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ENDEUDAMIENTO TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LOS MUNICIPIOS
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ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
CUNDINAMARCA Una de las regiones que más ha utilizado la figura de endeudamiento es Cundinamarca. Según el informe de viabilidad fiscal realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a corte de 2020, la entidad presentó un saldo de deuda por $654.174 millones, concentrados en un 98 % en deuda interna principalmente en crédito de fomento y banca comercial, recursos invertidos en mejoras de los escenarios deportivos, culturales, agropecuarios, de instituciones educativas, bienes muebles de propiedad del departamento, mejoramiento y rehabilitación de corredores viales e infraestructura hospitalaria.
La entidad también ha acudido a crédito externo, aunque corresponde solo a un 2 % del total de la deuda, esto le permite tener un índice bajo de riesgo por cobertura de intereses y de tasa de cambios significativos, dada la baja representatividad de la deuda externa dentro del portafolio. Además, su calificación AAA en capacidad de pago y deuda a largo plazo, representa un gran potencial para cumplir sus obligaciones y poder acceder a nuevas operaciones de crédito.
Adicional, fue una de las entidades que se acogió durante la pandemia a los beneficios otorgados por la nación, congelando la deuda pública interna de corto plazo, lo que significó un aplazamiento de cerca de $52.000 millones lo que le permitió tener mayor liquidez para atender la crisis generada durante la emergencia.
ANTIOQUIA De acuerdo con el informe de viabilidad fiscal del MHCP, el departamento de Antioquia presentaba un saldo de la deuda, a corte de 2020, cercana a los $1.679.283 millones, representados en un 81 % en deuda interna y un 19 % en externa, lo que supone tener un buen nivel de disciplina fiscal que garantice los riesgos de los efectos cambiarios, en especial, el del dólar, moneda que respalda estas obligaciones.
Contrario a algunas gobernaciones que durante la pandemia prefirieron acogerse a los beneficios del Gobierno aplazando el servicio de la deuda, Antioquia, durante la vigencia 2020, obtuvo crédito por cerca de $172.000 millones.
Sin embargo, se considera financieramente estable, conservando su calificación AAA para crédito interno.
ATLÁNTICO El departamento ha acudido a la figura de endeudamiento representada ciento por ciento en deuda interna. Según el informe de viabilidad fiscal del MHCP, con corte a 2020, estaba representada en $395.000 millones. Esta concentración en créditos internos le permite no tener riesgos cambiarios, sin embargo, las nuevas reglas otorgadas por ley lo facultan para que con la calificación AA+ pueda acceder a deuda externa.
VALLE DEL CAUCA Otro ejemplo positivo de disciplina fiscal es el Valle del Cauca que, a corte de 2020, presenta deuda interna ciento por ciento por valor de $320.000 millones de acuerdo con el informe de viabilidad fiscal del MHCP y mantiene su calificación AAA. Durante 2020, se acogió a los beneficios otorgados por la nación durante la pandemia y desembolsó cerca de $40.000 millones, lo que supone un manejo efectivo de sus finanzas y un acertado cumplimiento de los indicadores.
LA EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DEL ENDEUDAMIENTO SE DESPRENDE NO TANTO DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS POSITIVAS PARA LA ENTIDAD QUE LO TOME, SINO DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN QUE SE FINANCIEN CON ESTA FUENTE DE RECURSOS, Y ES EN ESTE FRENTE EN DONDE MÁS DEBE AVANZAR EL PAÍS.
MIRADA EN PERSPECTIVA
La evolución de las regiones y su importancia en la economía nacional ha llevado a un punto de replantear las reglas fiscales, en una evolución en donde no se limiten solo a favorecer resultados fiscales positivos, sino a promover inversiones que permitan acelerar las metas de desarrollo.
En este sentido, el endeudamiento como fuente discrecional de los departamentos y municipios puede ser una importante palanca de crecimiento económico y desarrollo regional, elevando su nivel a medidas de pares internacionales comparables, y garantizando su uso en sectores de inversión detonantes de desarrollo.
La efectividad y eficiencia del endeudamiento se desprende no tanto de las condiciones financieras positivas para la entidad que lo tome, sino de la calidad y pertinencia de los gastos de inversión que se financien con esta fuente de recursos, y es en este frente en donde más debe avanzar el país.
Los mecanismos de seguimiento al buen uso de los recursos públicos han sido deficientes para controlar la corrupción y la ineficiencia en el uso de recursos públicos, razón por la que suelen estar estos tópicos en el top 3 de preocupaciones de los colombianos1 .
Un endeudamiento bien utilizado en proyectos de inversión, detonantes de desarrollo económico y prosperidad, es un motor positivo de desarrollo, por el contrario, uno mal destinado en obras innecesarias, con sobrecostos y poco pertinentes, tendrá el efecto negativo y se consolidará como una barrera de desarrollo como ya lo vivió el país en los años noventa.
En este sentido serán necesarias metodologías de seguimiento al impacto social y económico de los recursos de crédito en los territorios a implementar, por parte no solo de las entidades territoriales y los organismos de control, sino de los mismos financiadores, quienes no han tenido hasta el momento un aporte activo en este frente.
Los departamentos que han utilizado el crédito como fuente de financiamiento de inversión se han limitado, salvo contadas excepciones, al uso de mecanismos de financiamiento ofrecidos por la banca local, con condiciones similares en estructura (plazos, gracia, forma de pago y garantías) y con cambios en costo dependiendo de la percepción de riesgo, tamaño, interés estratégico, manejo de recaudos, reciprocidades que perciban los prestamistas de la entidad territorial.
En los mecanismos de financiamiento hay otro frente de mejora y crecimiento para el endeudamiento territorial que les permita ampliar plazos de repago, optimizar costos y mezclar garantías, así como abrir o aumentar la oportunidad para que otros segmentos del mercado entren al financiamiento de planes de inversión de los territorios, en una mejor utilización del mercado de capitales a través de colocaciones de deuda en este mercado, y una participación de diversos tipos de ahorro en el financiamiento de las iniciativas de inversión regional.
Las entidades territoriales y, en especial, los departamentos tienen una inmejorable historia crediticia que debería facilitar este proceso.
En este contexto hay una gran oportunidad país para financiar el desarrollo de las regiones, proyectos que mejoren la competitividad y promuevan el desarrollo social y económico, haciendo uso del endeudamiento en una mayor escala a los niveles actuales, con las adecuadas fuentes de fondeo y nuevos mecanismos de acompañamiento a la ejecución de recursos que garanticen un adecuado uso de los mismos, mejorando su eficiencia y efectividad, mediante una adecuada ejecución en proyectos pertinentes bien estructurados y de comprobada utilidad para el desarrollo de las regiones. EC
❯❯ Con la calificación AA+, Atlántico está facultada para acceder a deuda externa, teniendo en cuenta las nuevas reglas otorgadas por ley.
1. https://www.elcolombiano.com/colombia/principales-problemas-de-colombia-inseguridad- 73 corrupcion-economia-encuesta-invamer-KP17099407
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ENDEUDAMIENTO TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LOS MUNICIPIOS
GILBERTO TORO GIRALDO
DIRECTOR EJECUTIVO FEDEMUNICIPIOS HISTÓRICAMENTE COLOMBIA ha sido reconocida como una economía ortodoxa y disciplinada en el cumplimiento de sus obligaciones externas. En los años 90, cuando los temibles efectos tequila (1994), samba (1998) y tango (2001) recorrieron América Latina, y la crisis económica golpeó a Colombia con una reducción del 4 % de su PIB, el pacto fiscal entre la nación y las entidades territoriales sufrió una profunda modificación, pues si no defendíamos la salud fiscal, el desequilibrio macroeconómico arrastraría a las entidades territoriales, como ocurrió con la caída de las llamadas transferencias entre 1999 y 2000.
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En este contexto, en el que en la mayoría de las regiones de Colombia el Estado es el principal generador de empleo y, posiblemente, el único factor que puede movilizar la demanda,la lógica de obligar por ley al superávit corriente territorial está mandada a recoger.
Así, con el telón de fondo de las crisis financieras de las economías emergentes de los 90, Colombia creó uno de los marcos de disciplina fiscal territorial más estrictos, reconocidos y destacados por las entidades financieras internacionales.
Como consecuencia, 20 años después, las entidades territoriales presentan una apreciable salud fiscal, por lo menos en promedio. El endeudamiento territorial está muy lejos de ser un factor de riesgo macroeconómico, aun bajo la peor crisis económica del último siglo.
Pero esto ha ocurrido a costa de castigar el financiamiento como una fuente de apalancamiento para el gasto territorial, y podría ser, tal vez, el mayor de los actuales errores en el manejo fiscal subnacional. La alta aversión que las entidades territoriales colombianas tienen frente al crédito nos lleva, como sociedad, a desperdiciar uno de los mecanismos más tradicionales para traer flujos futuros de dinero y aplicarlos a la transformación de las condiciones de vida de las comunidades locales.
Mientras que para el 2019, 374 municipios reportaron el desembolso de nuevas operaciones de crédito público, para el 2020 solo 103 adquirieron nueva deuda. Por supuesto, aunque en este último año hay un efecto innegable de la pandemia, para las últimas tres vigencias (2018-2019-2020), 503 municipios
(45 %), no hicieron uso de nuevo endeudamiento por la vía de operaciones de crédito público. Esto a pesar de que para la vigencia 2020, 1092 municipios (99 %) presentó superávit corriente y 816 (73 %) superávit total.
La tesis sobre la cual se erige la Ley 617 de 2000, y que consiste en obligar a las entidades territoriales a obtener superávit corriente, tenía lógica en un momento en el que Colombia buscaba tomar distancia de los casos de Brasil y Argentina, cuando la deuda de sus estados fue uno de los factores que desencadenó las crisis financieras en esos países. Veintidós años después, la realidad es muy distinta.
Por un lado, la generalidad de las entidades territoriales tiene un endeudamiento controlado, y la deuda pública territorial representa solo el 1,73 % del PIB, por el otro, estamos obligados a superar la peor de las crisis económicas de la historia, una que no fue financiera sino real: la casi detención del aparato productivo global y la puesta en marcha del instrumento económico, después de los confinamientos, ha traído un fenómeno de crecimiento más inflación que está poniendo a prueba hasta las economías sólidas.
En este contexto, en el que en la mayoría de las regiones de Colombia el Estado (municipio y gobernación) es el principal generador de empleo y, posiblemente, el único factor que puede movilizar la demanda, la lógica de obligar por ley al superávit corriente territorial está mandada a recoger.
Es más, estamos tarde para meterle mano profundamente a los límites de la Ley 617 de 2000 y a su principal y más inútil herramienta: la categorización municipal.
Como absurdo sería pedirle a cualquier ciudadano que compre vivienda solo ahorrando, absurdo es esperar que los municipios impulsen transformaciones profundas, estructurales sin acudir al financiamiento.
Para no ir más lejos, ¿sería viable el metro en Bogotá sin endeudamiento? No, punto. ¿Alguien duda que el metro en Bogotá es necesario? No, nadie, punto. ¿Necesitamos endeudarnos para hacer el metro en Bogotá? Sí, punto.
SIEMPRE QUE LOS RECURSOS SEAN APLICADOS A PROYECTOS DE LARGO ALIENTO QUE TRANSFORMEN LAS CONDICIONES DE VIDA Y QUE MEJOREN LAS DEL TERRITORIO PARA PRODUCIR RIQUEZA, ESTAREMOS A LA VEZ INCREMENTANDO LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO Y DESATANDO UN CÍRCULO VIRTUOSO.
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❯❯ Muchas de las transformaciones que requieren nuestros territorios sí demandan bienes físicos colectivos: vías, puentes, centros de transformación productiva, centros de investigación...
Por supuesto que no todas las políticas de desarrollo implican la formación bruta de capital fijo, pero muchas de las transformaciones que requieren nuestros territorios sí demandan bienes físicos colectivos: vías, puentes, centros de transformación productiva, centros de investigación y ciencia, colegios, hospitales, centros deportivos, terminales de transporte, de carga, plazas de mercado, plantas de beneficio animal, redes de servicios públicos, conexión a Internet y tantos ejemplos más.
Un buen gerente público, entre otras, logra estructurar una sana matriz de financiamiento, en donde el apalancamiento a través de crédito se incorpora en la proporción adecuada para generar rentabilidad financiera y social, en donde la capacidad de endeudamiento del ente territorial dicta el límite de un adecuado perfil de deuda.
Siempre que los recursos sean aplicados a proyectos de largo aliento que transformen las condiciones de vida y que mejoren las del territorio para producir riqueza, estaremos a la vez incrementando la capacidad de generación de ingresos del municipio y desatando un círculo virtuoso.
Conclusión: Reforma de la Ley 617 de 2000 ¡ya! EC
08 CÉSAR ARIAS. Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. “Se logrará la reducción de la deuda como porcentaje del PIB, tres años antes de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2021, convergiendo de manera gradual y ordenada al ancla de deuda dispuesta por la regla fiscal”.
22 JORGE IVÁN GONZÁLEZ Y ROBERTO ARIZA. Universidad Externado de Colombia. “Existe cierto consenso en que una deuda es sostenible si la dinámica del PIB es mayor a la de las tasas de interés. En sí mismo, este principio es válido, pero los hechos están mostrando que este postulado básico no se ha cumplido”.
28 JUAN CAMILO RESTREPO. Exministro de Hacienda y de Agricultura. “Seguimos manejando uno de los déficits fiscales más altos de la región, lo que requerirá esfuerzos adicionales en los años venideros para alcanzar una sostenibilidad aceptable en las finanzas públicas”. 36 JUAN PABLO CÓRDOBA GARCÉS. Presidente Comité Autónomo de la Regla Fiscal. “Un país con unas finanzas públicas sostenibles genera confianza sobre su capacidad de honrar su deuda y de atender las necesidades de bienes y servicios de su población”.
44 ISIDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Economista, profesor de economía. “La colocación de nueva deuda para cubrir los faltantes de liquidez de tesorería y el financiamiento de la ejecución del gasto de las vigencias fiscales se tiene que adaptar a las condiciones económicas y a la estructura oligopólica del mercado crediticio nacional e internacional”.
52 MIGUEL ALFONSO MONTOYA OLARTE. Contraloría Delegada Economía y Finanzas. “Las reglas fiscales, basadas en metas puntuales de superávit y deuda, por sí solas no garantizan la sostenibilidad, ya que las finanzas públicas guardan una estrecha relación con las otras variables macroeconómicas”.
58 ÓSCAR BECERRA, DAVID PÉREZ-REYNA, HERNANDO ZULETA. Uniandes. “La tendencia del gasto público en pensiones muestra que si bien no es extremadamente alto, sí mantiene una presión constante y significativa sobre las finanzas públicas”.
ISSN 0120-4998
