Inés Fernández a 21 años de ser abusada por militares: “Voy a buscar justicia hasta que me muera”

Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

El próximo 22 de marzo se cumplirán 21 años de que un piquete de soldados adscritos al 41 Batallón de Infantería incursionó en la comunidad indígena de Barranca Tecuaní, en la Montaña de Guerrero, y abusó sexualmente, como método de tortura, de Inés Fernández Ortega.

“Voy a buscar justicia hasta que me muera”, dice Fernández Ortega, quien en su lucha imparable tocó las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),, en Washington y obtuvo una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en 2010, condenando a México a esclarecer los hechos, reparar íntegramente los daños y a tomar medidas de no repetición.

A 13 años de la resolución del tribunal regional, Fernández Ortega reprocha el incumplimiento, mientras que en el ámbito nacional el juez Segundo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial con sede en Acapulco, José Artemio Navarrete Sánchez, ha sentenciado a 20 años y un mes, por delitos de tortura, violación y robo, a sólo uno de sus agresores.

Mujer me’phaa, Inés, mantiene su condición de monolingüe como hace casi 21 años en que fue agredida, situación que agudizó su sufrimiento al ser discriminada por autoridades ministeriales y hospitalarias, que no contaban con personal de habla indígena para ayudarla a traducir su querella contra el personal militar que abusó de ella en 2002.

En voz de Luz Élida Pérez Saldado, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que la representa legalmente, Inés Fernández sostiene que, a más de dos décadas de los acontecimientos, sigue siendo muy doloroso para ella hablar de lo ocurrido, pero al mismo tiempo le da fortaleza para continuar su lucha “y que otras mujeres no sufran lo que yo he sufrido”.

Obtener la sentencia de la CoIDH sólo significó para Inés un paso más en su búsqueda de justicia, pues la entonces Procuraduría de Justicia Militar mantenía el caso bajo su custodia, negándose a entregar el expediente correspondiente hasta septiembre de 2011, y dos años después la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) consignó a dos militares. En 2016, uno de los inculpados murió dentro de la prisión de Campo Militar Número Uno, en condiciones poco claras.

“Hasta que me muera”, dice, va a continuar su lucha por justicia más aún porque “en total fueron 11 las personas que le causaron daño, sólo que de las fotos que le mostraron sólo pudo reconocer a dos, pero fueron más”, apunta Inés.

Responsabiliza de ello a los “jefes militares porque no dieron los nombres completos de las personas que ese día (en marzo de 2002) salieron a la comunidad”, en tanto que la investigación debe considerar a agente del Ministerio Público que en principio se mostró reacio a admitir su denuncia y la discriminó, así como al médico y enfermera del Hospital de Ayutla que perdieron las pruebas que incriminaban a los militares responsables de la violación.

Tarea pendiente

“El Estado tiene una gran tarea y le corresponde esclarecer quiénes fueron las otras personas que hicieron este daño lamentable que ella pasó”, apunta la abogada de Tlachinollan, organización que con la Fevimtra mantiene la indagatoria abierta.

Este año el espacio ha apoyado a cerca de 200 mujeres víctimas de violencia entre 2021 y 2022, y en enero 12 de ellas recibieron acompañamiento legal por distintos tipos de violencia, dos de ellas de tipo sexual.

El centro comunitario también cuenta con un albergue para estudiantes indígenas, que tienen que dejar sus comunidades en la Montaña para continuar estudios desde nivel básico a universitario.

“Gúwa Kúma” cuenta con seis profesionistas indígenas, en materia legal, de enfermería y trabajo social, personal dedicado al cuidado de los jóvenes estudiantes y es supervisado por seis mujeres a las que llama “embajadoras”, quienes junto con Inés no sólo están al tanto del centro comunitario, sino que recorren comunidades indígenas y colonias cercanas a la cabecera municipal de Ayutla.

“Es parte de la lucha, salgo a las comunidades a contar a las mujeres mi historia, porque desde que tengo uso de razón sucedían estos hechos lamentables, pero difícilmente las mujeres tenían el apoyo de alguien más para exigir justicia.

“Desafortunadamente, la actitud de los agentes del Ministerio Público sigue siendo la misma que yo denuncié lo que me había pasado, cuando una mujer víctima de violencia llega para presentar alguna denuncia, no se le cree, cuando denuncian violencia familiar, les exigen a las mujeres que las heridas sean más evidentes, preguntan que si les pegaron, dónde está el moretón”, cuenta Inés.

Pese a la labor que realiza el centro comunitario y que forma parte de la sentencia, Inés reprocha que después de su construcción, los gobiernos federal y estatal se “echan la bolita” para su mantenimiento y para solventar el pago de las profesionistas a las que sólo les pagaron seis meses de sus servicios al año, además de que no se les proporcionan recursos para la atención de los estudiantes indígenas residentes del albergue.

“El Estado tiene que hacerse cargo porque así lo dice la sentencia de la Corte Interamericana, pero aún con las dificultades, las profesionistas que están en el centro comunitario están muy comprometidas, convencidas del proyecto y siguen trabajando con nosotras.

Diana Lastiri Ciudad de México (Apro).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que el requisito de “modo honesto de vivir” que establece la Constitución para ser ciudadano, no puede ser utilizado también como condicionante para acceder a puestos públicos.

Así, con mayoría de siete votos, los integrantes del pleno eliminaron la posible descalificación de aspirantes a la Presidencia de 2024 y a cualquier cargo público, por acumular sanciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esto, al avalar una jurisprudencia obligatoria con la que echó abajo el criterio de la Sala Superior del TEPJF impuesto en junio de 2022 en el que señaló que “la infracción reiterada y grave a las normas Constitucionales, con incidencia en la materia electoral, es causa suficiente para considerar la posible suspensión del modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad”.

La Corte resolvió con esto una contradicción de criterios entre una sentencia del TEPJF y otra dictada por el Máximo Tribunal en enero de 2020 en la que sostuvo que el requisito de modo honesto de vivir para acceder a cargos públicos, es una expresión ambigua, subjetiva y que puede ser hasta discriminatoria.

Con el criterio del TEPJF, se declaró que 17 gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum violaron la Carta Magna por hacer propaganda a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador en pleno proceso de consulta popular de revocación de mandato.

En su resolución el TEPJF fijó a todas las autoridades y tribunales electorales, locales y federales, lineamientos para decretar que un funcionario dejó de tener un modo honesto de vivir y, en consecuencia, se suspende su eligibilidad para procesos electorales posteriores.

Estos funcionarios se registran en el Catálogo de Sujetos Sancionados (CASS) del TEPJF que actualmente ya incluye a integrantes del gabinete presidencial, a la jefa de Gobierno y a gobernadores de todos los partidos.

Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador “no puede mantenerse al margen” del espionaje ilegal que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha perpetrado con Pegasus durante su administración, pues las nuevas evidencias reveladas hoy colocan al mandatario ante una disyuntiva, cuyas alternativas son aterradoras:

“Una, que no quiero creer, es que el presidente nos ha estado mintiendo deliberadamente y que, a sabiendas que era falso, dijo que ya no iba a haber espionaje ni compra de este tipo de equipos”, sostuvo este martes Luis Fernando García, director general de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

“Dos: prefiero creer, y es probablemente peor, que el Ejército le ha mentido al presidente y el presidente ha repetido las mentiras que le ha dicho el secretario de la Defensa”, agregó el activista durante una conferencia de prensa en la que se presentaron los hallazgos de la nueva entrega de la investigación EjércitoEspía, en la que participó Proceso.

En otras palabras, según García, “o el mandatario sabe que este espionaje ilegal contra defensores de derechos humanos existe, y no le ve problema --lo cual sería muy preocupante--, o el Ejército se manda solo, desobedece a su comandante supremo y demuestra con ello que las tesis que han sostenido la militarización del país son falsas”.

Más temprano este martes, Proceso, R3D, Artículo 19, SocialTIC, Animal Político y Aristegui Noticias documentaron que el Centro Militar de Inteligencia (CMI) –un organismo secreto al servicio del titular de la Sedena–, utilizó Pegasus para espiar de manera ilegal al activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, en agosto y septiembre de 2020.

En reacción a estas nuevas evidencias, basadas en documentos secretos internos de la Sedena hackea-