Informativo CUT Bogotá Cundinamarca 133 de octubre 2015

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Bogotá, Colombia Octubre de 2015

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Nº 133 Valor $500

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El presidente de la CUT Bogotá Cundinamarca, Carlos Castañeda, intervine en el acto programado por las centrales CUT y CTC en la Jornada Mundial de Trabajo Decente.

Lo acompañan en la tarima de izq. a der. los directivos de la CUT nacional, Elías Fonseca, Luis Alejandro Pedraza y Fabio Arias.

8, 9 y 10 de noviembre de 2015

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opinión juvenil

Nº 133, octubre de 2015

A propósito del II Congreso Nacional de Jóvenes de la CUT Jeisson Zubieta Díaz Integrante Junta Directiva Sunet Bogotá Responsable Departamento Jóvenes @JeissonZubieta

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os jóvenes de Colombia, en su gran mayoría tercerizados y desempleados gracias a las políticas neoliberales impuestas en los últimos lustros por los gobiernos nacionales de turno, hemos sido los más afectados y vulnerados, pues en nuestros hombros han caído toda clase de exclusiones cuando de conseguir un trabajo decente se trata. Para mitigar esta gran preocupación social, el gobierno nacional, por medio del Ministerio del Trabajo, implementó un programa para que los jóvenes consigan su “primer empleo” llamado 40.000 mil nuevos empleos para jóvenes, una iniciativa que a simple vista suena muy bonita, pero que no resuelve la grave situación de desempleo juvenil, en especial de las mujeres jóvenes, siendo ellas las más afectadas. Esta iniciativa pretende que los grandes empresarios contraten jóvenes por 6 meses pagos por el gobierno nacional y 6 meses más por el empleador, previos requisitos mínimos, en los cuales con preocupación se encuentra la libreta militar, que sin duda se ha convertido en un gran obstáculo para los jóvenes al momento de conseguir un empleo decente.

Pero sin duda esto no es lo más grave, puesto que el empleador después del año de contrato y luego de haber aprovechado las capacidades, creatividad y energía que nos caracteriza está en libertad de despedirlo, para volver al ciclo vicioso del programa, que sin duda le garantizará a los grandes empresarios una rebaja sustancial

II CONGRESO DE LA JUVENTUD TRABAJADORA

en sus impuestos, y al gobierno nacional unas cifras positivas para mostrar sobre la reducción del desempleo juvenil. Ni qué decir de los salarios que adquieren los jóvenes que luego del tormentoso proceso de selección (ver tabla 1).

Para contrarrestar estas nefastas políticas gubernamentales, los jóvenes trabajadores afiliados a la CUT, en su II Congreso Nacional que se realizará el 8, 9 y 10 de noviembre en Bogotá, deben, además de otros menesteres organizativos, apostarle a la construcción de un plan de acción estratégico y unitario que priorice las principales problemáticas juveniles, ayudando con sus propuestas creativas a reivindicar un trabajo digno y decente para la juventud colombiana.

Tabla 1. Apoyo por joven vinculado en el marco del programa, según máximo nivel de formación alcanzado

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA

Nº 133, octubre de 2015

opinión sindical

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La contienda por la Presidencia inicia en la Alcaldía de Bogotá Carlos Castañeda R. Presidente CUT Bogotá Cundinamarca

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a política social de Bogotá, no por ser social, deja de ser política. Y cómo política en medio de la forma neoliberal de hacerla, empleada desde los círculos de poder central, se hace vertical y unidireccionalmente. Hoy la gran cruzada en la que se empeña a fondo la derecha de Pardo por un lado; y por el otro la extrema derecha de Uribe a la escondida, y la del amo y señor de los contratos estatales, el "todopoderoso" Vargas Lleras, respaldan, el uno veladamente y el otro de frente, la candidatura del “gerente” Peñalosa.

Dado que pese a los enormes esfuerzos de la actual administración en cumplirle a los habitantes de la ciudad, mucho más allá que a los andenes o vías pavimentadas por donde circulan, desde una perspectiva que atiende a que el ser humano se sienta mejor, por estarlo, y no por ver un entorno agradable que no incide en sus problemas, en la contienda electoral hay un enorme empeño que no cesa en tratar de hacerse con el poder económico que representa la contratación de Bogotá para apuntalar la Presidencia de la República en 2018, y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo Desde la perspectiva de los trabajadores, hay que entrar señalando quiénes han sido en la historia laboral los personajes que hoy pretenden hablar de continuismo con un triunfo de Clara López Obregón.

Rafael Pardo Rueda En el periodo ministerial de Rafael Pardo al frente del Ministerio de Trabajo se pactaron varios acuerdos con los trabajadores y pensionados colombianos. Uno de ellos, por ejemplo, la reducción del aporte para salud del 12%, al 8%, descargándoles a los pensionados la responsabilidad de la cuota del empleador. Pese al acuerdo a instancia de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, lo cierto es que Rafael Pardo no fue garante, como le correspondía, del acuerdo, y por el contrario, la misma administración de Santos al frente del Ministerio, decidió incumplir el acuerdo.

Otro tanto se tiene en cuanto al papel de Pardo respecto de los problemas laborales claves. Frente al problema gigante de la tercerización laboral en el sector público y privado, los avances durante la era Pardo fueron insignificantes. Y frente a la aprobación de tres convenios de la OIT acordada en la negociación de los trabajadores del sector público, simplemente presentó las

propuestas al Congreso sin hacer gestión alguna frente a las mismas.

Es probable que Rafael Pardo acuerde con los trabajadores y sus organizaciones, no obstante lo que estaría por verse es que cumpla los acuerdos, y si tal como lo hace con los trabajadores, resulta incumpliendo con el resto de la ciudadanía bogotana, probablemente no es el mejor candidato.

Enrique Peñalosa Londoño Hijo de la burguesía nacional, ciudadano hasta hace poco con doble nacionalidad entre colombiano y estadounidense, impulsor creativo del más simple plagio del transporte (aquí el Transmilenio, el primer sistema masivo de buses; en Curitiva, Brasil, el sistema original).

Hoy el señor Enrique Peñalosa no sabe si intentar, a su mejor estilo, impulsar obras de cemento de las que le gustan al “gerente” o definitivamente impulsar las que le imponga su nuevo partido, Cambio Radical, o mejor aún, el jefe de esa fuerza política, el seguro candidato presidencial, German Vargas Lleras. Para nadie es un secreto que el Metro no se pudo hacer ni iniciar durante la era Petro, pues dicha obra es un banquete de contratación demasiado enorme para dejárselo a quien no está dispuesto a sacar una tajadita del mismo. Por el contrario, tratando de poner en sus planes a Bogotá, Vargas Lleras sí esperaría que el Metro sea construido, pese a la oposición histórica de Peñalosa, por el propio Peñalosa, pues ello y todo lo que arrastra consigo, más la contratación y poder político de Bogotá, arrastrarían también muy fuerte las cargas en la contienda electoral.

Enrique Peñalosa, es el hombre que ha titubeado más en la política. De un “independiente” por firmas, pasando por el Partido Verde, amigo de Uribe en la pasada campaña a la Alcaldía Mayor, y hoy en las toldas de Cambio Radical, Peñalosa ha demostrado

que participa de una “empresa” electoral, que llama “Recuperemos a Bogotá”, en la cual, descontada su limitada capacidad política propia, se ha aliado con los sectores más poderosos de la derecha y la extrema derecha con tal de llegar a la Alcaldía.

Para los antitaurinos, Peñalosa es simplemente el hombre que condecoró a la Corporación Taurina de Bogotá. Para los laicos, es quien se alió con los sectores más regresivos en materia de libertad de cultos y de homofobia contra ciertos grupos de población con preferencias sexuales diversas.

Cómo dice el blog http://blogs.elespectador.com/con-versaciones/2015/09/23/lasdos-caras-de-enrique-penalosa/: Cuando Peñalosa inició su gobierno el porcentaje de pobres en Bogotá era del 35%.

Cuando terminó, la cifra era del 49,6%. La indigencia estaba en el 6,8% y quedó en un 14,9%. Además, el coeficiente Gini, que mide la desigualdad, pasó de 0,519 a 0,561 durante su alcaldía.

¿Por qué la tenemos tan Clara?

Sin duda alguna, cuando un sector con matices como la derecha en Bogotá con Peñalosa (léase con Francisco Santos incluido) y Pardo, pone su empeño en hablar mal de la izquierda que ha gobernado en Bogotá, con imperfecciones y con errores graves como los cometidos por Samuel Moreno, dejando de señalar los avances enormes en varios aspectos, realmente está en una enorme angustia porque el peso de Bogotá en la política va dando un viraje enorme frente al qué y el cómo proceder en la ejecución de la política.

En Bogotá se ha invertido cómo nunca en lo social. Veamos algunas cifras con corte a abril de 2015, publicadas por el portal La Silla Vacía (http://lasillavacia.com/ historia/los-casi-4-millones-de-subsidiosque-podria-capitalizar-la-izquierda-en-bogota-50028) de una manera no compartida por éste Informativo, pero que dejan ver

las dimensiones de la inversión social en Bogotá: •• 215.406 personas reciben alimentación en los comedores del Distrito.

•• 81.317 adultos mayores con subsidio de vulnerabilidad.

•• 6.860 adultos mayores atendidos en centros especiales.

•• 300.354 usuarios del Sisben con subsidio para transportarse.

•• 2.941.984 con subsidios para pagar el agua con el programa del subsidio al mínimo vital. Programa en el marco del acceso al agua decidido por la ONU, creado por Clara López durante su designación transitoria como alcaldesa.

•• 102.520 personas reciben mensualmente bonos para mercados •• 96 mil personas con vivienda subsidiada.

Las cifras, sólo algunas, antiguas y aleatorias, muestran el avance en la inversión directa en lo humano. No son grandes obras de cemento, es la gente viviendo mejor, son seres humanos empezando a dejar de pensar en cómo subsistir, para concentrar su vida en lo que les importe realmente.

El Comité Ejecutivo de la CUT Bogotá Cundinamarca, casi por unanimidad, considera que la mejor alternativa para darle continuidad a una forma más humanizadora de ejercer el gobierno desde el Distrito, es manteniendo el rumbo, aunque deban ajustarse algunas coordenadas del mismo, para asegurar que Bogotá sea “Una ciudad de oportunidades”.

Para alcanzar el fin del conflicto armado basta el cese de los fusiles de los actores de la guerra. Para alcanzar la paz hace falta mucha lucha social, y mantener un gobierno de corte progresista, democrático y alternativo, es clave en ese fin.

Por eso en la CUT Bogotá Cundinamarca, la tenemos Clara.

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documento

Nº 133, octubre de 2015

La ENS publica el 8º Informe Nacional de Trabajo Decente Los grandes retos de Colombia por el trabajo decente •• A umentó en 10% cifra de trabajadores que ganan un salario mínimo o menos.

•• 48,6% de los trabajadores son pobres, ganan un salario mínimo o menos.

•• 64% de trabajadores carece de alguna protección en seguridad social.

•• 3.700.000 personas padecen de relaciones laborales ilegales.

•• 3 millones de trabajadores del campo no tienen contrato laboral, son jornaleros.

•• De cada 10 personas ocupadas en trabajos precarios, 7 son mujeres.

•• 12.573.409 trabajadores no tienen protección en riesgos laborales.

•• Desde 2010 MinTrabajo impuso 9.048 sanciones, pero solo cobró 38.

•• Se mantiene violencia antisindical: 15 homicidios en este 2015.

Trabajo decente es el trabajo estable, con salario digno, acceso a la seguridad social y garantías reales para participar en el diálogo social. El trabajo decente es paz.

El mundo laboral se detiene este miércoles 7 de octubre. Y lo hace para reflexionar sobre el trabajo, su calidad y los retos que Colombia debe asumir para garantizar que el trabajo sea fuente de calidad de vida para las personas y escenario en el que la ciudadanía negocia mejores condiciones laborales en un marco de respeto y diálogo social.

Para contribuir a esta necesaria reflexión la Escuela Nacional Sindical publica el 8º Informe Nacional de Trabajo Decente, en el marco de las Jornadas Mundiales que el sindicalismo mundial y la sociedad civil celebran hoy.

La ENS ratifica su esperanza en los acuerdos que avanzan en La Habana y en su potencialidad para propiciar transformaciones profundas en estructuras y relaciones laborales todavía signadas por la precariedad, la incertidumbre de los trabajadores, la desigualdad, la discriminación y las amenazas o presiones a quienes ejercen su derecho de sindicalizarse.

Ahora que caminamos hacia el acuerdo de paz con las Farc, el país debe tener la capacidad de reconocer las carencias en trabajo decente y convertirlas en retos que deberán ser abordados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los acuerdos en torno a las políticas de trabajo decente, y en las grandes reformas que se necesitan para implementar los acuerdos para terminar el conflicto armado.

Otro gran reto para la construcción de la paz será que aprendamos como sociedad

a tramitar, resolver y transformar los conflictos de manera pacífica y fructífera para las personas y el bien público. Los acuerdos de paz generarán una ola modernizadora del país, y esperamos que esa ola contribuya a democratizarlo. En el mundo del trabajo la modernización y la democratización pasa por la legalidad laboral y el diálogo social.

El cumplimiento de la ley laboral es el acto esencial de las obligaciones empresariales y el control a su incumplimiento el primer deber del Estado. Estas acciones son fundamentales a emprender para construir trabajo decente. Ellas pueden iniciarse en las áreas ya priorizadas en el Plan de Acción Laboral.

ría. En cambio, en la industria bananera existe un modelo moderno de relaciones laborales con negociación colectiva, diálogo social y contratación laboral directa.

Es un ejemplo a seguir.

En estos asuntos, como muestra el informe, falta mucho camino por recorrer para llegar a condiciones de trabajo decente que al menos generen empleo estable y productivo, que cese la persecución contra los trabajadores que buscan mejorar sus condiciones laborales sindicalizándose, y que el Estado tenga la capacidad de proteger los derechos de la población que trabaja.

2. Forjar la paz en el campo con trabajo decente

El trabajo como la fuente cierta de ingresos para tener calidad de vida y ofrecer oportunidades a las personas y a las familia, se realiza con salarios y garantías laborales suficientes. Pero eso no se da en Colombia.

Según los resultados de la Encuesta de Opinión Sindical que publicará la ENS a comienzos de noviembre, más del 60% del movimiento sindical colombiano respalda el proceso de negociaciones de paz, y se movilizará masivamente en su defensa buscando especialmente reparación colectiva y reconstrucción del tejido social. Por el lado empresarial, estudios contratados por la Cámara de Comercio de Bogotá sitúan en el 55% el respaldo al proceso.

He aquí las 7 claves para entender las dificultades y los retos para lograr el trabajo decente en Colombia:

1. Romper el cuello de la informalidad Según los registros del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), en Colombia trabajan 21.503.000 personas, pero el 64% de ellas carece de alguna protección en seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales, cesantías o afiliación a una caja de compensación), es decir, 13.750.000 personas, que es el indicador mínimo, aunque insuficiente, de formalidad y legalidad en las relaciones laborales.

Tenemos que señalar que 9.163.000 personas trabajan por cuenta propia, y es en este sector en donde se crea más empleo.

El 64% de los colombianos trabajadores no tienen posibilidad de contar con un proyecto de vida a largo plazo.

La práctica de relaciones laborales ilegales es un fenómeno extendido que padecen al menos 3.700.000 personas en el país, quienes prestan sus servicios a un empleador y este no les garantiza derechos laborales ni protección social.

La informalidad es situación que ha permanecido casi invariable durante décadas, a pesar de la transformación en las variables de ocupación y de los cambios legales para promover la formalización.

Implementar los acuerdos de paz en el desarrollo rural implicará, sin duda, un proceso amplio de modernización de las relaciones laborales con trabajo decente, mediante la negociación colectiva con organizaciones sindicales que se reconstruyan.

El impulso modernizador del campo deberá tener en el centro la vigencia del Código Sustantivo del Trabajo, y la presencia de la institucionalidad pública laboral (jueces laborales e inspectores del trabajo). Ya el Gobierno le ha pedido a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cooperación técnica para la implementación de las normas internacionales en el agro (inspección rural, asociación sindical).

La realización del Censo Nacional Agropecuario ha descorrido la indiferencia y los velos que le ocultaron al país las complejas realidades del trabajo rural, que se realiza en la actividad agropecuaria, la pesca, la silvicultura y la minería.

En el país hay 4,6 millones de personas trabajando en el sector rural, y de ellas 2,9 millones trabajan en la agricultura y 1,7 millones en otras actividades. El llamado cuentapropismo es alto, constituye el 50% de la población trabajadora. Así que más de 3 millones de trabajadores carecen de relación laboral alguna.

Dos datos, el de afiliación al sistema de riesgos laborales y los salarios en el sector agrícola, muestran el drama laboral en el campo: el 91% de las personas que trabajan en la agricultura carecen de protección por riesgos laborales, mientras la tasa nacional de afiliación es del 41,6%.

El ingreso de los trabajadores de la agricultura es en promedio el 73% del salario mínimo ($469.333), mientras que el promedio nacional de ingresos es el 125% de un salario mínimo ($816.646). La brecha es dramática.

La precariedad del trabajo rural no se refiere únicamente a las cada vez más limitadas unidades agrícolas familiares. La precariedad está en boyantes sectores cobijados por el Plan de Acción Laboral, como el palmicultor o el floricultor, en los que 180.000 personas trabajan en situación precaria.

Igualmente es histórica, y sin remedio, la informalidad en la caficultura y la ganade-

3. Hacer del ingreso digno un propósito de país

La mitad de los trabajadores colombianos son pobres. Las cifras revelan que el 48,6% (10.450.000) de las personas con ingresos laborales obtienen un salario mínimo o menos cada mes. O sea que se encuentran en condiciones de pobreza. Pero eso no es lo peor, según el Dane este porcentaje subió más de 10 puntos entre 2013 y 2014, es decir los ingresos de los colombianos disminuyeron en el último año a pesar de la prosperidad o la paulatina disminución del desempleo.

Según las cotizaciones al sistema de pensiones, en el extremo superior sólo el 4,4% de los trabajadores acceden a ingresos laborales superiores a 8 salarios mínimos, que les permiten ubicarse en el decil más alto de los ingresos. Y apenas otro 4,3% de los asalariados obtiene ingresos entre 4 y 8 salarios mínimos, que les permiten disponer de alguna parte de sus ingresos para algo más que satisfacer sus necesidades básicas.

La inequidad laboral y el acceso a la propiedad de la tierra son las principales razones por las que Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del continente, y no ha habido una variación significativa en esta situación. El coeficiente de Gini es de 0,538, sin variación en los últimos 3 años.

4. Combatir la desigualdad de género en el trabajo Para las mujeres colombianas la vida laboral sigue siendo fuente de discriminación, exclusiones y razón de pesadas cargas que llevan solas.

La tasa de desempleo sigue siendo más alta para las mujeres (12%) que para los hombres (7%). La inmensa mayoría de las mujeres (53,4%) gana por su trabajo 1 salario mínimo mensual o menos. Y las mujeres siguen sosteniendo la vida familiar.

En promedio una mujer trabaja en su casa, o en las de otros, 6,3 horas diarias, realizando labores domésticas o de cuidado sin remuneración alguna.

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Nº 133, octubre de 2015

⇒ Usando las cifras oficiales, la Escuela Nacional Sindical constató que 7 de cada 10 personas ocupadas en los trabajos más precarios (servicios sociales, comunales y personales) son mujeres, mientras que 8 de cada 10 personas ocupadas en agricultura, pesca y ganadería son hombres. También reconoció que si bien las mujeres aumentan su participación laboral, ello no significa que accedan a cargos de dirección: sólo el 25,8% de las mujeres desarrolla un cargo de dirección o autoridad, ello a pesar de que las mujeres tienen hoy niveles más altos de escolaridad que los hombres.

El Plan Nacional de Desarrollo se reduce a considerar la oferta de empleos como política para generar equidad de género en el trabajo y no apunta a resolver otro de los problemas serios de la desigualdad laboral, que es la doble jornada, como carga que todavía pesa sobre sus hombros.

5. Definir una política de salud laboral En el trabajo las personas están en riesgo permanente por falta de cobertura, el 58,4% de los trabajadores no tiene protección por riesgos laborales (12.573.409 personas).

Reconociendo que solo el 41,6% de quienes trabajan están afiliados a una ARL, en el año 2014 y oficialmente se registraron en

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documento el país 568 muertes por accidentes de trabajo (2 diarias en promedio), 687.171 accidentes de trabajo no letales (1.883 diarios) y las Aseguradoras de Riesgos Laborales apenas reconocieron 9.771 casos de enfermedad laboral (27 casos diarios).

Aceptando que la informalidad y la precariedad del trabajo hacen que casi el 60% de las personas que trabajan no tengan acceso a la atención por riesgos o enfermedades laborales, y que el sistema está diseñado para evitar el reconocimiento de estos hechos, es clara la existencia de un enorme subregistro.

El Gobierno, las aseguradoras de riesgos laborales y las empresas están en mora de diseñar un sistema de seguridad laboral que se fundamente en la afiliación universal, mejorar la prevención y no simplemente atenuar los riesgos para la salud o los efectos de los accidentes en el trabajo, y estudiar a fondo los impactos que en la salud de las personas tienen el trabajo precario y desprotegido.

6. Fortalecer la inspección laboral La creación del Ministerio de Trabajo no ha contribuido, como se esperaba, a fortalecer y hacer eficiente un modelo de inspección laboral que atienda los estándares del derecho internacional del trabajo y las prioridades establecidas en el Plan de Acción Laboral; un modelo que garantice el ejerci-

Comité Ejecutivo CUT Bogotá-Cundinamarca Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Presidente), Luis Fernando Abadía (1a. Vicepresidencia), Bernardo Raúl López Martinez (2a. Vicepresidencia, responsable de Relaciones Internacionales), Alfonso Ahumada B. (Secretario General), Nohora Bulla Gutiérrez (Departamento de Tesorería y Finanzas), Pedro Isidro Yepes López (Fiscalía), Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Martha Pineda Guío (Departamento de Organización y Relaciones con Organizaciones Sociales), Jorge Enrique Laverde Herrera (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos), Esperanza Lozano Atencio (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad), Celmira Herrera Urrea (Departamento de la Juventud y el Menor Trabajador, responsable de Asuntos de Salud y Seguridad), Manuel Ángel Téllez González (Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva), María Victoria Forero Izquierdo (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial), Carlos Alberto Velásquez (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente), Carlos Arturo Rico Godoy (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos).

Consejo Editorial Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Secretario General) Nohora Bulla (Tesorera), Jorge E. Charry (asesor editorial).

Avenida Caracas Nº 44-54 Of. 402 Teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432 Bogotá D.C. Colombia Email: cutbogotacun@yahoo.es / cutbogotacun@cut.org.co ISSN: 1900-0898 Diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558.

Caricaturas: Internet. Fotografías: Jorge Becerra, Dreamstime Manuel A. Mora y tomadas de Internet.

Asistencia editorial: Yolanda Rodríguez / Diego Urrea Edición: 20.000 ejemplares.

Tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones.

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

cio de los derechos humanos en el trabajo, mejore las condiciones de los trabajadores y tenga capacidad de hacer valer su capacidad legal, policiva y sancionatoria.

problemas para el ejercicio de la libertad sindical son: despidos injustificados, hostigamiento, amenazas de despidos y prohibiciones para sindicalizarse.

Las cifras que prueban la ineficacia de la inspección laboral abruman y provienen del propio Ministerio de Trabajo. De cada 4 quejas que presentan trabajadores y sindicatos buscando protección a las libertades sindicales, en 3 casos los inspectores no actúan, no protegen derechos. A pesar del uso masivo de la intermediación laboral ilegal, los inspectores del trabajo solo han iniciado 261 investigaciones entre 2012 y 2014. Desde su creación en el 2010 el Ministerio de Trabajo ha impuesto 9.048 sanciones y multas, pero solo se han cobrado 38, al rededor del 0,5% del total. Así que la función disuasiva de las sanciones es inexistente y el monto de las multas es irrisorio, la impunidad es casi completa.

El segundo gran derecho sindical, el de negociación colectiva, ha disminuido. En 2013 se firmaron 459 convenciones colectivas, en 2014 solo 347, mientras tanto aumentan las herramientas antisindicales que fingen ser negociación colectiva, como los pactos colectivos y los contratos sindicales. Los primeros pasan de 204 a 236 del 2013 al 2014, y los contratos sindicales se disparan y pasan de 984 a 1.925 en esos dos años. Hoy están vigentes 3.441 contratos sindicales, administrados por 141 sindicatos de papel. La inmensa mayoría de estos contratos tercerizan trabajadores del sector de la salud.

La consolidación del modelo de inspección laboral le exige al Gobierno Nacional y al Ministerio de Trabajo generar la carrera administrativa que ofrezca estabilidad laboral a los inspectores, llevarlos al trabajo de campo y procurar que las sanciones impuestas se hagan efectivas. Una situación que no se ha conseguido hasta ahora.

7. Garantizar el diálogo social El diálogo social se garantiza por los derechos a la asociación sindical, a la negociación colectiva y a la huelga. Es decir, el diálogo social es posible si los trabajadores se pueden sindicalizar, si los empresarios no usan formas ilegales de tercerización o persiguen a los trabajadores que se sindicalizan, y si el Estado protege los derechos de los trabajadores. Diálogo social hay si tenemos sindicatos fuertes y gremios empresariales representativos, y ninguna de estas cosas ocurre en el país.

En Colombia solo 4,4 de cada 100 personas que trabaja está sindicalizada. La modificación de esta tasa impone reducir la tercerización y la persecución antisindical, aunque los sindicatos vienen dando fuertes batallas para afiliar trabajadores tercerizados, lo que ha generado un aumento del número de sindicalizados en el país, que pasaron de 830 mil en 2010 a 960 mil en 2014, cifra que no incluye a los trabajadores bajo la modalidad de contrato sindical gestionados por sindicatos ficticios. Este aumento de la sindicalización, que ocurre en medio de grandes obstáculos, quebró la tendencia a la baja que ocurría desde 1984, cuando la tasa de sindicalización alcanzó a ser del 16%.

Esta recuperación de la afiliación sindical ha sido recibida con hostilidad por el empresariado. La Encuesta de Opinión Sindical de la ENS muestra cómo para los dirigentes encuestados los principales

La dinámica de la movilización y protesta de los trabajadores por razones laborales se ha cuadruplicado en los últimos 5 años, en comparación a lo ocurrido entre 1990 y 2010.

En este contexto restrictivo de las libertades sindicales y de esfuerzos de las organizaciones por crecer y aumentar la sindicalización, se mantiene la violencia antisindical. El sistema de información en derechos humanos de la ENS ha registrado 15 homicidios de sindicalistas en el transcurso del año 2015, registró 21 casos en 2014, de un total de 380 violaciones a derechos humanos de miembros de organizaciones sindicales. Y desde 1977 ha registrado 3.088 homicidios que han afectado a 450 sindicatos.

Enormes retos enfrentarán sindicatos y sociedad entera en el futuro cercano cuando operen la comisión de la verdad, la justicia especial de paz y se concrete el proceso de reparación colectiva al sindicalismo como víctima.

Alcanzar la paz duradera requiere garantizar trabajos productivos, con derechos y con protección social; libertades sindicales y diálogo social eficaz. Para lograrlo es necesario el fortalecimiento de la institucionalidad pública, porque tanto en sentido general como en el particular del mundo del trabajo, el esfuerzo mayor que deberá emprender la sociedad colombiana será fortalecer esas instituciones públicas para prevenir y solucionar los conflictos laborales, lo que sin duda requerirá de nuevos marcos legales que contribuyan a establecer relaciones laborales basadas en el respeto de los derechos laborales, en el diálogo y la negociación colectiva.

Con seguridad deben comenzar debates públicos alrededor de la política de formalización laboral, el fortalecimiento de la inspección laboral, la negociación colectiva por rama de actividad económica y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales.

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documento

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Cuadros con información relevante

La información de los siguientes cuadros es tomada de las siguientes fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Escuela Nacional Sindical (ENS), Superintendencia Financiera de Colombia, Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).

Indicadores población rural

Indicadores generales Indicador

2014

2013

Indicador población rural

2013

2014

Población Económicamente Activa

23.292.000

23.654.000

Población Económicamente Activa

4.929.000

4.908.000

Población ocupada

21.048.000

21.503.000

Población ocupada

4.641.000

4.630.000

Tasa de Ocupación

58,0%

58,4%

Tasa de ocupación

55,3%

54,8%

2.243.000

2.151.000

288.000

279.000

9,6%

9,1%

5,8%

5,7%

Ocupados informales para 23 ciudades y AM

5.689.000

5.757.000

1.641.000

1.619.000

Tasa de Informalidad para 23 ciudades y AM

50,5%

49,6%

35,4%

35,0%

7.660.000

8.124.000

3.000.000

3.010.000

64,6%

65,0%

8,6%

9,1%

Población desocupada Tasa de Desempleo

Total empleados particulares Participación del empleado particular en el empleo nacional Total ocupados cuenta propia

36,4%

37,8%

9.002.000

9.163.000

42,8%

42,6%

Participación del cuenta propia en el empleo nacional Porcentaje de trabajadores asalariados Ocupados afiliados a salud (contribuyentes-aportantes)

47,4%

48,2%

8.211.000

8.742.000

39,0%

40,7%

7.014.942

7.652.406

Participación afiliados cotizantes a salud en el empleo total Ocupados cotizantes a pensiones Participación afiliados cotizantes pensiones en el empleo total Ocupados afiliados al sistema de riesgos laborales

33,3%

35,6%

8.270.156

8.929.591

Participación afiliados a riesgos laborales en el empleo total

39,3%

41,6%

Ocupados afiliados a cajas de compensación familiar

5.759.470

6.879.568

Participación afiliados a cajas de compensación en el empleo total

27,4%

32,0%

Ocupados afiliados a cesantías (2013 no incluye los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro)

6.160.784

7.671.333

Participación afiliados a cesantías en el empleo total

29,3%

35,7%

831.536

956.204

4,3%

4,4%

Número de convenciones colectivas

459

347

Número de pactos colectivos

204

236

Número de contratos sindicales

964

1.925

Afiliados a organizaciones sindicales Tasa de sindicalización

Indicadores de ocupación Indicador

2014

Ocupados

21.503.000

Ocupados con protección social

7.750.000 (36%)

Ocupados sin protección social

13.750.000 (64%)

Ocupados en relaciones laborales ilegales, sin contrato de trabajo y sin protección social

3.700.000

Ingresos Ingresos laborales de los ocupados por rangos de smmlv

2013

2014

No informa*

11,3%

10,7%

De 0,0 a 0,5 smmlv

19,7%

23,2%

De más de 0,5 a 1 smmlv

18,7%

25,4%

De más de 1 a 1,5 smmlv

27,2%

19,3%

De más de 1,5 smmlv

23,1%

21,7%

Población desocupada Tasa de desempleo Trabajadores asalariados Porcentaje ocupados asalariados Trabajadores no asalariados Porcentaje ocupados no asalariados Porcentaje de ocupados del sector agrícola afiliados a riesgos laborales

Indicadores por sexo Indicador

Mujeres

Hombres

Tasa de Ocupación

47,6%

Tasa de Desempleo

11,9%

69,7% 7,0%

Rango salarial de 0 a 1 smmlv

53,4%

45,3%

Rango salarial de más de 1,5 smmlv

18,6%

23,8%

Tiempo dedicado a trabajo remunerado

2:31

5:11

Tiempo dedicado al trabajo no remunerado

6:35

2:00

Así las cosas, las mujeres dedican a actividades no remuneradas de cuidado, tres veces el tiempo que dedican los hombres. Y de manera inversa, dedican la mitad del tiempo que los hombres al trabajo remunerado.

Firmado convenio entre Fuac y CUT Bogotá Cundinamarca

E

l Comité Ejecutivo se complace en informar a nuestros afiliados que para beneficio de todos los sindicalizados pertenecientes a la CUT y sus familiares, mediante convenio firmado con la universidad, de ahora en adelante pueden acceder a sus estudios universitarios en la Fundación Universidad Autónoma de Colombia.

Creemos que es un aporte valioso, tanto para el trabajador sindicalizado, sus hijos, su cónyuge, o compañero/a permanente.

Como requisitos, ser trabajador afiliado a un sindicato de la CUT, inscribirse en la Fuac como futuro estudiante, tramitar ante la CUT Bogotá Cundinamarca constancia de afiliación al sindicato, cumplir con los demás requisitos de la U. Lo anterior, además de otros beneficios, le da derechos a obtener descuento del 20% sobre los costos del semestre.

Estudiar en la universidad, ahora es menos difícil. Vale la pena hacer el esfuerzo y lograr ser profesional egresado de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia.

Mayor información: Universidad Autónoma Comité Ejecutivo CUT Bogotá Cundinamarca Responsables: Nohora Bulla, Celmira Herrera, Alfonso Ahumada Barbosa.

Cels. 3204908890 - 3204908894 3204908887 - 3203078184

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA

N潞 133, octubre de 2015

opini贸n sindical

7

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Nº 133, octubre de 2015

CSICSICSICSI csi

Confederación Sindical Internacional (CSI) En línea

Tratado Transpacífico:

L

abocado a la avaricia corporativa

a Confederación Sindical Internacional ha descrito el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) anunciado el 5 de octubre, como un tratado comercial abocado a la avaricia corporativa. Aun cuando el texto final del acuerdo todavía no está a disposición del público, los textos filtrados han causado una gran preocupación a las organizaciones sindicales y otros grupos de la sociedad civil.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, ha comentado: “Se concedió a las corporaciones poderosas una posición ventajosa en el seno de las negociaciones secretas del TPP y el resultado pone en evidencia su influencia. Una vez más, los gobiernos han antepuesto los intereses de las finanzas y de las grandes empresas a los de los ciudadanos de sus países al incrementar la desregulación financiera, introduciendo patentes más largas sobre los medicamentos a expensas de las poblaciones y restricciones a las libertades digitales. Las empresas podrán demandar a los gobiernos en virtud de los infames procedimientos de resolución de diferencias entre inversores y Estados; por su parte, los trabajadores

y las trabajadoras no disponen de recursos directos”.

Los negociadores se apresuraron a concluir el acuerdo a tiempo para que su aprobación o rechazo fuera votado en el Congreso de Estados Unidos antes de que la campaña electoral presidencial adquiera plena efervescencia el próximo año.

El acuerdo incluye un capítulo laboral.

Los sindicatos presentaron una propuesta global para conseguir que dicho capítulo garantizara con mayor eficacia los derechos y las normas de los trabajadores.

Se tomaron pocas ideas de esta propuesta, y nadie tiene la seguridad de que las quejas de los trabajadores lleguen algún día hasta los tribunales. En cambio, las empresas pueden iniciar directamente un procedimiento de arbitraje internacional entre inversor y Estado para proteger sus beneficios, mientras que los trabajadores tienen que pedir a los gobiernos que intervengan en su nombre.

“La aplicación de este tipo de intervención ha sido utilizada solamente una vez, en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica (Cafta), en contra de Guatemala. Este caso lleva ya siete años,

y todavía no ha habido una decisión final, ni el cumplimiento por parte del Gobierno”, afirmó Burrow.

Un borrador filtrado del capítulo ambiental no contenía ningún mecanismo de aplicación, ni tampoco tenía en cuenta la necesidad de adoptar medidas para mitigar el cambio climático.

Durante las negociaciones, EE. UU. levantó polémica al minimizar las críticas hacia Malasia que figuraban en su informe sobre la trata de personas, en una actitud que casi todo el mundo consideró como una táctica para hacer avanzar el acuerdo TPP: http://www.ituc-csi.org/la-trata-de-personas-en-malasia?lang=es. Aun cuando se han desarrollado planes de observancia de las normas del trabajo en relación con el TPP para Brunei, Malasia y Vietnam, estos planes no entrarán en vigor de forma inmediata, sino cinco años más tarde en el caso de Vietnam. No se adoptó este plan para México, donde se observan violaciones graves de las normas de la OIT. El TPP limitará las ofertas de contratación pública con normas internacionales altamente restrictivas que sitúan una noción mal concebida de “competitividad” por enci-

ma de los objetivos de política pública, tales como la creación de empleo, la protección medioambiental y humana y los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en la adjudicación de los contratos públicos. Del mismo modo, varios gobiernos han concedido acceso a los mercados de la administración y los servicios públicos que pondrán en peligro la calidad y acceso público a dichos servicios.

El acuerdo también limita la capacidad de regulación de los gobiernos mediante el establecimiento de nuevos procedimientos que tienen como objetivo la armonización de la regulación a lo largo de los doce países.

También en este sentido, se ha concedido a las corporaciones una posición ventajosa.

“Las nobles promesas de los gobiernos y los grupos de presión empresariales acerca de la creación de empleo y el aumento del nivel de vida de este tipo de acuerdo comercial son un estribillo conocido. Lamentablemente, las predicciones azarosas rara vez han demostrado ser ciertas, y los verdaderos beneficiarios de este acuerdo son las poderosas multinacionales”, concluyó Burrow. Bruselas, 7 de octubre de 2015.

La CSI representa a 176 millones de trabajadores y trabajadoras en 328 organizaciones afiliadas nacionales en 162 países y territorios Estimado/a amigo/a

L

a esclavitud moderna está en todas partes: desde las granjas de algodón de Uzbekistán, hasta en el trabajo doméstico en Mauritania y en los ranchos de ganado de Paraguay; desde la industria pesquera de Filipinas hasta en las obras de construcción para la Copa del Mundo en Qatar. Las cadenas de producción donde se confeccionan las prendas de vestir que usted lleva, los alimentos que usted come y la Copa del Mundo que usted verá por televisión esconden una dura realidad para millones de trabajadores y trabajadoras.

Solicite a su Gobierno que ratifique el protocolo para poner fin al trabajo forzoso: (http://www.ratifytheprotocol.org/es)

La mitad de los 10 peores países del mundo para los trabajadores según el Índice Global de los Derechos 2015, tienen un problema estructural de trabajo forzoso en su economía. Las estimaciones en cuanto al número de trabajadores en situación de esclavitud moderna no han hecho sino aumentar continuamente a lo largo de las últimas décadas, situándose hoy en día entre los 21 y los 36 millones, unas cifras verdaderamente alarmantes.

Es evidente que la comunidad internacional no está preparada para abordar de manera eficaz el problema de la esclavitud moderna en el mundo. En 2014 los Gobiernos aprobaron un nuevo tratado mundial para poner fin a la esclavitud moderna. Este Protocolo ofrece un marco para erradicar eficazmente el trabajo

forzoso, incluyendo la trata de personas y las prácticas análogas a la esclavitud, mediante una combinación de medidas de prevención, protección y reparación.

El Protocolo exige protección contra las prácticas abusivas en el proceso de contratación de trabajadores migrantes y constituye el primer tratado vinculante que reclama a las empresas que actúen con la debida diligencia a fin de prevenir el trabajo forzoso y responder a los riesgos que este conlleva en sus operaciones y cadenas de suministro.

Sin una amplia ratificación, el Protocolo se convertirá en papel mojado. Si los Gobiernos individuales no lo ratifican, su compromiso de 2014 habrá sido falso y las cifras de esclavos modernos seguirán aumentando.

No deje que esto suceda. Ayude a garantizar que esta oportunidad histórica y única para terminar con la esclavitud moderna no se eche a perder.

Por favor, dedique unos momentos a decirle a su ministro de Trabajo que ratifique el protocolo ya: (http://www.ratifytheprotocol. org/es) Agradeciéndole todo lo que hace, Sharan Burrow Secretaria General, CSI

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sindical

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Tercerización significará despidos de trabajadores en Profamilia Prensa eldía.co 9 octubre 2015

secretario de Asuntos Intersindicales de Sintraprof y uno de los trabajadores que se verá afectado.

intraprof le dice “no” a la tercerización del área que anteriormente se llamaba bodega nacional. No solo implicará un desmejoramiento de las condiciones laborales, sino que podría significar el despido de trabajadores a punto de cumplir la edad de pensión.

El miércoles, la dirección reunió a los trabajadores del área y les presentó un video. Allí les dieron la notificación con base en razones, sobre todo de tipo económico.

“Nos dieron la noticia que efectivamente queda tercerizada esta parte de Profamilia, que fue durante años la bodega donde se almacenan, se acondicionan y se distribuyen los productos a nivel nacional. No somos especialistas en la logística de productos, pero llevamos 50 años haciendo un buen trabajo”, manifestó Víctor Malaver,

“Prácticamente quedamos sin empleo, porque al tercerizar buscarán algunas formas de retiro y muchos están a punto de pensionarse. En el caso mío, estoy solamente esperando pasar los documentos, con la reforma que hicieron en el Acto Legislativo del señor Uribe creo que tengo hasta los 62 años. Pero la otra gente que está con unos años más de trabajo sí se quedarán sin empleo”, agregó Malaver.

Sintraprof busca una reunión urgente con la dirección para plantear la problemática. El directivo sindical precisó: “El sindicato debe tener un pronunciamiento fuerte en defensa del derecho al trabajo. ¡Qué coincidencia tan macabra! En el Día del Trabajo Decente nos dan esa noticia que no es nada decente para nosotros”.

S

LEIDY XIOMARA SÁNCHEZ OROZCO

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laborales

Breves jurídicas Carlos Arturo Rico Godoy Director Departamento Jurídico CUT Bogotá Cundinamarca

E

n esta edición damos a conocer fallos de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional sobre reintegro de trabajadores, sobre fallos en primera instancia en contra de trabajadores y la responsabilidad civil del empleador en accidentes laborales. Estos fallos son tomados del periódico Ámbito Jurídico, damos a conocer el número y la fecha del mismo, para que si alguno lo requiere pueda consultarlos.

No toda función administrativa torna improcedente reintegro de trabajadores Según el fallo, esta acción no fue excluida para todos los que ejerzan actos de administración en una sociedad.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que la interpretación del artículo 232 de la Ley 222 de 1995 modificatoria de algunas disposiciones del Código de Comercio, no puede hacerse de manera amplia y extensiva al ámbito laboral.

Aunque esta norma mercantil prevé que en el evento de despido o remoción de administradores y revisor fiscal no procede la acción de reintegro consagrada en la legislación laboral, para la corporación, esa condición no es absoluta.

A su juicio, la exégesis de lo allí establecido no implica que el reintegro de todos los trabajadores que tienen un nivel de

madres diferentes o cualquier otra razón externa al ámbito laboral.

confianza con el empleador o que ejerzan de manera genérica funciones de administración resulte inconveniente, en tanto solo se puede aplicar en estricto rigor a quienes tengan la condición específica establecida por el legislador.

Sumado a ello, la Sala de Casación Laboral aclaró que cuando no existen razones imperativas, calificadas e idóneas que imposibiliten que el trabajador vuelva a su sitio de trabajo, dentro de un ambiente de equilibrio, armonía y paz con sus compañeros y con sus superiores, el reintegro es procedente.

Es decir, la empresa no puede alegar que el reintegro se torna desaconsejable con base en argumentos referidos a la vida personal y privada del trabajador, ajenos a todas luces al ambiente de trabajo, por ejemplo, ante la existencia de embargos por obligaciones alimentarias, hijos con

Para la corporación, estos hechos no dicen nada frente al comportamiento del trabajador respecto de sus compañeros y superiores, razón por la cual no puede ser esgrimida para sustentar la improcedencia del reintegro en una demanda en la que se analizan las consecuencias de un despido sin justa causa (CSJ, S. Laboral, Sent. SL-2572 (41514), mar. 4/15, M. P. Rigoberto Echeverri).

Consulta procede sobre fallos adversos a trabajadores en procesos de única instancia El artículo 69 del Código Procesal del Trabajo establece que la consulta será procedente sobre las sentencias de primera instancia, cuando fueren adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario que no hace uso del recurso de apelación. Precisamente, la constitucionalidad de la expresión “las sentencias de primera instancia” de esta disposición fue examinada por la Corte Constitucional.

Como resultado, declaro su exequibilidad, en el entendido de que también serán consultados los fallos de única instancia

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que cumplan con las mismas condiciones enunciadas en el referido artículo 69 (C. Const. Sent. C-424, jul. 8/15, M.P. Mauricio González Cuervo).

Culpa patronal por accidentes de trabajo deriva de la culpa leve La Corte Suprema de Justicia precisó que la responsabilidad civil ordinaria prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), además de ser subjetiva, se deriva de la culpa suficientemente probada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional.

No obstante, el alto tribunal advirtió que la norma no hace referencia a cuál es la culpa que debe acreditarse para tener derecho al reconocimiento de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios.

Por ello, y dado que el contrato de trabajo es bilateral en tanto reporta beneficios recíprocos para las partes, necesariamente debe acudirse a lo previsto por el artículo 1604 del Código Civil, indicó (CSJ, S. Laboral, Sent. SL-6497 (44894), abr.

29/15, M.P. Clara Cecilia Dueñas).

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opinión sindical

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La tenemos TICLARA en Bogotá Estamos ante una decisión de ciudad, la cual debemos estudiar detenida y colectivamente, con ánimo constructivo y con la obligación de acertar en pro de los intereses superiores de la ciudadanía y en defensa de la protección del patrimonio público. Donde la propuesta de privatización solo ve barreras, yo veo oportunidades.

Donde ve problemas, yo veo retos. Donde considera que hay debilidades, yo veo fortalezas.

de oro”. No la vamos a vender a precio de gallina flaca.

Nuestro patrimonio debe protegerse y fortalecerse para brindar mayor bienestar colectivo.

Director Depto. de Recursos Naturales y Medio Ambiente CUT Bogotá Cundinamarca La ETB es el portaviones de las telecomunicaciones de la capital. No el viejo barco a punto de hundirse que algunos se han empeñado en presentar. Necesita una inyección de capital, necesita inovación y considerar aliados estratégicos con el apoyo del Gobierno Nacional. Hay retos, para eso necesita liderazgo, visión y un firme convencimiento de su papel en el futuro de las telecomunicaciones y de la ciudad.

D

El sector de las telecomunicaciones es vital para el progreso del país. Es complejo, los agentes deben invertir en desarrollo, deben garantizar altos niveles de eficiencia y ser visionarios. Ante el reto, la solución no es vender.

La experiencia internacional nos demuestra que hay otras soluciones. En el resto del mundo las encuentran. Nuestro reto es encontrarlas. Es hacer los estudios que nos permitan tomar la mejor decisión, no solo como inversionistas sino como responsables de un patrimonio de todas y todos.

espués de sostener varias reuniones con la candidata Clara López, su equipo de campaña y parte de las juntas directivas de las organizaciones sindicales de ETB, a solicitud del equipo de campaña realizamos este escrito, además basándonos en su programa de gobierno, página 23, numeral 1.5. Servicios públicos: La ETB composición accionaria (88,4% pública y 11,6% privada) y teniendo en cuenta que la ley 1341 de 2009 la retira del concepto “domiciliaria”, basados en: El Código de Buen Gobierno, los estatutos actuales de ETB y la declaración del accionista mayoritario del 2003, realizamos los siguientes aportes: Esos retos se pueden enfrentar de muchas maneras.

Desde las alianzas estratégicas con otras empresas públicas hasta la reingeniería en sus procesos. Desde la inyección de capital hasta la revisión de su actuar para hacerla más eficiente. La ETB puede competir. Ha demostrado que lo hace con éxito y lo seguirá haciendo.

No la van a derrotar en su mercado natural. Nadie conoce las telecomunicaciones de la capital como la ETB. Su infraestructura de redes es un tesoro por explotar.

Venderla no es la opción más rentable. Lo rentable es conservarla para apalancar el desarrollo de la ciudad, la región-capital y el país. La ETB es “la gallina de los huevos

Este debate se debe llevar con responsabilidad. He sido designada como Alcaldesa para velar por los intereses de este cuerpo vivo que es Bogotá. He admitido los serios cuestionamientos de los cuales ha sido objeto esta Administración. Los estoy rectificando. He repudiado la mano peluda de la corrupción. Equivocarnos con esta decisión sería nefasto. Por eso le voy a pedir al Concejo de Bogotá que antes que nada pongamos los intereses de la ciudad primero. Que no nos apresuremos con decisiones que marcarán el futuro de la capital. Que consideremos todos los escenarios posibles y que antes de tomar una decisión ligera, la más fácil, pongamos todas las opciones sobre la mesa, hagamos un alto en el camino y actuemos como los gobernantes serios y responsables que esta gran ciudad se merece.

un patrimonio de

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Carlos Velásquez

¿LA MEJOR OPCIÓN?

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EL DEBATE DE LA ETB

Bogotá

CLARA LÓPEZ OBREGÓN ALCALDESA (D) DE BOGOTÁ D.C.

ESTA ES UNA PUBLICACIÓN DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. www.bogotapositiva.gov.co adelantebogota.info@gmail.com Impreso en Casa Editorial El Tiempo

Dra. Clara López Candidata a la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016-2019

L

as siguientes son apreciaciones con respecto a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, como gestora de desarrollo tecnológico, económico, social y ambiental, desde las TIC hacia la SIC (Sociedad de la Información y el Conocimiento), en el Distrito Capital.

Problemáticas: Las políticas de los administradores de turno de nuestra ETB no tienen continuidad, la administración no ha cumplido, ni con la parte social, ni con la rentabilidad desde uno de los sectores con más proyección (las telecomunicaciones), se han dedicado de forma atropellada en una lógica de competir sin tener en cuenta la finalidad de su función, el desarrollo de la comunidad desde su empresa1, ETB con dignidad laboral. La falta de planeación por parte de la administración juega un papel determinante para no poder ocupar el lugar sociopolítico en esta época de avances tecnológicos y desarrollo de aplicaciones y contenidos.

Nos basamos en los hallazgos realizados por la Contraloría.

A pesar de ser un servicio público, las telecomunicaciones se rigen por el derecho privado, de tal forma que el presidente de turno de ETB no permite que se realice ningún tipo de control político a su gestión, desconociendo el porcentaje mayoritario que poseemos los bogotanos en nuestra empresa; no atiende la citación de los concejales de Bogotá para realizar supervisión a los resultados de su plan de trabajo de cara a la comunidad, ignorando la forma democrática en que son electos los concejales y que su deber es la veeduría de los intereses del pueblo bogotano, pero a la vez transgrediendo el Código de Buen

SEAMOS RESPONSABLES POR CLARA LÓPEZ OBREGÓN ALCALDESA (D) DE BOGOTÁ Julio 2011 - Edición No. 12 PROHIBIDA SU VENTA ISSN: 2027 - 2200 www.bogotapositiva.gov.co www.bogota.gov.co

Gobierno. El cual en: Título VIII: de la información, Capítulo I, numeral 1 clases de información, 1.2 información reservada, en el último párrafo se lee “lo dispuesto en este artículo no restringe el derecho de inspección que confiere la ley a los asociados sobre libros y papeles de las empresas comerciales, ni el que corresponde a quienes cumplan funciones de vigilancia o auditoría en las mismas”.

De lo anterior se desprenden prácticas tales como: la tercerización de forma indiscriminada, la cual alcanza porcentajes exagerados, incluyendo las áreas misionales; la entrega de áreas de trabajo que han sido mantenidas de forma histórica por personal directo, idóneo y cualificado de ETB, en una política de despojo a la estructura de ETB hacia su subsidiaria Colvatel.

Propuestas: integración de una estructura (iniciando por el presidente, la Junta Directiva y demás mandos medios), que garanticen la rentabilidad en un ambiente de total competencia voraz, sin dejar de lado el objetivo en una empresa que nace del capital popular que es la función social, la cual debe ser el eje de nuestra empresa.

Las primeras entidades que deben contratar con ETB son las entidades del Distrito, de tal forma que todas ellas instalen los servicios de ETB, para ello se requiere un equipo de trabajadores dedicados a desarrollar esta tarea interactuando en sincronía desde las diferentes instancias distritales.

El futuro de las TIC está en los contenidos y las aplicaciones, debemos realizar convenios con la Universidad Distrital y hacer uso de los espacios que debido a los avances tecnológicos quedan en las locaciones que antes ocupaban nuestras centrales, allí podemos realizar capacitación a los futuros desarrolladores de contenidos y aplicaciones.

El empalme de la administración entrante y saliente en cuanto a las telecomunicaciones distritales debe satisfacer las diferentes comunidades que interactúan en el entorno de nuestra ETB, esto se logra permitiendo la participación pero a la vez escuchando y aplicando las propuestas de quienes en el día a día han generado empresa y tienen la sabiduría del mercado diario, ellos son el pueblo bogotano y los trabajadores de ETB representados por las juntas directivas de sus organizaciones sindicales (Atelca y Sintrateléfonos), quienes de haber sido

escuchados por la administración de turno, estaríamos mucho mejor.

Estando en un ambiente de libre competencia y sin entrar en prácticas restrictivas de mercado, ETB debe generar políticas de seguridad de la información (habeas data), desde y a entidades que por seguridad distrital manejen reservas y discrecionalidad en su información. Nuestra empresa aún produce en los habitantes de Bogotá sentido de pertenencia y confianza por ser de todos los bogotanos, para ello debemos contar con personal con sentido de pertenencia, empoderamiento de nuestra ETB y no mercenarios laborales que por obtener un beneficio personal abandonan ETB llevándose la información y la capacitación, ETB debe contar con trabajadores contratados de forma directa y de esta forma erradicar ese fenómeno de esclavitud del siglo XXI llamado tercerización. Iniciar una política de TIC en beneficio del medio ambiente a partir de nuestra empresa ETB cumpliendo con los estándares internacionales de la huella ambiental para el sector de las telecomunicaciones y de esta forma contribuir a disminuir el cambio climático.

Por último, debemos explorar, instalar y garantizar la forma de prestar, mediante la infraestructura de ETB y de las instituciones distritales, wi-fi gratuito en toda Bogotá, para el buen vivir.

Nota 1 Consideramos que teniendo el Distrito el 88,6% de la empresa ETB debe cumplir, así no esté en los estatutos actuales, con una función social: llevar el servicio a todos los lugares de Bogotá.

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Dos tercios de los trabajadores del mundo no tienen un trabajo decente Tomado de El Mundo de España

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nos 2.000 millones de personas, el equivalente a dos tercios de los trabajadores que hay en el mundo, carecen de contrato laboral y de derechos o sufren discriminación, cobran salarios inferiores a sus capacidades, no tienen protección social o están sobreexpuestos a accidentes o enfermedades laborales, o padecen todas estas deficiencias a la vez.

Así lo revela un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con motivo de la Jornada Mundial del Trabajo Decente. La OIT define el trabajo decente como el acceso a un empleo con derechos y sin discriminación, en condiciones saludables, con salarios suficientes y protección social.

El informe ha sido presentado en rueda de prensa por el director del Departamento de Investigaciones de la OIT, Raymond Torres, y la consejera de la Oficina de la OIT en España, Judith Carreras. "La primera conclusión del informe es que la mayoría de los trabajadores del mundo no conoce lo que es un trabajo decente, y un trabajo decente es la mejor manera de luchar contra la pobreza", ha subrayado Carreras.

Pero, según la OIT, más de 200 millones de personas ni siquiera tienen un trabajo, 30 millones más que antes de la crisis, y de ellos 74 millones son jóvenes. Además, 168 millones de niños están atrapados en trabajo infantil y 21 millones de personas son explotadas en condiciones de trabajo forzoso.

212 millones de parados en 2019 Además, el 80% de la población mundial no tiene cobertura adecuada de seguridad social, y más de la mitad carece totalmente de ella, de forma que no tiene asegurada ningún tipo de

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protección frente al paro, las enfermedades, la discapacidad, la vejez o la maternidad.

Para 2019, la OIT calcula que habrá más de 212 millones de personas en paro en todo el mundo, 11 millones más que ahora.

Debido al crecimiento de la población activa, que en 2020 alcanzará los 3.600 millones de personas, se necesitarán crear más de 600 millones de empleos hasta 2030, es decir, unos 40 millones de empleos al año.

Digitalización y nuevas tecnologías Y en medio de este panorama, las relaciones laborales están cambiando y los países deben adaptarse a esta realidad. El motor de este cambio, ha explicado Torres, es la digitalización y las nuevas tecnologías y el hecho de que el modelo de creación de empleo descansa más sobre el trabajo autónomo, independiente y que transita por la red, sin la empresa como intermediaria.

La OIT estima que el 40% de los empleos existentes van a cambiar el tipo de relación laboral entre empresa y trabajador, un cambio fundamental que, según ha dicho Torres, ya se está notando también en España, donde está aumentando el empleo independiente y el autoempleo.

Torres ha explicado que el cambio tecnológico, que está llegando cada vez más lejos, no tiene una influencia demasiado positiva sobre el empleo, pues provoca que la demanda de trabajo se reduzca en muchos sectores, entre ellos la industria. "Es posible que dentro de 20 años la industria se parezca a la agricultura y que el sector del automóvil, en diez años, sufra una drástica reducción de empleo porque todo lo harán máquinas", ha opinado.

Pero, al mismo tiempo, hay otros sectores que pueden impulsar la creación de empleo en el mundo, también en España, y son los ligados a las personas: la sanidad, el ocio, la educación y la economía verde.

El desafío, pues, resume Torres, es cómo afrontar esos cambios en las relaciones laborales y la respuesta, ha dicho, es la adopción de reformas inclusivas, que no reduzcan la protección social ni generen desigualdades, como sí han hecho 90 de las 120 reformas laborales que se han hecho en Europa desde 2008.

IMÁGENES DE LA JORNADA MUNDIAL

Buenos Aires, Argentina.

Kiev, Ucrania.

Madrid, España.

Moscú, Rusia.

Sâo Paulo, Brasil.

Cádiz España.

Ciudad de México. México.

Tokio, Japón.

Torres advierte de que las reformas laborales no van a poder frenar el cambio tecnológico, pero si son inclusivas, ayudarán a progresar a los países. Como ejemplo, ha citado la reforma que hizo Holanda el año pasado para contener el abuso de los contratos por hora o la implantación en Austria de un sistema de apoyo a los parados con 80 orientadores por cada desempleado.

Aumentan las desigualdades En el caso español, Torres ha señalado que se han hecho cosas positivas, como la protección dada a los falsos autónomos o a los parados de larga duración, pero al mismo tiempo es el país donde más han crecido las desigualdades y mantiene mucho empleo precario pese a la reforma laboral de 2012. "La reforma laboral no ha conseguido mejorar la calidad del empleo.

El proceso de creación de empleo actual es muy positivo, pero hay mucho que hacer para mejorar la calidad del empleo", ha subrayado.

Bogotá, Colombia.

El director del Departamento de Investigaciones de la OIT cree que España tiene "un gran potencial" si hace reformas inclusivas para crear empleo en sectores como la sanidad, el ocio y la cultura; si explota de manera adecuada su atractivo para los inmigrantes cualificados; si dota de suficientes recursos a las oficinas de empleo, y adapta los programas formativos a las necesidades reales. Si hace todo esto, Torres lo tiene claro: "España tiene un buen futuro". http://www.elmundo.es/economia/2015/ 10/07/5614f6ec22601dc1168b4623.html

Madrid, España.

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sindicales

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Acuerdo laboral en el Sena

Formalización de 3.800 contratistas y aumento salarial del 10% Agencia de Información Laboral

C

omo un importante avance para los trabajadores estatales, y en particular para los funcionarios del Sena, fue recibido el acuerdo al que llegaron la semana anterior las directivas y los sindicatos de la entidad, del cual se destacan avances en materia de formalización de trabajadores contratistas y un aumento salarial cercano al 10%.

Sobre este acuerdo laboral, que cobija a más de 6.000 trabajadores directos del Sena, Witney Chávez Sánchez, director del Departamento de Relaciones Laborales de la CUT, y comisionado por esta central para asesorar la negociación, destacó la actitud positiva que la dirección del Sena asumió en esta oportunidad.

“El clima de la negociación fue el apropiado. Se superaron algunas tensiones y hubo buena voluntad de las partes”, dijo, y agregó que tal acuerdo en una entidad tan importante como el Sena “fortalece la línea de la negociación colectiva en el sector público, que ha venido ganando terreno en el país en los últimos años”.

Este año se han firmado cerca de 300 acuerdos laborales en entidades del sector público, incluido el Acuerdo Marco Estatal y el de Fecode, todos al amparo jurídico del Decreto 160, del Convenio 151 de la OIT, y la Ley 411 de 2011.

Aleida Murillo, presidenta de Sindesena, el sindicato mayoritario que lideró la negociación, no escondió su satisfacción por el acuerdo, que fija un reajuste salarial importante, amplía la planta de personal y otros aspectos que tienen que ver con las condiciones de bienestar, vivienda, seguridad y salud en el trabajo. Además, destacó el que la administración del Sena haya aceptado negociar puntos que, según el Decreto 160, no estaba obligada a negociar, como lo del reajuste salarial y la ampliación de la planta de personal.

El pliego que se discutió en la mesa fue presentado de manera conjunta por los tres sindicatos que tienen asiento en el Sena: Sindesena, que es el mayoritario (filial de la CUT), Setrasena y Sinsindesena, ambos minoritarios. Lo que, según Witney Chávez, refleja la fragmentación sindical en la entidad, pero también la posibilidad de lograr acercamientos y acuerdos que conduzcan a resolver problemas comunes.

“Todos los sindicatos que participamos en la negociación teníamos claro que la prioridad era lograr un acuerdo, sin embargo

la discusión y los acercamientos no fueron fáciles, hubo que superar situaciones complejas”, señaló Aleida Murillo, refiriéndose a los condicionamientos del Decreto 160, que en su concepto vulnera la autonomía de las organizaciones sindicales, en especial si son mayoritarias, al obligarlas a ajustarse a los pliegos que presenten otras organizaciones minoritarias. Debido a eso se cayeron algunos puntos importantes, porque los tres sindicatos no lograron ponerse de acuerdo.

Sindesena es un sindicato que tiene 43 años de creado y agremia a 2.600 funcionarios, de un total de 6.900 que hoy tiene la institución con contrato directo, entre instructores y administrativos.

Se formalizarán 3.800 contratistas Actualmente el Sena tiene 6.905 trabajadores directos, entre directivos y funcionarios (hay 400 cargos vacantes), aparte de 680 trabajadores oficiales que no son objeto del acuerdo laboral firmado. Pero tiene más de 30 mil trabajadores contrato y órdenes de prestación de servicios, lo que la ubica como una de las entidades estatales que más recurre a la tercerización laboral en Colombia.

“Ese número de tercerizados cada año crece, y este año más, por ser año electoral”, señaló la presidenta de Sindesena, quien explicó que el sindicato ha interpuesto múltiples recursos para combatir esa masiva tercerización en la entidad, tales como una acción popular que está en trámite, varias acciones penales y requerimientos ante la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.

Solo a principios de este año el Consejo Administrativo del Sena decidió tomar cartas en ese asunto, en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ordena que los funcionarios estatales que realicen labores misionales permanentes deben ser vinculados directamente a la planta de personal de las entidades.

Acordó crear 3 mil cargos directos y 800 temporales, que deberán ser ocupados por personal tercerizado durante los próximos tres años. Esta decisión del Consejo Administrativo quedó refrendada en el acuerdo firmado la semana pasada, y es sin duda el más importante de los 100 puntos pactados.

Otros logros El acuerdo en materia de reajuste salarial señala que la Dirección General del Sena realizará las gestiones necesarias ante el gobierno para que apruebe una nivelación salarial para todos los empleados de la entidad de máximo el 10% de incremento

salarial adicional al definido en el Acuerdo Marco firmado con las centrales sindicales y federaciones de estatales. La otra alternativa es un aumento general de dos grados en la escala salarial, sin que se pierdan los derechos de carrera administrativa.

El presupuesto para educación formal de los trabajadores de la entidad, para la vi-

gencia de 2016, se aumentó en un 50%. Se acordó dar capacitación a los empleados en provisionalidad hasta por 160 horas al mes.

La entidad divulgará ampliamente la normatividad que garantiza el derecho de libre asociación sindical, consagrado en la Constitución Política y convenios de OIT.

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sindicales

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Multan al Hospital de Kennedy Martha Pineda Guio Responsable del Departamento de Organización CUT Bogotá Cundimarca Presidenta Sindistrirales

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n el año 2014 los sindicatos Sindistritales, Sindes y Sintrahosken, en ejercicio del derecho de negociación colectiva y cumpliendo a cabalidad los requisitos de ley, presentaron pliegos de peticiones con el propósito de mejorar progresivamente las condiciones de empleo de los trabajadores.

Sin embargo, la administración del Hospital de Kennedy, en lugar de atender las solicitudes legítimas de los sindicatos, prefirió negarse a negociar, exponiendo a la institución a sanciones económicas que hoy se presentan y generando un profundo malestar entre los empleados.

Por orden de un fallo de tutela que iniciaron las organizaciones sindicales, el Juzgado 72 Penal Municipal de Bogotá ordenó al Ministerio de Trabajo iniciar las investigaciones necesarias con el fin de determinar la responsabilidad de la administración del hospital por su negativa a negociar.

En junio de 2014 el Ministerio de Trabajo inicia la investigación administrativa laboral, decidiendo en septiembre de 2014 sancionar al Hospital de Occidente de Kennedy por más de 3 millones de pesos.

Si bien esta multa es ínfima comparada con el perjuicio causado a los empleados del hospital, quienes se quedaron sin la posibilidad de negociar mejores condiciones de trabajo, esta sanción abrió la posibilidad

para que las organizaciones sindicales realicen otras acciones jurídicas como las siguientes: Acción de repetición para que el hospital cobre la multa al funcionario responsable. Proceso disciplinario contra el funcionario responsable, así ya no se encuentre laborando en el hospital. Denuncia penal por violación a los derechos de asociación y libertad sindical (Artículo 200 código C.P.), en especial el derecho a la negociación colectiva, y la correspondiente acción administrativa para que la multa sea efectivamente cobrada.

Estas acciones se podrán realizar a pesar que el hospital interpuso recursos contra la sanción, el pasado 15 de septiembre el Ministerio de Trabajo mediante Resolución Nº 001804 confirma la sanción al hospital, contra esta decisión no procede recurso alguno por lo que la sanción se encuentra en firme.

Las organizaciones sindicales se encargarán que esta situación sirva de precedente, no solo para el hospital, sino para todas aquellas administraciones que tomen la decisión arrogante

e irresponsable con la imagen institucional y los recursos públicos de no atender las reclamaciones legítimas de los empleados a través de las organizaciones sindicales.

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laborales

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El drama de los contratistas por OPS Pedro Isidro Yepes L. Fiscal CUT Bogotá Cundinamarca

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l Decreto 2400 de 1968, en su artículo primero establece la administración del recurso humano en la rama ejecutiva del poder público, entendiendo por este los funcionarios vinculados a los entes del Estado. En el siguiente artículo define el empleo público y en forma expresa señala: conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

En ningún aparte establece que quien desempeñe las funciones propias del servicio público esté vinculado por un contrato civil, como es el caso del contrato por OPS. El Departamento Administrativo de la Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil son organismos que cumplen sus actividades pero que carecen de lineamientos legales para llevar a cabo su función.

El sector publico desconoce las sentencias de la Corte Constitucional en su misión de defender la Carta Política, para la rama ejecutiva del poder público no son vinculantes ni de obligatorio cumplimiento, más cuando afectan los intereses económicos de la oligarquía criolla, por tanto las sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012, que hacen efectivos estos dos artículos no tienen asidero.

Desde la promulgación de la Constitución de 1991, en el sector salud solamente se presentó una convocatoria para concurso de empleo público en el 2005, y hasta el año 2013 esa convocatoria quedo concluida; ocho años para ocupar puestos vacantes y no se ocuparon todos los que salieron a concurso, es vergonzoso; un solo concurso en 23 años para garantizar por parte del Estado el ejercicio de derechos fundamentales.

Hoy más del 90% de trabajadores el sector salud labora mediante Orden de Prestación de Servicios para el desarrollo de actividades permanentes, contrario a lo que dice la norma: “Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones. Texto declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-614 de 2009.”

Pero la situación es más grave, el acoso laboral, la persecución, la discriminación ejercida en estas entidades del Estado, no se conduele con el Estado Social de Derecho.

A estos trabajadores se les asignan las mismas funciones que a los empleados públicos de carrera, en provisionalidad o de libre nombramiento y remoción, pero se le paga hasta el 50% menos. Cada vez que manifiestan alguna inconformidad se hace reingeniería, es decir, son despedidos, o en términos de ingeniería el contrato no se renueva.

La asignación básica mensual de un contratista por OPS es menor que la asignación de los funcionarios de planta, se incrementa el salario cada vez que los gerentes de las empresas sociales del Estado lo tengan a bien. Generalmente al combo de asesores del gerente se le pagan cifras altas de honorarios, a otros contratistas con funciones similares se les paga menos, no existe ningún control. El único consuelo es: “si no le sirve, aquí hay arrumes de hojas de vida esperando por un puesto”.

En el Distrito Capital hay hospitales en los que hace más de cuatro años no se incrementa la asignación básica a los trabajadores por OPS, que representan el 75% o más de las personas que tienen a su cargo la salud y la vida de un sector de población con profundos problemas sociales.

Los hospitales públicos atienden entre 25 a 30% de la población que corresponde al régimen subsidiado que no aporta al sistema.

El régimen contributivo esta negado para la Empresas Sociales del Estado porque ese negocio es más pulpo, no se le puede dejar a las hospitales públicos.

Las EPS del régimen contributivo corrupto reciben los recursos y los desvían sin ningún control, pues las EPS del régimen contributivo financian campañas de presidentes de la República, senadores, representantes a la Cámara, ministros del Despacho, superintendentes de Salud, etc. o si no, ¿por qué las EPS no le pagan a las IPS públicas o privadas?, porque la

ley no las obliga, porque las EPS del régimen contributivo hacen las leyes y pagan a quien las aprueba, sostienen a quien las sanciona y no están obligadas a cumplir las sentencias de los jueces de la Republica.

Hay contratistas por OPS que no denuncian los abusos a los que están sujetos por temor a perder la única fuente de ingresos de sus familias, pero deben pagar un porcentaje a quien le consigue el contrato.

A estos trabajadores discriminados, el Estado no les paga seguridad social, salud, pensiones, mucho menos riesgos profesionales. En vista del bajo ingreso, estos esclavizados modernos, en su mayoría, cotizan sobre un salario mínimo legal, quienes tienen un contrato por mayor valor; cotizan sobre el 40%. Es decir, ese contrato de Orden de Prestación de Servicios es un fraude total, roba al Estado porque no se cotiza lo establecido por la ley, y eso disminuye los ingresos al sistema pensional, de salud, y de riesgos laborales o profesionales y roba al trabajador. A este último se le agrava la situación pues los contratistas en su mayoría son coaccionados para cotizar en fondos privados de pensiones, es decir, les están robando la plata por punta y punta, pues todos sabemos que en el Régimen de Ahorro Individual (Rais) un trabajador que cotiza sobre un salario mínimo legal tardará muchos años para juntar el capital que le permita obtener una pensión equivalente a un salario mínimo legal, no le alcanza la vida Estos funcionarios no tienen prestaciones sociales, es un contrato civil o sea un exabrupto jurídico en un país de leguleyos. En Colombia no hay facultades de derechos sino fábricas de abogados y manufacturas de tinterillos, más grave, en Colombia no hay Estado, la administración pública es un grupo de corruptos al servicio de intereses foráneos manejado por la oligarquía corrupta criolla que no siente dolor patrio.

Hay trabajadores por OPS que llevan veinte o más años en las entidades públicas y

nunca han tenido un solo día de descanso, no tienen derecho a incapacitarse, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a permisos por calamidad. En un país con más de ciento cincuenta facultades de Derecho, no hay derecho, si las universidades colombianas no forman profesionales para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, hay que cerrarlas y replantear el Estado.

Para terminar, la voracidad de los gerentes de las empresas sociales del estado no tiene límite, establecieron el pago del 5% mensual del sueldo de los contratistas para pagar las glosas que resulten; si no salen glosas tampoco les devuelven este dinero, se lo roban, es decir, para pagar los recursos que las EPS le roban a los hospitales públicos. En conclusión, la salud pública de los colombianos la pagan realmente los trabajadores por contrato OPS con su miseria. Señor Procurador, señores Personeros, hay que hacer valer los derechos humanos de estos servidores públicos en condición de esclavitud.

El presidente Santos en su campaña para el primer mandato ofreció formalizar a todos estos trabajadores desamparados por Dios y por el Estado colombiano, llegó a su segundo mandato y nunca formalizó esta forma miserable de esclavitud producto del neoliberalismo La Ley 1438 que modifica la Ley 100, establece sanciones a los hospitales porque las EPS se roban los recursos de la salud, los gerentes aplican los planes de ajuste fiscal a costa del bolsillo de los trabajadores contratados por OPS y de los derechos laborales de los funcionarios de planta y a las EPS que han usufructuado los recursos les ofrecen planes de pago a siete años, por Dios presidente Santos, a usted su salario lo pagamos los colombianos, cuando se jubile, su pensión la pagaremos los colombianos, por qué a estos trabajadores, usted como cabeza del Estado les vulnera el derecho al trabajo digno, ellos también son colombianos.

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opinión sindical

YEZID GARCÍA

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CONCEJO

Con el apoyo de Carlos Castañeda, presidente y Miguel Ángel Delgado, director Comunicaciones CUT Bogotá Cundinamarca

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opinión sindicales

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La ADE llama a apoyar a Clara López para la Alcaldía de Bogotá

¡No a los candidatos del neoliberalismo!

Jorge Enrique Laverde H. Director del Dpto. Educación CUT Bogotá Cundinamarca

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or primera vez en la historia de Colombia y de la ciudad han sido elegidos alcaldes provenientes de la izquierda, que han gobernado a Bogotá desde el año 2004, los cuales han desarrollado políticas a favor del pueblo, de los más necesitados y se enfrentaron a los grandes capitalistas bogotanos, frenaron la privatización del Estado y sus empresas y servicios.

Ante la nueva contienda electoral la Asociación Distrital de Educadores, ADE, llama a apoyar a la candidata Clara López para poder continuar con estas políticas y, en particular, para seguir fortaleciendo la educación pública.

¿Qué logros se han tenidoen educación?

Entre otros, resaltemos los siguientes: •• S e frenó la entrega en concesión de los colegios nuevos al sector privado.

Peñalosa entregó 25 y tenía proyectado iniciar la entrega de los antiguos.

•• S e construyeron 50 colegios nuevos administrados por el Distrito y se ampliaron y reconstruyeron más de 200 de los antiguos.

•• S e amplió la planta de personal docente de cerca de 23.000 a más de 32.000, garantizando que fueran nombrados aproximadamente 18.000 maestros nuevos para cubrir la ampliación y los retiros presentados, que si se hubiera continuado con la entrega en concesión estarían con bajos salarios y jornada de 8 horas incluidos los fines de semana, con restricciones laborales y de derechos sindicales.

•• S e aumentó significativamente el presupuesto para educación, que pasó de $1 billón en 2003 a $3,4 billones en el 2015, llegando a ser el 25% del gasto de la administración central. En el 2003 era el 13,2%.

•• S e garantizó la gratuidad de la educación para cerca de un millón de niños y jóvenes, que con los gobiernos neoliberales hasta Peñalosa, exigía el pago de pensión y matrícula para la educación básica secundaria y la media.

•• S e redujo la educación por convenio con los colegios privados de más de 130.000 cupos a cerca de 40.000.

•• S e amplió el presupuesto para formación docente llegando a más de $16 mil millones anuales, lo que ha permitido financiar en cerca del 70% las especializaciones, maestrías y doctorados de unos 6.000 docentes.

•• Se amplió el refrigerio y la comida caliente, cobijando a cerca de 700.000 estudiantes, cuando antes no superaba los 100.000, se construyeron restaurantes escolares.

•• Se aumentó el acceso a la universidad a muchos bachilleres con apoyos económicos, la construcción de una sede más de la Universidad Distrital y otras estrategias.

•• Se desarrollaron muchas estrategias de mejoramiento de la calidad educativa apoyando programas y proyectos en beneficio de la mayoría de la población escolar, así algunos hayan sido cuestionados por sus resultados.

•• Se inició la implementación del preescolar de tres grados llegando a cerca de 20.000 niños nuevos en prejardín y jardín vinculados a los colegios oficiales, y no al sector privado como lo defienden los candidatos neoliberales.

•• Se aumentó significativamente el número de orientadores escolares y de apoyo a otros proyectos educativos, e igualmente, la planta administrativa requerida en los colegios, a pesar de que todavía falta mucho.

¿Qué representan los candidatos neoliberales?

Los tres candidatos neoliberales representan los intereses de los ricos bogotanos y del país, pretenden acabar con todos los avances logrados en materia de derechos a la educación, la salud, agua potable, trans-

porte y otros, para ser entregados al capital privado que no ha podido enriquecerse más en los últimos doce años, al haber estado alejados del poder político de la ciudad.

A uno de ellos ya lo conocimos con el Trasmilenio que en un 93% entrega sus ganancias a los concesionarios del transporte, por las losas de la Caracas que le ha costado billones de pesos a la administración en su recuperación, por los bolardos, los colegios en concesión, entre otras cosas.

Los otros dos son fieles representantes de esa clase que nos ha gobernado por años y que pretenden privatizar la educación y demás servicios echando atrás los avances logrados en los últimos años.

La alternativa es Clara Clara ha estado en todos los procesos de unidad de las últimas décadas y ya demostró, cuando hizo parte del gobierno distrital y reemplazó al alcalde Moreno, que actúa ampliamente con todos los sectores y en beneficio de los pobres y sectores medios de la población capitalina.

En este momento ha logrado unificar a toda la izquierda a su alrededor, el PDA, la UP,

el movimiento MAIS, los progresistas, los liberales y conservadores progresistas, la mayoría de la Alianza Verde y otros sectores que representan diversas minorías, lo cual le permitirá realizar un gobierno no excluyente y participativo desde las distintas tendencias políticas de avanzada de la ciudad.

Clara representa la continuidad de las políticas en favor del pueblo y avanzar en la solución del transporte masivo con base en el metro, en mayores garantías a la educación consolidando los tres grados del preescolar y fortaleciendo los demás niveles hasta la educación superior, fortaleciendo las políticas de salud para todos los bogotanos y garantizando poner en servicio el Hospital San Juan de Dios, además de las facultades de medicina de la Universidad Nacional y la futura de la Universidad Distrital, igual garantizará los derechos al agua, las comunicaciones y demás necesidades de la población desde lo público y no lo privado.

El 25 de octubre los maestros, sus familias y la comunidad educativa tienen la responsabilidad de garantizar que sigamos avanzando en los derechos del pueblo. No podemos retroceder.

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EL 25 DE OCTUBRE, A GANAR EN BOGOTÁ...

Aida Avella al concejo de Bogotá Clara López a la alcaldía obtener la Alcaldía de Bogotá. Han sido alcaldías diferentes. Contrario a las anteriores que saquearon y desgobernaron al Distrito.

El reto hoy es mantener ese importante cargo con Clara López, mujer comprometida con la causa de los más necesitados.

Alfonso Ahumada Barbosa Secretario General CUT Bogotá Cundinamarca

E

alfah26@yahoo.es

l movimiento sindical en la capital de la República ha mostrado avances significativos en la lucha que se libra en favor de los derechos e intereses de los trabajadores del Distrito y de la empresa privada, igual que con los trabajadores de la economía popular (informalidad), de las mujeres, de los jóvenes, de la comunidad educativa, afrodecendientes, en fin de los diferentes sectores que conforman la comunidad bogotana.

La presencia activa del sindicalismo en la CUT ha sido prenda de garantía para estos avances. Con el pueblo bogotano en cabeza de sus organizaciones, se logró llegar a

Alfonso Ahumada Barbosa.

Con la participación activa de la Unión Patriótica, vamos también al Concejo de Bogotá con Aida Avella, acompañada por destacados dirigentes sindicales –Alfonso Ahumada Barbosa, como Presidente y hoy Secretario General de la CUT Bogotá Cundinamarca, orgullosamente candidato, convoca a votar por la UP–, y demás dirigentes comunales, con las mujeres y jóvenes, somos prenda de garantía para lograr la presencia de la real oposición en el cabildo distrital. Igual a las JAL, con candidatos probados en la lucha. Nos ha correspondido hacer el trabajo con dedicación, aplicando la consigna de “campaña puerta a puerta, persona a persona y veintitantas horas al día”. Esto nos garantiza

salir elegidos con una votación consiente y con la mejor opinión de los bogotanos.

Los patronos y su gobierno cuentan con mucho dinero (¿mal habido?), tienen su maquinaria, con los medios de comunicación que fabrican a sus candidatos, mostrándolos como los “salvadores”. Pero no, son los verdugos, delincuentes, guerreristas y antisociales que, sin disimular su cinismo descarado, se muestran como “puros”, cuando sus antecedentes son de abierta corrupción y violencia. Nunca habíamos tenido a los medios de comunicación tan a la derecha como en esta época.

Votar por Clara a la Alcaldía y por la Unión Patriótica en cabeza de Aida Avella al Concejo, y por los demás candidatos nuestros, es garantía para evitar que de manera impune, el presupuesto que pasa de los 17,3 billones de pesos, vayan a los bolsillos de la delincuencia política y a las arcas de los enemigos de la paz y fieles representantes del gran capital.

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opinión

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Maltrato laboral en la Defensoría del Pueblo Juan Diego Restrepo Periodista y docente universitario Tomado de semana.com En la agencia estatal que tutela los derechos de los ciudadanos el clima de trabajo se ha deteriorado. El autoritarismo y la veleidad mediática opacan la labor misional.

A

los gritos, repartiendo insultos con palabras soeces a diestra y siniestra, sin miramientos de quién recibe sus groserías y apabullando a sus subalternos.

Así se comporta el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, el funcionario de más alto rango en el Estado que debe promover, proteger y defender los derechos humanos de todos los colombianos.

Entre los profesionales de diversas disciplinas que allí laboran, muchos de ellos de altas calidades académicas, que han puesto su conocimiento y voluntad de servicio social a la misión de la Defensoría del Pueblo, hay una creciente indignación por el trato que les da Otálora y por la manera como su autoritarismo y veleidad mediática afecta la labor de esta agencia del Ministerio Público.

El tema podría quedarse en el ámbito interno, pero una vez escuché a varios funcionarios y leí algunos documentos, consideré que era importante escribir sobre ello, pues se trata de la agencia estatal que vela por los derechos fundamentales de la ciudadanía. Es inadmisible que se vulnere la honra de sus servidores, se irrespeten sus funciones, muchas de ellas de alto riesgo en terreno, y se opaquen los procesos con las comunidades, sobre todo con las más pobres y vulnerables.

Las alertas están prendidas desde hace varios meses y pocos se atreven a hacer públicas sus inquietudes porque le temen a las retaliaciones. A quienes consulté coincidieron en resaltar el deterioro del clima laboral en la entidad, resultado de un régimen autoritario que comenzó el 1 de septiembre de 2012, cuando llegó Otálora al cargo por designación del Congreso de la República.

Su autoritarismo impide el diálogo constructivo y el debate abierto no solo sobre lo que ocurre, sino sobre la magistratura moral que debe cumplir la Defensoría en un país donde la violación de derechos fundamentales sigue siendo pan de cada día.

Uno de los hechos más sonados internamente fue la renuncia de Juan Manuel Osorio, Defensor Delegado para la Orientación y Asesoría a las Víctimas del Conflicto Armado, presentada el pasado 11 de agosto. En una primera carta de dimisión al cargo, que no le fue aceptada y tuvo cambiar el tono, según me aclararon mis fuentes, escribió: “Es inconcebible que sea el dignatario con semejantes responsabilidades quien maltrate, como usted lo hace, en público y privado, de manera frecuente y reiterada, a los directivos y colaboradores de la institución”. Al parecer, no ha sido la primera renuncia por tales motivos.

En su estructura, la Defensoría del Pueblo tiene cuatro direcciones nacionales y once defensorías delegadas, así como su depen-

dencia administrativa, cuyos responsables conforman el cuerpo directivo de la entidad, son el círculo más inmediato de Otálora y quienes tienen que soportar los constantes agravios, tal como lo reseñó Osorio en su primera versión de la renuncia.

El modelo autoritario que impuso Otálora va más allá de los insultos y ha contaminado a sus subalternos más inmediatos, quienes, como bola de nieve, no dudan en actuar siguiendo el carácter de su jefe. Por ello se han afectado derechos fundamentales como el de las mujeres cabeza de familia, permisos de algunos funcionarios para estudiar y dar cátedra en centros de educación superior, y la asociación sindical, por destacar algunos.

Lo paradójico es que quienes buscan hablar de esos temas internamente para buscarles solución han recibido algún tipo de presión para obstruir su objetivo de debatir la situación. Una manera ha sido parar vinculaciones de planta de profesionales que han trabajado cuando menos cinco años como contratistas. Su pecado fue ser cercanos a círculos internos críticos de la actual administración de la Defensoría del Pueblo.

La Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo (Asemdep) también ha padecido la arbitrariedad de Otálora. Esta organización surgió en marzo de 2013 y su constitución fue demandada por la misma Defensoría, que pretendió en los estrados judiciales que se disolviera, liquidara y se cancelara la inscripción en el registro sindical. El proceso final favoreció a Asemdep, según consta en la decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 26 de marzo de 2014.

Hay quienes celebran la reestructuración que lideró Otálora, apalancada en el Decreto 1025 de 2014, que llevó a la entidad a incrementar su planta de personal, que pasó de unos 600 funcionarios a por lo menos 4 mil. Quienes conocen el entramado interno me explicaron que hay que mirar con detenimiento el tema porque lo construido es más un fortín del Partido Liberal, cuyo respaldo a Otálora es total. ¿Y dónde hay que poner la lupa? Primero, en los honorarios. Bajo la administración de Otálora se asignaron sueldos de 18 millones de pesos para los directivos, con viáticos de 800 mil pesos diarios para quienes viajen a terreno.

También hay que observar detenidamente la falta de experiencia de algunos de los que llegaron a esos altos cargos y al parecer su notable falta de formación en derechos humanos, como resultado de la burocratización de la entidad, desdibujan la misión de la Defensoría; además, su trabajo a distancia, desde las oficinas en Bogotá, ocasionan que procesos que se adelantaban con comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas se estén afectando.

Un tercer detalle para mirar con detenimiento es el comportamiento mediático de Otálora, a quien le gusta figurar en prensa.

“El Defensor tiene un enfoque centrado en el protagonismo” de sí mismo, me cuenta un funcionario de la entidad. Esa obsesión mediática tiene dos consecuencias; de un lado, afecta la labor misional porque en razón de querer salir todo el tiempo en los medios pone a los funcionarios a atender

la coyuntura, desatendiendo tareas estructurales como la emisión de informes de riesgo, por ejemplo.

De otro lado, impacta la calidad de la información, pues muchos informes se tienen que hacer con urgencia y en muchos casos no se tienen procesados los datos o si se tienen no hay tiempo de procesarlos y no se incluyen. Es un ritmo obsesivo que también desdibuja la misión de la entidad, pues en el afán de mostrarse, se modifican conceptos técnicos en relación con la guerra para presentarla como mejor se venda ante los medios.

Y un cuarto detalle es la falta de acciones contundentes como organismo de control contra agentes del Estado vulneradores de derechos humanos. No quiere incomodar a nadie en el poder, es uno de los cuestionamientos que le hacen. Incluso, hay quienes me dicen que se han bloqueado misiones a comunidades en riesgo por instancias de poder que tienen injerencia en el despacho del Defensor.

Con quienes hablé no dudan en advertir que este ejercicio de poder autoritario, politiquero y mediático que padecen en la Defensoría del Pueblo va en contravía del espíritu de la Constitución de 1991, que creó esta agencia con el ánimo de que la ciudadanía tuviera un respaldo estatal neutral y al margen de todo compromiso particular. Sería importante que Otálora aclarara tanto cuestionamiento, pues aún le faltan 348 días para acabar su mandato y sería torpe hacerlo bajo un clima laboral tan enrarecido.

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sindicales

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Comunicado a la opinión pública

Masacre Laboral en British American Tobacco

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l Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Tabaco en Colombia, Sintraintabaco, denuncia ante la opinión pública en general, que la multinacional British American Tobacco, en desarrollo de su política de obtener más ganancias a menos costos a cualquier precio, ha realizado toda una masacre laboral en contra de los trabajadores, mediante planes de retiro presionados, para cerrar la planta de producción que esta multinacional tiene en Bosa, Bogotá, con el beneplácito y confabulación del Ministerio del Trabajo, quien autorizó la solicitud de despidos colectivos de los trabajadores, sin tener en cuenta el estado de salud de los mismos y los fueros sindicales de quienes continúan luchando por el derecho al trabajo mediante una reubicación laboral.

La multinacional British American Tobacco compró a Protabaco S.A.S.

en el año 2011 por 452 millones de dólares, compra que fue catalogada como el negocio del año y en el que sus representantes manifestaron públicamente, por diferentes medios de comunicación, que llegaban a Colombia a generar empleo y bienestar social, que respetarían las leyes y los derechos de los trabajadores, pero desde su llegada, la nueva administración emprendió una política antiobrera tal que 4 años después de su compra, cierra la planta de producción en Colombia y de paso pretende acabar con la convención colectiva de trabajo y las organizaciones sindicales existentes en ella, pasando por encima de los acuerdos internacionales, entre ellos los referidos al derecho al trabajo y el de asociación sindical.

Desde el anuncio del cierre, Sintraintabaco solicitó ante el Mintrabajo una investigación y sanción a la multinacional BAT, por realizar un cierre por la vía de hecho, sin

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CENTRO DE ATENCIÓN LABORAL Carrera 21 Nº 41-61 Barrio La Soledad Tel.: 2878135 Email: c.a.l.bogota@gmail.com

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autorización de las entidades competentes y violando las leyes colombianas, sin que a la fecha le haya dado respuesta, pero en cambio, diligentemente premia a la BAT autorizando los despidos colectivos de los trabajadores y yendo más allá, autoriza el cierre de la fábrica de producción de Bosa, Bogotá, sin tener en cuenta los argumentos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, dejando más de 600 familias en la calle, desde su llegada a Protabaco.

Llamamos a la solidaridad de los medios de comunicación y de la comunidad en general, para denunciar la demagógica política de la inversión extranjera en Colombia, ya que las multinacionales en Colombia solo han generado desempleo, contaminación, hambre y pobreza, como también denunciar al Mintrabajo por su complicidad con esta masacre laboral, al aprobar la solicitud de despidos y cierre sin ningún estudio técnico serio para tal decisión.

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efemérides

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Apoya Martha Pineda Guio Responsable del Departamento de Organización CUT Bogotá Cundimarca

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internacional

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El cambio climático: inminente amenaza para la humanidad Karen Julieth Castro F. Estudiante de Ciencia Política, Universidad del Rosario Tomado de nuevagaceta.co

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esde hace algunos años, hay un consenso en el mundo sobre el hecho de que el cambio climático es una realidad y es la mayor amenaza que enfrenta el planeta. Este es causado por el hombre, quien produce y emite gases de efecto invernadero CO2 a la atmósfera, a través del uso de combustibles fósiles, como el petróleo y la energía eléctrica, provocando el aumento de la temperatura y distorsión en el sistema climático global, siendo este fenómeno uno de los principales retos que debe enfrentar la humanidad.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, se prevé que el mundo puede llegar a tener dos o tres grados más de temperatura para el 2100, con la posibilidad de que aumente si las metas sobre cambio climático presentadas hasta el momento a la ONU por los gobiernos no crecen, pues las emisiones están por encima de las necesarias para evitar que el calentamiento supere los 2o C.

Pero, ¿por qué cada grado más de temperatura importa? La razón se debe a que las crisis climáticas afectan la productividad agrícola, la seguridad alimentaria, incrementan el nivel del mar, causan daños en los páramos y en los ecosistemas de alta montaña, donde se produce la mayor cantidad de agua. Por estas razones y muchas más, no se puede hablar de que sea una cuestión normal y de que se pueda solucionar con quitarse un saco o tomarse un refresco.

Por eso, el gobierno colombiano ha anunciado el compromiso de disminuir la emisión de gases en un 20%, porcentaje que será ratificado ante la Convención del Marco de las Naciones Unidad sobre el Cambio Climático en Paris, en el mes de diciembre. Sin embargo, cabe pensar que no es suficiente para afrontar los cambios de clima. Se prevé que el país será una de las zonas más afectadas y la prueba de esto es la difícil situación en varios municipios a causa de los incendios provocados por la sequía que produce la distorsión climática. Es imposible olvidar las imágenes del desastre ambiental en Casanare en el 2014.

Entonces, el país necesita preparase para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, que dependerá principalmente de las decisiones políticas de los gobiernos, pues, en sus manos estará que se lleven a cabo los planes para hacer frente a este fenómeno.

En Colombia este es un tema del que poco se habla, y son muy pocas las iniciativas gubernamentales, a pesar de que es un país vulnerable, porque la mayor parte de la población se encuentra en las partes altas de las cordilleras, donde, en el futuro habrá escasez hídrica e inestabilidad de los suelos, y en las costas, donde el aumento del nivel del mar y las inundaciones pueden afectar los asentamientos humanos y actividades económicas claves, según el Ideam.

Una excepción es Bogotá, donde de las cosas que podemos destacar del plan de gobierno del alcalde Gustavo Petro es haber incluido entre sus ejes de trabajo la adaptación de la ciudad al cambio climático. Entre sus logros está haber puesto en circulación 200 buses híbridos en la carrera séptima, 50 taxis eléctricos, fortalecer el reciclaje e incentivar el uso de la bicicleta.

Ahora bien, es el momento oportuno para escoger el futuro de nuestro país. A pocos días de las elecciones locales y municipales, deberíamos exigirles a los candidatos tener entre sus agendas planes en defensa de nuestros recursos naturales. Por ejemplo, iniciativas orientadas a la disminución de la deforestación, generación de sistemas agroforestales de alta captura de carbono.

Igualmente, es necesario un cambio en la forma de producir y usar la energía. La sustitución de fuentes de energía sucias (carbón, gas, nuclear y petróleo) por otras limpias (solar y eólica). Al igual que ampliar los espacios académicos para generar procesos de difusión, educación y concientización de la población.

Es el momento de comprometernos con el planeta. El cambio climático nos obliga a cambiar nuestra manera de concebir el crecimiento económico, ya que no se pueden destruir los recursos, como las fuentes de agua, a costa de la economía. Por

tanto, los municipios y los departamentos, con el manejo adecuado de sus recursos, deberán incluir iniciativas que reduzcan los riesgos frente a los cambios climáticos y que promuevan nuevos estilos de vida para que sean amenos con el entorno.

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Nº 133, octubre de 2015

Carlos E. Castañeda R.

Luis Fernando Abadía

Bernardo Raúl López

Alfonso Ahumada B.

Presidente

1er Vicepresidente

2º Vicepresidente

Secretario General

El 25 de octubre con Clara,

¡al triunfo!

Nohora Bulla G. Tesorería y Finanzas

Catorce de los quince integrantes del Comité Ejecutivo de la CUT Bogotá Cundinamarca han expresado de manera pública y activa su respaldo a la candidatura de Clara López a la Alcaldía de Bogotá.

Ellos, además de representar variadas posiciones políticas, reflejan la posición de los trabajadores de Bogotá en la lucha por el trabajo decente, la defensa de lo público y la transparencia política y administrativa.

Pedro Isidro Yepes L. Fiscal

Jorge Enrique Laverde H.

Miguel Ángel Delgado Comunicaciones

Educación y Proyectos

Esperanza Lozano A.

Celmira Herrera Urrea

Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad

Juventud, Salud y Seguridad Social

María Victoria Forero I. Em presas Transnacionales

Carlos A. Velásquez

Carlos Arturo Rico G.

Recursos Naturales y Medio Ambiente

Asuntos Legislativos y Jurídicos

Manuel Ángel Téllez G. Relaciones Laborales y Negociación Colectiva