Temporeras migrantes entre el acoso sexual y la explotación laboral María Alejandra García Nicolás, Teresa Fuentes Rivera y Carmen Briz Hernández
Alejandra García y Teresa Fuentes charlando con periodistas antes de la rueda de prensa que se celebró en Murcia el 29 de septiembre de 2020, fotografía de Lucía Pérez.
T rabajadora 71 noviembre 2020
EL 29 DE SEPTIEMBRE, CCOO de la Región de Murcia convocaba a los medios de comunicación para explicar su decisión de presentarse como acusación contra el presunto agresor sexual de cinco temporeras en los campos de Cartagena. La permisividad que existe desde el Gobierno murciano con las patronales del sector agrario no hace sino socavar aun más las condiciones vejatorias de las personas trabajadoras. Vejaciones normalizadas que vulneran los derechos de quienes trabajan en este sector. La situación se vuelve más compleja si se trata de mujeres migrantes irregulares sobres quienes prima su circunstancia administrativa frente a los derechos laborales. CCOO, tras recoger los relatos de cinco temporeras que explicaban que estaban siendo explotadas laboralmente y sufriendo agresiones sexuales por parte de un intermediario del empleador, denunció la situación el pasado mes de septiembre ante
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el Equipo de Atención al Inmigrante de la Guardia Civil (EDATI). El EDATI informó a la policía judicial que es quien formuló oficialmente la denuncia. CCOO se ofreció a colaborar en todo lo posible y se comprometió a hacer un seguimiento del caso de estas cinco trabajadoras. Lo relatado por las temporeras no es un hecho aislado y la denuncia es tan solo un principio para poder desmantelar todo un engranaje de infracciones e ilegalidades que se suceden en el campo murciano con total impunidad. A diferencia de otros casos similares, el 26 de septiembre, se detiene al presunto autor de los hechos, acusado de una veintena de delitos de agresión, abuso y acoso sexual y contra el derecho de los trabajadores extranjeros. A finales del mes de octubre, hubo otros dos arrestados por el mismo caso que fueron puestos en libertad con orden de alejamiento de las víctimas tras pasar por los Juzgados de Guardia del municipio de San Javier. La investigación continúa actualmente abierta.
”CCOO exige responsabilidad a los diferentes actores: Gobiernos, tanto autonómicos como estatales, para poner freno tanto a la explotación laboral como a las agresiones sexuales”.
