MÁS INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL

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MÁS INVERSIÓN

PARA EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL

❯❯ La Ley 2056 de 2020 continúa el proceso de fortalecimiento del Sistema General de Regalías impulsado por el gobierno a través de una reforma constitucional para incrementar las asignaciones directas a los municipios productores, sin desmejorar las asignaciones a los demás municipios.

LA NUEVA LEY DE REGALÍAS (LEY 2056 DE 2020) IMPLICA UN CAMBIO TRASCENDENTAL EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS A LAS REGIONES GENERAN-

DO MAYOR INVERSIÓN A TRAVÉS DE CUATRO EJES: en primer lugar, un aumento de las asignaciones directas a las regiones productoras y con mayores recursos para los municipios más pobres del país; en segundo lugar, un ciclo de los proyectos más eficientes, con reducción de tiempos, eliminación de cuellos de botella y actualización de procedimientos; en tercer lugar, retorna la gobernanza de los recursos a los municipios y departamentos con la eliminación de los OCAD, lo que elimina actores en

las instancias de viabilidad, aprobación y ejecución de los proyectos, y en cuarto lugar, un sistema de seguimiento, evaluación y control, con énfasis en gestión de los proyectos con enfoque preventivo. El anterior esquema es muy importante, puesto que las regalías representan una importante fuente de financiación de la inversión pública territorial. Estos recursos han representado entre 20 % y 25 % de la inversión de los territorios y, en particular, en los municipios de

LUIS ALBERTO categorías cuarta, quinta y sexta, donde repre-

RODRÍGUEZ sentan cerca del 10 % de sus ingresos totales.

OSPINO1 La Ley 2056 de 2020 continúa el proceso de

DIRECTOR DEL fortalecimiento del Sistema General de RegaDEPARTAMENTO NACIONAL lías (SGR) impulsado por el gobierno a través

DE PLANEACIÓN de una reforma constitucional para incrementar las asignaciones directas a los municipios productores, sin desmejorar las asignaciones a los demás municipios. Este cambio fortaleció la autonomía de los gobiernos locales y definió mejores esquemas para la participación ciudadana. La reforma aprobada por medio del Acto Legislativo 05 de 2019, y reglamentada mediante la Ley 2056 de 2020, se fundamentó en tres elementos: primero, la necesidad de reconocer que las entidades productoras registran los impactos directos de la actividad extractiva; segundo, que estas entidades requieren incentivos para fomentar de manera sostenible estas actividades y man-

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EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, DE MANERA ARTICULADA CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, IMPLEMENTARÁ MEDICIONES DE DESEMPEÑO PARA DETERMINAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, CON UN ENFOQUE PREVENTIVO.

tener la inversión social, y tercero, amortiguar los efectos de la fuerte volatilidad del precio del petróleo desde el año 2014. En los primeros meses de 2014, el barril de crudo se cotizaba por encima de los 100 dólares, pero el precio cayó rápidamente hasta llegar a rondar los 30 dólares por barril a mediados de 2016, lo que significó una importante reducción de recursos para los municipios productores. Es importante destacar que el incremento en las asignaciones directas será de un 11,2 % a un 25 %. Esto significa que con la reforma se genera un aumento aproximado de 1,8 billones para el bienio 2021-2022, respecto a los 2,07 billones del presupuesto actual, para llegar así a un gran total de 3,86 billones. De dichas asignaciones, 5 puntos porcentuales, es decir, 771 mil millones de pesos, podrán ser anticipados a los municipios productores, con el fin de robustecer la asignación para los municipios y departamentos productores de recursos naturales no renovables. Por otra parte, una de las grandes apuestas de esta reforma fue el fortalecimiento de la autonomía de las entidades territoriales, por lo cual se eliminaron alrededor de 1.100 Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), para dejar a cargo de cada entidad beneficiaria la formulación, viabilidad, priorización y aprobación de los proyectos. Debemos resaltar el aumento en la asignación para la inversión local, que en el bienio 2021-2022 será de 2,3 billones de pesos. A través de las asignaciones a municipios focalizados, 1.039 de ellos recibirán un total de 1,96 billones de pesos, los cuales podrán financiar proyectos que apunten al cierre de brechas. Asimismo, habrá una asignación para proyectos con enfoque étnico. Entre tanto, la asignación para la inversión regional continúa siendo el 34 % de las regalías, distribuido en dos vías: 60 % para los departamentos y 40 % para las agrupaciones de departamentos que conforman las regiones establecidas en esta misma ley. Los proyectos que se presenten bajo este último esquema deberán ser aprobados por el OCAD regional. De igual manera, esta reforma respondió a las problemáticas identificadas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), de tal forma que esta asignación pasa del 9,4 % al 10 % de los recursos del SGR. Para 2021 se tendrá una bolsa concursable por departamento de acuerdo con los criterios de distribución de la Asignación para la Inversión Regional, y desde 2022 una bolsa concursable de carácter nacional, que seguirán siendo aprobados por convocatorias públicas, abiertas y competitivas. Con estas mejoras lograremos que en solo tres años (2020-2022) se aprueben casi 3 billones de pesos de la Asignación CTI en proyectos por convocatorias, que contrasta con los 3,7 billones en ocho años (2012-2019) bajo el anterior esquema de funcionamiento.

❯A través de las asignaciones a municipios focalizados, 1.039 de ellos recibirán un total de 1,96 billones de pesos, los cuales podrán financiar proyectos que apunten al cierre de brechas.

La reforma incluye, por primera vez, una asignación ambiental, en la que se destina un 5 % del total del presupuesto del SGR para protección de áreas estratégicas, lucha contra la deforestación, proyectos de desarrollo sostenible y energías renovables no convencionales. Por su parte, la Asignación para la Paz mantiene el ciclo de proyecto vigente, en el que el OCAD Paz viabiliza, prioriza y aprueba los proyectos de inversión que benefician a los municipios PDET. Adicionalmente, se adelantará el 70 % de los recursos que se espera recaudar entre las vigencias 2023-2030, para fortalecer el Plan Marco de Implementación, que representan aproximadamente 2,3 billones de pesos, que sumados a los recursos del bienio 2021-2022 (1,1 billones) y la incorporación de los rendimientos del sistema (1,6 billones) permitirán disponer de recursos por 5 billones de pesos en el próximo bienio. Con respecto al control de los recursos del SGR, el Departamento Nacional de Planeación, de manera articulada con la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, implementará mediciones de desempeño para determinar la gestión de dichos recursos, bajo un enfoque preventivo. De tal manera, las entidades beneficiarias con adecuado desempeño definirán y ejecutarán directamente sus recursos, y se activarán mecanismos de seguimiento, acompañamiento y protección de los recursos para los municipios y departamentos que tengan un desempeño deficiente. Es importante resaltar que los recursos de regalías tendrán un importante rol en el proceso de reactivación económica y el empleo de las regiones afectadas por la pandemia de la COVID-19, mediante dos componentes: el primero, enfocado en la aprobación directa y la concertación entre los departamentos y municipios para la financiación de proyectos de inversión en sectores estratégicos, con cargo a los saldos de vigencias anteriores del Fondo de Compensación Regional y del Fondo de Desarrollo Regional, los cuales, con corte a septiembre de 2020, se acercan a los 3 billones de pesos; el segundo corresponde al 60 % de los recursos de la Asignación para la Inversión Regional con los que cuentan los departamentos para el año 2021. De esta forma, la nueva ley de regalías permitirá generar mayor inversión en los departamentos y municipios, lo cual, sin duda, se reflejará en el bienestar de todos los colombianos. EC

❯La reforma incluye, por primera vez, una Asignación Ambiental en la que se destina un 5 % del total del presupuesto del SGR para protección de áreas estratégicas, lucha contra la deforestación, proyectos de desarrollo sostenible y energías renovables no convencionales.