Plan de acción 2017 Antonio Álvarez Desanti by Daniel Salazar Murillo

El presente documento es un plan de acción basado en una planificación estratégica diseñada para atender las necesidades expresadas por la ciudadanía. El programa de gobierno exhaustivo está en construcción.

De Cara al Milenio Índice Introducción I. La revolución del siglo XXI: transparencia y eficiencia Programa de Acción Política A. Infraestructura digital B. Gobierno digital C. Observatorio de compras públicas D. Firma digital E. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología II. Empleo: el desafío económico y social Programa de Acción Política A. Programa Emprende Joven B. Programa Emprende Mujer C. Red de cuido D. Educación dual E. Avancemos2.0 F. Desarrollo regional G. Sector agropecuario H. Turismo I. Estrategia para la competitividad Simplificación de trámites Formación de “clústeres” J. Promoción de inversiones y exportaciones Atracción de inversiones Facilitación del comercio internacional Promoción de exportaciones agroindustriales K. Infraestructura de transporte Elevar la eficiencia del transporte de personas y carga a lo largo del territorio nacional Un salto adelante en el desarrollo de las grandes terminales de logística internacional y de los pasos de frontera terrestres Mejora de la capacidad de gestión del desarrollo de infraestructura pública L. Electricidad para el desarrollo

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M. Reforma fiscal integral III. Seguridad humana inclusiva Programa de Acción Política A. Prevención social B. Seguridad ciudadana C. Seguridad con enfoque de género D. Sistema penitenciario IV. Calidad de vida para todos Programa de Acción Política A. Congestión vehicular B. Listas de espera y modernización de la CCSS C. Cambio climático Mitigación del cambio climático Adaptación al cambio climático D. Ambiente E. Educación F. El deporte y la recreación por una mejor calidad de vida V. Cultura de inclusión y derechos humanos Programa de Acción Política A. Derechos humanos B. Política exterior Promover y desarrollar una relación privilegiada con el Hemisferio Americano Promover y desarrollar una política exterior con proyección Global De la cooperación y el Servicio Exterior VI. A modo de conclusión

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Introducción En cumplimiento del Artículo 20, Inciso C del “REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ELECCIONES INTERNAS DE: Convención Nacional Interna, Asambleas Distritales, Asambleas de Movimientos, Asambleas de Sectores”, el cual establece el requisito de: “Presentar un programa de acción política sobre la realidad nacional dentro de los marcos programáticos del Partido”, la tendencia y movimiento de Antonio Álvarez Desanti presenta su Programa de Acción Política. Para este efecto, se seleccionaron temas de la realidad nacional identificados por los ciudadanos como prioritarios, para los cuales se hace referencia al marco programático del Partido (entiéndase Carta Fundamental o Estatutos) que justifica y orienta nuestra propuesta y la respectiva propuesta de acción política. Estos grandes temas son: Empleo, Seguridad Humana Inclusiva, Calidad de Vida, y Cultura de Inclusión y Derechos Humanos. Temas en donde un Estado entrabado no cumple a satisfacción su papel de coadyuvar en la solución de las demandas ciudadanas e, incluso, en ocasiones agrava los problemas. Ahora bien, el entorno del desarrollo nacional está determinado por un cambio tecnológico acelerado (inteligencia artificial, robotización, móviles, Internet de las cosas, biotecnologías, y agricultura de precisión, entre otros). Este conjunto de innovaciones disruptivas está madurando en estos momentos y se acelerará durante la Administración Álvarez Desanti. Esto plantea nuevos desafíos, pero también nuevas posibilidades y requiere plantearse el Programa de Acción Política en este marco. Se trata de promover o crear las condiciones para el aprovechamiento de la innovación y el cambio tecnológico de tal manera que se atiendan las tareas pendientes del desarrollo nacional y se sienten las bases para las nuevas tareas generadas por estos mismos cambios tecnológicos. Esto define el quinto tema y punto de partida de nuestro Programa. La revolución tecnológica viene a proveer herramientas para desentrabar el Estado, aumentar su eficiencia y la transparencia de sus actos. Junto con otras acciones particulares a cada tema, las herramientas tecnológicas descritas en el primer capítulo y otras que se detallan en las secciones temáticas, estriba parte de la respuesta en cuanto al desafío de convertir al Estado nuevamente en un factor de desarrollo y de solución a las demandas ciudadanas. A lo largo del texto, también se identifican acciones que el Poder Ejecutivo con un liderazgo fuerte, como el Antonio Álvarez Desanti, puede lograr con su equipo de gobierno a partir de prioridades claras definidas en su Programa de Acción Política. Nuestra visión es lograr que Costa Rica se convierta en un país desarrollado y equitativo que promueve las potencialidades de sus ciudadanos en un marco de libertad y democracia. Concebimos la libertad como ámbito natural para la realización plena de la persona humana. Partido Liberación Nacional. Carta Fundamental.

Así, el Programa de Acción Política de Antonio Álvarez Desanti tiene como norte movilizar las fuerzas innovadoras y emprendedoras de la sociedad costarricense para implantar un modelo de desarrollo sostenible basado en la innovación permanente y una cultura que promueve la creatividad, la transparencia y el respeto. Nuestro movimiento parte de reconocer una nueva realidad en el mundo y en Costa Rica que redefinió el desafío del desarrollo, por lo tanto, nuestro Programa de Acción Política plantea una nueva respuesta al “¿qué es lo que se quiere?” y, necesariamente, también, en consecuencia, los métodos para lograrlo. El “cómo” varía cuando se redefine el “qué”. No solo los instrumentos, métodos y acciones pueden ser obsoletos, sino que también surgen nuevas posibilidades para abordar viejos problemas, y nuevos desafíos que ni siquiera existían en la agenda política anterior. Estamos claros que el cambio acelerado significa que las respuestas políticas, sociales y empresariales deberán aprender a adaptarse a realidades cambiantes. Por lo tanto, como individuos, como organizaciones y como país debemos desarrollar las competencias y habilidades para aprender e innovar de manera constante. No se trata solo de descubrir un nuevo conjunto de respuestas políticas, la tarea es desarrollar la capacidad de encontrar nuevas respuestas de manera permanente ante los desafíos del entorno y de la realidad propia. Esto significa una capacidad de ver hacia delante para otear amenazas y posibilidades incluso antes de que estas se manifiesten completamente. Del pasado recuperamos los valores de solidaridad, democracia y libertad, los cuales son inclaudicables en la búsqueda de nuevas respuestas, pero hoy debemos cultivar también la creatividad, la transparencia y el respeto a las variadas manifestaciones culturales y a las diferencias que nos enriquecen. Debemos cambiar tecnologías duras, métodos y sistemas de gestión, pero, sobre todo, debemos enriquecer nuestra cultura para que sea capaz de promover el cambio, la adopción de nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevas soluciones y la convivencia basada en la solidaridad y el respeto a las diferencias. Esa es nuestra visión de la Costa Rica del futuro: desarrollada, solidaria y ambientalmente sostenible. Para lograrlo planteamos un cambio fundamental al redefinir qué es desarrollo y cómo lograrlo. Le damos contenido histórico y político a la palabra cambio. Es el PLN de cara al milenio.

I. La revolución del siglo XXI: transparencia y eficiencia Por el bien común entendemos condiciones de vida que garanticen el desarrollo integral del ser humano en el ejercicio de sus derechos y una distribución del producto de la actividad económica, que proporcione a todos y cada uno, las normas de la vida más elevadas que permita la productividad del grupo social. Partido Liberación Nacional. Carta Fundamental. Nuevas realidades: El acceso a la Internet es un derecho fundamental y el emprendedurismo un prerrequisito del desarrollo. Las plataformas digitales permiten integrar los mundos físicos y biológicos a las realidades virtuales y desencadenar nuevas posibilidades de innovación. Es así como la discusión tradicional del desarrollo en torno a la industrialización y a los papeles relativos del Estado y del mercado para lograrlo es cosa del pasado. Pero también sabemos que, sin una acción política consciente, podemos perder los beneficios potenciales de la revolución tecnológica, y si no se incide en la distribución de sus beneficios, se pueden desencadenar procesos de concentración de la riqueza también sin precedentes determinada por la definición de ganadores y perdedores producto del cambio técnico. Así, el bien común, en medio de tecnologías disruptivas, no debe ser ineludiblemente el resultado de la inacción política, ni su adopción un proceso automático de las fuerzas del mercado. Cuando el objetivo es promover la innovación y la creatividad, la acción política no busca el control, sino la concertación de esfuerzos sobre la base de compartir información para generar las decisiones óptimas, sin renunciar el Estado a la regulación cuando esta se justifique, ni a sus obligaciones macroeconómicas u otras funciones que le son propias. Se trata de crear condiciones y ecosistemas que promuevan la innovación y el emprendedurismo en los sectores privados a través de las diversas formas de organización empresarial, incluido el cooperativismo, con un énfasis también en las PYMES; pero, insoslayablemente, requiere también adoptar la actitud emprendedora en el sector público, si bien no en el sentido empresarial, sino en el de adoptar y promover innovaciones en todos los servicios públicos. Por su parte, la Sala de Jurisdicción Constitucional en su resolución No. 12790 del 30 de julio de 2010 afirmó el carácter de derecho fundamental que reviste el acceso a Internet. Ahora bien, de acuerdo con nuestra visión de una Costa Rica desarrollada y solidaria, debemos entender que el derecho al acceso a la Internet, como un derecho fundamental, deba ser ahora mediante cables de fibra óptica, o tecnologías equivalentes en cuanto a velocidad. Esto es, el acceso a una infraestructura digital de alta velocidad debe ser una realidad para todos y, por solidaridad, en términos de costo acordes con los niveles de ingreso y los parámetros internacionales (para no afectar negativamente nuestra competitividad).

Programa de Acción Política Nos planteamos un programa de inversión en infraestructura y servicios digitales, pero más importante, que este, un cambio cultural. En la Administración Álvarez Desanti promoveremos una cultura de innovación y emprendedurismo, tanto en los sectores público como privado, a partir de la incorporación de nuevas tecnologías de la información y la promoción de nuevas formas de gestión donde la eficiencia, la transparencia y el servicio al cliente sean sus nortes de innovación continua. No solo desentrabaremos el Estado, sino que lo pondremos al servicio eficiente de los ciudadanos. A. Infraestructura digital La conectividad digital fija en Costa Rica es pésima (véase Estado de la Internet de Akamai Q3 2016). Afortunadamente, contar con infraestructura digital de primer mundo no es tan caro o complicado como la infraestructura vial. Costa Rica ha hecho un esfuerzo importante en conectividad internacional con proyectos como: Cable Submarino Maya-1, Arcos, GLOBAL CROSSING. Además, el país cuenta con una de las mejores redes de fibra óptica del mundo, pero no tiene una red de acceso adecuada. Para darle acceso a la fibra óptica a todos, hay que construir 1.5 millones de las llamadas “últimas millas” (con un costo aproximado de US$400-500 c/u). O sea que con una inversión de US$700MM se podrán conectar con fibra óptica todas los hogares, escuelas, hospitales, fábricas y oficinas del país. La fibra óptica permite velocidades de conexión casi ilimitadas. La velocidad de conexión favorece la innovación y la productividad y facilita, entre otros, el teletrabajo. La fibra óptica es del ICE y de las empresas cableras. Ahora bien, la infraestructura no se comparte a pesar que la Ley de Telecomunicaciones establece lo contrario. Desde que se dio la apertura del mercado de las telecomunicaciones, se ha estado duplicando y triplicando la infraestructura. Persiste la mentalidad de que el dueño del “alambre” es el dueño del cliente. Esto eleva mucho el costo de cambio del proveedor del servicio (“switching cost”), disminuye así la competencia, aumentan los precios y desmejora el servicio. El resultado es que la Internet fija, es lenta, cara y asimétrica. Para que los precios bajen es necesario que exista la infraestructura de fibra óptica y que muchos proveedores puedan ofrecer los servicios sobre la misma red. Nuestra propuesta es dotar a Costa Rica de una infraestructura digital de clase mundial. En dos años deberíamos apuntar a los primeros 30 lugares del ranking de Akamai (actualmente estamos en la posición 109 de 144 países). Para ello el ICE de realizará las conexiones de última milla. Para financiar el proyecto utilizaremos inicialmente los recursos de FONATEL, para luego, mediante la venta del cobre recuperado por innecesario, financiaremos el resto del cambio a fibra óptica. Finalmente, SUTEL hará cumplir con la Ley de Telecomunicaciones en cuanto a compartir infraestructuras.

B. Gobierno Digital

Es imperativo que el gobierno automatice todos sus procesos. Esa es la única manera de poder brindar mejores servicios a un menor costo. La transparencia en los procesos gubernamentales es solo una parte, obligatoria, de la calidad del servicio. Así, la gestión pública se orientará hacia una filosofía de servicio al cliente y de innovación en procesos y servicios. El sector público estaría entonces al servicio de los ciudadanos, facilitándole su vida cotidiana y el cumplimiento con el marco regulativo, y se convertiría en un socio en la competitividad del país y no un factor de retraso y entrabamiento como lo es en la actualidad. Después de 16 años de esfuerzos en Gobierno Digital, ya no existe, ni siquiera de nombre. La tecnología no puede ser administrada, como el resto del gobierno, como una colección de pequeños feudos. Durante la segunda mitad del siglo XX, como un avance en la madurez institucional, para darle continuidad a las políticas y estabilidad a los funcionarios públicos, se estableció el régimen de instituciones autónomas y con ellas se lograron éxitos notables como la electrificación del país, la telefonía fija y los servicios de salud, entre otros. En el siglo XXI, el régimen dejó de tener sentido, pues el archipiélago institucional resultante inhibe la habilidad de los gobernantes de tener políticas estatales y, en particular, implementar iniciativas como la de Gobierno Digital. Para poder ofrecer los niveles de eficiencia, transparencia y productividad requeridos, es necesario que el Gobierno Digital tenga autoridad y vigencia en todo el sector público, ya que los sistemas deben inter-operar, la información no puede vivir en silos, y los proveedores de tecnología no pueden dictarles a las instituciones, cómo proceder. El Gobierno Digital es enormemente rentable, pues casi todos los proyectos generan ahorros o ingresos que pagan la inversión. El gobierno necesita procesos automatizados, no necesita tecnología. Necesita contar con servicios digitales, no con la tecnología. La tecnología es una mercancía básica (“commodity”). La información no es de las instituciones, es de los ciudadanos. El expediente médico no es de la CCSS, es de los ciudadanos, no importa si utilizan servicios de salud privados o estatales, el expediente es uno solo y siempre deberá estar disponible. La CCSS es solo un usuario (cierto que es el más grande), pero no es la dueña de los expedientes. Estos podrían ser la base, por ejemplo, para la adecuada focalización de políticas sociales. El gobierno está en el negocio de brindar servicios públicos, no en el de construir sistemas. Durante 40 años, en el gobierno se ha estado desarrollando software para luego dedicar, un porcentaje cada vez mayor del esfuerzo, a mantener dicho software. No es raro encontrar instituciones que dedican el 90% del esfuerzo de su gente de TI al mantenimiento. Tampoco es extraño encontrar en concursos de contratación administrativa, cuando deciden comprar sistemas, la exigencia de entregar el código fuente, “para evitar la dependencia del proveedor”.

Invariablemente, cuando cuentan con el código fuente, lo modifican hasta el punto en que el proveedor desconoce el producto y la seguridad de la información desaparece por completo. Con el advenimiento del cómputo en la nube, ya no es necesario adquirir tecnología, es posible adquirir los servicios que el gobierno requiere para, a su vez, servir mejor a sus usuarios. Ya no es necesario invertir en tecnología, los servicios son un gasto. La ventaja de adquirir servicios, además de evitar los gastos de capital, es que los servicios siempre llevan ligados a parámetros de calidad, si la calidad del servicio no se cumple, hay consecuencias. Si se institucionaliza el Gobierno Digital, en un ente nuevo con injerencia sobre todo el sector público, en muy corto plazo se lograría una reducción importante del costo de los trámites estatales al mismo tiempo que se mejora totalmente la calidad de vida de los ciudadanos que deben someterse a dichos trámites. Un verdadero Gobierno Digital es uno de los programas claves para desentrabar al Estado costarricense y, asimismo, promover una cultura de servicio al cliente, transparencia y emprendedurismo. Asimismo, es una herramienta poderosa para lograr que los principales programas de desarrollo social lleguen de manera efectiva y más rápida a los beneficiarios. C. Observatorio de Compras Públicas Estableceremos en la Asamblea Legislativa un Observatorio de Compras Públicas con el objeto de aumentar la transparencia de compras del Estado mediante el control de parte de autoridades, proveedores y el público en general. El sistema permitirá comparar distintas compras de un mismo bien o servicio en diferentes momentos o instituciones y también comparar proveedores, entre otras posibilidades. D. Firma Digital La Ley de Firma Digital permite demostrar que un individuo es quien dice ser (autenticación) y que un documento no ha sido alterado. La firma digital es, sin duda más segura y poderosa que la firma de puño y letra. Pero desafortunadamente, la firma digital está implementada en un dispositivo obsoleto (una tarjeta y un lector que no funciona en dispositivos móviles). Los dispositivos móviles, sin embargo, casi siempre cuentan con un chip en el cual se podría almacenar la firma digital. El poder de la firma digital en dispositivos móviles, es menor por cuanto no es práctico firmar documentos en dichos dispositivos, pero es mucho mayor en el tanto que permita autenticar al usuario remotamente. Con la firma digital generalizada en el teléfono se podrían eliminar todos los trámites presenciales. Con una penetración celular de 1.5 aparatos per cápita, es absurdo no utilizar esos dispositivos como medios der autenticación, e incluso, como medios de pago. Si la firma digital costara US$10

al año, es difícil pensar que la gran mayoría de los costarricenses no estarían dispuestos a pagarla. Nuestra propuesta es universalizar la firma digital. E. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Se impulsará un ecosistema a través del cual se promueva la innovación en torno a la creación de nuevas empresas y emprendimientos basados en nuevos conocimientos (por innovación se entiende llevar al mercado un nuevo conocimiento, ya sea de proceso o producto), así como, para lograr incrementar en general las inversiones en ciencia y tecnología en las PYMES. En este sentido, se fortalecerán las relaciones de las universidades con el sector productivo y la articulación de los esfuerzos realizados desde el Sistema de Banca para el Desarrollo mediante la aprobación de la Estrategia de Atención al Emprendimiento e Innovación. Se establecerán fondos especiales de capital de riesgo, mecanismos de financiamiento a las empresas de base tecnológica y, por supuesto, la creación de financiamiento especializado para los centros de valor agregado y emprendimiento regional. Esto se articulará con los fondos de incentivos y las convocatorias del CONICYT, los cuales deben fortalecerse con recursos y más ámbitos en su quehacer. Para lo anterior, se conformará la Agencia Nacional de Innovación y Emprendimiento como un esfuerzo coordinado de MEIC, MAG, MICIT, MIDEPLAN y representantes del sector productivo y articulado desde el Consejo Nacional Presidencial de Competitividad.

II.

Empleo: el desafío económico y social

El Estado debe garantizar a todos ocupación honesta, saludable, útil y equitativamente remunerable. Partido Liberación Nacional. Carta Fundamental.

La tasa de desocupación en el III trimestre de 2016 fue elevada y alcanzó un 9.5%; con una importante diferencia de acuerdo con el género: hombres 8.3% y mujeres 11.5; y aún más por edad: los jóvenes de 15 a 24 años tenían una tasa de desempleo de 22.9%; mientras que quienes tienen 25 años o más tenían una tasa de desempleo de 6.9%. No solo las tasas de desempleo abierto son elevadas, sino que la tasa de participación laboral viene en descenso (debido a que las personas dejan de buscar empleo activamente por no encontrarlo). En el IV trimestre de 2014 la tasa de participación fue de 62.0%, mientras que, en el tercer trimestre de 2016, esta bajó a 57.8% (INEC). Existe un serio problema de desempleo en el país, pero este afecta más fuertemente a los habitantes de zonas rurales, a las mujeres y, principalmente, a los adultos jóvenes. Incluso, el Censo de Población de 2011 muestra que el porcentaje de jóvenes de 12 a 17 años que no trabaja ni estudia alcanzó el 13.3%. La educación es una de las características individuales que más discrimina, junto al sexo y la edad, en la participación laboral. A mayor educación, mayores oportunidades laborales. El impacto de la educación es más fuerte entre las mujeres, de modo que una graduada universitaria muestra una participación laboral del 74%, cerca de seis veces superior a una que no ha completado la primaria (13%) y no muy distante de la participación de un hombre con similar perfil educativo (84%). Así, mientras que la participación global de los hombres más que duplica la de las mujeres (2,6 veces), entre los graduados universitarios solo las superan en un 16%. A su vez, la GAM agrupa el 60% del empleo del país, el 70% del empleo calificado, y el 80% empleo en alta tecnología y puestos gerenciales. De las seis regiones restantes, solo el resto de la región Central (región Central menos GAM o periferia central) supera a un décimo de la fuerza de trabajo. Finalmente, cabe destacar que los trabajadores con estudios secundarios concluidos y universitarios no encuentran empleo fuera de la GAM: más de un 15% de personas empleadas en regiones periféricas trabajan en empleos no calificados a pesar de contar con estudios secundarios completos o estudios universitarios. La situación del empleo demanda una acción política del Estado concertada con los sectores productivos para, de esta manera, cumplir con las bases y valores liberacionistas de promover activa y decididamente el pleno empleo. Partimos también del hecho que la mejor forma de combatir la pobreza es mediante la reducción del desempleo. Para ello proponemos un conjunto de iniciativas vinculadas con la generación de empleo, pero también de modernización del aparato productivo, sus sectores y regiones, y sistemas de apoyo y de los factores que afectan su competitividad. En definitiva, el Programa de Acción Política se plantea incrementar significativamente los niveles de empleo y su remuneración mediante aumentos en las inversiones y la productividad, lo cual incidirá en reducir la pobreza y mejorar la distribución del

ingreso. Se plantean programas específicos para las poblaciones vulnerables: jóvenes, mujeres y habitantes de zonas rurales. Programa de Acción Política A. Programa Emprende Joven A los jóvenes (menores de 36 años) que inician su incorporación a la fuerza productiva se les ofrecerá la opción de realizar sus propios emprendimientos productivos. Para ello contarán con sistemas de apoyo en todas las etapas de sus proyectos. La meta es apoyar al menos 4.400 nuevos emprendimientos mediante el Programa Emprende. Los proyectos serán seleccionados a partir de una convocatoria pública mediante una valoración inicial de elementos del proyecto que podrán incluir su factibilidad técnica, el mercado potencial, la innovación que presenta, la inserción en la política regional productiva y su contribución social. El comité evaluador estará constituido por representantes del INA, los representantes del sector productivo y las universidades. Luego, en una primera etapa de pre-incubación, los participantes recibirán asesoramiento en torno a conceptos de oferta y demanda, la investigación del mercado, la elaboración de un modelo de negocios y el flujo de efectivo del proyecto. Durante la fase incubación se reforzarán, mediante un programa de acompañamiento y asistencia técnica, aspectos relacionados con la concreción de la idea-proyecto. Durante esta fase contarían con un aporte de capital semilla o beca entre US$500 y US$1.500 aportados por el INA. Aquellos proyectos que muestren potencial de crecimiento se podrían someter en una tercera etapa a financiamiento en condiciones especiales de periodos de gracia y tasas de interés al Sistema de Banca para el Desarrollo. B. Programa Emprende Mujer En la actualidad, existen varios programas dirigidos al desarrollo empresarial de mujeres, principalmente a aquellas en condición de pobreza o pobreza extrema. Cabe mencionar: Ideas Productivas (IMAS), ayudas no reembolsables; Fideimas (IMAS), créditos; Programa Puente (Presidencia), atención de la pobreza de las familias desde un enfoque multisectorial e interinstitucional; Proyecto Emprende (Unión Europea y Gobierno), apoyo técnico y acompañamiento; PRONAMYPE (MTSS) microcréditos y capacitación; FOMUJERES (INAMU) ayuda no reembolsable; FODEMIPYME (BPDC), avales, financiamiento y ayuda empresarial; y Programa Avanzamos Mujeres (INAMU,IMAS) ayuda económica y de trámite con instituciones, entre otros. En general se detectan problemas en la ejecución de los programas que generan que los resultados no tengan el impacto deseado en la población objetivo. Entre los principales

problemas se pueden indicar los siguientes: 1. Falta de un sistema de selección de los proyectos para determinar su viabilidad técnica y financiera; 2. Multiplicidad de programas a la misma población y falta de registro al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE), por lo que no se cuenta con un registro país de las ayudas otorgadas ni recuento del historial de las ayudas generadas a las familias, independiente de la institución que otorga el beneficio; y 3. Falta de seguimiento y acompañamiento en cuanto a la asesoría técnica en la ejecución de los proyectos. Casi que toda la capacitación que se brinda por parte de los programas es requisito para el otorgamiento de los recursos. Pero una vez girado los recursos, no se brinda capacitación, acompañamiento y asistencia técnica de manera sistemática. Por lo tanto, implementaremos las siguientes acciones: 1. Definición de población objetivo para cada uno de los programas en cada una de las instituciones y obligación de incorporarse al SINIRUBE, con la finalidad de contar con un registro de selección único y de beneficiarios atendidos centralizado. 2. Programas de selección de proyectos, seguimiento y acompañamiento que se brinden a las beneficiarias. En este sentido, el INA cuenta con la Unidad PYME que por ley debe dar seguimiento y acompañamiento a los beneficiarios del sistema de banca para el desarrollo. 3. Estudios de impacto de los programas que permita evaluar la efectividad de cada uno y realizar los ajustes correspondientes. C. Red de cuido Retomaremos con alta prioridad el Programa de Red de Cuido de la Administración anterior. Esta Red facilita a las mujeres su incorporación a la fuerza laboral al otorgarles una opción el cuido de sus hijos en edad inferior a la preescolar. También permite a la niñez estar en un entorno que estimule su desarrollo. D. Educación dual Desarrollaremos un programa de educación dual, dirigido por el INA, para los jóvenes desempleados entre 18 y 35 años con o sin educación secundaria completa. También se les ofrecerá el programa a aquellos ex-becarios del Programa Avancemos que no haya ingresado a la educación superior. La formación dual es una modalidad del proceso de enseñanza– aprendizaje de educación profesional y técnica, tanto pública como privada, que permite la capacitación práctica en una empresa y de manera simultánea, los conocimientos teóricos en el centro de enseñanza, ya sea el INA u otro centro. De esta manera, el estudiantado adquiere conocimientos teóricos relevantes y paralelamente lo va poniendo en práctica y obteniendo un desarrollo más integral, pues a su vez recibe otro tipo de cursos en el centro de estudios y le facilita así su transición al mercado laboral.

Una forma de atender este reto es mediante esta enseñanza dual que entusiasme al estudiante cuando constata que su aprendizaje puede ponerse en práctica y que la relación teoría y práctica son igualmente importantes para su desarrollo personal, el de una empresa y el del país. Esto se complementa con el estímulo de tener una beca tipo pasantía en una empresa y finalmente con la enorme oportunidad de continuar estudiando una carrera universitaria o una especialización técnica fuera de ese sistema, conforme le guste y pretenda profundizar sus conocimientos en ciertas áreas. El compromiso de todos, el Estado, las autoridades educativas, los empresarios y el estudiantado es el que hace que la formación dual sea exitosa. Existe una responsabilidad especial de parte del sector productivo nacional donde las muchachas y muchachos van a su formación para becarles y permitirles ingresar en el sistema productivo y de aprendizaje; en este sentido, debe promoverse el desarrollo e incorporación de la formación dual como parte del funcionamiento empresarial en los planes de las empresas al más alto nivel corporativo. Por otra parte, las empresas pequeñas tales como las MIPYMES, podrán participar con procesos de enseñanza aprendizaje que luego se puedan replicar en otros ámbitos, dado que es poco probable que ella mismas puedan emplear a los estudiantes cuando estos terminen sus estudios. Sin embargo, es importante que se puedan desarrollar todo tipo de relaciones con los diferentes encadenamientos que estas tienen con proveedores y clientes. Finalmente, la formación dual permite una mejor y más cercana relación entre el INA, otros centros académicos y el sector productivo nacional. De esta manera se conoce mucho mejor el tipo de recurso humano que se requiere en la actualidad y se requerirá en el futuro por parte de las empresas, lo mismo que el tipo de competencia que los diferentes sectores enfrentan en esta época de cambio veloz y permanente. Este acercamiento productivo permite también un diálogo y trabajo de prospección constante, de modo que no se repitan errores como la falta de un segundo idioma, conocimiento técnico e informático y otros que requieren muchos años de estudio para poderles atender y preparar con la calidad requerida. E. Avancemos 2.0 Los programas de transferencias condicionadas han sido evaluados en muchos países y han probado ser políticas efectivas en lograr impedir la transmisión generacional de la pobreza. También en conjunto y articulados con otras políticas sociales, pueden al menos transitoriamente contribuir a que familias abandonen condiciones de pobreza extrema. Por ello, fortaleceremos el Programa Avancemos para llevarlo a los niveles de cobertura que tuvo en el pasado. Además, le agregaremos un componente de ahorro a disposición del becario una vez que obtenga su bachillerato de educación secundaria. Este monto de $1.000,00 (mil dólares de los EE. UU.) servirá de incentivo para mantenerse en el colegio hasta la graduación y ayudaría

a elevar la tasa de graduaciones, y disminuir sustancialmente la deserción en secundaria, pero también podría servir para que el estudiante tenga un pequeño capital semilla si quisiese realizar un emprendimiento empresarial, adquirir una computadora o ayudarse en el pago de una matrícula universitaria. F. Desarrollo regional Implementaremos una política de desarrollo que contemple las relaciones dinámicas sectoriales en su dimensión espacial con énfasis en las regiones fuera de la GAM. Dicha política de desarrollo partirá de los recursos y potencialidades propias de cada región, de tal forma que la transformación productiva promueva el aprovechamiento de los recursos endógenos (naturales, culturales, sociales y humanos). El desarrollo de infraestructura física y social, aunado a un papel proactivo de las instituciones públicas y privadas en las distintas regiones serán los determinantes en la promoción del dinamismo productivo y el desarrollo humano de los habitantes. De tal manera que se incremente el empleo en las regiones, pero también el valor agregado y la complejidad de los procesos productivos y de los servicios que estos y la población requieren. De igual forma, las políticas de desarrollo regional promoverán la generación de pequeñas y medianas empresas, las cuales pueden ser impulsadas por los empresarios de cada región y por organizaciones socio-productivas como las cooperativas y asociaciones de productores. Para ello se impulsarán centros de valor agregado y emprendimiento regional. En esta tarea las instituciones locales como nacionales pueden jugar un papel muy importante para el mejoramiento del clima empresarial y el desarrollo de capacidades de las empresas, las organizaciones civiles y los hogares. Algunos de los aspectos clave para el desarrollo local y regional tienen que ver con la formación del recurso humano y el mejoramiento de la infraestructura para el desarrollo de actividades productivas con potencial de encadenamientos productivos a nivel local, regional y nacional. Para la coordinación de acciones públicas y privadas se establecerán Consejos Regionales de Competitividad, los cuales se articularán con el Consejo Nacional Presidencial de Competitvidad. Dichos Consejos diseñarán planes de acción que identifiquen proyectos productivos en cuales los cantones y las regiones tengan ventajas competitivas y estructurarán un acompañamiento institucional capaz de consolidar dichos proyectos. En especial para mejorar el clima empresarial y atraer inversiones a los distintos territorios se coordinará el mejoramiento de la infraestructura vial, portuaria y aérea (según corresponda), acueductos y alcantarillados, energía y telecomunicaciones, formación de la mano de obra y la desconcentración institucional; así como un mayor protagonismo de los municipios y de las organizaciones de la población en el desarrollo regional, mediante políticas e instrumentos de apoyo a todos los niveles del desarrollo (macro, meso y micro).

G. Sector Agropecuario

Muchos sectores agrícolas se encuentran rezagados en la adopción de prácticas agrícolas más eficientes y modernas. La tecnología y la mecanización de las fincas no han ido al ritmo de lo que se demanda en el siglo XXI. Las ochenta y cuatro Agencias de Extensión Agropecuaria del MAG no satisfacen las necesidades de los habitantes de los 81 cantones. La producción agrícola deberá por lo tanto redefinirse y apoyarse en el potencial privado de los sectores de cada uno de los cantones con la asesoría técnica coordinada y brindada por el Estado. Particularmente, el Sistema de Banca de Desarrollo será un factor clave en la adopción de prácticas agropecuarias más modernas y sostenibles. Se dará un énfasis particular, por su naturaleza estratégica, a los cantones fronterizos, los cuales son los más pobres y los de menor productividad agropecuaria, aunque podrían ser los que produzcan más alimentos del país. Además, planteamos construir los cuatro Mercados de Mayoreo Regionales en las regiones Chorotega, Huetar Atlántica, Brunca y Huetar Norte. H. Turismo El turismo cada vez tiene mayor importancia en la económica nacional. Según el INCAE, en el 2014 el turismo llegó a ser el 4.8% de la economía; mientras que sumando los impactos indirectos esta participación alcanza el 12.5%. Adicionalmente, el turismo ha generado 98.500 empleos directos y 247.500 empleos indirectos. Los extraordinarios beneficios se deben a la naturaleza del turismo en Costa Rica, donde alguien aterriza y explora el país. Gasta el dinero de una manera más democrática. Costa Rica tiene un modelo de turismo especial y debe cuidarlo. No somos un destino turístico barato, especialmente en comparación con los países vecinos. Por ende, se nos hace difícil competir en ese sector de bajo costo. Más bien, debemos entender la naturaleza y fortaleza de nuestro nicho y desarrollar nuestra estrategia para fortalecerlo. La mayoría de nuestro turismo es de calidad, inteligente, con sentido educativo, mayor poder adquisitivo y amantes de la aventura y de nuestro “pura vida”. El turista que viene al país lo hace con un propósito y se enamora de Costa Rica. El nivel de satisfacción es generalmente muy alto. Eso se debe a la imagen de Costa Rica como un país definido por la belleza de su eco-diversidad y a la amabilidad de sus habitantes. Esto es lo que queremos fortalecer, tanto por sus efectos distributivos, como por su sostenibilidad ambiental y social. El éxito del país ha estado sustentado también en la altísima calidad de su producto. Defender y mejorar su calidad debe ser prioritario. Sin embargo, tenemos amenazas originadas fuera del sector, las cuales, si no son atendidas, pueden dar al traste con la imagen del país. Estas son el caos del transporte público de personas y las presas en la GAM, las malas condiciones de la infraestructura en muchas zonas de importancia turística, así como el deterioro en las condiciones de seguridad general. El primer

factor genera insatisfacción del turista y, además, es incongruente con nuestra imagen de un país verde. A su vez, impide el desarrollo de muchas comunidades y no es consistente con el enorme esfuerzo que hacen en aquellas zonas las empresas nacionales y extranjeras que deciden invertir en esta industria. La inseguridad no solo afecta el nivel de satisfacción de quienes nos visitan, sino que las malas experiencias individuales de algunos turistas tienen un gran efecto de otros turistas que no vendrán a raíz de esa experiencia. Los hoteles y restaurantes están teniendo que recurrir a la seguridad privada para, por lo menos, asegurar la seguridad de sus huéspedes en sus propiedades. Pero esto no solo tiene un efecto de percepción negativa, sino que también incrementa los costos de operación de las empresas turísticas, lo cual les resta competitividad frente a países que también buscan atraer al mismo perfil de turistas. Por otra parte, el desarrollo de nuevos nichos de mercado (especialmente para disminuir la alta estacionalidad) mediante el énfasis en congresos y convenciones, y el fortalecimiento de las PYMES son indispensables para lograr un crecimiento sostenido de la visitación. En el mismo sentido, son claves el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria y la expansión de nuestro programa de atracción de líneas aéreas. Las acciones serán las siguientes: 1. Daremos al sector turismo el papel que le corresponde como principal agente dinamizador de la economía y distribuido de la riqueza que genera, lo cual se traducirá en la Administración Álvarez Desanti en acciones concretas, eficaces y oportunas. 2. La congestión vial del país genera una primera mala impresión. Para muchos visitantes esta se reduce a una hora y media en medio de las presas. Muchos turistas usan el transporte público en sus países de origen, o lo hacen en sus viajes para tener la experiencia local. Por lo tanto, las acciones recomendadas en la sección de calidad de vida y de empleo con respecto al transporte y la infraestructura resultan indispensables para mantener la viabilidad del modelo turístico costarricense. En particular, es necesario establecer eficientes medios de transporte de los puntos de acceso al país (aeropuertos, puertos y zonas fronterizas terrestres) a las ciudades y hoteles y de estos a las zonas turísticas. El tren eléctrico en la GAM con conexión al aeropuerto, como se describe en la sección correspondiente resulta una necesidad para la población costarricense, sino también para nuestros turistas internacionales. También resulta indispensable la intervención de un número significativo inmediata de un número significativo de carreteras de acceso a múltiples zonas de importancia turística. 3. Continuaremos con la expansión y mejora operativa de nuestros dos aeropuertos Internacionales (Juan Santamaría y Daniel Oduber), mientras, de manera paralela, avanzamos aceleradamente para hacer realidad el nuevo Aeropuerto Metropolitano en Orotina. La Zona Sur del país tanto como el Caribe costarricense requieren de aeropuertos con capacidad suficiente para recibir aeronaves internacionales y vuelos internos de mayor capacidad. El exitoso programa de atracción de aerolíneas creado por el ICT durante la Administración Arias Sánchez, que sigue cosechando logros hasta hoy, debe expandirse, sobre todo en áreas que todavía no están bien desarrolladas. Esto requiere dar un importante énfasis al desarrollo del mercado intrarregional (con las oportunidades que brindan las nuevas aerolíneas de bajo costo), la creación de una amplia estrategia para el desarrollo del mercado europeo para el Aeropuerto de Liberia,

así como el impulso de una mucho mayor conectividad con el mercado de América del Sur. Las consideraciones y decisiones argumentadas en la sección sobre seguridad con miras a la población nacional, también son indispensables para la viabilidad de nuestro modelo turístico. El turista debe estar y sentirse seguro en todo el territorio nacional, tanto como debe sentirse cada ciudadano tico. Por lo tanto, o tenemos éxito en las políticas de seguridad o el turismo dejará de venir a Costa Rica. Adicionalmente, aumentaremos el número y mejoraremos el inglés de los policías turísticos. El número de policías debe crecer en general, pero adicionalmente debemos fortalecer y mejorar la capacitación de nuestra Policía Turística (la cual fue creada en un gobierno liberacionista). Igualmente debemos asistir y capacitar a las policías municipales para aumentar su capacidad de atención al sector turístico. La imagen de Costa Rica como un destino diverso y de alta calidad debe protegerse. Esto incluye asegurarse que las zonas turísticas no se conviertan en lugares de explotación sexual de menores o tráfico de personas. Para ello, promoveremos la coordinación entre las fuerzas policiales, el PANI y el INAMU para fortalecer los programas de apoyo para los grupos vulnerables en las zonas turísticas. Los parques nacionales son, sin duda, el principal atractivo turístico que ofrece Costa Rica. Sin embargo, la mayoría de ellos no tienen condiciones para los turistas, tales como senderos para personas con discapacidad, o áreas con servicios con servicios básicos, como tienen solo algunos de ellos. Los parques nacionales deben ser más amigables con los turistas nacionales y extranjeros, siempre respetando los criterios técnicos de carga de los parques para no poner en riesgo los objetivos de conservación. El ICT debe invertir en los parques nacionales de forma coordinada con el MINAE, a través del SINAC, para asegurar que la visita de los turistas sea satisfactoria, segura, ordenada y cubra sus necesidades básicas y de accesibilidad universal. Es hora de que la reservación y compra de los tiquetes para ingresar a los parques nacionales sea posible a través de medios electrónicos, y de que nuestros visitantes dejen de hacer fila por horas para poder conocer algunos de ellos, como desafortunadamente está ocurriendo hoy en temporadas altas. Costa Rica debe asegurarse la creación de nuevas oportunidades de crecimiento dentro de la industria turística. Existen nichos de mercado que deben ser aprovechados para generar mucha más riqueza y romper la estacionalidad que padecemos. El nicho de congresos y convenciones es una enorme oportunidad para el país. El nuevo Centro Nacional de Convenciones (concebido, planificado, diseñado y financiado a partir de las acciones llevadas a cabo por el anterior gobierno liberacionista) debe marchar hacia una administración eficiente y provista de los instrumentos de mercadeo más modernos con el objetivo de que logre competir efectivamente en el mundo. Sabemos que la consolidación del Centro de Convenciones va a requerir de un periodo prolongado de maduración. Es necesario entonces tomar medidas oportunas para acelerar ese proceso, de forma tal que los frutos de esta gran inversión pública se vean en el menor plazo posible.

8. Nuestro modelo nacional de desarrollo turístico está basado en las PYMES, se requiere, por lo tanto, aumentar significativamente su atención básica en áreas como capacitación y financiamiento. Proponemos fortalecer dentro del ICT y el INA un fuerte programa de capacitación en áreas como planeamiento, operaciones, mercadeo, finanzas y sostenibilidad, con el fin de apoyar a los emprendimientos, aumentar sus oportunidades de acceso al crédito y con esto lograr la creación de más y mejores empleos en todo el país. 9. Proponemos fortalecer las municipalidades en materia de turismo, con un fuerte programa de acompañamiento y capacitación por parte del ICT y otras instituciones del Estado, con el fin de alcanzar varios objetivos importantes para la defensa y aumento de la calidad de nuestro producto: el desarrollo oportuno y efectivo de planes reguladores, el fortalecimiento de la infraestructura vial, el mejoramiento de la seguridad local, así como la instalación y mantenimiento de servicios públicos básicos en sitios de alta visitación. Nuestras municipalidades pueden y deben convertirse en los mejores aliados de la inversión nacional e internacional, así como en los mejores conductores para que sus ciudadanos reciban los beneficios de la industria turística. I. Estrategia para la competitividad

Simplificación de trámites Es necesario implementar una renovada estrategia de simplificación de trámites con metas específicas de satisfacción del ciudadano y en cuanto a escalar posiciones en los índices como el de “Doing Business” y otros relevantes. Para ello se establecerá una instancia presidida directamente por el Ministro de la Presidencia dedicada exclusivamente a la simplificación de trámites y a hacer efectiva la legislación vigente, que no ha sido aplicada con el rigor que se requiere. Se contará con la participación de los viceministros de otras ramas que se convoquen de acuerdo con la temática a desarrollarse por iniciativa de los representantes de los usuarios, consumidores y sectores productivos, que tendrán representación permanente en dicha instancia. El tema de competitividad afecta doce áreas: instituciones, infraestructuras, entorno macroeconómico, salud, educación y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de las empresas e innovación. Todas deben estar alineados con el propósito de agilización y simplificación. Cada una de estas áreas debe tener una correcta fiscalización de forma que se evite que los mandos medios o la burocracia obstaculice trámites que deben ser más ágiles. Las decisiones de la instancia se subdividirán entre acciones ejecutivas, con plazo definido de cumplimiento, y aquellas que requieran aprobación legislativa. No obstante, la función primordial de este ente será contar con una comunicación fluida entre los diferentes actores involucrados, con el fin de acelerar reformas, trámites y mejorar la operatividad de las instituciones involucradas.

Formación de clústeres A pesar del éxito exportador, este no ha tenido el efecto esperado, en parte por la falta de encadenamientos entre las empresas exportadoras de mediana y alta tecnología en el país (multinacionales y domésticas), responsables de la mayor parte de las exportaciones y el resto de las empresas locales cuya productividad por lo general es mucho más baja. Todo lo cual se muestra como una dualidad en la producción nacional: empresas con altos estándares de productividad (las primeras) coexistiendo con empresas con muy bajos niveles de productividad (las segundas). Para lograr un crecimiento más alto, sostenido e inclusivo, Costa Rica necesita una política que le permita alcanzar importantes encadenamientos productivos entre las empresas de exportación, sean estas domésticas o multinacionales, y el resto de las empresas locales. Para ello, realizaremos una política de “clústeres”. El concepto tradicional de clúster se entiende como una concentración geográfica de empresas de uno o varios sectores interrelacionados. Nosotros utilizaremos una definición más acorde con nuestro objetivo de promover los encadenamientos productivos. Nuestra propuesta de política de clústeres significa un cambio de paradigma: proponemos la generación de ventajas competitivas mediante el fortalecimiento de las cadenas de valor en las actividades donde el país tiene mayores fortalezas, en lugar de una política de promoción de sectores productivos per se. Este enfoque es muy importante ya que la competitividad de cualquier empresa, en especial de las micro y PYMES, depende en gran medida de la red de relaciones que establezca y de los flujos de aprendizaje e innovación que conlleven dichas interacciones. Nuestra política se propone: 1. Proveer ciertos insumos públicos (tales como formación de recursos humanos, infraestructura, investigación, información, etc.) a las empresas miembros de los clústeres, los cuales el mercado no puede proveer adecuadamente; así como apoyar la cooperación y el funcionamiento en red de los miembros de los clústeres; dar soporte para la construcción de las asociaciones clústeres y ayudar a solventar debilidades o desequilibrios que pudieran existir en algunas partes de las cadenas de valor en las que operan las empresas. 2. Para instrumentalizar la política, promoveremos la creación de organizaciones que fomenten la colaboración entre los miembros de cada clúster (asociaciones clúster), donde la dirección de estas iniciativas está gobernada principalmente por representantes del sector privado y donde participan también representantes de la academia y el sector público. El objetivo de las asociaciones clúster es promover la cooperación entre sus miembros para mejorar la productividad y competitividad de las empresas miembros del clúster. 3. Seleccionaremos aquellas actividades con mayor potencial para desarrollar clústeres, utilizando como criterios el que las actividades sean capaces de generar importantes fuentes de empleo directo o indirecto; tenga un conjunto de empresas con alta capacidad de arrastre mediante encadenamientos hacia atrás; tenga un perfil exportador que se caracterice por una adecuada capacidad de generar valor agregado doméstico y un comportamiento dinámico en el pasado reciente o un potencial notorio; y estén

interesadas en interactuar con centros de investigación o tecnológicos, así como con instituciones públicas de apoyo a las actividades productivas. 4. Una vez identificadas las actividades con mayor potencial para la creación de clústeres, se llevará a cabo una reflexión sobre las posibilidades para mejorar la competitividad y productividad de las empresas participantes, donde el producto de esta reflexión permita identificar una serie de problemas y retos comunes para las empresas de los clústeres, lo cual de origen al diseño e implementación de un conjunto de políticas para hacer frente de forma exitosa a estos problemas. 5. Para la implementación de la política utilizaremos PROCOMER y el ICT, que jugarán el papel de promotores o facilitadores del proceso, para lo cual deberán coordinar acciones con las demás instituciones públicas involucradas en el apoyo del sector productivo nacional. Esta última coordinación debería ser reforzada desde el Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación. 6. Finalmente, para lograr implementar de forma exitosa de la apolítica de clústeres, se alinearán las demás políticas a esta; por ejemplo, las políticas de ciencia, tecnología e innovación, financiamiento, recursos humanos, atracción de inversión extranjera directa e infraestructura. En otras palabras, se colocará a la política de desarrollo de clústeres como un eje central de la política de gobierno. J. Promoción de inversiones y exportaciones

Se redoblarán esfuerzos para promover la generación de empleo de calidad y la transferencia de tecnología a través de la atracción de inversión que fomente los encadenamientos productivos, la consolidación de los sectores estratégicos (incluida la generación de energías limpias), el mayor aprovechamiento de nuestras ventajas competitivas y los acuerdos comerciales, tanto al amparo del régimen de zonas francas como de otros regímenes. Se dará prioridad a aquellos proyectos que innovación con tecnologías de avanzada y prácticas ambientales sostenibles. Atracción de inversiones La estrategia de promoción de exportaciones e inversiones continuará utilizando las fortalezas y el liderazgo de las oficinas en el exterior de PROCOMER y de CINDE, pero, además, se escogerán seis o siete Embajadas en el exterior, que sean parte, de un “plan piloto” para nombrar uno o dos agregados comerciales en cada una, para que se concentren en la promoción de exportaciones y en la atracción de inversiones. Para esta promoción se dará prioridad a los países más avanzados tecnológicamente como China, Japón, Estados Unidos, Corea de Sur, Singapur, Alemania, y alguno en Sur América. Para lograr este objetivo, se formará un “equipo interinstitucional” bajo el liderazgo del ComexProcomer, y la participación de la Cancillería, organizaciones como CINDE y representantes de los sectores productivos, incluidos los sectores agropecuario y financiero. Esto será similar a lo que hacen las oficinas de “PROCHILE” para varios países. Este Grupo será liderado por una oficina

con un Gerente (ubicado en COMEX) que se reportará al equipo y se encargará de planear, organizar y ejecutar todas las estrategias de promoción de exportaciones y de inversiones de acuerdo con las fortalezas de nuestro país y de la coordinación con todas las oficinas del exterior. Facilitación del comercio internacional Realizaremos las siguientes acciones: 1. Inicia con una agenda de implementación del Convenio de Facilitación del Comercio de la OMC, que incluye áreas de trabajo en: reforzamiento y facilitación del comercio en fronteras, incluida la mejora de puestos fronterizos. Para ello, bajo el liderazgo del Ministro de Comercio Exterior, aseguraremos el involucramiento efectivo de todas las instituciones involucradas en el comercio, para facilitar y agilizar trámites. 2. Implementaremos de una ventanilla única para la importación, que, además, cumpla una función de facilitar los procedimientos de importación. 3. Posibilitaremos que los agentes aduaneros operen en horas fuera del horario de servicio público como sucede en Panamá. 4. Impulsaremos de la figura del Operador Económico Autorizado, para una mejor gestión del riesgo tanto de parte de los exportadores, como del Ministerio de Hacienda y otros entes involucrados. 5. Desarrollaremos planes para reforzar la seguridad y combatir el comercio ilícito y el contrabando. Promoción de exportaciones agroindustriales Esta promoción de exportaciones la ha realizado con bastante eficiencia el Procomer en el pasado. Para promover mejor el sector agropecuario y de pesca Procomer contará con el apoyo del MAG. Este apoyo deberá estar enlazado con las oficinas del exterior antes mencionadas, y con el equipo interinstitucional. Se contará con información actualizada de la “Oferta Exportable” del país, que estará preparada para penetrar los diferentes países y que reúna las condiciones y requisitos demandados internacionalmente. Esta oferta exportable agropecuaria deberá demostrar que puede ser competitiva en precios, calidad, empaques y tiempos de entrega, con las ofertas de los países competidores nuestros en el área. Las mismas embajadas que promoverán las inversiones externas, promoverán las exportaciones agrícolas, con la información de PROCOMER y el compromiso del MAG de brindar apoyo expedito y eficiente.

K. Infraestructura de transporte

El objetivo es promover la competitividad empresarial y el crecimiento económico en el país mediante mejoras en el transporte de personas y bienes que se traduzcan en reducciones de costos, aumentos en productividad, y aumento de las oportunidades de negocios y generación de empleo. Para ello se plantea el desarrollo de un Sistema Nacional de Transportes (SNT) que posea dos características fundamentales: inter-modalidad e integración. Para ser intermodal se requiere que los distintos modos de transporte se desarrollen de forma armónica, aprovechando las ventajas de cada uno, dentro de una visión sistémica unificada. Y es integrado, en la medida en que las redes de transporte que forman parte de un mismo modo se vinculan entre sí de una manera eficiente. Bajo esta perspectiva, los itinerarios de viaje pueden ser realizados de manera fluida, independientemente de las infraestructuras o equipos de transporte que se utilicen, y no como un conjunto de trayectos separados y mal conectados entre sí. El SNT se divide en tres componentes: i. El transporte urbano y cantonal (infraestructura vial urbana, transporte público urbano en la GAM y ciclovías); ii. La infraestructura de transporte vial en mediana y larga distancia, que forma parte de la red vial nacional; y iii. Las grandes terminales de logística internacional (puertos marítimos y aeropuertos internacionales). El componente i. se desarrolla en el capítulo 4. Calidad de vida. Elevar la eficiencia del transporte de personas y carga a lo largo del territorio nacional El país requiere de una red de carreteras nacionales que comunique fronteras y costas de una manera más eficiente que la actual, tanto para satisfacer necesidades de logística internacional, como para mejorar la calidad de vida de la población en términos de tiempo de traslado, calidad del ruedo, costos por averías y riesgo de accidentes, entre otros aspectos. Se aprovecharán al máximo los proyectos e iniciativas que ya están en proceso, en materia de desarrollo de infraestructura pública de transporte. Más aún, se dará la más alta prioridad a aquellas iniciativas en proceso que ofrezcan las mayores probabilidades de culminación en el corto y mediano plazo. Para ello planteamos cambiar la configuración actual de la red vial de mediana y larga distancia, la cual tiende a concentrar en la GAM el tránsito que circula de manera longitudinal o transversal por el territorio nacional. Con ese propósito, la red deberá redistribuir el tránsito de forma más eficiente por el territorio nacional y evitar provocar el efecto de “embudo” que actualmente se genera en la GAM. Con ese propósito, construiremos lo siguiente: 1. Carretera Guápiles–Limón. Se apoyará la ejecución del contrato ya firmado con la empresa CHEC para construir esta vía. Se prestará especial atención a la generación de soluciones para relocalización de servicios que es indispensable para ejecutar la obra, y en especial lo relacionado con la reubicación de un tramo del oleoducto de RECOPE que actualmente pasa por esta vía. Asimismo, se iniciarán de inmediato las acciones necesarias para la ampliación y mejora del servicio de la carretera desde el "cruce de La República” hasta Guápiles. Estas acciones incluyen la mejora sustancial de la calidad y

seguridad del servicio en la sección del Parque Nacional Braulio Carrillo, incluida una mitigación de posibles impactos ambientales negativos. 2. Interamericana Norte. Se dará prioridad a la ejecución de los tramos Barranca–Limonal y Limonal–Cañas, ya financiados por el BID. 3. Ampliación de la ruta 27 para adecuarla a la demanda actual y la prevista, especialmente a partir de la construcción del Aeropuerto Metropolitano en Orotina a partir de una negociación con el concesionario. 4. Carretera a San Carlos. Se revisará y mejorará el plan de ejecución de esta obra para asegurar que se hará de forma eficiente y se asegurará la conexión con la carretera Bernardo Soto, tanto en términos técnicos como financieros. 5. Carretera Vuelta de Kooper–Bajos de Chilamate. La construcción de esta vía debería terminarse en el actual periodo de gobierno. Si se produjera un retraso que obligase a terminarla en la próxima Administración, se le dará alta prioridad, dada su importancia estratégica dentro del SNT. 6. Carretera Interamericana Sur. Se realizarán los estudios de pre-inversión y la gestión de financiamiento con el objetivo de iniciar su construcción durante la Administración Álvarez Desanti. Un salto adelante en el desarrollo de las grandes terminales de logística internacional y de los pasos de frontera terrestres Costa Rica tiene una ubicación privilegiada en el sistema logístico mundial, pues se encuentra en el centro del continente americano, y posee costas en los océanos Atlántico y Pacífico. Tomando en cuenta esta ubicación geográfica tan idónea, implementaremos aquellos componentes del SNT que son esenciales para mejorar el posicionamiento de Costa Rica dentro del sistema logístico mundial. Esos componentes son tres: los puertos marítimos, los aeropuertos internacionales, y los pasos de frontera terrestres. En primer lugar, desarrollaremos una infraestructura portuaria de calidad mundial para que el país pueda aprovechar el transporte marítimo asociado al mercado de Norteamérica, conectar su carga marítima con el resto del mundo por medio de los grandes puertos del Canal de Panamá, e incluso competir con Panamá en el manejo portuario de carga de transbordo. En segundo lugar, el país necesita aumentar sustancialmente su capacidad aeroportuaria, para atender el crecimiento de la demanda de este servicio, tanto en transporte aéreo de pasajeros como de carga. En tercer lugar, el país necesita mejorar notablemente la fluidez del tránsito de personas y bienes por los cuatro principales pasos de frontera terrestre, mientras mantiene estrictos controles fitosanitarios y de seguridad humana. Ahora bien, dado que la Administración Álvarez Desanti tendrá que actuar en un periodo de fuertes restricciones fiscales, obliga a realizar un esfuerzo especial para encontrar formas creativas y a la vez viables de financiar aquellos proyectos que son esenciales para dar un salto cualitativo en el desarrollo del SNT. Para ello se impulsarán fuertemente modalidades de asociaciones público privadas (APP). Aumentaremos sustancialmente la capacidad instalada de los puertos marítimos del país, y los modernizaremos para incorporar las últimas tecnologías disponibles en el mundo. Además,

construiremos la infraestructura necesaria para lograr una conectividad aceptable con otros modos de transporte. Simultáneamente, provocaremos un salto adelante en la mejora de los aeropuertos internacionales del país. Con esos propósitos, se ejecutarán los siguientes proyectos: 1. Ampliación del Puerto de Caldera y su capacidad integral con base en las posibilidades legales que permita la concesión vigente. 2. Ejecución de la segunda fase del complejo portuario de Moín con base en una propuesta a negociar con el concesionario. 3. Ampliación de los muelles de JAPDEVA, enmarcada en una visión de conjunto del desarrollo portuario del país en el Caribe. 4. Impulsar y acelerar los planes de ampliación de los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber. 5. Impulsar al proyecto de Aeropuerto Metropolitano en Orotina. 6. Mejora y ampliación de los aeropuertos internacionales secundarios: el Tobías Bolaños, en San José, en la Zona Sur y el de Limón, con base en la actualización de los planes respectivos. 7. Modernizar los cuatro principales pasos de frontera terrestres del país: Peñas Blancas, Paso Canoas, Las Tablillas y Sixaola, con base en la propuesta del BID para financiar la ejecución de estas obras con una inversión aproximada de US$100 millones, y otras formas de financiamiento. Mejora de la capacidad de gestión del desarrollo de infraestructura pública La experiencia nacional de las últimas décadas muestra con ejemplos abundantes que el país debe mejorar de manera radical su capacidad para planear, diseñar, construir y mantener su infraestructura de transporte público. Para atender esta limitación se plantea un conjunto de reformas, incluidas aquellas cuya ejecución no requiere de reformas legales y aquellas que están dirigidas a promover este tipo de cambios. Mejoras organizativas que no requieren de cambios legales Planificación de mediano y largo plazo 1. Teniendo en cuenta que la función de planificación del sistema nacional de transportes es una de las principales formas de ejercer la rectoría sectorial por parte del MOPT, fortaleceremos la capacidad organizativa de la Dirección de Planificación Sectorial de ese Ministerio. Esto incluye el refuerzo de su dotación de recursos humanos, la mejora de sus metodologías de análisis y procesos de trabajo, y la gestión de recursos externos para contratación de estudios. 2. Estableceremos un fondo para actividades de preparación de proyectos de infraestructura de transporte, tales como estudios de pre-inversión y actividades de preparación de procesos de expropiación. Será financiado, entre otras fuentes, con una

pequeña fracción de los ingresos generados por el Impuesto Único sobre los Combustibles. Una parte de los recursos invertidos en esas actividades podrá ser recuperada mediante recursos provenientes de garantías de participación a ser establecidas en los procesos de licitación.

Contratación y desarrollo de talento humano 1. Se creará un programa nacional de desarrollo científico y tecnológico en campos estratégicos para el desarrollo del sistema nacional de transporte, en coordinación con las universidades del país, y con aportes de cooperación internacional. 2. El proyecto que se llevará a cabo en este campo incluirá la creación de clases ocupacionales más adecuadas para contratar los perfiles profesionales requeridos, creación de puestos por plazo determinado (por ejemplo, a 2 o 4 años) para poder efectuar contrataciones por proyecto, y de puestos de jefatura con salarios adecuados. Además, se establecerán regulaciones para la asignación de los pluses salariales que están establecidos por el citado Régimen, con el fin de que constituyan en lo posible un estímulo a otorgar en función de resultados. 3. Se establecerá un programa para becas de funcionarios de MOPT, CONAVI, y CNC, con el fin de que cursen estudios de postgrado en especialidades de alto valor estratégico para el desarrollo del sistema nacional de transportes. Expropiaciones y adquisiciones de terrenos Se ejecutará un programa especial para la mejora sustancial de la capacidad institucional en materia de gestión de expropiaciones. Realizaremos los siguientes cambios: 1. Fortaleceremos el equipo de trabajo que gestiona los procesos de expropiación. 2. Mejoraremos el mecanismo de coordinación interinstitucional para la ejecución de los procesos de expropiación. 3. Fortaleceremos la programación a mediano y largo plazo de los procesos de negociación. 4. Introduciremos mejoras metodológicas sostenidas en los principales procedimientos de expropiación, tales como la calidad de los planos de las áreas a expropiar, las tasaciones, la delimitación de responsabilidades entre entidades participantes, y la atención al público. 5. Promoveremos el mecanismo de “acuerdo entre privados” para adquirir propiedades o terrenos necesarios para el desarrollo de las obras, bajo supervisión estatal. En estos casos, los fondos para las expropiaciones pueden provenir de créditos asociados a los proyectos, o pueden ser considerados como parte de la inversión a realizar por el adjudicatario. Contratación administrativa

Ejecutaremos un programa destinado a mejorar los procesos de contratación de obras viales con recursos del presupuesto del gobierno central, con objetivos tales como la reducción de imprecisiones y errores en los carteles de licitación, y la mejora metodológica en la evaluación de ofertas. Este programa también incluirá acciones para aprovechar mejor los sistemas existentes de compras estatales en línea para hacer más eficiente y transparente la contratación de servicios de mantenimiento y ejecución de obras viales. Concesión de obra pública Se relanzará el programa de concesión de obra pública y se ejecutará un programa de mejora de la capacidad de gestión del CNC. Se pondrá énfasis en los siguientes aspectos: 1. Fortaleceremos en número y nivel de especialización del equipo de trabajo del CNC, para que esté en mejores condiciones de asumir las tareas que le competen. 2. Mejoraremos la planificación estratégica de las inversiones en concesiones para proyectos de infraestructura de transportes. 3. Mejoraremos sustancialmente el esquema de coordinación interinstitucional en torno de procesos de concesión de obra pública. 4. Mayor confiabilidad en la ejecución de pagos por parte del Ministerio de Hacienda, para cubrir gastos asociados a proyectos pertenecientes al régimen de concesión de obra pública. 5. Mayor eficiencia en la ejecución de tareas necesarias para los procesos de concesión, por parte de diversas entidades estatales. Entre ellas: gestión de los trámites de expropiación de terrenos, permisos ambientales, traslados de servicios públicos que serán afectados por las nuevas obras, reubicación de asentamientos humanos informales, etc. 6. Mayor capacidad para actualizar los diseños de las obras, los cuales a menudo se desactualizan debido a errores en los diseños iniciales, a cambios asociados con retrasos en la ejecución de las obras, o a decisiones de gobierno. 7. Mayor capacidad para el mercadeo de los proyectos entre los actores privados, sean nacionales o extranjeros, para contar con la mayor cantidad posible de oferentes óptimos. 8. Fortaleceremos las capacidades en materia de renegociación de contratos de concesión de obra pública. 9. Mayor aprovechamiento de las modalidades de asociación público-privadas, lo cual significa la eliminación de restricciones inconvenientes para que se pueda aplicar Reformas legales propuestas Nos proponemos una revisión de las leyes del CNC y el CONAVI de tal manera que tengan un margen más amplio para desarrollar sus capacidades organizativas, ejercer sus competencias, y rendir cuentas por los resultados de su gestión. También realizaremos una revisión pormenorizada del sistema portuario nacional, en procura de la eliminación de posibles solapamientos de responsabilidades y competencias entre los distintos

actores (MOPT, INCOP, JAPDEVA, Aduanas, etc.). Para, a partir de dicho, análisis impulsar una ley de Puertos, en conjunto con la ley de navegación y reformas de legislación atinente y respectivas. L. Electricidad para el desarrollo Es imposible ignorar la huella que han dejado en el país las reformas liberacionistas en el sector eléctrico. El PLN revolucionó la generación de la electricidad, caracterizada anteriormente por la baja inversión y escasa cobertura, y la convirtió en un derecho; lo cual, a su vez, provocó una revolución tecnológica y educativa nacional al cambiar los bueyes por los motores, y permitió la industrialización del país. Sin embargo, desde la última década, este servicio ha marcado una tendencia de aumentos significativos en su tarifa, lo que impacta en forma negativa en el costo de la vida para el costarricense, la competitividad empresarial del país y limita el crecimiento o aparición de nuevas fuentes de empleo y de producción en el país. Por lo tanto, el conglomerado que conforma el sistema eléctrico nacional y, que opera toda la infraestructura productiva de hoy, debe reformarse para garantizar el cumplimiento de los objetivos de orden nacional y darles prioridad a las necesidades de los clientes eléctricos. Hasta la fecha, el comportamiento del sector eléctrico se ha caracterizado por concentrar las grandes decisiones en manos de unos pocos actores vinculados con la generación eléctrica. Esas decisiones, sus motivos o intereses no quedan visibles para el escrutinio sano de la sociedad y objetivos del bien común. El resultado de esta organización del sector es la falta de consideración de los intereses de las grandes mayorías en cuanto a costo y calidad del servicio. Desde una perspectiva de la competitividad nacional, esta situación no permite que los ciudadanos, en forma libre e innovadora, se involucren no solo sugiriendo sino también participando en las soluciones energéticas que las nuevas tecnologías y su desarrollo permite. Es aquí donde se conforma la necesidad de variar el paradigma para abordar aspectos de costo y calidad, así como los nuevos retos presentes y a futuro que tiene el sector eléctrico, tales como la sostenibilidad ambiental en el uso de los recursos, la utilización de tecnologías limpias y la mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros. Ya es hora de equilibrar la mesa de sector eléctrico y dinamizar o adicionar además de la generación, otras actividades económicas de gran valor e impacto ubicadas en los espacios de consumo y distribución de la electricidad. Es hora de cambiar el conglomerado del sector eléctrico de aquella imagen poco transparente a una donde se proyecten las necesidades de todos los costarricenses, de las empresas que necesitan competir en el mundo y principalmente de la sociedad en la que aspiramos vivir. Para ello es necesario permitir una mayor inversión privada en la generación eléctrica y promover la competencia entre los actores, bajo la premisa

de que lo importante no es quien produzca la energía, sino quien lo haga a menor costo y con mejor calidad, de manera que el precio que pagan los consumidores de todo tamaño se reduzca. Pero también debemos trabajar por el lado de la demanda de energía eléctrica para disminuir las presiones sobre la oferta, particularmente por cuanto algunas de las fuentes renovables (eólicas y solares) no se ajustan a los picos de demanda (aproximadamente de 11:00 am a 2:00 pm y de 6:00 a 9:pm), en contraste con las térmicas, hídricas y de combustibles fósiles que sí se adaptan a los ciclos diarios de la demanda. Planteamos: 1. Promover acciones para reducir la demanda de electricidad, particularmente en las llamadas “horas pico” mediante campañas de educación sobre el uso de los aparatos eléctricos, instalación de medidores que premien el bajo uso durante las horas pico, usos de iluminación de bajo consumo (LED) y promociones en el uso de electrodomésticos de mayor eficiencia energética. 2. Se promoverá una reforma legal para permitir una mayor participación de los inversionistas privados en la generación eléctrica y una mayor competencia entre los generadores que redunde en una reducción de los costos y los precios. La renovación y pleno aprovechamiento del potencial del sector eléctrico se logrará a través de un régimen legal simple y eficaz que brinde un marco institucional y de regulación y control transparente de los procesos sustantivos que regulan sus actividades técnicas y económicas y que permita la participación de todos los esfuerzos nacionales para el aprovechamiento de las energías nacionales y limpias. 3. Regular las tarifas eléctricas considerando también los factores de costo de vida del cliente eléctrico o de competitividad del sector empresarial nacional. Se cambiará el sistema de regulación de las tarifas para que incluya en la regulación tanto los costos de industria en suministrar el servicio como también los costos de vida de los costarricenses y la competitividad empresarial. 4. El costo del servicio eléctrico se mejorará solo con el concurso de todas las fuerzas de la sociedad utilizando las fuentes nacionales de energía, hidroeléctricas, eólicas, solares, y geotermia de baja y alta entalpía, etc. Se buscará dinamizar el sector eléctrico con el fortalecimiento y expansión de del sector electricidad el país, garantizando la inclusión de todos los proyectos de generación eléctrica que provengan de la sociedad, sean de iniciativa privada o pública. 5. Convertir en a Costa Rica en la primera potencia exportadora de Centroamérica. Todos los productores de energía tanto públicos como privados podrán exportar energía, por lo que se debe ver la exportación como una actividad económica nacional, en la que no haya discriminación de actores y movida por una sola meta: lograr la mayor potencia de exportación eléctrica del país. 6. Lograr la segunda electrificación energética fomentado el transporte eléctrico del País. Cambiar el carbón por el electrón. El sector eléctrico contribuirá al crecimiento y

desarrollo del país agregando nuevos sectores económicos en el país. Estos sectores son, por ejemplo, el transporte eléctrico basado en la electricidad como su energía. 7. Generar y almacenar energía eléctrica genera riqueza para todos. Combatiremos la pobreza y fomentaremos el empleo con nuevas formas de empresariado en electricidad. Aprovechar al máximo las posibilidades de generación y almacenamiento de energía nacional en los hogares, la industria y, en general, en las instalaciones ubicadas en los lugares de consumo de electricidad. 8. Los costos se bajan cuando las opciones aumentan en variedad y número. Garantizar la inclusión en el servicio eléctrico de todas las posibilidades y aprovechamientos de energía nacional que pueden ayudar a obtener los mejores costos de producción y almacenamiento de la electricidad considerando todas las formas de asociación, privadas, publicas, público–privadas etc. 9. Ahorrar electricidad, exportar y ganamos todos. Se crearán mecanismos financieros en el sector eléctrico para combatir la pobreza por medio de remuneración del ahorro eléctrico medido y controlado en los clientes eléctricos, por medio del mecanismo de coordinación de energía dejada de consumir y exportada. M. Reforma fiscal integral

Desde el inicio mismo de la Administración Álvarez Desanti plantearemos un esfuerzo de concertación donde la reforma fiscal puede y debe plantearse como un ejercicio democrático de refundación nacional, y donde la solución fiscal sea parte de una negociación más amplia sobre la reforma económica postergada. Esto supone un llamado al diálogo y la concertación con miras a construir un acuerdo nacional sobre ingresos y gastos públicos, pero también sobre la necesidad, función y naturaleza de estos. Propondremos una visión integral de los elementos para la concertación nacional con miras a avanzar hacia el bien común de manera sostenida, donde se visualicen las ventajas de los abordajes integrales sin caer en juegos de suma cero por parte de grupos de interés particulares. En este marco promoveremos una reforma fiscal integral con tres pilares: 1. Modernización de la estructura fiscal; 2. Control efectivo de los disparadores del gasto; y 3. Aumento de la transparencia y rendición de cuentas del sector público.

III.

Seguridad humana inclusiva El Estado es la organización político jurídica del poder de la sociedad, encargada de garantizar los derechos de las personas, debe realizar por medio del orden jurídico todas aquellas funciones en las cuales su intervención se justifique con motivos del bien común, que en ningún caso puede justificar el sacrificio de los atributos fundamentales de la dignidad humana. Partido Liberación Nacional. Carta Fundamental. Aumento de la violencia: En la pasada Administración se lograron avances significativos en la reducción del principal indicador de violencia (homicidios culposos por cada 100.000 habitante), el cual bajó de 11.6 en el 2010 a 8.7 en el 2013 gracias a la Estrategia de Seguridad Ciudadana. Lamentablemente, en el 2014 este se elevó a 10.0 en el 2014 y alcanza niveles de pandemia (superior a 11.0 de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud) en el 2015 al alcanzar 11.4 en el 2015 y 11.8 en el 2016 cifra que representa el mayor número de homicidios intencionados de la historia. La escalada de violencia requiere retomar algunos de los elementos de éxito de la Administración Chinchilla. No obstante, tomando en cuenta que el entorno internacional tendrá mayores repercusiones negativas debido a la creciente huella del crimen organizado transnacional, particularmente con el incremento esperado en el trasiego de cocaína, además del trasiego de marihuana deberán entonces reforzarse las políticas y programas de seguridad para revertir los indicadores de violencia y, en particular los de vigilancia y control del narcotráfico. Nuestro enfoque se distingue porque, junto a un trabajo policial más efectivo, se parte de una visión centrada en los derechos humanos. Frecuentemente, la reacción ante una crisis de inseguridad es promover exclusivamente una visión de seguridad represiva. Preferimos desarrollar un modelo de “Seguridad humana inclusiva”. La violencia creciente en nuestra sociedad no se puede resolver solo a través de la punición. También se requiere mayor énfasis en la prevención y la rehabilitación. Programa de Acción Política A. Prevención social Jóvenes en riesgo: Una proporción importante de jóvenes se encuentra en riesgo frente a las drogas, violencia y pandillas que actúan en las principales ciudades del país. Los asentamientos en precario fácilmente se convierten en lugares de descomposición social para los jóvenes. En la actualidad estos asentamientos son los principales sitios para el narcomenudeo. Pero también los deportes y las artes son medios efectivos de prevención social para los jóvenes en riesgo, lo cual se puede acompañar de inversiones en infraestructura social: parques, alumbrado público, e infraestructura comunal entre otros. Desafortunadamente, el programa del bono comunal, financiado mediante el impuesto solidario establecido en la reciente Administración Arias, se ha

desvirtuado en la actual Administración y dejó de ser un instrumento de prevención social en los asentamientos. También se dejó de lado la intervención de asentamientos en precario mediante los instrumentos previstos en Ley del Sistema Financiero de la Vivienda en su artículo 59. El abandono de estos programas de vivienda posiblemente también ha contribuido a la escalada de violencia, muchas de cuyas víctimas son habitantes de estos barrios. Por otra parte, el Sistema Nacional de Juventud (SNJ) de acuerdo con la Ley General de la Persona Joven es la responsable de ejecutar políticas públicas de juventud. Entre estas bien pueden incluirse la realización de actividades de prevención social para jóvenes en riesgo. En efecto, muchas de las actividades que actualmente realiza el SNJ tienen un efecto de prevención social para los jóvenes que participan. El Viceministerio de Juventud preside la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Persona Joven y esta última es la responsable de elaborar y ejecutar la política pública de juventud. A su vez, la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven es la figura con mayor representación de los jóvenes del país. Finalmente, existen los Comités Cantonales de la Persona Joven, las cuales son instancias municipales de participación integrados por jóvenes del cantón que representan distintas organizaciones de ese cantón. 1. Becas para el deporte: Destinaremos una porción de los recursos actualmente asignados al deporte, parte de los recursos del FONABE, así como de otras fuentes de recursos de programas sociales y consolidación de programas de prevención de la violencia y paz social a través del deporte. Se atenderán jóvenes en riesgo de violencia, en entornos disfuncionales y habitantes de zonas de intervención prioritaria, definidos a partir de indicadores delictivos y de violencia. El programa atenderá a jóvenes en riesgo. 2. Intervención de asentamientos en precario: Interveniremos los asentamientos en precario de las zonas urbanas mediante una recuperación de los fines del bono comunal financiado con el impuesto solidario. Esto permitirá intervenir asentamientos donde sus características impiden una intervención al tenor del artículo 59 de la ley del SFNV por no permitir el perfeccionamiento del bono familiar de la vivienda, ya sea por razones de la tenencia de la tierra, características urbanísticas de un asentamiento consolidado, o de los propios ocupantes del precario. El bono comunal nos permitirá atender necesidades de iluminación, recreación, pavimentación de calles, recolección de aguas negras y otras necesidades urbanísticas, las cuales contribuyen a disminuir las actividades delicuenciales. En algunos casos, una minoría, el bono comunal se podrá acompañar de bonos familiares para resolver también las necesidades de vivienda. 3. Recuperaremos los proyectos al amparo del artículo 59 de la ley del SFNV, particularmente aquellos destinados a la erradicación de precarios. Mediante este artículo, el SFNV puede financiar la erradicación de precarios en sitio o el traslado del los habitantes del precario a una finca en verde. Promoveremos y daremos prioridad a este tipo de proyectos dentro de lasignación preupuestaria para el artículo 59. 4. Promoveremos un proyecto de ley que reconozca las realidades de los asentamientos consolidados (por ejemplo, aquellos de más de cinco años), para que la intervención del Estado no tenga que cumplir los mismos requisitos que los proyectos de vivienda en verde (tales como ancho de calle y frente de lote, entre otros).

5. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud: Su objetivo de trabajar por consolidar y dinamizar la participación y visibilización de las personas jóvenes es precisamente consistente con el objetivo de prevención social para evitar que los jóvenes caigan en la drogodependencia, se unan a pandillas o maras, o se dediquen a la delincuencia. Aumentaremos el presupuesto del SNJ para promover actividades de prevención social de los jóvenes y aprender de sus experiencias los éxitos en la prevención social para informar a la política pública en esta materia. 6. Aumentaremos los presupuestos de los Comités Cantonales de la Persona Joven, los cuales actúan de manera descentralizada en la ejecución de sus presupuestos, administrados estos por las municipalidades de sus respectivos cantones. Promoveremos que en la formulación y ejecución de sus proyectos de prevención social trabajen en coordinación y con el apoyo de la Fuerza Púbica, el Viceministerio de Paz, el IMAS, el INAMU y el propio Viceministerio de Juventud. B. Seguridad ciudadana Para mejorar los índices de criminalidad del país se plantea el siguiente conjunto de acciones, las cuales incluyen el uso de las tecnologías de información en la planificación y organización de las labores policiales para facilitar sus internvenciones preventivas y de respuesta y la participación municipal y comunitaria, entre otras. También se hace mención explícita del problema de los femicidios como la expresión extrema del problema de violencia contra las mujeres, pero cuya atención por medio de la prevención ayudará también a disminuir otras formas de violencia contra las mujeres. Las acciones son las siguientes: 1. Estableceremos una plataforma digital nacional que integre tecnológicamente a todos los servicios policiales en procura de mejorar su capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que afecta a cualquier persona en nuestro país. Nuestra meta, al igual que en los países desarrollados, será que la respuesta policial ante cualquier emergencia criminal se logre concretar en cinco minutos y nunca después de diez minutos después de verificado el evento. 2. Evitaremos el acuartelamiento policial mediante su despliegue táctico sobre terreno. La respuesta rápida de la policía depende de su posicionamiento en el espacio territorial que facilite su pronta activación. De ahí que retomaremos el uso de mapas criminales y otros recursos informáticos para que la presencia policial esté acorde con este objetivo. 3. Bajo un modelo que integre eficientemente a la policías nacionales y municipales, y a las comunidades, mediante la implementación del Plan Cuadrante, potenciaremos el papel social y preventivo de las fuerzas policiales. Este Plan asigna los policías y alerta a las comunidades en los cuadrantes con mayor actividad delictiva a las horas en que los delitos ocurren con mayor frecuencia, de tal manera que el despliegue policial sea eficaz. 4. Aumentaremos el número de efectivos policiales y la flota vehicular de la Fuerza Pública; así como de su uso eficiente por parte de un centro de mando y control con base de tecnologías de la información que monitoree eficazmente la respuesta policial en cada

5. 6.

7. 8.

evento. Esto denota la importancia de informatizar plenamente los servicios policiales en nuestro país de cara a su eficiencia y eficacia, y para el mejor control ciudadano de la Policía en Costa Rica. Asociaremos la prevención policial con la prevención social que despliegan el IMAS, el PANI y otras dependencias públicas para evitar que personas, especialmente jóvenes, en riesgo social se criminalicen. Propiciaremos una segunda fase del préstamo BID-Seguridad para que la totalidad de los centros penitenciarios cuenten con infraestructura adecuada que permita la reintegración de la persona infractora. También, este préstamo se utilizará para que la totalidad de Delegaciones de la Fuerza Pública sean renovadas a efectos de mejorar el servicio público que desde ahí se brinda. Incrementaremos los procesos de profesionalización de la policía y ofreceremos la posibilidad de carreras policiales a profesionales jóvenes exitosos que pueden integrarse a la policía y así mejorar el desempeño policial en nuestro país. Mejoraremos los niveles de vinculación de la Policía costarricense con las entidades policiales de los países vecinos, en particular, Colombia, Panamá y México, pero también con los países consumidores en procura de mejorar la transferencia de conocimiento, intercambio de información y las actuaciones conjuntas que requieren ser implementadas de cara a la globalización que afrontamos.

C. Seguridad con enfoque de género

Según las estadísticas del Anuario Policial del 2014, 51 mujeres fallecieron bajo la categoría de homicidio doloso. El 43.1% de los casos (22 mujeres) corresponde a femicidios. De los homicidios restantes, la mayoría son producto de robos y asaltos (27,6%) con ocho casos, los problemas por drogas con seis (20,7%), los errores u omisiones con tres (10,3%), las presunciones de sicariato con dos (6,9%), las sospechas de femicidio con otros dos (6,9%). Adicionalmente, la mayoría (7) ocurrieron en San José. En 17 de los casos de femicidio había antecedentes de agresión, en 6 amenazas de muerte y en 3 había medidas de protección. Costa Rica aprobó la Ley Nº 8589, denominada: “Penalización de la Violencia Contra las Mujeres” y ratificó la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” (Convención de Belém do Pará) con el objetivo de prevenir la violencia en contra de las mujeres. No obstante, los indicadores continúan siendo alarmantes. Es necesario hacer más y mejor. Un punto a tomar en cuenta es que cuando se discuten temas de seguridad normalmente se hace a partir de los espacios públicos y se hace referencia a robos o al tráfico de drogas. Esta visión de seguridad, invisibiliza las vulnerabilidades de las mujeres. Para las mujeres, el mayor peligro no es la inseguridad producto de luchas entre pandillas o la delincuencia común. Más bien, según el Poder Judicial, el peligro ocurre en el seno doméstico y el mayor detonante son los “supuestos celos” del agresor. Desde esta óptica, existe una deuda de género en materia de seguridad. Por consiguiente, se debe diseñar una política de seguridad con un enfoque de género que tome en cuenta las vulnerabilidades de las mujeres.

1. Estableceremos un centro de respuesta y atención en el INAMU para darle mayor apoyo y seguimiento a las mujeres que reportan violencia. El centro de atención de llamadas y denuncias operará veinticuatro horas al día. 2. Capacitaremos a las fuerzas policiales sobre la violencia de género con miras a eliminar los abusos e impunidad en este ámbito. 3. Crearemos un premio anual para las obras artísticas que sensibilicen a la población sobre la violencia contra las mujeres. 4. Brindaremos cursos de concientización en la primaria con niños y niñas sobre la prevención de la violencia intrafamiliar. 5. Crearemos una red inter-institucional a través de la coordinación de servicios sociales, (salud, programas asistenciales y los servicios judiciales) para brindarle apoyo integral a mujeres y niñas que sufren violencia. 6. Aumentaremos el número de mujeres policías del 8% al 15% para disminuir la brecha de género.

D. Sistema Penitenciario Situación penitenciaria: Durante los años setenta, nuestro país, lanzó una de las más profundas reformas penitenciarias de nuestra historia, que tuvo como resultado un sistema que fue orgullo y obtuvo el mayor reconocimiento internacional. Lamentablemente hoy nadie se enorgullece del sistema penitenciario, es motivo constante de preocupación y, contrario a sus fines de rehabilitación, es una fuente de aprendizaje y reproducción de mayor criminalidad. Con una población de más de 13.200 privados de libertad, con una tasa de hacinamiento de aproximadamente 37% y más de un 25% de presos sin condena, no es de extrañar que se haya perdido el control interno, y todo rumbo en materia técnica y objetivos institucionales. En resumen, el diagnóstico actual es: hacinamiento y graves problemas de infraestructura; pérdida de control interno y falta de personal idóneo; y necesidad de un nuevo modelo y revisión del marco legal. Lejos de ver al sistema penitenciario como la solución para todo el malestar social, este verdaderamente se debe convertir en un mecanismo de última ratio. Como consecuencia, es necesario elaborar programas de prevención social y reintegración social para disminuir la reincidencia. Estableceremos una política penitenciaria que humanice el internamiento carcelario en función de la re-educación y transformación de la persona infractora, con una reducción por buen comportamiento del número de años que aparece registrado el delito en la hoja de delincuencia, con el objeto de facilitar su reinserción a la sociedad a través del empleo y la educación, con el apoyo de instituciones como el INA. En particular:

1. Desarrollaremos un nuevo modelo o sistema penitenciario basado en derechos y obligaciones donde el trabajo y la educación cumplan un papel central. 2. Aplicaremos medidas alternativas, tales como el monitoreo electrónico, para personas primo-delincuentes y otros casos selectos (por ejemplo, madres, jefas de hogar, con hijos menores a tres años). 3. Tendremos una mayor coordinación entre el sistema penitenciario y el Ministerio de Educación, INA y UNED para mejorar el acceso a la educación y capacitación laboral de personas privadas de libertad. 4. Proporcionaremos fuentes de trabajo dentro del sistema penitenciario, remuneradas conforme al Código Laboral. 5. Mejoraremos la coordinación entre el IAFA y el sistema penitenciario para brindarle programas de tratamiento y rehabilitación a privados de libertad con drogodependencia. 6. Ampliaremos los Centros de Atención Institucional para reducir las tasas de hacinamiento a niveles no mayores del 120%. 7. Iniciaremos la construcción de una prisión adecuada para personas con trastornos mentales en conflicto con la ley. 8. Capacitaremos al personal penitenciario en derechos humanos, entre las cuales se incluirán las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

IV.

Calidad de vida para todos (La libertad) la entendemos como un concepto integral que incluye no solo el disfrute de los tradicionales derechos civiles y políticos, sino también la máxima satisfacción posible de las necesidades de alimentación, vivienda, vestido, salud y educación. Partido Liberación Nacional. Carta Fundamental.

Un conjunto de factores está afectando la calidad de vida de los costarricenses que demandan acciones inmediatas. Programa de Acción Política A. Congestión endémica vehicular La calidad de vida de los habitantes de la GAM y otras ciudades está seriamente afectada por las presas y atascamientos vehiculares que se forman en las horas pico, las cuales se extienden día a día. Por lo tanto, para elevar la calidad de vida de la ciudadanía, planteamos lograr: i. una reducción de los tiempos de transporte; ii. el aumento de frecuencias y opciones de transporte; iii) la disminución de accidentes asociados con el transporte; y, iv. la mejora de la calidad del espacio urbano. En las zonas urbanas, y especialmente en la GAM, proponemos pasar de una infraestructura de transporte excluyente y hostil para la mayoría de los ciudadanos, a una que responda principalmente a las necesidades de movilidad de esa mayoría de la población –es decir, aquellos que deben desplazarse por autobús, tren, en bicicleta o caminando– mediante el desarrollo de opciones modernas de transporte público masivo. Teniendo clara esta prioridad, también se mejorarán sustancialmente las condiciones de transporte vehicular en los centros urbanos del país. Superar la congestión vehicular endémica y creciente en la GAM: El atascamiento creciente del tránsito en la GAM está asociado principalmente con las siguientes causas: 1. La actual configuración de la red vial provoca que la mayoría de los trayectos entre el norte y el sur, y entre el este y el oeste del país, deban atravesar la GAM. En ese sentido, la red vial genera un “efecto de embudo” que concentra el tránsito en la GAM. 2. Dentro de la GAM, el sistema de transporte está diseñado de tal manera que los vehículos particulares tienen prioridad sobre las personas que requieren ser transportadas. Así, los vehículos obstaculizan el tránsito de los medios de transporte público (principalmente autobuses) que trasladan la gran mayoría de las personas que se movilizan en la GAM. 3. Se carece de un sistema de transporte público masivo que traslade grandes cantidades de personas dentro de la GAM, de forma rápida y eficiente.

La estrategia para enfrentar este reto tiene dos pilares: i. pasar de una red vial en forma de “estrella”, que concentra el tránsito vial de todo el país en la GAM, a una red en forma de “malla” que distribuya eficientemente el tránsito por el territorio nacional; y, ii. pasar de un sistema de transporte dentro de la GAM que privilegia a los vehículos particulares por encima del transporte colectivo público, a otro que le brinde prioridad al transporte público masivo de personas. Esta estrategia se concreta con las siguientes orientaciones: 1. Desarrollar una red vial nacional que permita atravesar el país sin necesidad de pasar por las ciudades del Valle Central. Esta orientación coincide con el reto de elevar la eficiencia en el transporte de personas y carga en todo el territorio nacional, que se expuso en el capítulo sobre empleo. 2. Evacuar con eficiencia el tránsito entre la GAM y el resto del territorio nacional. Para ello, se proponen las siguientes obras viales en la Administración Álvarez Desanti: a. Carretera San José–San Ramón. El Poder Ejecutivo deberá retomar el control de las decisiones necesarias para que este proyecto, actualmente en proceso mediante la figura del fideicomiso, sea exitoso. b. Carretera Prospero Fernández (Ruta 27). Inicio inmediato de las obras de ampliación de la ruta prevista en el contrato de concesión y garantizando una relación adecuada entre las condiciones de servicio y precio y un esquema de supervisión robusto. c. Carretera Florencio del Castillo. Previamente se determinará si la ampliación se ejecutará en su totalidad o por partes y se prestará especial atención a la conexión con la Rotonda de las Garantías Sociales. 3. Evitar que el tránsito entre sectores de la GAM tenga que atravesar el centro de la ciudad capital. Con esta finalidad, se acelerará la ejecución de la carretera Circunvalación Norte, y se un mejorará integralmente la carretera de Circunvalación Sur, que está en operación. 4. Racionalizar el diseño de las rutas de transporte por autobús, mediante planes sectoriales de cumplimiento obligatorio, para elevar la capacidad de transporte de pasajeros y la velocidad de viaje con costos de transporte menores. Estos planes definirán una ruta troncal y la cantidad necesaria de rutas tributarias, en cada sector. Esta estrategia requerirá de un sistema único de pago electrónico en el transporte público por autobús en la GAM, el cual es esencial para integrar este modo de transporte. También es necesario sustituir el actual esquema tarifario por ruta, por uno de tarifas por sector que incluya descuentos por trasbordos entre rutas. 5. Desarrollar alternativas de transporte urbano por trenes rápidos, capaces de trasladar grandes cantidades de personas en la GAM. Dentro de esta orientación, se contempla lo siguiente: a. Aprovechar los estudios de factibilidad existentes para los proyectos de Transporte Rápido de Pasajeros (TRP) del INCOFER y del tranvía que propone la Municipalidad de San José. Ambos proyectos son complementarios y pueden satisfacer necesidades distintas de transporte urbano. b. Llevar a cabo un plan de revisión acelerada de los estudios de pre-inversión de ambos proyectos, desde el primer día de la Administración Álvarez Desanti, para

estar en condiciones de iniciar la construcción de al menos uno de ellos a inicios del 2018. c. El resultado de esa revisión de los proyectos existentes será un sistema de tren rápido que tendrá una ruta principal en dirección este–oeste, e irá desde Paraíso de Cartago hasta Ciruelas de Alajuela. Tendrá un ramal que comunicará Ciruelas, Alajuela, Heredia, la Estación al Atlántico en el centro de San José, y San Pedro. Otro ramal conectará Ciruelas con Belén, el Aeropuerto Juan Santamaría, Pavas, la Estación al Pacífico en el centro de San José, y San Pedro. 6. Favorecer la integración bimodal entre el transporte público por autobús y los trenes rápidos, mediante estaciones de transferencia y pago electrónico de tarifas. Específicamente, se construirán estaciones multimodales en Coyol de Alajuela, Alajuela Centro, Heredia Centro, la Estación al Pacífico, la Estación al Atlántico, Tres Ríos y Cartago Centro. Estas estaciones deben incluir áreas de intercambio entre el tren y las líneas de autobuses, facilidades comerciales y, en algunos casos, amplios espacios de estacionamiento. Estas estaciones son componentes claves de una red eficiente de transporte bimodal (autobuses–tren rápido) en la GAM. Para propiciar el funcionamiento bimodal, también se deberá extender el sistema de pago electrónico de tarifas de autobuses al servicio de tren rápido. 7. El pago electrónico permitirá utilizar una plataforma informática que recolecte información necesaria para la planificación de rutas, la gestión de las empresas de transporte, la regulación de las tarifas y recolección de impuestos, entre otros. Permitirá recabar grandes datos para el análisis de los servicios de transporte e introducir una gestión integral del sector. 8. Se elaborará un plan para la construcción de ciclovías en rutas independientes de las vías de vehículos automotores, y en vías paralelas a las de vehículos automotores. Si el tren urbano se construye de manera elevada, las áreas correspondientes a los derechos de vía podrían destinarse a ciclo vías, para lo cual debe buscarse alguna solución a las intersecciones importantes. De esta manera, se busca promover el transporte por bicicleta, que por sus bajos costos permite resolver necesidades de transporte de la población de menores recursos, mejora la salud de quienes lo practican y, además, contribuye a reducir la contaminación ambiental. B. Listas de espera y modernización de la CCSS

El derecho a la salud incluye que las atenciones médicas, cuando estas sean requeridas, se ofrezcan de manera pronta y oportuna por parte de la seguridad social, la cual se fundamenta en los principios de solidaridad, universalidad, unidad, obligatoriedad, igualdad y equidad. Pero también debe prevalecer el principio de eficacia o de inmediatez de los servicios, sin lo cual, los principios anteriores son letra muerta. A su vez, la CCSS es uno de los fundamentos de la democracia social, la cual se alimenta de los principios antes mencionados. El debilitamiento de los servicios de la CCSS significa, por lo tanto, el debilitamiento de uno de los pilares de nuestra democracia.

A diciembre 2015, la lista de espera a nivel nacional registró 118.354 pacientes con un plazo promedio de espera por 265 días. Esto significa que personas referidas a un especialista o que requieren procedimientos o cirugías deben esperar sin tener un diagnóstico certero, o teniéndolo, agravándose su condición, en promedio durante 265 días. De tal manera, que las listas de espera se constituyen en una violación a los derechos humanos y a los principios de la seguridad social. Estas listas se vienen incrementando en número de pacientes y número de días de espera. Hoy, las listas de espera son una verdadera emergencia nacional que atenderemos con la máxima prioridad. Ahora bien, la gestión de las listas de esperas es un tema multifactorial, cuyo éxito está constituido por aspectos administrativos, técnicos y de gestión clínica. A continuación, se presentan las acciones que emprenderemos en el entendido que la situación de emergencia significa que debe actuarse simultáneamente en varios frentes y que aquellas podrán irse afinando en el tiempo mientras maduran otras cuyos efectos pueden ser de mediano plazo. Pero no permitiremos que las listas se amplíen en número de pacientes ni en los plazos de espera. En ese espíritu estableceremos un diálogo constructivo con todas las autoridades institucionales, sindicatos, gremios y colegios profesionales involucrados, para que, entre todos, podamos superar la emergencia de las listas de espera crecientes, mediante aportes de todas las partes. También incluimos acciones relativas al futuro de la CCSS en un entorno de cambio tecnológico en los equipos médicos y de manejo de datos. Debemos tener presente, a su vez que la CCSS está frente a un acelerado aumento en los costos de la atención, crecimiento en sus necesidades de recursos humanos, costos de operación en infraestructura, equipamiento y mantenimiento. Una parte de este incremento obedece a los cambios de perfil epidemiológico de la población que tiene lugar con la modernización y la transición demográfica, pero otra parte obedece a graves problemas de gestión o de diseño del seguro de salud, por lo que se requiere el planteamiento de alternativas innovadoras para la prestación de los servicios, que corrijan esas fallas y eviten comprometer la sostenibilidad financiera de la Institución en el mediano y largo plazo. 1. Estableceremos un turno vespertino para la atención por parte de especialistas y salas de operación considerando la disponibilidad de recursos humanos. En una primera fase y si fuese necesario, las limitaciones de personal se podrán atender también mediante el pago de horas extra. Ahora bien, podría ser necesario, en una segunda etapa, la dotación de plazas para un segundo turno. 2. Emisión de un decreto de inopia para contratar especialistas extranjeros para poder expandir los servicios. 3. Promoveremos la formación de profesionales especialistas en las universidades del país y en el extranjero de acuerdo con las especialidades que son cuellos de botella para una mejor provisión de servicios. 4. Permitir pagos adicionales por producción (número de cirugías o procedimientos, por ejemplo) cuando los médicos realizan guardias o disponibilidad. 5. Promoveremos las alternativas de solución externas tales como la atención de los pacientes en espera de un procedimiento quirúrgico o examen de diagnóstico en otros centros hospitalarios y clínicas del país

6. Valoraremos la transformación del CENDEISS en una universidad de la seguridad social que pueda graduar profesionales en atención a las proyecciones de crecimiento y necesidades de recursos humanos de la CCSS. 7. Extenderemos el módulo quirúrgico del ARCA, para lograr un sistema unificado para las listas de espera, para consolidar todos los centros de salud en sus tres niveles, lo cual permitiría evitar las duplicaciones (persona que se inscribe en más de un centro) y gestionar más eficientemente el sistema. 8. Avanzar hacia una gestión en red de los hospitales y áreas de salud de nivel 2 y de esta manera atender más eficientemente las listas de espera. Esto deberá incluir la venta de servicios entre unidades para promover un uso más eficiente de todos los recursos de toda la red. 9. Diseñar un programa de mantenimiento preventivo de los equipos y la infraestructura y, a mediano plazo, de sustitución de estos para no afectar la oferta de servicios. 10. Fortaleceremos la gestión médico administrativa, por parte de los titulares de los centros asistenciales, mediante el desarrollo eficiente de los procesos y establecimiento de mecanismos de control que garanticen el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles. 11. Con base en lo anterior, los centros analizarán y evaluarán la disponibilidad de los recursos, su uso y niveles de producción en la actividad quirúrgica y procedimientos de diagnóstico, así como los planes para aumentar el rendimiento con procesos más eficaces, con un mejor control y seguimiento de las acciones que se van a implementar. 12. Mejorar la gestión mediante indicadores de tiempos reales para cirugías, consultas, actividades administrativas, productividad, disponibilidad de recursos médicos y técnicos, extensión de jornadas quirúrgicas, metas de cirugías o exámenes de diagnóstico, aperturas de segundos turnos, renovación y sustitución de equipos, análisis y utilización de camas, ayudas económicas al paciente por medio de terceros, entre otros. 13. Fortalecer los EBAIS como el primer nivel de atención, a los efectos de que los médicos y especialistas a su disposición, así como el equipamiento, les permita resolver las necesidades de atención básicas de enfermedades prevalecientes, teniendo que recurrir los pacientes un segundo y tercer nivel de atención solo por la complejidad de la patología y no por ausencia de especialistas en el primer nivel. Esto significa una modernización del modelo de salud con miras a mejorar el servicio a los pacientes y a contribuir a la sostenibilidad financiera de la institución a mediano plazo. 14. Actualizar los criterios para la apertura de un EBAIS, tomando en cuanto parámetros de densidad de población, distancia entre comunidades, vías de comunicación y acceso vial, entre otros aspectos, que le permitan al usuario la facilidad de acceso y, a la institución, un adecuado aprovechamiento de los recursos. 15. Por otra parte, modernizaremos la prestación de servicios, soportada en una gestión más eficiente en los procedimientos que se ejecutan en cada área de la Institución, requiriendo el respaldo de una adecuada e innovadora gestión tecnológica adaptable a la realidad institucional, y que sea factible económica, técnica y operativamente su implementación en la CCSS.

16. Automatizar los procesos de los servicios de salud mediante el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de manera que se mejore la calidad en la prestación de los servicios de salud en los tres niveles de atención del sistema: I (Áreas de Salud tipo I y EBAIS), II (Áreas de Salud tipo II o clínicas) y III (hospitales). Para ello deberá promoverse la compra de servicios y no la compra de equipos y diseño casero de sistemas. 17. Analizaremos el cambio tecnológico del equipamiento médico de manera racional y proyectado a las tendencias epidemiológicas, crecimiento poblacional y procedimientos de vanguardia, dado que las nuevas tecnologías transformarán la medicina (como ciencia), la salud (como sector/industria) y la prestación asistencial (como servicio), que proporcionarán potentes herramientas, datos y soluciones que provocarán un cambio radical en el funcionamiento de los hospitales que conocemos hoy. C. Cambio climático

Para combatir los gases efecto invernadero, que afectan el cambio climático, se deben tomar acciones de mitigación las cuales volverán a tener prioridad en la Administración Álvarez Desanti; pero también debemos ejecutar acciones de adaptación ante los fenómenos climáticos que se tornarán más frecuentes o más intensos producto del cambio del clima a nivel planetario que estamos sufriendo, tales como sequías, particularmente en el Pacífico Norte o pluviosidad extrema como la que sufrimos con el huracán Otto. Debemos tener presente que, para empezar, la ubicación de Costa Rica como estrecho entre dos océanos la hace vulnerable a fenómenos climáticos, además, de la inestabilidad geológica y la actividad volcánica. El cambio climático viene a agudizar algunos de estos factores. Mitigación del cambio climático En el pasado, Costa Rica fue líder mundial en materia de mitigación del cambio climático. Hemos logrado ser una economía eficiente desde el punto de vista de mitigación del cambio climático. Sin embargo, en el presente, incluso la Dirección de Cambio Climático del MINAE se encuentra prácticamente desmantelada. Nos proponemos volver a colocar a Costa Rica en lugar de honor en esta materia, lo cual redundará en un mejor posicionamiento de nuestra marca país para efectos de atracción de turistas y de inversiones amigables con el ambiente tanto en turismo como en otros sectores. Ejecutaremos las siguientes acciones: 1. Utilizaremos metodologías aceptadas para la medición de la huella de emisiones la huella de emisiones globales del país y, en ese marco, replantearemos, si es necesario, la meta de ser carbono neutrales para el 2021; pero más importante aún, recuperaremos acciones estratégicas que nos permitan continuar reduciendo nuestra huella de emisiones globales. 2. En vista de que nos acercamos a los límites de expansión de bosques como vehículo de captura de carbono, introduciremos mediciones y compensaciones por la captura que se

logra en distintos cultivos agrícolas; para ello incluso contamos con donaciones que no se han aprovechado. 3. Las acciones en materia de electricidad que se mencionaron anteriormente, serán claves en la definición de la matriz futura basada fundamentalmente en fuentes renovables: además de las hidroeléctricas, diversificaremos con generación eólica, solar y térmica con una mayor apertura a la generación doméstica o empresarial propias (eólica o solar). 4. Ahora bien, el principal talón de Aquiles de nuestra huella energética es el sistema (o su ausencia) de transporte de personas, particularmente en la GAM. Por lo tanto, las acciones que al respecto se plantearon en la sección anterior para transformar el desorden actual y convertirlo en un verdadero sistema basado en la eficiencia del transporte público de personas, son también estratégicas desde la perspectiva de mitigación de las emisiones y de la contaminación ambiental. Asimismo, promoveremos la migración hacia unidades de transporte de menor contaminación, ya sea por mayor eficiencia ambiental o por migración a otros combustibles menos contaminantes (electricidad, híbridos, gas natural, o hidrógeno) de acuerdo con la maduración de las tecnologías y la razonabilidad de su costo.

Adaptación al cambio climático En adaptación a los cambios esperados de mayor intensidad en los fenómenos climáticos tomaremos las siguientes acciones: 1. Con la ayuda del Laname, haremos una evaluación de la infraestructura de carreteras y puentes y su vulnerabilidad ante condiciones climáticas extremas, particularmente de pluviosidad extrema, para revisar los estándares y parámetros de construcción de las nuevas obras y reforzar las existentes. También el Estado deberá establecer un plan para asegurar las carreteras y puentes de manera paulatina. Las infraestructuras concesionadas no requieren de seguro estatal por cuanto el concesionario es que incurre en el riesgo. 2. Atenderemos, mediante un plan de prevención, la posible salinización de acuíferos costeros debido a la menor recarga por el cambio climático y el mayor crecimiento urbano y de infraestructura turística. La solución no puede ser la utilización de cisternas como ocurre actualmente a un gran costo o detener el desarrollo de las zonas afectadas. Particularmente en la Península de Nicoya, debe asegurarse el abastecimiento de agua de acuerdo con las proyecciones de crecimiento de la demanda mediante un plan estratégico de inversiones e intervenciones. 3. Con apoyo de organismos internacionales haremos una evaluación de la vulnerabilidad ante tormentas y aumento del nivel del mar de las poblaciones en zonas críticas, particularmente las costas. 4. La adaptación también incluirá una extensión de la cobertura de las pólizas de seguros, particularmente de vivienda y agrícolas. 5. De manera prioritaria emprenderemos la organización y fortalecimiento de los sistemas de la defensa civil en el marco de la Comisión Nacional de Emergencias.

D. Ambiente

En materia de contaminación ambiental, la principal razón por la que perdemos puntaje en los estándares internacionales es el manejo de desechos sólidos y líquidos. Esta es la mayor afrenta a nuestra imagen de país verde. Debido a que muchos países han avanzado más que nosotros, debemos incorporar las mejores prácticas ya demostradas. Por ello debemos: 1. Promover el cobro por el uso de bolsas plásticas y, eventualmente, prohibirlas. 2. Promover sistemas de reciclaje a nivel nacional y municipal en asocio con las empresas privadas cuyos productos generan desechos. 3. En conjunto con las municipalidades, modernizar los rellenos sanitarios, lo cual puede ser mediante asociaciones público-privadas, con el objeto de recuperar el gas metano, el cual puede ser un combustible, pero especialmente para evitar que se desprenda hacia la atmósfera, pues es un poderoso gas de efecto invernadero. 4. Desarrollar un plan para el establecimiento de plantas de tratamiento de aguas negras en el resto del país (después de la primera en Pavas), de la instalación de tubería de recolección de aguas residuales donde estas no existan y de la conexión de viviendas y edificios al sistema de cloacas en ausencia de plantas de tratamiento. 5. Reformar el SINAC mediante criterios modernos y probados que permitan una mayor eficiencia en sus labores, pero también dirigidos a promover un aumento de la visitación y actividades en los parques nacionales (siguiendo, entre otras, las experiencias de Fundecor y el SINAC trabajando conjuntamente en los volcanes de la Cordillera Volcánica Central y financiando así labores de mantenimiento y vigilancia de los parques). E. Educación A pesar de los grandes logros en materia de educación, todavía se debe seguir reformando el sector. Los gastos reales por alumno se han duplicado en los últimos siete años. La inversión en educación se ha duplicado en los últimos 20 años hasta alcanzar el 8,1% del PIB (incluidos el presupuesto del INA y la Universidad Técnica Nacional); y los cerca de 70.000 profesores tienen salarios promedio de ¢1,2 millones mensuales, pero no se ha podido lograr mejoras en la calidad y la pertinencia de la educación. En efecto, las pruebas PISA realizadas bajo el auspicio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nos ubica en la posición 57 de 65 naciones calificadas. Más preocupante aún, solo el 47% de los jóvenes entre los 19 y los 22 años completa la secundaria. El conjunto de acciones que aquí se presentan, en conjunto con Avancemos 2.0 y educación dual presentados anteriormente, nos permiten establecer como meta elevar al 60% de los jóvenes entre los 19 y los 22 años que completan la secundaria y aspiramos cuatro escaños en las pruebas de Pisa al final de la Administración Álvarez Desanti. En el pasado educamos para las actividades agropecuaria, de industria básica y, finalmente, para las actividades de servicios, pero hoy podemos anticipar un mundo diferente para las futuras generaciones en el campo del trabajo, donde probablemente las áreas donde van a laborar ni

siquiera se están enseñando en nuestros centros de estudio. Pero debemos igualmente recapacitar sobre la importancia de los principios y valores que deben reafirmarse ante la nueva sociedad en extremo dinámica, pero orientada al consumismo. Se requiere una educación para múltiples formas productivas en constante evolución y cambio, pero para un cambio con responsabilidad social solidaria. La educación deberá aumentar las habilidades y destrezas de nuestros estudiantes de modo que les permita competir en un mundo moderno, globalizado, sumergido en la ciencia y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero que, al mismo tiempo, les permita liderar el cambio de paradigma económico actual, hacia uno de niveles superiores de desarrollo, donde las personas tengamos una visión integral, seamos altamente productivos, pero también profundamente espirituales, con valores y principios de solidaridad humana. La aspiración de que seamos personas con una visión integral, requiere, para su realización, que se fortalezca como eje transversal de la política pública, la educación y la cultura. En particular, la educación es el motor fundamental para nuestro desarrollo como seres humanos, pero también como personas productivas que aportan al desarrollo personal, familiar y de la sociedad. De ahí la necesidad de impulsar una educación para el trabajo, pero con la sensibilidad para comprender y afrontar los retos actuales en el marco de la convivencia mutua. Por una educación con valores: Educar para un proceso de enseñanza–aprendizaje permanente tanto de estudiantes como de los docentes: educar para una sociedad comprometida con el aprendizaje permanente, aprender a aprender. Para ello proponemos un compromiso con la capacitación continua para docentes en metodologías y pedagogía que nos permita avanzar en estos procesos. Pero también para promover los valores y prácticas de la salud personal, el servicio comunitario y el cooperativismo, la responsabilidad ambiental y el ahorro. Por una educación con calidad y pertinencia: Nos proponemos incrementar la calidad en la educación y lograr la pertinencia requerida conforme a las demandas actuales de la sociedad de información y la comunicación, lo mismo que los valores y principios integrales del ser humano que nuestra sociedad requiere. Cobertura: Según las estadísticas del MEP se ha logrado una cobertura del 95% en la escuela primaria. Lo cual significa que el 5% de personas todavía no están entrando a la escuela. Las mismas estadísticas nos demuestran que hay más niños que niñas en la primaria. Lo cual permite deducir que la mayoría de ese 5% una mayoría son niñas que probablemente viven en zonas rurales dispersas. Haremos una campaña para promover que no se quede ningún niño sin asistir a la escuela primaria. Adicionalmente, se debe aumentar la asistencia de niños al ciclo preescolar a partir de la importancia que los pedagogos le atribuyen a estas edades para el proceso de aprendizaje. A pesar del gran esfuerzo del MEP para aumentar la cobertura preescolar a partir de los cuatro años, solamente ha ingresado el 60%. Para lograr una mejora, haremos un cambio progresivo en el destino de las becas de FONABE, ya que, debido a la cobertura lograda en la educación

primaria, no tiene justificación seguir destinando becas a niños de primaria. Conforme los niños se vayan graduando de primaria, excepto, quizás en las zonas rurales dispersas, no se volverán a otorgar becas a los estudiantes de primer grado, sino que estas las destinaremos a los niños de preescolar para estimular un mayor nivel de matrícula. Otra parte de estos recursos se dedicarán al programa de prevención social para jóvenes en riesgo mediante el otorgamiento de becas para deporte. Currículo: En administraciones previas se ha reformado el currículo para agregar lógica y cambiar los métodos de enseñanza del español, ciencias y matemáticas. También se han incluido habilidades blandas, tales como convivencia, creatividad, y ciudadanía. Es decir, es una educación para la vida en consonancia con los cambios tecnológicos que les tocará vivir. Desafortunadamente, estas reformas deberán esperar varios años para poderse evaluar su impacto. Sin embargo, podemos anticipar problemas en el sentido de que no todos los profesores implementen la reforma curricular. Para remediar este problema fortaleceremos los programas de educación para que los profesores puedan aplicar la reforma curricular tanto en contenidos como en habilidades blandas. En igual sentido, aumentaremos el disfrute del proceso enseñanza-aprendizaje, y de los espacios de interacción para la cultura, el deporte y la recreación, de modo que el educando sea formado integralmente. Agregar estos elementos ayudará con la cobertura, puesto existen datos concretos que demuestran que los niños miembros del grupo de teatro desertan menos. Calidad: Para mejorar la calidad de educación se van a combinar varias estrategias. Con respeto de los profesores, se incluirá: 1. Examen a los profesores nuevos para asegurarse que tienen dominio del currículo. Además, se establecerá un puntaje como requisito para las posiciones de propiedad 2. Capacitación para los docentes actuales con el objetivo de profundizar su conocimiento sobre metodologías nuevas de enseñanza Estimularemos, mediante programas de aumento de las capacidades, la modernización de los métodos de enseñanza, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y otros para que los profesores mantengan un alto compromiso y entrega hacia la juventud estudiosa. También se utilizaremos nuevas herramientas como, por ejemplo, la identificación de temas en los cuales los estudiantes salen mal cada año a fin de preparar tutorías a través de Youtube que serán accesibles a todos. En este sentido, se propone que: 1. Los temas de mayor dificultad sean desarrollados bajo la dirección del MEP. 2. Se seleccionen los profesores de acuerdo con la creatividad y claridad de sus lecciones. 3. Se grabe también grabaremos a alumnos que se distinguen por la claridad de sus explicaciones a sus compañeros.

Promoveremos mayor calidad de los centros educativos: Los centros tienen muy poca autonomía. Los supervisores son los que mandan en el circuito que les corresponde, mientras que los directores tienen que pedir permiso para todo. Promoveremos un cambio cultural del control estricto a una mayor libertad a los centros educativos de acuerdo con los resultados que logren. Así proponemos una especie de semáforo para organizar la intensidad de la supervisión por parte del supervisor: 1. Luz verde y estímulo a los centros que estén bien de acuerdo con las evaluaciones, lo cual significará una mayor autonomía; 2. Luz amarilla: que significará una supervisión y apoyo a los centros que tienen ciertos problemas; y 3. Luz roja: que significará una intervención a los centros que no están cumpliendo con su fin. F. El deporte y la recreación por una mejor calidad de vida En la administración Álvarez Desanti el deporte y la recreación, además de su papel como programas de prevención social, tendrán un importante papel como impulsoras de una mejor calidad de vida por medio de programas diferenciados de impacto y en condiciones de autofinanciamiento de las actividades. Lo anterior sin descuidar los enfoques tradicionales por la mejora de la educación física escolar, el alto rendimiento deportivo, la promoción cantonal y el deporte federado en todos los grupos etarios, de género y de nivel habilidades neuro -motoras. Planteamos el siguiente conjunto de acciones: 1. Una estrategia nacional de mejoramiento de la calidad de vida por medio del deporte y la recreación. Para ello articularemos los programas deportivos y recreativos de las instituciones que atienden a población con padecimientos cardiovasculares, así como públicos sedentarios, con problemas psicológicos y población adulta mayor que requiere programas especiales de movimiento y articulación. La estrategia tendrá la participación de la CCSS como programa de medicina preventiva en convenio con los Comités Cantonales de Deporte y Recreación e ICODER. Para ello la CCSS aportará recursos a algunos Comités Cantonales de Deporte para la contratación de instructores que impartirán los cursos de actividad física básica en un proyecto piloto y si con el transcurso del tiempo, como es de esperarse, la CCSS llega a ahorrarse un monto significativo al disminuirse las incapacidades médicas y el consumo de medicamentos, podría proceder a aumentar el monto invertido en la promoción deportiva nacional y generar aún más ahorro institucional en un círculo virtuoso de salud. 2. El voluntariado se ha convertido en la mayor fortaleza del movimiento deportivo adscrito a las federaciones nacionales, sin embargo, también se ha vuelto insuficiente para las necesidades de crecimiento que el deporte nacional tiene. Los aportes del Estado han sido reactivos y poco planificados, y por lo tanto las necesidades no se satisfacen. Por lo tanto, se realizará una planificación del fortalecimiento de las federaciones nacionales de deportes mediante la inversión por áreas, que permita el

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desarrollo funcional de las federaciones y del cumplimiento de sus planes operativos de acuerdo con cada ciclo olímpico. Promoveremos el financiamiento permanente del deporte de alto rendimiento. Para ello, apoyaremos la aprobación del proyecto No. 19468 que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa, así como de todos aquellos proyectos tendientes a financiar la construcción de nueva infraestructura, estructuras administrativas operativas y recursos especializados en todas las áreas tendientes a la revolución del deporte de alto rendimiento en Costa Rica. Fortalecimiento del deporte paraolímpico. Reorganizaremos el presupuesto del ICODER para que, al igual que para el deporte de alto rendimiento, se incluyan partidas ordinarias de financiamiento al deporte paralímpico para que permita su planificación, crecimiento y desarrollo de manera permanente. Replantearemos los Juegos Deportivos Estudiantiles, Juegos Deportivos Nacionales y los Juegos Deportivos Universitarios de tal manera que se vean como un proceso generacional de captación de públicos jóvenes que van pasando etapas de su desarrollo personal y profesional. Planteamos articular estos tres juegos de manera coordinada con el ciclo olímpico, elevando el nivel de las competencias y las exigencias técnicas y visto como parte de la articulación de la política nacional del deporte. Promoveremos especialmente el deporte máster (mayores de 25 años) a nivel competitivo y recreativo patrocinado por el ICODER, como programa permanente de las asociaciones y federaciones que reciben subsidios del Estado. Las 62 entidades que reciben aportes estatales del ICODER promoverán intensamente torneos competitivos y recreativos de categorías máster (o maxi) en el deporte que representan, para contribuir a una meta de al menos 50 mil ciudadanos integrándose al deporte máster anualmente. Cada participante en el deporte máster no solo contribuye con su bienestar personal sino con la economía debido a los insumos que requieren las personas en uniformes, alimentos e implementos que ayudan a la activación del comercio interno. Fortaleceremos el turismo deportivo de competencia y de convenciones de capacitación y ciencia en convenio entre el ICT y las instituciones responsables del deporte. Para ello, las autoridades de Turismo se coordinarán con las de alto rendimiento del país, para desarrollar programas de promoción de la marca país, asociada al deporte, de manera que el deporte y sus actores se conviertan en promotores del turismo costarricense. Además, el ICT apoyará económicamente las actividades deportivas internacionales que se realicen en el país, así como a las delegaciones de Costa Rica que viajen a eventos en el exterior dotándolos de recursos de mercadeo del país. Impulsaremos las PYMES deportivas y recreativas dentro los programas nacionales de producción, innovación y emprendedurismo. Promoveremos intensamente la recreación laboral en convenio entre MT-CCSS-ICODERMS para la promoción y desarrollo de la recreación laboral en empresas medianas y grandes y algunas MIPYMES con capacidad. El impacto de los programas recreativos para el aumento del bienestar del trabajador y la mejora de la productividad empresarial está más que probado. En el corto plazo, vemos la oportunidad de contribuir con la capacitación y la implementación metodológica de programas personalizados adecuados 48

a nuestra realidad nacional y de cada empresa, en una alianza de esfuerzo compartido donde MT-CCSS-ICODER-MS impulsan los programas y las empresas y sus asociaciones solidaristas financian el instructor e implementos para los programas en sus instalaciones o fuera de ellas. 10. Apoyaremos y fortaleceremos las propuestas de la política de la Comisión de Género “Mujer y Deporte” de ICODER y la Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Nacional. 11. Infraestructura para todos. Existe en nuestro país una gran cantidad de infraestructura deportiva y recreativa en abandono, debido a la falta de recursos para su mantenimiento o aprovechamiento. Para solucionar esta situación, se coordinará con los gobiernos locales por medio de los comités cantonales de deportes, así como con el Ministerio de Educación, la inversión para el rescate y modernización de infraestructura existente. La nueva inversión del Estado en infraestructura de alto nivel se hará preferentemente fuera del Valle Central. Todo programa y actividad nacional del deporte y la recreación y toda nueva infraestructura estará comprometida con las políticas nacionales de compromiso ambiental y con los acuerdos de París 2016 sobre Cambio Climático. 12. Fortaleceremos la educación física con el objeto de aumentar la cantidad de niños y jóvenes que en la actualidad reciben educación física y mejorar la calidad de las lecciones que se imparten. Las acciones son muy claras y específicas, se aumentará la cobertura de la materia de educación física mediante el incremento de la población docente en esta materia y mejorando la calidad de las lecciones que se imparten mediante el inicio de procesos más sistemáticos de capacitación a la población docente.

Cultura de inclusión y derechos humanos Los derechos del ser humano, por ser este digno y libre, son inherentes a su propia naturaleza y ningún poder, ningún conjunto de fuerzas, puede justificar su violación. Los derechos del ser humano son el instrumento indispensable para la realización de su propio destino y para coadyuvar a cumplir el destino de la comunidad. Partido Liberación Nacional. Carta Fundamental. Programa de Acción Política A. Derechos humanos

El entramado social se define por múltiples valores, costumbres y tendencias ideológicas. En esta realidad, el mayor desafío de los derechos humanos es lograr incluir las diversas visiones socioculturales sin minar la dignidad de ninguna persona. Sin embargo, algunas personas o grupos se encuentran en una posición de vulnerabilidad debido a una experiencia histórica de marginación (por ejemplo, las comunidades indígenas) o simplemente por tener rasgos que lo identifican como alguien “diferente” o “diverso”. En estos casos, las tendencias culturales predominantes contribuyen y legitiman la discriminación, intolerancia e incluso violencia explícita o velada. Las expresiones de violencia explícita o velada se llevan a cabo mediante argumentos falsos, pero aparentemente sofisticados, tales como salud o enfermedad, donde el otro sufre de aparentes patologías, de carácter estético, con conceptos de feo o raro, o incluso de carácter moral y de “las buenas costumbres”. De tal modo que, en vez de contribuir al bienestar común, el discurso sociocultural se puede convertir en un mecanismo que estigmatiza grupos en riesgo social. Este fenómeno es agravado por la ausencia de políticas públicas que tomen en cuenta sus vulnerabilidades, lo cual acarrea su exclusión de las políticas estatales. Los retos nacionales han sido redefinidos (y en algunos casos agravados) por la creciente globalización. Evidentemente, el país no se puede divorciar del entorno internacional. El dilema con la inseguridad y la creciente población penitenciaria, producto de la transnacionalización del crimen organizado y el tráfico de drogas, son un claro ejemplo del tipo de amenazas de índole local, pero con raíces internacionales. Es por ello que la promoción de los derechos humanos debe responder a dos desafíos. En primer lugar, se deben proteger los derechos humanos tomando en cuenta la diversidad social. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta la necesidad de mayor colaboración con los demás países. El tema de las drogas y la inseguridad es un problema transnacional. Por consiguiente, la solución debe ser igualmente transnacional. Ante los nuevos retos es necesario promover una cultura de inclusión y respeto. Esto hace referencia al tejido social que abarca las numerosas idiosincrasias, creencias y expresiones culturales que definen nuestra comunidad, y por ende consolida la identidad colectiva. Incluye bienes culturales, tales como la educación, el desarrollo intelectual, el arte, el deporte y las

diversas formas de ser y de expresión popular que se desarrollan y expresan en el intercambio y convivencia social. La Constitución Política ha reconocido que nuestra nación es multiétnica y culturalmente diversa. Cabe destacar que conviven, mujeres, hombres, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, grupos étnico-culturales, grupos religiosos, migrantes, personas privadas de libertad, y diversidades sexuales, entre otros. Por ende, el tejido social es definido por una pluralidad de costumbres, conductas, prácticas, maneras de ser, rituales y tipos de vestimenta. La Constitución Política y nuestra Carta Fundamental ha enunciado los principios, pero el desafío es lograr que esas palabras se conviertan en el eje central de acción política, jurídica y económica. Con miras a cumplir este fin, se debe promover la coexistencia respetuosa entre los diversos grupos sociales. En consecuencia, se requiere de políticas públicas y acciones que promuevan el respeto, la aceptación y el enriquecimiento mutuo. Los derechos humanos no son una doctrina estática, sino que, por el contrario, se caracterizan por su dinamismo. Cada capítulo en la doctrina de los derechos viene a tutelar la dignidad humana conforme a las interpretaciones de la sociedad y las necesidades concretas. Hoy día nos encontramos ante una coyuntura de cambio disruptivo. El mundo se ha caracterizado por el fenómeno sociopolítico del Estado-nación, sin embargo, la globalización ha cambiado tanto la geopolítica internacional como el discurso interno de cada país. En vista de que los fenómenos como el tráfico de drogas, la migración y el cambio climático tienen una dimensión trasnacional, esto obliga a los países a coordinarse para dar su respuesta. Generalmente, estos nuevos retos van a requerir la colaboración regional e internacional. El compromiso expresado en nuestra Carta Fundamental con los derechos humanos significa el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad culturales. De ahí el compromiso de desarrollar una cultura de inclusión y respeto como elemento estratégico en las políticas de desarrollo nacionales, referidas a la educación y la recreación, la economía, las ciencias, la tecnología, la comunicación, la salud, el medio ambiente y el turismo, y la seguridad, entre otras. Ante la violencia, injustica y el sufrimiento, los derechos humanos nos impulsan a rechazar semejante crueldad, también en cumplimiento de nuestro principio de solidaridad. Su punto de partida es la dignidad y su finalidad es el reconocimiento de cada ser humano como tal. Es por ello que estamos ante un eje transversal en la política pública. Proponemos cuatro ejes temas fundamentales de acción política: Niñez y Juventud • Desarrollar programas de desarrollo infantil temprano para niños en riesgo social, lo cual incluye un rescate y fortalecimiento de las redes de cuido. • Generar comunidades educativas que se garanticen como espacios libres de racismo y discriminación • Educación bilingüe para la población afro descendiente y pueblos indígenas.

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Prevenir y proteger contra el castigo físico, “bullying” (matonismo), y otras formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes Mejorar los programas de capacitación laboral para adultos jóvenes, tomando en cuenta ofertas del mercado.

Género • Fortalecer los programas en contra la pobreza con una dimensión de género, dirigidos a mujeres jefas de hogar. • Promover los derechos referentes a la orientación sexual e identidad de género, como por ejemplo, mediante una Ley de Reconocimiento de Identidad de Género. • Implementar la equidad en puestos de elección popular para las mujeres. • Educar sistemáticamente sobre los derechos sexuales y reproductivos, en parte, como apoyo para prevenir la deserción escolar de las madres adolescentes. Minorías • Garantizar acceso a servicios de salud, educación y erradicación de la pobreza en pueblos indígenas. • Fortalecer la atención de migrantes y refugiados. • Promover mejores formas de protección y acceso a modalidades de atención de adultos mayores. • Implementar medidas de acceso e integración de personas con discapacidad. Seguridad • Desarrollar una política criminal integral que atienda el hacinamiento carcelario, disminuya la prisión preventiva y aumente el uso de medidas alternativas. • Desarrollar políticas que tomen en cuenta la diversidad de género para personas privadas de libertad a lo largo de su detención. • Implementar políticas de prevención dirigidas a mujeres jefas de hogar encarceladas por delitos relacionados con el tráfico de drogas. • Desarrollar un programa de capacitación para policías en temas relacionados con la diversidad de género. Para promover las políticas anteriormente enunciadas, se propone la creación de la estructura institucional, con su correspondiente proceso de planificación, para impulsar desde el Poder Ejecutivo, las acciones tendentes para hacer efectivo y operativo las aspiraciones expuestas a través de políticas públicas de Estado, que se incorporarán en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde esa perspectiva, se plantea involucrar a representantes de los programas que abordan el fenómeno de lucha contra la pobreza y la agenda social del gobierno en la elaboración de propuestas de reforma a la legislación y gestión de política pública que aborden la promoción de los derechos humanos y la cultura de inclusión en los ámbitos legislativo, judicial y ejecutivo.

B. Política exterior

Los ejes de nuestra política exterior serán, la promoción de la paz y seguridad internacional, el respeto del derecho internacional, la defensa y promoción de la democracia, de los derechos humanos, del desarme, y de la promoción del desarrollo social y ambientalmente sostenible. Desarrollaremos las siguientes acciones estratégicas: Promover y desarrollar una relación privilegiada con el Hemisferio Americano 1. Con Nicaragua y Panamá nos une una comunidad de intereses en las zonas fronterizas en términos de promoción de un mayor desarrollo, del turismo, de la protección de recursos naturales y la seguridad, por lo que procuraremos tener la mejor relación de vecindad posible. 2. Sin menoscabo de lo anterior, en el caso de Nicaragua, continuaremos con la férrea defensa de los intereses y soberanía nacional. 3. Resguardaremos los derechos costarricenses sobre su mar territorial para lo cual se velaremos por la delimitación de los límites marinos tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe. 4. Con Centroamérica mantendremos como ejes prioritarios los temas de seguridad, gobernabilidad democrática, el desarrollo y la sostenibilidad. Impulsaremos la reforma y el fortalecimiento del SICA para que sea centro de diálogo político y promotor de desarrollo económico, social, ambiental y político. 5. Potenciaremos nuestra condición de única región con tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Seremos proactivos y propositivos en el combate del cambio climático y en la construcción de un sistema global conforme al Acuerdo de París. 6. Fortaleceremos las relaciones con América Latina y el Caribe, en especial con los países que compartimos los mismos valores democráticos como México, Panamá, Colombia, Perú, República Dominicana, Uruguay y Chile. Con Brasil desarrollaremos una relación más estratégica. 7. En relación a Cuba exploraremos oportunidades derivadas del reciente restablecimiento de relaciones diplomáticas, sobre todo en materia comercial y de cooperación. 8. Apoyaremos una reforma integral de la OEA y la revitalización del Sistema Interamericano. 9. Profundizaremos el diálogo político, de cooperación y lazos de amistad con Estados Unidos y Canadá, en especial con los programas orientados a desarrollar una alianza regional de combate al crimen organizado y al narcotráfico en todas sus aristas, entre otros el CARSI.

Promover y desarrollar una política exterior con proyección global 1. Profundizaremos la relación histórica que hemos tenido como país y como región con la Unión Europea, importante socio comercial y primer cooperante de la región. 2. Potenciaremos los beneficios del Acuerdo de Asociación Unión Euopea-Centroamérica. En el plano bilateral fortaleceremos la relación con los países de la UE lo mismo con países europeos no comunitarios, como Suiza y Noruega. 3. Abogaremos por un Medio Oriente libre de conflictos armados, en el que prevalezcan la paz, el respeto y la tolerancia, en el que se promuevan los principios de desarme y no proliferación nuclear, en donde el combate del terrorismo se realice mediante el respeto de los DDHH, se busque la solución pacífica de conflictos y se abogue por la desaparición de actores armados no estatales. 4. En el conflicto palestino-israelí creemos en una paz construida sobre la base de dos Estados, en los que prive el respeto y derecho de autodeterminación de ambos Estados, libres de violencia y extremismos, con desarrollo económico y el ejercicio pleno de los derechos humanos de ambos pueblos. 5. Profundizaremos nuestras relaciones con India a partir de la cooperación, compartir buenas prácticas y experiencias en materia de IED, acuerdos en ciencia y tecnología, fortalecer el comercio e incrementar el intercambio cultural y académico. 6. Tendremos una proactiva diplomacia y política de comercio exterior que nutran nuestras históricas relaciones con Japón y Corea del Sur y profundicen nuestros lazos de amistad, intercambios comerciales y cooperación con China y Singapur. 7. Estableceremos un programa de capacitación especializada en Asia, para la promoción y de atracción de inversiones y desarrollaremos un programa de acercamiento con instituciones públicas y privadas regionales. 8. Seguiremos monitoreando la situación de África Subsahariana a través de los organismos multilaterales, y apoyaremos los esfuerzos por mejorar la seguridad, respeto de los DDHH y el nivel de vida de sus países. De la cooperación y el Servicio Exterior 1. Fortaleceremos la cooperación sur-sur y la cooperación triangular, visibilizando nuestra oferta técnica exitosa y la de las entidades sin fines de lucro, para trasladarla a aquellos países con los cuales mantengamos nexos de cooperación. 2. Promoveremos un MREC moderno, eficiente y profesionalizado, de clara identificación de prioridades, uso eficiente de recursos, y una sólida capacitación profesional de sus funcionarios. Fortaleceremos el Instituto de Servicio Exterior Manuel María de Peralta como un centro de investigación, capacitación e información de primer nivel.

VI.

A modo de conclusión La solución de los desafíos planteados permitiría resolver simultáneamente varios problemas, lo cual los define como áreas prioritarias de acción de la Administración Álvarez Desanti. Así, destacan los problemas de transporte e infraestructura, los cuales causan una pérdida de competitividad y reducen las posibilidades de crecimiento del empleo, pero también afectan la calidad de vida, las posibilidades de crecimiento del turismo y afectan negativamente al ambiente. Por lo tanto, su solución resulta en mejorar las condiciones, de manera entrelazada, en el empleo, el turismo, la calidad de vida y el ambiente. Por su parte, la creciente inseguridad incide en los costos y la competitividad en general y en el turismo de una manera muy fuerte, pero también afecta negativamente la calidad de vida de los ciudadanos, particularmente de los más vulnerables. Finalmente, atender los rezagos digitales en el sector público y completar las infraestructuras de fibra óptica para beneficio de ciudadanos, empresas y organizaciones civiles potenciaría la capacidad de innovación y productividad nacionales, con efectos positivos sobre el empleo y la eficiencia y transparencia de los servicios del sector público, incluida la CCSS. A su vez, si logramos modernizar la gestión en los sectores públicos y privados e introducir una cultura de emprendedores, facilitado al introducir las innovaciones digitales y virtuales, se potenciaría aún más la capacidad de innovación continua y, consecuentemente, la creación de empleo de calidad y la transparencia en el sector público. Quedan, por lo tanto, definidas las grandes prioridades del Programa de Acción Política de la Administración Álvarez Desanti: 1. Desentrabar el Estado para acometer las reformas de transporte y construcción de infraestructuras; 2. Fortalecer y enrumbar las políticas de seguridad; y 3. Desentrabar el Estado interconectando el país por medio de fibra óptica e implementando un gobierno digital. Otras prioridades y líneas de acción identificadas en el Programa de Acción Política son también relevantes, pero no tienen el carácter de nudos gordianos a vencer por su influencia en otra gran cantidad de problemas.