CONTRAPODER EDICIÓN 2202

CMAN

DOXA

EDITORIAL

¿Cuál tejido social hay que reconstruir?

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La violencia que se vive en los municipios de Pantelhó, Aldama, Chenalhó, Chilón, Carranza, San Juan Chamula y Tila, debiera de conducir al Estado a tomar decisiones para construir un proyecto de cultura de paz

El viernes el gobernador dijo: el tema migratorio se atiende de manera humanitaria.

Pensará lo mismo después de haber estado el fin de semana en Tapachula.

Los migrantes en la franja fronteriza se convirtieron en un problema de seguridad.

Y no existen políticas de atención y el Covid 19 va a diezmar a población migrante.

DIARIO

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Lunes 16 de Agosto de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2202

REVOCACIÓN

Tribunal Electoral retira diputaciones federales a Morena en CDMX, BCS y NL

Magistrados modificaron los resultados en el Distrito 3 de la CDMX, en el Distrito 1 de Baja California Sur y en el Distrito 3 de Nuevo León. El Poder Judicial está “podrido” y tiene una “mentalidad ultraconservadora”: AMLO

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EDUCACIÓN

Emprende UNICACH acciones por la igualdad de género

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DENUNCIA

Circula video donde policías someten a José Eduardo en Mérida

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HOY ESCRIBEN

Cambio de sede de Hospital Básico

CARTELERA POLÍTICA

Comunitario, genera inconformidad en

ANÁLISIS A FONDO: ¿REABRIR LAS ESCUELAS O LAS CANTINAS?

habitantes de comunidad en Carranza

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Francisco Gómez Maza

ZAPPING

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Por @Vlátido

ACUSACIÓN

Toleran directivos de la Escuela Normal Mactumactzá las “novatadas” como parte de inducción a los alumnos de nuevo ingreso al plantel, denuncian

Leonel Durante López

EL DIVÁN

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Sergio Stahl

TURBULENCIA EN PANTELHÓ

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Arturo Lomelí González

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RETORNO A LAS AULAS Pablo Gómez

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LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL Elisur Arteaga Nava PAG. 3

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Lunes 16 de Agosto de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

EDITORIAL ¿Cuál tejido social hay que reconstruir?

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a violencia que se vive en los municipios de Pantelhó, Aldama, Chenalhó, Chilón, Carranza, San Juan Chamula y Tila, debiera de conducir al Estado a tomar decisiones para construir un proyecto de cultura de paz, con el fin de disminuir las acciones paramilitares, promover el desarme e iniciar el proceso de construcción de un nuevo rostro para Chiapas, que era el compromiso original de la 4t.

La cultura de paz debe de formar parte de una política pública del gobierno, que al mismo tiempo en que se busque mejorar las condiciones de vida de la población, se garantice el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las comunidades y las personas.

Resulta lamentable escuchar a los funcionarios de la secretaría de gobierno hablar de la necesidad de reconstruir el tejido social de las comunidades, sobre todo, porque no se menciona de cuál tejido social hacen referencia, si es el de los tiempos en donde el PRI gobernaba o al de los gobiernos de alternancia, sin embargo, cualquiera que éste sea, ninguno representa una opción válida para las comunidades en conflicto.

De allí que lo más razonable es que los funcionarios se sitúen en la necesidad

de construir nuevas opciones políticas y una de ellas es la cultura de paz.

Es obvio que el deterioro social en las comunidades no se va a corregir de la noche a la mañana, debido a que el establecimiento de un proyecto para la construcción de paz debe estar acordado con los miembros de la comunidad, en la que debe existir una aceptación y una voluntad libre de la población para abrazar la reconciliación, como un paso necesario para construir la paz en las comunidades y los resultados sólo se podrán conocer después de una década o más años.

Por eso, por lo conflictivo de la región, en lugar de andar convocando al diálogo o promover eventos como la entrega de armas o la firma de pactos de no agresión, que no se cumplen, el gobierno, junto a un proyecto de cultura de paz, debe de implementar la construcción de un modelo de justicia transicional, en el que se investigue, se conozca la verdad, se sancione a los responsables de la promoción de la violencia y se establezcan mecanismos de reparación integral del daño. Estas acciones serían un parteaguas con lo realizado por los gobiernos anteriores y permitiría poner punto final al consentimiento que se observa del gobierno a las actividades paramilitares en las comunidades.

Hasta ahora el gobierno de Rutilio Escandón ha actuado de la misma forma que los gobiernos que lo precedieron: ha sido permisivo con la violencia en la región, los grupos paramilitares continúan actuando en total impunidad, no se investiga ni se sanciona a los promotores de la violencia, se ha tolerado que los grupos paramilitares impongan el terror en las comunidades, se ha sido omiso frente a las expulsiones o desplazamientos forzados, no se realizan investigaciones judiciales ni se sanciona a los responsables y, para males, se establecieron alianzas con los grupos paramilitares para ganar elecciones.

El tiempo se le está acabando al gobernador Rutilio Escandón para tomar decisiones, que de verdad, cambie el rostro de Chiapas. Ya se alcanzó la mitad de la gestión sin resultados que presumir y no está preparando su salida del gobierno. Hasta en eso el gobernador imita a los anteriores gobernadores, quienes imaginaron que el poder es para siempre y no cuidaron su salida.

Todo parece indicar que la historia se va a repetir, con el agravante para Rutilio Escandón de que él vive en Chiapas y así como están las cosas, difícilmente va a poder caminar mirando de frente a la población.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Vecinos de la Bienestar Social padecen grave problema de aguas negras, autoridades omisas desde hace dos años Jairo Camacho.

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

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abitantes de la Colonia Bienestar Social denuncian un grave problema de aguas negras el cual prevalece desde hace dos años y a pesar de las afectaciones las autoridades de Tuxtla Gutiérrez no han tomado las acciones pertinentes para solucionarlo.

Se trata de los habitantes de la Avenida Pino Suárez, entre Calle Benito Juárez y 20 de noviembre, en donde se han visto afectadas más de diez viviendas que cada mes se inundan con aguas negras debido al mal estado de la tubería de drenaje.

“Desde hace dos años, este problema se ha reportado al Smapa y hacen caso omiso, el personal nada más llega de vez en cuando a desazolvar los pozos para que a los dos días empiece otra vez a escurrir, es un gran foco de infección, prolifera los zancudos y con la pandemia de covid es muy bien sabido que las aguas negras son un medio de propagación, el olor ya es insoportable”, expresaron.

En este panorama, los colonos piden a las autoridades y a la alcaldesa karla Burguete que se de una vuelta en este lugar, “la presidenta sólo se toma fotos en eventos que no muestran la realidad de Tuxtla, le pedimos que compruebe en qué situación nos encontramos”.

Se trata de los habitantes de la Avenida Pino Suárez, entre Calle Benito Juárez y 20 de noviembre, en donde se han visto afectadas más de diez viviendas que cada mes se inundan con aguas negras debido al mal estado de la tubería de drenaje

Toleran directivos de la Escuela Normal Mactumactzá las “novatadas” como parte de inducción a los alumnos de nuevo ingreso al plantel, denuncian De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Iris Valeria Suárez Ruiz, alumna de la Escuela Normal Mactumactzá reveló que los 150 alumnos de nuevo ingreso al ciclo escolar 2021, son objeto del proceso de inducción a las actividades propias de la escuela, tanto en lo académico como en la parte combativa, instrucción a cargo de los de mayor antigüedad, que en grupo mixtos de 15 a 20 jóvenes, los instan a memorizar y repetir las consignas e himnos que se entonan en marchas y actividades relevantes.

Denunció Suárez Ruiz que las 50 alumnas, todas las noches son alojadas en un salón de academia, inicialmente les permitieron dormir toda la noche, conformen avanzaron los días, a partir de las 02:00 horas, las obligaron a mantenerse despiertas y solo les permitieron dormir 2 horas, posteriormente únicamente media hora, las mantienen despiertas, me-

morizando y entonando consignas e himnos de lucha, así como observando películas con temas anti gobierno.

En todo momento, los alumnos de mayor antigüedad, les recalcan que son “la escoria de la sociedad”, por lo tanto no merecen alimentos ni líquidos, en la fase de sobrevivencia, los obligan a ingerir alimentos descompuestos, interrumpir su descanso y periodos de sueño, agregó la estudiante de dicho plantel.

De igual manera -precisó-, los obligan a realizar actividades físicas, tales como desplazarse y sumergirse en agua con lodo o excremento de cerdo, además de correr, saltar, arrastrarse en el piso, acciones en las cuales, su ingesta de líquidos para recuperarse es mínima.

En su caso, dijo, y junto a 49 féminas más las obligaron a realizar diversas labores agrícolas, así como ejercicios físicos extenuantes, negándoles agua y alimentos, cuando se los proporcionaban, se los “escupían”

obligándolos a su ingesta.

En su caso, por lo anterior, requirió atención médica y el diagnostico fue: Deshidratación importante e insolación, quemaduras solares de primer grado en su anatomía, acceso de tos disfónica, crisis de ansiedad y depresión, con la consiguiente administración de medicamentos y cuida-

dos para su recuperación.

Ante esta situación, por recomendación de sus padres, abandonó el plantel escolar y se aprestan a denunciar, en la Fiscalía General del Estado estas conductas, las cuales, han originado que otros 6 alumnos ya hayan desistido de proseguir su formación educativa.

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Lunes 16 de Agosto de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Emprende UNICACH acciones por la igualdad de género De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

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irectivos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) recibieron la charla titulada “Machismos cotidianos”, como parte de las acciones emprendidas para la sensibilización de personas en puestos directivos respecto de reconocer y erradicar todo tipo de violencia.

En este contexto, la directora de Derechos Humanos y Género, Elva Narcía Cancino, presentó los resultados del Diagnóstico de Violencia de Género en la UNICACH, que refleja diferentes situaciones en que las universitarias se han sentido inseguras o vulnerados sus derechos.

“Necesitamos evidencias, datos duros, para poder atender el problema de manera directa, frontal, arrancarlo de raíz. Fue así que convocamos a nuestras y nuestros estudiantes a través de una encuesta voluntaria y anónima que se aplicó durante el proceso de reinscripción. Cerca de 700 estudiantes acudieron a nuestro llamado y hablaron con nosotras”.

Al respecto, el rector, Juan José Solórzano Marcial, señaló que “son los primeros pasos de una ruta que es larga todavía, complicada, en la que todos tenemos que involucrarnos, abrir todos los sentidos y el corazón”.

“Es tiempo de establecer compromisos en la igualdad de género con el

En este contexto, la directora de Derechos Humanos y Género, Elva Narcía Cancino, presentó los resultados del Diagnóstico de Violencia de Género en la UNICACH, que refleja diferentes situaciones en que las universitarias se han sentido inseguras o vulnerados sus derechos

respeto irrestricto a los derechos humanos, con las acciones para abatir cualquier tipo de violencia y hostilidad”.

La secretaria de Igualdad de Género del Gobierno de Chiapas, María Mandiola Totoricaguena, reconoció “el compromiso de la UNICACH por poner en marcha acciones preventivas de la violencia de género y en favor de los derechos humanos de

Cambio de sede de Hospital Básico Comunitario, genera inconformidad en habitantes de comunidad en Carranza Jairo Camacho.

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Habitantes del Ejido Ribera de Chalchi del municipio de Venustiano Carranza se pronunciaron en contra del cambio de sede del Hospital Básico Comunitario INSABI, ya que en este lugar se habían llevado a cabo los trámites de expropiación de tierras ejidales, lo cual consta en un acta de cabildo realizada en septiembre del 2020.

Los inconformes dieron a conocer que, se cumplieron con todos los requisitos ante el Registro Agrario Nacional, es por ello que lamentaron que de la noche a la mañana se haya determinado el cambio de sede.

Los habitantes contaban con esa

obra y los beneficios que traería a esta zona maicera marginada del estado de Chiapas, “es por ello que exigimos que al ser los primeros en tiempo somos los primeros en derechos y la razón de nuestro lado.

Es por ello que al enterarnos de este cambio hemos pedido una explicación a las autoridades municipales, estatales y de salud”.

Es por ello que, los habitantes de este ejido exigen la construcción de este hospital básico comunitario, además de responsabilizar al gobierno del estado de lo que pueda ocurrir derivado de esta situación.

Los habitantes de este ejido anunciaron un bloqueo para este mismo lunes a la altura de Laja Tendida.

todas las mujeres en la comunidad universitaria”.

“Se debe entender con claridad que el machismo no puede tener cabida en Chiapas en ningún ámbito de convivencia, y menos en nuestras instituciones y nuestro servicio público, que son pieza clave en la construcción de una sociedad más justa”, precisó.

Sobre la colaboración entre el Go-

bierno del Estado y la UNICACH en este tema, refirió: “Nos ayudará en gran medida a mejorar la labor que realizamos en favor de Chiapas. Las dos instituciones que hoy sumamos esfuerzos tenemos en nuestras manos la responsabilidad de lograr las grandes transformaciones sociales, culturales y estructurales en cada rincón de nuestro estado”.

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Circula video donde policías someten a José Eduardo en Mérida De la redacción Ciudad de México (apro)

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n día después de que el juez Primero de Control Rómulo Bonilla liberó, “por falta de pruebas”, a los 4 policías de Mérida acusados de golpear, torturar, violar y matar a José Eduardo, en redes sociales se exhibieron videos captados por cámaras de vigilancia, donde se ve a los elementos policiacos violentando al joven.

En un hilo de Twitter, se mostraron los videos, fechados el 21 de julio, donde se ve a los policías someterlo hasta que perdió el conocimiento y lo dejan tirado en el suelo, mientras otros policías miran sin hacer nada para detener la agresión.

En otro se ve cómo un policía le presiona el pecho con la rodilla y lo mantiene así un rato. Después sigue presionando su cuerpo hasta que deja de moverse.

“Al parecer entran en confusión cuando ya no despierta y la solución fue aventarlo a una celda. Llegó con pantalones y lo dejaron sin pantalones en la celda”, indicó.

El 13 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Yucatán anunció que apelará la resolución en el caso del joven originario de Veracruz y anunció que el proceso sigue abierto y la dependencia continuará con la investigación hasta esclarecer los hechos.

Los cuatro policías habían sido im-

Áxel Chávez Ciudad de México (proceso)

Las hijas de Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), buscan liberar cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que asegura son parte de la presunta estructura de lavado de dinero del grupo político La Sosa Nostra, al que la Fiscalía General de la República (FGR) denominó “organización criminal” dedicada a la sustracción de recursos de esa casa de estudios a través de empresas fachada.

Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto tramitaron una demanda de amparo ante un juez federal de la Ciudad de México, con la que pretenden descongelar cuentas en Banorte y Santander, según la información pública del expediente 596/2021, disponible en los estrados electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal.

Debido a que las cuentas fueron abiertas en sucursales de Pachuca, el juez se consideró incompetente y remitió el recurso a la autoridad local, que lo aceptó.

En lo que se resuelve de fondo el

putados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación y tortura agravadas.

“La Fiscalía acreditó debidamente los argumentos para la vinculación, tras la aportación de datos y elementos de prueba necesarios para vincular a proceso a los 4 imputados, por lo que continuará con la investigación del caso hasta su esclarecimiento”, indicó en un comunicado.

Una vez presentada la apelación, el Juez de Control la remitirá al Tribunal Superior de Justicia del Estado para evaluar las pruebas presentadas y la decisión tomada por el juez, tiempo en el que la fiscalía perseguirá con la indagatoria de los hechos denunciados que causaron la muerte del joven veracruzano a consecuencia de un síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo, tal como lo dictaminó un perito del Servicio

Médico Forense de la FGE. ¿Qué le pasó a José Eduardo?

El 21 de julio, José Eduardo caminaba por el parque de San Juan en el Centro entre las 10 y 11 de la mañana.

Iba a una entrevista de trabajo, cuando entre 4 o 5 policías lo veían porque “se veía sospechoso”, indicó su madre.

Fue detenido, de manera ilegal, en el Centro Histórico de Mérida por policías municipales, quienes lo golpearon, esposaron y subieron a la parte trasera de la patrulla, donde supuestamente también lo violaron. “Gritó y nadie lo ayudó”, recordó María Ravelo, la madre de José Eduardo.

El 24 de julio, María viajó de Veracruz a Mérida para ayudarlo después de enterarse de la agresión. Lo dejaron salir del hospital y lo acompañó a denunciar ante la FGE, y se abrió la carpeta de investigación 433/2021.

Luego pasaron al joven con el mé-

dico legisla y lo trasladaron al hospital Agustín O’Haran, donde lo internaron y el 3 de agosto falleció. Su madre cree que fue a consecuencia de las agresiones sufridas durante su ilegal detención.

“Cuando llegué a Mérida encontré a mi hijo vomitando sangre, no podía respirar, le pedí que se alistara para ir al hospital Agustín O’Horán. Ahí no nos atendieron como esperaba, dado la gravedad de lo sucedido. El doctor que lo recibió solo le preguntó si era gay y yo le respondí que él ya dijo que no es gay y aunque fuera nadie tiene derecho a golpearlo y violarlo”, contó.

El 7 de agosto, tras una protesta encabezada por María Ravelo para exigir justicia, la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, se anunció la detención de 4 personas.

“Si bien en este momento el caso está judicializado y el gobierno de Yucatán ha informado sobre la detención de cuatro policías municipales, probables responsables de las agresiones, así como el ofrecimiento de ayuda psicológica y económica a familiares de la víctima, señaló el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en un comunicado difundido el 8 de agosto.

El sábado 7, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, informó sobre la captura de dos policías municipales de Mérida por su presunta responsabilidad en el caso de la violación y asesinato del joven originario de Veracruz.

Hijas de Sosa Castelán buscan liberar cuentas bloqueadas por presunto lavado de dinero amparo, las quejosas solicitaron que sus registros bancarios sean descongelados.

Contra ambas hermanas, el juez del caso Sosa Castelán emitió órdenes de aprehensión en agosto de 2020 por su probable responsabilidad en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo anterior, en el marco de la detención de su padre, hace un año.

Aunque la petición de desbloqueo les fue concedida en una de las cuentas, el juez advirtió que la medida no aplicaría si la inmovilización deriva de un procedimiento de la UIF. El bloqueo de las cuentas de los miembros de la estructura política, financiera y operacional de La Sosa Nostra se debió a solicitudes de cooperación internacional por parte de la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos del gobierno de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) a la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

El ente del país vecino acusó una

posible participación en actividades ilícitas de las hijas del también exrector de la UAEH con una organización criminal.

De acuerdo con la causa penal 263/2020 que se sigue contra Gerardo Sosa como cabeza de la supuesta organización acusada de lavar 58 millones 245 mil 948 pesos, Adriana y Ana Carmen son probables responsables de ocultar y recibir dinero sustraído de la Universidad Autónoma de Hidalgo, mediante operaciones con firmas fantasma y/o creadas con recursos de la casa de estudios.

En el esquema de lavado de Sosa Castelán, según la FGR (Proceso 2291), este semanario reveló que a través de 35 transferencias entre el 10 de marzo de 2014 y el 24 de agosto de 2017, Adriana Sosa Cravioto recibió un millón 192 mil 308 pesos y Ana Carmen otros 806 mil 769 pesos, mediante siete depósitos a una cuenta en Santander.

Según la descripción de la FGR acerca del móvil del posible delito, el

dinero salía de la UAEH y llegaba a las cuentas de Gerardo, sus dos hijas y tres personas con estrecho vínculo con el grupo: Francisco Natalio Zamudio Isbaile, operador contable; Anastasia Elizabeth Baños Baños, trabajadora de confianza de Zamudio —ambos con orden de aprehensión—, así como Juan Manuel Hernández Gayosso, recluido en el penal de El Altiplano, en el Estado de México.

La audiencia incidental, para atender lo relativo a la suspensión provisional solicitada por las hermanas Sosa Cravioto se llevará a cabo el 18 de agosto, en tanto que el recurso se resolverá a fondo el 22 de septiembre.

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Lunes 16 de Agosto de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Las mujeres están sobreexpuestas a tareas de cuidado y trabajos múltiples Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

A

unque son actividades esenciales y cotidianas, el cuidado de hijas e hijos, de personas adultas mayores y las labores de limpieza y cuidado del hogar son situaciones que agotan emocionalmente a las mujeres.

La pandemia por COVID 19 que llegó a México hace de un más de un año y que a partir del 23 de marzo de 2020 obligó a las autoridades a tomar medidas extraordinarias como pedir a la gente que permaneciera en casa para evitar la propagación del virus, también generó fatiga pandémica.

Este concepto, según la Organización Mundial de la Salud, se refiere a la reacción de las personas ante las prolongadas medidas y restricciones generadas por la pandemia y se puede manifestar en cansancio o agobio por la rutina que ha implicado la pandemia. Las mujeres están especialmente cansadas por el trabajo que les toca realizar.

Un reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México indica que hasta febrero pasado se ofrecieron 263 apoyos a mujeres agotadas emocionalmente; 56 por ciento de ellas dijo que la situación que la mantenía fatigada era el cuidado de las y los hijos, 19 por ciento el cuidado de adultos mayores y 18 por ciento las labores del hogar.

Las mujeres también dijeron estar

De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

A pesar de que en México 4 de cada 10 niñas y niños son víctimas de violencia sexual antes de cumplir los 10 años de edad y de que esta violencia provoca embarazos infantiles forzados, las autoridades no ofrecen educación sexual integral y no garantizan justicia a las víctimas, aseguraron defensoras de los derechos sexuales y reproductivos.

Al participar en el foro virtual “#Juventudenación: prevención y atención de la violencia sexual, el embarazo infantil y adolescente”, el pasado 11 de agosto, representantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Tlaxcala y Chiapas detallaron que las autoridades no responden de forma integral ante la violencia sexual ni han generado un cambio cultural de no violencia contra las mujeres y menores de edad. El resultado es que el hogar y la escuela siguen siendo los sitios donde se cometen más agresiones sexuales.

En estos lugares, agregaron, los agresores son personas cercanas a las niñas y niños, por ejemplo, padres, maestros, familiares o conocidos, quienes se valen del vínculo afectivo con sus víctimas para manipularlas y mantener

casadas por estar al cuidado de nietas y nietos, de acuerdo con 3 por ciento de las que recibieron ayuda psicológica, 2 por ciento porque realizaban más trabajo en casa que los hombres y el resto por cuidado de varias personas, ya sea hijas, hijos, personas adultas, hermanos o sobrinos.

A través de la Línea Mujer y Familia y el Chat de Confianza (55 5533 5533) del Consejo Ciudadano, 110 psicólogas y psicólogos del organismo ofrecieron contención emocional y consejos para afrontar este cansancio excesivo. El mensaje fue: es normal estar agotada ante un contexto adverso, pero no es su culpa ni están solas.

Por esta situación, 39 mujeres fueron canalizadas al Centro de Recuperación Emocional Consejo Ciudadano (CRECC) donde recibieron terapia que les ayudó a sentirse en calma consigo mismas y a aprender que su tranquilidad también es importante.

El Consejo Ciudadano informó que las mujeres han estado y están sobreexpuestas a tareas de cuidado y trabajos

múltiples que ellas mismas consideran permanentes, simultáneos, que no les dejan tiempo para el descanso y que provocan la disminución de sus ingresos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta 2019, en promedio las mujeres de 12 años y más realizaban 30.8 horas semanales de trabajo doméstico no remunerado; 12.3 horas de trabajo no remunerado de cuidados para integrantes de su hogar y 9.4 horas de trabajo voluntario, no remunerado en otros hogares.

Violencia de género La pandemia también generó que se reconociera la violencia contra las mujeres dentro del hogar. Esto se notó en el aumento en las llamadas de emergencia tras el inicio del confinamiento, una medida que fue parte de la Jornada de Sana Distancia, que se decretó el 23 de marzo de 2020.

En el caso de las llamadas a la Línea Mujer y Familia o el Chat de Confianza se encontró que durante los dos pri-

meros meses de 2021 se recibieron 761 reportes, cifra 12 veces mayor que las atenciones brindadas en 2019 y seis veces más que el mismo periodo de 2020.

El reporte del organismo indica que el ambiente violento no se agudizó con la pandemia y el confinamiento porque desde antes se registraba. Sin embargo, el contexto sanitario favoreció la visibilización del problema.

Pese a que hubo un alza en los reportes a las líneas de emergencia, las denuncias ante las autoridades no tuvieron el mismo comportamiento debido a diversos factores.

En las llamadas del Consejo Ciudadano también se encontró que entre las razones por las que las mujeres no denuncian son miedo, cuando las usuarias dijeron “No sé qué hacer sin él”, “Me va a lastimar” o “Me va a quitar a mis hijos”. La segunda causa es apego emocional, con frases como “Va a cambiar”.

Otras razones para no denunciar es que las mujeres no tienen independencia económica, por ejemplo cuando mencionaron frases como “Yo no trabajo”; las autoridades no son tienen empatía, “No quisieron iniciar mi denuncia”: o porque no cuentan con redes de apoyo, “No tengo a dónde ir”.

El 8 por ciento de los reportes recibidos en el Consejo Ciudadano terminaron en la integración de una carpeta de investigación por violencia familiar.

Las abogadas y psicólogas de esta institución acompañaron a 284 mujeres a iniciar su carpeta de investigación entre enero de 2020 y febrero de 2021.

Educación sexual integral podría prevenir violencia sexual y embarazos infantiles forzados en secrecía este tipo de violencia. La violencia sexual, dijeron, puede generar en niñas, niños y adolescentes un deterioro de las capacidades emocionales y cognitivas, menor rendimiento escolar, dificultad para socializar o problemas de salud mental.

De acuerdo con datos citados por la coordinadora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Tlaxcala, Rosario Texis Zúñiga, antes de la pandemia por COVID-19, 128 mil mexicanas manifestaron haber sido obligadas a tener relaciones sexuales alguna vez en su vida, de las cuales 12 por ciento ocurrió antes de los 10 años de edad, 30 por ciento sucedió entre los 10 y 14 años y 47 por ciento entre los 15 y 19 años. De todas ellas, 2 mil 300 reveló haber quedado embarazada luego de la agresión sexual.

“El Estado debe garantizar a las niñas y a las adolescentes que la violencia no es una forma de vivir y que por supuesto puede dar una respuesta clara y contundente. Dar una respuesta implica generar acciones y crear estrategias

eficaces con todas y con todos los actores necesarios para ello, tener voluntad política y considerar distintos aspectos para dar una solución integral”, agregó Texis Zúñiga.

Para la abogada e integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Chiapas, Karla Osorio, la situación se vuelve aún más difícil para las menores de edad si desean buscar justicia porque las autoridades no conocen o no aplican la normativa mexicana ni los tratados internacionales y someten tanto a las víctimas como a sus familias a un proceso de revictiminización, sin explicarles sus derechos.

En su experiencia, como acompañante de este tipo de casos, las autoridades no conciben que tratan con menores de edad y no son pacientes con ellas.

Por ejemplo, cuando ellas cuentan la vivencia de su agresión, ya sea a través de la voz de un familiar o de un tutor, las autoridades quieren que firmen formatos y no les leen sus derechos, esto obstaculiza que sepan que tienen acceso gratuito a servicios médicos,

apoyo psicológico, a un representante legal y a métodos anticonceptivos de emergencia.

“No hay conocimiento de las normativas. Muchas veces cuando pasa una agresión sexual y hay riesgo de un embarazo o de una enfermedad de transmisión sexual, las menores de edad no saben a dónde acudir y tienen miedo de ir al hospital porque creen que las van a mandar a declarar. Según la NOM045 cualquier hospital debe otorgar la pastilla anticonceptiva de emergencia y los antivirales para evitar el embarazo o una enfermedad de transmisión sexual dentro de las 120 horas y no es necesario que haya una denuncia antes”, agregó Karla Osorio.

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Juan Omar Fierro Ciudad de México (proceso)

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a fallida iniciativa presidencial para que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ampliara su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hasta el 30 de noviembre de 2024, causó una fractura al interior del máximo tribunal que no se resolvió con la renuncia del propio implicado al beneficio que le otorgaba la reforma judicial.

Por el contrario, en el pleno de la SCJN existe una abierta inconformidad contra el titular del Poder Judicial de la Federación (PJF), quien optó por una salida política al conflicto jurídico, creado desde la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión para que Zaldívar se hiciera cargo de la reforma judicial hasta el final del sexenio, pese a que sólo fue elegido para presidir el máximo tribunal por un periodo de cuatro años, que concluye el 30 de diciembre de 2022.

El debate para ampliar el mandato del ministro Arturo Zaldívar dos años también evidenció que el presidente de la Corte perdió el respaldo del bloque de ministros que lo apoyaron para dirigirla, así como al Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), organismo que esta semana enfrentó su propia crisis institucional.

Zaldívar Lelo de Larrea fue elegido con el voto de siete ministros, pero a la hora de cabildear para lograr la ampliación de su mandato –prevista en el artículo 13 transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación– ya no aseguró el sufragio de cuatro de los siete ministros que votaron en su favor el 2 de enero de 2019, mientras que otros dos votos los perdió con los relevos que desde esa fecha se han dado en la Suprema Corte.

Sin respaldo Entre los aliados que Zaldívar perdió en menos de tres años se encuentran Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek, quienes marcaron su distancia en octubre de 2020, cuando votaron contra la constitucionalidad de la consulta para esclarecer hechos del pasado, por considerarla violatoria de los derechos humanos.

Otro de esos siete votos lo perdió con la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, ocurrida el 3 de octubre de 2018 en el contexto de las investigaciones que realizaba la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre el depósito de 107 millones de pesos en sus cuentas bancarias, movimientos financieros que aparentemente no estaban justificados.

Otro sufragio perdido fue el de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien el 18 de febrero de 2019 pasó a situación de retiro al concluir el periodo de 15 años para el cual fue electa en 2004.

El ministro presidente tampoco pudo sumar el voto de las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, ni del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes fueron designados por el Senado a pro-

Lunes 16 de Agosto de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Ampliación de mandato en la SCJN: Pese al rechazo, el polémico beneficio sigue vivo

puesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de enero de 2019.

Fuentes consultadas por Proceso señalan que la ministra Ríos Farjat y el ministro González Alcántara Carrancá estaban contra la ampliación de mandato de Zaldívar, por lo que iban a hacer valer su autonomía frente a los llamados del Poder Ejecutivo federal para que el actual presidente de la Suprema Corte siguiera en el cargo dos años adicionales.

Al menos tres ministros más, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Fernando Franco González Salas, autor del proyecto de resolución sobre este tema, también estaban contra la constitucionalidad del artículo 13 transitorio de la Reforma Judicial.

En otras palabras, existía una mayoría calificada de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de la misma en su artículo 13 transitorio que ampliaba el mandato de Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de 2022 a 2024.

Viraje El viernes 6 Zaldívar convocó a una conferencia de prensa para informar que renunciaba de manera anticipada a la ampliación de su mandato que el Congreso de la Unión aprobó el 15 de abril último, de última hora y fuera de cualquier negociación, como parte de la reforma judicial.

La conferencia fue realizada en medio de la crisis que padece el TEPJF por la destitución de su presidente, José Luis Vargas Valdez, por lo que en un principio los medios de comunicación creyeron que iba a estar relacionada con ese tema.

Sin embargo, Zaldívar sorprendió a la prensa y a los propios ministros de la Corte al anunciar que se iba a desistir de la ampliación de mandato previsto en el artículo 13 transitorio de la reforma judicial, con el argumento de quiere concentrarse en la lucha contra la corrupción y el nepotismo en tribunales y juzgados federales.

En su conferencia del viernes 6, él mismo reconoció que su renuncia anticipada a la ampliación de mandato era una salida política para un problema jurídico que todavía persiste y que de

todas formas se deberá votar en el Pleno de la Suprema Corte.

En esa misma aparición ante los medios, el titular del PJF también admitió que su cambio de posición se dio luego de conocer el proyecto de sentencia del ministro Franco González Salas a la consulta extraordinaria sobre el artículo 13 transitorio de la reforma judicial, el cual se pronuncia por decretar la inconstitucionalidad de la ampliación de mandato para el presidente de la Corte y los consejeros de la Judicatura.

“Mi decisión ya está tomada con independencia de lo que resuelva la Corte, desde luego hoy el ministro Franco, de conformidad con lo que se comprometió y además me avisó hace días que así sería, va a presentar el proyecto sobre el procedimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica, el lunes yo comentaré con mis compañeros cuándo quieren que se vea este tema, y después se verán obviamente las acciones de inconstitucionalidad, pero desde el punto de vista político, no necesariamente jurídico, es un asunto que ya está superado”, explicó Zaldívar.

Así, tras su posición inicial y sus diálogos con otros ministros para conocer si contaba con el respaldo o no para la ampliación de mandato, Zaldívar prefirió reconsiderar y evitar una inminente derrota ante el Pleno de la Corte, en una sesión pública en la cual ni siquiera estaba garantizada su participación, debido a que algunos de sus pares estaban analizando la posibilidad de presentar un impedimento en su contra, según fuentes del Máximo Tribunal.

Resolución pendiente El Pleno de la SCJN está obligado a resolver el proyecto del ministro Franco González Salas y las dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores y diputados federales de oposición contra el artículo 13 transitorio de la reforma judicial, advirtió el lunes 9 el Consejo Nacional de Litigio Estratégico mediante un comunicado.

El organismo en el cual participan juristas y empresarios, como Miguel Carbonell y Gustavo de Hoyos, entre otros, se pronunció por dar seguimiento a la resolución de la Suprema Corte sobre la ampliación de mandato para los consejeros de la Judicatura Federal que también se verían beneficiados por

la citada reforma.

Fuentes del máximo tribunal coincidieron con la posición de la organización civil, destacando que es obligado resolver ambas acciones de inconstitucionalidad y el proyecto del ministro Franco sobre la consulta extraordinaria, en virtud de que el artículo transitorio todavía está vigente y hay impugnaciones en curso que deben resolverse de manera jurídica.

En el proyecto del ministro José Fernando Franco sobre la consulta extraordinaria planteada por su homólogo Arturo Zaldívar se concluye que, en aras de la supremacía constitucional, la división de poderes y la autonomía e independencia judicial, se debe declarar la inconstitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021, por ser contrario a lo marcado de manera expresa por los artículos 97, párrafo quinto y 100, párrafo quinto, de la Constitución.

Por lo anterior, el proyecto de sentencia plantea no aplicar dicho artículo “para quienes ocupan actualmente el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura”, quienes deberán concluir sus funciones en la fecha prevista desde el día de su nombramiento.

La salida sobre este entuerto que enredó al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, por cinco meses, también fue respaldada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, organización que desde el inicio de la polémica no dudó en cuestionar la intromisión del Poder Legislativo en la vida interna del Poder Judicial.

Los juzgadores federales señalaron que la decisión de Zaldívar “de concluir su periodo como tal, en el tiempo para el que fue electo” permitirá al Poder Judicial de la Federación “reencauzar la constitucionalidad de la vida interna de nuestro máximo tribunal, que es vital para el fortalecimiento y la viabilidad de nuestra democracia”.

El comunicado de la asociación coincidió con el llamado del propio Zaldívar a los impartidores de justicia para que la reforma judicial avance de la mano de los jueces y magistrados federales.

“Esta encomienda la vamos a realizar de la mano de la inmensa mayoría de los jueces federales y magistrados federales en una alianza para tener un mejor Poder Judicial, porque un mejor Poder Judicial no sólo es en beneficio de la gente, es también en beneficio de las personas juzgadoras y de todos los servidores públicos del Poder Judicial Federal”, concluyó.

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En duda la constitucionalidad de la pregunta sobre la revocación de mandato Neldy San Martín Ciudad de México (apro)

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Ratificación o revocación?

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de marzo de 2022 se podría ratificar su mandato, pero legalmente lo que está en juego es la terminación anticipada del periodo para el que fue electo.

Esta diferencia quedó de manifiesto el pasado 12 de agosto, cuando comenzó el jaloneo entre los bloques legislativos en el Senado por la redacción de la pregunta en la ley reglamentaria del artículo 35 constitucional.

El senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista, presentó el 29 de julio pasado una iniciativa de ley federal de revocación de mandato, en la que se plantea la pregunta: “¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza?”.

Sin embargo, el 12 de agosto, luego de presiones desde la presidencia de la República para que se apruebe la ley secundaria sobre revocación de mandato, Monreal anunció sorpresivamente que modificaría la pregunta de la consulta con el argumento de que tiene que ser “sencilla” y de “conocimiento práctico”, y puso como ejemplo: “¿Estás o no de acuerdo con que el presidente continúe al frente del Ejecutivo Federal?”.

De hecho, ese mismo día el ala radical de Morena en el Senado, encabezada por la senadora Antares Vázquez, anunció otra iniciativa del grupo parlamentario morenista en la que la pregunta también es si la ciudadanía está de acuerdo con que el presidente “continúe ejerciendo el cargo hasta el final de su mandato”.

La trampa de la pregunta Para el constitucionalista Diego Valadés, la pregunta que plantea Morena sobre la continuidad del mandato, “no corresponde a lo que dice la Constitución”, pues esta se refiere a la revocación.

“Revocar significa destituir y solo se destituye porque no se está haciendo bien el trabajo o porque se haya incurrido en uno o varios actos que resulten lesivos para los intereses del país. No estamos hablando de delitos, ese es otro tema, en este caso es una valoración política. La pregunta tiene que ser: ¿Quiere usted destituir al presidente de la República o no?”, dice en entrevista el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Después de la consulta popular del pasado 1 de agosto para esclarecer hechos cometidos por actores del pasado y procurar justicia a las víctimas, promovida oficialmente como “juicio

a expresidentes”, que alcanzó apenas el 7% de participación, el titular del Ejecutivo está empeñado en impulsar ahora un plebiscito revocatorio.

Incluso, ha manifestado cuál tendría que ser la pregunta: “si quieren que renuncie o continúe”.

El presidente no puede convocar a un ejercicio de revocación de mandato, este derecho es exclusivo de los ciudadanos. De acuerdo con la Constitución, el referéndum de revocación sólo puede realizarse a petición de un número equivalente, al menos, al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos 17 entidades federativas y que represente, como mínimo, al 3% de la lista nominal de electores de cada una de estas.

La tarea para un referéndum revocatorio no resulta fácil en el caso del presidente electo para el periodo constitucional 2018-2024, pues el régimen transitorio de la Carta Magna señala que la solicitud de firmas debe comenzar en noviembre de 2021 y terminar el 15 de diciembre del mismo año. Es decir, mes y medio para recolectar alrededor de 2.8 millones de firmas.

De hecho, el abogado explica que la solicitud que hagan los ciudadanos tiene que coincidir con la pregunta que se plasme en la ley, no puede ir en sentidos contrarios.

“Quienes soliciten las firmas tienen que indicar el motivo, porque si en la solicitud dicen: quiero que firmes aquí para refrendar nuestro apoyo al presidente, esa firma es inválida. (…) Porque no se trata de decir, queremos decirle al presidente que cumpla con el periodo para el que fue elegido, sería absolutamente ocioso, porque para eso fue electo y para eso presentó un juramento al inicio de su periodo”, indica Valadés.

Para que sea procedente la revocación de mandato, la Constitución estipula que deberá haber una participación de, por lo menos, el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, esto es unos 37 millones de personas. La revocación sólo procederá por mayoría absoluta.

En las últimas semanas, algunos columnistas han dudado de la posibilidad de un proceso de revocación

de mandato en este sexenio, señalado que la ley no es retroactiva y que no se puede destituir a un presidente que fue electo antes de que se aprobara la figura de revocación de mandato, en 2019.

Valadés comenta que la revocación de mandato es perfectamente constitucional porque está en la Constitución y de hecho “toda revocación implica un acto retroactivo”, pues se trata de destituir a alguien que está desempeñando un cargo por un periodo más amplio.

El regaño El Congreso de la Unión tenía 180 días para emitir la ley reglamentaria de la revocación de mandato, pero el plazo venció el 17 de junio de 2020.

Esta omisión provocó el reclamo de López Obrador, paradójicamente el más interesado en la consulta de revocación.

“No son demócratas, o tiene que ver con que algunos ni siquiera se han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley para que la gente pueda decidir si me quedo o me voy, si me mantienen la confianza o me la quitan. Entonces, ¿de qué se trata?”, reprochó.

La molestia tuvo como contexto que la Comisión Permanente autorizó un periodo extraordinario de sesiones durante el receso legislativo para el desafuero de los diputados federales, Mauricio Toledo y Saúl Huerta, en la Cámara de Diputados, y el tema de revocación no se discutió.

El 10 de agosto, tres iniciativas en la materia fueron turnadas a comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos segunda del Senado: una de Ricardo Monreal, otra de Claudia Ruiz Massieu y una más del senador Damián Zepeda del PAN. Tras el llamado de atención, el grupo parlamentario de Morena se apresuró a cabildear con las otras fuerzas políticas un periodo extraordinario para discutir el tema, pero a dos semanas de que comience el periodo ordinario de sesiones, el 1 de septiembre, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron esa posibilidad.

El pasado 12 de agosto, tanto MC como PRD también presentaron sus propias iniciativas de ley secundaria por lo que ya suman seis en las últimas

semanas en el Senado.

Para convocar a un extraordinario en lo que queda de agosto, Morena y aliados requieren de una mayoría calificada, esto es las dos terceras partes de los votos de los presentes, pero según el propio Monreal no cuentan con los votos suficientes.

Mientras tanto, la omisión legislativa orilló al INE a comenzar a trabajar los lineamientos de la consulta de revocación de mandato a contrarreloj, en caso de que el Congreso no solvente su omisión, pues legalmente la recolección de firmas debería comenzar en noviembre próximo.

También, el partido en el poder ya inició la integración de comités en defensa del presidente. El pasado 12, de gira por Chihuahua, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, llamó a la militancia a movilizarse y a reorganizarse en torno a la creación de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, de acuerdo con información del reportero Víctor Chávez de El Financiero.

En el caso de que a un presidente mexicano se le revoque el mandato por decisión de la ciudadanía tendría que asumir por 30 días la persona que ocupe la presidencia del Congreso de la Unión, según el artículo 84 constitucional.

Por ejemplo, en un escenario hipotético de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2022 se trataría del diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna, candidato de Morena para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, o Santiago Creel Miranda, a quien impulsa el PAN como presidente de San Lázaro. En ese periodo, quien quede a cargo de la presidencia, no podrá remover o designar secretarios sin autorización previa del Senado.

Esos 30 días son prácticamente para que el Congreso nombre a la persona que concluirá el periodo constitucional del presidente que fue removido, por mayoría absoluta, esto es un número mayor a la mitad de diputados y senadores.

Diego Valadés cuestiona el diseño de la revocación de mandato en nuestro país: “El mal diseño consiste en que donde hay revocación de jefes de gobierno, generalmente en otros países es para alcaldes o para gobernadores, nunca para presidentes, cuando hay casos de revocación, en el momento mismo en el que se vota para revocar a la persona se vota para elegir a quien se quiere que gobierne”, dice el abogado.

También pone en duda que algún partido de oposición promueva la revocación de mandato, porque es previsible que la persona que presida la Cámara de Diputados sea del partido del presidente de la República, y Morena y sus aliados alcanzan la mayoría para elegir a otro mandatario o mandataria emanado de su partido.

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Tribunal Electoral retira diputaciones federales a Morena en CDMX, BCS y NL De la Redacción Ciudad de México. (Tribuna)

L

a Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió el viernes retirarle tres diputaciones federales a Morena: una en la Ciudad de México, una en Baja California Sur y otra en Nuevo León.

En sesión, magistrados modificaron los resultados en el Distrito 3 de la CDMX, en el Distrito 1 de Baja California Sur y en el Distrito 3 de Nuevo León, con lo que Morena no contará con esas curules en la Cámara.

En Baja California Sur, la Sala Superior dictaminó la revocación previamente emitida por la Sala Regional Guadalajara, con lo que se retiró el triunfo en ese distrito a la coalición Juntos Hacemos Historia, encabezada por Morena, y se le dio a la coalición Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD. La Sala Superior autorizó la decisión de la Sala Regional Guadalajara de modificar los resultados en dos casillas y anular dos más. Debido a dicha decisión, los resultados del acta de cómputo distrital y el resultado final fueron modificados.

El Poder Judicial está “podrido” y tiene una “mentalidad ultraconservadora”: AMLO

Gloria Reza M. Cañadas de Obregón, Jal. (proceso.com.mx)

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una alternativa a los pobladores de Temapulín, Acasico y Palmerejo para que permitan que funcione la presa El Zapotillo y les garantizó que no se inundaría ninguna de las tres comunidades.

“Asumir nosotros la responsabilidad de cualquier siniestro (…) como una especie de seguro donde el gobierno federal se compromete a hacer cargo de daños posibles que con el tiempo pudiesen afectar a los tres pueblos”, dijo el presidente.

Prosiguió: “Yo firmaría ese compromiso y lo elevaríamos a rango de ley, mediante un decreto para que estén completamente seguros de que no va a suceder nada que afecte a los pueblos, que no se va a inundar”.

El titular de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, acudirá a Temacapulín el próximo sábado a presentarles la propuesta que consiste en

Magistrados modificaron los resultados en el Distrito 3 de la CDMX, en el Distrito 1 de Baja California Sur y en el Distrito 3 de Nuevo León. El Poder Judicial está “podrido” y tiene una “mentalidad ultraconservadora”: AMLO

“Desgraciadamente el Poder Judicial está podrido, hay honrosas expresiones para no generalizar, pero jueces, magistrados, ministros, están al servicio de los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora, ultraconservadora”, señaló el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa durante su gira de este domingo por Durango y Coahuila.

Esta afirmación la hace el presidente, luego que se han aprobado

amparos que buscan frenar la construcción de un distribuidor de agua que abastecerá nueve municipios de La Laguna; dichos amparos fueron aprobados por un juez local, a lo que López Obrador criticó que, “si ya empezaron los amparos, entonces no vamos a poder terminar la obra. ¿Ustedes creen que voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo”.

Pero no es la primera vez que AMLO ataca al Poder Judicial, pues ya antes ha afirmado que los ma-

gistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “son corruptos“.

Andrés Manuel ya antes ha criticado a jueces que avalan amparos en contra de sus obras, los cuales las han frenado, así como el Tren Maya al sureste del país, o bien, aquellos que han aprobado amparos en contra de sus políticas, tal como pasó con reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual afecta a empresas privadas.

“Si tuviésemos un Poder Judicial confiable, yo diría no hay problema, vamos al litigio, vamos a demostrar que no hay afectaciones, pero no (…) nos presentan una denuncia y luego otra y otra y otra”, se quejó el presidente, refiriéndose a los amparos que han frenado la obra del proyecto “Agua Saludable para la Laguna”.

“Antes lo que importaba era el dinero; el moche; el soborno, lo que daban las compañías constructoras para obtener esos contratos, no les importaba la gente, no les importaba que se generara un conflicto social o ambiental”, recordó López.

AMLO ofrece alternativa para presa El Zapotillo y propone asumir futuros daños dejar la cortina en 80 metros de altura, en lugar de 105 metros.

Con dicho planteamiento, el agua almacenada solo alcanzaría para abastecer con 3.5 metros cúbicos por segundo a Guadalajara y a Los Altos de Jalisco, por lo que se buscaría una opción para abastecer al corredor industrial de León, Guanajuato.

En caso de que los inconformes no acepten la propuesta del gobierno federal, el presidente ordenó que se haga solo una obra de protección para que en caso de que se presente una situación extraordinaria, “no se caiga la presa o se destruya, me preocupa la afectación a las comunidades”, refirió.

López Obrador se comprometió a regresar en un mes a Temacapulín para escuchar la decisión de los

pobladores.

La obra de la presa inició en 2011, su diseño original era una cortina de 105

que almacenaría 865 millones de metros cúbicos, hasta el momento se han erogado más de 6 mil millones de pesos.

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LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL Elisur Arteaga Nava

E

n los países civilizados se habla poco de los jueces y de sus sentencias; de aquellos se espera que sean imparciales y conocedores; de éstas, que estén apegadas a derecho.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destituyeron a su presidente, José Luis Vargas Valdez.

Hicieron algo más: nombraron a Reyes Rodríguez Mondragón en su sustitución. Las cosas cambiaron rápidamente.

Al parecer había sobradas razones para destituirlo. La Unidad de Inteligencia Financiera lo investiga por la posible comisión de delitos e infracciones que son de su competencia. El presidente removido se defendió: invocó razones procedimentales. Negó que el Pleno del Tribunal Electoral tenga atribuciones para hacerlo.

Dada la gravedad de las acusaciones, alguien dirá que los magistrados se tardaron en removerlo.

Me atrevo a decir que, simplemente, guardaron las formas: dejaron que quien era su presidente, por sí renunciara al cargo; al no hacerlo y tampoco pedir una licencia temporal, a pesar del tiempo transcurrido y el desgaste que estaba sufriendo la institución, actuaron.

Desconozco las razones que tenía el ahora expresidente Vargas para no dimitir. Al enterarme del uso discrecional que hacía del presupuesto del Tribunal que, por serlo, es público; las maniobras que realizaba; el sentido de sus opiniones y votos, entiendo por qué no lo hacía. Justifico la actuación de los magistrados que lo depusieron. Estimo que actuaron legalmente. Me baso en lo siguiente para afirmarlo:

El párrafo tercero del artículo 99 constitucional dispone: “La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años”.

Jurídicamente, quien tiene facultad para nombrar, implícitamente goza de la facultad para remover, destituir, ascender o cambiar. Esa es la regla general. De esa manera, en su artículo 77 dispone: “Cada una de las Cámara puede, sin la intervención de la otra: (…)

III. Nombrar los empleados de su secretaría y…”

En la fracción III del artículo 89 se faculta al presidente de la República para: “Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, y…”

La regla que se desprende de esos y otros preceptos es que, salvo que la Constitución o las leyes establezcan un procedimiento diferente o se disponga otra cosa, quien nombra puede destituir. De esa manera, por ejemplo, en el penúltimo párrafo del artículo 94 constitucional se dispone que los ministros de la Suprema Corte durarán en su encargo 15 años, salvo que sean destituidos del cargo por el Jurado de sentencia (art. 110) o suspendidos temporalmente en su ejercicio por virtud de una declaración que emita la Cámara de Diputados (art. 111).

En ese contexto, si en el artículo 99 constitucional se confiere al Pleno del Tribunal Electoral la atribución para designar a su presidente, implícitamente se le autoriza para removerlo o concederle permiso para ausentarse temporalmente del cargo.

El que se establezca un plazo de duración no implica que no pueda ser removido o suspendido temporalmente por quien lo nombró, cuando existan razones graves que así lo exijan.

El presidente destituido, José Luis Vargas Valdez, por seguir siendo magistrado y gozar de inmunidad, estando dentro del plazo para el que fue electo, puede disponer el momento en que responderá de los ilícitos por los que se le investiga.

También puede esperar a que la Cámara de Diputados emita respecto de su persona una declaración de procedencia; o, para el caso de que eso no suceda, aguardar a que concluya el periodo para el que fue electo por el Senado. El que responda de sus actos es cosa de tiempo.

AMLO no cambia. Dejó ir otra oportunidad de oro que la vida le dio para quedarse callado y de confirmar, con su silencio, el respeto que debe al principio de división de poderes. Está de por medio una decisión tomada por un tribunal autónomo que, por serlo, debería merecer el respeto de todos. En forma por demás torpe pretendió llevar agua a su molino. Pidió la renuncia de todos los magistrados.

Tiene la esperanza de llevar a esos cargos a jóvenes recién salidos de las escuelas y facultades de derecho que no hayan sido tocados por la vara de la corrupción.

AMLO y su Morena han sido muy torpes en el manejo de sus relaciones con el Poder Judicial, los tribunales y entes autónomos.

Contrariamente a lo que sucedió con los gobiernos priistas e, incluso, los panistas, y esto ya es mucho decir, que tuvieron un control fino de ellos, no han podido entenderse con sus titulares.

Durante los gobiernos emanados de la Revolución, la oposición se quejó de lo complaciente que eran los tribunales y los entes autónomos con el gobierno. Los morenos no han entendido que el dar está en la forma de pedir. Parecen elefantes que con sus patas pretenden ensartar un hilo en una aguja. Cuando, con una doble intención, suponían que estaban hilando fino, como fue el caso del intento de prolongar el plazo de duración del presidente de la Suprema Corte, la maniobra fue tan corriente y burda que se les vino abajo.

Los morenos tienen más de dos años ocho meses de estar en el poder y no han aprendido a ejercerlo.

Suponen que dar dádivas a los necesitados, recorrer el país una y otra vez, afirmar que los gobiernos anteriores eran corruptos y censurar a quienes no están de acuerdo con ellos, es gobernar.

Volviendo al expresidente del Tribunal Electoral, si es inocente, y esa es la premisa de que parte el sistema penal, nada debe temer.

Anímese, señor magistrado Vargas, a enfrentar a sus acusadores. A la larga o a la corta, usted va a tener que comparecer ante la justicia. Recuerde lo que dice Lucano: “Lo que es inevitable, deséalo” (Farsalia, IV, 488). Eso, traducido al mexicano, significa: “Si me han de matar mañana, que me maten de una vez”, o sus variantes: “Lo que ha de ser, que sea”, “Lo que ha de tronar, que truene” o “Vámonos muriendo ahora, que están enterrando gratis”.

A los jueces habría que aconsejarles lo que Pericles, en su famosa Oración fúnebre, dijo a las mujeres atenienses: “Vayan por el mundo de tal manera que se hable de ustedes lo menos posible”.

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RETORNO A LAS AULAS Pablo Gómez

B

ajo el temor pandémico en el que vive la sociedad, casi todo asunto se hace más complicado. Entender, por ejemplo, que no es la misma situación un aumento de contagios en el momento actual que en las dos anteriores ocasiones. El punto, claro, se entiende mediante un análisis epidemiológico, el cual no está al alcance de todos, sin que las autoridades hayan puesto un empeño mayor en divulgar la información.

En cuanto al retorno a las aulas, el error original fue aquella temprana declaración del entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, de que el regreso a clases sería a partir de que el semáforo estuviera en verde. Como el ahora embajador no era experto, de seguro había sido aconsejado por algunos epidemiólogos, a quienes, no obstante su sapiencia, les era imposible advertir la evolución ulterior del comportamiento de la enfermedad.

Casi todo el mundo está en las aulas mientras en México existe una fuerte discusión, justo en el momento en que la vacunación avanza a un paso que pocos previeron y casi nadie creyó.

Lo que más llama la atención es que una parte de la dirigencia sindical de los profesores de educación básica, específicamente la CNTE, y no pocas autoridades universitarias, insisten en que el riesgo sería mayúsculo, por lo cual no debe haber retorno de momento.

Al respecto de aquella parte del liderazgo de los maestros de educación básica, habría que lamentar el enfoque que se maneja, pues parece más bien de carácter gremialista que educativo. Mucho menos se tiene un análisis del momento de la epidemia ni se toma en cuenta que el gobierno logró la vacunación de los profesores.

Se habla de que “no hay condiciones”.

En cuanto a ciertas autoridades universitarias, lo más que se ha logrado es oírlas hablar de un retorno gradual a las aulas y laboratorios. La gradualidad se hará con base en lo mismo, es decir, en el criterio rectoral.

Quizá el miedo a la covid-19 y la falta de confianza en la autoridad sanitaria sean factores relevantes, aunque no deberían descartarse otros motivos.

El manejo de los números estadísticos, sin análisis ni prospectiva, siempre lleva al oscurecimiento del fenómeno del que se quiere hablar.

Esto ha ocurrido en muchos países y México está en esa lista. No es lo mismo 30 mil contagios diarios en un país de más de cien millones cuando la mitad de los adultos están vacunados que cuando no había vacunas, por ejemplo.

Mientras el gobierno mexicano trata de convencer que lo aconsejable es retornar cuanto antes a clases, en condiciones de mucho menor riesgo que en cualquier otro momento de la pandemia, en otros muchos países están regresando de vacaciones a las aulas y los europeos debaten sobre otra cosa: el uso del pasaporte sanitario para viajar y entrar a ciertos lugares de recreación, ante lo cual no se han hecho esperar varias airadas protestas.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, que va a salir de la pandemia en su peor nivel de reconocimiento y respeto, acusa a varios gobiernos de ser permisivos y, de esa manera, provocar el aumento de los contagios.

El problema de las aulas escolares es de todas formas muy singular. Se trata también de los muchos meses en que los niños, niñas y jóvenes no han tenido una relación cercana con su

comunidad escolar, ni se han podido abordar con soltura los temas académicos y los demás que son propios de los recintos educativos, incluyendo la recreación.

La humanidad no parece estar en situación de vivir como en naves espaciales. El gregarismo sigue siendo fuerte a pesar de los tres siglos de individualismo burgués, el cual no va mucho más allá de ciertas familias muy bien educadas, pero de otra forma.

En las ciudades hay niños y niñas que han estado algo solos durante muchos meses, quizá cerca de sus padres, pero lejos de personas como ellos y ellas. Es lamentable que haya profesores con tan marcado sentido gremialista que no toquen este aspecto, que debería ser, por lo demás, su principal tema de momento. La escuela no se compone tan sólo de la comunicación entre profesores y alumnado, sino marcadamente entre los y las estudiantes entre sí.

Entretanto, la derecha está callada.

Como en tantos otros temas, carece de un punto de vista. No se reúne a discutir asuntos del país sino sólo para mantener el “bloque de contención”.

Si se les pregunta sobre algún asunto, esos reactivos dirigentes políticos responden en su mayoría con ataques al gobierno cuando no con insultos, evasivas en realidad. Por otro lado, pocos medios formales de comunicación editorializan sobre el tan importante tema del retorno al aula.

No habría medio de obligar a padres de familia a enviar a sus hijos a la escuela en situación de pandemia.

Eso se sabe de sobra. Mas quizá no sólo sería bueno preguntar al respecto a los mayores sino también al alumnado. Por lo pronto, hay que abrir las escuelas y observar las respuestas de la sociedad, especialmente de los niños, niñas y jóvenes.

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TURBULENCIA EN PANTELHÓ Arturo Lomelí González

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os acontecimientos que han derivado en la aparición pública del grupo armado “El Machete” no son un caso aislado en la región ni el municipio. Con el recuento del largo historial de desplazados, asesinatos y violencia se impone una descripción de la compleja situación. Pantelhó, municipio que se encuentra al norte de los Altos de Chiapas, tiene unos 25 mil habitantes, ocho mil en la cabecera, centro político y económico de las comunidades circunvecinas que incluyen algunas comunidades del municipio de Chenalhó.

Pantelhó es un municipio único en Los Altos por su pluralidad étnica. Conviven tsotsiles del lugar y de Chenalhó; tseltales originarios de Cancuc, Bachajón y Tenejapa, y ladinos (mestizos).

El pueblo existía antes del periodo colonial. Entre los siglos XVII y XX las tierras pasaron a manos de finqueros y rancheros.

Los indígenas aportaban el trabajo, condenados a vivir en deplorables condiciones de vida y aislamiento hasta fines del siglo XX. A mediados del siglo inició una recuperación de las tierras por los indígenas.

A partir de la segunda década del siglo XX, los ladinos controlaron Pantelhó. Todavía en los años ochenta, aunque los indígenas tenían la tierra y producían, el único mercado para sus productos estaba en manos de los mismo finqueros con quienes habían disputado la tierra. Los ladinos controlaban los puestos políticos y las relaciones con las dependencias gubernamentales, procuraban la justicia y las acciones policiacas. Entonces hubo cambios que transformaron las relaciones entre indígenas y mestizos.

El municipio fue escenario de varios conflictos, algunos violentos, por el asesinato de líderes indígenas para evitar que ganaran la presidencia. En 1982 los indígenas ganaron por primera vez, con Dionisio Cruz Juárez.

Desde entonces todos los presidentes han sido indígenas, lo que no garantizó beneficios para las comunidades, sólo se repitieron las prácticas clientelares del sistema político nacional.

Tras el ascenso indígena al poder municipal, decidir dentro de las “costumbres” de las comunidades a los candidatos tuvo mucha importancia, pues éstos adquirieron compromisos con los habitantes. Ello ha derivado en que los presupuestos sean para las comunidades más importan-

tes o donde los “compromisos” se imponen por encima de otras. Se formó una división por preferencias partidistas. Esto propició disputas entre familias y bandas que tienen como identidad apodos. Todos son originarios de los barrios y comunidades, muchos son ejidatarios. Estas bandas compuestas por familiares a su vez simpatizan con grupos más grandes al interior de las comunidades y con partidos políticos. Posesionados de distintos predios a raíz de 1994, hubo disputas. Por ejemplo, los posesionados de la finca San Clemente, “Los Mecos”, lidereados por los hermanos Jiménez Gómez, apoyaron al PRD. Respaldados por otros miembros del grupo, expulsan de la propiedad a “Los Patées” integrado por los hermanos Gómez Méndez, lo cual provoca enfrentamientos directos entre ambas familias y sus respectivos grupos y seguidores.

El problema adquirió proporciones preocupantes en los noventa al registrarse varias muertes. Los Shoshepes del barrio el Reparo, encabezados por Francisco, Pablo, Pedro y Antonio Ruíz Entzin, y sus seguidores, también del PRD, apoyaron a Los Mecos en el conflicto. De 1998 a 2000 escala la violencia con asesinatos por venganza que involucran a “Los Botés”, “Los Guash” y “Los Tzaes”. La influencia del movimiento zapatista en las comunidades fue muy importante. Durante 1994 comenzaron los “actos de rebeldía” posteriores a las elecciones federales y de gobernador, proceso que culminaría con la formación del Municipio Rebelde de Santa Catarina. A principios de 1995 establecen un gobierno paralelo al ayuntamiento constitucional, atendiendo las demandas de las comunidades. Por las amenazas y el ambiente de violencia,

la sede del municipio autónomo se trasladó a otra localidad. A iniciativa del ayuntamiento autónomo, se articuló un rechazo a un drenaje de la cabecera al río que dota de agua a muchas localidades. En 2006 se creó un “frente popular” que aglutinaba a no zapatistas y mestizos de la cabecera; se movilizaron para destituir al edil oficial por malos manejos. Éste y su cabildo se refugiaron en San Cristóbal y la obra fue modificada.

Lo que debe saber sobre el Día de los Pueblos Indígenas El asunto se complica pues anuda intereses electorales, la administración municipal deviene en el uso faccioso de los recursos, encubriendo grupos de choque y armados. La suma de pactos y “nudos de complicidades” perpetúa la violencia.

Los grupos armados están en la nómina municipal; se formaron con la finalidad de controlar las comunidades y asegurar lealtades, como pasa en otros municipios indígenas.

En 2000, con el arribo de Pablo Salazar a la gubernatura, debuta otro grupo solapado por las autoridades municipales del PRD, encabezado por el juez municipal, Austreberto Herrera Abarca. En la disputa electoral, las facciones opositoras bajo las siglas del PRI y sobre todo el PVEM, incrementaron las tensiones y los asesinatos selectivos. De igual forma el grupo organizado alrededor de “Los Herrera” — Austreberto y sus hijos— funcionaron como delincuencia organizada con vigías y pistoleros en comunidades que controlaban la operación electoral y la “paz municipal”. Así se formaron grupos alineados a Los Herrera como los Ciriles y los Capotes.

La complicidad con Austreberto finalizó con la llegada a

la presidencia de Santos López Hernández en el 2018, y fue detenido en 2019 por asesinatos ocurridos en el 2015. Siguieron ejecuciones, emboscadas, desalojos y presiones para mantener su dominio, al tiempo de movilizar a grupos afines para exigir la liberación del líder de Los Herrera.

A su vez, el presidente Santos López, acusado de acoso y abuso sexual, fue destituido, detenido y encarcelado en 2020. En su lugar es designada interinamente Delia Janet Velasco Flores, ligada junto con su esposo, Raquel Trujillo Morales, a “Los Herrera”. Entre agosto de 2020 y mayo de 2021 ocurrieron múltiples incidentes que incitaron a los opositores y encendieron aún más el malestar de los pobladores. Con el triunfo del esposo de la presidenta interina, la situación se complicó más.

Entre el 12 y el 15 de marzo del 2021 hubo un enfrentamiento donde murieron tres hermanos de “Los Ortiz”. Las comunidades solicitaron la intervención de autoridades estatales debido a la inacción de la presidenta. A fines de junio, con la mediación del exdirectivo de la Organización Sociedad Civil Las Abejas, Simón Pedro Pérez López, hicieron un oficio ante el peligro que corrían los opositores del ayuntamiento, denunciando abusos y homicidios impunes. Simón Pedro fue ejecutado en Simojovel el 5 de julio. Entonces se mostraron públicamente unas “Autodefensas para la vida de Pantelhó”, frente heterogéneo de ejidos, comunidades y propietarios, que derivaron en “Grupo de autodefensas El Machete”, para “defender al pueblo”. Argumentan que obtuvieron armas y equipos con la “cooperación de personas amenazadas”. Tomaron el control del municipio. A su vez se formó un “frente popular” que es una mezcla de actores: catequistas, Las Abejas y algunos que se dicen exmilicianos zapatistas, que acordaron con autoridades federales la disolución del ayuntamiento, la formación de un Concejo Municipal elegido por este frente popular que operará hasta principios de octubre, cuando se elegirá por “usos y costumbres” un nuevo ayuntamiento y se harán auditorías a los ejercicios anteriores y se investigarán hechos delictivos.

Las armas, equipos y organización demostrada por este grupo, resultado de las experiencias narradas, indica que la violencia no cambiará tan fácilmente.

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ZAPPING

L Uno

a palabra es un barbarismo: spoiler. La sacrosanta Real Academia de la Lengua Española prefiere usar la palabra “destripe”. O bien, si insistimos, mejor la adaptación “espóiler”, con acento y todo.

El diccionario de esa vetusta institución (me refiero a la RAE), precisa: “La voz spoiler es un anglicismo que se usa con el sentido de ‘revelación de detalles de la trama de una obra de ficción’. En español, se recomienda usar en su lugar destripe (de destripar ‘anticipar el desenlace de una historia a quienes no lo conocen’). También se puede emplear la adaptación, ya documentada, espóiler.”

Por @Vlátido

· Sin miedo al spoiler

Dos

Hace tiempo dejé de asistir con regularidad a las presentaciones de libros. Me pasó algo así como “un día eres joven y al siguiente prefieres quedarte a tomar café con pan”. Pinches esnobs. (Otro barbarismo).

Pues bueno, recuerdo que en las presentaciones de novelas o cuentos los autores leían alguna parte de su obra. Los cuentistas contaban casi toda la historia. Casi. Justo antes de concluir, tal vez sin llegar al clímax, a veces después, detenían la lectura.

L

a semana pasada, Eduardo Ramírez Aguilar presentó su Informe de Actividades legislativas como presidente del Senado dé la República.

El senador chiapaneco eligió el escenario de la antigua sede de la Cámara Alta del Congreso de la Unión para llevar a cabo el acto público.

La convocatoria de Eduardo Ramírez Aguilar fue notoriamente plural.

Asistieron legisladores federales, empresarios, representantes de organizaciones civiles, cuerpo diplomático acreditado en el país, así como gobernadores y presidentes electos y en funciones.

Las redes sociales de Internet pusieron en un primer plano mediático digitall el Informe de Eduardo Ramírez Aguilar.

La trasmisión -en vivo -;por Facebook y Twitter llevó el mensaje del senador chiapaneco a amplios y diversos auditorios virtuales.

Eduardo Ramírez Aguilar presentó un informe de Actividades Legislativas, correspondiente a su gestión como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República durante el tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

De entrada, Eduardo Ramírez Aguilar destacó que “ Chiapas siempre ha estado presente en los momentos estelares en la

-Bueno -decían- si quieren saber el final, deben comprar el libro.

Chale.

Tres

A los estudiantes suelo pedirles que busquen en su cultura visual algunos referentes que aporten modos de mirar la realidad desde la perspectiva artística. Una recurrencia es el cine. Escriben sobre películas y además me las cuentan.

-Lo siento, profe, lo voy a espoilear (así, en buen castellano).

-Adelante -respondía al principio sin saber exactamente a qué se referían. Ignorancia de ruco.

Cuando lo supe sólo asentía con un “no importa”. Ocurría el destripe: me la contaban de cabo a rabo.

Cuatro

En realidad no me importa. Conozco a quienes son cuidadosos cuando recomiendan una peli o

EL DIVÁN Sergio Stahl

Eduardo Ramírez Aguilar: informe de Actividades Legislativas, ( Primera de tres partes)

historia de México, y ahora, en la cuarta transformación, no es la excepción”.

El senador chiapaneco señaló que durante su gestión al frente de la Cámara Alta del Congreso de la Unión prevaleció el respeto, la libertad, la tolerancia y la madurez, y se abonó la pluralidad política al interior de la Cámara.

“Al venir de un estado multicul-

tural de pueblos y culturas indígenas, con una gran variedad de denominaciones religiosas, como lo es Chiapas, estoy acostumbrado a vivir y trabajar en medio de la pluralidad, lo que representa, más que un obstáculo, un horizonte de oportunidades”, afirmó Eduardo Ramírez Aguilar.

El presidente del Senado de la República hizo un llamado a las di-

una serie de Netflix o de cualquier otro servicio de streaming -Ya no le sigo porque no te quiero espoilear, mejor mírala -dicen.

Insisto: -En realidad no me importa.

No miento. Para mí lo importante es cómo el autor o director cuenta la historia, cómo la resuelve, qué recursos narrativos utiliza.

Lo que pasa es que no hay buenas ni malas historias. Lo que hay son buenos y malos narradores.

ferentes fuerzas políticas y sociales, así como a la sociedad, a que dentro de la diversidad y la pluralidad se abra paso a la unidad, a la conciliación y a generar una cultura de paz en el país.

Eduardo Ramírez Aguilar se comprometió a continuar trabajando para alcanzar Los acuerdos para la construcción de un México más justo, más democrático y más solidario.

Hasta ahí la reseña.

Mi opinión: El mensaje político del senador chiapaneco quedó expuesto en un ejercicio retórico que mostró el talento oratorio de un político versátil que ha crecido políticamente en el plano nacional El uso de las plataformas digitales en uso en las redes sociales de Internet le dió un toque digital posmoderno al Informe. El discurso de Eduardo Ramírez Aguilar muestra a un político que ha madurado y cuyos alcances nacionales lo proyectan claramente hacía el futuro de Chiapas.

En suma, el llamado #JaguarNegro rugió fuerte y Eduardo Ramírez Aguilar dejó en claro que está más que listo para protagonizar la madre de todas sus batallas políticas: La sucesión en el gobierno chiapaneco en el ya no tan lejano 2024.

Mañana, la segunda parte, con el análisis de la productividad parlamentaria desarrollada por Eduardo Ramírez Aguilar al frente del Senado de la República.

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ANÁLISIS A FONDO: ¿REABRIR LAS ESCUELAS O LAS CANTINAS? Francisco Gómez Maza

• Tendremos que convivir con el virus quién sabe cuántos años más • Tenemos que garantizar la educación de los niños a como dé lugar

P

ara los timoratos, los medrosos, los de malas intenciones, y los de muy buenas, los que propagan ideas absurdas en contra del regreso a clases, los fariseos, o sea, los hipócritas, el doctor Mike Ryan, director de la OMS para Emergencias, pregunta: ¿Abrir las escuelas o los bares?

Más enfáticamente: Qué es más importante. ¿Qué los niños regresen a la escuela, o que estén abiertos los bares y los “clubes”?

La escuela es un lugar seguro, bajo la mirada de los educadores y maestros y la vigilancia cariñosa de papá y mamá. Las cantinas, las ahora en boga “chelerías”, los antros, los lugares non sanctos son espantosos focos de infección, más si clientes o parroquianos pierden la conciencia por la ingesta descontrolada de alcohol, sin guardar el distanciamiento social.

El criterio es muy sencillo: Todas las señales de cualquier alarma epidemiológica indican que la humanidad, que los animales humanos, tendremos que convivir con el virus de la covid-19 y sus quién sabe cuántas mutaciones, por quién sabe cuántos años. ¿Entonces?

Nuestra, desde ya tenemos que aprehender a salvar nuestro pellejo y el de nuestros seres queridos, nuestros hijos. Y ello lo tenemos que hacer no encerrándonos en una vida conventual. El mundo está ahí, la oficina, las actividades humanas, la economía, las iglesias, los mercados. Necesitamos, como antes de la pandemia, todos

de todos. Y lo que tenemos que hacer es aprender a relacionarnos en una nueva realidad que no es la del abrazo y el beso, como antes, cuando al saludarnos nos dábamos un beso.

Y los niños. Los niños no pueden quedarse en casa. Muchos están volviéndose locos de tanto tiempo encerrados. Muchos perdieron todo, inclusive a sus padres. Millones han tenido que trabajar. No van a la escuela, pero sí tienen que salir a trabajar, ya desde niños. Y obviamente que son más peligrosos los sitios de trabajo que el salón de clases, si es que la escuela no está en un tejabán, o debajo de la fronda de un gigantesco árbol del pueblo.

El doctor Ryan” lo advirtió desde el año pasado, en medio de la mortandad, cuando dijo: “estamos de acuerdo es que las escuelas son importantes y que la educación de los niños es prioritaria. ¿Cómo combinar la protección de la muerte a las personas vulnerables y el regreso de los niños a la escuela? Debemos hacer sacrificios porque tenemos que mantener la guardia alta frente al virus y reducir la transmisión comunitaria para lograr ambos propósitos.

Y la única forma de conseguirlos es que los adultos se mantengan a distancia para disminuir los contagios”.

Pero fue muy enfático al preguntar: “¿Qué es más importante, que los niños regresen a la escuela o que estén abiertos los bares y los clubes? Son sacrificios y no hay

respuestas simples ni correctas; la única vía que tenemos es evaluar los riesgos; no hay alternativas. ”En esto deben participar y comprometerse tanto los gobiernos como las sociedades. No hay soluciones mágicas y debemos dejar de estar buscando amuletos”.

En México, millones de niños fueron afectados por el cierre de las escuelas. Los asiduos asistentes a las cantinas no sufrieron.

Cerraron los bares, pero las vinaterías hicieron su agosto con la venta de alcohol Y fueron (y son) interminables las colas de amantes del licor y el vino a las puertas de las vinaterías.

El mismo Ryan ha dicho que la evidencia ha demostrado que no hay relación entre la operación regular de las escuelas y la transmisión comunitaria del coronavirus.

Y estoy de acuerdo en que hay que reabrir los centros escolares porque si no se abren ahora, no se reabrirán nunca porque no hay ninguna certeza del final de la pandemia. Lo único cierto es que hay que toma las medidas sanitarias necesarias para mantener abiertos los centros escolares y evitar un daño continuo al aprendizaje y bienestar de los estudiantes, como dice el organismo de la ONU para la infancia.

La pandemia de COVID-19 ha interrumpido la educación de unos 1200 millones de niños en todo el mundo, obligando a las escuelas de todo el planeta a poner en marcha nuevos métodos para educarlos.

CONTRAPODER PODER

E

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so de las “novatadas” las viví en carne propia cuando ingresé en 1973 a la Escuela Nacional Preparatoria 9 Pedro de Alba, ubicada en la Avenida de los Insurgentes Norte, por el rumbo de la Villa de Guadalupe.

Recuerdo que eran un poco violentas porque prácticamente te cazaban a la entrada de la institución los alumnos de más antigüedad, los llamados “fósiles” -como el presidente Andrés Manuel López Obrador que tardo 14 años en terminar la carrera-, que eran aquellos que tardaban años en concluir este nivel de preparación, muchos de ellos eran porros; es lo que hacía que los novatos les temieran.

Bueno te agarraban y la novatada consistía en que te rapaban y si no ofrecían resistencia te regalaban un refresco, otros corrieron con mala suerte pues te pintaban el escudo del equipo de tu preferencia, todos pedían del América, Guadalajara, Pumas de la UNAM y hasta del Toluca.

Por fortuna en me escape y me salve que fuera un cabeza rapada, sin embargo, no pasaba a mayores, solo que venía otra campaña que le llamaban el repode que consistía en darle una rapada a aquellos que en menos de un mes ya les había crecido el cabello.

Pero nada que ver con lo denunciado por Iris Valeria Suárez Ruiz, alumna de la Escuela Normal Mactumactzá que los 150 alumnos de nuevo ingreso al ciclo escolar 2021, son objeto del proceso de inducción a las actividades propias de la escuela, tanto en lo académico como en la parte combativa, instrucción a cargo de los de mayor antigüedad, que, en grupo mixtos de 15 a 20 jóvenes, los instan a memorizar y repetir las consignas e himnos que se entonan en marchas y actividades relevantes.

Denunció Suárez Ruiz que las 50 alumnas, todas las noches son alojadas en un salón de academia, inicialmente les permitieron dormir toda la noche, conformen avanzaron los días, a partir de las 02:00 horas, las obligaron a mantenerse despiertas y solo les permitieron dormir 2 horas, posteriormente únicamente media hora, las mantienen despiertas, memorizando y entonando consignas e himnos de lucha, así como observando películas con temas anti gobierno.

Iris Valeria como víctima de esas vejaciones de los normalistas fósiles dijo que en todo momento, los alumnos de mayor antigüedad, les recalcan que son “la escoria de la sociedad”, por lo tanto no merecen alimentos ni líquidos, en la fase de sobrevivencia, los obligan a ingerir alimentos descompuestos, interrumpir su descanso y periodos de sueño, agregó la estudiante de dicho plantel.

De igual manera -precisó-, que son obligados a realizar actividades físicas, tales como desplazarse y sumergirse en agua con lodo o excremento de cerdo, además de correr, saltar, arrastrarse en el piso, acciones en las cuales, su ingesta de líquidos para recuperarse es mínima.

En su caso, dijo, y junto a 49 fé-

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• Las “novatadas” del sometimiento • Desprestigio en la Mactumactzá por novatadas • Juan Camaney por el regreso a clases

minas más las obligaron a realizar diversas labores agrícolas, así como ejercicios físicos extenuantes, negándoles agua y alimentos, cuando se los proporcionaban, se los “escupían” obligándolos a su ingesta.

Por esas infamias, Iris Valeria requirió atención médica y el diagnostico fue: Deshidratación importante e insolación, quemaduras solares de primer grado en su anatomía, acceso de tos disfónica, crisis de ansiedad y depresión, con la consiguiente administración de medicamentos y cuidados para su recuperación.

Ante esta situación, por recomendación de sus padres, abandonó el plantel escolar y se aprestan a denunciar, en la Fiscalía General del Estado estas conductas, las cuales, han originado que otros 6 alumnos ya hayan desistido de proseguir su formación educativa.

Normal que alientan el odio y el rencor contra el Estado

Afortunadamente aun vivimos en un país libre, no obstante que López Obrador y su 4T nos quieran llevar a una dictadura como experimentan otras nacionales como Cuba, Venezuela, Nicaragua y podemos decir no a las injusticias de algunas autoridades, en este caso como las denunciadas por Iris Valeria Suárez Ruiz, alumna de la Escuela Normal Mactumactzá.

Pero su denuncia no es la primera en su tipo, en agosto del 2019 noticieros Televisa denunció este tipo de bajezas cometidas en escuela normal, cuando por la violencia en las novatadas una alumna fue víctima de torturas y maltratos crueles e inaceptables que tuvo que desertar de la escuela.

En julio del 2018, La Fiscalía General de Justicia de Chiapas informó que investigó las causas que provocaron la muerte de un estudiante de la Escuela Normal Rural Mactumactzá.

Además otros dos alumnos se debatían entre la vida y la muerte. Ellos son el estudiante José Luis Hernández Espinosa, originario de Venustiano Carranza, quien perdió la vida

a causa de una deshidratación severa tras realizar trabajos forzados en el interior del plantel al igual que los otros dos alumnos, quienes fueron hospitalizados.

Se trató de una supuesta novatada organizada por el consejo estudiantil de la escuela, en donde los tres estudiantes fueron obligadas a realizar una guardia de 20 días y para ello les quitaron sus teléfonos celulares para evitar tener comunicación con el exterior.

De acuerdo a lo manifestado por los estudiantes afectados, el “curso de inducción” o “novatada” es realizado por el consejo estudiantil, ya que el curso formal de clases inicia hasta el 20 de agosto.

Es decir el problema se repite cada año, sin embargo, las autoridades estatales se callan y prefieren no actuar ante un problema grave existente y añejo que se repite cada inicio de clases.

Son una clara violación a los derechos humanos de los alumnos, discriminación, que debe ser investigado y frenado por las autoridades estatales, porque no es posible que los alumnos estén sometidos a actos por demás abominables que practican países con régimen dictatoriales.

Ya las normales no cumple los fines para lo cual fueron creadas, vemos que hoy son escuelas en donde sus alumnos aprender primero a vandalizar, alteran el orden público y ponen en riesgo el endeble estado de derecho, y es un problema de nunca acabar que creo que el estado debe de poner un alto.

A escasos 15 días del regreso a clases presenciales que planteó Andrés Manuel López Obrador, al considerar que existen las condiciones para que se den los primeros pasos hacia la normalidad educativa en el país, pues las cosas no pintan como asegura el tabasqueño y menos hoy cuando el repute de la variante del Covid-19 ha elevado en número de contagios y muertes, y hoy los que más están en riesgo son los niños.

Pero que va, cuando los niños le

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han importado al presidente, este es capaz de echarlos al precipicio con tal de salirse con la suya, de ahí su dicho “llueva, truene o relampaguee”, las clases iniciarán este 30 de agosto.

López es un Juan Camaney, “bailo tango, masco chicle, pego duro y tengo viejas de a montón ¡¡¡Tururuuuu!!!”

Es decir aquí mando yo, y aquí se obedece mi palabra, es decir, llueva, truene o relampaguee.

Sin embargo, la coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró que en el país no existen las condiciones para regresar a clases presenciales en este ciclo escolar, debido a la situación de salud de los trabajadores de la educación, la falta de espacios abiertos, escuelas techadas, así como deficiente infraestructura en agua, luz, drenaje y baños, además que gran pare de ellas han sido vandalizadas.

En el mismo tenor que López Obrador, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señala que existen las condiciones propicias para retomar las actividades en las aulas a partir del próximo 30 de agosto, pero será necesario que los padres de familia y docentes a participar en jornadas de limpieza en las escuelas, pero y los conserjes, se quedarán con las manos cruzadas para que otros hagan su trabajo, difícilmente a la convocatoria no acudirán.

No obstante, conforme se acerca la fecha programada para el regreso a clases presenciales; crece el rechazo a esta decisión presidencial a la par de los contagios de Covid-19.

El Consejo Supremo Hñahñu (CSH) que aglutina a millones de indígenas de Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, entre otros estados, rechazaron esta decisión y la famosa “carta compromiso” de la SEP, la cual responsabiliza a los padres por el contagio de sus hijos mientras que deslinda al gobierno.

Aludieron que no hay estrategia para contener la pandemia y se privilegie) la política y la división del país en lugar de garantizar la vida de la población, y esa es la realidad por lo que a nivel nacional todo parece indicar que no habrá inicio de clases.

Del Montón

En el Senado hay un repunte de contagios por Covid-19 con las recientes sesiones presenciales, pero eso no importó al presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, en la Vieja Casona de Xicoténcatl, quien realizó su informe de labores con más de 200 invitados, entre legisladores, gobernadores electos, funcionarios, banda de música, danzantes y obviamente periodistas atiborraron el recinto, sin faltar el diputado Gerardo Fernández Noroña, recientemente contagiado y quien convivió, sin cubrebocas, con propios y extraños en el ágape legislativo. Vaya coctel de gérmenes en aras de lo que, nos dicen, es el predestape de Ramírez rumbo a la gubernatura de Chiapas. Se lee en «Bajo Reserva» de El Universal* * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Lunes 16 de Agosto de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2202

DENUNCIA

COMPROMISO

AMLO ofrece alternativa para presa El Zapotillo y propone asumir futuros daños

Vecinos de la Bienestar Social padecen grave problema de aguas negras, autoridades omisas desde hace dos años

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INCONFORMIDAD

Ampliación de mandato en la SCJN: Pese al rechazo, el polémico beneficio sigue vivo

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INICIATIVA

En duda la constitucionalidad de la pregunta sobre la revocación de mandato PAG. 7

DEMANDA

Hijas de Sosa Castelán buscan liberar cuentas bloqueadas por presunto lavado de dinero

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¿Ratificación o revocación?

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de marzo de 2022 se podría ratificar su mandato, pero legalmente lo que está en juego es la terminación anticipada del periodo para el que fue electo. Esta diferencia quedó de manifiesto el pasado 12 de agosto, cuando comenzó el jaloneo entre los bloques legislativos en el Senado por la redacción de la pregunta en la ley reglamentaria del artículo 35 constitucional.

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Las mujeres están sobreexpuestas a tareas de cuidado y trabajos múltiples