O López Obrador mintió sobre el espionaje con Pegasus, o el Ejército lo desobedece: R3D

saciones del activista con periodistas de El Universal, Televisa y El País, respecto a la ejecución extrajudicial.

“Lo espiaron a él, pero también, de forma indirecta, a tres periodistas que se comunicaron con él”, refrendó Maldonado, quien insistió en que “el espionaje en México no es una anécdota, no es algo que debe normalizarse”.

dos por el colectivo Guacamaya, un grupo de organizaciones emitieron seis exigencias dirigidas al gobierno federal, incluyendo el “cese inmediato” del espionaje militar –pues el Ejército no tiene facultades legales ni constitucionales para intervenir comunicaciones– y la publicación de los contratos a través de los cuales la Sedena compró Pegasus.

Las organizaciones pidieron también que la Sedena “deje de obstaculizar las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República (FGR)” desde el 2017, las cuales prácticamente no han avanzado, deploró Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19 en México. El activista recordó que, pese a las numerosas evidencias que la desmienten, la Sedena sigue afirmando que no ha contratado Pegasus desde hace una década.

El Ejército está fuera de control: Raymundo Ramos Presente en la conferencia de prensa, el activista tamaulipeco Raymundo Ramos expresó su sorpresa de que el informe del espionaje del que fue víctima haya terminado entre las manos del propio general Luis Cresencio Sandoval González, el titular de la Sedena, como lo reveló la investigación EjércitoEspía.

“¿Qué sigue? ¿Un atentado? ¿Una desaparición? No lo sabemos, el Ejército está fuera de control”, soltó el hombre, quien lleva dos décadas acompañando a víctimas de violaciones a los derechos humanos en la violenta ciudad fronteriza, labor por la cual ha sufrido brutales campañas de desprestigio y de criminalización.

Tras compartir sus sospechas de que sus oficinas y comunicaciones siguen intervenidas –especialmente después de documentar una ejecución extrajudicial de cinco jóvenes en Nuevo Laredo la semana pasada–, Ramos lanzó: “Hago responsable al Ejército mexicano y al general secretario de lo que nos pueda pasar a partir de este día”.

La investigación publicada hoy muestra que el Centro Militar de Inteligencia utilizó el producto del espionaje ilegal con el objetivo de sabotear una investigación de la Policía Ministerial Militar sobre la ejecución extrajudicial de tres civiles, perpetrada por soldados en Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020; en ese caso muy sonado, Ramos acompañaba a familiares de las víctimas, y denunció el montaje armado por la Sedena para ocultar el crimen.

Los militares hurgaron en el teléfono de Ramos y encontraron conver-

Sofia de Robina, abogada en el Centro de Derechos Humanos Agustin Pro Juárez (Centro ProDH), deploró que, en octubre pasado, tras la publicación de una primera entrega de la investigación Ejército Espía, “se hizo un claro llamado a que se esclarecieran” los actos de espionaje con Pegasus, el cual fue ignorado.

La abogada recalcó que el empleo de Pegasus por parte del Ejército se enmarca en el contexto de militarización que atraviesa México, en el que las Fuerzas Armadas tienen cada vez más facultades sin “controles adecuados”.

Luis Fernando García recordó que el informe del espionaje contra Ramos fue elaborado bajo la supervisión del general Homero Mendoza Ruiz, entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el segundo militar de mayor rango jerárquico debajo de Luis Cresencio Sandoval, y que los reportes como ése están destinados a mantenerse secreto. “¿Qué más se oculta en estos archivos de inteligencia militar?”, preguntó.

Y, anticipándose a las críticas que pueden esperarse de los simpatizantes del presidente López Obrador que lo podrían acusar de atacar al gobierno actual, dijo: “Las investigaciones están abiertas desde el 2017, durante el gobierno de Peña Nieto, y en ese momento las mismas personas estuvimos en este mismo lugar (la sede del Centro ProDH), denunciando el espionaje ilegal con Pegasus”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la impugnación presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, contra la suspensión concedida por el ministro Alberto Pérez Dayán para frenar la entrada en vigor de la primera parte del Plan B de la reforma electoral en Coahuila y el Estado de México.

Asimismo, dio entrada a dos recursos de queja más contra la suspensión concedida por Pérez Dayán, mismos que fueron presentados por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta Mier, y la vicepresidenta de