dinero lo invierte, compra un predio, sobre ese predio construye una fábrica, compra máquinas, compra materias primas, consigue obreros a los que les paga un salario y ahí produce. En un período de diez años, amortiza productivamente sus inversiones. Después de la Segunda Guerra Mundial esto se aceleró y las fábricas amortizan en mucho menos tiempo el capital invertido. En el modelo extractivo, vamos a poner el caso de la soja porque todavía da la idea de que es productiva y a diferencia de la minería a cielo abierto, donde abren el pozo y se llevan el mineral, se produce un grano que se llama soja. En ese caso, alquilan las tierras y la maquinaria, compran el paquete tecnológico de MONSANTO con los granos, los herbicidas, los pesticidas, etc. y a los tres, cuatro meses de sembrada la tierra - que cada vez es menos productiva por la siembra directa y el uso de agroquímicos -, no solo amor tiza la “inversión” sino que obtiene una fuerte ganancia. Si por alguna razón (como el cambio de las reglas impositivas, cambio de gobierno, problemas climáticos) decide emigrar a otro país ese pool de siembra, no tiene ningún problema porque no dejó ninguna estructura ja. Lo que quiero decir, es que el capital jo, que era lo que Marx analizaba como la inversión que queda enterrada y que no se puede mover, es cada vez más superuo en este tipo de emprendimientos ¿Por qué? Porque justamente estamos en un periodo hegemonizado por el capital nanciero, entonces el modelo commodities, el modelo extractivo hay que considerarlo parte del proceso de nanciarización que vive la humanidad entera y que es guiado por el capital nanciero que es uno de los más concentrados y más militarista desde el punto de vista de cómo actúa en los territorios. Entonces, el modelo extractivo es un modelo básicamente nanciero que actúa desde el punto de vista de la población, como lo dice Naomi Klein en la teoría del shock, genera un tsunami, un trastorno brutal en la vida de los pueblos en donde elige instalarse, ya sea minería, ya sea monocultivo, hidroeléctrica, etc.

Desde el punto de vista de las poblaciones afectadas lo que se observa es una invasión militar, desplazamientos y una situación en la que las personas son despojadas violentamente de sus medios de sobrevivencia. Y este modelo que en Colombia en los sitios mineros son las retroexcavadoras que utilizan tanto el capital internacional como los actores armados, los paramilitares y la guerrilla, es el mismo modelo: es llegar con las retroexcavadoras, instalarse allí, desplazar población, utilizar algunos trabajadores de la zonas para vadear las excavadoras en los ríos, en lugares muy difíciles donde luego de cumplir su ciclo productivo se van sin dejar más que pasivos ambientales y degradación social. Si uno mira el conjunto de ese proceso estamos ante una intervención militar similar a la de las invasiones y bombardeos que producen las fuerzas militares. Pero además el modelo extractivo tiene una pata urbana muy fuerte que la podemos observar muy bien en Quito, en Bogotá, en Lima, en todas las grandes ciudades de América Latina, que es lo que llamamos el extractivismo urbano, o la especulación inmobiliaria. Personas que han vivido toda su vida, que han nacido en un barrio determinado, muchas veces ganado a tierras baldías donde instalan sus viviendas, donde construyen las calles y construyen todo el equipamiento necesario para la vida, e incluso muchas veces el trabajo comunitario construye escuelas y salas de salud. Un buen día, por razones de especulación inmobiliaria ya sea porque están muy cerca de lugares como puertos, aeropuertos o vías de tránsito o simplemente porque el capital consideró que en esas zonas puede expandirse exitosamente, esa población sufre lo mismo que la población rural, un proceso de expulsión violento para construcción de nuevas obras. Esto fue muy visible en los periodos previos al mundial de fútbol en Brasil en que 250 mil personas fueron expulsadas de las favelas o de los barrios en que vivían desde hacía décadas, algunas desde hace más de un siglo para poder intensicar la acumulación del capital a escala urbana, que es exactamente el mismo proceso extractivo solo que tiene un despliegue distinto en el seno de las ciudades, para construir mega obras similares a las hidroeléctricas pero en la ciudad, o viviendas de lujo para clase media alta y alta.

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Raul Zibechi cortesia La Vaca www lavaca org

CE: ¿Existen diferencias entre el socialismo del siglo XXI y el neoliberalismo en relación a sus modelos energéticos? ¿Cuáles serían sus puntos de encuentro y desencuentro? ¿Son lo mismo? RZ: No, no son lo mismo. Hay que comparar casos concretos. Claro, comparar Colombia o Venezuela en este momento no es lo más adecuado porque a mi modo de ver, Venezuela vive un proceso de irracionalidad económica y de desarticulación de la economía muy fuerte; mientras que Colombia mantiene una actividad económica de acumulación capitalista no solo de commodities sino de otros emprendimientos tanto productivos, industriales como nancieros que la diferencian bastante en ese terreno de Venezuela. Habría que matizar cada uno de los procesos: Venezuela ha utilizado positivamente la renta petrolera desviándola a los sectores populares o para usufructo de los sectores populares, pero no consiguió que esa renta se traduzca en una mínima productividad de los emprendimientos, por ejemplo, alimenticios, lo que genera una gran dependencia de las importaciones. En el caso de Colombia hay un desarrollo de sectores empresariales importante, como el grupo Sarmiento, ARGOS, etc. son grupos complejos que abarcan desde la producción y la ganadería o la agricultura hasta las nanzas, pero a su vez muestra una gran debilidad en el mercado interno y de

políticas de integración de la población. Probablemente, si el proceso de paz se consolida, Colombia que es el segundo país de Sudamérica en población con 50 millones de habitantes, no tenga otro camino que potenciar el mercado interno, que por otro lado, es bastante promisorio lo cual indicaría que tiene que permitir que los trabajadores tengan mejores salarios, se puedan organizar, tengan voz en la sociedad, lo que va en contra de la cultura política de la oligarquía colombiana, en n, una serie de dicultades. Yo no creo que el modelo neoliberal clásico de los noventa, básicamente privatizador, sea igual al modelo neoliberal que algunos llaman pos neoliberalismo no privatizador con mayor presencia estatal. El modelo extractivo actual tienen diferencias y particularidades que no son las que proclama el socialismo del siglo XXI (que no se sabe todavía muy bien qué es) porque –a mi modo de verestá en un retroceso muy fuerte, pero no se lo puede asimilar. Lo que sí se puede decir, es que son dos fases distintas del mismo modelo, lo que llaman socialismo del siglo XXI intenta dar cuenta de un fuerte activismo popular como se dio básicamente en Ecuador, Bolivia o Venezuela, una fuer te presencia del mundo popular organizado y movilizado que no puede ser atendido con las políticas focalizadas tradicionales del Banco

Mundial, sino con una nueva camada de políticas mucho más amplias. Pero esas políticas sociales y ese desvío de la renta petrolera de Venezuela hacia los sectores populares no está queriendo decir que haya poder popular con capacidad de incidir en las políticas estatales, que sería la diferencia de un proceso de carácter socialista. No hay un protagonismo popular más allá de que se hayan ensayado comunas en Venezuela, y que se hable de un gobierno de los movimientos sociales que no existe en el caso de Bolivia. CE: ¿Podrías hablarnos del rol que asume el estado frente a estos proyectos de desarrollo extractivo con acciones como la militarización de los territorios para proteger los proyectos, la inversión en infraestructura (carreteras, puertos, etc.) con dineros públicos para el benecio de los gestores de dichos mega emprendimientos o la formulación de legislaciones y políticas scales que los benecian? RZ: Los estados, en general, han desarrollado una importantísima obra pública no solo en Ecuador y no solo bajo los gobiernos progresistas, no nos olvidemos que en Perú y en menor medida Colombia, han desarrollado una importante obra pública de infraestructura. En general, los estados, con más énfasis bajo los gobiernos progresistas, han desarrollado una importante cantidad de obra pública, una parte de ella para el ujo de la economía y la extracción de commodities, otra porque había un importante retraso provocado por las décadas del neoliberalismo en inversión de infraestructura. Y una parte de esa inversión, va directamente al tema energético, que hoy es un tema clave. Porque si las poblaciones tienen un mayor acceso al consumo también necesitan más energía, y ahí hay una disputa intensa por la energía. Es el caso de Ecuador, con el desarrollo de una importante inversión en energía hidroeléctrica. Lo que no me parece que estén muy claros son los planes de largo plazo para hacer esto sostenible, hay un cambio en la matriz energética, en algunos casos, más limpia, pero ahora estamos en una coyuntura muy delicada en la cual los ingresos por exportaciones se estancan o decrecen y hay menos capacidad para poder invertir en obra pública. Ahí

aparece la gran incógnita de China que se ofrece como nanciador de obras y no sabemos hasta qué punto eso va a ser simplemente una coyuntura. Mi impresión es que China ha apostado a ser un nanciador de largo plazo en obras de infraestructura y en otros servicios en la región con el objetivo de posicionarse y además de recibir a cambio materias primas, sobre todo hidrocarburos y también minerales. En ese terreno creo que la presencia de China es de largo plazo, hay que discutir hasta qué punto benecia o no, pero esa es otra historia, pero los países están intentando salir de sus problemas actuales de nanciamiento a través del apoyo de China. CE: En tu libro sobre Brasil, mencionas que la matriz energética brasilera es una de las más limpias “del planeta”, con el 47.3 % de energía renovable. En contraposición esta la polémica de Belo Monte que va a abastecer a 26 millones de habitantes. ¿Crees que se trata de un nuevo control amazónico territorial? ¿Se podría decir que es un nuevo imperialismo energético el de Brasil, pensando ya en la IIRSA? RZ: Sí, puede hablarse y hay trabajos que hablan del tema. Brasil, prácticamente tiene el monopolio de las grandes inversiones energéticas en la cuenca Amazónica, a través de la hidroeléctrica; y además, tiene planes de desarrollo energético importantes, como las cinco represas del río Inambari en el sur del Perú. El 80% o 90% de la energía estará destinada no a Perú sino a Brasil, igual que Cachuela Esperanza sobre el río Madera en Bolivia, y otras represas que son básicamente para exportación a Brasil. Este país tiene el saber hacer de sus grandes empresas de la construcción, que a veces fallan como las represas del río San Francisco, cerca de Baños en Ecuador, pero tienen capacidad para realizar obras complejas, obras de ingeniería 4 importantes, tienen el know how y tienen la capacidad nanciera y técnica. La capacidad nanciera viene del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), que es el que nancia esas obras a condición de que se contraten empresas brasileñas. Sí, hay una suerte de imperialismo energético, el conicto que tuvo Odebrecht con el gobierno de Correa hace ya 6 años fue una muestra de eso, y a

4. saber hacer

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su vez de la capacidad corruptora que tienen estas empresas para imponer sus criterios. Entonces, estamos en ese momento, en el cual con dicultades, avances y retrocesos, Brasil crece en América del Sur. Uno de los ejes de su crecimiento son sus necesidades energéticas, que tienen que duplicarse en los próximos 20 años aproximadamente. La minería es una gran consumidora de energía: la Vale es la segunda minera del mundo, consume el 5% de la energía que produce Brasil, está por toda América Latina y por todo el mundo. La lucha por la soberanía energética de las potencias emergentes es muy importante, hay una fuerte disputa en este terreno. Estados Unidos por primera vez va camino al autoabastecimiento energético gracias al fracking, no sabemos cuánto durará, pero se ha empeñado fuertemente, se perforan más de 100.000 pozos por año. China, Rusia por su puesto, la India, Brasil, o sea, los países emergentes están todos en esa pelea, y las viejas potencias como Europa y Estados Unidos también están sufriendo esa pelea. Brasil utiliza la cuenca amazónica y su poder en la región para asegurarse una situación energética favorable. CE: Pero no solo en la cuenca Amazónica, sino en la IIRSA; también lo del TIPNIS en Bolivia y los gasoductos, o su impacto en el Putumayo colombiano con la construcción de carreteras para conectar la Amazonía y el Pacico. Son todas esas estrategias que intentan regular la energía a través de este imperialismo interno. 5

RZ: Sí, la IIRSA que ahora se llama COSIPLAN , porque se ha integrado a los planes de la UNASUR, sin duda, contempla el proyecto de integración energética de la región como una parte fundamental de su proyecto, los doce corredores son de comunicación, transpor te, tecnológicos y energéticos. Cada uno implica un ujo de energía y nodos donde se pueden ver puertos, aeropuertos, pero también hidroeléctricas, complejos de gas integrados en diferentes cadenas productivas. La IIRSA, hoy COSIPLAN, es todavía el plan maestro de integración al servicio de los mercados; su eje hoy sigue siendo la conexión Pacico - Atlántico para 5. Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento

facilitar el ujo de mercancías y por lo tanto, la acumulación de capital, no es una integración endógena, sino exógena. Estamos en ese punto y desde hace 15 años desde que Fernando Henrique Cardoso realizó la reunión fundadora de la IIRSA no nos hemos movido, más allá de los cambios de gobierno y de los cambios de nombres de los diferentes proyectos. Es necesario tenerlo en cuenta, porque la llamada integración de los gobiernos progresistas lo que ha hecho es asumir punto por punto los proyectos que venían del periodo neoliberal. No nos olvidemos que en el año 2000 cuando Cardoso crea la IIRSA en la reunión de presidentes en Brasilia era pleno periodo neoliberal. Lo que han hecho la UNASUR y los gobiernos progresistas es asumir ese proyecto al pie de la letra. En vez de que tal nanciación venga del Banco Mundial, hoy tiene más presencia el BNDES, pero los proyectos y los objetivos son exactamente los mismos, y me parece que eso desnuda claramente el periodo en el que estamos actualmente en América Latina. CE: Pasando un poco al tema de las alternativas y las resistencias, ¿Cómo podemos entender este nuevo ciclo de resistencias en el continente frente al extractivismo? RZ: Bueno, creo que estamos en un periodo muy complejo, en el periodo de declive de los gobiernos progresistas, prueba de ello es lo que está pasando en Brasil, donde el gobierno de Dilma Rouseff nombra un gabinete totalmente neoliberal vinculado a la banca, un ministro de economía que fue funcionario del Fondo Monetario y del Banco Mundial, Joaquín Levi funcionario de alta gerencia de Bradesco, que es uno de los dos grupos nancieros privados más importantes de Brasil. Me parece que en este periodo, desde el punto de vista de los movimientos, en el que están sucediendo cosas: Una primera es que los “viejos movimientos”, los movimientos que emergieron en disputa con el modelo neoliberal en los años ochenta y sobre todo los noventa, hoy en día están sometidos a fuertes presiones que los llevan, en algunos casos, a desorganizarse o a sumarse a las políticas de los gobiernos progresistas; pero a su

vez, están surgiendo lentamente otros movimientos. El caso más conocido y más importante es el de Brasil. En junio de 2013, se produjo el estallido de una gran protesta protagonizada, en buena medida, por nuevos movimientos juveniles y de mujeres, Movimiento Pase Libre y otros; en Ecuador movimientos como YASUNIDOS, -que ya no es la CONAIE-, que surge bajo el régimen de Rafael Correa. En el caso de Colombia lo notable de la protesta agraria de los últimos años también con el protagonismo de grupos de nuevo tipo, que ya arranca un poco antes con la formación del Congreso de los Pueblos y un nuevo tipo de articulación entre movimientos, intenta, ir más allá de las viejas coordinaciones de dirigentes de carácter sindical, y consigue ser durante un buen tiempo, un espacio de conuencia entre militantes y activistas de diversos movimientos rurales, urbanos, indígenas, campesinos, estudiantiles y de trabajadores. Un encuentro como el que se hizo en la Universidad Nacional de Bogotá, de 15.000 personas, eso ya no es una coordinación de dirigentes que denen un plan de acción, estamos ante algo nuevo, ante algo distinto. Entonces, me parece que están emergiendo en toda la región una nueva camada de movimientos bastante promisores y por tadores de nuevas culturas políticas. Yo creo que lo que hace falta hoy entre nosotros son nuevas culturas políticas que no reproduzcan la relación direcciones-base, la relación estadomovimiento que conocimos en los periodos anteriores, si no, nuevas formas de hacer, que a veces en lo local y en lo puntual se consiguen, a veces no duran en el tiempo, otras veces si, como irrupción de nuevas camadas de la sociedad, básicamente jóvenes, que necesariamente van a tener que mostrarse como alternativas no electorales, como alternativas de vida a este modelo extractivo tan terrible, y en el cual el activismo urbano va a jugar un papel digamos relevante. En el caso de YASUNIDOS me parece que es un tema a reexionar y ver de qué es portador, que posibilidad tiene de durar en el tiempo. CE: Ahí hay todavía un elemento que es fundamental y que has trabajado bastante y es la cuestión de la autonomía. En relación a eso, ¿Consideras que la

legislación internacional, por ejemplo el Convenio 169 de la OIT o en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos indígenas, puede ser una oportunidad para los pueblos de ganar autonomía territorial o en cambio como están planteadas y aplicadas actualmente, en la mayoría de los casos, son formas de legitimación del despojo? RZ: Lo que planteas sobre la autonomía, nosotros estamos en un permanente creación-destrucción, empiezan a aparecer experiencias autonómicas, y rápidamente se empiezan a estatizar a través de los estados pluri que buscan darle estatuto legal – estadocéntrico - a la autonomía. Yo creo que con esto hay que tener mucho cuidado; creo que lo fundamental son las experiencias autonómicas, después la legislación autonómica y todo eso, bueno, ya veremos en donde termina, pero lo fundamental es que seamos capaces de crear espacios de autonomía, que no es fácil sobretodo sostenerlos, después si el estado reconoce prácticas autonómicas en los territorios está bien. Siempre que no intente regularlas a favor de los estados como está pasando claramente en el caso de Bolivia y muy particularmente con los pueblos de tierras bajas. Hay una disputa también en el terreno de la autonomía. Las autonomías nuestras en América Latina y en el tercer mundo, no podemos pensarlas igual que las pensó Castoriadis para la clase obrera europea, cada una tiene sus particularidades y en el caso nuestro es muy evidente. Entonces, creo que esto de las autonomías y del estado gestionando o legalizando nuestras autonomías es un tema a discutir, no quiero decir que esto vaya a ser un problema, que sea negativo, hay que discutirlo; yo soy muy crítico del estado pluri, creo que, tanto en Bolivia como en Ecuador, no es más que el viejo estado colonial reencauchado, con algunos retoques, que no cambian lo fundamental, porque si al estado colonial le pongo poncho, pollera y sombrero, no deja de ser el viejo estado. Esto es lo que ha pasado claramente en Bolivia, es el mismo estado de siempre con las mismas prácticas, solo que ahora está gobernado por indígenas. Mi opinión es que el estado no puede

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descolonizarse. Hablan con una ligereza brutal sobre la descolonización del estado, pero no se atrevería Álvaro García a hablar de la despatriarcalización del patriarcado, que sería algo parecido a descolonizar el estado. ¿Cómo se despatriarcaliza el patriarcado? No, el patriarcado es el patriarcado y se puede eliminar, destruir, no por un decreto, sino en una larga práctica política. Esto se simplica de una manera absurda y a través del estado pluri, en el cual el movimiento indígena es cómplice, involuntario pero lo es. Estamos en una situación compleja y que no permite ser optimista en torno al futuro descolonizador desde arriba. CE: Armas que del extractivismo no se sale gradualmente, ¿Qué es lo que quieres decir con esto? RZ: En la mentalidad de los gobiernos y de las personas de izquierda y de muchas ONG, está la idea de que se puede salir de un modelo de una forma ordenada, a través de decretos, a través de decisiones, incluso de movilizaciones, pero eso no es así. Lo que yo pienso hoy es que la salida del modelo extractivo es una crisis política, social, económica, de poder, y no se puede salir gradualmente, pacícamente, es una crisis como fue en el Ecuador en el 2000, o como fue la guerra de Colombia a partir del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en el 48. Apostar a una salida gradual del extractivismo es apostar al inmovilismo, y yo creo que eso no nos ayuda como sociedad, como activistas, como militantes. Me parece que debemos empezar a desarrollar un pensamiento y formas de acción para periodos de crisis, caóticos que son a los que estamos ingresando; si no lo hacemos, vamos a llegar a esos momentos, con una gran debilidad. El extractivismo hoy es el sistema capitalista en su periodo de dominación nanciera y de militarización creciente de las sociedades, ¿Cómo salir de ese modelo que tiene tan amarrada a la sociedad? Con sus leyes antiterroristas, con sus policías antimotines especializadas, con la militarización de espacios públicos. No se puede salir de eso gradualmente. Es mi hipótesis, no es que lo tenga demostrado, porque todavía no hemos salido de este modelo, pero me parece que salimos de este

modelo con una fuerte crisis no solo económica, sino con una crisis política, lo central es el poder, la crisis de los estamentos de poder, la crisis de la distribución del poder en la sociedad. CE: ¿Consideras entonces que los principales puntos de bifurcación están entorno a la construcción de procesos de autonomía? RZ: Sí, creo que la principal forma de aprovechar el caos sistémico es generar espacios diferentes a los del sistema, formas de producción, formas de vida en espacios de autonomía, de modo que en los momentos de mayor caos sistémico, la sociedad pueda ver en esos espacios de autonomía una alternativa de orden y de vida en medio del caos y de la muerte. Las sociedades no cambian sin mediar esas bifurcaciones, ahora, las bifurcaciones no son planicables; nosotros tenemos todo un sistema de pensamiento eurocéntrico y progresista, desarrollista, heredero del iluminismo, que nos hace pensar que las sociedades y los cambios son planicables, pero eso es mentira. Los cambios no son planicables, pueden darse en determinadas condiciones y normalmente no son las condiciones que nosotros elegimos. Tú puedes planicar una campaña electoral, puedes planicar una movilización como la minga que llego a Bogotá, pero el mundo al que estamos ingresando es un mundo de imprevistos y de incertidumbres. La idea de que podemos planicar la transición a una sociedad nueva o a lo que sea, o la salida del extractivismo, a mi modo de ver, es una idea tributaria del pasado, de un sistema de ideas que ya no funciona, o que si funcionan en periodos de estabilidad no van a funcionar en periodos de caos sistémico. En esas estamos y tenemos que ser capaces de improvisar en cada momento, en cada situación, y de asumir lo nuevo como algo que no es deseado probablemente, pero que está ahí y que tendría que ser incorporado a nuestro esquema de saberes como alternativas y posibilidades ciertas. De las pocas cer tezas que tenemos es la incertidumbre.

Estudios de Casos

Reﬂexiones en construcción sobre el reconocimiento y la cuantiﬁcación de derechos: El caso del megaproyecto hidráulico multipropósito Chone, Ecuador. Juan Pablo Hidalgo1

Introducción: El contexto de la reﬂexión “Pensemos que haya 500 familias [afectadas y desplazadas], son 500 familias lamentablemente no son más!. Cuántos habitantes tiene Chone, [la ciudad]?...60 000 habitantes dividido para 5, promedio estamos hablando de 15 000 familias. Perdónenme hay que pensar en el benecio de esas 15 000 familias, y no puede estar supeditado al benecio de 230…¡¡no pueden cerrarse la cabeza!!…” (SENAGUA 2011:54).

Foto: Juan Pablo Hidalgo, Sitio de presa

as que alimentan a los ríos represados,

en Río Grande con fondo de subcuenc

2015.

sta es la respuesta que dio un funcionario de la Secretaría del Agua (SENAGUA) a un comentario de un habitante de Río Grande quien se oponía al proyecto multipropósito Chone. Lo dijo durante el proceso de participación social previo a la expedición de la licencia ambiental para ejecutar el proyecto multipropósito Chone (PPMCH).

1. Investigador ecuatoriano en Ecología Política del Agua. Doctorando del Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos (CEDLA/AISSR) de la Universidad de Ámsterdam. J.P.HidalgoBastidas@cedla.nl

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Desde el año 2006, en Ecuador, el gobierno ha fortalecido la presencia institucional del Estado en diversos sectores, entre esos el hídrico. A través de ello ha impulsado una visión moderna y desarrollista de la administración pública, ligada a la tecnología, alta inversión en obras sociales y de infraestructura y a una ideología progresista. Todo esto basado en recursos provenientes de la exportación petrolera y agroexportadora, principalmente. Bajo este modelo, el gobierno pretende ordenar y denir a los paisajes hídricos como espacios sociales, culturales y geográcos homogéneos. En ese marco, sostiene su verdad sobre la gobernanza del agua como si fuese absoluta y universal (ej. la necesidad de construir megaproyectos hidráulicos como solución a las inundaciones). Legitima sus decisiones con base en los votos obtenidos en contiendas electorales. Así, lo enfatiza el presidente Correa en el 2012, mientras rmaba el contrato para la ejecución de un proyecto estratégico: “Ante la mentira aparecerá la verdad; ante la irracionalidad, la lógica; ante la insensatez, la responsabilidad. En ese sentido, asumo toda la responsabilidad política de estos actos y el pueblo ecuatoriano, en las elecciones de febrero de 2013 sabrá decidir quién actuó en función de las grandes mayorías y quiénes tan solo intentaron ganar las próximas elecciones con 2 politiquería, con mediocridad, con mentiras” .

en proyectos de uso de agua, también se liberan sus responsabilidades sobre el sacricio de unas ´pocas familias’. A par tir de esta condición utilitarista (Bentham,1988) promulgada por el gobierno, sugiero un análisis de la implementación de megaproyectos hidráulicos en relación a los pilares que sostienen la justicia ambiental: distribución socio-económica, par ticipación política y reconocimiento cultural (Schlosberg, 2004; Zwarteveen y Boelens, 2014).

Chone, su contexto y el Proyecto Propósito Múltiple Chone. Chone es un cantón de la costa ecuatoriana (Ver gráco 1) que históricamente ha congurado su territorio entre inundaciones en época de lluvia (diciembre-mayo), sequías en época de verano (junio-noviembre) y una abundante producción de alimentos, en especial frutos cítricos y ganadería. El cantón tiene 126.491 habitantes y su cabecera cantonal -Chone- alrededor de 46000 (INEC)4 Gráco 1. Ubicación del cantón Chone en Ecuador

Esa verdad plantea sus propias nociones de desarrollo, progreso y bienestar. De esta forma facilita para sí la gobernabilidad para administrar el territorio desde el sector público (Scott, 1998). Al mismo tiempo subjetiviza matices sociales y culturales de las llamadas ‘minorías’3. Inclusive las incluye en un solo grupo homogéneo e igual. La premisa principal de la actual administración es: trabajar en función del bienestar de las mayorías. Bajo la misma, se justican grandes intervenciones

Fuente: SENAGUA 2011

2. Suscripción de contrato del proyecto Mirador. 5 de marzo 2012. 3. Me reero a ‘minorías’ hacia aquellas poblaciones rurales que están asentadas en áreas y territorios de inuencia de mega proyectos hidráulicos, como: zonas de inundación o sitios elegidos para construir obras. Su condición geográca los hace sujetos de sacricio para dar paso a la implementación de este tipo de proyectos. 4. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/. Consultado el 15 marzo 2015.

En la zona de inuencia, los nqueros le ganaron terreno al bosque tropical para desarrollar sistemas de producción con base en: la ganadería, el cacao, los cítricos, el plátano, el maíz, el arroz, entre otros cultivos para consumo familiar y para el comercio. Las relaciones socio-económicas entre el campo y la ciudad son estrechamente interdependientes. El intercambio comercial de alimentos primarios, procesados y el suministro de insumos para la agricultura es central, como lo arma un comerciante local: “la producción del campo le da vida a la ciudad, si el campo está mal...la ciudad está mal”5. Las ncas -en la zona del futuro embalse- son propiedades de pequeño y mediano tamaño (promedio 25 hectáreas), y las relaciones laborales se basan en el intercambio de mano de obra entre campesinos (ej. presta manos6) y en el trabajo remunerado (jornaleros). Esta última forma encarga a una familia de jornaleros la administración de una nca a cambio de vivienda, un espacio de terreno para el cultivo familiar y un salario. Los dueños de las propiedades habitan en su mayoría en la ciudad de Chone. En la zona rural, el río Grande y sus auentes tienen un rol fundamental en la reproducción de la vida campesina. En ellos se reúnen las mujeres a lavar la ropa. En sus orillas pedregosas se colocan las 8 catangas . De ellos también se obtiene pescado de agua dulce. Son rutas de comunicación y alimentan a los ríos subterráneos que a su vez nutren las vertientes de donde los pobladores de Río Grande se abastecen de agua para consumo humano. En época lluviosa el río crece e inunda zonas bajas de las ncas, renovando sus cauces y arrastrando nutrientes que dan vida a su ora y fauna. Esto hace posible que en las orillas se produzcan otros vegetales tales como haba, col, entre otras hortalizas. En la ciudad de Chone, aguas abajo, las

grandes crecidas del río Grande son en parte las causantes de inundaciones, puesto que este río es un auente importante del río Chone que circunda la ciudad. Es en parte el causante porque el río Chone también recibe agua de otros ríos. Además la capacidad del sistema hidrosanitario y pluvial esta sobrepasado por el crecimiento de la ciudad, lo cual hace que una leve garua sature su aforo.

El PPMCH fase I ¿la solución para las inundaciones de Chone? El PPMCH es un proyecto con varios propósitos (agua potable, riego y control de inundaciones) que se ideó a inicios de los años ochenta y se está implementando desde el 2009. El contrato de construcción se rmó el 24 de julio de 2010 en la ciudad de Chone entre la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) y el consorcio chino TiesijúManabí. El costo original de la obra es de 50 millones de dólares americanos (USD), actualmente su costo asciende a más de 100 millones. La fase I incluye la construcción de una represa de 70 metros de altura sobre el río Grande (se proyecta embalsar 113 millones de m3) ubicada quince kilómetros aguas arriba de la ciudad de Chone. La construcción de 6.5 kilómetros del canal de desagüe San Antonio, mismo que funcionaría como un cauce complementario al río Chone para evitar 9 inundaciones en la zona urbana . Según estimaciones de la SENAGUA entre la construcción de la presa y el embalse no se afectarían más de 630 hectáreas (SENAGUA 2010), pero el impacto será mucho mayor, calculan los campesinos de Río Grande. Ellos arman que sumando el área utilizada para obras, zonas de inundación, franjas de protección y los cinturones que quedarían aislados por el espejo de agua, se afectarían más de 6000 hectáreas.

5. Los montubios son una etnia social autodenida que comparte las mismas creencias, tradiciones, costumbres, normas, formas de pensar y habla popular del litoral ecuatoriano. Tienen un fuerte nexo con formas de agricultura familiar, entre otras características. 6. Conversación personal en febrero 2011. 7. Lo cual se reere al intercambio de mano de obra entre familias y la comunidad. 8. Trampa construida de caña guadua para atrapar camarón de río. 9. El río Chone recibe las aguas del río Grande, Mosquito y Garrapata.

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En junio del 2013, la SENAGUA terminó el contrato con la estatal china y desde agosto del mismo año, un consorcio ecuatoriano (Equitesa-Equitransa) fue contratado bajo régimen de emergencia para continuar con las obras. A pesar de que el proyecto tiene varios momentos, en este documento, considero únicamente un par de eventos que ejemplican la forma de hacer política pública entorno a este paisaje hídrico.

Río Grande: una licencia ambiental tardía y la crónica de un desalojo El gobierno promociona al PPMCH por su capacidad para controlar las inundaciones. Esta condición lo hace aceptable y sin mayor crítica por parte de la población, en especial en la zona urbana. En la zona rural, particularmente las poblaciones asentadas en el vaso de la presa10, han presentado una fuerte oposición al proyecto desde el año 2009 hasta nales del 2012. La lucha fue colectiva, permanente y usó varios mecanismos para defender su posición de permanecer en sus tierras. Sin embargo, no fue suciente. El gobierno tenía claro que el proyecto sería ejecutado para el bien común. Así por ejemplo, lo expresa el presidente del Ecuador, Rafael Correa: “este proyecto…es un sueño legítimo y es derecho de la inmensa mayoría de choneños, para que cerca de 170000 personas, más de 20000 familias vivieran mejor…”11. De igual manera, esta posición fue repetida a nivel local por el administrador del contrato del PPMCH en su momento durante el proceso de socialización de los impactos socioambientales del proyecto. Desde el 2009, momento en el cual se declara como prioritario y se destinan los primeros fondos para su construcción, el proyecto que tardó cerca de 30 años en ejecutarse, ahora está en marcha.

Licencia ambiental Casi ocho meses después de haber rmado el contrato de ejecución de obra y casi cuatro meses después de haber iniciado la obra, el 14 de febrero 2011, se emitió la licencia ambiental por parte del Ministerio del Ambiente. Habilitante para la ejecución de la presa en río Grande y el canal de desagüe San Antonio. Es decir, los trabajos de movimiento de tierra en el sitio de presa y en el canal San Antonio iniciaron sin este requerimiento administrativo-legal y ético. En noviembre 2010, se inició el proceso de ´participación social o socialización´ liderado por la SENAGUA y dos compañías consultoras, proceso que tenía como n la obtención de la licencia ambiental. Metodológicamente la socialización incluyó: la apertura de 3 centros de información del 24 de noviembre al 9 de diciembre 2010, y tres presentaciones públicas en los tres primeros días del mes de diciembre. Según un informe de la SENAGUA (2011), ninguna de estas actividades fue realizada en la zona de afectación directa de la represa, y ninguna reconoció al Comité Central de Comunidades Campesinas de Río Grande que aglutina a los habitantes del área afectada por el futuro embalse12. Claramente se aprecia un proceso de participación social tardía a pesar de que en el Art. 57 numeral 7 de la Constitución del Ecuador se señala: “La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los benecios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las

10. Agrupa a cerca de 1700 familias campesinas en 31 comunidades. 11. Inauguración de la Comunidad del Milenio ´Ciudad jardín´, 29-08-2014. Esta comunidad es un reasentamiento que el gobierno nacional construyó para reasentar a los habitantes-jornaleros desplazados por el proyecto. 12. Es una organización campesina con vida jurídica desde 1997 (Acuerdo 2410-Ministerio de Bienestar Social). Agrupa a representantes de las 31 comunidades de Río Grande. Funciona como ente articulador para evitar el robo de bovinos y mediador en problemas de interés colectivo.

autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la Ley”. No se consultó a la comunidad, ni se socializó previamente de forma debida, oportuna e informada ¿Acaso una presa con un espejo de agua no afectará ambiental y culturalmente un territorio? Además de aquello, en el Art. 398 se señala: “Toda dirección o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta”. Considerando que la carta constitucional es la nor mativa administrativa-legal y política jerárquicamente más importante del país, se puede asumir que las otras de menor rango como el Texto Unicado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente del Ecuador y La Ley de Gestión Ambiental fueron ignoradas también. Al margen de la aplicación o no de las normas y reglamentos para cumplir con el debido proceso, en estos casos, la ética es un motivo suciente por el c u a l c u m p l i r. L a s c o m u n i d a d e s afectadas/beneciadas debían ser consultadas o por lo menos, hacer partícipes de los planes que el gobierno tenía para transformar su territorio y sus forma de vida. Por supuesto, previo a tomar una decisión como la rma de un contrato de ejecución de obra. Desalojo forzoso Otro evento relevante que merece ser considerado en este análisis es el desalojo forzoso realizado a Don Alfredo13. Ejemplica una de las estrategias utilizadas por el gobierno para hacer prevalecer una noción cuanticadora de derechos en el camino hacia el bienestar de las mayorías. La nca propiedad de Don Alfredo era fundamental

para la construcción del PPMCH. Uno de los ancos del eje de la presa se ubica sobre ella. En su propiedad se alojaban y reunían los habitantes ubicados en el futuro vaso de la presa desde el año 2009. Previo al desalojo, tanto a Don Alfredo como a su vecino el gobierno, se les ofreció pagar cerca de cuatro veces más por sus propiedades que lo estipulado ocialmente, el vecino negoció. En la madrugada del 17 de octubre del 2011, cerca de tres centenas de funcionarios del gobierno: técnicos, políticos, administrativos y 255 personeros de la fuerza pública incursionaron en su nca. La incursión de la fuerza pública fue narrada en el Informe Policial del operativo en Río Grande así: “…con el apoyo del personal policial del GIR14, Criminalística, Policía Judicial, Antimotines-Quito, personal policial del Comando Provincial Manabí N°4, personal del Servicio de Aeropolicial, se procedió a ingresar a dichos predios para la ocupación inmediata ordenada por la autoridad competente” (SENAGUA 2011: 267). Ingresaron a la propiedad, en donde aquella noche pernoctaban algunos campesinos y campesinas que se habían organizado para hacer guardia. Minutos después de la acción policial, maquinaria de la empresa contratista ingresó a la zona para derribar las constr ucciones existentes y desmontar la vegetación. Paralelamente, Don Alfredo fue llevado esposado a la delegación de policía, una mujer abortó por causa de golpes sufridos durante operativo, y hubo varios campesinos heridos por impactos de balas de goma y por efecto de los gases lacrimógenos utilizados por algunos efectivos de la policía nacional. La ocupación de la fuerza pública tenía como objetivo el desalojar a Don Alfredo y despejar el área para que la empresa china inicie la etapa constructiva de la presa. Pocos días atrás, la propiedad fue declarada de utilidad pública por una jueza del cantón Chone. Ella dispuso a la fuerza policial realizar el desalojo, y a la SENAGUA el depósito del pago por el predio en el mismo juzgado. Además, en el mismo día de la incursión el presidente Correa decretó como zona de seguridad nacional a un polígono de 4 kilómetros de diámetro 15 alrededor del sitio de presa .

13. Don Alfredo es un campesino de la tercera edad que adquirió su propiedad en Río Grande hace más de 15 años. 14. Grupo de Intervención y Rescate. Es una unidad élite de la policía nacional del Ecuador.. 15. Decreto Ejecutivo Nro. 914. Firmado el 17 de octubre 2011.

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de, Chone. Desalojo en el sitio de presa en Río Gran Campesinas de Río Grande, 2011 des unida Com de al Centr Fuente: Comité

Es preciso señalar que meses atrás se habían iniciado los trabajos de remoción de tierra en el otro anco de la presa, propiedad negociada con anterioridad con el dueño respectivo. La oposición a la obra fue desmovilizada y su cohesión fue debilitada. Entre los aspectos causantes podrían contarse: el debilitamiento de sus redes hidro-sociales (ONG, activistas regionales, académicos, etc.), la facilidad con la que SENAGUA negoció las tierras después del desalojo -sobre todo por el miedo de los campesinos a ser víctimas de intervenciones violentas similares-, y la delimitación del área del proyecto como área de seguridad nacional prohibiendo la realización de reuniones dentro del polígono. Actualmente su principal preocupación ya no es el evitar la construcción del proyecto, si no es obtener una adecuada compensación económica (vías, reasentamiento, pago de tierras, etc.).

Reﬂexiones ﬁnales Este documento, ejemplica a través de dos eventos como discursiva y materialmente políticas públicas en torno a la implementación de megaproyectos hidráulicos, hacen frente a aspectos críticos sobre el reconocimiento y la cuanticación de los derechos fundamentales de poblaciones locales. Los proponentes del PPMCH se aproximan indiferentes a la existencia cultural -incluso muchas veces físicade los afectados/beneciarios al imponer su lógica tecnológica y de conocimiento sobre un territorio. Parte de la imposición de un conocimiento externo a la lógica local de construcción del territorio como más verdadero que otro, es sostenido por la noción utilitarista del bienestar de las mayorías. El proyecto que beneciaría a la mayoría de choneros -al controlar inundaciones- se usa como justicativo para realizar cualquier acción, inclusive desalojos violentos. Desconoce derechos fundamentales incuanticables como: derecho a la libre decisión informada sobre cambios en sus formas de vida, y a ser actores políticos.

Parte de un reconocimiento pleno, debe incluir una suerte de reconocimiento bilateral; desde los proponentes hacia los afectados/beneciarios y el de estos últimos así mismos como sujetos de (una posible) injusticia. Cuando se discute -en caso de llegar a hacerlo- el reconocimiento hacia los afectados/beneciarios en procesos de implementación de grandes proyectos hídricos, comúnmente se hace referencia a una acción unilateral. Se asume por parte del primer grupo una pasividad del segundo grupo, quienes estarían esperando que se les ´informe o reconozca´ sobre cómo serán afectados/beneciados y como los expertos y tecnócratas han decidido sobre sus compensaciones económicas y cambios en sus formas de vida. Lo cual comúnmente sucede. Sin embargo, lo que también ocurre es que los seres humanos tienen la capacidad de autodeterminación, contestación y movilización 1 6 . Esto genera tensiones y una necesidad de reconocimiento del segundo grupo como sujetos con poder de decisión política frente a las trasformaciones que trae la implementación de un megaproyecto hidráulico.

los derechos de cien personas valen más que el derecho de diez?, ¿Cuáles son las contradicciones entre el discurso y la practica en materia de gobernanza del agua alrededor de estos proyectos? La apuesta por gobernar en función del bienestar de las mayorías para alcanzar la felicidad de la mayor cantidad de gobernados, presupone abiertamente la existencia de una(s) minoría(s) a quien(es) casi nunca se reconoce en plenitud, pues son los ‘grandes sacricados de la patria’. A partir de un noreconocimiento cultural los otros dos pilares: la participación política en espacios de toma de decisión y la distribución socio-económica de impactos, y benecios de manera igualitaria, no son posibles. En otras palabras, esas minorías a menudo no son invitadas a la esta. No pueden participar de ella y lógicamente no pueden decidir sobre que pedazo de tor ta preeren. Talvez escucharán de aquella esta más tarde.

En este documento sugiero indagar sobre cómo esa capacidad de (auto)reconocimiento estaría mediada en gran medida por el acceso a conocimiento (oportuno, adecuado, completo) que los afectados/beneciarios poseen sobre su estado de bien-estar o mal-estar. Es decir, su capacidad efectiva y sostenible para organizarse, empoderarse, movilizarse y responder pasaría en gran parte por la capacidad de (auto)reconocerse como sujetos de injusticia en primera instancia. El gobierno ecuatoriano y muchos latinoamericanos presentan agendas productivas y energéticas muy similares sobre el desarrollo de mega proyectos hidráulicos. Esconden preocupantes procesos de no-reconocimiento cultural y manipulación cuanticadora de derechos inconmensurables de grupos ‘minorías’ que merecen ser estudiados con profundidad. ¿Cómo el Estado está legitimando una aparente ‘consulta política’ a través de procesos de participación social en trámites de licenciamiento ambiental en mega proyectos hidráulicos?, ¿Acaso

16. Esta capacidad esta mediada por la cultura y por su relación con la realidad humana y no-humana (ver el trabajo de Bruno Latour, Michel Callon falta el año).

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Centrales hidroeléctricas: Conﬂictos sociambientales en comunidades Nahuas de la Sierra de Zongolica, México 1

Teresa Campos Sánchez

Foto: Teresa Campos Sánchez, Central

hidroelécr trica en la sierra de Zongólica,

río Altotoco represado, Marzo 2015.

Producción hidroeléctrica, ¿desarrollo sustentable?²

a producción de energía hidroeléctrica en el contexto mundial se lleva a cabo en un complejo entramado de relaciones de privatización y lucro en manos del mercado trasnacional. El poder del mercado domina la producción y distribución de energía, la cual se torna en un gran negocio de privatización de los bienes comunes. Actualmente, están en marcha políticas que impulsan el proceso de privatización de la gestión

del agua, que se sustentan en el discurso del “desarrollo sustentable”, que legaliza la práctica arbitraria de privatización de los bienes comunes, propiedad de naciones y comunidades enteras. La construcción y funcionamiento de proyectos hidroeléctricos en el mundo actual entablan un conicto inevitablemente social y político, además de los aspectos económicos y ambientales, y extienden la brecha de desigualdad social y económica.

1. Socióloga nahua de la sierra de Zongolica Veracruz, México. Estudiante de posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Austral de Chile. Correo electrónico: teresa.campos.sanchez@gmail.com 2. El discurso del desarrollo sustentable tiene diferencias importantes al término de desarrollo sostenible, de acuerdo a la literatura existente. En este artículo me referiré especícamente al discurso del “desarrollo sustentable” por su contradicciones en la construcción y origen de los conceptos.

El discurso del desarrollo sustentable ampara las prácticas asumidas en el sistema capitalista neoliberal, como estrategia para continuar la explotación de los bienes naturales, -como evidencia el ambientalista Enrique Leff (1998) “frente a la conciencia generada por la crisis ambiental, la racionalidad económica se resiste al cambio, induciendo una estrategia de simulación y perversión del discurso de la sustentabilidad”. Es así como la producción de energía hidroeléctrica es considerada como renovable o “verde”, debido a que se presenta como de “baja emisión de carbono”. El despojo y la invasión del territorio en zonas ancestrales se intensica como resultado de las políticas neoliberales depredatorias ante un nuevo embate por consumir los bienes que quedan en nuestras comunidades étnicas y campesinas. Como señala el geógrafo británico David Harvey (2009), el reparto del mundo por las trasnacionales es un hecho incuestionable, y se maniesta en la operación de diversos mega-proyectos sobre todo mineros, hidroeléctricos y de almacenamiento de agua que dañan social, cultural y ambientalmente a poblaciones y territorios étnicos. El quebranto continuo a los derechos, las voces acalladas de muchos pueblos, es parte de la violencia de un sistema que se enfoca en un desarrollo carente de referencias humanísticas, que reprime y busca “dominar” a los diversos pueblos originarios, que se oponen a la idea de producir y consumir para sustentar a este sistema depredador. Como dice la ecologista Vandana Shiva (2006), “la idea de domar la naturaleza justicó la construcción de presas monumentales, los limites que ésta impuso no pasaron inadver tidos”. La implementación de estos mega-proyectos de generación eléctrica que impulsan los organismos multilaterales (Banco Mundial, FMI, BID), recurren al discurso del desarrollo sustentable para justicar su intervención y el despojo, mientras destruyen reservas milenarias de bosques, hidrosistemas, reservorios de fauna.

Proyectos hidroeléctricos y defensa del territorio en México En México las políticas de privatización del agua, iniciadas con las reformas de 1994 y los cambios que se vislumbran hoy con más contundencia, quitarán el control al Estado y los gobiernos para entregárselo a las grandes corporaciones; es esta centralización y transferencia de poder sobre el agua la que precisamente facilitará una mayor invasión del territorio de los pueblos étnicos (Vandana, 2006). Desde las reformas hechas en 1992-1994 se rompen los candados que protegían los bienes de las comunidades, así, las empresas privadas invaden y privatizan los sectores antes exclusivos de las comunidades. Hay casos representativos de organizaciones de defensa ante proyectos de presas hidroeléctricas promovidos por la Comisión Federal de Electricidad y por las empresas privadas, algunos son: el del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa “La Parota” (CECOP), en Guerrero; en Oaxaca, la lucha contra la presa “Paso de la Reina”; en Nayarit, donde se vive la resistencia contra la presa hidroeléctrica “La Cruces”; y nalmente en Chiapas, con las defensas por el río Grijalva, ante la amenaza de nuevos proyectos hidroeléctricos. En el estado de Veracruz donde se ubica parte de la sierra de Zongolica y donde se construyó la central hidroeléctrica, se evidencia que el estado cede en la práctica el control del agua a grupos empresariales, lo que es el preámbulo de un proyecto de más de 112 presas en el estado con la misma intencionalidad. La privatización del agua y el territorio que se vive en la sierra de Zongolica por este proyecto hidroeléctrico se ha caracterizado por los abusos de poder, la discriminación, falta de oportunidades y la exclusión de la participación del pueblo nahua. Lo anterior trae como resultado mayor vulnerabilidad y violencia a los derechos de las comunidades que han sido marginadas e históricamente saqueadas y excluidas. Esta central hidroeléctrica marca un hito al ser la primera en operación en el estado de Veracruz, se ha establecido en una de las zonas de mayor rezago económico y social del país: “La pobreza es un

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factor importante para visualizar más claramente este conicto socio-ambiental, ya que se ve agravada por las externalidades o por la falta de acceso a los recursos ambientales” (Sabatini, 1997: 55).

Central hidroeléctrica en la Sierra de Zongolica: despojo y resistencia de las comunidades nahuas Empresa corporativa La compañía titular del proyecto hidroeléctrico en la sierra de Zongolica es Electricidad del Golfo, empresa privada que tiene como subsidiaria a la Corporación Mexicana de Hidroelectricidad (COMEXHIDRO), que a su vez está vinculada con Conduit Capital Partners, empresa trasnacional, accionista principal de este proyecto y de otros en el país, como en Nuevo León, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Es de resaltar que el proceder del estado mexicano ha avalado a la empresa para construir la central hidroeléctrica debido a que se han otorgado los permisos de las instituciones como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), además de los permisos de construcción otorgados por los municipios afectados (Mixtla de Altamirano, San Juan Texhuacan y Zongolica); nalmente indicamos la irresponsabilidad del gobierno en sus tres planos: municipal, estatal y federal. Despojo del territorio nahua Desde el 2010, en los municipios de Mixtla de Altamirano, Zongolica y San Juan Texhuacán, esta iniciativa privada impuso el proyecto de generación de energía denominado “Proyecto Hidroeléctrico Veracruz”, con el que –aseguran los empresarios y políticos se impulsará el desarrollo económico y sustentable de la zona serrana, pero la realidad contradice este discurso ya que ha operado en la ilegalidad, sin una consulta previa, violando acuerdos internacionales (convenio 169 de la O.I.T) y los derechos humanos de los pueblos indígenas.

El proyecto está constituido por tres obras: la primera parte es la construcción de un embalse, una cortina de 30 metros de altura y 4 hectáreas para captar el agua del río en el municipio de Texhuacan (Palulca); la segunda, consiste en perforar el cerro Soyayo para construir un túnel de casi 3 km, el cual conducirá el agua desviada hasta la casa de máquinas; y la tercera, en la congregación de San Jerónimo Tonacalco (en el municipio de Zongolica), se construyó la casa de máquinas, que recibirá el agua desviada y donde operará una turbina que generará 42 Megavatios. Muy cercana está la subestación a donde llegará la energía eléctrica generada para transportarla a la Comisión Federal de Electricidad en Zongolica. En la región, la central hidroeléctrica afecta, principalmente, a los tres municipios mencionados a más de cinco mil habitantes, desviando 5 km el cauce natural del río Altotoco que, anteriormente, beneciaba a las comunidades, para así generar 42 MW de energía eléctrica que abastece a los diversos socios de la empresa privada, lo que impacta de manera negativa a las comunidades de estos municipios. Los daños a nuestro pueblo nahua en los municipios mencionados se maniestan de tres maneras: En el municipio de Mixtla de Altamirano en las comunidades de Xometla, Xala, Xochitla, se han quedado sin el agua del río Altotoco que los abastecía; en el municipio de San Juan Texhuacan, las comunidades de Palulca, Equimititla, Apanga, Atzingo, Tepetlanpa son afectadas por la devastación forestal y la sequía de manantiales debido al represamiento del río; y, nalmente, en el municipio de Zongolica en las comunidades Macuilca, Coyametla, Tecopango, Citlalapa, Comalapa I y II, Zomajapa, Piedras Blancas, Acontla, Puente Porras, Ocotita, Apanga, Tonalixco, San Jerónimo, Tonacalco Y Zacatal somos vulnerables a inundaciones y afectados por las distintas ocasiones en que se ha roto la presa. Para construir este proyecto se dañó el territorio, la ora, fauna, lo forestal, ríos y manantiales que alimentan a comunidades, más aún el daño es cultural a nuestros espacios ancestrales. Desde agosto de 2014, se considera que el proyecto está culminado, y lleva operando algunos meses, aunque

ha presentado muchas fallas técnicas, las cuales han provocado inundaciones, derrumbes, daños a las carreteras, así como amenazas a la vida de las familias que habitan cerca de la obra. La situación actual de la zona afectada por la construcción de este proyecto es de incertidumbre y violencia a los derechos de nuestros pueblos indígenas. El excesivo paternalismo y la falta de información previa inhibieron la resistencia ante la imposición de esta central hidroeléctrica que impacta negativamente a nuestra población. A esto se le suma el miedo construido institucional e históricamente en escenarios de dominio y despojo de los bienes comunitarios por parte de cacicazgos y gobiernos locales coludidos que han permitido la construcción de estos escenarios. También se vive un proceso de desintegración del tejido social y del sentido de lo comunitario que se vuelve más ligero con el paso de las décadas. Los impactos del proyecto hidroeléctrico en la sierra de Zongolica se evidencian claramente por la privatización del agua (la contención del río) y de la energía eléctrica producida, lo que afecta directamente en los aspectos socio-culturales y económicos de las poblaciones aledañas al proyecto. Los pueblos nahuas nos sentimos más duramente afectados por el impacto sociocultural, ya que “para cier tos grupos, especialmente indígenas, esa relación está inserta en un sistema territorial de vida, que incluye una economía local y una signicativa identidad territorial…” (Sabatini, 1998: 56). La población indígena nahua que habita históricamente en la ribera del río vive con gran incertidumbre por los daños actuales y por los que se avecinan. Los habitantes de las comunidades en la parte baja, después de la casa de máquinas, maniestan: Allá donde nosotros vivimos está como a 80 metros del río. Yo platicaba entre nosotros, a nuestra comunidad, cómo le vamos a hacer, porque de aquí a dos o tres años algo nos vaya a pasar y nosotros no tenemos ni un papel, con qué nos vamos a amparar. […] si algo nos pasa, no tenemos con qué nos vamos a defender […] es feo lo que están haciendo

ahorita con el agua, hay mucho peligro (Habitante ribereño afectado de la comunidad de Macuilca, Zongolica). Uno de los daños más importantes provocados por las presas son las inundaciones. Por la ubicación geográca, río abajo, las comunidades y ejidos son vulnerables a inundaciones debido a la alta precipitación en la sierra de Zongolica, como se ha visto en años pasados. El riesgo aumenta con la operación de la presa hidroeléctrica, así como lo maniestan los habitantes de las comunidades río abajo: Aquí sí llueve, una vez llovió como tres horas y hubo derrumbes donde quiera, como al menos yo no había visto. Ahorita dicen que la presa está bien construida pero después, con el tiempo, si se va deteriorando y se rompe, Comalapa se pierde totalmente […] (habitante de la comunidad de Comalapa, Zongolica). Las comunidades indígenas nahuas mantenemos el uso tradicional del río, por tanto, la entrada de esta clase de proyectos viene a alterar drásticamente la cosmovisión. Va más allá de empoderamiento del espacio físico, es la invasión del espacio sociocultural: Antes era un lugar natural, un lugar virgen que tenía su vegetación, casi la gente no lo conocía, además de que tenía su historia. Viene el agua de Zongolica por debajo del cerro, era un agua a donde iba poca gente, que tenía una cascada muy bonita, pero de ahí para acá, ya no...(Pobladora afectada de la comunidad de San Jerónimo, Zongolica). Acciones para la defensa En nuestras comunidades afectadas por la central hidroeléctrica en la sierra de Zongolica, aunque no podemos hablar de un movimiento social ante la imposición de este proyecto, sí podemos hablar de acciones colectivas, y de una respuesta a los atropellos que hemos sufrido como pueblo nahua. Desde el 2010 a la fecha, las acciones colectivas de defensa se han manifestado en dos formas: en un principio, la acción política a través de marchas y

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bloqueos a los trabajos de constr ucción, principalmente en el año 2010 y 2011; y, en la actualidad, es la acción jurídica nos mantiene en resistencia, con el respaldo de dos organizaciones: El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el apoyo de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (La Vida). Enumero de manera breve las acciones de defensa y denuncia que hemos realizado con el apoyo de las dos organizaciones mencionadas: 1. Enlace con movimientos de defensa nacionales e internacionales para tejer la red de comunicación y apoyo: Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Latinoamericana de afectados por las Presas (REDLAR). El caso fue presentando en el IX Encuentro Nacional Intercultural del MAPDER: “Todas las voces: Ríos libres” en el año 2012 en Nayarit. También participamos en el X Encuentro Nacional, llevado a cabo en agosto de 2013, en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. 2. Con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental encontramos alternativas de acción jurídica para la protección de las poblaciones afectadas. El primer paso jurídico fue emitir una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en diciembre de 2013. Ahora se camina hacia la realización de un recurso jurídico más determinante para la defensa del territorio. También hemos realizado diversas reuniones informativas en las comunidades para hacer presentes nuestras inconformidades. 3. Entre el 2011 y 2013, se denunciaron las afectaciones a nivel regional, estatal, nacional e internacional, a través de foros y ruedas de prensa (Río + 20, Tribunal Permanente de los PueblosTPP-). En noviembre de 2012 se realizó en el municipio de Temacapulin, Jalisco, la pre-audiencia “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad” del Tribunal Permanente de los Pueblos TPP, en la que se logró denunciar la problemática acontecida en la sierra de Zongolica, llevando el testimonio de las afectaciones de las comunidades por el proyecto hidroeléctrico. Con ello se destapó una puerta para la reparación de daños e impactos sufridos a las distintas poblaciones para avanzar hacia la justicia social y ambiental.

La denuncia ante este tribunal fue presentada con apoyo de LA VIDA y es una de las acciones más importantes con el MAPDER. Posteriormente a la audiencia se presentó el fallo del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y se publicó el dictamen nal emitido por el Tribunal Permanente de los Pueblos, el cual solicita la cancelación del proyecto hidroeléctrico o la reparación de daños. A continuación se presentan las peticiones hechas y apoyadas en el dictamen nal del TPP, donde se mencionan las afectaciones a las poblaciones de la sierra de Zongolica: - Cancelación del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, debido a que no es un proyecto de utilidad pública y afecta los derechos esenciales de los pueblos indígenas, al control de su territorio y usufructo de sus recursos naturales. - Indemnizar económicamente a las familias cuyas parcelas fueron afectadas por las obras realizadas por las empresas privadas. - Garantizar el derecho al agua en calidad y cantidad a las poblaciones afectadas de Mixtla de Altamirano, Zongolica y San Juan Texhuacan. - Cancelación del proyecto de desfogue al río Coxole (túnel). - Reubicación de familias que viven cerca de las torres de alta tensión. - Reparar la infraestructura comunitaria afectada por el proyecto. - Garantizar la protección a los comunicadores locales y regionales ante las amenazas recibidas. - Garantizar el derecho a la información y a la libre expresión. - Llevar a cabo programas de prevención contra inundaciones para las poblaciones río abajo, reparación ambiental y manejo de desechos sólidos y líquidos. Finalmente, el conicto que se vive en la sierra de Zongolica por la imposición del proyecto hidroeléctrico es esencialmente socio-ambiental y corresponde a una realidad dinámica, por lo tanto, no se pueden realizar conclusiones denitivas, sin embargo, con la presente experiencia hemos avanzado en la organización, defensa del territorio y los derechos humanos, lo que entendemos como un paso a la resistencia y salvaguarda de las identidades colectivas indígenas y de nuestros territorios.

Reviviendo conﬂictos: Hidroeléctricas en el Oriente antioqueño Andrea Echeverri Sierra1

lización en el marco del sexto festival

Foto por: Andrea Echeverri Sierra, movi

Resumen

n Colombia la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos es una tendencia en aumento. La subregión Oriente del departamento de Antioquia es rica en corrientes hídricas, lo que desde la década del sesenta ha atraído proyectos de esta índole provocando una historia de violencia y expulsión. En la actualidad, en ese territorio hay un renovado interés en el desarrollo de hidroeléctricas, pero ante el temor de los habitantes, retornados y permanecidos, de perder sus comunes y de repetir la historia, se suscitan conictos y resistencias.

del agua. Octubre 2014

En el departamento de Antioquia, en el noroccidente de Colombia, la construcción de represas está en un momento de apogeo, tal como lo arma el Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia (BIRD)2 “Antioquia se ha destacado por sus desarrollos hidroeléctricos siendo su capacidad efectiva de generación eléctrica cerca del 30% del total nacional y contando con los principales agentes del sector energético del país, lo que sumado a su accidentada geografía hace que cuente con una buena cantidad de iniciativas en este sentido” (BIRD, 2009: 60). Dicha capacidad de generación, se ha concentrado

1. Socióloga en formación. Integrante de la Red de Acción Frente al Extractivismo,de la ciudad de Medellín, Colombia. Interesada en temas de investigación relacionados con las diversas expresiones del extractivismo y sus procesos de resistencia. 2. Convenio entre el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia y la Escuela de Ingeniería de Antioquia.

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fundamentalmente en el sistema interconectado de embalses de la subregión Oriente del departamento, y en la actualidad se plantea, con diferentes proyectos, aumentarla en un 15%. La construcción de hidroeléctricas es de vieja data en el Oriente antioqueño, sin embargo, también lo son los conictos suscitados por ellas y las resistencias a las mismas. El Oriente antioqueño tiene nueve grandes cuencas asentadas en la zona montañosa de la cordillera central andina, donde conuyen los cañones y ríos Magdalena, Arma, El Buey, Piedras, Aburrá, Porce, Nus, San Carlos, Samaná Norte y Sur, Cocorná Sur, Guatapé, Nare, Calderas, Tafetanes y Río Claro. El caudal de agua en la zona es tan abundante que equivale, aproximadamente, a una tercera parte del río grande de la Magdalena, el más importante de Colombia. La intención de este escrito es dar cuenta de la multidimensionalidad del conicto asociado a la constr ucción de grandes represas y de microcentrales en el Oriente antioqueño, a partir de: i) Un breve recuento de la historia de la subregión y de su relación con hidroeléctricas, y la presentación del ii) Panorama actual de las amenazas existentes y de las resistencias frente a ellas.

A modo de introducción: ¿Por qué tantas represas? Uno de los argumentos con el cual se ha intentado legitimar la proliferación de centrales hidroeléctricas es que son una fuente de energía alternativa, sostenible y limpia. En palabras de Rodrigo Suárez, director de la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente), “estos proyectos promueven y

ayudan a mantener la matriz de generación de energía eléctrica limpia, al desplazar las emisiones de gases efecto invernadero, provenientes de fuentes energéticas de origen fósil” 3 Según esta opinión, el indicador fundamental para presentar a las hidroeléctricas como energía verde es su no emisión de dióxido de carbono (Co2). Esta variable ha llevado a la creación de diversos programas que promueven una matriz energética 5 basada en energía hidráulica . Uno de ellos es la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, de la DDC de Minambiente, apoyada, entre otras entidades internacionales por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y USAID, que plantea, entre sus objetivos, la búsqueda de nanciación internacional para facilitar proyectos bajos en carbono en los sectores agrícola, transporte, residuos, minería y energía. Otro incentivo es la inscripción de estas hidroeléctricas como Mecanismos de Desarrollo 5 Limpio (MDL) , ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que en Colombia asciende a 54, lo que se traduce en 6 exenciones tributarias . Finalmente, la tendencia a declarar a grandes hidroeléctricas (El Quimbo, Hidroituango, Hidrosogamoso por mencionar 7 algunas) de utilidad pública e interés social , así como la inclusión de energía de pequeños 8 aprovechamientos hidroeléctricos en esta gura . De otra parte, la división, vigente en Colombia, entre recursos naturales renovables y no renovables, ha orientado el comportamiento de las instituciones públicas y privadas a considerar innita la posibilidad de explotación de los primeros, contribuyendo a su degradación y en ocasiones a su 9 irreversible pérdida. La legislación colombiana

3. Citado en Higuera, José M. El sector energético cuenta con 54 proyectos de MDL. Julio de 2014. Portafolio. Disponible en http://www.portafolio.co/negocios/proyectos-mdl-sector-energetico. 4. Según XM para 2013 el 75% de la composición del SIN era energía hidráulica. 5. Los MDL son uno de los tres mecanismos de exibilización del protocolo de Kyoto para reducir Gases de Efecto Invernadero (GEI). Restringe sus propuestas a la reducción en las emisiones de un único GEI, el CO2, permitiendo transar con las mismas en el mercado regulado; se considera pues limpia la producción sin emisiones de CO2, obviando los problemas derivados de la emisión de los otros 5 GEI y su interacción en la atmósfera. 6. Ley 788 de 2002. 7. Ley 56 de 1981 y decreto reglamentario 1324 de 1995. 8. Ley 1715 de 2014.

considera, entre otros, recursos renovables a las aguas en cualquiera de sus estados, la tierra, el suelo, el subsuelo, los recursos biológicos del suelo, y las fuentes primarias de energía no agotables. En este último ítem se han incluido a las centrales eléctricas, que tanto en la forma de pequeñas centrales o de grandes represas, proliferan en el país. Este acercamiento antrópico al agua no respeta los procesos y componentes de sus ciclos hidrológicos, rompiendo, muchas veces su frágil equilibrio. En otras palabras, cuando los ciclos económicos (de corta duración) se imponen sobre los ciclos ecológicos (de larga duración), la capacidad de los ecosistemas para volver a su estado original después de esta intervención se diculta, lo que signica que el “recurso” no puede recuperar sus características y funciones previas,

padeciendo de un desgaste progresivo, que puede desembocar en alteraciones irreversibles de microorganismos, plantas y animales (factores bióticos) o del clima, agua, aire, minerales del suelo, etc. (factores abióticos). Otro punto que cuestiona las credenciales ecológicas de las represas, es la emisión de gas metano (Ch4), uno de los seis Gases de Efecto Invernadero (GEI) identicados por el protocolo de Kyoto, y el segundo entre estos en afectación de microclimas. Al represar un río éste ya no solo dejará de capturar carbono, sino que la biomasa que corría en él se descompondrá, sedimentándose en la represa y produciendo metano. De ahí que numerosas voces, entre las que se incluyen las 10 organizaciones International Rivers y la Asociación

9. Me reero aquí al Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Decreto 2811 de 1974. 10. Ríos internacionales en español.

Foto: Andrea Echeverri Sierra, movilización por la defensa del río dormilón. Marzo 2015

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Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) armen que las represas son una falsa solución al cambio climático, planteando el concepto de represas sucias, en oposición a la pretendida energía limpia. Para concluir quisiéramos desmiticar el supuesto temor generalizado en el país ante posibles cortes de energía, con el que hábilmente juegan diversos actores interesados en la construcción de hidroeléctricas para legitimar estos proyectos en la opinión pública. Para el 2013, la generación nacional de energía superó a la demanda en más de un 1’300.000 vatios. Es decir, Colombia ya cuenta con la energía necesaria para su abastecimiento doméstico y de los diversos sectores de la economía; de ahí que resulte, por lo menos, dudoso, que la construcción de nuevas hidroeléctricas benecie a los pobladores del país y sea más plausible pensar en la construcción de obras para asegurar el posicionamiento estratégico del capital tanto nacional como global.

Primeras hidroeléctricas en el Oriente antioqueño El Oriente antiqueño cuenta con 23 municipios, ubicados en 4 subregiones biogeográcas: altillanura, zona de páramos, de bosques y de embalses. La altillanura es la más cercana a Medellín, la capital de Antioquia, y recientemente se ha convertido, por diversas exenciones tributarias, -cercanía al aeropuerto y vías de comunicación terrestres- , en una zona atractiva para la industria. Esta área es también conocida como Oriente cercano. Lo municipios de Alejandría, Concepción, Granada, Guatapé, Peñol, San Carlos y San Rafael, hacen parte de la llamada zona de embalses, que, como bien podemos adivinar, debe su nombre a las inundaciones que afectaron buena parte de sus tierras agrícolas para la generación de energía hidroeléctrica. Este Oriente lejano comienza adquirir importancia económica en la década del sesenta con la construcción de las hidroeléctricas de Guatapé, San Carlos, Jaguas, Playas y Calderas, con la extensión

de las líneas de energía que lo sitúan estratégicamente cerca del Sistema Interconectado Nacional (SIN), y con la construcción de la autopista Medellín-Bogotá. A partir de 1970, pensando en estrategias para afrontar la crisis energética que vivía el país, causada por la crisis del petróleo, se toman medidas que llevan a consolidar al Oriente antioqueño como un punto clave en la producción de energía nacional, valiéndose de la riqueza hídrica natural de la cuenca del río Nare y de las diferencias de altura propiciadas por los cañones de los ríos. Desde ese momento, lo que identicamos en el territorio es la contraposición de dos intereses. De una parte, la creciente demanda de energía por parte de amplios sectores. Y de otra parte, la permanencia en el territorio de los habitantes de la zona donde quiere desarrollarse el proyecto, quienes son despojados de sus viviendas, sus medios de subsistencia y sus construcciones sociales, con el pretexto de un interés general, y con el innegable enriquecimiento privado de las empresas que fungen como nuevos actores del conicto. Como esa generación de energía requiere bruscas intervenciones ambientales que implican desviar ríos, inundar terrenos, perder cultivos y vecindades, cambios en el clima y en el comportamiento de insectos, pérdida de ora, salinización y acidicación de los suelos pero, sobre todo, modicación sustancial de la forma de vida de las comunidades humanas que construyeron el territorio donde tiene inuencia la intervención. El descontento de la población de varios municipios de la zona de embalses, afectados por las hidroeléctricas, fue el punto de partida de unas fuertes dinámicas de movilización y organización en los años 70s y 80s. La Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño ha venido denunciando en los últimos años la aparición de violencia asociada a estos proyectos. La primera fase del conicto en Oriente está relacionada con la presencia de las FARC y el ELN en la zona, atraídos, entre otros factores, por la pretensión de defender a la población de los atropellos que la construcción de estos proyectos les estaba infringiendo.

Sin embargo, la época más sangrienta correspondería a la incursión de los paramilitares, quienes empecinados en obtener el dominio sobre la región, desatarían, a partir de 1996, una guerra sucia contra quienes consideraban la base social de la insurgencia. Incontables militantes de izquierda, así como líderes sociales y populares, que incomodaban al establecimiento con sus reivindicaciones, fueron blanco de la estrategia contrainsurgente paramilitar. La violencia que asoló el Oriente antioqueño, sobre todo, entre 1993 y 2005 es indescriptible, la violación a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que afectaron principalmente la zona de bosques y de embalses arroja un saldo de casi 60.000 desplazados, solamente entre 2003 y 2006. La población de Argelia pasó de 10.852 habitantes a 6.823. San Carlos presenta la situación 11 más aguda de Antioquia, entre 2000 y 2005 con 9.942 expulsiones registradas; en Granada, en el mismo período hubo 5.572 expulsados, en San Luis 4.412 y en Cocorná 4.297. Masacres, amenazas, tor turas, asesinatos 12 selectivos, veredas enteras abandonadas o minadas y desplazamientos forzados parieron las primeras represas de Oriente. Los gr upos paramilitares se ubicaron en la zona de las hidroeléctricas, y mientras las organizaciones sociales de la zona denunciaban la protección de estos grupos a los proyectos, llegando incluso a mencionar campamentos en predios de Empresas 13 Públicas de Medellín (EPM), los paramilitares de Ramón Isaza, las Autodefensas Unidas de Córdoba y el bloque Metro desplazaban poblados enteros, acusando los campesinos de colaborar con la guerrilla. Este caso nos sirve para raticar la violencia como

potencia económica de los procesos modernizadores y civilizatorios, cuya expresión puntual es la relación estructural entre extractivismo y violencia, “que se extiende al sistemático uso de la coacción para garantizar el ejercicio del despojo” (Seone, 2013: 36). Décadas atrás, cuando la subregión comenzó a perlarse como una despensa energética, emerge un cúmulo de conictos socioambientales que contribuye al surgimiento de la primera etapa del conicto, período en el cual los diferentes proyectos extractivos se ven obstaculizados por las condiciones de seguridad representadas en ataques de la insurgencia, principalmente del ELN, a las hidroeléctricas.

Intereses renovados, viejos conﬂictos Esta situación se revierte con el triunfo paramilitar por el control territorial y el aumento de la fuerza pública, generando un contexto favorable para los proyectos. Consolidado este modelo de seguridad, los proyectos energéticos en Oriente retoman su curso, aumentando notoriamente en año recientes. Como era posible prever, los habitantes de la zona temen que la catástrofe humanitaria vuelva a repetirse y que las afectaciones ambientales se conviertan, en el mediano y largo plazo, en una amenaza a la vida humana. Si bien el programa del gobierno nacional prioriza los municipios de Granada, San Francisco, San Carlos, San Rafael, Cocorná y San Luis, en su política “Retornar es vivir”, sus metas14, se enredan en los solicitudes ante las autoridades ambientales para desviar y represar ríos, pues podrían generar nuevos desplazamientos, atentando contra las medidas de protección especial de estos municipios y revictimizando a la población retornada, hecho proscrito por la ley, o que atenta contra el derecho a un medio ambiente sano.

11. Según El Colombiano, 2013, Antioquia es el departamento con mayor número de habitantes desplazados en el país. Disponible en http://www.elcolombiano.com/antioquia_con_las_cifras_mas_altas_de_desplazamiento_en_colombiaDBEC_246489. 12. Una vereda es una senda o un camino. En Colombia alrededor de estos fueron congurándose centros poblados, con población dispersa o en forma de caseríos, lo que lleva a que la Sociedad Geográca de Colombia les haya otorgado la categoría de división territorial de carácter administrativo. En Colombia existen aproximadamente 30.000 veredas en las cuales habita la cuarta parte de la población nacional. 13. Olaya, 2012: “Otro campamento paramilitar fue instalado en predios de las EPM, al lado de la central hidroeléctrica de Playas, cerca de la base militar localizada entre las veredas el Charcón y el Zancudo” 14. Entre ellas se incluyen recuperación de activos perdidos y capacidad productiva, mejoramiento de infraestructura deteriorada, identicación de relación de quienes retornan con los predios abandonados y formalización de los títulos correspondientes

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Foto: Andrea Echeverri Sierra, movilización por la defensa del río dormilón. Marzo 2015

En la zona Oriente hay seis embalses en cinco hidroeléctricas principales construidas: Playas (210MW) y Guatapé (420MW) de EPM y Calderas (26MW), Jaguas (170 MW) y San Carlos 1 5 (1240MW), otras represas incluyendo la de San Lorenzo se ubican en el municipio de Alejandría. Además, hay un número indeterminado de microcentrales hidroeléctricas. Sin embargo, a pesar de estas intervenciones en las corrientes hidrológicas, y de los impactos denunciados por las comunidades, las condiciones de seguridad favorables y la enorme riqueza hídrica de la zona vuelven a atraer el interés de inversionistas al Oriente.

Entre el 2000 y 2010 se tramitaron 139 solicitudes de distinta índole ante CORNARE17 cuya nalidad es la construcción de hidroeléctricas y microcentrales. Las microcentrales o pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, son aquellas centrales hidroeléctricas con una capacidad instalada menor de 10 MW por unidad, que no pagan transferencias por concepto de aprovechamiento de recursos no renovables a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), ni a los municipios afectados. La solicitud de la licencia ambiental es menos engorrosa comparándola con proyectos de mayor envergadura y se hace ante la CAR encargada y no ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

15. La represa de Punchiná o hidroeléctrica San Carlos es la represa con mayor capacidad instalada de Colombia. Es cercana al corregimiento el Jordán, donde el 23 de Marzo de 1998 se perpetró una masacre paramilitar contra 6 miembros de la Junta de Acción Comunal. Durante la masacre, los paramilitares forzaron a trabajadores de Conconcreto que en esos momentos realizaban obras en la hidroeléctrica a presenciar los hechos para luego relatarlos. 16. Corporación Jurídica Libertad, 2011. 17. Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare, primera autoridad ambiental en la región.

La laxa normatividad referida a las microcentrales ha llamado la atención de inversionistas como HMV Ingenieros, Cementos ARGOS S.A., Compañía de Seguros ARGOS S.A, Empresa Antioqueña de Energía EADE, EPM, Empresa de Generación y Promoción de Energía EMGEA S.A., Francisco Emilio Jaramillo Villegas, Generamos Energía S.A, ISAGEN, Ruben Levy Levy, Aguas y energía Limpia S.A. entre otros. Pero, quizás la amenaza más grande en estos momentos sea el proyecto Por venir II o Aprovechamiento hidroeléctrico del Río Samaná Norte, cuya licencia ambiental fue aprobada el 13 de febrero del año en curso por la ANLA. El proyecto, hoy propiedad de Celsia S.A., lial del grupo ARGOS, pretende construir una presa de 140 metros de altura sobre el río, en la jurisdicción de los municipios de San Carlos, Puerto Nare y San Luis, para una capacidad instalada total de 352 MW. Éste proyecto es complementario del complejo hidroeléctrico instalado en el Oriente en las décadas anteriores con las hidroeléctricas mencionadas, agudizando la tendencia a negar o restringir el acceso y goce de las corrientes hídricas a las comunidades locales, que a lo largo de las generaciones, han aprovechado el agua de una manera sustentable y han forjado diversos vínculos con ella.

período, y con el acumulado de las luchas de años anteriores MOVETE ha logrado impor tantes victorias: la suspensión de concesiones de aguas y la construcción de microcentrales en La chorrera (Quebrada de San Carlos), en el río Tafetanes, en el río Dormilón y en el municipio de Granada.Adicionalmente, la licencia ambiental para Porvenir I fue negada por la ANLA. Estos hechos se atribuyen orgullosamente a las estrategias desplegadas, entre ellas mecanismos legislados y no legislados: recursos de reposición, audiencia pública, movilizaciones populares, festivales del agua, denuncias públicas, estrategias de comunicación, pero sobre todo, una conciencia generalizada de que contrario a lo que les prometieron años atrás, el desarrollo de las hidroeléctricas viene aparejado con empobrecimiento, violencia y desplazamiento.

Muchos de los habitantes de la zona perciben la amenaza que representan estos aprovechamientos para sus formas de vida y para sus patrimonios colectivos, por lo cual, o bien crearon agrupaciones para la defensa territorial como los vigías del río San Miguel, o los Vigías del río Dormilón, o se incluyeron en la agenda de organizaciones ya existentes como las Juntas de Acción Comunal de Samaná, Puerto Garza y el Jordán o en la Corporación Natybos cuyas acciones están encaminadas a la defensa de sus comunes. Cada vez más esas resistencias conuyen en el Movimiento Social por la Defensa de la Vida y el Territorio (MOVETE), que desde nales del 2013 reúne líderes populares y organizaciones para pensar y adelantar acciones encaminadas a enfrentar la apropiación y cercamiento de los ríos y los asaltos dirigidos a los comunes. En este corto

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El Proyecto de la Hidroeléctrica “Inambari” en la Amazonía del sur de Perú “Un mega proyecto que nunca se debería implementar” 1

Mourik Bueno de Mesquita

cto-de-hidroelectrica-de-inambari/

19648/archivan-denitivamente-proye

Río Inambari http://www.inforegion.pe/1

Resumen

l proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari (Proyecto Inambari) con capacidad de generar aproximadamente 2000 megawatts (MW), ubicada en la Amazonía del sur de Perú, está en proceso de trámites de concesión desde los años 1960. Es una de las cinco centrales priorizadas para exportar energía para el Brasil bajo la modalidad de

nanciamiento del Banco de Brasil y endeudamiento del Perú, con una concesión de 30 o quizás 70 años. En 2010 este proceso fue paralizado por la presión de protestas de las poblaciones posiblemente afectadas lo que ocasionó que la concesión temporal se dé por nalizada. Recientemente, el Estado peruano intenta retomar y reactivar el Proyecto. La matriz energética en el Perú ofrece poco sustento, por lo cual la construcción de estas hidroeléctricas no justicaría estas gigantescas

1. Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de las Casas” Cusco, Perú

proyecciones de energía, particularmente en un territorio como la Amazonía, con frágiles condiciones ecológicas y de enorme importancia para el planeta. Con un área de inundación de aproximadamente 450 KM2, se preveen impactos socio-ambientales y económicos de gran envergadura e irreversibles. Los costos de estos impactos pueden sobrepasar los benecios si es que se consideran correctamente las implicancias de las denominadas ‘externalidades’. Las poblaciones involucradas de los tres departamentos (Puno, Cusco, Madre de Dios) y otras organizaciones sociales, inclusive algunos Gobiernos Locales, han expresado su rechazo al Proyecto, criticando los avances en el procedimiento de concesiones temporales, y las cuestionables evaluaciones de impacto ambiental. Por esta presión social, se hicieron públicas varias irregularidades con fuertes indicios de corrupción en el Gobierno brasilero, las cuales involucraban el convenio de energía entre Perú y Brasil y por ende este Proyecto2. Ahora si bien el Proyecto Inambari esta temporalmente suspendido, existe el riesgo de que sea retomado. La gestión pública del Estado y de la Empresa EGASUR (testaferro en el Perú de grandes empresas de Brasil como la actualmente investigada empresa Oderbrecht), ha sido hasta ahora muy frágil y poco transparente, centrada en los intereses económicos nancieros extractivos, muy propios del modelo político-económico neoliberal actual en el Perú, y de las presiones del capital nanciero internacional.

Contexto³ Diversos estudios, a menudo nanciados por agencias de cooperación internacional como el Banco Mundial y la Cooperación Alemana, identicaron en el Perú desde la década de 1960, múltiples oportunidades de inversión en centrales

hidroeléctricas, tanto en la cuenca del Pacíco, como en la cuenca Amazónica. Este gran potencial hidroeléctrico en la ver tiente Amazónica se materializa en 20 proyectos de centrales hidroeléctricas (de 150 a 1500 MW), 15 en la zona norte del país en la cuenca del Río Marañon, y 5 en el sur andino en concesión para proveer energía a Brasil. En la vertiente del Pacíco se planican cuatro centrales hidroeléctricas con un potencial de generar 600 MW anuales. Se trata en total de una posible inversión de 2,380 millones de dólares para 1,476 MW por lo pronto priorizados, mientras el potencial técnico total calculado para ser desarrollado en el Perú es de 56,197 MW. Los Gobiernos de turno han declarado de interés nacional la intencion de constrir el primer paquete de centrales, necesarias según ellos para el desarrollo productivo en el país hasta 2050 (no precisa qué desarrollo, pero es bajo el actual modelo de industria extractiva, agroindustria y procesos de crecimiento urbano de 20 ciudades con más de 500,000 habitantes). Además, se considera que la energía generada por estas centrales es “limpia” y con un mínimo o nulo impacto ambiental (sic). Las centrales hidroeléctricas de la vertiente atlántica (amazónica) se calican como la “Arteria Energética del Perú”. Sin embargo, existen varios problemas en relación a la propuesta de construcción de estos proyectos en la amazonia peruana. Por ejemplo, son casi nulos los estudios técnicos de rigor que actualicen los estudios hidrológicos, y la evolución de la demanda energética del país (el último Plan del Potencial Hidroeléctrico data de 1988). La matriz energética del Perú depende todavía de la importación de petróleo, del gas del sur andino y de las pocas centrales existentes. La débil y muchas veces ausente coordinación estatal de los sectores energéticos, hídricos, del territorio, así como del medio ambiente, diculta el análisis riguroso y transparente del declarado potencial hidroeléctrico

2. En: http://peru21.pe/politica/carretera-interoceanica-denuncian-pago-coimas-su-construccion2220597?utm_source=peru21&utm_medium=mailing&utm_campaign=newsletter_2015_06_10_11b (09 de junio del 2015). 3.Recogido de la publicación “Matriz Energético en el Perú” 2012, Fundación Frederich Ebert. La Fundación Frederich Ebert ha desarrollado importantes trabajos de estudios y análisis crítico de la Matriz Energética y de energías renovables en el Perú, y cuyas publicaciones han servido mucho para entender el contexto energético en el Perú y los paquetes de proyectos de Centrales Hidroeléctricas con énfasis en la vertiente Amazónica.

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como política de interés nacional. Se necesita realmente una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de todos estos proyectos a nivel de cuenca y a nivel de la Amazonía, y por otro lado una seria y contundente evaluación del impacto social. No se evidencian políticas claras y transparentes sobre la matriz energética y el rol de las hidroeléctricas. Lo que prevalece en el Estado hasta ahora es la perspectiva que maximaliza las ganancias económicas por venta de energía, y la de priorizar las inversiones de capitales extranjeros. Una política impor tante debería ser, por lo menos, una planicación territorial de centrales hidroeléctricas por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar para disminuir en algo la afectación y los enormes impactos en la biodiversidad amazónica. Es previsible que la construcción de estas centrales hidroeléctricas generen nuevos conictos sociales y ambientales lo que requiere otra aproximación del Estado diferente a la negación de las protestas y la represión que parecen respuestas usuales en momentos actuales. También hay otras problemáticas pendientes, como por ejemplo, el manejo de los costos, daños y pasivos ambientales y sociales, la necesidad de reconocer los derechos territoriales de comunidades campesinas y pueblos indígenas, e inclusive debatir sobre la viabilidad técnica y económica de los proyectos. Algunos estudiosos sostienen además que la demanda interna de energía del Perú puede ser atendida sin tener que construir centrales hidroeléctricas en la Amazonía. Alternativas de energía eólica y solar tampoco forman par te del análisis comparativo y de alternativas de viabilidad.

El proyecto de la Central Inambari⁴ En este contexto el proyecto Hidroeléctrico Inambari, situado en el territorio compartido entre Puno, Cusco y Madre de Dios, fue retomado en el año 2006, durante la gestión de Alan García, e insertado en las negociaciones entre Perú y Brasil. La empresa EGASUR (Amazonas Sur S.A.C.), testaferro de empresas brasileras como Oderbrecht (actualmente inmersa en serios escándalos de corrupción), con un capital social de 10,000 soles peruanos (una suma ridícula y solo gurativa equivalente a algo de 3000 dólares) obtuvo una concesión temporal para la planicación y promoción de la Central Hidroeléctrica Inambari, presentó el estudio de factibilidad de una represa y central hidroeléctrica de 2000 MW que inundaría una área gigantesca de 450 kilómetros cuadrados de la llanura amazónica tapando bosques, biodiversidad, pueblos enteros y chacras agrícolas, e inclusive 70 kilómetros de la recién construida carretera interoceánica entre Brasil y Perú. Se preveen impactos gigantescos como consecuencia de la construcción de esta represa. El área inundable desplazará a 15,000 habitantes de 20 poblados, modicando sus formas de vida. El crecimiento demográco no fue considerado en el estudio de impacto ambiental. El bosque primario (25,000 has) que desaparecería debajo las aguas tiene una rica calidad de especies y de alto valor. En total desaparecían 40,000 has de bosque, biodiversidad de ora y fauna tropical, con especial impacto por el impedimento que ocasionaría a la movilidad y reproducción de numerosas especies de peces que además son una importante fuente de alimentación de las poblaciones locales, y de las de aguas abajo del Río Inambari y Madre de Dios.

4. Entrevista al Ing. Civil Juan Pérez Valderrama de la asociación civil SOCIT, ampliada con el estudio de la Cuenca del Río Inambari, WCS (2010). Juan Pérez Valderrama es ingeniero civil con amplia experiencia en la parte amazónica del departamento de Puno; conoce de cerca la problemática y fragilidad de la gestión pública y es miembro activo de SOCIT, Sociedad Civil para la Interoceánica, que monitorea y evalúa el Proyecto de la Interoceánica Brasil-Perú, que vigila también el Proyecto Inambari, en la medida que el embalse de la represa afectaría la vía. La entrevista con él ha proporcionado mucha información y un análisis crítico del Proyecto Inambari, a menudo con informaciones de carácter reservado o silenciadas. El estudio de la Cuenca del Río Inamari, “ambientes acuáticos, biodiversidad y represas”, realizado por Wildlife Conservation Society - WCS Andes-Amazon Waters, Wetlands and Basins Program, proporciona importante información sobre los ecosistemas de la zona, la biodiversidad con énfasis en la situación, presencia y dinámicas biológicas de múltiples especies de peces amazónicos y los posibles impactos del Proyecto Inambari.

la capa de ozono, aumentando el efecto invernadero. El proyecto indica que se generaría un empleo de 15,000 personas, pero este número sería mayormente para personal calicado de Brasil y otras partes de Perú, y temporalmente requeriría 1000 empleos locales no calicados. Los efectos y benecios económicos para el desarrollo económico y social local no pueden evidenciarse, a pesar de los discursos de los dueños de la concesión y del Gobierno. El discurso del Gobierno para justicar estos proyectos hidroenergéticos se sustenta en que son de “interés nacional”, lo cual es muy engañoso y ambiguo ya que no se conoce quiénes se benecian y quiénes son considerados como “La Nación”. Los recursos naturales y el territorio son patrimonio de La Nación que incluye obviamente las poblaciones, y no son propiedad del Estado como para vender o entregar al capital internacional de inversión extractiva.

Adicionalmente, afectará 50 Km2 de la zona de amor tiguamiento de Parque nacional Baguaje Sonene. El Ministerio de Ambiente calcula que los daños y pérdidas ambientales, de bosque y la biodiversidad, podrían llegar a representar grandes cantidades de dinero, estimados en 50 millones de dólares anuales. Con el represamiento del agua, se generaría un enorme espejo de agua, a su vez, la desaparición de la vegetación y de los bosques aumentaría la temperatura ambiental, e inclusive contribuirían mucho más a los efectos del cambio climático. La sequedad en la Amazonía aguas abajo, y en las cercanías, traerá el riesgo del aumento de los incendios, aún mayor deforestación y el cambio climático en relación a la temperatura, y la precipitación de lluvias irregulares y menores. El enorme embalse de agua proyectado, con la deforestación que implica, no solo afectará la capacidad de captura de carbono en esta parte de la Amazonía, sino todo el material orgánico y de vegetación que bajo el agua se descompone produciendo metano en cantidad, un gas que afecta

Las inversiones económicas que atraería el proyecto cambiarían por completo la vida en la zona, la encarecería y traería también otras actividades ilícitas como la minería ilegal uvial de oro, sembríos del cultivo de hojas de coca, tala ilegal, trata de personas, niños y prostitución. El proceso de construcción de esta central hidroeléctrica atraería ujos de migración de otras partes del sur andino. El tejido social se deterioraría o destruiría generando nuevos tipos de conictos sociales. Los planes y políticas no consideran nada de eso, y fenómenos mencionados son declarados como externalidades cuyo costo será asumido por La Nación. En marzo 2009, EGASUR inició el trámite de su EIA y varias actividades de difusión del proyecto. Sin embargo, las poblaciones mantuvieron su protesta y el Ministerio respondió tramitando a favor del Proyecto pendiente. No obstante, la empresa EGASUR seguía con su trámite de EIA y la solicitud de ampliación de la concesión temporal hasta que en 2010 el Ministerio de Energía y Minería declara su nalización, y con eso la concesión temporal. No solo la sociedad civil protesta, sino que luego de un rigoroso análisis de expertos profesionales del

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Colegio de Ingenieros del Perú, señalan con contundencia los graves problemas del EIA del Proyecto. Aún queda una duda y sospecha grande. Siempre se menciona que el Proyecto Inambari es para generar y vender energía a Brasil, pero el enorme volumen del embalse serviría además para regular el agua en el Río Madre de Dios que continuando su cauce en Bolivia recibe agua de otros auentes, alimentaría a los embalses de las centrales hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio en Rondana-Brasil5, las cuales sufren cada vez más de irregularidades y disminución del caudal del ujo de agua para sus centrales al otro lado de la frontera con Bolivia. Además, nadie hace mención a la acumulación de sedimentos auríferos en la represa, ¿qué signicaría y quienes serían los beneciarios? Los mineros artesanales aguas abajo, llaman la atención al respecto.

La gestión pública del Proyecto Inambari La gestión pública del Estado y el Gobierno ha sido deplorable. Negociaciones no transparentes con Brasil y la empresa, falta de información sobre el Convenio entre Perú y Brasil, sobre las características, alcances e impactos del Proyecto, estudios incipientes que entran en trámite, políticas sesgadas de rentabilidad nanciera, y falta de actualización de estudios hidrológicos, sin rigorosa supervisión y evaluación de estudios técnicos constructivos, estudios y procedimientos socioambientales insucientes o ausentes, y sin rendición de cuentas de las gestiones del Gobierno; sin consultas previas y mecanismos de participación ciudadana. Finalmente un mal manejo del conicto entre la población, la Empresa y el Estado, a menudo tergiversado por los medios de comunicación y rumores de corrupción (por un lado compra de periodistas, y por otro lado, denuncias de que algunas autoridades habrían comprado tierras en la zona del Proyecto en espera de buenas indemnizaciones al momento de luz verde para la construcción de la hidroeléctrica).

Finalmente, la protesta social así como algunos estudios críticos y alternativos hicieron posible la anulación temporal de la concesión y por ende del Proyecto. Las recientes publicaciones de la situación crítica de corr upción en par tes neurálgicos del Gobierno de Brasil con directa relación a la empresa de Oderbrecht, involucrada en el Convenio binacional y en este Proyecto, han signicado el archivamiento del Proyecto. Parecería que estos factores son más importantes para los Gobiernos que la enorme relación de los posibles impactos negativos que se han evidenciado por parte de la sociedad civil durante estos años. El Proyecto esta archivado, pero ¿hasta cuándo? Hace unos meses el diario El Comercio publicó que la Empresa Estatal Electro Perú está trabajando duro para retomar el Proyecto de la Central de Inambari6. El Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari es un buen ejemplo de los nefastos múltiples impactos que generaría al ambiente y la sociedad, y muestra con argumentos contundentes que estos mega-proyectos de centrales hidroeléctricas en la Amazonia no deben planicarse ni ejecutarse, y que se requiere urgentemente debates públicos para lograr estrategias efectivas de incidencia y propuestas de políticas alternativas.

5. Pronunciamiento SOCIT, abril 2014. 6. En: http://elcomercio.pe/economia/peru/electroperu-retomaria-construccion-hidroelectrica-inambari-noticia-1715552 (Ingreso 25/06/2015).

El movimiento anti-represas en Chile y su potencial para la transformación social: caso HidroAysén¹ Robinson Torres Salinas2

as, Puerto Tranquilo

Foto: Robinson Torres, Letrero Patagonia sin Repres

“Y tenemos un deber, continuar adelante hasta recuperar los derechos sociales y los bienes comunes para las mayorías sencillas del territorio...” 3 MODATIMA, 2015

Represas y malestar social

hile cuenta con 75 centrales hidroeléctricas, que producen poco más de 5.860 megawatts (MW). De ellas, sólo 10 corresponden a represas o embalses, pero estas producen 3,749 MW, que representa un 63% del total de energía hidroeléctrica producida por estas 75 centrales (Universidad Católica de Chile, 2013). Las 65 restantes son centrales de pasada, es decir centrales de agua uyente. Como dato 1. Agradezco el apoyo del proyecto CONICYT/FONDAP/15130009 2. Sociólogo y Magíster en Investigación Social y Desarrollo, Universidad de Concepción, Chile; candidato a doctor en el PhD in Environmental Social Science, Arizona State University, USA. Email: robinson.torres@asu.edu. Becario CONICYT/Becas-Chile. 3. Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente. Esta organización --con base en Petorca, Región de Valparaíso-- es uno de los movimientos ambientalistas que lidera la actual lucha social por la recuperación de agua como un bien público en Chile.

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histórico, las primeras centrales hidroeléctricas fueron construidas en Chivilingo (Región del Biobio) y las montañas andinas del Cajón del Maipo (Región Metropolitana de Santiago) a nes del siglo XIX y principios del XX. Posteriormente, en 1942 la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA) lanzó su Plan Nacional de Electricación del País (ENDESA, 1942). Este plan --enmarcado en la etapa desarrollista y de formación del estado-empresario de corte keynesiano (Salazar y Pinto, 2002) -signicó el inicio de la producción a gran escala de energía hidroeléctrica. Esta producción se intensicó en la década de 1960, con el fomento de instituciones internacionales como el Banco Mundial, y en medida que crecía la demanda energética para el consumo urbano y la actividad industrial extractiva. Esta última basada en la extracción de recursos naturales y minerales orientados primero a mercados internos, que con el advenimiento de la dictadura neoliberal (19731990), devinieron crecientemente globales. Desde entonces, la energía hidroeléctrica ha sido una de las principales fuentes de abastecimiento de energía para consumo doméstico, industrial y otros usos en Chile. Los datos indican que la hidroelectricidad representa aproximadamente un 40% del total de energía consumida en el país (INE, 2008). Sin embargo, desde principios de la década de 1990 se ha venido forjando un creciente malestar social con la construcción de centrales hidroeléctricas. Dicho malestar se ha ido acentuando durante los últimos 15 años, debido principalmente a proyectos hidroeléctricos que no consideran seriamente dimensiones ambientales, par ticipativas, inclusivas, y con vocación de justicia socioambiental en sus estructuras de gobernanza con comunidades y gobiernos locales. ¿Por qué a pesar de ser una “energía limpia y barata” –como la denen sus proponentes—genera rechazo desde diversas clases sociales y étnicas a lo largo del país?, ¿Cómo puede entenderse esta subjetivación y movimiento social anti-represas chileno? En este breve ensayo, trataré de dibujar escuetamente un sendero interpretativo para comprender las condiciones histórico-geográcas y socio-políticas de emergencia del movimiento anti-

represas chileno, que en algunas zonas del centrosur del país se autodenomina “Ríos libres”. Mi objetivo es problematizar el desarrollo histórico de un movimiento social más amplio, orientado a la “defensa y recuperación del agua” como un bien público (Mundaca, 2014; Bauer, 2015), que fue privatizada por la dictadura neoliberal, situación que ha continuado durante la democracia neoliberal (1990 en adelante). Este movimiento socio-hídrico chileno aún está en gestación, pero brota y crece con fuerza en distintas regiones y pueblos de Chile. A lo largo y ancho del país, distintos megaproyectos mineros, industrias de cerdos, proyectos inmobiliarios de urbanización de tierras agrícolas, plantaciones e industrias forestales, así como también proyectos de centrales hidroeléctricas, están despojando a comunidades rurales de sus aguas. De igual manera, están produciendo un escalamiento en diversos focos de conictos hídricos en el país (Larraín & Poo, 2010; Bauer, 2015). Ante las evidencias de degradación ambiental y social, las comunidades afectadas por estos mega-proyectos han comenzado a organizarse contra estas crecientes injusticias ambientales (Torres y García, 2009; Romero et al, 2012; Larraín & Poo, 2010; Larraín, 2012; Mundaca, 2014; Torres et al, 2015). Para ejemplicar esta tendencia general, analizaré cronológicamente un caso emblemático, donde por primera vez en la historia de Chile, un proyecto hidroeléctrico –HidroAysén en la Patagonia—es derrotado por este emergente movimiento sociohídrico/anti-represas. Se trata de una de las primeras victorias del movimiento socio-hídrico chileno sobre el modelo extractivo-exportador en que se basa el modelo económico chileno. Mi argumento es que esta victoria otorga al movimiento socio-hídrico/antirepresas chileno una signicancia histórica que va más allá del proyecto HidroAysén, cuyo horizonte de acción y transformación social aún está por-venir. El objetivo de largo plazo de este movimiento diverso es eliminar el lucro y con ello erradicar gradual pero denitivamente el modelo de mercado de aguas chileno. En síntesis, la victoria sobre HidroAysén representa un paso importante --pero incipiente-en el camino hacia la creación colectiva de un

programa socio-ambiental por la democratización y real sustentabilidad de la gobernanza del agua en Chile. La forja histórica del movimiento “Patagonia sin Represas” Si bien el movimiento ambientalista chileno se fue fraguando gradualmente desde la primera mitad del siglo XX, partiendo de un conservacionismo “ecocentrista” hacia una visión más amplia que considera las comunidades humanas como parte integral del ecosistema vivo (Ulianova et al, 2012), fue recién durante la década de 1990 en que aparece nítidamente en la escena de lucha socio-ambiental el movimiento contra las represas. Y fue en el contexto de la construcción de las represas en el Alto Biobio, donde el naciente movimiento mostraría lo que serían las primeras manifestaciones ciudadanas de la lucha anti-represas que se vendrían posteriormente en la Patagonia. El movimiento se opuso tenazmente a la empresa ENDESA –privatizada por Pinochet en 1989, ahora transnacional española-italiana—la que nalmente construyó las represas en Alto Biobio, desplazando comunidades Mapuches-Pehuenches que habitaron históricamente esa zona. Estas comunidades también lucharon contra el Estado chileno, el cual apoyó y nalmente aprobó la construcción de dichas represas. Parto mencionando este caso porque una vez que estas represas fueron puestas en operación en 2004, al año siguiente la misma transnacional ENDESA anunció su alianza con la nacional COLBÚN, para crear HidroAysén, con el objetivo de construir represas en las cuencas de los ríos Baker (Figura 1) y Pascua, en la Patagonia-Aysén. No quiero aquí entrar en los detalles del proyecto ni tampoco acerca de sus efectos económicos, socioambientales y psicológicos en las comunidades locales porque dichos análisis ya se han hecho en 4 otro lugar . Me interesa, sin embargo, hacer una lectura del movimiento como un estrato histórico en formación (cf. Deleuze, 1988), un despliegue ciudadano por la defensa de los ríos y las comunidades locales, por la defensa de la ora,

fauna, y patrimonio ambiental. Un movimiento por la recuperación de los recursos hídricos como parte de los bienes naturales de propiedad común, en contraposición a la perspectiva neoliberal hegemónica que considera el agua como una mercancía de propiedad privada. Figura 1. Cuenca del río Baker, Región de Aysén, Chile

Fuente: Torres, 2009.

La formación de este movimiento es diversa, incluye capas sociales de variada índole, tanto del tradicional movimiento ambientalista chileno basado en ONGs y sus alianzas de clase tanto nacionales como internacionales, hasta campesinos, indígenas, estudiantes, mujeres campesinas y productoras, dueñas de casa, y comunidades rurales en general. A su vez también contiene al controver tido ecologista estadounidense Douglas Tomkins, propietario de más de 400 mil hectáreas destinadas a áreas de conservación en la Patagonia chilena (y otras tantas miles en Argentina), sindicado como el principal nancista de la campaña Patagonia sin Represas. Cuando en el año 2005 HidroAysén anuncia su proyecto, toda esta energía latente anti-represas comienza a ser movilizada de diversas formas por la campaña anti-represas en la Patagonia. La ciudad de Coyhaique, capital de la Región de Aysén, se ubica como escenario de la lucha. A la instalación de ocinas de la empresa HidroAysén, le siguió la articulación e instalación de ocinas del movimiento Patagonia sin Represas, así como también el despliegue de inuencias y contactos con

4. Ver por ejemplo el especial “Patagonia” de Revista Sociedad Hoy, volumen 20, 1er semestre 2011. URL: http://www.redalyc.org/toc.oa?id=902&numero=26050

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Foto: Robinson Torres, Movilización social contra represa Alto Maipó, Chile.

instituciones del gobierno local, regional y nacional para promover visiones tanto a favor como en contra del Proyecto HidroAysén (Segura et al, 2011). Entre los años 2006 y 2008, la lucha estuvo centrada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que la empresa tuvo que presentar como parte de sus obligaciones. En esta etapa, se observa todo tipo de estrategias para recoger datos sobre los posibles impactos del proyecto, así como la identicación de comunidades a ser desplazadas en las cuencas del Baker y Pascua. El movimiento Patagonia sin Represas se articula como ente vigilante y denunciante de las falsas promesas del proyecto –rebajas en precios de cuentas de luz eléctrica para viviendas, empleo para la población local, así como su supuesta compatibilidad con una de las principales actividades socio-económicas de la región: el turismo de naturaleza (Torres, 2009). La presentación nal del EIA fue duramente criticada por todos los sectores sociales, tanto por las agencias de gobierno encargadas de evaluarlo y ver si cumplen la normativa, como por universidades y

centros de investigaciones. También hubieron serios cuestionamientos por par te de las comunidades locales y ambientalistas, ya instaladas no sólo en la ciudad de Coyhaique sino en diversos pueblos de la región como Cochrane. Se fueron generando alianzas entre vecinos y personas directamente o indirectametne afectadas por las áreas de inuencia del proyecto. Ante la adversa recepción de su EIA, HidroAysén comienza una estrategia de despliegue de su “Responsabilidad Social Empresarial” en casi toda la región de Aysén. Para ello, con base en estudios previos, elaboran listas de necesidades básicas de la población local que vive en pueblos como Cochrane, Tortel, y Puerto Tranquilo, donde se percatan de las precarias condiciones materiales en que vive una buena parte de la comunidad local. Por ende, HidroAysén comienza a ofrecer desde canastas familiares hasta becas para que niños y jóvenes Patagones puedan cursar sus estudios secundarios y universitarios en centros educativos de excelencia del centro del país. Entre otros

proyectos, HidroAysén también ofrece partidas de dinero de entre $4 y $5 millones de pesos para que micro-empresarias/os del turismo implementen mejoras en sus hospedajes y restaurantes. El objetivo es que oferten mejores servicios de alojamiento y comida para la creciente camada de trabajadores asociados a las distintas faenas de sondajes y trabajos previos a la construcción de las represas en Aysén. En esta estrategia, si bien HidroAysén gana adeptos de la población local, esta misma población se ve muy inuenciada por la campaña Patagonia sin Represas. Como efecto de esta doble inuencia, las comunidades locales frecuentemente aceptan los benecios en dinero que ofrece la empresa, pero no cambian su opinión –comúnmente negativa- sobre el proyecto. Esta situación augura una primera derrota del proyecto, que en su afán de comprar con dinero las voluntades de las comunidades locales, genera un efecto boomerang. Con estas acciones, la población de Aysén comienza a despertar y sentir que si el proyecto fuera realmente benecioso, la empresa no tendría razones para insistir tanto en la compra de sus voluntades. Posteriormente, desde 2009 hasta nes de 2011 se vive una etapa de incertidumbre. Ante esto, la empresa comienza una campaña mediática de escala nacional a través de los principales medios escritos y de televisión, que se desarrolló especialmente entre diciembre de 2010 y parte de 2011, y cuyo costo ascendió a cerca de un millón de dólares (El Quinto Poder, 2010; La Tercera, 2011). Sin embargo, el movimiento Patagonia sin Represas realiza también una fuerte campaña mediática basada en letreros camineros, prensa escrita, radio, televisión, y redes sociales. Esta arremetida mediática también fue millonaria y fue nanciada por Douglas Tompkins, y otras organizaciones internacionales como el Natural Resource Defense Council, Times Fundation, International Rivers, entre otras (El Mostrador, 2011). A diferencia de la campaña de HidroAysén, la estrategia comunicacional de Patagonia sin Represas caló hondo no sólo en la escena regional y local, sino que fue escalando en inuencia a nivel nacional. Por ejemplo, si en 2007 el 36% de los

chilenos y chilenas estaban contra las represas, ese porcentaje aumentó a 74% en 2011, según la encuesta IPSOS (El Mostrador, 2011). Estos números tuvieron efectos, especialmente en el centro de poder político y nanciero localizado en Santiago y La Moneda. Durante el primer mandato de Michelle Bachelet (2006-2010), algunos altos funcionarios de gobierno ya habían dejado entrever su opinión favorable al proyecto, generando así polémicas porque según la ley chilena, los funcionarios públicos deben mantener una “neutralidad valorativa” y objetividad ante estos proyectos, ya que ellos mismos participan en su evaluación y tramitación. Es la etapa marcada también por el cambio de gobierno de Michelle Bachellet al comando de Sebastián Piñera (20102014). Este período de campañas mediáticas pro y anti HidroAysén tuvo su punto culmine el día lunes 9 de mayo de 2011, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén aprobó por 11 votos a favor y 1 de abstención el Proyecto HidroAysén. Esta decisión fue la causante de un crecimiento inusitado de la resistencia del movimiento Patagonia sin Represas en todo el país, coincidiendo con el movimiento estudiantil chileno que se levantaba contra el lucro en la educación. En esta etapa también hay acusaciones muy graves contra HidroAysén, par ticularmente sobre el lobby desmedido de políticos y la empresa sobre funcionarios públicos, que buscaban rever tir informes desfavorables emitidos por algunas instituciones públicas, por ejemplo, por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) respecto al EIA y el proyecto en general (La Tercera, 2012). Indicios de presiones políticas para la aprobación denitiva del proyecto, no hizo sino aumentar el movimiento de malestar social contra las represas en la Patagonia. En perspectiva, puede observarse una convergencia y ar ticulación entre este movimiento anti-represas y el movimiento estudiantil chileno, que explotó radicalmente el año 2011 después de años de lucha por recuperar la educación pública y gratuita, también privatizada por la dictadura neoliberal. La lucha por los bienes comunes, como la educación, los ríos libres y el agua, comienzan a encontrar áreas de convergencia

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entre ambos movimientos. El movimiento estudiantil y el movimiento contra las represas en Aysén se interceptan en esta lucha común contra la privatización y despojo de bienes comunes. De aquí en adelante, el movimiento contra las represas en Aysén no hace sino crecer y sumar adeptos a nivel nacional. La subjetivación colectiva se hace más intensa y desaante al proyecto neoliberal, defendido tanto por sectores de derecha como de izquierda ocialista, y evidentemente por el gran empresariado nacional en alianza con el transnacional. Ya van más casi 7 años (2005-2012) de sedimentación del malestar contra HidroAysén, y casi dos décadas de sedimentación gradual de un movimiento anti-represas por los ríos libres en el país. La maduración y transformación del movimiento como arma de lucha contra los procesos de acumulación por despojo comienza a poner en serios problemas a los gerentes de HidroAysén, quiénes ven reales amenazas a la viabilidad política del proyecto HidroAysén, a causa de este creciente movimiento de malestar de la sociedad chilena contra el proceso general de despojo neoliberal de bienes comunes. El lucro en la educación tiene su paralelo en HidroAysén, que viene a representar el lucro con el agua y los ríos del país. La lucha anti-neoliberal del movimiento social amplio chileno, compuesto principalmente por el movimiento estudiantil pero complementado por movimientos ambientalistas --donde Patagonia sin Represas es actor central--, movimientos de trabajadores, el movimiento Mapuche (por nombrar solo los focos principales), genera una presión e incertidumbre cada vez mayor para HidroAysén. El Gobierno de Piñera se percata rápidamente de lo impopular que sería aprobar este proyecto. Analistas de diversos sectores coinciden en señalar que sería un “suicidio político” aprobar denitivamente el proyecto. El 2012 y 2013 fueron años de elecciones municipales y parlamentariopresidenciales, respectivamente. La voz del movimiento anti-represas tuvo resonancia en estas campañas, donde los candidatos presidenciales

fueron prácticamente obligados por la ciudadanía a dar su opinión a favor o en contra de HidroAysén.

“Chao HidroAysén”: ¿Cuál es la signiﬁcancia histórica de esta victoria del movimiento anti-represas chileno? Finalmente, llega 2014, con Michelle Bachelet nuevamente en el poder y con la misión de convocar a un “Consejo de Ministros” para analizar y decidir nalmente el caso HidroAysén. Este Consejo se reúne el día 10 de Junio de 2014 y rechaza el proyecto, acusándolo de graves irregularidades de proceso (El Mercurio, 2014a). Era una muerte anunciada ya desde 2011, cuando el movimiento amplio chileno hizo sentir su poder social en las calles de las principales ciudades del país. A pesar que la empresa HidroAysén decide apelar esta 5 decisión, ya no hay vuelta atrás . Su mega-proyecto de represas en la Patagonia chilena ha sido derrotado y enterrado por el creciente movimiento social anti-represas chileno. Y aunque con la apelación pueden abrirse escenarios de incertidumbre, la ciudadanía chilena ha mostrado su rotundo rechazo y deseo simbólico de muerte a este mega-proyecto de represas en la Patagonia. Sin embargo, esto no signica la muerte del modelo de acumulación neoliberal de aguas en Chile. Y es justamente en esa perspectiva, que el movimiento anti-represas se encuentra hoy luchando frente a otros proyectos a lo largo del centro-sur del país, algunos emblemáticos como son el Embalse Punilla en la Región del Bío-Bío, y Alto Maipo en la Región Metropolitana de Santiago. En ambos proyectos, existe ya este germen ambientalista anti-represas y el antecedente histórico de la victoria sobre HidroAysén. Ambos proyectos han comenzado a ser socializados desde 2008 y 2010, respectivamente. En ambos lugares se están tejiendo nuevamente alianzas entre ONGs, comunidades locales, estudiantes, funcionarios públicos, y otros actores afectados directa e indirectamente por ambos proyectos. Ambos movimientos anti-represas están articulados, y durante 2013, 2014 y 2015, par ticiparon

5. Durante el mes de agosto de 2014, la empresa HidroAysén apeló a los Tribunales Ambientales de Valdivia y Santiago para objetar la decisión del Consejo de Ministros de Michelle Bachelet (El Mercurio, 2014b). Durante el mes de mayo 2015 se realizaron los alegatos respecto a esta apelación (El Desconcierto, 2015).

Foto: Robinson Torres, Trabajador made

ra Tortel, Patagonia, Chile.

activamente en la Primera, Segunda y Tercera “Marcha Nacional por la Recuperación y Defensa del Agua y la Vida”, convocada por diversas ONGs como Chile Sustentable, Patagonia sin Represas, MODATIMA, No Alto Maipo, y otros grupos locales en lucha por la defensa del agua y la vida. En su conjunto, estos grupos abogan por un objetivo mayor : des-privatizar el agua y volver a transformarla en un bien de uso público, es decir, un bien natural de propiedad y uso común, que quede ajeno a la lógica del lucro del mercado neoliberal de aguas que rige en el país. El movimiento anti-represas se inserta como un actor más dentro de este movimiento socio-hídrico chileno, más amplio y que también se ha venido gestando a la luz de estas luchas locales contra la acumulación por despojo del modelo neoliberal de aguas que rige en Chile desde la dictadura de Pinochet. El movimiento socio-hídrico incluye los movimientos contra el despojo de aguas causado por empresas mineras en el norte de Chile, por las plantaciones forestales en el sur, por las plantas de cerdos en el centro y norte, por los procesos de urbanización en las zonas peri-urbanas de Santiago y otras ciudades en rápida expansión, entre otros.

Sin lugar a dudas, la victoria sobre HidroAysén inyectó una cuota de optimismo a este movimiento socio-hídrico mayor. No obstante, la lucha es ahora en diversos frentes locales articulados cada vez más a escala nacional, como lo graca la marcha nacional por el agua, que durante 2013 y 2014 se desarrolló en la capital de Santiago, y durante 2015 en el puerto de Valparaíso

Reﬂexión ﬁnal: luchas por el agua y la ciencia social A modo de conclusión, se observa que en este movimiento anti-represas chileno en particular, y en el movimiento social por el agua en general, hay una subjetividad en maduración, una potencia política de transformación social enorme, y quisiera concluir mencionando los desafíos que imponen estás dinámicas y movimiento a las ciencias sociales del medioambiente. Hasta ahora, no se ven mayores intentos por comprender y explicar la signicancia histórica de este movimiento. A pesar de valiosos estudios de caso locales (e.g. Budds, 2009; Romero, 2014), estos no han articulado una mirada analítica en relación a cómo estos movimientos reorganizan su lucha social desde las escalas

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locales hacia otras regionales, nacional e incluso internacional. En otras palabras, los estudios de caso locales no han focalizado su mirada en las múltiples escalas (materiales y narrativas) en que ya opera este movimiento: acciones locales pero ar ticulación regional, nacional, e internacional. Una ciencia social ambiental y crítica del movimiento multi-escalar por el agua en Chile es un proyecto aún por desarrollarse (cf. Swyngedouw, 2015). La lucha por la recuperación del agua, y la producción de nuevas perspectivas multi-escala que desafíen la actual gobernanza neoliberal del agua del país, necesitan de nuevos marcos analíticos que aborden tanto aspectos subjetivos como estructurales de esta subjetivación colectiva. Subjetivación que ya ha experimentado el movimiento socio-hídrico chileno durante estos más de 40 años de acumulación neoliberal de la naturaleza. Observo que la potencia de transformación social del movimiento socio-hídrico/anti-represas chileno necesita ser abordado por enfoques de investigación social crítica, que aporten nuevos conocimientos para en una mejor comprensión de la lucha, y ayuden a proyectarla hacia una estrategia de democratización política y sustentabilidad ambiental de la gobernanza del agua en Chile. El campo de las luchas sociales por el agua, en la teoría y en la praxis, está más abierto que nunca.

Nacimiento Río Baker Pto Bertrand_Robinson Torres

Yuma (Magdalena): El río que testiﬁca la dignidad huilense en contra del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo “Descolonizando La Jagua”

Pescadores en el río Magdalena. “Las

Peñas” Río Magdalena-La Jagua-Huila

-12/2014. Foto de Entre Aguas

En septiembre 2008, por medio de la resolución 321, el entonces Presidente Álvaro Uribe, otorgó 9 000 hectáreas de territorio del centro de Huila como utilidad pública a la multinacional energética, Emgesa-Endesa, para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo (P.H. el Quimbo). Este proyecto consta de una represa hidroeléctrica sobre el río Magdalena que impacta un territorio de más de 8500 Ha de tierras agrícolas, ganaderas, lugares de pesca y minería artesanal, sitios sagrados y arqueológicos, múltiples especies de plantas y animales en los ríos y en el ecosistema bosque seco tropical, y las vidas de más de 17000 humanos.

1. Grupo pequeño de personas que crean propuestas alternativas desde el arte, cultura y comunicación en pro de la defensa del territorio en el centro poblado de La Jagua (Huila, Colombia) y sus alrededores.

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te la movilización de 17 días en enero Pescador remendando una atarraya duran del Colegio y Domingo Arias. Paso del cruce del res secto los en de 2012 12. Foto de David Hernández-Palmar 01/20 uila ante-H io-Gig Coleg Cruce Paso del

El 3 de marzo 2012, entre múltiples protestas pacíﬁcas de las comunidades impactadas alrededor de la obra de construcción, y de enfrentamientos con el ESMAD, Emgesa inició el proceso de desviación del río Magdalena de su cauce natural por un túnel construido para permitir el levantamiento del muro. Meses después, se presentaron varios episodios de mortandad masiva de peces de más de 23 diferentes especies. Desde entonces, el río sigue causando daños a la construcción ocasionando atrasos que la empresa intenta encubrir de los medios de comunicación.

Desde el inicio se realizaron acciones en contra del P.H. el Quimbo, y en julio de 2009, se conformó en Río Loro, Gigante, la Asociación de Afectados y Afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo (ASOQUIMBO). Esta asociación conformada por personas de diversos sectores de todas las comunidades impactadas por el P.H. el Quimbo, exige el cumplimiento de la licencia ambiental del proyecto y el respeto para las comunidades y ecosistemas de la zona de inﬂuencia.

Campesinos, pescadores y estudiantes protestando el desvío del río Magdalena . Puente del Paso del Colegio. Gigante. 03/2012. Foto de Entre Aguas

de ASOQUIMBO y el Consejo Regional Campesinos, Pescadores e Indígenas con el ESMAD durante la Minga por la Indígena del Huila- CRIHU se enfrentan . Puente del Pescador-el Hobo-Huila. Tierra Madre la de ción Libera y sa Defen Aguas Entre de Foto 08/2012.

ASOQUIMBO participa en varios espacios regionales, nacionales e internacionales como un referente de lucha social de las comunidades más impactadas por proyectos de extractivismo. ASOQUIMBO es integrante del Movimiento Colombiano Ríos Vivos, de la Red Latinoamericana contra Represas (REDLAR), de la campaña-red Stop ENEL, así mismo, promueve una Reserva Campesina Agro-alimentaria para la región es parte de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC.

En un inicio, Emgesa no realizó un estudio de impacto ambiental para P.H. el Quimbo directamente, sino que creó convenios con la Fundación Natura. Esa fundación tiene convenios con otras empresas y prácticas sociales y ambientales cuestionables como Ecopetrol, Empresas Públicas de Medellín, Industrial Agraria La Palma y Nestlé. En el estudio de impacto ambiental se enlista 250 especies de animales en más de 9000 Ha de bosque seco tropical que actualmente están siendo taladas, y la fauna capturada y trasladada a las zonas donde la empresa tiene sus proyectos ambientales. El colectivo Jaguos por el Territorio por medio de la fotografía y la plataforma de internet Project Noah, ha documentado más de 250 especies de plantas, insectos, hongos y animales de la zona afectada por el P.H. el Quimbo.

-Huila. Instituto Educativo de La Jagua. La Jagua 03/2013. Foto de Entre Aguas

El 14 de junio 2011, el Ministerio de Ambiente mediante resolución 1096, interpuso medidas preventivas a Emgesa por el desplazamiento de la población y la pérdida de empleo que generó la compra de grandes haciendas productivas. Sin embargo, el MinAmbiente levantó las medidas a través del acto administrativo 0123 del 29/11/2011 sin ninguna verificación. El 14 de abril 2013, las personas afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, iniciaron liberaciones de fincas que anteriormente daban empleo ya que la población de la región llevaba más de un año sufriendo desempleo y hambre. En fincas de los Municipios de Altamira, Garzón y Gigante las personas impactadas lograron trabajar las tierras produciendo alimentos por seis meses hasta que fueron desalojados por el ESMAD.

Jacamará colirr ufo/ Galbula rucauda. http://www.projectnoah.org/missions/109 9144 Vereda Miraguas- Altamira-Huila. 10/20 12. Foto

de Entre Aguas

La Jagua, fue fundada como resguardo indígena Tama en 1540, hoy en día los mayores hablan de indígenas Jaguos y aunque ha perdido el estatus de resguardo indígena, muchos de los habitantes mantienen costumbres tradicionales de la región como el tejido de ﬁque, el uso de plantas medicinales y participan en mingas de trabajo que se realizan en la comunidad. Después que ASOQUIMBO recuperó una tapia de barro pisada de más de 200 años del Instituto Educativo de La Jagua, el colectivo Jaguos por el Territorio organizó una actividad de muralismo donde se invitó al artista callejero Guache y colectivamente se pintó la tapia y otros muros de la comunidad.

Niña sembrando yuca en una minga de trabajo. Puente de Guacas-Altamira-Huila. 05/20 13. Foto

de Yuma Amigo.

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Bloqueo del Paso del Colegio. Paso del 09/2013. Foto de Entre Aguas

Colegio-Tesalia-Huila.

El Colectivo Jaguos por el Territorio promueve una perspectiva crítica en relación al maltrato de la tierra, de los cuerpos, así como de los/las seres que nos rodean. La cultura, arte y comunicación son herramientas para la expresión, exploración y liberación. Por medio de procesos de elaboración de murales, artes escénicas y la realización de audio-visuales, Jaguos por el Territorio intenta crear acciones autónomas y expresiones culturales y artísticas, que promueven la vida y la libertad en sus territorios, para jóvenes de las comunidades afectados por proyectos del extractivismo.

Marcha de Ríos Vivos en La Jagua. La 11/2014. Foto de Entre Aguas

Jagua-Huila.

Como ASOQUIMBO está formado por personas campesinas de sectores rurales sus integrantes también participaron en los Paros Agrarios del 2013. En el Paro Agrario de septiembre/octubre de ese año personas afectadas por el P.H. el Quimbo se movilizaron en dos entradas de la obra de construcción de la represa por más de una semana resistiendo atropellas por parte de la policía nacional, y hostigamientos con armas de fuego por parte de la seguridad privada del proyecto.

Formación de realización audio-visual, detrás de cámara en la Vereda Paraguay, Municipio Oporapa. Vereda ParaguayOporapa-Huila. 09/2014. Foto de Entre Aguas

El año pasado, el Movimiento Ríos Vivos inició el proceso de la escuela política itinerante donde las comunidades pertenecientes al movimiento, se juntan a compartir y reﬂexionar sobre sus contextos, y reconstruir colectivamente la realidad. El 2014, en La Jagua participaron personas del Bajo Sinú (Córdoba), el cañón del río Cauca (Antioquia), el río Sogamoso y río Fonce (Santander), río Ovejas y río Cauca (Norte del Dpto del Cauca) y del río Magdalena de varios municipios del Departamento del Huila. La escuela se articuló apoyando una movilización realizada por la comunidad contra las obras relacionados por el incumplimiento con el fallo T-135 de la Corte Constitucional, el cual obliga a la empresa a realizar de nuevo un censo de población afectada por el P.H. el Quimbo. Así mismo, se dio inicio a una serie de acciones artísticas corporales por la defensa del territorio llamado, Geocoreografías.

Compuesto por las palabras Geografía y coreografía, “Geocoreografías” fue un proceso de formación y acción generado por Jaguos por el Territorio, que trabajó con poblaciones afectadas por proyectos de extractivismo, el cómo usar sus cuerpos y expresión artística como herramientas por la defensa del territorio. Procesos de formación de danza, títeres, teatro y acción plástica se realizaron durante tres meses con 6 municipios resultando en 9 acciones urbanas y rurales en 5 municipios de afectación del P.H. El Quimbo y también por la petrolera Emerald Energy plc y por el Proyecto Hidroeléctrico Oporapa.

Acción de Teatro invisible de “Agua para la venta, Un Millón de Pesos” en la Galería de Mercado de Gigante. Gigan te-Huila. 11/2014. Foto de Entre Aguas

n el P.H. el Quimbo pescan lo que puede Pescadores artesanales bloqueados por 14. 12/20 la. a-Hui Tesali Ariasngo Domi o. en la desembocadura del túnel de desví Foto de Entre Aguas

En 9 de mayo 2012, los gobiernos de Colombia y China, por medio de la entidad CORMAGDALENA y la empresa transnacional Hydrochina, ﬁrmaron el convenio para la privatización del río Magdalena. El Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena, hace parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) e incluye más de 17 represas hidroeléctricas en los departamentos del Huila y Tolima, así como la canalización del río desde Honda, Tolima hasta la desembocadura en Bocas de Ceniza, Barranquilla. Este proyecto busca imponer la conversión del río en un canal para la generación de electricidad y la satisfacción del comercio por encima de las comunidades.

El 13 de marzo 2013 la Corte Constitucional adoptó la sentencia T-135 ordenando a Emgesa elaborar un nuevo censo de la población afectada ya que el primero fue realizado de manera insatisfactoria. La empresa se ha negado a cumplir esta orden. En abril del 2015, se esperó una respuesta sobre una solicitud de nulidad de la Licencia Ambiental del P.H. el Quimbo por parte del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Antes de ﬁnalizar el 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde Washington emitiría un falló sobre las más de 200000 personas desplazadas por represas en Colombia. En enero 2015, Emgesa anunció que llenaría la represa para iniciar operaciones en julio. Unas semanas después, el Tribunal Administrativo del Huila aprobó una solicitud de la Federación Colombiana de Acuicultores (FEDEACUA) para posponer el llenado del P.H. el Quimbo, y así prevenir una tragedia de la industria de piscicultores en el embalse de la Represa de Betania. Sin embargo, la empresa sigue desalojando campesinos, pescadores y talando grandes extensiones de bosques sobre las riberas del río.

Títere teatro “El Espíritu del Río”. La Vered a de Paraguay-Oporapa-Huila. 12/2014. Foto de Entre Aguas

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Jaguos por el Territorio. Las Peñas, La

Jaguas, Huila. Foto de Entre Aguas

Atardecer después de creciente del río Magdalena. Las Peñas, La Jagua, Foto de Entre Aguas.

ASONAREH y Asociación No a las Represas en el Huila-Oporapa. Vereda La Vega, el Comité por la Defensa del río Magdalena Oporapa. Foto de Entre Aguas

Acción del Movimiento Ríos Vivos Colom bia en Las Peñas de La Jagua. Foto de Jaguart.

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